Lo dijo en los pasillos del Congreso de los Diputados, después de que la Fiscalía Provincial de Madrid haya solicitado tres años y tres meses de prisión para Cifuentes por un delito de falsedad en documento oficial, ya que el Ministerio Público la considera inductora de la falsificación de un acta que certificaba su máster.

Aunque admitió que no ha tenido la oportunidad de ver en detalle esta petición de prisión, remarcó que “lo cierto” es que Cifuentes “no forma parte” de la estructura de actuales líderes del PP.

En este sentido, fuentes populares consideraron “un asunto privado” todo lo relativo al máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid y la responsabilidad de la cúpula del PP es velar por lo que pasa en el partido y no fuera de sus filas.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, reaccionó así después de que el titular del juzgado contencioso-administrativo número 3 de Madrid, José Yusty Bastarreche, acordase la suspensión del permiso para exhumar a Franco dado por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, donde está la Basílica del Valle de los Caídos, al entender que no está garantizada la seguridad de la operación y no se da la urgencia que el Gobierno esgrime para actuar en este caso.

“Es un nuevo tropiezo”, sentenció González, para quien “da la sensación de que el Gobierno ha actuado con mucha imprevisión”. Se trata, en palabras de la portavoz del PP, de “otro impedimento más en este proceso de disparates, por así decirlo, que estamos viendo en estas últimas semanas del Gobierno socialista y que esperamos que en las urnas tengan su final definitivo”.

El diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz respondió así en los pasillos del Congreso al ser preguntado por la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid de suspender cautelarmente el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial que concedía la licencia urbanística para intervenir en el Valle de los Caídos y exhumar los restos de Franco.

Díaz acusó a Sánchez de haber primado una decisión que «no sabemos qué aporta» a los españoles y de haberla utilizado «como comodín electoral». Cuando un presidente está «permanentemente mirando al pasado» y no pensando en medidas de futuro, concluyó, pasan estas cosas.

Fuentes del Gobierno informaron a Servimedia de que el expediente para trasladar los restos del anterior jefe del Estado “continúa su curso” y “observando los plazos y resto de garantías procedimentales”. Según el Ejecutivo, “los juzgados de lo contencioso-administrativo no son competentes para resolver sobre los acuerdos que adopta el Consejo de Ministros, sino el Tribunal Supremo”, en referencia a que fuera el Gobierno el que acordara sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos.

El Gabinete de Pedro Sánchez añade que el auto del juzgado contencioso-administrativo número 3 de Madrid “afecta a las actuaciones urbanísticas acordadas por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y declara su suspensión cautelarísima, es decir, sin ni siquiera haber escuchado al Ayuntamiento”.

“EJEMPLO DE OBSTRUCCIONISMO”

Además, el Gobierno destaca que en el propio auto “se conceden tres días al Ayuntamiento para que efectúe alegaciones en el marco de las medidas cautelares solicitadas por el demandante”.

Se añade que la demanda que ha dado objeto a esta suspensión judicial es “un nuevo ejemplo del obstruccionismo que el entorno del dictador Franco está practicando con la decisión de un Parlamento y un Gobierno democrático, que fue la exhumación del dictador de una tumba de Estado como es la Basílica del Valle de los Caídos”.

El Ejecutivo prosigue que “hasta la fecha nos constan 12 demandas judiciales (todas con idéntica fundamentación, pero presentadas por personas diferentes) reclamando la suspensión y anulación de las actuaciones urbanísticas acordadas por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en relación con la exhumación de Franco”.

Por último, el Gabinete de Sánchez reconoce que “estos procedimientos judiciales, cualquiera que sea su resultado, podrían retrasar, en su caso, la fase final de ejecución material del acuerdo de exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, fase en la que todavía no nos encontramos y que precisa aún de otros trámites administrativos”.

En todo momento negó que formara parte de un plan coordinado entre el Gobierno de la Generalitat, el Parlament y las organizaciones sociales de vocación independentista para proclamar unilateralmente la independencia. Forcadell negó en su declaración a la Fiscalía que hiciera llamamiento alguno a la participación en el referéndum ilegalizado por el Tribunal Constitucional.

