En la llamada Declaración de Toledo, a la que tuvo acceso Servimedia, los firmantes (10 presentes en la reunión y uno que se adhirió al documento) parten de recordar la expectación que suscitó el nacimiento de Podemos.

Seguidamente, señalan que, «frente a quienes quieren volver atrás», en alusión a la derecha, «debemos elevar la confianza, la ilusión y la esperanza», palabras que ha esgrimido el propio Errejón para justificar su alianza con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y su plataforma.

«Pero también de asegurar la eficacia, el orden y las certezas de nuestras propuestas», continúa la declaración, en términos ambivalentes que podrían contener reproches a ambas partes.

Con todo, la frase más clara en relación al conflicto abierto en Madrid es la que recuerda que Podemos debe ofrecer «otro horizonte de país» y remata: «Precisamente por ello, hacemos esta declaración. Nos hacemos falta todas y todos. Es la hora de cooperar y no de competir».

«EL MAYOR NÚMERO»

Y, a continuación: «Llevamos tiempo dejándonos la piel para presentar en nuestros pueblos, ciudades y Comunidades las mejores candidaturas municipales y autonómicas, en alianza con el mayor número de personas y organizaciones hermanas».

Esta apertura al «mayor número de personas y organizaciones hermanas» es otro de los motivos alegados por Errejón para unirse a Carmena y trascender el espacio de Podemos.

A la reunión, de la que fue anfitrión el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha y vicepresidente segundo de la Junta, José García Molina, acudieron además los de Murcia, Óscar Urralburu; Canarias, Noemí Santana; Aragón, Nacho Escartín; Asturias, Daniel Ripa; Baleares, Mae de la Concha; País Vasco, Lander Martínez; Comunidad Valenciana, Antonio Estañ; La Rioja, Kiko Garrido; y Extremadura, Álvaro Jaén. Entre los firmantes de la declaración aparece también el de Navarra, Eduardo Santos, que no asistió.

Precisamente durante la reunión, los asistentes tuvieron conocimiento de la dimisión del hasta ahora secretario general del partido en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, porque «no se dan las condiciones para llevar el proyecto de Podemos en Madrid hacia donde creo que debe dirigirse».

Se refería al debate sobre si Podemos debe competir en las urnas con Errejón o unirse a su candidatura; el dimisionario sería, según fuentes cercanas, partidario de no presentar una lista propia de Unidos Podemos que rivalizara con la de ‘Más Madrid’.

Espinar también había sido convocado a la reunión, y el anfitrión, García Molina, confesó al término de la reunión que contaba con su posible asistencia.

Los mayores ascensos de la jornada correspondieron a ArcelorMittal (+5,54%), seguido por Banco Sabadell (+4,40%), Técnicas Reunidas (+3,11%) y Caixabank (+2,66%).

Los descensos más acusados fueron para Grifols (-2,14%), Merlín Properties (-1,65%), Naturgy (-1,43%), Inditex (-1,23%) y Endesa (-1,07%).

Entre los valores de mayor capitalización del parqué destacaron también las alzas de Bankia (+1,97%), Santander (+1,90%), BBVA (+1,90%), mientras que Repsol cerró con un descenso del 0,03%, Telefónica se dejó un 0,23% e Iberdrola un 0,59%.

Por su parte, la prima de riesgo oscilaba en el entorno de los 105 puntos.

La aerolínea pondrá en funcionamiento tres enlaces que unirán Málaga con Burdeos, Cardiff y Milán Malpensa, con vuelos tres veces a la semana a partir del mes de junio. Además, estrenará una nueva ruta entre Gran Canaria y Santander, que operará dos veces a la semana, como parte de su calendario de verano para 2019.

Con estas nuevas conexiones, los clientes de la ‘low cost’ irlandesa en España tendrán disponibles más de 640 destinos durante el verano de 2019, incluyendo también otras nuevas rutas ya anunciadas a Londres Southend, Marsella y Tetuán.

Según las referencias del Gobierno sobre el contenido de los acuerdos del Consejo, se ha modificado el Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social para subsanar el problema.

