Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, arrancó al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, durante su comparecencia como testigo ante el Tribunal que juzga al ‘procés’, que el extitular de Hacienda no tiene pruebas de que la Generalitat contratara con la empresa Unipost. “No había nada en los informes. El informe de la administradora concursal determinó que no había ninguna deuda”.
Así se manifestó Montoro ante la sala del Tribunal Supremo que juzga a los líderes del independentismo por la organización y celebración del referéndum del 1-O, tras enzarzarse con el abogado Jordi Pina a raíz de la presunta contratación de la Generalitat con la empresa Unipost.
Montoro afirmó que “no constaba ninguna factura porque estaban intervenidos”, pero que en los documentos contables “se percibe una intención”. En este sentido, agregó que los pagos no estaban completados porque en ese momento, debido al control de los fondos públicos, “no tienen los medios de pago”, pero “sí la intención”, reiteró.
Ante estas afirmaciones de Montoro, Pina le pidió que explicara qué encargos realizó la Generalitat a Unipost, el exministro destacó que le consta que había un requerimiento de la Guardia Civil en estos términos, pero “no tengo la constancia”, agregó. Sobre esto, Pina le preguntó por qué hablaba de intenciones si no conoce con exactitud los hechos, sobre lo que Montoro expresó que había “una serie de denuncias” sobre las actividades de la Generalitat, pero “no había nada en los informes. El informe de la administradora concursal determinó que no había ninguna deuda”.
Posteriormente, ante las preguntas del fiscal Javier Zaragoza sobre el control de las cuentas públicas catalanas y la posibilidad de que los miembros del Govern cometieran el delito de malversación, Montoro explicó que el hecho de que las cuentas estuvieran intervenidas por el Estado “no excluye” la posibilidad de actuaciones irregulares por parte de la Generalitat, ya que, según explicó, “un análisis contable y presupuestario puede resultar engañoso en alguna vertiente”.
Para determinar esto, continuó, “están las investigaciones de tipo policial y judicial” y precisamente a este objetivo, subrayó, responden las denuncias que interpuso el Ministerio de Hacienda, que, agregó, “también instó la presencia de la Abogacía del Estado”. En este sentido, resaltó, como ya hizo ante las preguntas de la acusación popular ejercida por Vox, que esta situación es “perfectamente compatible” y “ocurre con el fraude fiscal”, ejemplificó.
Así, añadió, “una cosa es el control presupuestario contable y otra las investigaciones que se llevan a cabo”. Además, el exminsitro de Hacienda destacó que su departamento facilitó los recursos humanos a la investigación que se estaba llevando a cabo, en concreto, apuntó, la persona que lideró este asesoramiento del departamento fue la abogada jefe del Ministerio de Hacienda, Carmen Tejera.
En varias ocasiones Montoro indicó que el hecho de que los fondos de la Generalitat estuviesen intervenidos era un hecho que no se había dado hasta entonces. “Nunca se había hecho tal control de pagos hasta el punto de que sustituimos a la propia administración autonómica”. Asimismo, recordó que en 2017 el control mensual se convirtió en semanal “ante los anuncios de la Generalitat de que se va a convocar un referéndum y ante la posibilidad de que se utilice la partida presupuestaria destinada a eventos electorales”.
Por otra parte, Montoro respondió al fiscal Javier Zaragoza sobre una entrevista que concedió en abril de 2018 al diario El Mundo, en la que dijo: «Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público».
El que fuera responsable de Hacienda se reafirmó que la intervención de las cuentas a la que estaba sometida la Generalitat hacía imposible que se convocara un referéndum con un presupuesto público “y eso es lo que quise transmitir, que no se podía convocar materialmente el referéndum porque la autoridad convocante no tenía presupuesto ¿Qué clase de convocatoria es la que se hace sin presupuesto público?”.
En cambio, Montoro ve “indicios de prevaricación” en que unos funcionarios públicos convoquen a un acto ilegal para el que abren locales públicos. «Eso que significa que se están usando recursos públicos para un acto que se ha declarado ilegal judicialmente. Para mí, ese es un argumento claro de prevaricación”.
En cualquier caso, advirtió, su afirmación de que no hubo presupuesto destinado a la celebración del referéndum no contabiliza, por ejemplo, la publicidad institucional o las actividades de Diplocat, “que están denunciadas por el Ministerio de Hacienda”.
Tras el turno de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, representada por l Rosa María Seoane, rechazó hacer preguntas al extitular de Hacienda. De esta manera, llegó el turno de las defensas. El abogado de Carles Mundó, Josep Riba, preguntó a Montoro sobre las declaraciones que había hecho previamente a las preguntas del fiscal sobre el posible delito de prevaricación. El exministro afirmó: “Si esto no es un delito, ya no sé lo que es”. Ante lo que el presidente de la sala Manuel Marchena le pidió que no hiciese una calificación jurídica de los hechos.
