AI indicó que el procedimiento de devolución se lleva a cabo con una celeridad tal que plantea serias dudas sobre si se están garantizando los derechos humanos de estas personas y destacó que desde el pasado mes de agosto se ha devuelto de manera ‘exprés’ desde España a Marruecos a 195 migrantes y posibles refugiados, 79 de ellos el pasado fin de semana.

“Debido a la celeridad con que se han llevado a cabo estas devoluciones, nuevamente nos preocupa que no se hayan asegurado los procedimientos individualizados y con todas las garantías, tales como una asistencia letrada y de intérprete de calidad, identificación de posibles solicitantes, menores o colectivos con necesidades específicas como personas LGBTI, etc., incumpliendo así con sus obligaciones internacionales”, apuntó en un comunicado Esteban Beltrán, director de AI España.

El pasado día 19 de octubre, un grupo de 4 mujeres y 26 hombres fueron interceptados en Chafarinas por la Guardia Civil y llevados a la comisaría a Melilla. Los varones (24 adultos y dos menores) fueron devueltos a Marruecos salvo las cuatro mujeres, finalmente consideradas por las autoridades como posibles víctimas de trata.

Por otro lado, Amnistía destacó que 33 letrados asistieron a las 195 personas a las que se les había notificado un procedimiento de devolución tras su entrada en Melilla este domingo. Cada letrado habría atendido en torno a seis personas en entrevistas demasiado breves, de apenas unos minutos de duración, con ausencia de traductores en lengua nativa y en las que habría habido una gran dificultad para prestar una asistencia letrada de calidad, tal y como aseguran algunos de los abogados que les han atendido.

Además, como también ha denunciado el Colegio de Abogados de Melilla, no se permitió tramitar apoderamientos ‘apud acta’ que permitiesen a los letrados ejercitar acciones judiciales con independencia de que estas personas no se encontraran en territorio español.

De las 195 personas contra las que se han abierto procedimientos de devolución desde el pasado agosto, por el momento 55 de ellas han sido expulsadas a Marruecos aplicando el Acuerdo de 1992 entre España y Marruecos, y se encontrarían en una comisaría de policía en Nador.

SUSPENSIÓN DEL ACUERDO

Amnistía Internacional ha pedido en numerosas ocasiones al Gobierno español que suspenda el acuerdo de readmisión con Marruecos en materia de control migratorio hasta que se revise y se garantice que este país respeta plenamente los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas que se encuentran en su territorio, además de considerar que el acuerdo no incluye garantías para que las personas no sean expulsadas desde Marruecos a países donde sus derechos humanos corran riesgos.

AI subrayó que España podría incumplir también el principio de no devolución con las expulsiones ‘exprés’ porque “existe el riesgo de que las personas expulsadas a Marruecos puedan sufrir violaciones de derechos humanos en territorio marroquí, en el país de origen si son devueltas o bien en el país donde hubieran comenzado el viaje”.

“Lo hemos denunciado durante décadas: Marruecos no es país seguro para las personas migrantes y refugiadas. Entre otras violaciones de derechos humanos, hemos documentado cómo la policía marroquí, junto con la Gendarmería Real y las fuerzas auxiliares, llevan a cabo grandes redadas en las barriadas donde viven personas refugiadas y migrantes y se calcula que desde el mes de julio de este año unas 5.000 personas podrían estar siendo abandonadas a zonas remotas cerca de la frontera con Argelia o el sur del país”, concluyó.

La querella de Unidos Podemos pide, entre otras cosas, el registro de llamadas del magistrado en el tiempo que transcurrió entre la sentencia de la Sección Tercera de la Sala que hizo recaer en el banco, y no en el cliente como hasta ahora, el pago de los impuestos derivados de la constitución de la hipoteca, y la convocatoria por Díez-Picazo de un Pleno de la Sala para el 5 de noviembre que revisará dicha sentencia. La querella reclama también la suspensión de dicho Pleno.