De hecho, negó también la autoría de un tuit publicado el 20 de septiembre e 2017 que decía “Sabadell se moviliza masivamente para defender nuestras instituciones. La mejor respuesta es llenar las urnas el 1 de octubre”. A la hora de preguntarle, la fiscal Madrigal dijo que se publicó a las 9 de la mañana, cuando en realidad constaba difundido minutos más tarde de las 17.00 horas.

La sala pudo ver un vídeo grabado el 21 de septiembre en Sabadell, donde Forcadell acudió a una concentración para apoyar a los detenidos por orden judicial el día anterior en la Consejería de Economía. En la intervención recogida en esa grabación se puede ver a la expresidenta del Parlament pidiendo la “libertad inmediata de los detenidos políticos” y pidiendo no caer “en provocaciones porque eso es lo que quieren. Somos un pueblo como siempre hemos dicho, pacífico. Y lo haremos todo pacíficamente».

De vuelta sobre los procedimientos usados en la Cámara para aprobar la ley del referéndum, Forcadell aseguró que su aprobación no fue especialmente rápida porque “duró todo el día” y el pleno se “alargó tanto porque todos los grupos iban pidiendo unos detrás de otro las reconsideraciones” y todas se atendieron. Además, puntualizó, “los acuerdos de la Mesa no fueron suspendidos por el Tribunal Constitucional”.

En relación a las advertencias de ilegalidad de las leyes de desconexión de septiembre de 2017 hechas por el secretario y el letrado mayor de la Cámara, Forcadell dijo que “sus dictámenes no son vinculantes. Siempre escuchamos al letrado y siempre hemos trasladado al pleno lo que nos dicen los letrados. Les hicimos caso, porque nos dijeron que debíamos advertir al pleno de que la tramitación era inconstitucional».

Por ello, la expresidenta considera que cumplió “con los deberes del Tribunal Constitucional, con las observaciones que he hecho antes. No era la voluntad de la Mesa desoír al TC, pero era nuestra obligación defender la libertad de expresión y la soberanía del Parlament del Cataluña. La palabra debe ser libre”.

Como otros acusados anteriormente, la expresidenta del Parlament defendió que “votar en un referéndum no es delito» y aseguró que en las concentraciones del 20 de septiembre frente a la Consejería de Economía solo estuvo “unos minutos” para acompañar a Oriol Junqueras que se encontraba “disgustado” por la detención allí de alguno de sus más directos colaboradores.

Elizo se refirió así, en los pasillos del Congreso, a la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid que suspende cautelarmente el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial que concedía la licencia urbanística para intervenir en el Valle de los Caídos y exhumar los restos de Franco. Con esta resolución judicial, queda paralizada la intención del Gobierno de sacar del lugar la momia del dictador, hecha oficial por un decreto del Consejo de Ministros.

Para la dirigente de Podemos, esto es “otra treta para evitar algo que, no solamente el Gobierno a través de su real decreto, sino el Tribunal Supremo y el propio Vaticano, han reconocido que el Gobierno tiene plena capacidad y plena competencia para realizar”.

Según su enfoque, “tenemos una deuda pendiente con esa Judicatura que sigue siendo reaccionaria a la situación de una democracia como la española que requiere por salud democrática exhumar los restos de Franco”.

Así, sentenció que la exhumación “es una deuda histórica con muchas personas que sufrieron durante la época de Franco, y otra vez un juez no puede ponerse por encima de ese recuerdo, de esa memoria, de esa necesidad de justicia histórica, pero también en contra de lo que han dictaminado los tribunales españoles”, cuya jerarquización obligaría a atender la decisión del Supremo.

«En teoría, (el VAR) es una tecnología para ayudar al equipo arbritral, para mejorar el arbitraje, pero en la práctica es polémico y va a seguir siendo polécmico», subrayó el ministro en una entrevista con Servimedia.

El otro día estuve en el partido (de Liga de Campeones) entre el Atlético de Madrid y la Juve y desde donde yo estaba el gol de Morata era gol. Luego pusieron las imágenes del VAR; yo no entiendo mucho, no soy la opinión técnica cualificada, pero yo lo que veía es que era gol, pero el árbitro dijo que no era. Lo que dice el árbitro es lo que hay que respetar», declaró Guirao.

