Se trata de los objetivos de estabilidad cuya remisión a la Cámara Baja fue aprobada el pasado 7 de diciembre como paso previo para presentar el proyecto presupuestario de 2019 en enero. Son los mismos objetivos de deuda y déficit que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya presentó en julio y que fueron rechazados por la mayoría de la Cámara Baja.

VISTO BUENO DEL CONGRESO

Fuentes socialistas parlamentarias consideran que en esta ocasión el Gobierno conseguirá el visto bueno del Congreso y que el veto llegará en el Senado. Para lograr la mayoría en la Cámara Baja, los socialistas cuentan con el apoyo de Unidos Podemos -que en julio a última hora votó en contra-, así como de ERC y PDECat, que en aquella ocasión ya se mostraban a favor de la senda pero que a última hora, tras la negativa de la formación de Pablo Iglesias, optaron también por el no, según explicaron fuentes socialistas.

En este sentido, fuentes del PDECat anunciaron a Servimedia que votarán a favor de la senda de déficit del 1,8% del PIB, y lo mismo hicieron desde Compromís. ERC también confirmó anoche que la apoyarán. En Unidos Podemos confesaron que el sentido del voto está decidido.

Sin embargo, la nueva votación de estos objetivos tendrá lugar antes de que se haya acometido la reforma de la Ley de Estabilidad, actualmente en tramitación en el Congreso, con la que el Gobierno quiere eliminar de dicha norma la capacidad de veto del Senado. Por ello, aun en caso de lograr el visto bueno del Congreso, los objetivos propuestos por el Gobierno se toparían con la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, que votaría la senda el día 27 de diciembre.

Si finalmente los objetivos fueran rechazados por alguna de las dos cámaras, el Ejecutivo se vería obligado a diseñar los Presupuestos de 2019 con la senda fijada por el PP. Así, aunque desde el Gobierno socialista asumen que en caso de que los nuevos objetivos de estabilidad sean rechazados se mantendrán los objetivos de la senda vigente, defienden que, al presentar de nuevo los objetivos de déficit, “lo que hace el Gobierno es cumplir con un trámite previsto en la Ley de Estabilidad”, según indicaron a Servimedia fuentes del Ministerio.

DÉFICIT

La senda de déficit propuesta por el Gobierno supone una ampliación de cinco décimas en el objetivo de 2019 respecto a la senda vigente que dejó fijada el gobierno de Mariano Rajoy, por lo que en caso de ser refrendada por el Congreso y el Senado pasaría de un 1,3% a un 1,8%. De esas cinco décimas adicionales, dos (alrededor de 2.500 millones de euros) serían para las comunidades autónomas, dos (otros 2.500 millones) para la Seguridad Social, y una décima para la Administración Central (unos 1.200 millones).

En caso de que finalmente las cuentas públicas de 2019 se diseñen sobre el objetivo de déficit del 1,3% previsto por el PP, el gasto previsto en ellas será 1.200 millones menor respecto al propuesto por el Gobierno socialista, al contar la Administración central con una décima menos de déficit.

En concreto, la nueva senda propuesta por el Gobierno prevé un déficit del 0,4% para la Administración central, del 1,1% para la Seguridad Social y del 0,3% para las comunidades autónomas, con equilibrio en las entidades locales.

De cara a 2020, el objetivo propuesto por el Gobierno para el conjunto de las administraciones públicas será del 1,1%, con un reparto del 0,1% para la Administración central, del 0,1% para las comunidades autónomas, del 0,9% para la Seguridad Social, y equilibrio presupuestario para las corporaciones locales.

En cuanto a 2021, el objetivo es que el déficit sea del 0,4% y que este recaiga exclusivamente en la Seguridad Social, mientras que se espera que el resto de administraciones tengan equilibrio.

DEUDA

En lo que se refiere a los objetivos de deuda, para 2019 se situaría en el 96,1% del PIB, con un reparto del 70,1% para la Administración central y la Seguridad Social, del 23,7% para las comunidades autónomas y del 2,3% para las corporaciones locales.

En 2020 el objetivo global sería del 94,1%, con un 68,9% para la Administración central y Seguridad Social, un 23% para las autonomías, y un 2,2% para las corporaciones locales. En 2021, el objetivo de deuda se sitúa en el 91,5%, con un 67,2% para Administración central y Seguridad Social, un 22,2% para comunidades autónomas y 2,1% para las corporaciones locales. En cuanto a la regla de gasto, la tasa de referencia nominal para 2019 será del 2,7%, mientras que en 2020 sería del 2,9% y en 2021 del 3,1%.

