En la iniciativa, reclama derogar ese decreto, condenar «la violencia y los problemas derivados de las protestas del sector del taxi» y garantizar el orden y la seguridad de los ciudadanos en todo momento ante posibles disturbios.

Además, piden convocar una Mesa de la Movilidad para estudiar el futuro del sector con todas las partes implicadas, que tenga como objetivo primordial la defensa de los intereses generales de los ciudadanos, en especial la libertad de elección de los consumidores, y que se base en una serie de principios.

El primero de esos principios, dice Ciudadanos, debe ser la flexibilidad, la apertura del sector con la garantía de una competencia leal y en igualdad de condiciones, así como la seguridad jurídica. También contemplar medidas para la modernización y la mejora de la competitividad del sectr, con compensaciones y otras posibles actuaciones para reducir los costes de transición de los afectados. Finalmente, reclama incentivos para una transición a la movilidad urbana hacia un modelo menos contaminante y más sostenible.

Ciudadanos considera que el decreto fue el «enésimo» intento del Gobierno de «eludir sus responsabilidades», trasladando el problema a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Con su «total y absoluta dejación de funciones», denuncia, el problema se multiplica por 17, e incluso por 8.000. El decreto anterior, el del PP, dice también la iniciativa, fue «un parche» que no solo no solucionaba los problemas del sector sino que volvía a una legislación de los años 80.

«Es cierto que el taxi es un sector imprescindible que da empleo y sustento a decenas de miles de familias en nuestro país», dice la exposición de motivos de la iniciativa, pero «también lo es que la irrupción de los servicios de VTC ha supuesto un cambio irreversible que obliga a una transformación profunda del sector, sobre todo en las grandes ciudades».

Ciudadanos alerta de que los avances tecnológicos no se pueden revertir con regulación en perjuicio de los consumidores, y de que los poderes públicos deben crear un «marco flexible y justo que garantice una competencia leal, así como la seguridad jurídica, precisamente para asegurar el futuro del taxi».

Así lo anunció este martes el subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, durante su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, en la que presentó las líneas maestras del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) referidas a las materias objeto de su competencia.

Explicó que se está trabajando en la coordinación de los protocolos de integración para los militares con discapacidad de los ejércitos y del órgano central, «documentos clave» para la gestión de la discapacidad en las unidades y en la difusión de las funciones asignadas a la Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas.

También comentó que se está pergeñando un proyecto de real decreto sobre pensiones e indemnizaciones de los militares con una relación de carácter temporal para que a quienes se les rescinda el compromiso por «pérdida de condiciones psicofísicas» y tenga una discapacidad igual o inferior al 24% perciban una pensión en lugar de una indemnización, tal y como ocurre en la actualidad. Confirmó que se prevé que este proyecto sea remitido a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios la próxima semana para su posterior aprobación en Consejo de Ministros.

Subrayó que en la unidad de apoyo a heridos y familiares de heridos y fallecidos en acto de servicio, desde comienzo de año se han realizado más de 3.400 actuaciones de apoyo entre solicitudes y atenciones administrativas y psicológicas.

Alejo de la Torre reafirmó que la «tolerancia cero» es la política que rige en Defensa frente al acoso y apuntó que para ello se seguirán dos vías complementarias: la prevención y protección de la víctima y la formación y sensibilización en materia de acoso e igualdad, ambas recogidas en el protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas, cuyo implantación ha constituido un elemento «muy positivo» frente a las situaciones de acoso.

Además, juzgó positiva la creación en 2016 de las Unidades de Protección frente al acoso (UPA), que han permitido presentar la denuncia sin observar el conducto reglamentario, ofreciendo apoyo integral a la víctima y facilitándole atención de carácter médico, psicológico y asesoramiento jurídico y la posibilidad de acompañamiento presencial por parte de personal específicamente formado para ello.

