Así se desprende del último Barómetro Sanitario elaborado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas y según el cual la satisfacción media con el sistema sanitario es de 6,57 puntos sobre 10, aunque en el caso de Atención Primaria está por encima de los 7 puntos.

En concreto, según informó este viernes el Ministerio, las personas que acudieron a los centros de atención primaria del Sistema Nacional de Salud en 2018 manifestaron, en un 86,5% de los casos, una valoración “muy positiva” de la atención recibida.

En las consultas de atención primaria fueron muy apreciados aspectos como la confianza y seguridad que transmite el médico (7,68 puntos sobre 10) y el personal de enfermería (7,64), los cuidados y la atención por parte del personal médico (7,63) y de enfermería (7,64) y la información recibida sobre el problema de salud (7,53).

El 84% de los pacientes destacó que la atención prestada fue “buena o muy buena” en las consultas de especialistas. En este apartado fueron especialmente valorados el trato recibido del personal sanitario (7,56), la confianza y seguridad que transmite el personal médico (7,43) y la información recibida (7,45)

Del mismo modo, el 88,6% de los pacientes ingresados en los hospitales del SNS evaluaron “positivamente” la atención sanitaria recibida y un 35,3% de los pacientes se encontraron con una atención “mejor que la esperada”, frente a un 9,2% que considera que fue “peor” de lo esperado.

Sobre el funcionamiento de los hospitales, los encuestados destacaron el equipamiento y medios tecnológicos que ofrecen (7,74), los cuidados y atención del personal de enfermería (7,89), la atención del personal médico (7,89) o la información que reciben los pacientes sobre la evolución de su problema de salud (7,65). El hecho de estar ingresado en una habitación compartida con otros pacientes se valora con 6,69 puntos.

Por su parte, el 77,5% de las personas que utilizaron los diferentes dispositivos y servicios de urgencias del SNS consideraron haber recibido una “buena atención”.

Respecto a la opinión general de la población el 68,3% manifiesta que el sistema sanitario en España funciona “bien o bastante bien” aunque “necesite algunos cambios”, mientras que el 26,2% piensa que necesita “cambios fundamentales” y un 4,7% que hay que “rehacerlo completamente”.

En una escala de puntuación de 1 a 10, la satisfacción general de la ciudadanía con el sistema sanitario público se sitúa en 6,57 puntos.

Preguntadas sobre si prefieren el sistema sanitario público frente al privado, el 68,2% se decantó por el público en el caso de la atención primaria; el 56%, en el caso de la atención especializada; el 67% en el caso de los ingresos hospitalarios y el 64,4% prefirieron el sistema público ante la necesidad de acudir a Urgencias.

En cuanto a los aspectos a mejorar, la percepción sobre la evolución de las listas de espera, como en anteriores ediciones, continúa en negativo, ya que el 47,7% piensa que sigue igual y el 24,3% que ha empeorado. Solo un 8,1% piensa que ha mejorado.

Por lo que respecta a los cuidadores que asisten a personas dependientes, entre las medidas que deberían tomar las administraciones para ayudarles, los encuestados citaron los servicios de atención a domicilio (46,1%) y el apoyo económico en forma de salario mensual a los familiares cuidadores” (45,6%), entre otras.

En relación a los cigarrillos electrónicos y tabaco sin combustión, de entre los que conocen alguna de esta dos formas de fumar, el 62,2% considera que debe regularse su consumo en lugares públicos de igual forma a como se ha hecho con el tabaco tradicional.

Finalmente, se pregunta a todos los entrevistados si consideran que debe ampliarse la lista de lugares donde está prohibido fumar. El 41,3% opinó que debería ampliarse la lista de espacios donde está prohibido fumar y el 46,3% que no y el 12,3 % no sabe.

En una declaración con motivo del Día Internacional de la Mujer aprobada por el Consejo de Ministros a instancias del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, el Ejecutivo se mostró “consciente” de que debe abordar “de manera decidida” reformas “innovadoras” para “abogar por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”, ya que el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) “requiere cambios transformadores, enfoques integrados y nuevas soluciones”. “Sobre todo, en lo que concierne a la defensa de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas”, continúa el texto.

El Gobierno ve “esencial” que las mujeres desempeñen un papel “activo” y tengan las mismas oportunidades que los hombres para “acelerar” el logro de los ODS y de la igualdad de género”.

