El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó ese paquete el miércoles en un acto en Madrid donde estuvo arropado por las ministras Isabel Celaá (Educación y Formación Profesional, y portavoz), Teresa Ribera (Transición Energética), Reyes Maroto (Industria, Comercio y Turismo) y Magdalena Valerio (Trabajo, Migraciones y Seguridad Social), y al que acudieron destacados representantes empresariales del sector energético y líderes de organizaciones ecologistas.

El primer elemento del paquete es el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que quedará sin efecto porque el Gobierno no lo enviará siquiera al Congreso de los Diputados. Las Cortes Generales se disolverán el próximo 5 de marzo.

Para el Ejecutivo, este anteproyecto legislativo sería el ‘paraguas’ de las medidas para la transición hacia una economía menos contaminante y ofrecería certidumbre a los inversores con objetivos de reducción de emisiones de CO2 para 2030 y 2050 (a mediados de siglo la economía española sería neutra en carbono), de eficiencia energética y de impulso de las energías renovables, que llegarían al 100% del sistema en 2050.

Además, el texto limita la explotación de hidrocarburos y reduce los subsidios a los combustibles fósiles, al tiempo que se alinea con la estrategia de la Comisión Europea para que el parque de automóviles se renueve paulatinamente con modelos de menores emisiones, para culminar en el año 2040 con vehículos sin emisiones de CO2.

300.000 NUEVOS EMPLEOS

Por otro lado, el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima precisa cómo se realizará esa transición hacia un modelo económico sin emisiones. El Gobierno lo remitirá a la Comisión Europea con retraso, después de que el Ejecutivo comunitario permitiera a España y Luxemburgo enviar el documento más tarde de la fecha tope del pasado 31 de diciembre.

Bruselas contestará a España sobre la idoneidad del Plan y será el Gobierno que salga de las urnas del próximo 28 de abril el que aprobará definitivamente este instrumento, clave porque si la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es el qué, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es el cómo en cuanto a la reducción de emisiones contaminantes para que España sea climáticamente neutra en 2050.

Las medidas del plan supondrían movilizar alrededor de 200.000 millones de euros en inversión pública y privada durante la próxima década, además de la creación de 300.000 nuevos empleos vinculados a servicios, industria y construcción.

En este sentido, las energías renovables tendrán un papel protagonista en la próxima década, de manera que se prevé que abarque un 20% de la energía total utilizada en España y un 42% en 2030, lo que ofrecerá oportunidades en las zonas rurales para luchar contra la despoblación.

Además, la mejora de la eficiencia energética y la transición asociadas a las renovables mejorará la balanza comercial española en 75.000 millones de euros acumulados por la menor dependencia del petróleo.

El tercer elemento del paquete de energía y clima es la Estrategia Nacional de Transición Justa, que tiene como finalidad no dejar a nadie atrás en los empleos, territorios y sectores económicos que vayan a verse afectados por el cambio hacia un modelo productivo menos contaminante.

Con el propósito de anticipar los efectos adversos que se pueden producir en algunos territorios, la Estrategia articulará la fórmula de los convenios de transición justa para apoyar las iniciativas económicas que se determinen como idóneas para los diferentes contextos socioeconómicos y laborales de las zonas afectadas.

La portavoz del Grupo Popular, Carmen Navarro, recordó que los cuidadores familiares no profesionales de personas dependientes “representan cientos de miles de cuidadores, el 92% mujeres que cuidan de sus familiares dependientes”.

Personas con las que el PSOE “está en deuda”, agregó, al tiempo que criticó que los socialistas quisieran “volver a endeudarles esta vez a través de los Presupuestos Generales del Estado de 2019” después de haberles “dejado en la cuneta al no ingresar ni un solo euro de las cotizaciones a la Seguridad Social y dejando una deuda de más de 1.034 millones al Gobierno del PP” de Mariano Rajoy.

SUBSIDIO

Tras criticar que el PSOE ofreciera “un subsidio para hoy y nada para mañana”, consideró que este “significa el colapso del sistema”. “Eso fue lo que el PP heredó en esta legislatura, en la que el PSOE ha tenido la oportunidad de hacer cosas pero no han hecho nada”.