En declaraciones en el Congreso de los Diputados, la vicepresidenta cuarta de la Mesa de la Cámara y secretaria de Acción Institucional de Podemos, Gloria Elizo, justificó la iniciativa por la “situación absolutamente novedosa” y “anómala” de convocar un Pleno para reformular una sentencia firme. “No estamos de acuerdo ni con el trámite ni con las razones”, puntualizó, avisando de que “hay sospechas muy fuertes sobre la legalidad” de esta revisión.

Por eso, añadió, “en bien de la ciudadanía y de la independencia judicial, que es un derecho de los ciudadanos”, Podemos pide que se investiguen los hechos. Cuando se le preguntó por los dos años de docencia de Díez-Picazo en el Cunef, Elizo lamentó que en los últimos años se están dando «demasiadas cuestiones en las que los jueces deben asumir su incompatibilidad en la toma de decisiones, y las tomamos casi como anécdotas irrelevantes». En su opinión, es obvio que el vínculo con el Cunef «repecute en la limpieza en la toma de decisiones».

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, en respuesta a una pregunta de la senadora del PP María del Mar Angulo, acerca de las responsabilidades que está dispuesto a asumir tras la sanción de la CNMV.

El ministro destacó que no ha actuado “en base a información privilegiada” en ninguna actividad relacionada con su cartera de valores o con aquella cuya gestión le fue encomendada.

Subrayó que la “limitada operación” de venta de acciones, que cifró en 9.000 euros, representaba una parte “muy, muy pequeña” del conjunto de su cartera de acciones.

No obstante, reconoció que dicha operación no fue “adecuada” por el “momento en que se produjo” y por la “apariencia de ilegalidad que haya podido general”.

Acusó al PP de “magnificar un problema de menor cuantía” que, según la legislación española, está tipificada como una “falta administrativa” que “no afecta a la idoneidad para ejercer ninguna función ministerial”. Abundó en que “no tiene ninguna lógica” que si alguien maneja información privilegiada sólo venda el 8% de su cartera de valores y pierda el 92% restante.

Por último, expuso que no recurrirá la sanción que le ha impuesto la CNMV, porque ello supondría que un ministro recurriese ante el Gobierno del que forma parte, lo que no le parece “políticamente correcto”.

Por su parte, la senadora del PP reprochó a Borrell que defraudase la confianza de los accionistas, lo que le llevó a “salvar pérdidas” a cambio de “perder credibilidad”. Le acusó de “no ser de fiar” y de haber quedado “inhabilitado y descalificado” para formar parte de “cualquier consejo de administración y de cualquier gobierno de España”. “Que la cantidad fuera pequeña le impedirá entrar en la cárcel, pero no salir del Gobierno”, remachó.

En el debate de toma en consideración de la proposición, el PSOE, ERC, PDECat, PNV y Compromís se mostraron a favor, lo que compone una mayoría suficiente para tramitar la iniciativa frente a los votos en contra del PP, Ciudadanos, Foro Asturias y UPN.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, defendió la iniciativa con la que se pretende «subsanar las carencias» normativas para homologar la democracia española a los estándares propios de las sociedades avanzadas en un momento de clara «involución» por la vulneración de ese derecho a través de la aplicación de la llamada ‘ley mordaza’ y del Código Penal.

En su intervención denunció «situaciones bochornosas» como los procesos penales e incluso penas de prisión por criticar a la Monarquía o a referentes de la religión católica a pesar de las sanciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y también por el delito de «ultraje» a los símbolos nacionales y a los órganos del Estado. En democracia, aseguró, «debe ser legítimo criticar a las instituciones del Estado», y de hecho las injurias al Gobierno se escuchan en la tribuna del Congreso «y es lo más normal del mundo.

