La fiscal Consuelo Madrigal interrogó al coronel coordinador del dispositivo policial para impedir el 1-O como había ordenado la Fiscalía. El día 23 de septiembre, Trapero presentó un primer plan de actuación, pero el fiscal superior le trasladó que el plan «no era apropiado para impedir el referéndum», sino que parecía más el de «unas elecciones normales y habituales y no de un referéndum prohibido que hay que impedir».

? Pérez de los Cobos: «La relación con el señor Trapero fue siempre difícil. El señor Trapero presentó un escrito solicitando que se revocara mi designación y alegando los mismo argumentos que el señor Forn»

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Pérez de los Cobos consideró que «tal como está redactado», no iba dirigido a impedir la celebración del referéndum. Tras su «recriminación», el mayor de los Mossos se quejó directamente al fiscal, al que advirtió que «reconocía» a Pérez de los Cobos como mando para darle instrucciones.

Sin embargo, el fiscal le pidió que modificara el plan, según la versión del testigo, y en ese momento Trapero se comprometió a hacer las modificaciones pertinentes en su plan para “incrementar” la dotación y “adecuarla” a las instrucciones del fiscal.

Tras estas tiranteces, Pérez de los Cobos traslada a Trapero su intención de convocar otra reunión para el 25 de septiembre y le pidió que le concretara si iba a necesitar algún apoyo de las Fuerzas de Seguridad del Estado. A esa reunión no acudió Trapero, que envió en su lugar al comisario Ferrán López.

“Trapero me dice: ‘Si, no te preocupes que tendréis la respuesta. Es más, la respuesta ya os la ha dado el conseller». En ese momento, declaró Pérez de los Cobos, no supo que quería decir el mayor de los Mossos, pero más adelante se percató que de que tenía relación con la carta enviada por el entonces consejero de Interior, Joaquim Forn, al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

En esa misiva, Forn traslado al departamento dirigido por Zoido que no necesitaba apoyos policiales para el 1-O, demostrando que ya tenía conocimiento del contenido de la reunión entre los mandos policiales y el fiscal jefe. «El conseller de Interior dijo que no era necesario ningún tipo de apoyo a Cataluña y que con los medios de los Mossos ya era suficiente», relató.

Pérez de los Cobos relató que «Forn y Trapero hicieron público el contenido de la reunión” se quejaron de injerencias en sus competencias sobre orden público y “comunicaron su opinión de que se estaba intentando aplicar un 155 por la puerta de atrás». Lo que, a su juicio, evidenciaba su alineamiento .

El coronel explicó que «la relación con el señor Trapero fue siempre difícil. El día 27 presentó un escrito solicitando que se revocara mi designación alegando que se estaban invadiendo las competencias de los Mossos». El coordinador del dispositivo aseguró que “nos preocupaba desde hacía muchísimo tiempo” cómo sería la actuación de los Mossos. “La pregunta de qué iban a hacer la había hecho a muchos responsables de Mossos, con Albert Batlle en 2015, cuando se manifestó públicamente en el sentido de que ellos cumplirían lo que se les ordenaba desde la autoridad judicial o el ministerio fiscal”.

Según su declaración, Barlle “me dijo, ‘yo lo tengo clarísimo y mientras yo esté aquí siempre cumpliremos con el mandato'». Esa misma pregunta se la formuló a Ferrán López el 19 de agosto en Madrid en la mesa que analizó la amenaza terrorista tras los atentados de Barcelona y Cambrils. “Tras la reunión, en un aparte, le transmití mi inquietud por la evolución de los acontecimientos. ¿Qué vais a hacer? `No tengas ninguna duda, Diego, lo tenemos claro y obedeceremos´ (las órdenes judiciales)», rememoró el coronel.

Pérez de los Cobos relató, además, que en una de las reuniones, Trapero trasladó a la Fiscalía que consideraba “difícil” el objetivo de llegar a precintar la totalidad de los locales electorales y evitar que esta votación se realizara incluso en la calle en un radio de 100 metros. El máximo responsable de los Mossos solicitó entonces que se definieran bien los criterios de “lo que es y no es referéndum”, por si al final la convocatoria se reducía a “cuatro individuos votando en una plaza en una caja de zapatos”, a lo que la Fiscalía respondió que no.

