ANPE Canarias ha considerado este jueves que la conocida como Ley Celaá, la denominada LOMLOE, es un texto «todavía más ideologizada», al tiempo que ha criticado la «falta de diálogo, negociación y consenso» para sacar adelante la misma.
En este sentido, el sindicado ha lamentado la «falta de talante que ha caracterizado a la tramitación y aprobación» de la nueva ley educativa, lo que hace que «le augure una corta vida, puesto que ya la oposición ha anunciado que la modificará o derogará cuando se produzca un cambio de gobierno, como ha ocurrido con otras leyes educativas», según informó ANPE en nota de prensa.
Para ANPE Canarias se trata de un «proyecto apresurado» que tiene como fin derogar la LOMCE «y volver a los postulados de la LOE-LOMCE», si bien con la intervención de los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno y la «asunción de algunas enmiendas», la propuesta inicial se ha convertido «en un texto todavía más ideologizado mediante la incorporación de medidas muy polémicas y controvertidas que polarizan y fraccionan cada vez más las posiciones políticas, sociales y territoriales en el ámbito educativo».
Al respecto, el presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, la enmienda pactada donde el castellano deja de ser lengua vehicular «atenta contra el derecho de una parte significativa del alumnado en determinadas zonas de España al no poder recibir las enseñanzas obligatorias en su lengua materna».
Así, el sindicato considera que el Gobierno «debe proteger los derechos lingüísticos de todos» sus ciudadanos y apunta que la desaparición del castellano como lengua vehicular «afectará también al carácter estatal de los cuerpos docentes», por lo que confía en que los partidos que tengan grupo parlamentario con capacidad de recurrir lo hagan ante el Tribunal Constitucional.
En cuanto a la búsqueda de promocionar y titular de manera semiautomática al alumnado desde ANPE se considera que «quiebra los valores de esfuerzo y mérito, y no es la solución contra el fracaso escolar». Además, creen que será el alumnado de la enseñanza pública el «más perjudicado por esta medida, fundamentalmente el de las clases sociales más desfavorecidas, pues este alumnado no podrá compensar los déficits de aprendizaje por otro medio distinto».
Por otra parte, la «pérdida» de los contenidos comunes que «adelgazan» el currículo básico y común, que corresponde al Estado, «ahonda más en la desvertebración educativa». Añade que en algunas enmiendas se ha planteado rebajar al 50 por ciento la competencia del Estado al fijar el currículo básico y el otro 50 por ciento a las autonomías, además de que indican que se produce una «pérdida cada vez más evidente» de las humanidades en el currículo.
PROFESIÓN DOCENTE
Asimismo, en lo que se refiere a la profesión docente muestra su sorpresa porque se «deja en manos» de las comunidades autónomas la normativa que regula la formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo profesional docente.
Por ello, exige al Ministerio de Educación a elaborar una propuesta, tras escuchar a las comunidades, para ser negociada con los representantes del profesorado.
ANPE propone articular, en el marco de un Estatuto de la Función Pública Docente, el ingreso y acceso a los cuerpos docentes, el establecimiento de la carrera profesional docente desde el ingreso hasta la jubilación, regulando y consolidando un sistema de jubilación anticipada. También pide establecer en la futura norma el derecho de movilidad del profesorado por todo el Estado, manteniendo para ello el carácter estatal de los cuerpos docentes.
«Si no se observan estas previsiones nos veremos abocados a la configuración de hecho y de derecho a 17 sistemas educativos distintos y diferentes en nuestro Estado. La LOMLOE es la enésima ley educativa de España y estará muy alejada del acuerdo básico o pacto de estado que hubiera permitido sentar las bases de la reforma profunda y global que necesita la educación en España y que hasta ahora ha tenido como guía el artículo 27 de la Constitución y la interpretación que de ello ha hecho la jurisprudencia del Tribunal Constitucional», concluye.
