Una vez concluido el plazo de inscripción de aspirantes, son 18, entre ellas Rivera, las personas que han concurrido al proceso. Por su parte, en las primarias para ser cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Barcelona se han presentado un total de doce candidaturas, entre ellas la de Inés Arrimadas.

La líder de Ciudadanos en Cataluña es la apuesta de la dirección del partido para encabezar la lista por Barcelona. En cualquier caso, serán los militantes del partido los que elegirán a sus candidatos en votación telemática.

El presidente de la sala, Manuel Marchena, se disculpó ante Pascal por el retraso en los interrogatorios. La testigo hizo una declaración de intenciones al asegurar que “el problema político de Catalunya lo deben solucionar los políticos, no los jueces».

En nombre de la Fiscalía, Fidel Cadena, preguntó a Marta Pascal por sus manifestaciones públicas en el otoño de 2017 acerca del proceso independentista catalán. Ella respondió: «Defendí que frente a la vía unilateral hay que buscar el diálogo y el acuerdo, y le trasladé al president Puigdemont que convocar elecciones era la mejor opción».

Sobre algunas de sus declaraciones en relación a la Ley de Transitoriedad aseguró no recordar “con precisión” sus palabras, pero señaló que “entre nuestros ideales más nobles está la independencia de Cataluña a través de un referéndum acordado”.

En relación a los sucesos del 20 de septiembre frente a la Consejería de Economía aseguró que se enteró por las redes sociales y los medios de comunicación. Negó haber visto los coches destrozados ante la Consejería y sostuvo que la manifestación fue “pacífica” y “espontánea”.

Así se manifestó Montoro ante la sala del Tribunal Supremo que juzga a los líderes del independentismo por la organización y celebración del referéndum del 1-O, tras enzarzarse con el abogado Jordi Pina a raíz de la presunta contratación de la Generalitat con la empresa Unipost.

Montoro afirmó que “no constaba ninguna factura porque estaban intervenidos”, pero que en los documentos contables “se percibe una intención”. En este sentido, agregó que los pagos no estaban completados porque en ese momento, debido al control de los fondos públicos, “no tienen los medios de pago”, pero “sí la intención”, reiteró.

Ante estas afirmaciones de Montoro, Pina le pidió que explicara qué encargos realizó la Generalitat a Unipost, el exministro destacó que le consta que había un requerimiento de la Guardia Civil en estos términos, pero “no tengo la constancia”, agregó. Sobre esto, Pina le preguntó por qué hablaba de intenciones si no conoce con exactitud los hechos, sobre lo que Montoro expresó que había “una serie de denuncias” sobre las actividades de la Generalitat, pero “no había nada en los informes. El informe de la administradora concursal determinó que no había ninguna deuda”.

Posteriormente, ante las preguntas del fiscal Javier Zaragoza sobre el control de las cuentas públicas catalanas y la posibilidad de que los miembros del Govern cometieran el delito de malversación, Montoro explicó que el hecho de que las cuentas estuvieran intervenidas por el Estado “no excluye” la posibilidad de actuaciones irregulares por parte de la Generalitat, ya que, según explicó, “un análisis contable y presupuestario puede resultar engañoso en alguna vertiente”.

Para determinar esto, continuó, “están las investigaciones de tipo policial y judicial” y precisamente a este objetivo, subrayó, responden las denuncias que interpuso el Ministerio de Hacienda, que, agregó, “también instó la presencia de la Abogacía del Estado”. En este sentido, resaltó, como ya hizo ante las preguntas de la acusación popular ejercida por Vox, que esta situación es “perfectamente compatible” y “ocurre con el fraude fiscal”, ejemplificó.

Así, añadió, “una cosa es el control presupuestario contable y otra las investigaciones que se llevan a cabo”. Además, el exminsitro de Hacienda destacó que su departamento facilitó los recursos humanos a la investigación que se estaba llevando a cabo, en concreto, apuntó, la persona que lideró este asesoramiento del departamento fue la abogada jefe del Ministerio de Hacienda, Carmen Tejera.