Confirmó que desde la puesta en marcha del referido protocolo se han interpuesto un total de 90 denuncias, lo que supone una tasa de acoso sexual en las Fuerzas Armadas del 0,02% en 2016, 0,03% en 2017 y 0,02% en 2018. Añadió que el 34,9% de las denuncias presupuestarias se interpuso a través de la UPA correspondiente, mientras que el resto se efectuó por conducto reglamentario y dijo que se han realizado campañas de sensibilización y difusión del protocolo y de formación en materia de acoso e igualdad.

Asimismo, recordó el 30 aniversario de la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas y cifró su número en 15.018, un 12,8% de los efectivos, de las cuales son Oficiales 1.423 (9,1%); Suboficiales 1.410 (5,1%), Tropa y Marinería 12.185 (16,5%). Destacó que en los últimos años están aumentando su presencia en los cuadros de mando y evidenció esta tendencia en el hecho de ayer se nombrara a la primera coronel que ejercerá el mando del Hospital Militar de Zaragoza.

Comentó que en 2009 el porcentaje de mujeres en la escala de oficiales era de un 6,02% que se ha ido incrementando hasta el 9,1% actual y apuntó que se ha producido un «incremento muy notable» de mujeres en la escala de suboficiales, donde representaban un 1,88% en el año 2009 al actual 5,1% y «ligera disminución» en la escala de Tropa y Marinería, en gran parte por el acceso de mujeres a la escala de suboficiales a través de los procesos de promoción interna.

Finalmente, manifestó que las mujeres están accediendo a todos los cuerpos, escalas y puestos, incluyendo los puestos en unidades de especial operatividad, dónde representan un 10,7% de los efectivos de estas unidades, y sin limitación alguna para alcanzar los empleos máximos en cada escala, habiendo actualmente siete mujeres coronel, una suboficial mayor y siete cabos mayor.

El Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que especificó que Robles destacó la importancia del convenio rubricado porque «pone de relieve la gran implicación y la simbiosis que hay entre las Fuerzas Armadas y la sociedad” y resaltó “la sensibilidad” del Ejército de Tierra para compartir ‘La Isleta’, “porque también creen en la naturaleza para educar a nuestros jóvenes, en dar a conocer el medioambiente y los valores naturales de Canarias”.

El convenio fue firmado por el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (Jeme), general Francisco Javier Varela, y el presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, Antonio Morales, y permitirá el acceso regulado de visitantes a la zona de uso militar de ‘La Isleta’. De este modo, la promoción y difusión de las actividades guiadas educativo-ambientales y de senderismo en esta zona militar contribuye al objetivo del Ejército de Tierra de potenciar el acercamiento entre el Ejército y la sociedad. Además, el Cabildo de Gran Canaria podrá incentivar la concienciación ambiental para la conservación del paisaje protegido de ‘La Isleta’ en la población insular a través del conocimiento directo del territorio.

Posteriormente, Robles visitó el Cuartel General de la Brigada Canarias XVI, donde presenció diferentes actividades de instrucción y adiestramiento en ‘La Isleta’. También se dirigió al Arsenal de Las Palmas, en el que comentó que «es lógico que el Ministerio de Defensa tenga la obligación legal de velar por sus propiedades, en este caso de la Armada, pero lo importante es que nosotros tenemos plena disposición para negociar con las instituciones de Las Palmas siempre que se protejan los intereses de la Armada y de la ciudadanía canaria”.

Así se desprende del análisis elaborado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional sobre las variables educativas de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística publicadas este martes y según el cual País Vasco, con un 6,9% y Cantabria, con un 9,8%, son las comunidades autónomas que registran las tasas más bajas del país.

El 14% de las mujeres de 18 a 24 años abandonaron el sistema educativo de forma prematura en 2018 frente al 21,7% de los hombres y, en la última década ese porcentaje descendió en un 16,3 puntos porcentuales en el caso de los hombres y en 11,1 en el caso de las mujeres.