Garzón se dirigió expresamente a Ciudadanos al destacar que esos delitos ya existían en el Código Penal hace quince años pero hoy es más fácil entrar en prisión por «usar la imagen de Cristo», y quizá es por «el clima» que se está implantando en la vida política.

Gregorio Cámara, del PSOE, confirmó el voto a favor de su grupo pero dejando claro que una vez en tramitación la examinarán «con todo rigor y profundidad» y plantearán todas las enmiendas que consideren necesarias para un adecuado ajuste de esos tipos delictivos.

Más allá del fondo de la cuestión y los detalles de la norma, Cámara subrayó que en un debate de toma en consideración debe primar la valoración sobre la necesidad o no de modificar la ley, y en este caso el PSOE considera necesario «revisar» algunos tipos penales «hiperregulados» por los gobiernos del PP o que requieren mayor precisión.

En nombre de Ciudadanos, Ignacio Prendes anunció el voto en contra por entender que lo que se ha producido en los últimos años es un proceso de «pérdida de respeto» a las instituciones, «jaleado por partidos que han hecho de ese ataque a las instituciones su principal razón de ser».

Defender los símbolos nacionales y las instituciones constitucionales, dijo, es «defender los principios y valores que nos hemos dado», aseguró, rechanzado la tesis de que en España se penalicen las ideas. Prendes alertó al PSOE de que se está deslizando «hacia fuera de los márgenes del constitucionalismo» y de que la votación de esta ley es «crucial».

En nombre de ERC, Carolina Telechea anunció el voto a favor lamentando la «falta de independencia» de las instituciones, «la falta de democracia» en España y el «claro retroceso democrático» materializado en los obstáculos para preservar los derechos y las libertades fundamentales. También anunció el voto a favor Mikel Legarda, del PNV, dispuesto a considerar «sosegadamente» las propuestas que surjan durante la tramitación. Lourdes Ciuró, del PDECat, alertó de que la sociedad percibe que alzar la voz «puede ser peligroso», y eso conduce a la autocensura, «muy lamentable» en democracia.

EL PSOE «CRUZANDO EL RUBICÓN»

Leopoldo Barreda confirmó el voto en contra del PP alertando al PSOE de que puede estar «cruzando el Rubicón» y reprochando a Unidos Podemos que su iniciativa no busca proteger la libertad de expresión sino garantizar «barra libre, impunidad para quienes agreden la libertad de expresión de todos los demás». «Ustedes con los violentos», dijo, tras desgranar ejemplos de esas expresiones condenadas penalmente, «y nosotros con las víctimas, ahora y siempre».

En la exposición de motivos, los proponentes explican que la derogación del delito de enaltecimiento del terrorismo no supondría desprotección de las víctimas, ya que se modificaría también el artículo que recoge esa protección para reforzarla.

Garzón denuncia que ese artículo, el 578 del Código Penal, nació en el año 2000 en un momento de «extrema violencia» de ETA, pero ha sido justo tras la disolución de la banda cuando más procesos penales y condenas se han dado por ese delito. Considera que la redacción de ese precepto es ambigüa y permite una utilización «irresponsable» e «irracional» por parte de determinados jueces.

La proposición plantea también la derogación de artículos «anscrónicos u obsoletos», como el 525 (delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público); 490.3 y 491 (delitos contra la Corona); 543 (ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas), y el 504 (injurias a las instituciones del Estado, como puede ser el Gobierno). Ademas, propone modificar el 510 del Código Penal, que tipifica los denominados delitos de odio, con una redacción “que determine con claridad cuál es la conducta punible”.

Así lo afirmó durante su intervención este martes en el Pleno del Senado donde aseguró que “evidentemente cumplimos con la ley y hacemos cumplir la ley”. En este sentido, demandó que esa voluntad “impere en todos los gobiernos autonómicos, singularmente en el de la Generalitat”.