Navarro lamentó los ocho meses “perdidos para los españoles” que, a su juicio, han supuesto los meses de esta legislatura con el PSOE en el Gobierno, aseverando que, “sin duda, uno de los colectivos más vulnerables y que más lo han acusado” ha sido el de las personas dependientes, que, a su entender, “han sufrido su inacción”.

“Ocho meses de fotos, de aviones y conciertos pero para la dependencia, nada”, lamentó, para, a continuación, incidir en que la “prioridad” del Gobierno de Mariano Rajoy fueron las personas en situación de dependencia, al tiempo que reiteró su “compromiso con los dependientes de ayer y de hoy”.

En este punto, aseveró que les “avalan los datos”, entre los que citó la “cifra récord” de 967.835 personas con dependencia atendidas a fecha de mayo de 2018 o las más de 1.034.000 prestaciones para atender a las personas dependientes “que más lo necesitan”.

A su juicio, estos cuidadores “no solo necesitan de la protección del sistema durante su cuidado, sino que el sistema tiene que aprovechar este capital y devolverlo en forma de oportunidad laboral”.

El aumento de la esperanza de vida y de la dependencia entre las personas mayores “obliga a sensibilizar y concienciar a la población” sobre el sector de la dependencia, que necesitará de personal cualificado “que ni la era digital ni la cuarta revolución industrial podrá robotizar”.

COTIZACIÓN

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Guadalupe Martín, se mostró “sorprendida” de que “ahora el PP se acuerde de los familiares cuidadores de personas dependientes” y afirmó que los populares “saben perfectamente que lo que proponen no se puede aplicar”.

“Quizá pensaban hacerlo en el Gobierno, podían haberlo hecho”. “Podrían no haber expulsado a los 150.000 familiares cuidadores de la cotización de la Seguridad Social, no haber recortado la cantidad de la prestación ni la concesión de las prestaciones”, arguyó.

Frente a esta posición, dijo, el Gobierno de Pedro Sánchez pretendió aprobar los Presupuestos Generales del Estado “para revertir una situación creada en 2012”. “Incluyeron una partida de 315 millones para beneficiar a 180.000 cuidadores, un 83% mujeres, que se quedaron sin cotizar y que han tenido que suspender su carrera profesional”, añadió.

Agregó que pese a no haberse aprobado los Presupuestos, el PSOE “no renuncia” a la aprobación de un decreto que “reponga” la cotización de los familiares cuidadores de personas dependientes. “Se hará, no lo dude”, aseveró.

Tras confiar en que se desarrollen las propuestas del grupo de trabajo constituido a tal efecto para que estos cuidadores puedan beneficiarse de la acreditación, admitió que esta titulación será “positiva, pero más lo es la cotización y eso se les ha olvidado incluirlo”, resolvió.

Por parte de Ciudadanos, su portavoz Diego Clemente advirtió de que en los momentos en que su formación “ha sido clave para sacar los Presupuestos” la cuantía en materia de dependencia “ha aumentado, cambiando esa tendencia regresiva que ya empezó con Zapatero”.

Abogó, asimismo, por “aumentar” los fondos para el Sistema de Dependencia y por “mejorar y agilizar” los trámites para obtener ese reconocimiento y “reducir las enormes listas de espera”. Una acreditación que debe contar, además, con el “consenso” de los expertos “para facilitar que sea real”.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ( GCUP-EC-EM ), Ana Marcello criticó los “brutales y criminales” recortes del PP en materia de dependencia y reivindicó el derecho a la prestación por desempleo de estos trabajadores.

“Necesitamos un sistema de garantía de cuidados y una ley que, como mínimo, tenga una garantía de que, en los seis primeros meses desde que una persona solicita la ley de dependencia, se le conceda para que las mujeres puedan elegir entre ser la cuidadora principal o tener una red pública que le garantice esos cuidados a su familiar”, concluyó.

El letrado pidió que se mostrara un vídeo de pocos segundos que recoge la intervención policial en el instituto Pau Clarins de Barcelona, donde un grupo de agentes desalojó a varias personas de la escalera y que incluye un pisotón intencionado a una persona que se encontraba en el suelo.