Asimismo, el análisis muestra que el 42,4% de la población de entre 30 y 34 años ha alcanzado el nivel de Educación Superior, lo que supone el “valor máximo” de la serie histórica y continúa por encima del punto de referencia europeo del 40% para el año 2020.

Por sexos, del total de la población de mujeres, en este grupo de edad, el 48,6% ha alcanzado este nivel educativo frente al 36,1% de hombres. También el indicador de formación permanente “sigue mejorando” y en 2018 el 10,5% de la población de entre 25 y 64 años ha seguido algún tipo de formación en el último mes, una cifra que representa 0,6 puntos más que la registrada en 2017. Con Las mujeres también lideran este índice, con un 11,5%, dos puntos por encima del dato registrado en hombres.

Tras precisar que las estadísticas revelan un descenso progresivo de esta tasa en la última década y se acerca al objetivo del Gobierno del 15% para 2020, el estudio también desveló que este descenso del abandono escolar temprano se debe, principalmente, al incremento de la población que ha completado la segunda etapa de Educación Secundaria en España en este periodo que se situó en los 12,5 puntos porcentuales.

Así se recoge en el orden del día de esta sesión extraordinaria de la Comisión de Fomento, en la que finalmente se han agrupado todos los temas que tenía pendientes el titular de Fomento. De hecho, en un principio estaba previsto que la comparecencia para dar explicaciones sobre el ‘Open Arms’ y el ‘Aita Mari’ se produjese el siguiente jueves, 7 de febrero.

La decisión de comparecer para hablar sobre el taxi la hizo pública ayer el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, durante su comparecencia en la Cámara Baja para presentar los presupuestos del Ministerio de Fomento en 2019.

En cuanto a los problemas del tren en Extremadura, el propio ministro anunció su voluntad de comparecer a petición propia pocos días después de las dos averías sufridas por un mismo tren la tarde del 1 de enero, eso sí después de que el PP registrara la solicitud de su comparecencia.

Asimismo, el PP ha pedido también sus comparecencias por el conflicto del taxi, al igual que Ciudadanos, así como por el ‘Open Arms’ y para dar explicaciones sobre sus planes para evitar un impacto negativo del ‘Brexit’ en los medios de transporte.

En el caso del ‘Open Arms’ y el ‘Aita Mari’, la presencia del ministro ha sido solicitada también por Unidos Podemos, grupo que pidió además su presencia para informar sobre la ‘Operación Chamartín’. Por último, Comprommís pidió explicaciones por los Cercanías de la comunidad Valenciana.

Según explicó Sanz, tanto la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, como el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, “han mentido en relación a que el Senado no consultó ni pidió al Gobierno la posibilidad de cambiar la fecha”, ya que “hasta en cuatro ocasiones el Senado se dirigió a la secretaría de Estado y a día de hoy aún no ha contestado”.

Pedro Sanz explica los acuerdos adoptados por la Mesa del @Senadoesp celebrada esta mañana. Video ? https://t.co/rgkXPRjsa7

— Senado de España (@Senadoesp) 29 de enero de 2019

A pesar de que el Pleno estaba convocado, indicó Sanz, “había la posibilidad de modificar la fecha”. Para el vicepresidente del Senado, se trata de “una falta de cortesía, de respeto y de educación”. En este sentido, Sanz consideró “conveniente” que “volvamos al cauce de la cortesía parlamentaria”.

Por su parte, el Gobierno presentó este martes una “queja” al PP por haber aplicado el artículo 70 del Reglamento del Senado, según el cual el Senado puede reunirse en sesiones extraordinarias a petición de la mayoría absoluta de los senadores, sabiendo que Sánchez no podía acudir porque el 23 y el 24 de enero se encontraba en el Foro Económico de Davos (Suiza).

Calificó de “propuestas equilibradas” las del PP nacional y regional: “Liberalizar las normas sector taxi y crear un fondo compensación” para los taxistas con licencia, al devaluarse el valor de las mismas. Se mostró partidario de “revisar” la legislación de taxi para que “no tengan hiperregulación y defendió “negociar” con taxistas y exigirles el “cese de la violencia y de su huelga”.