IU explicó que ha puesto en funcionamiento este vídeo a través de su cuenta oficial de Twitter, donde está formación explica que sus simpatizantes hacen un “llamamiento explícito a la participación en la huelga feminista y las movilizaciones” este 8-M.

♀ Las compañeras de IU nos animan desde todos los puntos del país a ir a la #HuelgaFeminista y nos recuerdan que tenemos más de #1000motivos para inundar este #8M las calles reclamando un futuro mejor ¡A la huelga, compañeras! ?✊#FelizMartes pic.twitter.com/HUawzaqgP8

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El partido que lidera Garzón afirma que su grabación no tiene “la mínima semejanza con el contenido y la elección de protagonistas realizado por otras formaciones en videos de temática similar”, en clara referencia a los que han lanzado el PP o Vox.

Según IU, las mujeres que aparecen en su vídeo son militantes y simpatizantes “en su mayor parte desconocidas fuera de su entorno familiar, de amistad, de trabajo o el ámbito político local”, pero que tienen “una fuerte implicación y conocimientos en el activismo feminista”.

En este sentido, en el vídeo de IU, que dura algo menos de tres minutos, puede verse a una simpatizante de este partido que afirma que el este viernes secundará la ‘huelga feminista’ porque “haber nacido mujer me ha condenado a tener menos derechos”.

La iniciativa explica que este servicio debería “llevar a cabo, además de la atención asistencial, actividades de educación para la salud, pudiendo, para ello, integrar profesionales ubicados en centros de Atención Primaria o crear nuevas plazas para aquellos lugares en los que se considere que su cobertura con recursos ya existentes no es posible”.

En la exposición de motivos, Marbán se refiere a la necesidad de “una enfermera escolar en las aulas” y asegura que “la labor tanto asistencial como de promoción y prevención de la salud resulta de gran eficacia en los alumnos de las escuelas, mejorando su calidad de vida y conocimientos en materia de salud en una etapa de la vida fundamental para adquirir hábitos saludables”.

“El papel de la enfermera es imprescindible en la orientación y formación de alumnos, familiares y personal docente y no docente de los centros escolares”, según esta diputada de Cs, que añade que “son muchos los aspectos que trata la enfermería en los colegios, convirtiéndose en una herramienta primordial e indispensable de trabajo”.

En la proposición no de ley se expone “la necesidad de que los centros educativos cuenten con la figura de la enfermera escolar es una demanda histórica de la Organización Colegial de Enfermería que, lamentablemente, sigue siendo de máxima actualidad cuando salta alguna noticia sobre incidente de salud en niños o adolescentes”.

“Aproximadamente un 16% de la población española son menores, de los cuales alrededor del 15% padece un problema de salud crónico: alergia crónica, asma, trastornos de la conducta, obesidad, diabetes mellitus tipo I, trastornos por déficit de atención (TDH), son entre muchos otros, los problemas de salud más frecuentes que se presentan en este grupo de edad”, según Cs.

Para evitar que se produzcan situaciones indeseables derivadas de dolencias como éstas, la Comunidad de Madrid publicó en julio de 2014, en su boletín oficial, una resolución por la cual se establecía que los centros educativos contarían con enfermeras, fisioterapeutas y auxiliares de enfermería de los hospitales de referencia de cada equipamiento para la atención sanitaria de los alumnos escolarizados.

Pérez de los Cobos hizo esta afirmación ante las preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal durante su declaración como testigo ante la sala del Tribunal Supremo que juzga a los líderes del independentismo por la convocatoria y celebración del referéndum del 1-O.

