Campuzano hizo estas consideraciones en la puerta del Tribunal Supremo, donde acudió a la jornada de hoy del juicio contra los líderes del proceso independentista de octubre de 2017. Sobre el juicio en sí, aplaudió como “complementarias” y “muy eficaces” las dos estrategias de las defensas del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el exconsejero de Interior Joaquim Forn, la primera más política y la segunda más técnica.

En su opinión, ambas “ponen claramente en evidencia que nada de aquello que el Govern de Cataluña hizo en octubre de 2017 puede ser susceptible de se considerado como rebelión o sedición”, y las acusaciones “van a ser incapaces de demostrar por la vía de las pruebas” estos delitos.

Ya sobre el posible adelanto electoral que Sánchez podría anunciar mañana, Campuzano dijo que el presidente “debe valorar si tiene tiempo político para intentar hace factibles y reales alguna de las promesas con las que el PSOE concurrió a las elecciones”, como las referentes a pensiones, reforma laboral, educación y Ley de Seguridad Ciudadana.

“El Gobierno debe saber que el PDECat está por trabajar esos proyectos”, le anunció. “Él tendrá que ver si quiere trabajarlos o prefiere ir a elecciones”. Y, por si fuera poco, le dijo que también debe valorar “si es razonable entrar en una campaña electoral con este juicio en marcha”.

Por otra parte, Campuzano calificó de “argumento de parvulario” que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, haya acusado a los grupos independentistas de actuar con “fines partidistas” al tumbar los Presupuestos, dado que todas las formaciones “tienen su perspectiva política”, y enjuició que las cuentas públicas tampoco cumplían con las previsiones de inversiones establecidas en el Estatuto.

Finalmente, desmintiendo informaciones publicadas al respecto, aseguró que en su trabajo “hasta el último minuto” para “consolidar el diálogo” y “facilitar la tramitación de los Presupuestos”, los diputados del PDECat tuvieron el apoyo del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de la consejera Elsa Artadi.

En la plantilla del centro hay 58 fisioterapeutas para todos los turnos y para los tres centros (La Paz, Carlos III, Cantoblanco) que forman el complejo hospitalario, según el sindicato. El Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés, por su parte, tiene una lista de espera de cinco meses para citar en cualquiera de las técnicas que ofrece el Servicio de Fisioterapia.

Estas demoras se extienden a otros hospitales de la región, como el de Móstoles, donde, con 21 fisioterapeutas, la espera es deseis meses para magnetoterapia porque sólo dispone de un equipo para aplicar esta técnica. Los pacientes esperan cinco meses para que les apliquen ‘tens’ y tres meses para ultrasonidos, según CCOO.

Ante esta situación, el sindicato considera “una urgencia” aumentar las plantillas de fisioterapeutas en el Sermas. En la actualidad hay 838 fisioterapeutas en sus hospitales y centros de Atención Primaria, pero de éstos habría que restar 70 que atienden a los alumnos con necesidades especiales en los colegios públicos de la región.

El sindicato estima que haría falta duplicar el número de profesionales para aliviar el “colapso” existente en los hospitales. Sin embargo, en Atención Primaria, cree que sería necesario llegar a al menos los 800 fisioterapeutas más.

Este domingo se realizará el examen para las 208 plazas ofertadas de fisioterapeutas, con un total de 3.888 aspirantes. CCOO considera que esta cifra es “absolutamente insuficiente” para dar respuesta a las necesidades del servicio ante la “cronicidad y dependencia” que, cada vez más, afecta a los mayores españoles.

“Claro, al partido del que soy miembro y fundador”, respondió Errejón con naturalidad cuando se le preguntó al respecto en una entrevista en LaSexta recogida por Servimedia, en la que también aseguró, como en otras ocasiones, que “’Más Madrid’ es un proyecto para continuar el cambio en la ciudad de Madrid y extenderlo a la región”, por lo que despejó “de forma muy rotunda” cualquier especulación sobre si la plataforma se presentará a las elecciones generales.