?@ppmadrid ha presentado propuestas para solventar el conflicto del Taxi. Se ha reunido más de 50 veces con el sector, ha propuesto un proyecto de Ley y un acuerdo con el Ayuntamiento. Soluciones acordes con las nuevas tecnologías y velando por los ciudadanos. ? @eossoriocrespo pic.twitter.com/nSnIWqbGcN

— PP Asamblea Madrid (@PPAsamblea) 29 de enero de 2019

Denunció también la “politización del asunto” y dijo que “no se puede secuestrar a los usuarios”. Asimismo, indicó que el Gobierno de España, en este asunto, está “desaparecido” y sólo se dedica a “echar la culpa a los demás”. Más cara dura es imposible”.

Sobre este mismo asunto, el portavoz de Cs, Ignacio Aguado, denunció la “irresponsabilidad” del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por “pasar la pelota caliente a las comunidades”. Instó a los taxistas a que “protesten en Moncloa y en el Ministerio de Fomento” y también a que “no secuestren la ciudad con atascos kilométricos”.

Propuso una mesa de diálogo, con representantes de la Comunidad, el Ayuntamiento, del taxi y VTC, defendió “flexibilizar» las condiciones del taxi y aseguró que la “libre competencia garantiza mejores servicios y precios”.

Por su parte, la diputada socialista Pilar Sánchez Acera manifestó que el Estatuto de Autonomía establece que la competencia en transporte terrestre es de la Comunidad y afirmó que es una “obligación” sentarse con los sectores del taxi y VTC para que “este conflicto acabe”.

Se dirigirá “a los ciudadanos venezolanos que no se les conceda asilo y refugio, pero en aplicación de la ley de asilo y refugio se les permitirá una ayuda humanitaria que les va a permitir estar legalmente en nuestro país”. Así lo trasladó la subsecretaria de Interior, Isabel Goicoechea, durante la presentación de las cuentas públicas del departamento que lidera Fernando Grande-Marlaska ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.

Goicoechea comentó que la crisis que vive el país sudamericano ha generado tal “incremento” de solicitudes de asilo que se ha pasado de unas 900 a la presentación de “más de 20.000”. En su turno de réplica, tras las preguntas de diputados de la Comisión, Goicoechea aclaró que no se trata de una “solución genérica”.

“De acuerdo a la normativa que aplicamos y el Convenio de Ginebra, para aquellos que no tienen derecho a tener el estatuto de refugiado o de apátrida, sí tenemos una solución que les será oportunamente reconocido, y la solución es ayuda humanitaria que prevé la propia ley”. Será, ahondó, una ayuda durante un año, prorrogable, para que no estén en «el limbo jurídico en el que en este momento se encuentran”.

EQUIPARACIÓN SALARIAL

Por otra parte, durante su comparecencia, Goicoechea aseguró que con el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado se garantiza la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos, que Partido Popular y Ciudadanos, dijo, ponen en cuestión.

Indicó que “para lo que nos comprometemos, hay dinero”, y así despejó algunas dudas que les formularon desde PP y Ciudadanos sobre este acuerdo que, como reconoció la subsecretaria de Interior, se firmó bajo Gobierno del PP pero que ahora es cuando se lleva a la práctica.

La diputada del PP que intervino en la Comisión, Marimar Blanco, cargó contra los Presupuestos porque “no se corresponden con la realidad sino con la realidad de los independentistas; y no satisfacen el interés general, sino el particular de Sánchez para mantenerse en Moncloa”.

Además, criticó que dejan a cinco millones de catalanes “desamparados” porque implica para Cataluña “menos efectivos de la Policía y la Guardia Civil”, fruto del “pago de la hipoteca de Sánchez a Torra”.

La también presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo afeó, sin respuesta, a la subsecretaria la foto “de la vergüenza” de la líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, con el “terrorista” Arnaldo Otegi cocinando el día de Nochebuena.