En su opinión, esta nueva técnica que nace para ayudar va a estar instalada en la polémica porque «antes teníamos los árbitros y los linieres y ahora tenemos los árbitros, los linieres y el VAR», lo que «anima el debate continuo» que existe en el fútbol.

Guirao también desveló que mañana, miércoles, no acudirá al partido de vuelta de la Copa del Rey que disputarán el Real Madrid y el Barça en el estadio Santiago Bernabéu porque «tengo una cena con los expositores de Arco», la Feria Internacional de Arte Contemporáneo que inaugurarán los Reyes el próximo jueves en Ifema junto al presidente de Perú, Martín Alberto Vizcarra, y su esposa, Maribel Díaz.

Según informó Podemos, en el escrito se denuncia que ha habido, además, «graves problemas de información en las pasadas elecciones que deberían ser subsanados, tanto por el lado de los electores como por la parte del personal de Correos y Telégrafos de España.

Por todo ello, Podemos pide evitar la duplicidad del proceso de solicitud de voto, que las reclamaciones al censo electoral realizadas para las elecciones generales se apliquen de igual manera a los comicios del 26 de mayo y que los electores ya inscritos en el CERA no tengan por qué realizar las reclamaciones de forma presencial.

Además, el partido ha solicitado una mayor información para los ciudadanos y los trabajadores de las oficinas de Correos, de manera que los electores sepan que pueden solicitar el envío de la documentación electoral a una demarcación consular diferente a la de la inscripción, y que los empleados de Correos y Telégrafos sean correctamente informados acerca del voto por correo para los electores CERA que están temporalmente en España. Por último, Podemos añade en el escrito la necesidad de reforzar el personal consular durante las semanas de requerimiento del voto rogado.

El informe había sido recurrido por Leonardo Falcó Rodríguez, que dirigió su acción contra el Gobierno local de San Lorenzo del Escorial, cuya alcaldesa es Blanca Juárez, de un partido independiente y al que apoyan PSOE, Podemos y otras formaciones. El recurrente había pedido la suspensión del informe municipal que declaraba “admisibles” las actuaciones urbanísticas en el Valle de los Caídos para sacar a Franco de su sepultura.

A este respecto, el juez suspende la exhumación al dar crédito al dictamen pericial realizado por dos arquitectos, en el que se apunta “que falta un riguroso análisis de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que pudieran existir bajo la sepultura de Francisco Franco”.

“PELIGRO” PARA LAS PERSONAS

El magistrado, tras los argumentos aportados por estos expertos, considera que la losa que cubre los restos del dictador pesa unos 2.000 kilogramos, por lo que su retirada puede “desestabilizar el conjunto, al menos en la autorizada opinión de dos profesionales en la materia”.

Al mismo tiempo, el juez entiende que no hay “especial urgencia” en trasladar los restos de Franco, “puesto que lleva enterrado en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos desde el día 23 de noviembre de 1975, es decir, más de 44 años”.

Por todo ello, el instructor acuerda suspender el “informe preceptivo” del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, al no ver urgencia en la exhumación del anterior jefe del Estado y hacerlo sin estudios ulteriores puede “poner en peligro la vida humana”, al existir “dudas acerca de las condiciones de seguridad”.

REACCIÓN DEL GOBIERNO

Para recordar esta efeméride, se pretende erigir una estatua en homenaje a estos militares, representados por quien estuvo al mando de ellos, el teniente Martín Cerezo. Por ello, la Fundación Museo del Ejército ha puesto en marcha una campaña de micro-mecenazgo para financiar la figura, que realizará el escultor Salvador Amaya, a partir de un boceto del pintor Augusto Ferrer-Dalmau.

La efigie estará colocada sobre un pedestal con cuatro cantos, en los que se grabará la imagen del destacamento de Baler, las dos cruces laureadas de San Fernando que fueron otorgadas al teniente Martín Cerezo y a título póstumo al capitán de las Morenas, fallecido durante el asedio, y los nombres de los militares que protagonizaron este capítulo histórico.

La efigie se pretende inaugurar el día 30 de junio, fecha que coincide con el Día de la Amistad Hispano-Filipina.