? De los Cobos, sobre la reacción de Trapero al nombramiento del coronel como coordinador del dispositivo de seguridad para el 1-O: «Él reaccionó como el establecimiento de algún tipo de autoridad por encima de él»

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El coordinador del dispositivo policial del 1-O explicó que Trapero recibió como una “injerencia, invasión de competencias y como el establecimiento de una autoridad por encima de él” su nombramiento, por parte del fiscal superior de Justicia de Cataluña, para esta función. Por este motivo, el fiscal aclaró al mayor de los mossos que “la dirección de los dispositivos de los mossos la llevaría él”, pero que “entendía que era necesaria una coordinación”. En este momento, agregó, “el fiscal insiste en la diferencia entre mando y coordinación” de los dispositivos.

Asimismo, Pérez de los Cobos explicó que durante esas primeras reuniones puso de manifiesto que el plan de actuación no le parecía “apropiado” para “un referéndum prohibido que hay que impedir, sino el propio de unas elecciones generales” y así se lo manifestó a Trapero quien, según Pérez de los Cobos, rechazó su apreciación por no reconocer en él ninguna autoridad para realizar tal valoración.

Las fuentes consultadas indicaron que se sospecha de una reyerta entre consumidores de droga, aunque a primera hora de la tarde se desconocía el motivo concreto que desencadenó el incidente.

Al mismo tiempo, una portavoz de Emergencias Madrid explicó que en uno de los grupos un hombre resultó herido de un botellazo en la cabeza y una mujer había sufrió un golpe leve. Ambos fueron trasladados en ambulancia hasta el Hospital Infanta Leonor.

En el otro grupo implicado en la reyerta, un varón de 50 años sufrió una herida con arma blanca que, a falta de examen hospitalario, no había penetrado en el interior del cuerpo de la víctima. Otras dos chicas de este grupo resultaron heridas leves, también con un objeto punzante, una en un brazo y otra en una axila.

Estas dos heridas del segundo grupo implicado en la pelea rechazaron ser trasladadas a un hospital, aunque fueron llevadas por la Policía Nacional a comisaría, donde se envió un médico para atenderlas.

La prestación estará disponible en los servicios a partir del 1 de abril de 2019 en casi 3.000 servicios de tren al mes y dará cobertura a los recorridos de los trenes Transversales que conectan Cataluña con Andalucía.

Renfe avanza así en su estrategia de transformación digital e innovación puesto que ‘PlayRenfe’ se puede ya disfrutar en los trayectos de Ave Madrid-Sevilla, Madrid-Málaga y Madrid-Valencia-Castellón.

El servicio, adjudicado por concurso a Telefónica en noviembre de 2015, es más que un acceso a conexión e incluye además del sistema integral de wifi en toda la flota de trenes Ave, el despliegue de red para dar cobertura a más de 1.600 kilómetros de líneas de alta velocidad, incluidos 75 túneles y 540 emplazamientos de cobertura LTE en una red combinada y específica de 800 y 1800 megahercios combinada con una solución por satélite.

Entre los contenidos que cubre, además de televisión en directo con importantes eventos deportivos de primer orden, figura los últimos estrenos de cine, series, música y libros mientras se viaja a 300 kilómetros por hora.

El proyecto para el corredor Ave que conecta Madrid con Barcelona y Figueres estará completada al 100% a final del año, una vez que se realice la instalación en todos los trenes que hacen este recorrido, indicó Renfe.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, dijo que espera que, después de muchos meses esperando su comparecencia, Cifuentes “explique lo que tenga que decir” sobre este asunto. Afirmó que le hubiese gustado que también comparecieran el presidente del PP, Pablo Casado, y la exministra de Sanidad Carmen Montón, pero dijo que PP y PSOE “bloquearon” su comparecencia.

La portavoz de Podemos, Clara Serra, manifestó que espera que Cifuentes “no use triquiñuelas” para evitar declarar en la comisión y también que “diga la verdad”, porque “los madrileños lo merecen”. Tras denunciar que el PP “ha estado entorpeciendo” el trabajo de la comisión de investigación, señaló que “las instituciones no deben usarse para hacer favores a personas del PP”.