Tal y como estaba redactado se daba la paradoja de que su cotización a la seguridad social no comprendía el conjunto del salario al depender dichos empleados orgánicamente de un organismo, pero, además, cobrar alguna remuneración o compensación de otros organismos a los que prestan el servicio.

Hasta el momento no se estaba cotizando por esta última compensación de las empresas públicas a las que dan el servicio, ya que dicha cuantía no sale en los presupuestos de las empresas de las que dependen orgánicamente.

Tampoco se aportaba por parte de los organismos que se beneficiaban de su trabajo al no figurar con la condición de empresarios o empresa, ni existir norma alguna que les obligase a cotizar por sus pagos, algo que sí ocurrirá ahora con el cambio en el Reglamento.

Según el Gobierno, la modificación subsana un doble perjuicio: el de los empleados públicos a la hora de cobrar sus prestaciones, y a la Seguridad Social, que dejaba de cobrar esas cotizaciones.

Fuentes gubernamentales aseguraron a Servimedia que el jefe del Ejecutivo no hará ninguna intervención pública a la espera de que la UE actúe de manera coordinada, porque el Ejecutivo se está empeñando en que Bruselas adopte la postura que considera España.

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, avanzó que España está intentando que la UE exija al régimen de Nicolás Maduro la convocatoria de elecciones en un plazo de tiempo definido. Si se constata la falta de voluntad en ese sentido, se tomen otras medidas, entre las que podría estar el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino para que esas elecciones sean convocadas por la Asamblea Nacional.

El Ejecutivo asegura que España está liderando este proceso y así ha propuesto esta idea ante el Comité Político del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE que está debatiendo este viernes la posición común. Desde el Ejecutivo esperan que en esta jornada se alcance un acuerdo y que no sea necesario convocar una reunión de mayor nivel para la cuestión.

PRESIÓN DE CASADO Y RIVERA

Desde la oposición, tanto Pablo Casado como Albert Rivera le han exigido al presidente Sánchez que se pronuncie. Pero el jefe del Ejecutivo se parapeta en las gestiones y en que la UE mantenga una posición única. El presidente no ha puesto ningún mensaje en redes sociales y la información sobre algunas gestiones llegan por vía oficial.

En este contexto se enmarca la llamada de este jueves, a iniciativa suya, a Juan Guaidó, mientras se encontraba en Davos participando en el foro económico, en la que le trasladó su reconocimiento por el “coraje” con el que está comportándose en esta situación y defendió la “legitimidad” de la Asamblea Nacional venezolana.

Así como la reunión que Sánchez impulsó con los presidentes de Colombia, Ecuador y Costa Rica –países que sí han reconocido a Guaidó-, en la que ha defendido dicha posición, reconocimiento de la legitimidad de la Asamblea Nacional y apuesta por elecciones libres, como la vía capaz de lograr una solución no traumática en Venezuela.

El Grupo Parlamentario Popular encabeza más de una veintena de las 38 peticiones de comparecencia que ha registrado la oposición para su debate en la reunión de la Diputación Permanente de la Cámara Baja.

La #DiputaciónPermanente se reúne el lunes para decidir sobre las peticiones de comparecencia urgente del presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, y de trece ministros.
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¿Quién compone este órgano y cuáles son sus funciones? #Tutorial ? pic.twitter.com/xYRB3nnDGr

— Congreso (@Congreso_Es) 25 de enero de 2019

En concreto, se decidirá si deben acudir a la Cámara los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio; de Fomento, José Luis Ábalos; de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá; de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque; de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell; de Cultura y Deporte, José Guirao; de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet; de Justicia, Dolores Delgado; de Defensa, Margarita Robles; de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y de Hacienda, María Jesús Montero.

El PP lleva a este órgano que sustituye el Pleno en periodos en los que no hay sesiones ordinarias la petición para que el presidente del Gobierno explique en una sesión extraordinaria “las cesiones que ha acordado en su ‘cumbre bilateral’ con el presidente Quim Torra y su Gobierno, así como las graves alteraciones del orden público ocurridas con motivo de la celebración del Consejo de Ministros celebrado el día 21/12/2018 en Barcelona”.