Housini fue detenido por la Guardia Civil en Collado Mediano, la localidad en la que vivía sin levantar sospechas, en julio de 2017. Nacido en Ait Aissa (Marruecos) y de 32 años de edad, había empezado a frecuentar sitios de Internet en los que consumía la propaganda de Estado Islámico y la difundía.

Su actividad estaba siendo controlada desde 2016 por la Guardia Civil, que puso en marcha un programa de detección de personas en fase de radicalización que podían intentar viajar a zona de conflicto o cometer atentados en suelo europeo.

Los investigadores se incautaron en los registros realizados en su casa de dos ordenadores en los que se hallaron indicios de su relación con el grupo terrorista Daesh y con personas ya adoctrinadas tanto dentro como fuera de España. De hecho, fue decisiva en su detención la intervención de agentes especializados en terrorismo yihadista de Europol.

Según la Fiscalía, tras un proceso acelerado de adoctrinamiento y varios acontecimientos en su vida personal, Housini comenzó una “búsqueda compulsiva” de material yihadista que le convirtió “en una herramienta puesta a punto para pasar a la acción mediante la comisión de acciones violentas”.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, en la que dio cuenta del III Plan África y de la multa de 30.000 euros que le ha impuesto la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) por uso de información privilegiada.

Borrell reconoció que el plan no tiene un «plazo de validez definido», siendo válido hasta que llegue el cuarto plan y subrayó que el continente africano representa una «gran oportunidad» para España, por lo que anunció la próxima creación de una comisión interministerial para África y la recuperación de la Mesa para África.

Explicó que este plan se centra en tres países capitales en el continente, cuya importancia elevó de tal modo que «si les va mal, el continente africano zozobrará»: Sudáfrica, Etiopía y Nigeria, tres «potencias regionales».

Anunció una «ofensiva diplomática» de España para la próxima primavera en el Cuerno de África y señaló a Ghana, Costa Marfil, Mozambique, Senegal, Angola, Kenia y Tanzania como siete países preferentes a los que el Gobierno prestará atención, sin olvidar a Guinea Ecuatorial, donde se incentivará la «democracia, los derechos humanos, la prosperidad y la paz como marco para mantener unas relaciones cada vez más estrechas.

El plan presentado por el ministro cuenta con cuatro objetivos: «contribuir a la paz y a la seguridad», «promover el crecimiento, el empleo y el desarrollo sostenible», «fortalecer las instituciones» y buscar una «movilidad sostenible y ordenada en ambas direcciones y entre ellos mismos».

En el primero de ellos, afirmó que España cuenta con un «despliegue impresionante» de sus Fuerzas Armadas en misiones internacionales, lo que le valió para aseverar que «su seguridad es nuestra seguridad» y apuntó que en determinados países del continente «el terrorismo campa a sus anchas, pero no se quedará allí, sino que lo utilizarán como base para acercarse a nuestras casas».

Respecto al segundo de ellos, concretó que este año seis de los diez países que más crecen en términos económicos son africanos, especificando que Ghana y Etiopía lo hacen por encima del 8%, más que China. También explicó que el crecimiento medio del continente será del 6% en los próximos años, allí hay 400 millones de personas que se ubican en la clase media, lo que implica la necesidad de crear 900 millones de puestos de trabajo anuales. Ante este panorama, observó esencial que las empresas españolas profundicen su actividad aprovechando los mecanismos de integración africana».

Acerca del tercer punto, advirtió del riesgo de caer en el «neocolonialismo» y consideró «difícil» incorporar a la mujer «plenamente en la dinámica laboral». También instó a prestar ayuda a poner en marcha «registros civiles fiables, actualizados y basados en registros biométricos» para hacer elecciones con fiabilidad. Ilustró que España cuenta con 28 embajadas, 22 de ellas en el África subsahariana, cuatro consulados generales y una antena diplomática en Gambia y pronto contará con otra en Chad. «Eso es poco para un país como España», reconoció. Confirmó que pronto se inaugurará una embajada en Dakar (Senegal) y el refuerzo de las misiones diplomáticas españolas.