En varias ocasiones Montoro indicó que el hecho de que los fondos de la Generalitat estuviesen intervenidos era un hecho que no se había dado hasta entonces. “Nunca se había hecho tal control de pagos hasta el punto de que sustituimos a la propia administración autonómica”. Asimismo, recordó que en 2017 el control mensual se convirtió en semanal “ante los anuncios de la Generalitat de que se va a convocar un referéndum y ante la posibilidad de que se utilice la partida presupuestaria destinada a eventos electorales”.

Por otra parte, Montoro respondió al fiscal Javier Zaragoza sobre una entrevista que concedió en abril de 2018 al diario El Mundo, en la que dijo: «Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público».

El que fuera responsable de Hacienda se reafirmó que la intervención de las cuentas a la que estaba sometida la Generalitat hacía imposible que se convocara un referéndum con un presupuesto público “y eso es lo que quise transmitir, que no se podía convocar materialmente el referéndum porque la autoridad convocante no tenía presupuesto ¿Qué clase de convocatoria es la que se hace sin presupuesto público?”.

En cambio, Montoro ve “indicios de prevaricación” en que unos funcionarios públicos convoquen a un acto ilegal para el que abren locales públicos. «Eso que significa que se están usando recursos públicos para un acto que se ha declarado ilegal judicialmente. Para mí, ese es un argumento claro de prevaricación”.

En cualquier caso, advirtió, su afirmación de que no hubo presupuesto destinado a la celebración del referéndum no contabiliza, por ejemplo, la publicidad institucional o las actividades de Diplocat, “que están denunciadas por el Ministerio de Hacienda”.

Tras el turno de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, representada por l Rosa María Seoane, rechazó hacer preguntas al extitular de Hacienda. De esta manera, llegó el turno de las defensas. El abogado de Carles Mundó, Josep Riba, preguntó a Montoro sobre las declaraciones que había hecho previamente a las preguntas del fiscal sobre el posible delito de prevaricación. El exministro afirmó: “Si esto no es un delito, ya no sé lo que es”. Ante lo que el presidente de la sala Manuel Marchena le pidió que no hiciese una calificación jurídica de los hechos.

Según informó el Ministerio de Justicia, Hacienda ha dado luz verde a la continuación del procedimiento que permitirá en las próximas semanas al departamento que dirige Dolores Delgado el pago de las subvenciones para la prestación de la asistencia jurídica gratuita correspondiente al presente ejercicio.

Una vez que el Gobierno apruebe esa norma por la que se regula la concesión directa de estas subvenciones, se acelerarán los demás trámites necesarios para hacer efectivos los pagos por la prestación de estos servicios al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los Procuradores.

En el real decreto se recogen también las subvenciones al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para la asistencia a las víctimas de delitos.

El informe favorable de Hacienda a las cuantías propuestas por Justicia en el proyecto de Real Decreto y su aprobación por el Consejo de Ministros son trámites preceptivos para la concesión de subvenciones en la actual situación de prórroga presupuestaria.

Justicia explicó que la asistencia jurídica gratuita está reconocida en la Constitución Española, que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva de aquellas personas que no disponen de recursos para litigar. Este derecho se desarrolla posteriormente en la Ley 1/1996, de 10 de enero, que establece que la asistencia jurídica gratuita se financiará con cargo a las administraciones públicas.

Montoro respondió al fiscal Javier Zaragoza sobre una entrevista que concedió en abril de 2018 al diario El Mundo, en la que dijo: «Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público».

El que fuera responsable de Hacienda se reafirmó que la intervención de las cuentas a la que estaba sometida la Generalitat hacía imposible que se convocara un referéndum con un presupuesto público “y eso es lo que quise transmitir, que no se podía convocar materialmente el referéndum porque la autoridad convocante no tenía presupuesto ¿Qué clase de convocatoria es la que se hace sin presupuesto público?”.

En cambio, Montoro ve “indicios de prevaricación” en que unos funcionarios públicos covoquen a un acto ilegal para el que abren locales públicos. «Eso que significa que se están usando recursos públicos para un acto que se ha declarado ilegal judicialmente. Para mí, ese es un argumento claro de prevaricación”.