El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, indicó que “lo más importante” de esta comisión es “conocer las causas y saber si ha habido interferencias”. “Queremos que se aclare lo sucedido”, añadió, “es lo mejor para ella y para la ciudadanía”. Dijo que la comparecencia de Cifuentes es una “buena ocasión para contar lo sucedido”. A su juicio, la URJC “gana mucho si se le aclara todo”.

Finalmente, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, adelantó que “no estaremos en las sesión de mañana” y aseguró que “diga lo que diga Cifuentes, la oposición dirá lo que quiera en sus conclusiones”.

Así se manifestó Puigserver ante las preguntas del fiscal Jaime Moreno durante su declaración como testigo ante la sala del Tribunal Supremo que juzga a los líderes del independentismo por la convocatoria y celebración del referéndum del 1-O. Puigserver explicó que como secretario general técnico del Ministerio del Interior participó en la Junta de Seguridad del 28 de septiembre de 2017 entre los representantes del Gobierno central en Cataluña y la Generalitat.

? El que fuera responsable de Interior desde la aplicación del 155, Juan Antonio Puigserver, señala que el punto único del orden del día en la Junta de Seguridad era la coordinación de los cuerpos de seguridad del Estado y de Cataluña https://t.co/aBXZGOhSUM#JuicioProcés pic.twitter.com/pundjEAq1R

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Destacó que existían “discrepancias” respecto a la posibilidad de alcanzar algún acuerdo entre ambas administraciones en aquella reunión porque los objetivos podían no ser los mismos. En el caso del Estado, subrayó que el objetivo era “impedir la celebración de la votación, que se había quedado sin el soporte legal”, mientras que en el caso de la Generalitat “el orden del día ya ofrecía dudas” porque “parecía que el objeto no era tanto impedir la votación sino realizar un dispositivo conjunto para la consulta”.

En este sentido, el ‘número tres’ de Interior insistió en las “dudas” de que “realmente pudiéramos alcanzar un punto de acuerdo que pudiese ser eficaz”. No obstante, agregó, “teníamos que acudir porque probablemente era una de las últimas oportunidades de impedir que se celebrará”.

Asimismo, Puigserver explicó que el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero aseguró durante la reunión que “se iba a cumplir el mandato judicial”, en referencia al auto de 27 de septiembre del TSJC, y que la forma era “preservar la normal convivencia”. Ante esta postura de Trapero, Puigserver indicó que hubo divergencias con el coronel Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo policial del 1-O, puesto que este le expresó al mayor de los mossos que “la preservación de la normal convivencia ciudadana no podía ser una excusa para no usar la fuerza y, de esta manera, incumplir lo previsto en el auto de la magistrada”. Asimismo, el testigo apuntó que el entonces president de la Generalitat Carles Puigdemont dejó claro en ese encuentro que “el mandato judicial no podía anteponerse al derecho de los ciudadanos”.

Posteriormente, ante las preguntas del abogado del exconseller Joaquim Forn, Xavier Melero, Puigserver indicó que durante la Junta de Seguridad “hubo referencias por parte del presidente de la Generalitat y del mayor Trapero en el sentido de que se iba a cumplir lo mandado en el auto”.

Sin embargo, continuó, “a lo largo de la reunión llegamos a la conclusión de que lo que decíamos nosotros sobre el auto y lo que entendían ellos no era lo mismo». La diferencia, apuntó, es que “en un caso se entendía que lo esencial era mantener la convivencia y en nuestro caso, que lo esencial era impedir el referéndum. Resultaba la cuadratura del círculo intentar hacer lo uno y lo otro». A pesar de las discrepancias, entre el mayor de los mossos y el coordinador del dispositivo policial del 1-O, manifestadas por Puigserver durante su declaración, describió como «leal y profesional» la relación con los mandos de los Mossos durante su etapa en Cataluña.

La adquisición de etiquetas ambientales es una más de las múltiples gestiones que se pueden realizar en sus 2.396 oficinas, dentro de su apuesta por abrir la gama de productos y servicios que ofrece para aprovechar la capilaridad, la «total cobertura territorial» de su red postal y el hecho de que el servicio postal anima la visita de los locales.

