El vicepresidente de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT), Ignacio Recondo, mostró este martes su satisfacción con el anteproyecto de reforma de la legislación civil y procesal para proteger la capacidad jurídica de las personas con discapacidad que este martes aprobó el Consejo de Ministros.
El texto, que afecta al Código Civil, a la Ley de Enjuiciamiento Civil, a la Ley del Notariado, a la de Jurisdición Voluntaria y a varias otras normas del ordenamiento jurídico español, iniciará ahora su trámite parlamentario.
En declaraciones a Servimedia, Recondo subrayó «el avance tan importante que esto supone en el reconocimiento de derechos», al sustituir la incapacitación judicial completa por razón de discapacidad -generalmente intelectual o del desarrollo- por la toma de decisiones de la persona afectada «con la garantía de un sistema de apoyos adecuado».
Destacó el trabajo de la asociación en este terreno, que desde hace años defiende este modelo en sus entidades y reivindica el cambio legislativo, en línea con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
España firmó este tratado en 2008, «pero hemos tenido que esperar 12 años para que una reforma tan importante viese la luz», dijo Recondo, consciente de la dificultad que estas modificaciones implican.
CAPACIDAD JURÍDICA
A su juicio, «lo más novedoso que el anteproyecto supone es la nueva manera de tratar y considerar a las personas con discapacidad cuya capacidad jurídica ha sido modificada.
«Hasta ahora se decidiía por ellas en base a su mejor interés», apuntó, «y ahora se tratará de que sean estas personas las que tomen sus propias decisiones, en función de sus deseos, intereses y de su voluntad». Eso sí, hay que facilitarles los apoyos que precisen para que conozcan y entiendan toda la información. Desaparece la figura del tutor para los mayores de edad, y en su lugar se promoverá la del curador, encargado de facilitar dichos apoyos.
Según Recondo, «agentes jurídicos, profesionales sociales y todos los operadores, también nosotros, vamos a tener que cambiar un poco el chip». Admitió que «existen retos y ciertos temores», como en el caso de que la decisión que la persona adopte «pueda perjudicarle gravemente», pero «hemos de afrontarlos y aprender a hacerlo bien». «A fin de cuentas, es una cuestión de derechos».
Por ello, destacó la necesidad de formar a abogados y agentes jurídicos en el espíritu de la Convención de Naciones Unidas y de la reforma del Código Civil. «Si no se hace un esfuerzo por cambiar la visión social de la discapacidad intelectual, se puede caer en que la figura de la curatela justifique la necesidad de representar totalmente a la persona y esto sería más de lo mismo».
Por ello, Recondo pidió que en el trámite parlamentario de la norma se mejore este aspecto, así como la terminología empleada en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que «es anticuada y menoscabar la consideración» de estas personas.
SERVIMEDIA
