Pina insistió en la falta de imparcialidad de un tribunal que, por momentos, se ha presentado ante la opinión pública como garante de la unidad de España. «Mi ruego sería que a ustedes se les presumiera que son magistrados, no héroes nacionales».

Para ilustrar sus sospechas sobre el tribunal, el abogado trajo a colación los mensajes de Whatsapp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, que se felicitaba de la elección del presidente de la Sala, Manuel Marchena, para presidir el CGPJ y el Supremo, lo que facilitaría controlar por “la puerta de atrás” la sala que debía juzgar a los políticos independentistas

Al inicio de su intervención, Pina consideró que la celebración de este juicio en el Tribunal Supremo supone una vulneración del “derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la doble instancia penal», que queda cercenada al ser tribunal de casación el que está juzgando la causa. «Pido al tribunal que reconsidere la decisión de no aceptar que el TSJC sea la instancia de juzgue el ‘ procés'», solicitó de nuevo el abogado aunque esa posibilidad fue desechada en la vista de previo pronunciamiento celebrada en el Supremo.

El abogado rememoró también una expresión de juez instructor de la causa, Pablo Llarena, en un auto en el que aseguraba sentirse víctima del proceso. En concreto, el magistrado se refirió a “la estrategia que sufrimos”. «Cuando un magistrado utiliza la primera persona del plural es razonable que aquellos que reciben esa manifestación duden de su imparcialidad, de que esté en condiciones de poder instruir con la necesaria objetividad el asunto», explicó el abogado.

Pina planteó a lo largo de su intervención como hilo conductor lo que considera una «vulneración del derecho a un juez imparcial». En este sentido, dijo hablar con “pena” y siempre “desde el respeto más profundo a todos y cada uno de los señores y señoras de la sala y del resto de magistrados que han actuado en el procedimiento”.

Pese a ello, insistió, «es mi obligación denunciar aquello que objetivamente creo que se ha producido, no se lo tomen como una ofensa, es necesario que reflexionemos todos sobre las circunstancias que hacen que los acusados puedan temer respecto a la necesaria imparcialidad» del tribunal.

En concreto, el letrado glosó la actuación del magistrado del Supremo Francisco Monterde, vicepresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y miembro del tribunal que decidió sobre la libertad de sus clientes. Recordó que «la APM ha escrito tuits en la cuenta oficial de Cataluña y Nacional contra los acusados y con comentarios diversos sobre el procedimiento (…) lo único que he conseguido denunciando esto es que me hayan bloqueado» en la red social y ya no pueda ver lo que en ella se comenta sobre sus defendidos.

Pina se refirió a la posible denegación por parte del tribunal de la traducción simultánea del catalán, en favor de una tradución sucesiva, es decir, que cada frase pronunciada por los acusados sería traducida a continuación y no al mismo tiempo, invocando su derecho a expresarse en una de las leguas cooficiales del Estado.

“Mis defendidos hacen esta petición sin ninguna intención perturbadora”, simplemente, dijo, se expresan mejor en su lengua materna. “A mí me pasa también, pero yo voy a hacer un esfuerzo, lo estoy haciendo, lo voy a hacer, pero es que a mí no me piden 16 años de prisión”.

Contrario a la traducción sucesiva, Pina dijo que con este tipo de traducción “se pierde la espontaneidad” y advirtió al tribunal que de no ser tenida en cuenta su solicitud “dejaré denunciado el derecho vulnerado y su discriminación”. Un argumento que podría ser esgrimido en un hipotético recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El abogado de Rull, Turull y Sánchez pidió, además, la “suspensión del juicio por unos días” por no tener a disposición todo el acerbo probatorio admitido por la sala. Se refería a una serie de documentos solicitados a distintas administraciones que, por el momento, no han sido remitidas al tribunal. “No parece razonable empezar el juico sin tener las pruebas documentales. No estoy pidiendo nada del otro jueves”.

“Ellos (los acusados) preferirían un juicio lo más rápido posible, pero lo importante es respetar los derechos”, por lo que abogó por no sacrificar ninguno de esos derechos: “No nos tiene que importar si el día 26 de mayo hay una elecciones o la final de la Champion”, remachó.