El pasado año recibió más de 93,5 millones de visitas, indicó el operador postal, que también ha incluido entre sus servicios el envío telemático de documentación a los registros de las administraciones públicas a nivel nacional.

Se trata de una prestación que facilita las gestiones cuando en España hay más de 20.000 oficinas de registro de diversas administraciones públicas, al ayudar a resolver papeleos desde Correos cuando el ciudadano tiene a menudo necesidad de relacionarse con varias administraciones, en función de quién tenga competencia en cada trámite.

Entre otras a través del operador postal se puede efectuar de manera digital el envío de la documentación para contratar la matrícula en la UNED, solicitar becas Erasmus, ayudas autonómicas a la escolarización, plazas en colegios públicos y concertados, la tarjeta sanitaria europea o pedir el duplicado del permiso de conducir.

Su servicio comprende el registro electrónico para todos los ministerios y organismos de la Administración General del Estado, todas las comunidades autónomas, más de 1.100 ayuntamientos, y otras entidades, como nueve universidades en todo el Estado, indicó Correos.

En su estrategia por diversificar las fuentes de ingresos, maximizando el potencial de su red, recordó que también ha incorporado recientemente la comercialización de los servicios de telecomunicaciones de O2, la nueva marca de Telefónica; y permite la retirada e ingreso de efectivo o ingreso de cheques de entidades financieras como Banco Mediolanum, Tríodos Bank o Evo Bank.

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó en su reunión de esta mañana un plan de choque para atender a las personas usuarias del Servicio Andaluz de Salud que están a la espera de una intervención quirúrgica o de una primera consulta de especialista en la sanidad pública. La medida contará con un presupuesto de 25,5 millones de euros hasta diciembre de 2019 para reducir las listas de espera.

Además, analizó un informe de la Consejería de Salud y Familias que sostiene que más de 500.000 andaluces no estaban contabilizados en las estadísticas publicadas y remitidas a los distintos organismos oficiales. El acuerdo ratificado en el Consejo de Gobierno permitirá la incorporación de esas personas a las estadísticas oficiales, gracias a una conceptualización completa, y no parcial, de los datos que conforman las listas de espera.

A partir de ahora, estos registros no se elaborarán sólo con los procedimientos quirúrgicos o las consultas hospitalarias que están sujetas a plazo de garantía. De esta forma, el nuevo modelo apostará por una visión integral, ya que entiende que todo paciente en espera de un procedimiento quirúrgico o de una primera consulta hospitalaria está incluido en las listas de espera quirúrgica o de consultas, convirtiéndose en un demandante de asistencia sanitaria al que hay que atender.

La Consejería de Salud y Familias ha detectado también que un gran número de personas no figuraban inscritos en el Registro de Demandantes regulado en el decreto del sistema de garantías, motivo por el que no estaban incluidos en las listas de espera y no tenían los derechos regulados en dicha normativa. El número de personas excluidas de los registros oficiales de demandantes de asistencia quirúrgica o de primera consulta de especialista era igual al que sí figuraba en las listas de espera.

NUEVOS DATOS OFICIALES

Según informa la Junta, los últimos datos oficiales publicados con el sistema de garantías de plazos puesto en marcha en 2001 corresponden a junio de 2018: el número de personas en la lista de espera quirúrgica ascendía a 71.868. El nuevo sistema global implantado en diciembre de 2018, que incluye tanto a los que estaban dentro del decreto de garantías como los que no, multiplica esa cifra. Así, a la referida fecha de 30 de junio de 2018, el número real de personas en lista de espera quirúrgica se eleva a 158.015, que son 86.147 más que los computados entonces.

Este desfase supone que la demora media aumenta en 134 días, el incremento de las tasas es de 10,48 pacientes por mil habitantes y los pacientes fuera de plazo o con demora mayor de 365 días se incrementan en 23.873.

