El Sindicato Unificado de Policía (SUP) se ha dirigido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para conocer la cifra exacta de ciudadanos subsaharianos que están siendo trasladados desde Canarias a la Península «sin garantías jurídicas» ni conocimiento previo sobre su estado de salud en un contexto de restricciones por la crisis del Covid-19.
El SUP ha pedido amparo al Consejo de Transparencia un día después de solicitar una reunión urgente al ministro de Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá –que lamentó que levantaran «sospechas infundadas» sobre la llegada de pateras, aludiendo a la realización de pruebas PCR y a que esto puede alimentar un discurso xenófobo–, y solicitar al del Interior, Fernando Grande-Marlaska, un protocolo único para los agentes.
El sindicato se refiere a los traslados de migrantes desde Canarias a ciudades de las provincias de Granada, Málaga, Sevilla, Huelva, Alicante y Valencia sin que, según ellos, «se conozca ni su estado de salud ni las garantías jurídicas para permitir, en pleno estado de alarma, este movimiento en bloque de inmigrantes en situación irregular en nuestro país».
«Reclamamos conocer cuál es el número total de migrantes ilegales desplazados desde Canarias a la Península, en cuántos vuelos han llegado, cuál es la distribución en cada uno de ellos, sus nacionalidades, si en la organización de los mismos ha intervenido cualquier Administración, cuál es la autoridad gubernativa que ha autorizado la salida de esos ciudadanos en situación irregular y cómo se ha acreditado que las pruebas médicas de diagnóstico del Covid-19 se han aplicado debidamente para garantizar la seguridad sanitaria», apunta el SUP.
RIESGOS SANITARIOS
La organización policial demanda conocer qué tipo de autorización de desplazamiento se ha otorgado teniendo en cuenta que España se encuentra afectada por las restricciones de movilidad impuestas por el estado de alarma y por la necesidad de observar determinadas medidas sanitarias que impidan el contagio del Covid-19, todas ellas recogidas en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, y el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.
«Esta situación puede generar riesgos sanitarios para la ciudadanía, al desconocerse las garantías médicas con la que se han producido esos desplazamientos», alertan.
En el escrito tramitado para demandar los datos oficiales se recuerda que existe preocupación por los «efectos irreparables como consecuencia del efecto llamada que puedan estar generándose en la lucha contra las mafias ilegales de tráfico de seres humanos».
También se consigna que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece que sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, se podrá garantizar que una sociedad es crítica y exigente y juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus responsables públicos.