En cualquier caso, advirtió Montoro, su afirmación de que no hubo presupuesto destinado a la celebración del referéndum no contabiliza, por ejemplo, la publicidad institucional o las actividades de Diplocat, “que están denunciadas por el Ministerio de Hacienda”.

Delgado se refirió a esta cuestión en el Pleno del Congreso, donde el diputado del PDeCAT Jordi Xuclà le preguntó sobre la opinión del Gobierno sobre “la gestión opaca y preconstitucional” que considera tiene la fundación que gestiona el Valle de los Caídos.

La ministra coincidió con Xuclà en que la normativa por la que se rige esta fundación “hay que actualizarla”, puesto que el decreto ley que le afecta data de los años cincuenta, al igual que el convenio con la orden de los benedictinos.

Hay que dotar de una nueva regulación el funcionamiento de la Fundación del Valle de los Caídos. Y hay que hacerlo con criterios de usabilidad y pensando en el interés general y en los fondos públicos#SesionDeControl #Pleno pic.twitter.com/HedYfKKg5a

— Dolores Delgado García (@LolaDelgadoG) 27 de febrero de 2019

Delgado añadió que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, desde que asumió el poder en junio pasado, ha intentado aumentar el control sobre la fundación que gestiona el Valle de los Caídos, lo que ha incluido pedirle un “informe detallado” de sus cuentas y su funcionamiento. Añadió que los responsables de esta entidad no han respondido a este requerimiento.

“APOLOGÍA DEL FRANQUISMO”

No obstante, la ministra señaló que el actual Gobierno ha trabajado para “fiscalizar” esta entidad y dotarla de “transparencia”, en consonancia con varios informes emitidos en los últimos años el Tribunal de Cuentas.

Por su parte, Xuclà criticó que Delgado asegure que el Ejecutivo se haya limitado a intentar someter a control la Fundación de del Valle de los Caídos, a pesar de que es una entidad que carece de estatutos y que gestiona una importante ayuda pública. Este diputado sostuvo que es “extraño” que el Gabinete de Sánchez reivindique la Ley de Memoria Histórica y no haya tomado este asunto como prioritario.

Este parlamentario también censuró que no se haya afrontado en los meses en que Sánchez ha estado en el poder una renovación del convenio con los benedictinos que están a cargo del Valle de los Caídos, porque, a su juicio, sus responsables están haciendo “apología del franquismo con dinero público”. Aludía así a que el prior al frente de la abadía donde está enterrado el dictador haya rechazado su exhumación sin el permiso de la familia o la autorización judicial.

Marlaska se refirió a este asunto en el Pleno del Congreso, donde la diputada de Podemos Noelia Vera le preguntó “qué ha hecho el Gobierno para aclarar la trama corrupta del BBVA y el comisario Villarejo”.

El titular de Interior respondió que éste es un caso que investigan los jueces, por lo que el papel del Ejecutivo es dotar de los “medios necesarios” a la Unidad de Asuntos Interior de la Policía y a los agentes que actúan a las órdenes del juez para aclarar este asunto.

Asimismo, Marlaska indicó que cuando trabajaba como juez actuaba para “levantar la corrupción” y que como ministro se ha dedicado a “dar los medios necesarios” a las Fuerzas de Seguridad para que combatan la corrupción “venga de donde venga”.

“CLOACAS DEL ESTADO”

Sobre la situación en la cúpula de la Policía y que haya podido haber mandos que incurrieran en acciones presuntamente ilegales, el ministro apuntó que en estos meses ha estado “limpiando” la dirección de este cuerpo de seguridad de quien haya podido faltar a su deber. En todo caso, destacó que “el 99%” de los policías cumplen con las normas y sirven a los ciudadanos.

Por su parte, Vera criticó que el PSOE no apoyase en la Mesa del Congreso que Villarejo compareciese en esta sede parlamentaria, algo que atribuyó a que los socialistas y el PP se han servido en distintas etapas de las “cloacas del Estado”.

Esta representante de la formación morada criticó la “pasividad” con la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha actuado respecto al asunto de Villarejo y el BBVA, que dijo es “un caso más” de “compadreo” entre poderes que dijo no se presentan a las elecciones, pero deciden sobre la vida de los españoles.