Sànchez aseguró a lo largo de toda su declaración de este jueves que nunca hizo llamamientos a las movilizaciones violentas y que nunca participó en ningún acto de esa naturaleza y reiteró que siempre instó a la protesta cívica y pacífica con el objetivo último de desmontar la acusación de rebelión que le atribuye la Fiscalía.

Su abogado le interrogó sobre los tuits que lanzó el 20 de septiembre de 2017, llamando a la defensa de las instituciones catalanas con motivo del registro por orden judicial de la Consellería de Economía. «Era imposible imaginar los actos que luego sucedieron», aseguró en relación a una protesta que duró 16 horas y que acabó con varios coches de la Guardia Civil destrozados. En uno de ellos decía: “Ha llegado el momento. Resistamos pacíficamente. Salgamos a defender desde la no violencia nuestras instituciones. Rambla Catalunya – Gran Vía».

Preguntado por si hizo “reiterados y continuos llamamientos públicos para proteger los centros de votación», como le atribuye la Fiscalía, Sànchez aseguró que no: “Yo hice un retuit» y «en ningún caso llamé a que se obstaculizara la actuación policial».

En la sesión de la tarde se han podido ver varios vídeos a instancias de las defensas. En algunos de ellos se veía a Jordi Sànchez y a Jordi Cuixart dentro de la Consejería de Economía hablando de manera distendida con la Guardia Civil y con varios mossos d’esquadra, entre ellos la intendente Teresa Laplana, que está procesada en la Audiencia Nacional por los hechos relacionados con el 1-O.

Sànchez explicó que “ese fue un momento en el que el teniente (de la Guardia Civil) me pidió que le ilustrara sobre lo que sucedía fuera y yo regresaba de una entrevista con una televisión que estaba en una plataforma y pude grabar la movilización desde arriba […] Después se aprecia la absoluta normalidad que se vivía dentro, no se aprecia tensión entre los responsables policiales, los profesionales del Parlament y los que colaborábamos con el servicio de orden de la concentración”.

En consecuencia, Sànchez aseguró que las acusaciones del Ministerio Fiscal “no coinciden con lo que yo viví aquel 20 de septiembre. Todo era en un entorno en el que no podíamos imaginar situaciones de tensión como cuando de madrugada hubo una pequeña carga policial y nunca habíamos imaginado que tendríamos que haber protegido unos vehículos con armas largas”.

Sobre la organización que presidía en el momento de producirse el referéndum, explicó que “el objetivo fundamental de la ANC es conseguir la independencia de Cataluña. Esto es público y notorio y nunca nos ha supuesto un problema”.

Se planteó para facilitar la adaptación de la banca y sus sistemas informáticos al nuevo régimen que, entre otros cambios, establece que las entidades financieras serán las responsables de pagar la factura de notarios, registradores o la inscripción de las garantías, en lugar de hacerlo el cliente.

Pero el resto de diputados de la Cámara (PSOE, Unidos Podemos, Compromís, Coalición Canaria o PNV) votaron en contra, disconformes con un retraso en la aplicación de las mejoras que perjudicará a los clientes en el abono de esas facturas y en la aplicación de otras garantías.

Han decaído, sin embargo, otras enmiendas fijadas por el PP aprovechando su mayoría en la Cámara Alta como la exención del pago a la banca en el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) cuando se financiacia una primera vivienda y la regulación de la hipoteca verde.

Tras la incertidumbre abierta por el Tribunal Supremo sobre dicho impuesto, el Gobierno fijó una nueva norma que ya está haciendo pagar a la banca el tributo que venían soportando desde hace más de dos décadas los consumidores.

Con la votación del Congreso culmina la aprobación de una de las leyes más complejas abordas por el Gobierno en materia financiera por la disparidad de posturas políticas con la que iniciaba su trámite.

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, aprovechó el debate para expresar su agradecimiento «muy sincero y gran reconocimiento del trabajo realizado por los grupos parlamentarios» para sacar una ley tan «importante» con amplio consenso, y que, sobre todo, refuerza «la protección de los ciudadanos.