A preguntas de esta agencia, Errejón utilizó la misma lógica de que está centrado en su candidatura para no comentar si, tras la ruptura de la mayoría parlamentaria de la moción de censura por el no de los grupos independentistas a los Presupuestos, para la próxima legislatura habría que intentar un acuerdo con el PSOE y Ciudadanos.

“No va a decir qué hay que hacer a nivel estatal”, indicaron fuentes cercanas al candidato, que no obstante puntualizaron que Errejón, como diputado, no defendió nunca esa opción. “De eso siempre hubo rumores que pusieron a correr partes interesadas. Pero en ninguna reunión orgánica ni en ninguna declaración pública el defendió eso”, aclararon.

La única reflexión que trasladó a LaSexta sobre el rechazo a los Presupuestos y el fin de la legislatura es que “cuando algo no sale bien siempre hay muchas responsabilidades”. En concreto, él cree que “el Gobierno tendría que haber sido un poco más persistente y generoso en la búsqueda de los Presupuestos”, pero añadió que le gustaría que los partidos que han votado no, entre cuyos votantes también hay personas que habrían resultado favorecidas, le “explicaran en qué beneficia a los ciudadanos” su rechazo.

“No sé cuál es el plan, si piensan que del bloqueo va a salir una solución mejor”, comentó, manifestando que siente un ‘dejà vu’, que esta situación ya la ha vivido, y que la solución no es repetir elecciones como en 2016 sino “aprender a ponernos de acuerdo”, porque de lo contrario España puede estar una década «repitiendo elecciones», con “legislaturas cortas” y “fuegos artificiales”.

Marchena garantizó que se puedan expresar en catalán, pero advirtió que si deciden hacerlo en castellano, eso no puede ser alegado como motivo de indefensión. «La sala reconoce las razones de carácter emocional de hablar en su propia lengua materna». Recordó, además, que a lo largo de toda la instrucción de la causa los acusados se han expresado “exclusivamente en castellano y no se ha hecho la más mínima reivindicación de utilizar la lengua catalana».

El presidente de la sala explicó que en este momento se van a centrar en cuestiones que tienen solución ahora. Otras estaban ya resueltas en el auto de admisión de pruebas y se mantiene su rechazo. El tribunal ha acordado no responder a alegaciones sobre derechos fundamentales tales como el derecho de libertad de expresión, de manifestación o de autodeterminación.

Sobre las reiteradas peticiones de las defensas de incorporar la documentación que consta en otras causas, como la de la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona, Marchena indicó que de acuerdo con lo ya manifestado en el Auto de febrero de 2019, el Tribunal “formará convicción exclusivamente de las pruebas practicadas en el juicio oral”. Este criterio, subrayó el presidente de la Sala, “es el que va a presidir todo el desarrollo del juicio”. Asimismo, Marchena indicó que esta causa “no puede ser destino incondicional de lo investigado en otros procedimientos”, ya que “provocaría un aluvión documental que generaría una metástasis procesal que provocaría para los procesados una merma de su derecho de defensa”.

PETICIONES DE SUSPENSIÓN Y LIBERTAD

Respecto a la suspensión del procedimiento hasta que se incorpore toda la documentación, solicitada por las defensas, “la sala esta especialmente concernida con el derecho a un proceso sin dilaciones y el derecho a ser enjuiciado en un plazo razonable” y “lo que no vamos a hacer”, explicó Marchena, es que esta petición “represente una quiebra del derecho de defensa”. Por esta razón, continuó, “estamos abiertos” a que una vez finalizado el interrogatorio a los acusados, si aún faltase documentación, “abriríamos un segundo interrogatorio respecto a esas preguntas que por falta de incorporación de esos documentos todavía no han podido formularse”. Para así, resaltó el presidente del Tribunal, “descartar cualquier incapacidad de las defensas”.