Además, el abogado propuso al tribunal la aceptación de una nueva prueba que consiste en incorporar las estadísticas de los servicios de emergencia de la Generalitat que recogen las personas que fueron tratadas como consecuencia de las protestas y las intervenciones policiales.

Además, durante su intervención, reiteró la petición de que el rey Felipe VI y el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont acudan al Supremo a declarar. El abogado dijo que el Rey está exento de declarar pero que eso no quiere decir que «la ley lo prohíba». Sobre Puigdemont, solicitó la declaración del expresidente por viodeoconferencia, «aunque entiendo la incomodidad para el procedimiento». Al finalizar la intervención del letrado, el presidente de la sala acordó un receso de 45 minutos.

En los pasillos del Congreso de los Diputados y al hilo del comienzo del juicio contra los líderes del proceso independentista catalán de octubre de 2017, Rivera lo justificó como el enjuiciamiento de “aquellos que intentaron romper España” y dividieron familias y la sociedad catalana y deseó “que se haga justicia”, precisando que “justicia no es impunidad: es que no se indulta”.

“En vez de lamentarse, lo que tenían que hacer es haberlo pensado antes”, espetó sobre los procesados, antes de añadir: “Me comprometo a que, si soy presidente del Gobierno, no haya indultos ni impunidad para amigos del Gobierno o a cambio de escaños”. El líder de Cs llamó a respetar a los jueces y denunció que “algunos han intentado condicionar, meter presión a los jueces, acosarlos”, por haber instruido la causa en Cataluña.

Sobre el posible adelanto electoral, Rivera dijo que espera que el presidente del Gobierno “convoque elecciones cuanto antes”, porque “lo mejor es acabar con esta agonía”. En su opinión, los Presupuestos “pactados en la cárcel”, según los describió atribuyéndolos a la visita del líder de Podemos, Pablo Iglesias, al de ERC, Oriol Junqueras, a la cárcel de Lledoners, “ya son malos”, pero empeoran aún más “si eso hace que la legislatura agonice”. Por ello, concluyó, prefiere que “un nuevo Gobierno salido de las urnas haga los Presupuestos”.

Los policías impidieron a Rufián superar este perímetro porque se comprobó que no estaba entre los acreditados para asistir al juicio. En todo caso, las fuentes consultadas indicaron que el diputado de ERC podría haber franqueado este primer cordón si se hubiera identificado como parlamentario del Congreso, aunque, de haberlo hecho, tampoco podría haber entrado en el Supremo, ya que no se había acreditado para la sesión inaugural del juicio del ‘procés’.

En este sentido, entrevistado por TVE, Rufián sostuvo que los agentes no le habían dado ninguna explicación para impedirle el paso. “La respuesta es ‘no pasa nadie’. Es un escándalo”. Asimismo, desde la calle Génova, en las inmediaciones del Supremo, el diputado catalán dijo a los periodistas que «si fuéramos Vox nos dejarían pasar».

Según explicó, él y otros simpatizantes independentistas trataron de acceder a la Plaza de la Villa de París para atender a los medios de comunicación, pero no les dejaron pasar. Añadió que emplearon una hora en intentar acceder al Supremo, algo que no consiguieron.

Así lo aseguró en el Pleno del Congreso de los Diputados durante su intervención en el debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para defender el proyecto de cuentas públicas, en cuyo inicio se centró especialmente en referirse a las dos formaciones independentistas catalanas, que han presentado enmienda a la totalidad para rechazar el proyecto de cuentas públicas. La ministra criticó la “ensoñación” de estos partidos sobre “que el Gobierno iba a aceptar lo inaceptable a cambio de su apoyo”.

“Se equivocaron”, afirmó, añadiendo a continuación que sus exigencias son “radicalmente incompatibles” con el objetivo del Ejecutivo y que “es imposible que adoptemos medidas o actitudes ajenas a las competencias constitucionales o que atenten contra la división de poderes y los principios y valores fundamentales del orden constitucional”. En este sentido, Montero indicó que el Gobierno socialista “siempre ha apostado por la vía del diálogo político dentro del marco de la Constitución” y que “ese ha sido siempre el límite”.

