El Gobierno ha aprobado este martes un decreto con «medidas de adaptación» para mitigar los efectos que la desvinculación de Reino Unido de la UE pueda tener en materia de derechos laborales y sanitarios, con una fase de transición que permitirá a trabajadores y residentes mantener ciertos beneficios siempre y cuando sea recíproco por la parte británica.
Así, los británicos que estén trabajando actualmente en profesiones donde se exija ser nacional de un Estado miembro de la UE podrán seguir haciéndolo, mientras que quienes realizan trabajos temporales en España o los empleados desplazados podrán culminar los contratos que hayan sido firmados antes del 1 de enero de 2020.
Las sociedades profesionales británicas podrán seguir desarrollando su actividad hasta el 30 de junio, aunque el plazo se extiende a todo 2021 si se trata de auditores o sociedades de auditoría.
Los contratos de prestación de servicios financieros por parte de entidades británicas también podrán seguir aunque con «limitaciones», en un intento por evitar la incertidumbre que vendría asociada a la ruptura definitiva y que podría perjudicar en última instancia a los clientes de dichos servicios.
Los permisos concedidos por las autoridades británicas a entidades de servicios financieros mantendrán provisionalmente su vigencia durante seis meses, con vistas a que los contratos rescindan o sean cedidos a entidades debidamente autorizadas en España, si bien el plazo se haría extensible hasta finales de 2020 en el caso de las firmas aseguradoras.
Por otra parte, el Gobierno contempla en cuanto a la contratación pública la continuidad del régimen jurídico aplicable a operadores económicos británicos que hayan participado en procesos de adjudicación de contratos –también en este caso antes del 1 de enero–.
SANIDAD Y EDUCACIÓN
En materia de Seguridad Social, la protección de los derechos trabajadores queda garantizada, por ejemplo para que los ciudadanos británicos o nacionales de la UE puedan acceder a las prestaciones por desempleo por los periodos cotizados hasta el 31 de diciembre de 2020, «siempre que las últimas cotizaciones se hayan realizado en España y se mantenga el derecho a residir legalmente en España».
El paquete de medidas contempla igualmente la vigencia de las tarjetas sanitarias de los británicos residentes en España durante el primer semestre de 2021 y de la dispensación de medicamentos con recetas extendidas en Reino Unido, mientras que en el terreno educativo los alumnos procedentes del sistema británico podrán mantener en el curso 2021-2022 los mismos términos que otros estudiantes europeos.
Los permisos de conducción expedidos en Reino Unido seguirán siendo válidos, aunque solo durante seis meses, y las autorizaciones de armas, explosivos artículos pirotécnicos y cartuchería se mantendrán hasta que expire su actual periodo de vigencia.
GIBRALTAR
El decreto incluye medidas específicas para el caso de Gibraltar, una variable que sigue en el aire porque el acuerdo para las relaciones futuras entre Reino Unido y la UE deja fuera expresamente al Peñón, cuyas circunstancias deberán negociarse a dos bandas entre Londres y Madrid antes de que concluya el año en cursol.
Las medidas incluidas en el decreto para los trabajadores se extienden también a Gibraltar, al tiempo que se amplía el derecho a recibir asistencia médica en los hospitales públicos españoles cuando se trate de personas que se desplacen a España o que residan en nuestro país –con independencia de su nacionalidad–.
Los gibraltareños que a 31 de diciembre estén registrados podrán continuar ejerciendo profesiones para las que se exige ser nacional de un estado miembro, mantendrán su empleo en la administración pública y podrán seguir investigando en España sin necesidad de nuevos permisos.
El Gobierno se da un plazo de dos meses para determinar si la parte británica aplica las medidas de forma recíproca, de tal forma que las levantaría en caso de incumplimiento. Este requisito de reciprocidad también se contempla en el caso de Gibraltar.