Ante las críticas del senador ERC Joaquim Ayats de que el presidente no era republicano ni defendía la república, Sánchez comentó que “el republicanismo casa mal con defender la trasgresión y la quiebra de la legalidad, como ustedes han hecho en el pasado”.

En este sentido, recordó que “ustedes no tienen mayoría social” en Cataluña, por lo que “tienen que empezar a asumir la realidad”. A este respecto, recordó que la prioridad de su Gobierno “es la convivencia y no la independencia”.

“Ustedes cuestionan la Constitución y la monarquía parlamentaria en la que vivimos con debates artificiales, pero yo solo puedo hablar del camino de la reforma y del reforzamiento del autogobierno de Cataluña, pero no del quebrantamiento”, afirmó Sánchez antes de concluir que se puede defender el republicanismo “dentro de la legalidad y la Constitución”.

Desde el Gobierno salen así al paso de la denuncia del PP, que compartió en las redes sociales la imagen del presidente donando sangre con el siguiente texto: «Si Sánchez no respeta las decisiones del Congreso, no respeta las decisiones del Senado y no respeta las decisiones de los españoles, ¿alguien esperaba que respetara los 6 meses de seguridad para donar sangre después de visitar países tropicales?».

El Gobierno recuerda que en España la donación es altruista y es el único medio para que los enfermos puedan recibir sangre. «La normativa dice que cada centro de transfusión establecerá los criterios de selección de donantes, pero son recomendaciones a seguir y, en cualquier caso, siempre prevalece el criterio médico». El presidente, añade, siguió «los mismos requisitos exigidos a cualquier otro donante» en ese Centro.

«El Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas revisa y actualiza periódicamente los criterios de exclusión de donantes y en el caso de los viajes del presidente a América, no se produce la exclusión debido a varios factores como situación clínica, duración del viaje, lugares visitados estrictamente urbanos», explica.

Precisa, además, que las donaciones gestionadas por ese Centro ayudan a mantener las reservas necesarias para el abastecimiento del hospital Gómez Ulla y las necesidades que puedan plantearse en las diversas misiones españolas del Ministerio de Defensa. «Por las especiales características de la población que suele donar a través de las FAS, se realiza de forma sistematizada la prueba de la malaria».

Lastra quiso poner el foco en “lo importante”, que a su juicio es la sentencia sobre los impuestos que se pagan a la firma de una hipoteca, y “no en lo anecdótico”, cuando se le preguntó por qué el magistrado Luis María Díez-Picazo compaginó durante dos años su labor como juez del Tribunal Supremo con la docencia en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef) entre 2015 y 2017: una escuela de la que es titular la Fundación de la Asociación Española de la Banca (AEB).

La ‘número dos’ del PSOE destacó que hay que “saber cuanto antes lo que va a hacer el Tribunal Supremo” porque hay “mucha gente pendiente” y se ha generado “mucha incertidumbre”.

El PP, el PSOE y Ciudadanos volvieron a unir sus votos para rechazar la petición de Unidos Podemos alegando la inviolabilidad de la figura del Monarca, aunque esta vez el grupo proponente había limitado el periplo a investigar al período posterior a la abdicación del rey Juan Carlos, cuando a su juicio ya no estaría protegido por la Constitución.

Además, los dos miembros de Unidos Podemos en la Mesa, Gloria Elizo y Marcelo Expósito, se quejaron de que la Mesa, con los mismos votos, haya pedido un informe a los servicios jurídicos del Congreso para ver si cede una sala de la Cámara a este grupo para organizar unas jornadas sobre el Sahara a la que están invitados parlamentarios italianos franceses, suecos, suizos y mauritanos.

Por el contrario, la Mesa del Congreso calificó una petición del PP para crear una comisión de investigación sobre las visitas y reuniones que está acogiendo la cárcel de Lledoners (Barcelona) para los líderes independentistas presos allí: el presidente de ERC, Oriol Junqueras; el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sánchez y el expresidente de Ómnium Cultural Jordi Cuixart.