“Es tiempo de mujeres”, precisó, para, a continuación, mostrar su “compromiso” con la promoción de políticas públicas e iniciativas para hacer frente a la violencia contra las mujeres; para apoyar la conciliación y el reparto equitativo de responsabilidades entre mujeres y hombres y para impulsar la presencia de mujeres en los ámbitos político, social, cultural, educativo y económico en los órganos de toma de decisiones.

A este respecto, el Gobierno reconoció el mantenimiento de “situaciones de desigualdad”, entre las que citó la segregación vertical y horizontal, la brecha salarial, las interrupciones y limitaciones en su carrera profesional, su infrarrepresentación en los puestos directivos o de toma de decisiones o su predominio en los trabajos a tiempo parcial.

En este sentido, consideró que el “camino a seguir” para hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades, especialmente en el ámbito laboral, es la introducción de la transversalidad de género en todas las políticas públicas, la elaboración de informes de impacto de género, el nombramiento y la designación equilibrada de cargos públicos, la promoción de permisos ligados a la conciliación.

Asimismo, estimó “indispensable” promover entre las féminas los estudios en disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas) así como fomentar la inclusión de la perspectiva de género en la orientación académica profesional del alumnado, dar “visibilidad a las referentes” en estos campos e impulsar los proyectos tecnológicos y científicos vinculados a mujeres.

“Las mujeres no pueden quedar relegadas a una segunda posición en la que las desigualdades se puedan ver incrementadas en el acceso a los nuevos empleos”, continúa el texto, que valora como “imprescindible” el apoyo de la sociedad civil, reconociendo el trabajo “activo” del movimiento feminista, “esencial para avanzar en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”.

PACTO DE ESTADO

A juicio del Ejecutivo, el impulso de la sociedad civil y el consenso del conjunto de fuerzas políticas permitieron alcanzar un “gran” Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que constituye una “oportunidad única para afrontar como país el reto de lograr la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres”.

“No es posible hablar de verdaderas sociedades democráticas mientras persista una violencia contra la mitad de la población, por el hecho de ser mujeres, que impida el libre ejercicio de sus derechos fundamentales”, según el Gobierno.

Para el Ejecutivo, es necesario “seguir avanzando” en la concienciación social “fomentando el rechazo unánime de las actitudes violentas y discriminatorias mediante la promoción de valores como la igualdad, el respeto y la tolerancia”.

ONU Mujeres ha elegido este año como tema ‘Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio’.

Así lo explicó el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que mostró su confianza en que estos planes de contingencia no tengan que ponerse en marcha. Indicó que únicamente se activaría si el Reino Unido decide salir de la UE “por la venta”, es decir, sin acuerdo.

Ante la posibilidad de que los británicos reclamasen una prórroga para su salida de la UE –fijada para el 29 de marzo-, habría que preguntarse “para qué, cuán larga sería, con qué objetivo y con qué finalidad”. No obstante, llamó a “no anticipar acontecimientos”.

Subrayó que los planes de contingencia incluyen medidas para preservar los intereses de los españoles que residen en Reino Unido y de los británicos que habitan en España antes de la fecha de consumación del ‘Brexit’, que “ejercieron un derecho y hay que respetarlo”. También comentó que estas medidas tienen un carácter “coyuntural” y “unilateral”, por lo que cabría esperar unas medidas similares por parte del Reino Unido.

Borrell dejó claro que estos planes de contingencia garantizan que ningún ciudadano “quede desprotegido”, añadiendo que los derechos de los británicos residentes en España y de los españoles residentes en Reino Unido “seguirán como antes”.

España es el Estado miembro de la UE en el que residen un mayor número de británicos, más de 300.000 registrados, y un número sin determinar de no registrados. En el Reino Unidos residen, al menos, 150.000 españoles. El real decreto establece la transición al régimen general de extranjería de los británicos y sus familias.

Para acreditar la residencia legal de los británicos y sus familiares en España se dotará de validez, transitoriamente, a los certificados de registro como residente comunitario expedidos con anterioridad a la fecha de retirada, de conformidad con la Directiva 2004/38.

Respecto de aquellos británicos que no hayan podido obtener los certificados de registro antes de la fecha de retirada se mantiene su residencia legal hasta que se resuelva definitivamente sobre su situación.

El Gobierno aprobará unas instrucciones que articulan el procedimiento para transitar a su situación definitiva, dentro del régimen general de residencia de nacionales de un tercer estado.

