El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 22 de Madrid ha condena a la Dirección General de Tráfico (DGT) a pagar 400 euros por no garantizar «la aptitud del soporte donde instala sus radares».
Así consta en una sentencia en el que se estima un recurso promovido por los servicios jurídicos de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en defensa de uno de sus socios, anulando una multa de 300 euros y la detracción de dos puntos impuesta por un supuesto exceso de velocidad.
La nulidad se produce porque «al no constar el correcto estado del soporte del radar utilizado» no puede garantizarse su correcto funcionamiento. La sentencia condena, además, a la DGT al pago de 400 euros en costas.
Los hechos ahora enjuiciados se iniciaron por una denuncia formulada el pasado año por el radar que la DGT tiene situado en el km. 59,2 de la N-VI. Curiosamente, este cinemómetro ostentaba ya en el 2017 el récord de ser el radar más activo de toda España, con 55.119 denuncias formuladas, según un informe elaborado por AEA.
En un comunicado en su página web, AEA ha recalcado que ahora la justicia ha estimado íntegramente los argumentos jurídicos invocados por los letrados de AEA en defensa de los legítimos derechos de uno de sus miembros al cuestionar la medición efectuada por un radar del que no constaba «el correcto estado del soporte del mismo».
MEDICIÓN DE LOS RADARES
Según el fundamento de derecho primero de la sentencia «en la Orden ITC (3123/2010) se regula la verificación periódica, no sólo de los propios aparatos cinemómetros, sino también de las cabinas que constituyen su alojamiento, soporte o protección, como deriva del artículo 12 de la misma Orden, antes transcrito, pero en el expediente administrativo no consta ningún certificado o documento que garantice la obligatoria verificación de la cabina».
Según los últimos datos facilitados por su director general en una reciente comparecencia ante la comisión de presupuestos del Congreso de los Diputados, la DGT dispone en la actualidad de 2.300 radares, que se incrementarán en 75 más el año que viene. Durante 2019 se formularon 4,6 millones denuncias, con una recaudación próxima a los 500 millones de euros.
El presidente de AEA, Mario Arnaldo, ha subrayado que «este nuevo éxito jurídico vuelve a poner de manifiesto la necesidad de tener un buen asesoramiento especializado por parte de expertos en derecho de la circulación y no de meros tramitadores de multas, frente a actuaciones arbitrarias de la Administración».
«Especialmente cuando el máximo responsable del tráfico en España ha reconocido abiertamente que la DGT es un organismo recaudador«, ha señalado.