El Grupo Parlamentario Popular también pedirá que se acuerde una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara para que Sánchez informe “sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno en el plan de contingencia para la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo”.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, es el que más peticiones de comparecencia acumula y se le piden explicaciones sobre la actuación de su Ministerio respecto a la actividad del buque ‘Open Arms’ y del ‘Aita Mari’, así como para que explique las consecuencias que tendrá el ‘Brexit’ para las comunicaciones de España.

Igualmente, la oposición quiere que Ábalos dé cuentas en sede parlamentaria sobre la situación del tren en Extremadura y para que traslade las medidas que piensa adoptar el Gobierno en el conflicto que existe entre el sector del taxi y de las VTC.

En materia de la política migratoria, el Grupo Popular pide que la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, explique el plan anunciado por el presidente del Gobierno en Malí de retorno voluntario para la comunidad inmigrante de este país en España.

El Grupo Popular, el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea, el Grupo Mixto y ERC han pedido explicaciones a los ministros del Interior, de Fomento y a la máxima responsable de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, para que informe de las medidas que está impulsando el Gobierno en relación a la política migratoria, así como el bloqueo de la embarcación ‘Open Arms’ y ‘Aita Mari’ en los Puertos de Barcelona y Pasaia, respectivamente.

TAXI-VTC

En relación con el conflicto del sector del taxi y las licencias de los vehículos de transporte colectivo (VTC), los grupos Popular y de Ciudadanos piden que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explique la «inacción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante los disturbios provocados en la vía pública».

Los diputados populares reclamarán la comparecencia urgente del ministro de Cultura y Deporte para que detalle el Anteproyecto de la Ley del Deporte y los criterios que utiliza el Instituto de la Cinematografía y las Artes a la hora de adjudicar subvenciones.

El Grupo Popular quiere también que Duque y Celaá expliquen la pérdida de oferta que se va a producir en las prácticas académicas, curriculares y obligatorias, y quién va a asumir el coste de las cuotas de la seguridad Social. Además, Unidos Podemos y el Grupo Mixto pedirán a la titular de Educación que explique sus planes para derogar de «forma urgente e inmediata» la LOMCE.

Asimismo, los diputados populares han solicitado explicaciones a Batet y a Delgado ante la aprobación del decreto sobre el uso de las lenguas oficiales en las Illes Baleares. También piden que la responsable de Justicia aclare las razones por las que la entrega de despachos judiciales se ha celebrado este año fuera de Barcelona, sede tradicional de la escuela judicial, por primera vez tras veinte años.

Por otro lado, el Grupo Popular quiere que el ministro de Asuntos Exteriores clarifique la posición de España respecto al Gobierno de Nicolas Maduro. ha pedido también la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que detalle la política del Ejecutivo para acercar presos de ETA al País Vasco. Solicita además la intervención de la ministra de Política Territorial y Función Pública para que informe sobre el traspaso de 33 competencias, incluida la de prisiones, al País Vasco, y el «desmantelamiento de la presencia del Estado en Cataluña» en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019.

El Grupo de Ciudadanos y el Popular pedirán también que el ministro del Interior y la de Defensa justifiquen “la autorización del Gobierno de la Nación a Cataluña para la compra de 800 armas de guerra”.

Tras esto, los grupos parlamentarios Mixto y Esquerra Republicana han solicitado la intervención de la ministra de Trabajo para que ponga en conocimiento del Congreso las medidas destinadas a compensar los Centros Especiales de Empleo por el incremento del Salario Mínimo Interprofesional. ERC y el Mixto han pedido que el ministro del Interior explique las detenciones que ha realizado la Policía Nacional en Cataluña sin orden judicial.

Por su parte, los grupos Mixto y Unidos Podemos-EC-EM requerirán la comparecencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para que desarrolle la posición de España ante la grave situación del sector cítrico provocada por la importación de terceros países.

De igual manera, se instará a las ministras de Hacienda, de Defensa y de Industria, Comercio y Turismo a que expliquen el descenso de las inversiones estatales en Galicia; cómo se asegurarán los puestos de los trabajadores tras el cierre de Alcoa en las factorías de A Coruña y Avilés, y cómo están los trámites para la construcción del astillero 4.0 en Ferrol.