Por otra parte, Marchena rechazó las peticiones de libertad de las defensas de los nueve acusados que se encuentran en prisión provisional, “en la medida en que no se han observado que se hayan modificado los presupuestos que legitiman esta medida cautelar” subrayó el magistrado, ya que “la sala entiende que se trataba de garantizar su presencia en el juicio” y resaltó que se trata de una medida “provisional”.

Respecto a la ubicación de los acusados en el banquillo o al lado de sus defensores, Marchena explicó que si consideraban que su defensa era “más efectiva” colocándose en los sillones detrás de sus abogados podrían hacerlo, pero, agregó, los que opten por quedarse en el sitio “no pueden seguir con el trasiego de documentos”. Finalmente, los doce acusados rechazaron colocarse junto a sus defensores.

Además, Marchena rechazó la aportación del video de las declaraciones en la BBC de la secretaria de Estado para la España Global, Irene Lozano, ya que “en modo alguno”, subrayó, “va a servir para formular convicción sobre los hechos”. Asimismo, resaltó que “ninguno de los miembros de la sala lo ha visto” y “puede prescindir de las valoraciones” de Lozano. En cambio, el tribunal si aceptó la prueba documental solicitada por el abogado de Jordi Sánchez, un pendrive con imágenes del 1-O y el informe de contraste sobre el número de heridos aquel día, en relación con otras manifestaciones que se han celebrado en Cataluña.

También se pronunció Marchena sobre la petición de la defensa de Jordi Cuixart de impugnar la acusación de la Abogacía del Estado respecto al delito de sedición. El magistrado expresó que este delito “está construido a partir de una relación concursal con el delito de malversación”, lo que construye una “unidad de delito” entre los gastos que la abogacía aprecia en relación al 1-O y la propia celebración del referéndum. “De modo que no se puede restringir la acusación solo al delito de malversación”, añadió.

Respecto a la petición de la defensa de Cuixart para eliminar las valoraciones ideológicas que Vox, acusación popular, incluye en su escrito de acusación, el magistrado indicó que “no va a ser posible un debate ideológico”, ya que “no nos podemos zambullir en el escruto de acusación para decir esto sí o esto no, para evitar cualquier riesgo de que la sala perfeccione el escrito provisional de acusación”. En consecuencia, “el escrito de la acusación popular no va a ser tocado”, subrayó. En este sentido, apuntó que en todo caso esta tarea sí que hubiera sido competencia del juez instructor, Pablo Llarena, quien, si se hubiera solicitado, “podía permitir la posibilidad de filtrar y prescindir de algunos contenidos extravagantes e impropios de un escrito de acusación”.

PUIGDEMONT Y ZOIDO

Por otra parte, respecto a los testigos planteados por las defensas. El tribunal admitió la declaración como testigo del que fuera ministro del Interior del Partido Popular Juan Ignacio Zoido, que había sido solicitada por Javier Melero, el abogado del que fuera exconseller de Interior Joaquin Forn. A su vez, el tribunal rechazó que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont declare por videoconferencia. «En un proceso penal no se puede venir por la mañana de acusado y por la tarde de testigo; es inviable y conceptualmente imposible en el proceso penal”, Marchena. Esta decisión, aclaró, “se proyecta sobre el resto de investigados huidos”.

El magistrado apuntó que caso diferente “es que otros acusados en otros procedimientos distintos puedan ser llamados a este como testigos, con la prevención de que podrán reservarse la respuesta y el deber de decir verdad si la respuesta va contra sus intereses de defensa. Seamos serios, en un procedimiento penal no se puede ser al mismo tiempo acusado y testigo, eso es así», concluyó.

En último lugar, Marchena rechazó la petición de la defensa de Forn de incluir una percial de una persona experta en otros conflictos de naturaleza similar para informar de un dispositivo policial en manifestaciones. “La sala no lo va a aceptar por una razón muy sencilla”, explicó, “se propone como contraprueba al informe de inteligencia del Ministerio Fiscal, pero este informe no fue admitido”. En este sentido, añadió, “la sala solo va a admitir preguntas sobre hechos de conocimiento cierto y no valoraciones”. En consecuencia, “quienes van a declarar como testigos expertos solo pueden responder sobre lo que vieron con sus sentidos filtrado por su experiencia”.