El expresidente ha sido el primero de los testigos en ser llamado a declarar esta tarde, pasando por delante del que fuera titular de Hacienda Cristóbal Montoro, que era el citado a continuación de Soraya Sáenz de Santamaría. En sus primeras respuestas al abogado de Vox, Rajoy quiso dejar muy claro que los líderes independentistas “eran plenamente conscientes, desde el primer día que me reuní con Mas, que no iba a convocar un referéndum para saltarme la ley. No ha habido ningún acuerdo y ni siquiera conversaciones para llegar a un acuerdo para celebrar un referéndum».

El expresidente explicó que en sus contactos recordó a Mas que, si quería hacer un referéndum, lo que tenía que hacer era dirigirse al Congreso de los Diputados y conseguir allí una reforma de la Constitución que, no obstante, no es suficientes para aprobar un referéndum independentista porque «es el pueblo español el que decide lo que es España, y no los representantes de una comunidad autónoma».

Rajoy reconoció que «siempre ha habido conversaciones» entre el Gobierno y la Generalitat, “el problema es a que se llega en esas conversaciones. Y sobre el referéndum nunca hubo nada de qué hablar. Dejé claro que nunca el presidente de España iba a saltarse la Constitución y a liquidar la soberanía nacional».

Aseguró que tuvo “seis conversaciones con el señor Mas y dos con Puigdemont” que eran “plenamente conscientes de mi posición». Además, detalló Rajoy, “invitamos a Puigdemont a venir a las Cortes a defender su posición», una opción que el expresidente de la Generalitat rechazó.

El expresidente insistió en que ante la aprobación, el 6 de septiembre de 2017, de las conocidas como leyes de desconexión, que incluían la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, “ningún presidente del Gobierno puede mirar para otro lado”.

Preguntado por el letrado de la acusación popular Javier Ortega Smith, Rajoy indicó que “ningún presidente del Gobierno en una democracia puede aceptar que alguien quiera liquidar la democracia” y lo sucedido en el Parlament esos días de septiembre “liquidó la legalidad vigente en la Constitución y el Estatut y la sustituyó por la ley de transitoriedad”.

CARTAS ENTRE RAJOY Y PUIGDEMONT

El ministerio fiscal, representado por Fidel Cadena, preguntó a Rajoy por la importancia y eficacia jurídica que dio a la declaración unilateral de independencia. “Recuerdo que hubo un requerimiento el 11 de octubre, después de un pleno en el Parlament de Cataluña, al amparo de lo que decía el artículo 155, después de una declaración de independencia deliberadamente confusa se le requirió al presidente de la Generalitat para que aclarara si había declarado la independencia o no”.

En esa misiva se advertía a Carles Puigdemont de que si había declarado la independencia “tenía un plazo de tres días para revertirla”. Rajoy volvió a escribir a Puigdemont recordándole el plazo para rectificar y entonces el president “mandó una carta en la que no contestaba nada y tuve que seguir con el procedimiento del 155 y pedir autorización al Senado» y fue entonces cuando prosiguió con la tramitación del 155.

Sobre la aprobación de la aplicación del 155, dijo, “hubo un sinfín de teorías. Hay quien dice que había que aplicarlo antes. Otros que el 6 y 7 de septiembre. Otros que había que esperar un poco más. Otros que no había que aplicarlo nunca. Otros cambiaron de criterio…».

En medio de esa situación, dijo Mariano Rajoy, la decisión final fue suya y para tomarla tuvo que valorar varios muchos elementos como «el respeto a la soberanía nacional y el cumplimiento de la ley». En su opinión, «fuimos muy prudentes e hicimos el esfuerzo para lograr el apoyo de todos, aunque teníamos mayoría absoluta en el Senado».

En el turno de las defensas, Jordi Pina, preguntó a Rajoy sobre las situaciones de violencia y acoso a alcaldes que ha denunciado durante su declaración. «¿Quiénes son y de qué poblaciones?», preguntó. «Muchos del PSC como hemos podido leer en este tiempo”, dijo Rajoy en un tono defensivo. “Decir que no hubo acoso, crítica o manfiestación contra alcaldes es, con perdón, estar ciego. Todo el mundo que quiso pudo verlo en los medios de comunicación«, afirmó.