Por otro lado, Montero señaló que “me hubiera gustado que este debate no se hubiera producido en la semana de inicio del juicio del ‘procés’”, al considerar que “ha podido influir en la polarización de los distintos posicionamientos políticos, dificultando en extremo el debate serio y reflexivo que se necesita en el debate sobre los Presupuestos que este país necesita”. En cualquier caso, la titular de Hacienda destacó el papel de la justicia “como poder independiente que organiza su actividad en los plazos que considera mejor”.

Además, la ministra también denunció el interés electoralista y la “irresponsabilidad de PP y Ciudadanos” y que, ante la mayoría parlamentaria que suman las formaciones que han presentado enmiendas a la totalidad a los Presupuestos, “todo indica que el independentismo votará en contra de unos PGE sociales buenos para Cataluña y la derecha en contra de unos PGE sociales buenos para España”. “Viven más en la confrontación que en las soluciones”, les echó en cara a las cuatro formaciones.

Montero reivindicó el espíritu del consenso y del diálogo como guía para avanzar como sociedad 40 años después de la aprobación de la Constitución, y criticó por ello a quienes elogian al expresidente del Gobierno Adolfo Suárez «pero se muestran en las antípodas con su comportamiento» y vierten «la misma catarata de insultos y descalificaciones» que él sufrió pero ahora contra Pedro Sánchez.

Juzgó «lamentable» que algunos partidos se intenten erigir como «propietarios» de la Constitución, que solo pertenece a los ciudadanos. «No tienen derecho a utilizarla ni a manosearla como arma arrojadiza para generar enfrentamiento y división», les dijo. En ese sentido, alertó de que algunas posiciones «no se sostienen», como acusar de ilegitimidad a un gobierno elegido por un proceso plenamente constitucional, como es la moción de censura.

Llamó por ello a la responsabilidad y aseguró que el Gobierno se siente obligado a tratar de «revertir esta situación, rebajar la tensión y reconstruir puentes», como considera que le compete a todas las formaciones políticas, ya que «la mayoría de españoles quiere rebajar la crispación y encontrar una solución pacífica y dialogada» a la situación en Cataluña.

Horas antes de que el Congreso de los Diputados inicie el debate de las enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, el presidente publicó varios mensajes en su perfil oficial de la red Twitter.

«Tras 7 años de injusticia social, las derechas y el independentismo votarán en contra de unos Presupuestos sociales», indica, para agregar que «ambos quieren lo mismo: una Cataluña enfrentada a sí misma y una España enfrentada a sí misma».

Tras 7 años de injusticia social, las derechas y el independentismo votarán en contra de unos #PGE sociales. Ambos quieren lo mismo: una #Cataluña enfrentada a sí misma y una #España enfrentada a sí misma. Nosotros trabajamos por una Cataluña en convivencia para una España unida.

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 12 de febrero de 2019

Por el contrario, el jefe del Ejecutivo asegura que ellos trabajan «por una Cataluña en convivencia para una España unida». «Dentro de la Constitución, el PSOE propuso una comisión de política territorial en el Congreso y una mesa de partidos catalanes en el Parlament», pero «las derechas nunca participaron. El independentismo nunca creyó en ellas. Viven mejor en la confrontación. Tienen miedo al diálogo», denuncia.

Dentro de la Constitución, el @PSOE propuso una comisión de política territorial en el Congreso y una Mesa de partidos catalanes en el Parlament. Las derechas nunca participaron. El independentismo nunca creyó en ellas. Viven mejor en la confrontación. Tienen miedo al diálogo.

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 12 de febrero de 2019

Por último, Sánchez insiste en que la moción de censura que le aupó al Ejecutivo «supuso un cambio de época: si queremos conquistar el futuro como país, la España cabal, moderada y progresista debe dar un paso adelante. Dará un paso adelante», concluye.

En la legislación española está establecido que el tribunal juzgador no puede estar compuesto por jueces que hayan participado en la tramitación de alguna de las partes del proceso, y aunque la admisión a trámite no entra a analizar el fondo de la cuestión, las defensas consideran que su posición en ese momento ‘contamina’ a Marchena.