En caso de que ya dispusieran de residencia permanente como ciudadanos europeos el proceso será casi automático. En otro caso, se les reconocerá la residencia temporal, en función del tiempo de residencia acreditado, conforme a la legislación general.

La expedición de los nuevos documentos de residencia es un proceso complejo pues se calcula que afectará en torno a 400.000 personas, que requiere de un plazo relativamente amplio que ha sido fijado en 21 meses desde la fecha de retirada.

TRABAJADORES FRONTERIZOS

A su vez, dijo que los planes de contingencia muestran una “especial atención” hacia lo referido al Campo de Gibraltar, una región en la que diariamente 9.000 personas cruzan la verja.

En ese sentido, se regula el procedimiento para la emisión de una autorización de trabajo a los nacionales del Reino Unido que reúnan la condición de trabajadores fronterizos en España.

Ello se condiciona a un tratamiento recíproco a los nacionales españoles por las autoridades británicas que garantice el mantenimiento de la actividad laboral especialmente en Gibraltar, donde diariamente se trasladan a trabajar 9.000 trabajadores españoles.

Reflexionó sobre los “difícil que es desconectar de la UE, sin estar en el euro y en el espacio Schengen”.

Reiteró que estos planes de contingencia buscan “dar continuidad” y “evitar rupturas de las expectativas creadas” por parte de los ciudadanos españoles y británicos, destacando que de ellos queda excluido Gibraltar, un territorio “sometido a un proceso de descolonización”. Por último, aseveró que el único objetivo en lo referido a Gibraltar es lo concerniente al “flujo de personas” en la verja, ya que cuando se consuma el ‘Brexit’ los gibraltareños serán “ciudadanos de un tercer estado”.

Por otro lado, también se se incluyen medidas para garantizar a los españoles o nacionales de otros Estados miembros la continuidad de su actividad profesional en España, cuando obtuvieron el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales en Reino Unido, con la finalidad de que no tengan que volver a obtener el reconocimiento.

A su vez, se reconoce su cualificación a los británicos residentes en España para que puedan seguir ejerciendo su profesión o actividad profesional.

En el ámbito del empleo público, se prevé el mantenimiento de la condición de funcionario de la función pública española de los británicos que ostenten tal condición en el momento de la retirada.

Por su parte, se aclara cuál va a ser el régimen transitorio aplicable a las empresas establecidas en España que, a la fecha de retirada, tengan trabajadores desplazados temporalmente a Reino Unido, y se garantiza el mantenimiento de los comités de empresa europeos en empresas o grupos de empresas de dimensión comunitaria con Reino Unido que se hayan constituido o acordado con anterioridad a la fecha de retirada del Reino Unido.

Por último, los planes de contingencia desarrollan medidas de protección de los derechos de seguridad social, la asistencia sanitaria de los británicos en España, el acceso a la universidad, la cooperación policial y judicial internacional, los servicios financieros, las aduanas, la contratación pública, las autorizaciones y licencias, el transporte y los servicios aeroportuarios.

En un auto, los magistrados de la Sección Tercera rechazan los recursos presentados y confirma la inadmisión acordada por la juez instructora María Tardón el pasado 14 de enero, que inadmitió las querellas al considerar, entre otros argumentos, la falta de jurisdicción española para entrar a examinar la actuación de la juez belga.

La resolución analiza las querellas y señala, en primer lugar, que la presentación de una demanda en el extranjero contra un magistrado español para exigirle responsabilidad por los hechos realizados en el ejercicio de su cargo “constituye una transgresión a la normativa española y a los criterios propugnados por el Consejo de Europa”.

Recuerda que la Ley Orgánica del Poder Judicial, tras la reforma de 2015, no permite la exigencia de responsabilidad civil directa a los jueces y magistrados, alineándose así la responsabilidad de los jueces con la del resto de los empleados públicos, dando cumplimiento a las recomendaciones del Consejo de Europa en esta materia, todo ello sin perjuicio de que la Administración pueda repetir, en vía administrativa, contra el juez o magistrado si éste ha incurrido en dolo o culpa grave.

FRAUDE DE LEY

“Mediante el subterfugio de invocar el Reglamento 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, la presentación en Bélgica de una demanda para exigir responsabilidad civil a un magistrado español trata de eludir la aplicación de esa normativa, amparada en recomendaciones del Consejo de Europa, lo que integra un evidente fraude de ley”, apunta la Sala.