URKULLU

Como ya ocurrió esta mañana con la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el interrogatorio de Pina ha sido el más tenso. Uno de los momentos de mayor enfrentamiento se produjo cuando el letrado que representa a Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, le ha preguntado a Rajoy si el lehendakari Iñigo Urkullu actuó como mediador en el conflicto y si le llegó a recibir personalmente. El expresidente no fue claro y acabó diciendo que hubo varios ofrecimientos de mediación, «a algunos los vi personalmente y con otros hablé por teléfono».

Más delante volvió a este asunto para explicitar que “en aquella época, como he dejado caer, había muchas personas que quisieron hablar conmigo, y hablaron. Pero a todos les dejé absolutamente claro lo que he reiterado hasta la saciedad: yo no negocio ni el cumplimiento de la ley ni la soberanía nacional”.

Rajoy confesó en un momento de su declaración que estuvo seriamente “preocupado” por la “liquidación de la Constitución” que el Gobierno de la Generalitat pretendía. Explicó que siempre dijo a Puigdemont que todo se podía arreglar “menos la liquidación de la ley y la Constitución”. De persistir en sus intenciones, aseguró, “la situación se veía venir, los acontecimientos se veían venir. No había que ser muy avispado para darse cuenta de eso”.

El interrogatorio del letrado Francesc Homs deparó otro de los momentos tensos de la sesión. Rajoy llegó a pedirle que le dejara contestar. Llegó casi a haber confrontación de argumentos ente el abogado y el testigo, momento en que el presidente de la sala, Manuel Marchena intervino para avisar de que “la generosidad tiene un límite en este tribunal» y le recomendó a Homs de que «no intente convencer al testigo, intente convencernos a nosotros (los siete magistrados que forman el tribunal)”.

Homs también pidió a Rajoy que identificara qué propuestas de diálogo hizo al Gobierno catalán hasta 2017. «La propuesta más importante que hice es que se dejara de vulnerar la Constitución», aseguró en tono irónico.

Más allá del chascarrillo, Rajoy acabó asegurando que le gusta dialogar. «Me vi en seis ocasiones, aparte de llamadas telefónicas, con el señor Mas, y un par de veces con el señor Puigdemont. Pero yo puse un límite al diálogo que siento reiterarlo, y es que son los españoles los que deciden lo que es España, el cumplimiento de la ley y la Constitucion”. “Me gusta dialogar, me gusta pactar pero me gustan las reglas del juego, que son fundamentales para la estabilidad, la buena convivencia y para que la gente sepa a qué atenerse», acabó Rajoy.

Díaz Ayuso dijo que le sorprendía que se pidieran la misma pena para ambas mujeres, pero en realidad es la defensa de Quezada la que pide esta pena, mientras que la Fiscalía y la acusación popular proponen para ella la prisión permanente revisable.

Preguntado al respecto en los pasillos del Congreso de los Diputados, Garzón interpretó en esto «no sólo desinformación, sino un punto de mala fe», y «un despropósito, uno más en la campaña que ha iniciado el PP».

El líder de IU también rechazó que Cifuentes esté sufriendo un linchamiento injustificado, como denunció Díaz Ayuso, porque «todo el mundo sabe lo que hizo» la expresidenta, y los ataques que está recibiendo ahora son «la expresión civilizada y democrática de quien entiende que no está bien robar».

Por el mismo tema se le preguntó a la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, quien interpretó que Ayuso «miente igual que mintió Cifuentes», porque «es la marca de la casa del PP», y esto demuestra que «no pueden volver a gobernar, ni en el Estado ni en la Comunidad de Madrid.

Lo dijo en los pasillos del Congreso de los Diputados, tras participar en la última sesión de control al Gobierno de la legislatura, antes de que se disuelvan las Cortes Generales y tengan lugar las elecciones generales del próximo 28 de abril.