En cuanto a la movilidad indicó de cada cinco migrantes africanos, cuatro van a otros países y sólo uno a Europa, por lo que concluyó que será necesario trabajar para que la inmigración «sea una opción y no la única alternativa» y «reforzar la capacidad de los países africanos que reciben la migración para ordenar el flujo.

Llamó la atención de que en 2050 doblará su población actual, pasando de los 1.200 millones a los 2.400 millones de habitantes en la actualidad, arguyendo que este ‘boom demográfico’ presenta dos posibles escenarios: el «dividendo demográfico» que proporcionará tener una población joven y el peligro que representa que esa juventud no tenga las condiciones necesarias para «desarrollar su proyecto vital en libertad» y caigan en la tentación de la «violencia política, el yihadismo y la inmigración irregular».

Por último, destacó la pretensión del Gobierno de defender y promover los derechos humanos y la igualdad de género, promover el «multilateralismo eficaz» y la «diferenciación» de la actuación española en cada país.

La Comisión Europea, que adoptó una propuesta de directiva en este sentido el pasado mes de mayo, acogió con satisfacción este acuerdo, que deberá ser aprobado oficialmente por el Parlamento Europeo (la Comisión de Medio Ambiente lo hará el próximo mes de enero) y el Consejo. Después, la nueva directiva se publicará en el Diario Oficial de la UE y los Estados miembro deberán transponerla después de dos años.

“Los ciudadanos sólo esperaban una cosa de la Unión Europa, que adopte una directiva ambiciosa contra los plásticos desechables responsables de la asfixia de mares y océanos. Esto se hace con nuestro acuerdo cerrado a las 6.30 de esta mañana, que reducirá el daño medioambiental en 22.000 millones de euros, el coste estimado de la contaminación plástica en europa hasta 2030”, afirmó el eurodiputado Frédérique Ries.

Los productos de plástico que estarán prohibidos a partir de 2021 son cubiertos de plástico (tenedores, cuchillos, cucharas y palillos), platos, pajitas, bastoncillos de algodón, palitos para globos, envases de comida de plástico oxodegradable y vasos de poliestierno expandido.

El acuerdo provisional también prevé una aplicación reforzada del principio de que quien contamina paga, en particular para el tabaco a través de la introducción de la responsabilidad extendida del productor, que los fabricantes (y no los pescadores) asuman los costes de recogida de redes de pesca perdidas en el mar, un objetivo de recogida del 90% de botellas de plástico en 2029, otro del 25% para contenido reciclado en botellas de plástico para 2025 y un 30% para 2030, y el etiquetado obligatorio del impacto ambiental negativo de los cigarrillos con filtros de plástico.

Según la Comisión Europea, más del 80% de los desechos marinos son plásticos. Los productos cubiertos por las nuevas restricciones constituyen el 70% de todos los artículos de basura marina. Debido a su lento ritmo de descomposición, el plástico se acumula en mares, océanos y playas en la UE y en todo el mundo. Los residuos plásticos se encuentran en especies marinas, como tortugas marinas, focas, ballenas y aves, pero también en peces y mariscos, así como, por tanto, en la cadena alimentaria humana.

Fuentes de Compromís aseguraron a Servimedia que sus cuatro diputados apoyarán este objetivo de déficit, que es el que el Gobierno de Pedro Sánchez pactó con la Comisión Europea, cinco décimas superior al actualmente vigente que estableció el Ejecutivo anterior de Mariano Rajoy.

La diferencia son unos 6.000 millones más de posibilidad de gasto, de los cuales 2.400 serían para las comunidades, otros 2.400 para la Seguridad Social y los 1.200 restantes para el presupuesto estatal propiamente dicho.

Fuentes del PDECat también anunciaron el voto a favor de sus ocho diputados, pero desde Unidos Podemos, ERC y el PNV afirman públicamente no haber tomado aún la decisión. En privado, dirigentes de al menos uno de estos grupos parlamentarios indican que el voto sí está decidido, pero que no lo comunicarán hasta mañana en el debate en la Cámara.

Aunque el Congreso apruebe mañana la senda de déficit, el Senado aún podría tumbarla el día 27, puesto que el Congreso todavía no ha modificado la Ley de Estabilidad Presupuestaria y en concreto el artículo que faculta a la Cámara Alta para exigir al Gobierno que presente una nueva senda de déficit en lugar de dejar la última palabra a la Baja, como ocurre con el resto de las iniciativas legislativas.