Una cuestión sobre la que coincidieron todos los grupos parlamentarios subrayando que la norma reforzará las garantías para el consumidor y mejorará la contratación, con intención de evitar su alta judicialización y otorgar una seguridad jurídica de la que actualmente carecía el mercado.

Esta reforma, que tiene su origen en una directiva que España debía haber transpuesto antes del 21 de marzo del año 2016 y por cuya demora Bruselas amenazaba con sancionar al país con 105.991,6 euros diarios de multa, hará recaer la mayoría de los costes de formalización de la hipoteca en el banco.

EL CLIENTE SOLO PAGARÁ LA TASACIÓN

El cliente deberá cargar aún con el coste de la tasación, pero ya no tendrá que soportar los costes de notario o registro, ni del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), que los sufragará la entidad financiera.

La nueva ley acabará también con la regla que permitía a un banco iniciar el proceso de reclamación de la deuda cuando se acumulasen tres cuotas de amortización sin pagar, y lo sustituye por un mecanismo más favorable para el consumidor donde será necesario que la familia haya acumulado 12 impagos o el 3% del capital concedido sin abonar para lanzar el proceso. Esa regla rige en la primera mitad de vida del préstamo. Para la segunda mitad, el impago tendría que acumular 15 meses sin sufragar la cuota o haber acumulado una deuda impagada equivalente al 7% del préstamo recibido.

Por otra parte y bajo el objetivo de mejorar la comercialización fija procedimientos para garantizar que el cliente sabe realmente lo que contrata a fin de acabar también con la alta litigiosidad, exigirá al banco un estudio de solvencia del cliente antes de otorgarle préstamo o le obligará señalizar, incluso, de manera clara y con diferente tipografía las cláusulas más conflictivas.

La ley limitará también los intereses moratorios, obliga a la conversión de las hipotecas multidivisa y topa las comisiones de amortización anticipada cuando el repago se produce antes de lo estipulado.

DECAE LA HIPOTECA VERDE

Durante el debate la diputada del Grupo Mixto Marían Beitialarrangoitia arremetió contra el PP por intentar «beneficiar a la banca» con su enmienda para para eximirle del pago del impuesto o proponiendo comisiones de amortización en préstamos a tipo fijo.

En el PNV su diputada Idoia Sagastizabal argumentó el rechazo a regular la hipoteca verde en la creencia de que su validez como crédito refraccionario -con ventajas en caso de procesos concursales- «puede provocar problemas de seguridad jurídica».

El PNV, Ciudadanos o el PSOE coincidieron en que cualquier norma en esa materia debería incluirse en una regulación sobre vivienda y no en la ley hipotecaria.

«Si hemos tenido problemas para explicar a los consumidores qué es la cláusula suelo, ¿cómo vamos a explicar el crédito refraccionario?», apuntó a su vez el diputado de Ciudadanos Rodrigo Gómez, quien acusó al PP de intentar colar «de tapadillo» una subida de impuestos con el cambio del AJD en las subrogaciones, hoy exentas de este tributo. Gómez reivindicó, sin embargo, que la norma final reforzará la protección del consumidor y mejorará la comercialización de los préstamos.

La postura discordante la marcó el diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral, subrayando disconformidad con un texto que, a su juicio, beneficia a la banca. «Felicidades, les ha vuelto a tocar la lotería con un nuevo rescate financiero, en contra de los intereses de nuestro país», afirmó, antes de afirmar que la ley no resuelve las cuestiones centrales de la crisis al no establecer un organismo que frene a la banca.

El diputado del PSOE Gonzalo Palacín discrepó con la defensa de que «muchas» de las carencias afloradas con la crisis «quedarán atajadas con la aprobación de esta ley» porque mejora la protección del consumidor, la transparencia y «refuerza la seguridad jurídica».

Al explicar la negativa a eximir a la banca del AJD en préstamos para compra de las primeras viviendas indicó, entre otros argumentos, que «no es el momento para detraer recursos importantes para las comunidades autónomas».