El presidente de los populares dijo que no entiende las razones por las que Sánchez “no quiere” un ‘cara a cara’ con él, ya que “en todas las legislaturas” se ha dado este formato entre el jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición.

“¿Por qué Sánchez tiene miedo a un ‘cara a cara’? A lo mejor es porque no va a salir bien parado”, sentenció Casado, que se mostró abierto a un debate “a cinco o a cuatro” pero sin obviar este debate “a dos”.

Recalcó que esto es “lo mínimo” que esperan los electores, como ha pasado “siempre” en las últimas décadas. Afirmó que “la verdad es que sí” se va satisfecho de este último ‘cara a cara’ en el Parlamento y lamentó que no haya más posibilidades de confrontar en el Congreso con Sánchez, al que “no le gusta mucho venir por aquí”.

Preguntado por hechos concretos de violencia en Cataluña, Rajoy tuvo que admitir que no tenía datos de refriegas antes de las protestas del 20 de septiembre frente a la Consejería de Economía y afirmó que sobre este aspecto tiene una «idea general».

Rajoy reconoció que «los acontecimientos no son propios de un país como el nuestro. No es algo ciertamente edificante” y en concreto dijo haber «visto los acontecimientos en hoteles donde se alojaban guardias civiles, he visto actos frente a los juzgados… Era una situación de anormalidad».

Sobre el dispositivo policial destinado al control del 1-O afirmó: «Yo he sido ministro del Interior y jamás he tomado una decisión sobre ningún dispositivo de seguridad. Esas decisiones competen a los responsables de los operativos y debían haber informado a la Generalitat de que esta era una situación muy complicada».

Lo dijo en los pasillos del Congreso de los Diputados, «sorprendida» al ser preguntada por la comparación que hizo Díaz Ayuso entre los tres años y tres meses de prisión que la Fiscalía pide para Cristina Cifuentes por su máster y la presunta asesina del niño Gabriel Cruz. Aunque la candidata dijo que a Ana Julia Quezada solo le reclaman tres años, en realidad esa es la petición de su defensa, pero la Fiscalía reclama prisión permanente revisable.

Lastra se declaró «aterrada» de que una persona que «miente todos los días» pueda llegar a ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Hay personas que no pueden asumir responsabilidades políticas», aseguró, porque en política «hay que tener respeto por las instituciones» y «no engañar a la gente«, algo a lo que «nos tiene acostumbrados este nuevo PP, que es el mismo viejo PP que he conocido toda mi vida.

La Agencia tuvo conocimiento este martes, a través del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea, de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Suecia relativa a la presencia de trazas de huevo no declaradas en albóndigas procedentes de Suecia.

En concreto, la alerta afecta a cinco lotes de la marca Felix Små Delikatessköttbullar con fecha de caducidad en noviembre y diciembre de este año.

Sanidad informó de estos hechos a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través de la Red de Alerta Alimentaria nacional (Sciri) y al Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea.

“Entérese bien de los datos antes de abrir la boca verter falsedades”, le llegó a decir Sánchez a Casado en la réplica del Pleno en el Congreso en una intervención en la que acusó reiteradamente de “mentir”.

A Rivera también el acusó de “absoluto desconocimiento” y lamentó que “lo más grave” es que “le importa un comino el ‘Brexit’ o Venezuela”. “No ponga en ridículo sus condiciones políticas por la falta de conocimiento de las mismas”, dijo.

“Dejen de utilizar en términos domésticos el sufrimiento del pueblo venezolano”, afeó Sánchez a ambos, a los que también pidió el apoyo al real decreto ley que el Ejecutivo llevará a la Cámara para convalidar las medidas de contingencia por el ‘Brexit’.

Sánchez resumió que “hay «una derecha con tres siglas”, con “muchas siglas y pocas ideas». Así que le instó a Rivera que «en los debates que vayamos a tener, más ideas y menos testosterona».

Se centró más en la crítica a Ciudadanos por el ‘cordón sanitario’ impuesto al PSOE y a su persona y le advirtió de que los españoles le van a dar la espalda por «hurgar en las heridas» de la convivencia en Cataluña. «La política es, le dijo al lider de Cs, diálogo y ley».