Lo dijo en su discurso con motivo de la tradicional copa navideña al personal del Congreso de los Diputados, justo el día después de que se difundiera la imagen de un hemiciclo casi vacío al comenzar la sesión plenaria del martes y guardar un minuto de silencio por la asesinada Laura Luelmo.

Flanqueada por los demás miembros de la Mesa, junto a muchos otros diputados y funcionarios y trabajadores de la Cámara (letrados, asesores, ujieres, policías, sanitarios, periodistas, etc), aseguró que el año «no ha sido nada fácil». «Ha sido complicado, pero han salido las cosas adelante», subrayó, por lo que dio las gracias a todos los profesionales que hacen posible el día a día de la labor parlamentaria.

Quiso agradecer también expresamente el «excelente trabajo» de los diputados, «de todos ellos». «En muchos casos, no me voy a meter con la prensa, tendré una oportunidad, se traslada una imagen que no se corresponde con la realidad». En la Cámara, añadió de forma «pública y notoria, como diría un cursi», «se trabaja mucho y se trabaja bien».

Pastor deseó «lo mejor» a todos los presentes, no solo en lo personal sino también en lo político, convencida de que «nos puede ir a todos bien siempre que trabajemos para buscar lo mejor para la gente«, y aseguró que todos los parlamentarios, cada uno con sus peculiaridades, se lo hacen «pasar bien» en las sesiones aunque a veces se enfade.

Tuvo también un recuerdo para «los que ya no están», tanto diputados como periodistas, y aseguró que presidir el Congreso es el mayor honor que ha tenido en su vida política, algo que deberían experimentar todos los parlamentarios, aseguró, aunque eso no significa «que sea rotatorio y que me mandéis a casa».

Es una labor «difícil», «no acertamos siempre, nos equivocamos», y por ello pidió disculpas, pero aseguró que siempre trata de presidir de forma «equilibrada» y, aunque tiene «el corazón de un color», su objetivo es que en la Presidencia «no se note nunca» y ser la presidenta «de todos». «Me pongo todos los días en el papel de todos los demás y logro comprender que hay posiciones tan distintas y tan diversas», explicó.

En concreto, según la relación de servicios mínimos fijados por el Ministerio de Fomento, del total de 738 trenes AVE previstos esos días, están garantizados 578 y otros 160 cancelados. Esto supone que circularán el 78%. Por su parte, en Media Distancia se garantizan el 65%. Circularán 758 y se cancelarán 411 de los 1.169 programados esos dos días.

En trenes de Cercanías, durante este viernes, se establece en función de los diferentes núcleos, líneas y franjas horarias, variando el porcentaje de trenes protegidos entre un máximo del 75% en horario punta y un máximo del 50% del servicio habitual en el resto del día.

Durante el 7 de enero, el porcentaje de trenes establecido es del 50% del servicio habitual, y en las comunidades autónomas donde no es festivo se establece el 75% en horario punta.

En trenes de Media Distancia se establece el 65% de los servicios habituales; en los de Alta Velocidad Larga Distancia, el 78%. Con respecto a los trenes de mercancías, el Ministerio de Fomento ha establecido un porcentaje del 25,5% del servicio habitual.

A los viajeros de servicios comerciales cuyo tren esté afectado por la huelga, Renfe les ofrecerá, siempre que sea posible, viajar en otro tren en el horario más aproximado al adquirido. Si no desean realizar viaje, podrán anular o cambiar para otra fecha su billete sin ningún coste. Las operaciones de anulación o cambio se pueden realizar en todos los canales de venta de Renfe.

Las mayores revalorizaciones se las anotaron Meliá Hoteles (+3,25%), ACS (+2,11%), Arcelor Mittal (+1,89%), Telefónica (+1,71%) y Técnicas Reunidas (+1,65%). Día volvía a liderar los descensos, con un recorte esa vez del 1,88%. En números rojos se situaron también las acciones de Siemens Gamesa (-1,68%), Sabadell (-1,43%), IAG (-0,80%) y Cellnex (-0,77%).

Entre las compañías de mayor tamaño destacaron también las alzas de Santander (+1,29%), Naturgy (+1,28%), Iberdrola (+1,21%), Caixabank (+1,05), BBVA (+0,96%) y Repsol (0,69%).