Aquellas personas que deseen colaborar con un donativo podrán realizarlo hasta el 1 de junio o hasta que se reúna la cantidad necesaria -70.000 euros- en la siguiente cuenta corriente: ES03 0049 2604 4126 1519 2882.

El Ejército baraja la zona de Islas Filipinas o las proximidades del Puente de Segovia para ubicar esta estatua. Para ello, ya se han iniciado los contactos con el Ayuntamiento de Madrid con el fin de encontrar el emplazamiento más adecuado.

Por su parte, el Museo del Ejército, sito en Toledo, realizará una exposición sobre este hecho que podrá verse entre los meses de abril y junio. Posteriormente, la muestra recorrerá Pamplona, Barcelona, Palma de Mallorca, Badajoz y Cáceres.

Forcadell, que trató de desvincularse de las decisiones que dependían del Gobierno, aseguró que respeta al Tribunal Constitucional y que “en ningún momento estuvo en nuestra voluntad desoír los mandatos del Tribunal Constitucional”. Insistió en que «el Parlamento ha de ser libre» y poder debatir todas aquellas iniciativas que se planteen. Defendió que, según “toda la jurisprudencia, la Mesa no tiene que entrar en el fondo ni valorar la constitucionalidad de las tramitaciones parlamentarias. La esencia de la democracia es que la palabra en el Parlamento ha de ser libre, se ha de hablar absolutamente de todo, y lo deben hacer todos, los que apoyan al gobierno y la oposición, tienen que hablar todos”.

La expresidenta del Parlament argumentó que no debería valorar ninguna iniciativa parlamentaria hasta que no haya terminado su tramitación, puesto que en ese proceso se pueden aprobar enmiendas y cambio sustanciales. Dijo que no hay que entrar en el fondo ni valorar la constitucionalidad hasta que no se haya terminado la tramitación. “En la Mesa del Parlamento siempre hemos valorado y tenido en cuenta derechos fundamentales, la libertad de expresión, el pluralismo político, y la inviolabilidad parlamentaria”, sentenció.

En relación a la Resolución I/X de desconexión de Cataluña del Estado, Forcadell dijo a la fiscal Consuelo Madrigal que la votó “sin leerla”. Extrañada, la representante del ministerio público insistió en preguntar de nuevo por si la había leído: “La voté con otros 72 diputados y entiendo que estamos protegidos por la inviolabilidad parlamentaria. No la leí, y la voté con otros 72 diputados”, repitió.

La fiscal le recordó las resoluciones del Tribunal Constitucional que anulaban las resoluciones del Parlament que impedían seguir adelante con la aplicación de normas para lograr la independencia. “No es potestad de la mesa valorar la constitucionalidad de las resoluciones parlamentarias ni entrar en el fondo de las resoluciones parlamentarias. De acuerdo con la jurisprudencia es así, lo contrario sería que la Mesa limitara y controlara el debate parlamentario, lo que no está en sus funciones”, explicó Forcadell.

En el lado de las ganancias, Inditex (+2,9%), Grifols (+2,82%), Viscofan (+1,76%) y Aena (+1,15%) se anotaron las mayores alzas.

Entre las pérdidas, destacaron las de IAG (-3,28%), Mediaset (-1,49%), Telefónica (-1,36%) y Arcelor (-1,18%), que fueron las más pronunciadas de la sesión.

En cuanto a los grandes del selectivo español, la mayoría se ubicaron en el lado de las pérdidas. A las de Telefónica se sumaron las de Santander (-0,14%), BBVA (-0,11%) e Iberdrola (-0,03%). Únicamente Inditex se situó en verde.

Por su parte, la prima de riesgo oscilaba en el entorno de los 103 puntos.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, dijo que su grupo pide la comparecencia de Cifuentes, Casado y Montón para la sesión del 6 de marzo de la citada comisión. Tras destacar que se ha aprobado otra sesión más de la citada comisión de investigación, calificó de “buena noticia” poder contar con cuatro comparecientes más “por encima de los palos en las ruedas que han puesto los viejos partidos” a la citada comisión.