Por su parte, los pacientes pendientes de una consulta a fecha de 30 de junio de 2018 ascendían a 222.962. El cambio de sistema eleva la lista de espera de consultas a 685.523 personas, por lo que ha permitido que se detecten 430.425 pacientes más. Así, la demora media aumenta en 123 días y los pacientes con demora mayor de 60 días se incrementan en 281.967.

El incremento de pacientes en lista de espera quirúrgica (75.983) y en consultas (430.425) a fecha 30 de junio 2018 suma 506.408 personas y motivan la aprobación de este plan de choque que se desarrollará hasta finales de año. Para ello la Consejería de Salud y Familias recurrirá a un impulso de las intervenciones, pactará horas extraordinarias con los profesionales sanitarios, potenciará la cirugía ambulatoria y derivará pacientes a hospitales concertados.

Por este motivo, los 221 diputados que dejen de serlo tendrán derecho a cobrar un finiquito equivalente a 52 días de su sueldo, según ha acordado la Mesa del Congreso en su última reunión.

Los diputados deberán solicitar expresamente esa paga, que se abonará en un solo pago y que tendrá que tributar a Hacienda.

Según ‘TeleCinco’, ese finiquito incluye la retribución constitucional (2.972,94 euros), la indemnización para cubrir gastos de su actividad parlamentaria (917,03 euros para los de Madrid y 1.191,20 para el resto), y también los complementos que pudieran recibir en función de sus responsabilidades en el Congreso. Por tanto, cobrarán al menos 6.700 euros.

En un comunicado, FAI advierte de que “por desgracia, una iniciativa legislativa que lo que pretendía era estabilizar los precios y mejorar las condiciones de accesibilidad de los inquilinos al mercado del alquiler, puede terminar provocando el efecto contrario”. En esta línea, señala que “la supuesta protección del inquilino, eliminando garantías supuestamente abusivas, puede terminar por expulsar del mercado del alquiler a los colectivos y economías más desfavorecidas”.

De hecho, según sus cálculos y estimaciones, 2 de cada 10 inquilinos potenciales, el 15%, quedarán fuera del mercado de alquiler, debido a la limitación de garantías. En esta misma línea, argumentan que, hasta el momento, el segmento de la población que carecía de una estabilidad laboral, pero que era capaz de asumir un compromiso de un contrato de alquiler, establecía garantías complementarias de común acuerdo con el propietario mediante avales bancarios, depósitos monetarios adicionales o la figura del fiador solidario.

En este contexto, las inmobiliarias subrayan que, si el Real Decreto entra en vigor y la Diputación Permanente lo convalida durante las próximas semanas, se puede producir el efecto contradictorio y negativo para estos potenciales inquilinos, habida cuenta de que ninguna de estas garantías se van a poder utilizar.

Asimismo, FAI añade que, en el caso de que el arrendador pretenda ampliar las garantías del alquiler de sus inmuebles, mediante la contratación de algún seguro, probablemente repercutirá el sobrecoste en los precios del alquiler, lo que provocará “el aumento del precio medio del arrendamiento”.

En la misma línea, aseguran que, si se tiene en cuenta la ampliación de la obligación del contrato de alquiler hasta los 5 años, y a los 7, en el caso de que sea una entidad jurídica el arrendador, y que la actualización de los precios este limitado al IPC durante todo el periodo de contrato, habrá un incremento de las rentas de partida del contrato de alquiler “para compensar y anticipar la pérdida de rentabilidad que se va a producir a lo largo de los años”.

Por último, en cuanto a la imposibilidad de facturar sus servicios al inquilino cuando el arrendador sea persona jurídica, los agentes inmobiliarios de FAI consideran que “es una medida “dudosamente legal, absurda e intervencionista sin precedente en un entorno de libre competencia, como el que se promueve desde la Unión Europea”.

El trabajo se llevó a cabo en una habitación cerrada, sin ventilación directa al exterior, y para realizarlo los investigadores recurrieron a cinco personas no fumadoras que permanecieron en su interior durante 12 horas.

En una segunda fase del experimento se sumaron otras cinco personas que estuvieron ‘vapeando’ también durante 12 horas.