El diputado del PP Miguel Ángel Paniagua reivindicó a su vez que el Gobierno de Pedro Sánchez ha podido tramitarla en pocos meses gracias a que el anterior Ejecutivo del PP había hecho el trabajo de campo, con su correspondientes consultas, para elaborar la norma con la que el Congreso inició la tramitación. Paniagua reconoció que el texto final mejorará la contratación, con mayores medidas de transparencia, protección al ciudadano o con mecanismos de solución de conflictos para evitar que un impago acabe irremediablemente en los tribunales en un proceso ejecutorio.

“Un gran porcentaje se encuentra en situación de exclusión social, lo que afecta especialmente a los mayores transexuales”, destacó la diputada socialista Carmen Baños, autora de la iniciativa, que fue aprobada por 19 votos a favor, 14 en contra y cero abstenciones.

Desde el PP presentaron una enmienda que excluía la mención directa al colectivo LGTB para pedir la especialización generalizada de los profesionales de las residencias, y que fue rechada. La diputada popular Marimar Blanco se preguntó “por qué es necesaria” esta formación y no que estén “formados en materias que afectan a otros colectivos”.

Diego Clemente, de Ciudadanos, dijo que hubiera aplaudido alguna mención económica para implantar la iniciativa, aunque destacó que “es necesario mejorar la formación de los trabajadores públicos” y aseguró que los mayores necesitan “que sus orientaciones sexuales se reconozcan”.

PODEMOS ACUSA DE MACHISMO AL PP

Por Podemos, Ángela Rodríguez adelantó su voto a favor y afeó al PP que “no quiere hablar de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales”, al tiempo que denunció que si la Ley de Igualdad LGTB aún no se ha aprobado es, a su juicio, “por los retrasos” impulsados por los populares. También reprochó la enmienda del PP que, según ella, sólo la presentaron para “irse a gusto a casa”.

La intervención de esta parlamentaria fue notablemente bronca después de que acusara a los populares de ser “unos machistas elitistas” y señalar que “se hicieron la foto” en Colón con quienes, según esta diputada, son reconocidos por “pegar palizas” al colectivo LGTB.

Así se expresó Sànchez una vez reanudada su declaración después del receso para la comida. Insistió en que no tuvo “conciencia de que ninguna autoridad judicial o la Fiscalía prohibiera a la ciudadanía participar en el referéndum».

«Jamás se nos prohibió un acto o se nos impidió participar, o se nos condicionó el mensaje o se nos prohibió llamar a participar. Organizamos actos con miles de personas, jamás nos prohibieron realizarlos», añadió el dirigente independentista.

Al igual que varios de los exconsellers que ya han declarado ante el tribunal, Sànchez insistió en que el referéndum del 1 de octubre de 2017 era contemplado como un acto “donde podíamos expresar nuestras opiniones y deseos. No podía tener ningún reproche penal”, dijo antes de reiterar su convicción de que un referéndum no es delito, «tenga o no recorrido legal», y que la ciudadanía «asumió de manera muy mayoritaria su voluntad de votar».

Sobre los aspectos prácticos de la votación, Sànchez aseguró que la organización que presidía no fue la encargada de guardar las urnas del referéndum. “No, eso salió en los medios de comunicación. Lo desmiento”, dijo tajante.

En cuanto a las papeletas, el acusado negó saber de dónde salieron las que se utilizaron en la votación, aunque admitió que “nosotros repartimos papeletas y pedimos a los ciudadanos que imprimieran sus papeletas para que pudieran ejercer su derecho a votar; sí es cierto».

En relación a los llamamientos para ocupar los lugares destinados a acoger las urnas, el expresidente de ANC puntualizó que “no hablaría de ocupar. Yo no participé porque no pude. No participé en ninguna actividad que se desarrollara en un centro escolar y lo que hice fue un retuit, como miles y miles de ciudadanos, a un documento de una asociación, `Escuelas abiertas´, donde sugerían ciertos comportamientos a la ciudadanía; comportamientos pacíficos, de no responder con violencia”.