Tras afear al PP su “bloqueo sistemático” y al PSOE su “dejadez interesada, dijo que “llevamos diez meses peleando con los viejos partidos para que dejen de taparse las vergüenzas en materia de universidades”. Señaló que Cs pide la comparecencia de Cifuentes, Casado y Montón para que expliquen las “irregularidades que hemos conocido acerca de sus títulos universitarios”.

“Tendrán que venir a la Asamblea de Madrid para aclarar cómo es posible tener un título oficial sin ir a clase y sin examinarse, o cómo es posible tener conseguir un título con dos asignaturas sin aprobar”, consideró.

La portavoz de Podemos, Clara Serra, dijo que está de acuerdo con la comparecencia de Casado y Cifuentes porque “nos parece prioritario” que vengan “antes los que no han asumido responsabilidades políticas por su implicación”. Afirmó también que “nos parece que para que la comisión no sea un paripé tienen que venir los principales responsables políticos y así lo pediremos” y dejó claro que Podemos volverá a esta comisión de investigación “solo si es para que haya trabajo que hacer”.

El portavoz socialista, Ángel Gabilondo, se mostró de acuerdo con que haya otra sesión más de la citada comisión y declaró que “no vamos a vetar a nadie, que venga quien tenga que venir”. Además, indicó que en la comparecencia del 4 de marzo vendrán, entre otros, el rector de la URJC y el consejero de Educación y señaló que si hay más reuniones, “queremos que vengan los que puedan conocer –este asunto- para aclarar y dar luz”.

El portavoz del PP, Enrique Ossorio, señaló que no está de acuerdo con ampliar el número de sesiones y anunció que su grupo presentará una “reconsideración” ante la Mesa de la citada comisión. “Queremos que no haya más sesiones”, dijo Ossorio, quien acusó a los que decidieron ampliar el número de sesiones de “incumplir” el Reglamento de la Asamblea.

Según informa la compañía aérea, esta nueva conexión operará con un vuelo semanal como parte de la extensión del calendario de verano de Ryanair en Barcelona.

Este calendario de verano cuenta ya con un total de 52 destinos, incluyendo las dos nuevas rutas ya anunciadas hacia Cardiff y Gotemburgo, a las que se suma ahora esta nueva conexión con Podgorica.

Según informó este martes la Jefatura Superior de Policía de Madrid, cuatro semanas más tarde, dos individuos trataron de entrar nuevamente en el establecimiento pero el recepcionista no les permitió el acceso ya que reconoció a uno de ellos como el autor del robo que había sufrido.

Tras varias averiguaciones los agentes lograron la plena identificación de los dos varones responsables del asalto siendo detenidos el día 30 de noviembre del pasado año cuando salían de sus domicilios.

Ambos pasaron a disposición judicial como presuntos responsables de un delito de robo con violencia e intimidación.

Con sus declaraciones, dijo en los pasillos del Congreso tras la Junta de Portavoces, “lo que está intentando es acercarse más a Vox y a todos esos machistas que lo que intentan es acabar con nuestra Ley de Violencia de Género y blanquear de alguna manera a todos esos maltratadores y es incapaz de llamar a las cosas por su nombre y condenar a este tipo de delincuentes”.

Lastra cargó contra las “múltiples declaraciones de Pablo Casado contra las mujeres” y se preguntó “¿qué le hemos hecho las mujeres de este país?” para que quiera acabar con la vigente ley del aborto y volver a la del 85, que está “ampliamente superada” y las mujeres están «satisfechas» con la ley actual

“Cuando nos quedamos embarazadas sabemos perfectamente lo que llevamos dentro, sin que tenga que venir un señor a contárnoslo”, le replicó al líder del PP, en alusión a sus últimas declaraciones polémicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

La ‘número dos’ del PSOE recordó a Casado que el PP votó en contra de una primera ley contra el maltrato y que la actual ley contra la violencia de género se aprobó en 2004 con un gobierno socialista. Así respondió cuando se le pregunto por sus palabras en la entrevista de TVE en las que se refirió a los maltratadores como personas «que no se portan bien con las mujeres». Según Lastra, con estas declaraciones, lo que “está intentando es acercarse más a Vox y a todos esos machistas que lo que intentan acabar es con nuestra Ley de Violencia de Género y blanquear de alguna manera a todos esos maltratadores y es incapaz de llamar a las cosas por su nombre y condenar a este tipo de delincuentes”.