Está también en el aire el lugar que ocuparán en la sala de vistas los 12 acusados. A raíz de una petición formulada por la expresidenta del Parlament Carme Forcadell para poder estar junto a su abogado durante el juicio, el tribunal accedió a que se pudieran sentar en el estrado y no en el banquillo, situado en el centro de la sala.

Pero esta inusual decisión no satisface a todos los acusados. Los exdirigente del PDECat consideran que sentarse detrás de los abogados no les permitirá consultar con ellos durante la vista y sólo se plantean aceptar si pueden colocarse junto a los letrados que les representan. Si no lo consiguen, probablemente, optarán por situarse en el banquillo.

Las defensas reconocen que hay pocas probabilidades de que se anule el juicio y por ello tienen preparadas otras peticiones. Entre ellas, una de las más destacadas porque podría suponer la suspensión temporal de la vista, es la que se refiere a las pruebas documentales admitidas por el tribunal y que aún no están en su poder.

Las defensas reclamarán tener acceso a esa documentación antes de que comience el interrogatorio de los acusados. Entienden que esta es una garantía procesal que no puede pasarse por alto. Mientras los acusados de ERC piensan solicitar la suspensión de la vista hasta la llegada de las citadas pruebas, los del PDECat dejarán al juicio del tribunal la decisión, aunque siempre denunciando que se incurriría en indefensión.

En concreto se trata de 54 pruebas documentales aceptadas que aún no han llegado a manos del tribunal y que, por tanto, no han podido ser estudiadas. Es posible que no estén a disposición de las partes este martes y, en cualquier caso, consideran que no tienen tiempo suficiente para estudiarlas antes de los interrogatorios.

El tribunal se pronunció sobre este asunto la pasada semana, negandose a suspender el inicio del juicio. Los magistrados explicaban que “hablar de prueba documental anticipada para referirse a los documentos que han sido reclamados, supone distanciarse del genuino significado procesal de la prueba anticipada”, que está contemplado para supuestos de previsible irrepetibilidad de una determinada declaración testifical.

En el trámite de cuestiones previas, las defensas también solicitarán la incorporación de una serie de pruebas que han sido rechazadas en el auto de admisión de prueba dictada la semana anterior. Insistirán en la pertinencia de ciertas testificales, entre ellas la del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que se ofreció a testificar por videoconferencia. El tribunal considera que no es pertinente esa declaración puesto que Puigdemont se encuentran huido de la justicia.

También insistirán que testifique el expresidente del Parlament Joan Rigol para que detalle su tarea de mediador con los partidos PSOE y PP para negociar la organización y celebración de un referéndum el 9 de noviembre de 2014. El tribunal lo rechazó porque en este juicio no se dirimen hechos relacionados con el 9-N.

Además, la defensa del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, pidió la declaración del senador del PP Ignacio Cosidó, para que explique qué intervención o conocimiento tuvo el presidente del Tribunal de enjuiciamiento, Manuel Marchena, en las decisiones de configuración del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los pactos políticos llevados a cabo al respecto, así como para que relate qué comunicaciones o reuniones ha tenido con dicho magistrado “a fin de acreditar elementos sobre los que se fundamentan cuestiones previas por vulneración del derecho al juez imparcial”.

En ese sentido, las defensas pondrán en duda la imparcialidad del juez instructor, Pablo Llarena, y pedirán “determinar la existencia de vicios en el procedimiento con incidencia en la imparcialidad del órgano de instrucción y de enjuiciamiento así como para fundamentar alegaciones de vulneración del derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley y el derecho a un proceso con todas las garantías”.

Fuentes policiales informaron a Servimedia de que el centenar de agentes se dedicará a proteger el lugar donde se celebrará el juicio del ‘procés’. Al mismo tiempo, las fuentes consultadas indicaron que para el juicio también se reforzará la seguridad de los jueces y fiscales que participarán en el proceso.

El que fuera vicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras se enfrenta a una pena de 25 años de cárcel como cabeza visible del `procés´ en el juicio que comienza este martes en el Tribunal Supremo. La Fiscalía solicita en total 176 años para los 12 acusados, entre los que están también la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el entonces líder de ANC, Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y ocho exconsellers del Gobierno que presidía Carles Puigdemont.