El fiscal Zaragoza también preguntó a Jordi Sànchez por un tuit de la ANC en el que se pedía que “quien no haya votado, hasta las 20.00 horas lo puede hacer. Todos a los colegios electorales para ayudar a proteger el recuento». El exlíder de ANC se desmarcó de esa cuenta de Twitter, de la que no tenía el control.

Sobre la actuación policial a lo largo de la jornada del referéndum, afirmó: «Tengo conciencia de que el 1 de octubre hubo 2.000 colegios electorales y que en la práctica totalidad hubo un ambiente festivo y se celebró sin incidentes. Y que en un pequeño número, no creo que fueran más de 50, hubo incidencias cuando hubo una actuación policial que usó de manera desproporcionada la fuerza».

“Con la aprobación de esta ley se hace mucho más que revertir los recortes educativos. Se salda una deuda con el profesorado y las familias”, destacó la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, durante su intervención en el Congreso.

La nueva norma contempla suprimir tres medidas: el aumento obligatorio de la jornada lectiva de los docentes (como mínimo de 25 horas, en Infantil y Primaria, y de 20, en Secundaria), la posibilidad de elevar hasta un 20% las ratios máximas de alumnos por aula y la espera de 10 días lectivos para nombrar a funcionarios interinos que sustituyan a profesores titulares de baja.

El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros el 14 de septiembre. Se trata de una ley ordinaria con artículo único. El 15 de noviembre el Congreso aprobó por mayoría su tramitación directa y en lectura única. «La ley expone que, puesto que las medidas del real decreto ley se tomaron por la coyuntura económica del momento, la favorable evolución de la situación económica del país aconseja su revisión», recordó este jueves Educación.

El texto aprobado por el Congreso establece que las administraciones públicas con competencias educativas podrán establecer, en su respectivo ámbito, la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que imparte enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en centros públicos, recomendándose, con carácter ordinario, un máximo de 23 horas en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial, y un máximo de 18 horas en los centros que impartan el resto de enseñanzas de régimen general reguladas por la LOE.

En cuanto al mantenimiento de las ratios que estipulaba el Real Decreto Ley 14/2012, la norma revierte esa medida, puesto que tendría un alto impacto en la garantía de los estándares de calidad de la enseñanza, que se ven afectados con la elevación del número de alumnos por aula, según recoge el proyecto de ley.

Respecto al periodo de sustitución transitoria de los docentes, pasará de 10 días a ser una sustitución inmediata desde el momento de la baja del titular.

La derogación de este plazo de 10 días entrará en vigor de manera inmediata al día siguiente de la publicación de la ley en el BOE. Las otras dos medidas entrarán en vigor para el curso 2019-2020 por razones de planificación y organización del curso escolar.

Así lo explicó este jueves en el Congreso el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien comparece esta tarde para responder a una serie de cuestiones planteadas por los partidos en el seno de la Comisión de Interior.

Uno de estos asuntos es la publicación en el BOE el pasado 21 de enero de un anuncio del Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña, por el que se hizo pública la formalización de un contrato de suministro de diverso armamento y cartuchería destinado al cuerpo de Mossos.

El titular de Interior indicó que dicho anuncio se refería a adjudicación de licitaciones de adquisición de armas para los Mossos que fueron publicadas entre mayo y julio de 2017 y autorizadas en 2016. Marlaska destacó que “quien gobernaba en este periodo era el PP”, por lo que “este Gobierno no ha autorizado ninguna venta de armas a la Generalitat”.

Añadió que el 4 de noviembre de 2016 la Generalitat dirigió una nueva solicitud de adquisición de armamento y cartuchería, para el año 2017. Dadas las características y cantidades de algunas de las armas y municiones solicitadas, se suspendió la tramitación del procedimiento a la espera de informes ampliatorios. Finalmente se desbloqueó la petición de cartuchería civil y de guerra mediante sendas resoluciones de 30 de noviembre de 2017 y de 16 de abril de 2018.

MÁS ARMAS PENDIENTES

No obstante, el ministro se refirió a que “la autorización de adquisición de las armas no implica necesariamente la formalización de su adquisición de manera inmediata por parte de la Generalitat que, una vez autorizada la operación, puede llevarla a efecto en un momento posterior”.