“Las mujeres de este país», dijo, «estamos muy cansaditas de la derecha, de que nos ponga (a las mujeres) siempre en solfa. Vamos a seguir haciendo, la última vez que un ministro con mayoría absoluta quiso atacar a las mujeres el que perdió su ministerio fue él, las mujeres no perdimos los derechos, tampoco ahora, se ponga Casado, Rivera y Abascal como se pongan”, remachó.

La entrevista a la responsable de Unidos Podemos podrá seguirse a partir de las 21.30 horas en La 1, Canal 24 horas, Radio 5 y en la web RTVE.es, así como a través de Twitter y Youtube.

El pasado lunes, 18 de febrero, Carlos Franganillo entrevistó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ayer entrevistó al presidente del PP, Pablo Casado.

Así se manifestó este martes Torra a las puertas del Tribunal Supremo, tras la declaración de Cuixart ante el tribunal que juzga a los líderes independentistas del 1-O. “Hemos asistido a un alegato histórico en defensa de la no violencia, del derecho de autodeterminación y de la desobediencia civil”, expresó.

Torra, que estuvo en la sala de vistas acompañado por el vicepresidente del Parlamento autonómico y diputado de JxCat, Josep Costa; el senador Josep Lluis Cleries y la consejera de Empresa, Ángels Chacón; aseguró que “hoy más que nunca hemos escuchado a un hombre delante de la Justicia, luchando por los derechos de todos: el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de manifestación, concentración, protesta y al derecho de los pueblos a su autodeterminación”.

Asimismo, tras recordar que él también fue presidente de Òmnium Cultural, Torra agradeció a Cuixart, a quien calificó de un “hombre valiente”, la “fuerza y el coraje que nos ha enviado a todos”.

La presencia de Torra en el Supremo se produce después de que la Guardia Civil vinculara al presidente de la Generalitat con la hoja de ruta unilateral a la independencia, y de que enviara al juez número 13 de Barcelona un documento intervenido al exsenador de ERC Santi Vidal, en el que se explicita que en 2016, cuando aún no era presidente de la Generalitat, Torra abogó por crear una “tormenta política perfecta”. “Hoy hablamos de Jordi”, respondió Torra a las preguntas de los periodistas sobre este asunto en el Supremo.

Posteriormente, el diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera afirmó que en estos momentos “el juicio debería estar visto para sentencia con la absolución sobre la mesa”, porque la Fiscalía “no está consiguiendo sostener su relato, que es el de la violencia” y lo que “queda claro”, continuó, es que hubo una “movilización pacífica en defensa de los derechos civiles, sociales y políticos, como muy bien ha explicado Cuixart”. Riera aseguró que Cuixart representa a “miles de personas que nos autodeterminamos, que nos movilizamos y que desobedecimos no violentamente y que volveremos a hacerlo porque es el único camino para poder defender la democracia”. Preguntado por la vinculación que hace la Guardia Civil entre Torra y la hoja de ruta unilateral a la independencia, Riera rechazó hacer declaraciones aludiendo a que no conocía dicha información.

En último lugar, la abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, se mostró “muy satisfecha” con la declaración del líder de Òmnium Cultural y con que se vea la «realidad” de un procedimiento que calificó de “político”. “Jordi se ha explicado perfectamente en cuanto a los hechos y al sentimiento que tuvo la sociedad catalana en el otoño de 2017”. Al fin y al cabo, agregó, “él no es un político preso es un preso político y como miembro de la ciudadanía hoy ha testificado ante el tribunal”.

La magistrada ha tomado esta decisión en un auto notificado este martes, después de que la Audiencia Provincial de Valencia diera por concluida la instrucción y desestimara los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y las defensas contra la transformación de la causa en un procedimiento abreviado.

El auto de la jueza, contra el que no cabe recurso salvo el relativo a la situación personal de los acusados, acuerda mantener la situación de libertad de estos últimos y da por dirigida la acción civil contra la aseguradora Zurich y contra Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en concepto de responsable civil directo y subsidiario, respectivamente.