Si como todo indica el Congreso rechaza las cuentas que presentará el Ejecutivo, fuentes gubernamentales y socialistas indicaron a Servimedia que el presidente decidirá este «miércoles» cuándo serán las generales. Pero en tal caso, desde el Gabinete que dirige Pedro Sánchez apuntaron a esta agencia que “no hay elecciones” para el 14 de abril. Precisamente, la publicación de esa fecha generó cierto revuelo y levantó las alarmas en presidentes y líderes territoriales del partido.

Alguno lo veía como “un tiempo para los psiquiatras” por la velocidad de los acontecimientos y por el empleo de amagar de manera “muy fuerte” con elecciones dentro de poco y antes de las autonómicas del 26 de mayo, solo por enviar un “mensaje” a los partidos independentistas para que apoyen los Presupuestos.

La sorpresa de que abiertamente se diera cita para las generales saltó antes de que la portavoz parlamentaria y vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, compareciera en Ferraz “reventando” el mensaje contra la manifestación del PP, Ciudadanos y Vox que quería lanzar, según reconocieron fuentes socialistas.

Así, desde la dirección socialista insistían en que “primero hay que decidir si vamos a elecciones” que según aseguraban a Servimedia, “no hay nada decidido” y dependerá del debate presupuestario. Pero en todo caso veían “muy precipitado” hablar de fechas porque todavía no habían llegado a esa pantalla.

Esta situación desveló, según fuentes de Ferraz, que la puesta en circulación de fechas para las generales se ha lanzado desde Moncloa sin tener en cuenta la estrategia del partido y recuerdan que el PSOE es el “instrumento” para continuar al frente del Ejecutivo. “El Gobierno pasa, el partido lleva 140 años”, recuerdan.

Si bien, desde el Gabinete de Sánchez insisten en que el presidente es quien está al frente de la estrategia y que sólo él decide la fecha de las elecciones, ahora más aun pues lleva el “todo control” de la situación tras el portazo de las negociaciones con los partidos independentistas.

El presidente siempre ha tenido marcado el debate sobre las enmiendas a la totalidad como el trance que marcará el futuro su legislatura. Así, fuentes gubernamentales indicaban ya en diciembre que para el Gobierno era “importante” presentar los Presupuestos, pero “más aún salvar” el debate de las enmiendas a la totalidad para «evitar la imagen» de que el Congreso devuelve el proyecto. Algo así podría abocar a Sánchez a convocar elecciones generales, pero por si acaso en La Moncloa tenían y tienen ya preparado como argumento que “son los demás los que no les dejan implantar las medidas sociales” anunciadas, lo cual usarían también como mensaje electoral. Pero seguian con la estrategia de «partido a partido», a la espera de ver el transcurrir de los acontecimientos.

El PSOE está desde principios de año en clave “electoral”, no tanto por la cita ya prevista del 26 de mayo con elecciones municipales, autonómicas y europeas, sino porque en ellas se examina “la papeleta” de Sánchez, esté o no sobre la mesa. De hecho, el presidente está desarrollando una intensa agenda con actos casi todos los sábados y domingos de 2019 para palpar el ambiente en los territorios y movilizar las estructuras. Este sábado se prepara un acto en Sevilla y el domingo en Mérida.

Torra y Torrent encabezaron este martes la protesta, acompañados de otros políticos como los diputados Joan Tardá y Gabriel Rufián. “Decidir no es delito”, rezaba la pancarta que portaban en las inmediaciones del Tribunal Supremo, rodeados de un amplio dispositivo de seguridad, que no permitió acceder a los manifestamtes a la plaza de la Villa de París, frente al Alto Tribunal.

Tras participar en la concentación, Torra fue recibido por el presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. Este saludo protocolario es habitual con las autoridades públicas españolas que acuden al Palacio de Justicia en visita no institucional.

En el acto, que ha tenido lugar en el despacho oficial del presidente del Supremo (rotonda), también han estado presentes el vicepresidente del Alto Tribunal, el conseller de Territorio la Generalitat, Damià Calvet, y el delegado de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell.