De hecho, la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil informó con fecha de 22 de enero de que de las armas autorizadas en 2016, la Generalitat únicamente ha materializado la compra de 22 fusiles calibre 5,56×45 mm, y que tuvo lugar el 5 de enero de 2017.

Estos 22 fusiles forman parte de una lista de autorizadas más amplio, que el Gobierno catalán podría adquirir si quisiera. En lo autorizado en 2016 están 500 lanzadores de orden público de 40 mm, 1.000 pistolas calibre 9×19 mm, 50 pistolas calibre 5,7×28 mm, 300 escopetas policiales calibre 12 y 300 subfusiles calibre 9×19 mm.

También está pendiente de adquisición 50 subfusiles calibre 4,6×30 mm, 400 fusiles calibre 5,56×45 mm, 50 fusiles calibre 308 WIN y 50 fusiles calibre 338 Lapua Mag.

Lo hizo en la última votación de la sesión plenaria, que se saldó con 304 votos con el nombre de Montero, uno por error con el de Iglesias, 17 nulos y seis en blanco. Montero obtuvo así la mayoría de dos tercios necesaria para confirmar la sustitución.

Los diputados pasaron uno a uno por la Mesa del Congreso para introducir en urna la papeleta con su voto, como estipula la sustitución de un portavoz por otro en la oficialmente llamada Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados.

Iglesias, en tanto que presidente de Unidos Podemos, es el portavoz del grupo en esta comisión, pero, al hallarse de permiso de paternidad, tenía que nombrar a un sustituto.

Tras la votación, será su pareja y portavoz del grupo parlamentario, Irene Montero, quien le sustituya en caso de que este órgano tenga que reunirse por alguna razón en sesión extraordinaria entre hoy y la disolución de las cámaras el 5 de marzo.

Preguntado por los medios de comunicación en Málaga, Rivera no quiso hacer valoraciones sobre el contenido del libro porque aún no ha tenido tiempo de leerlo, y se preguntó con ironía si el propio Sánchez lo habrá podido leer, ya que al parecer no fue él quien le dio forma literaria sino Irene Lozano. En todo caso, a la vista de las «píldoras» que se han ido publicado, «lo mejor es que lo lea todo el mundo», afirmó.

Esta próxima visita de Sánchez a Francia fue destacada este jueves por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, quien presentó los actos que se celebrarán este año con motivo del ‘Ochenta Aniversario del Exilio Republicano’.

Delgado compareció junto al director general de Memoria Histórica de su departamento, Fernando Martínez, con quien explicó que durante 2019 se celebrarán más de 100 actos -en 10 países, 3 continentes y 43 ciudades- para recordar a los exiliados por la Guerra Civil y el franquismo.

Al acto de presentación de estas actividades acudieron asociaciones de memoria histórica, familiares de víctimas, instituciones que participarán en los homenajes, así como embajadores de países como Francia, México o Rusia, donde se refugiaron españoles con motivo de la Guerra Civil y la instauración del franquismo.

“CUESTIÓN DE ESTADO”

A este respecto, la ministra destaco que este próximo domingo Sánchez participará en un homenaje a Azaña en el cementerio de Montauban y en otro a Machado en el cementerio de Colliure. Posteriormente, el presidente tomará parte en las playas de Argelès-sur Mer, donde hubo un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, en un “acto de Estado” en recuerdo de los exiliados españoles.

Según Delgado, es la primera vez que un presidente español en ejercicio homenajea a Azaña y Machado en los cementerios donde están enterrados. La ministra indicó que ella también acudirá y que será un día de “emoción y orgullo”.

La titular de Justicia explicó que la necesidad de homenajear a los exiliados españoles que provocó la Guerra Civil se debe a que “la invisibilidad de las víctimas y el desdén hacia los exiliados es algo que todavía no se ha resuelto”.

Afirmó que los exiliados españoles merecen un reconocimiento “que sobrepase los intereses partidistas”, ya que “es una cuestión de Estado”. “No podemos permitir que se borre la existencia de estos españoles, de estos patriotas que murieron o se exiliaron por los principios (democráticos) de los que hoy disfrutamos”, remarcó.