Ahora bien, aclara, de dicho fraude no cabe extraer la comisión de delitos por parte de los redactores y presentadores de esa demanda y “menos aún por parte de la autoridad judicial ante la que se presentó y no rechazó de plano”.

“Fueran cuales fueran las finalidades perseguidas con la presentación de esa demanda –inquietar la independencia del magistrado demandado, menospreciar a los tribunales españoles o contribuir a extender los efectos de los hechos enjuiciados en el Tribunal Supremo en la causa en la que se encuentra en rebeldía los demandantes- en modo alguno están acompañadas de la fuerza, el tumulto o la violencia que requieren los delitos de rebelión o sedición que se mencionan en la querella, ni supone ejecución de alguna orden, disposición o documento de un gobierno extranjero que pueda atentar contra la independencias o la seguridad del Estado, se oponga a la observancia de sus leyes o provoque su incumplimiento, como exige el artículo 589 del Código Penal y se expone con acierto en el auto recurrido”, explica la sala.

Igualmente, apunta, esa presentación de la demanda en fraude de ley no está dirigida a obtener un lucro por parte de los demandantes, que realizan una reclamación simbólica de un euro para cada uno, lo que es indicativo de la persecución de otras finalidades diferentes a la obtención de una ganancia económica.

En cualquier caso, subrayan los jueces, cometidos esos hechos fuera de España, mediante la presentación de esa demanda ante un tribunal belga, no se da ninguna de las condiciones establecidas en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para atraer la competencia de la investigación y enjuiciamiento de esos hechos por juzgados y tribunales españoles.

Por otro lado, expone la sala, la actuación de la juez belga querellada, a la que se achaca no haber rechazado de plano la demanda y haber citado a comparecencia al magistrado Pablo Llarena “no puede en absoluto ser considerada delictiva ni correspondería a los tribunales españoles su enjuiciamiento”. Al respecto, asegura que los querellantes pretenden aplicar las normas procesales y los criterios establecidos en el derecho español respecto a la inadmisibilidad de las demandas, “prescindiendo olímpicamente de la regulación que pueda existir al efecto en el derecho belga que ni siquiera mencionan”.

Respecto al delito de falsedad documental o de falso testimonio relacionado con la traducción de la demanda, la Sala deduce, tras analizar la documentación, que “fue en la redacción de la demanda por el abogado de los demandantes donde se tergiversaron, en un francés muy poco académico, las frases entrecomilladas reales del citado magistrado, que se incluían en castellano tal y como fueron”.

TERGIVERSACIÓN

“Ninguna intervención resulta así, en los términos que aparecen en la documentación aportada, de una traductora para la redacción de esa demanda. La tergiversación del sentido de esas declaraciones sólo puede ser atribuida, por tanto, a la persona que redactó la demanda”, dice la sala, que concluye que a la traductora no puede serle atribuida transgresión alguna en su función pericial, que cumplió con exactitud.

No obstante, afirma, la plasmación en la demanda de esa frase en mal francés, aunque tuviera por objeto confundir al tribunal belga para que llegara a la convicción de la ausencia de la necesaria imparcialidad del magistrado Pablo Llarena, no podría constituir delito de falsedad documental ni de falso testimonio.

Por último, reitera la sala que la persecución penal en España de delitos cometidos en el extranjero requiere inexcusablemente la interposición de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal, requisitos que no se dan en este caso.

Según informó el Gobierno, se destinará un máximo de 45 millones de euros al Consejo General de la Abogacía Española y 3,67 millones al Consejo General de Procuradores de España para la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita en el ámbito del territorio del Ministerio de Justicia.

Los servicios que se financian con cargo a esta subvención son el asesoramiento previo a quienes quieran reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, la asistencia por parte de un abogado al detenido, preso o imputado que no lo hubiera designado, así como la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial.

El pago de las subvenciones se distribuirá entre los colegios del ámbito territorial del Ministerio de Justicia en función del número de actuaciones profesionales realizadas y de los baremos establecidos y se efectuará por periodos mensuales vencidos.

DERECHO CONSTITUCIONAL

Por lo que respecta a la asistencia psicológica a las víctimas de delitos, se destinará un máximo de 1,05 millones de euros para la atención especializada en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas dependientes del Ministerio de Justicia y en la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, así como para el apoyo en la emisión de informes periciales. Estas subvenciones se articularán mediante la firma de convenios de colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.

El Ejecutivo destacó que la asistencia jurídica gratuita está reconocida en la Constitución Española, que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva de aquellas personas que no disponen de recursos para litigar.