De esta manera, tras 50 minutos pasados desde el inicio de la sesión, a las diez de la mañana, Marchena concluía la fase de cuestiones previas para dar paso a la fase de interrogatorio. En ese momento, el abogado de Junqueras manifestó su “protesta” por las cuestiones que consideraba que no habían sido respondidas a lo que el presidente de la Sala respondió que “no admite estrategias dilatorias” y que todas las cuestiones tendrán “una respuesta pormenorizada en la sentencia”. “Hemos tomado conocimiento de todo lo que han aportado en el ejercicio del derecho de defensa y todo lo hemos estudiado en profundidad”, concluyó.

Sánchez ha postergado hasta el viernes, después del Consejo de Ministros, la comunicación del devenir de la legislatura, después del rechazo a las cuentas publicas. Fuentes gubernamentales justificaban este plazo de 48 horas para que cale la doble foto brindada por la situación política. «Se asiente» la situación y llegue el mensaje a la ciudadanía, indicaban.

Por un lado, que pese a las críticas y aseveraciones de muchos, «no han cedido a los independentistas» como prueba que ERC y PDECat defendieron hasta el final sus enmiendas a la totalidad y de ahí que no haya Presupuestos. Y, por otro, que la derecha parlamentaria de PP y CS están votando «lo mismo» que los independentistas y manteniendo la misma postura, es decir, son capaces de «aliarse» con los que acusan de «querer romper España» con tal de sacar a Sánchez del Ejecutivo. Sumado a la ‘foto’ de las tres derechas por fin juntas en la manifestación de Colón

Fuentes próximas a Sánchez reconocen que les han brindado el «relato» para presentarse ante los ciudadanos en una campaña electoral, ante las más que probable previsión de que el presidente convoque el viernes elecciones generales. Así, sostienen a Servimedia, ya tienen ese rol de «víctima» que sabe defender Sánchez y que ya potenció durante las primarias internas del PSOE, cuando se enfrentó a Susana Díaz y a todo el aparato y los históricos del PSOE.

En este escenario, dentro de la «hoja de ruta» que aseguran en su equipo que mantiene Sánchez, el próximo martes 19 el líder del PSOE presenta su libro ‘Manual de resistencia’, en un momento elegido de forma premeditada.

El presidente siempre ha tenido marcado el debate sobre las enmiendas a la totalidad como el trance que marcaría el futuro su legislatura. Así, fuentes gubernamentales indicaban ya en diciembre que para el Gobierno era «importante» presentar los Presupuestos, pero «más aún salvar» el debate de las enmiendas a la totalidad para «evitar la imagen» de que el Congreso devuelve el proyecto.

Algo así podría abocar a Sánchez a convocar elecciones generales, pero por si acaso en La Moncloa tenían y tienen ya preparado como argumento que «son los demás los que no les dejan implantar las medidas sociales» anunciadas, lo cual usarían también como mensaje electoral. Pero seguían con la estrategia de «partido a partido», a la espera de ver el transcurrir de los acontecimientos.

El PSOE está desde principios de año en clave «electoral», no tanto por la cita ya prevista del 26 de mayo con elecciones municipales, autonómicas y europeas, sino porque en ellas se examina «la papeleta» de Sánchez, esté o no sobre la mesa. De hecho, el presidente está desarrollando una intensa agenda con actos casi todos los sábados y domingos de 2019 para palpar el ambiente en los territorios y movilizar las estructuras. Este sábado se prepara un acto en Sevilla y el domingo en Mérida.

En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, explicó que el presidente «tomará una decisión» el viernes y la comunicará al Consejo de Ministros, y «no podemos ni debemos interpretar una competencia que solo tiene él». Recordó, sin embargo, que el propio Sánchez reconoció hace tiempo que sin ese instrumento (PGE) «el tiempo se acortaba».