Por su parte, la prima de riesgo se movió en el entorno de los 114 puntos.

Así lo explicó este miércoles el secretario general de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, José Manuel Pingarrón, en declaraciones a los medios durante la reunión del Observatorio de Becas, que se reúne por primera vez desde 2011 para analizar posibles reformas en el modelo.

La idea es que este máximo de las tasas se acuerde en la Conferencia General de Política Universitaria, en el que están representados el ministerio y las comunidades autónomas, explicó. «Por debajo, las comunidades tendrían libertad para establecer una tasa inferior o incluso de dero», admitió, pero así se evitarían desigualdades tan grandes como el hecho de que «estudiar en Cataluña cueste hasta tres veces más que en Galicia». Señaló que favorecería, además, «la movilidad territorial de los alumnos». Asimismo, apuntó que la intención del Gobierno es igualar las tasas de los grados y de los másteres a la baja.

Por otra parte, Pingarrón resaltó que los ministerios de Ciencia y de Educación trabajan para conseguir que la primera matrícula sea gratuita para todos los estudiantes universitarios, como ya sucede en Andalucía. Esto implicaría que todos los alumnos de nuevo ingreso tendrían sus matrículas gratis, igual que todos aquellos de los cursos posteriores que hayan aprobado sus asignaturas. Eso sí, aquellos que suspendan tendrían que pagar al matricularse de los créditos que repiten.

En el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades estudian cómo implantar esta medida y, según Pingarrón, existe un informe que estima su coste en aproximadamente 1.000 millones de euros. Habría, por tanto, que implantarlo de forma paulatina, en cinco años, y empezando por los de rentas más bajas.

Así se manifestó Hernando ante los medios de comunicación, en el Congreso de los Diputados, tras ser preguntado por las palabras del portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, quien afirmó que le “repugna” ver cómo algunos dirigentes políticos utilizan «el dolor muy reciente» por el caso de Laura Luelmo para defender sus reivindicaciones políticas.

Hernando expresó que a él le parece “repugnante” que “en este país se puedan cometer este este tipo de asesinatos y atrocidades sin que la sociedad española sepa de forma fehaciente que esas personas, mientras no estén absolutamente rehabilitadas, puedan estar por nuestras calles”.

Asimismo, Hernando le pidió a Girauta y a Calvo que “reflexionen” sobre “el intento que en su día tuvieron de derogar la prisión permanente revisable” y que “hagan todo lo posible para que un supuesto como, por ejemplo, secuestro con posterior asesinato sea incorporado entre los supuestos castigados con esta pena ejemplar”. En este sentido, Hernando añadió que la prisión permanente revisable es “compatible con los principios constitucionales” y es “lo que quiere la mayoría de los españoles”.

Respecto a las declaraciones del portavoz de Ciudadanos sobre abordar el «núcleo del problema» y revisar los permisos y el régimen del tercer grado para el cumplimiento efectivo de las penas, Hernando afirmó que “una persona que está sometida a una prisión permanente revisable no puede tener permisos”. De modo que, a su juicio, «se está con la prisión permanente revisable o se está en contra. Ciudadanos está unos días favor y otros días en contra, y el PSOE parece que está en contra”. Además, reclamó al PSOE “claridad” porque esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional es “sencillamente una estrategia para no responder”.

Así respondió el titular de Cultura a la diputada del PP Silvia Balmaña, quien preguntó si «el Gobierno es partidario de respetar las tradiciones navideñas de los españoles en los espacios públicos de su competencia» y lamentó que una cuestión tan importante no haya sido respondida por la vicepresidenta del Gobierno, que es a quien se la formuló.

Guirao dijo en su primera contestación que «el Gobierno respeta tal y como indica la Constitución todas las tradiciones españoles y, por supuesto, las navideñas».

Pero esta respuesta no satisfizo a la diputada Balmaña, quien defendió «la libertad religiosa de los españoles», para acabar preguntando por el belén de la estación de Atocha, una cuestión que «nos preocupa», ya que en un principio no se iba a instalar porque según ella lo había prohibido el ministro de Fomento y que luego, finalmente, se ha puesto.

El ministro explicó a Balmaña que la prohibición la había firmado el anterior director de Adif, «nombrado por el PP», y no alguien del Gobierno socialista.

Guirao concluyó diciendo que «creo que el villacinco de esta Navidad es martillo sobre martillo pilón».