Este derecho se desarrolla posteriormente en la Ley 1/1996, de 10 de enero, que establece que la asistencia jurídica gratuita se financiará con cargo a las administraciones públicas.

Se trata de “remover los obstáculos para que la igualdad entre hombres y mujeres sea efectiva”, explicó la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde se ha aprobado este decreto ley sobre igualdad de trato y oportunidades.

De esta manera, el Gobierno modificará el Estatuto de los Trabajadores y obligará a las empresas a hacer públicas las tablas salariales, de forma que cualquier trabajador, ya sea por su cuenta o a través de los representantes sindicales, pueda saber cómo afecta esta desigualdad salarial.

“Hay mujeres que no conocen la discriminación salarial en la que pueden estar al no conocer las retribuciones del resto”, explicó la vicepresidenta, que defendió que “a igual trabajo” debe haber “igual salario”.

Además, dijo Calvo, “en los países con los que habitualmente nos comparamos, ya está hecho”.

Según CCOO y UGT, esta brecha salarial de género responde, en buena medida, a la diferencia de los pluses, de forma que aunque hombres y mujeres tengan el mismo salario base, hay hombres que cobrarían más pluses respecto a sus compañeras.

El Gobierno también modificará la Ley de Igualdad para establecer plazos a la elaboración y aplicación de planes de igualdad en las empresas de más de 50 trabajadores. La intención es que el Boletín Oficial del Estado recoja este decreto el martes y, ya el miércoles, entre en vigor.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este viernes en el Palacio de la Moncloa, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, subrayó que “el procedimiento continúa” pese a la suspensión cautelar ordenada esta semana por el Juzgado nº 3 de lo Contencioso Administratvo de Madrid contra la licencia urbanística para la apertura de la tumba en el Valle de los Caídos.

“Esto no altera el procedimiento que el Gobierno está sacando adelante. Aquí lo que está ocurriendo es una actitud de obstaculización del entorno del dictador”, denunció en alusión directa a la “cadena de obstáculos” que considera que está poniendo la familia Franco mediante denuncias presentadas en más de una docena de pequeños juzgados.

Calvo reconoció que esta novedad puede suponer otro retraso en los planes del Ejecutivo para llevar a cabo la exhumación, que el presidente, Pedro Sánchez, anunció para el verano pasado pocas semanas después de llegar a La Moncloa y que se ha ido postergando sin que todavía esté claro el momento en que podrá llevarse a cabo.

“En este momento, ni yo ni nadie puede decir cuáles van a ser los avatares de esta obstaculización de la familia del dictador”, señaló Calvo a la vez que insistía en que el Gobierno es “garantista” y va a esperar para cumplir correctamente todos los pasos. “En el momento que se pueda producir, lo haremos”, dijo.

Calvo negó que la decisión del Juzgado nº 3 de los Contencioso Administrativo de Madrid afecte al proceso puesto en marcha por el Gobierno, ya que a este “solo lo puede fiscalizar el Tribunal Supremo” y, por eso, recalcó que son medidas “cautelarísimas” que afectan “a momentos muy secundarios de cuando se tuviera que producir la ejecución del acuerdo”.

Respecto al papel que la Iglesia católica juega en el proceso que queda por delante, la vicepresidenta manifestó que el Vaticano y la Conferencia Episcopal Española se han “comprometida de manera verbal, pública y por escrito a no obstaculizar la exhumación de Franco” y redujo las reticencias personales del prior del Valle de los Caídos a una cuestión “dentro” de la propia Iglesia.

Satse pidió a la población que se utilicen disfraces para celebrar Carnaval que “no hieran la sensibilidad y dignidad de otras personas, algo que sucede con los disfraces catalogados como de ‘enfermera sexy’”, apostillaron desde el sindicato.

Por ello, el sindicato también se ha dirigido a todas las empresas que comercializan este tipo de ‘disfraces de enfermera’, ya sea de forma presencial u ‘online’, para reclamarles que los retiren de la venta.

Satse, además, recordó que, a pesar de entender el carácter festivo y lúdico del Carnaval, hay que terminar con la tradición de este tipo de disfraces y comunicó que empresas como Alcampo, El Corte Inglés o Carrefour ya se han comprometido a dejar de venderlos.

El sindicato pidió a los ciudadanos que opten por “atuendos que no perpetúen falsos clichés sexistas que denigran a la mujer y que constituyen un claro retroceso para su desarrollo personal y profesional”.