Igualmente, señala como órganos competentes para el conocimiento y fallo de esta causa a los Juzgados de lo Penal de Valencia y rechaza abrir una pieza separada sobre responsabilidades pecuniarias sin perjuicio de lo que pueda acordar en caso de condena el juzgado que deba dictar sentencia.

Con una comunicación oficial remitida a las ocho y media de esta mañana, despejaban así la última incógnita sobre las personas que liderarán las candidaturas del PSOE para la cita electoral de mayo.

«José Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, será quien encabece las listas del PSOE en las próximas elecciones europeas», indica la comunicación remitida desde Ferraz después de días evitando la confirmación.

Según comentaron fuentes socialistas a Servimedia, el expresidente del Parlamento Europeo entre 2004 y 2007 aceptó encabezar la candidata tras una “larguísima reflexión”. Lo hizo este mismo lunes, cuando trasladó al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, que asumía el encargo.

Borrell ha sido la opción que siempre ha sonado con más fuerza pero el ministro se resistía y no terminaba de decantarse pese a los mensajes en privado y público que hasta el mismo Sánchez le espetaba.

De hecho, el lunes pasado, en una entrevista en TVE, el jefe del Ejecutivo afirmó que Borrell, es el “candidato natural” para encabezar la candidatura socialista y que “Pepe es un excelente ministro de Asuntos Exteriores y sería también un extraordinario candidato a las elecciones europeas”.

Así, fuentes socialistas reconocen que la mayoría es «muy ajustada» y que es «difícil» asegurar el apoyo necesario para esas convalidaciones. Además de las reservas de algunos grupos, asumen que la proximidad de la campaña electoral aumenta las posibilidades de que puedan faltar diputados en las votaciones, ya que muchos de ellos estarán viajando esos días por actos de partido.

La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, reconoció que el Gobierno tiene “legitimidad” para aprovechar este recurso, aunque le sirva para atraer votos, y dijo que la posición de su grupo cuando los decretos lleguen a la Diputación Permanente del Congreso se decidirá según el “contenido” de los mismos. Si incorporan las medidas que creen necesarias, Unidos Podemos los aprobará, pero si son “pantomima” y “campaña electoral”, no lo hará.

El portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, mostró la voluntad de su formación de seguir haciendo como en toda la legislatura y apoyar “cualquier iniciativa que esté por dignificar la vida de la gente”. Mismo argumento expuso el representante de Bildu, Oskar Matute. para expresar el apoyo a los posibles reales decretos leyes que lleve el Gobierno a la Diputación Permanente para su ratificación.

Por otra parte, el diputado del PNV Aitor Esteban apuntó que, aunque hay “precedentes”, “no debería ser lo habitual” que la Diputación Permanente se encargue de la convalidación de los reales decretos leyes del Ejecutivo. Aunque alertó que “hay que votar si o no a todo el texto” porque ya no hay posibilidad de la tramitación como proyecto de ley y meter enmienda por lo que no aprobarán salgo que estén de acuerdo en su “integridad”.

El portavoz del PDECat, Carles Campuzano, aseguró que Sánchez “cometió un error” que afectó al interés general al convocar las elecciones generales el 28 de abril y no prolongar la legislatura hasta otoño, lo cual habría permitido dar tiempo a los proyectos legislativos a punto de culminar o a procesos de diálogo que podrían terminar con acuerdos.

Aseguró que convalidar decretos en la Diputación Permanente “no nos gusta desde el punto de vista formal” e irán valorando cada uno en función de su contenido. Considera que la mejora del subsidio para parados mayores de 52 años es “razonable”, como incrementar el permiso de paternidad, pero denunció que el Gobierno ha tenido “muchos meses” para hacerlo sin tener que esperar al “tiempo de descuento”, y el debate habría sido “mucho más sosegado y formalmente mucho más pulcro” de lo que va a ser.

Finalmente, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, se mostró dispuesto a aprovechar lo que queda de legislatura y pidió a Sánchez “que termien el trabajo que nos ha quedado pendiente”, porque “este tiempo de descuento también es partido”. En particular, mencionó las medidas para derogar la reforma laboral y algunos aspectos de la ley mordaza.