Por último, pedirán que la ministra de Industria, Comercio y Turismo aborde por qué se ha suspendido el diálogo con el Comité de Empresa de la Naval y que el ministro del Interior explique la deportación de Huseim Bachir Brahim, defensor de derechos humanos, que había llegado en patera el 11 de enero a Lanzarote.

Cabelli nació en el seno de la comunidad sefardí de Salónica (Grecia) el 25 de abril de 1925. Estudió en la escuela judía hasta los 16 años y continuó sus estudios en el instituto griego, antes de ser deportada.

A partir de la ocupación alemana, las condiciones de vida resultan atroces para los judíos en esta ciudad: trabajos forzados, confinamiento en guetos, obligación de llevar la estrella amarilla, etc. Con apenas 17 años, fue deportada a Auschwitz, donde nada más llegar, le raparon el pelo, le quitaron la ropa y le tatuaron el número 4065 en el antebrazo. Cabelli logró escapar de la muerte pero su madre y uno de sus hermanos fueron asesinados.

Tras dos años y dos meses de cautiverio bajo severas condiciones, fue obligada a caminar en una de las llamadas marchas de la muerte que le condujo hasta el campo de Ravensbrück y desde ahí al campo de Malchow. En 1945, después de haber pasado una noche en un bosque junto al resto de personas, descubrió que los guardias nazis habían desaparecido, por lo que, junto con otros compañeros de cautiverio, alcanzó las líneas norteamericanas. Rehizo su vida en Francia, según informó el Centro Sefarad-Israel .

Según informa Facua, la filial de Cabify en España, Maxi Mobility, opera como «agencia de viajes» al estar registrada como tal. Sin embargo, denuncia que en sus condiciones de contratación la compañía afirma que sólo «actúa en calidad de intermediario» y que su actividad está sometida, entre otras normas, a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (Lssice).

Facua señala en sus denuncias que, si estuviera regida por la Lssice, Cabify podría intentar acogerse al régimen de responsabilidad específico que recoge esta normativa para no tener que responder ante los usuarios por cualquier clase de daño o perjuicio sufrido en la prestación de los servicios que oferta.

A este respecto, defiende que lo cierto es que las características de los servicios de este tipo de plataformas impiden que puedan considerarse prestadores de servicios de la sociedad de la información, como puso de manifiesto la sentencia contra Uber dictada en 2017 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

“Cabify pretende aparentar que es un mero intermediario, obviando sus obligaciones como agencia de viajes y como si no hiciese otra cosa que poner en contacto a un usuario con una empresa para que contrate sus servicios. Pero lo cierto es que cuando se solicita un transporte a través de la app de Cabify, toda la contratación y pago se lleva a cabo de forma directa con esta empresa, sin que ni siquiera se informe de cuál es la titular de la licencia de Vehículos de Turismo con Conductor (VTC) para la que trabaja el profesional que llevará a cabo el servicio“, señala Facua.

De hecho, en sus condiciones contractuales, dedicado al «régimen de garantías y de responsabilidad», la empresa afirma que «la prestación final del servicio de transporte quedará a discreción del tercero transportista» y que «el usuario renuncia y exonera a Cabify de cualesquiera obligaciones, reclamaciones o daños surgidos como consecuencia de la relación con el transportista».

Por todo ello, Facua considera que Cabify sitúa a “los usuarios en una situación de absoluta indefensión en caso de que se produzcan irregularidades en los servicios contratados, como que los transportistas se retrasen o no lleguen, cargos superiores a los ofertados, deficiencias en la calidad y prestaciones de los vehículos o daños por accidentes”.

Las denuncias por el posible incumplimiento de la normativa de protección al consumidor han sido remitidas este viernes a las autoridades de consumo de Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia. Asimismo, Facua ha interpuesto otra denuncia ante la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid, donde Maxi Mobility Spain tiene su sede social.

Un portavoz de Cabify preguntado por Servimedia sobre estas denuncias, aseguró que “la compañía opera siempre con un estricto cumplimiento de la legalidad, analizando cualquier posible denuncia de manera minuciosa con el fin de dar cumplida respuesta ante los órganos competentes”.