Por su parte, Torrent no podrá estar presentes en la sala de vistas porque está citado como testigo en la causa. Solo tras su declaración podrá entrar a presenciar el juicio.

Al mismo tiempo, otro grupo reducido de personas, que portaban banderas de España, se manifestaban, en la calle Génova esquina con calle Marqués de la Ensenada, por la «unidad de España».

El grueso de los testigos lo integra la lista de 256 solicitados por la Fiscalía, incluyendo a los cinco exmiembros del Ejecutivo central, del catalán y del vasco. Para Rajoy, será su segunda declaración como testigo ante un tribunal. La primera se produjo el 27 de julio de 2017 con motivo del juicio celebrado en la Audiencia Nacional por la primera etapa de la ‘trama Gürtel’, entre los años 1999 y 2005.

Durante la vista también deberá comparecer al actual vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés. En el momento en que se produjeron los hechos que se someten a juicio, Aragonés era secretario de Economía y mano derecha de Oriol Junqueras en el Ejecutivo catalán.

MOSSOS D’ESQUADRA

También están llamados a testificar el exalcalde de Barcelona Xavier Trías, el que fuera Mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana, estos dos últimos procesados por rebelión y sedición, respectivamente, en la causa que se investiga en la Audiencia Nacional por la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y por el asedio a la sede de la Consejería de Economía el 20 y 21 de septiembre. También será citado el exjefe de los Mossos que sustituyó a Trapero, Ferrán López.

Igualmente, están llamados a declarar el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, y los diputados Gabriel Rufián y Joan Tardá, todos ellos pertenecientes a ERC. El tribunal también aceptó llamar a la excoordinadora general del PDECat Marta Pascal, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y al exdelegado de Gobierno en Cataluña Enric Milló.

En esa larga lista de testigos también figura un nutrido grupo de diputados del Parlament en el momento de la Declaración de Independencia de Cataluña (DUI). Entre ellos destacan el músico Lluis Llach, el exportavoz de En Comú Podem Xavier Domenech o el magistrado que colaboró en la elaboración de una Constitución para Cataluña, Santiago Vidal, que acabó siendo suspendido de funciones por el CGPJ. Además, el tribunal escuchara el testimonio de los cuatro exconsejeros de Puigdemont que dimitieron el pasado mes de julio y los exmiembros de la Mesa de Parlament procesados por el juez Pablo Llarena y que finalmente serán juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ), con excepción de Ramona Barrufet.

Además de decenas de policías, guardias civiles y ciudadanos que sufrieron heridas durante esos días, declarará como testigo la letrada judicial del juzgado número 13 de Barcelona Montserrat Toro, que se vio obligada a salir de la Consejería de Economía a la que acudió con el mandato judicial de hacer un registro por los tejados del edificio tras más de 20 horas de asedio y la imposibilidad de abandonarlo por la puerta como consecuencia de las protestas ciudadanas que se produjeron el 20 de septiembre de 2017.

El tribunal escuchará también al secretario general de la UGT, José María Álvarez Suárez, al que fuera número dos del exvidepresidente de la Gneralitat Josep María Jové, al exsecretario de Hacienda catalán Josep Lluís Salvado y a los observadores internacionales que asistieron a la jornada del 1-O.

TESTIGOS RECHAZADOS

La Sala Segunda del Tribunal rechazó solamente el testimonio de 40 de los propuestos por las defensas, un 6,7% de todos los solicitados. Entre los excluidos está el Rey, que había sido propuesto por Jordi Sànchez, “porque lo prohíbe expresamente el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. Tampoco ha admitido el testimonio del jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, “al no admitir nuestro sistema el ‘testigo por sustitución’”.

También han sido rechazadas las 18 propuestas testificales del presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, que incluían a los relatores de Naciones Unidas Jody Williams y Ahmed Galai, a premios Nobel de la Paz; al lingüista Noam Chomsky o el historiador Paul Preston, dos de las personalidades internacionales que habían firmado el manifiesto `Let Catalans Vote´.

Tampoco declararán el exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, el expresidente catalán Carles Puigdemont y algunos de los procesados que están declarados en rebeldía y huidos de España, porque es incompatible con su condición de procesados.