Denunció que han sido «extraños compañeros de viaje, los independentistas y las derechas», los que han cerrado la puerta a la posibilidad de que los Presupuestos al menos se tramitaran en el Congreso de los Diputados.

Calvo reconoció que en el Gobierno y en el PSOE hay, «como es lógico en política, todo tipo de comentarios y posicionamientos» sobre la conveniencia o no de adelantar esas elecciones generales, y hacerlas coincidir o no con las europeas, autonómicas y municipales de mayo. Subrayó que el presidente mantiene «intacta» su convicción de que España «necesita reformas” y de que él llegó al Gobierno «para cambiar las cosas», si bien «no lo puede hacer con el cierre que hoy se ha producido» a los Presupuestos. «No tiene ese instrumento y el tiempo se acorta», reconoció.

Dejó claro que el Gobierno no se arrepiente de sus últimas decisiones, tampoco de aceptar un relator en la mesa de partidos sobre Cataluña, porque era «simplemente una persona para ayudar al trabajo de otras», y no fue «aceptación ni renuncia ni ninguna palabra grandilocuente».

Reiteró, además, que el diálogo es «la única fórmula» para resolver problemas, y «si algunos no quieren diálogo tienen que decir qué es lo que quieren». «Algunos sacan rédito electoral de esa constante crispación», denunció, pero para superar los problemas «solo hay una vía, seguir dialogando, eso sí, en el marco de la Constitución y de la ley». La del relator, sentenció, fue solo «una polémica nominal y bastante en falso porque tratábamos de ordenar un diálogo que es necesario».

Acusó a la oposición de «estar enfrentando constantemente a Cataluña con España y a España con Cataluña desde hace años», como prueba el hecho de que el PP llegara al Gobierno con el 10% de voto independentista en Cataluña y lo dejara en el 47%, «no supo manejar la situación», e insistió en que Sánchez «no tenía vinculados” los Presupuestos con un diálogo «con el que hay que seguir trabajando una salida política para Cataluña en el marco de la ley».

Aseguró que el Gobierno ha mantenido en todo momento esa voluntad de diálogo pero el independentismo piensa que la autodeterminación es «un derecho», aunque «no existe» en el orden constitucional español ni en ninguna democracia.

En el puesto de Rodríguez, se ha situado a José Zaragoza, diputado por Barcelona y responsable de Internacional en la dirección, como portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores en el Congreso.

Rodríguez expresó la semana pasada, junto al diputado y expresidente manchego, José María Barredas, críticas contra el Gobierno socialista que lidera Pedro Sánchez por la figura del relator en las negociaciones con las formaciones independistas.

Al relevo de Rodríguez se suma que hace unos días la dirección decidió cesarle como vocal suplente de la Diputación Permanente, puesto que ocupará ahora Carlota Merchán, diputada por Madrid afín a la dirección y quién sustituyó Pedro Sánchez, nombrada portavoz de la Agenda 2030.

Barreda trasladó este jueves que conoció su cambio por la prensa pero que no tiene sentido pedir explicaciones a la dirección “si no se han tomado la molestia de hablar a priori”, aspecto que echó “en falta”.

Desde la dirección del PSOE, según fuentes consultadas por Servimedia, tampoco se ha comunicado a Rodríguez este cambio. Añaden que la exportavoz parlamentaria sí continúa como presidenta de la Comisión Mixta para la Unión Europea, lo que implica preservar el grueso de su retribución.

Así lo señaló en una entrevista en Cope recogida por Servimedia, en la que indicó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciará el viernes su decisión sobre la convocatoria de elecciones pero que éstas se celebrarán «a lo largo de 2019, seguro».

«No se puede comparar tener unos Presupuestos con los que un Gobierno se siente cómodo que unos que no son tuyos», aseguró la ministra, quien apuntó que el uso de decretos «está limitado a cuestiones de urgente necesidad».