Además, añadió que “Los ciudadanos van a continuar siendo el centro de su actividad y por ello está firmemente comprometida, como siempre lo ha estado, con los más altos estándares de servicio al cliente y protección al usuario”.

Monedero publicó dos tuits poco después de anunciar Espinar su dimisión. «La división nos agota. Alguno tendrá que dar cuenta del roto que ha hecho. Gracias Ramón Espinar», escribió en el primero.

«No sé si le compensará a Íñigo Errejón que en el momento en que debiéramos estar defendiendo a los trabajadores y trabajadoras haya roto tanta alegría. Ningún interés personal debiera primar. Le doy las gracias a Ramón Espinar. Otros tendrán que explicar por qué, otra vez, dividen», dijo en el otro.

Así lo manifestaron este viernes durante la presencia de ambos esta mañana en Fitur. Garrido y Carmena explicaron que los técnicos de la Comunidad y del Ayuntamiento se han estado reuniendo para “establecer unos parámetros en los que pueda ser posible encontrar el acuerdo”, indicó Carmena.

La propuesta, explicó Garrido, es “eliminar el concepto de precontratación temporal en el que había desacuerdo absoluto, y que además nos podía llevar a reclamaciones multimillonarias, tal y como ha advertido la Comisión Nacional de la Competencia, e introducir algo nuevo, que puede ser válido para todos”. Así, continuó, lo que se ofrecerá es la “precontratación espacial, es decir, que haya una distancia, desde el taxi o la VTC que se pide, hasta el cliente”. ”Lo estamos definiendo, nos queda todavía bastante por acordar”, indicó.

En este sentido, Garrido apuntó que esta tarde continuarán las reuniones y que cuando esté preparado el texto se lo presentarán a taxistas y VTC “para que lo confirmen”. El presidente regional indicó que no va a aprobar “nada” que “no lleve el consenso de todos”, por eso “hay que pedir un último esfuerzo a todos y saber que todos tenemos que ceder en algo aquí, sino esto no va a salir y es malo para todos”.

DISTANCIA MÍNIMA

En este sentido, fuentes del Gobierno madrileño explicaron a Servimedia que el concepto de «precontratación espacial» sería establecer una distancia mínima a partir de la cual los vehículos VTC pueden contratar clientes. Se entiende que esto beneficiaría a los taxistas, que no tendrían esta limitación.

En estos mometos, los taxistas de Barcelona y los de Madrid vienen reclamando que se exija a las VTC la llamada «precontatación temporal. Consiste en exigir a las VTC un tiempo mínimo para conseguir clientes, como una hora de anticipación, algo que ha ofrecido la Generalitat para Barcelona. Esto, a juicio de Garrido, «traerá a Cataluña grandísimas sanciones que pueden dejar en quiebra a la comunidad autónoma», por eso, agregó, «creo que esto es una idea nueva que puede dar una solución definitiva a este conflicto».

Por último, Carmena destacó, en su comparecencia junto a Garrido, que el Ayuntamiento está trabajando para establecer, en el marco de las ordenanzas municipales, “que las VTC tengan una regulación similar a los taxis en relación a los descansos, a los tiempos que no pueden estar circulando el vehículo”.

Según los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, la pensión media de jubilación asciende a 1.129,66 euros mensuales y la de viudedad se sitúa en 707,40 euros. En cuanto a las nuevas altas, la pensión media de jubilación (diciembre) es de 1.348,84 euros en el conjunto del sistema.

La pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), es de 983,46 euros mensuales, con un aumento interanual del 5,72%.

La nómina de la prestación de jubilación, 6.778,16 millones de euros, crece un 7,18% en el último año, cifra que llega al 8,72% en el caso de la nómina destinada a sufragar la pensión de viudedad, que asciende a 1.670,55 millones de euros.

El Sistema de Seguridad Social abona ya 9.695.870 pensiones contributivas, un 1,29% más que en enero del año pasado. El 61,88% son prestaciones por jubilación, 6.000.191 concretamente; 2.361.540 corresponden a prestaciones de viudedad; 954.031 a incapacidad permanente; 337.866 a orfandad y 42.242 a favor de familiares.