En ambos casos se midieron los contaminantes presentes en el aire de la sala y en el aire exhalado por los voluntarios no fumadores.

Los datos que obtuvieron mostraban que la actividad de ‘vapear’ “no aumentaba la presencia de contaminantes en el aire y que en los casos en que se observaron aumentos se trataba de concentraciones bajas”, precisó Joan Grimalt, científico del CSIC en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua.

“Se había detectado la necesidad de hacer evaluaciones integradas de la exposición a los contaminantes liberados y ese es uno de los enfoques que se han tenido en cuenta en esta investigación”, añadió.

Estos resultados ofrecen información sobre el impacto del uso de cigarrillos electrónicos en la salud de los individuos, especialmente en lugares cerrados, y, a juicio del CSIC, “puede ser valiosa a la hora de establecer las regulaciones oportunas en torno al uso de dichos dispositivos, sobre todo en comparación con el consumo de tabaco tradicional”.

Así consta en una resolución de la Junta Electoral Central dada a conocer este martes, justo el día que el Boletín Oficial del Estado publica el decreto ley para la convocatoria de las elecciones generales el 28 de abril y la correspondiente disolución de las Cortes Generales.

La Junta Electoral recalca que «a partir de la fecha de la convocatoria de un proceso electoral los poderes públicos no podrán realizar una campaña de fomento de la participación de los electores en la votación» y precisa que «esta previsión es aplicable a las elecciones a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Loreg».

«La prohibición establecida en el apartado 2 del artículo 50 de la Loreg, que impide que desde la convocatoria de unas elecciones y hasta la celebración de las mismas los poderes públicos puedan organizar o financiar, directa o indirectamente, actos que contengan alusiones a la realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilicen imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones, resulta aplicable a todos los poderes públicos y durante el periodo electoral de ambos procesos», dice.

Dado que la convocatoria de elecciones locales, autonómicas y europeas se va a producir antes del día de la votación de las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, y que en consecuencia va a comenzar un nuevo periodo electoral antes de haber concluido el anterior, desde la convocatoria de elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado y hasta la celebración de las elecciones locales, autonómicas y europeas, la Junta Electoral aclara que «ningún poder público -sea de naturaleza estatal, autonómica o local- podrá realizar actos o campañas de esta índole».

De hecho, precisa que esta prohibición se refiere «a la realización de cualquier acto de inauguración de obras y servicios públicos o proyectos de estos, cualquiera que sea la denominación utilizada, durante los periodos electorales», desde este martes 5 de marzo hasta el domingo 26 de mayo.

«Desde la convocatoria de elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado y hasta la celebración de las elecciones locales, autonómicas y europeas, ningún poder público -sea de naturaleza estatal, autonómica o local- podrá realizar actos de esta naturaleza», sentencia.

La Junta Electoral recuerda que el Tribunal Supremo tiene abundante jurisprudencia para garantizar «la neutralidad de todos los poderes públicos durante los procesos electorales» al constituir «uno de los instrumentos legalmente establecidos para hacer efectivo el sufragio igualitario en la elección de los representantes parlamentarios».

Ampara dicha neutralidad en «el genérico mandato de objetividad que el artículo 103.1 de la Constitución proclama para la actuación de toda la administración pública» y pide tenerlo en cuenta a la hora de interpretar la prohibición del artículo 50.1 de la Loreg «en el sentido de que garantiza un marco institucional de neutralidad en el que el ciudadano pueda con absoluta libertad, sin interferencias de ningún poder público, decidir los términos y el alcance de su participación política».

La resolución de la Junta Electoral Central apela en particular a las sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2014, rec. 555/2012; de 19 de noviembre de 2014, rec. 288/2012; y de 28 de abril de 2016, rec. 827/2015.

ACTOS DE PARTIDOS

La Junta Electoral Central establece, en cambio, otro criterio sobre los actos de campaña o de propaganda electoral por las formaciones políticas, que prohibe el articulo 53 de la Loreg. En este caso, la coincidencia de dos procesos electorales no se ve afectada porque el organismo encargado de velar por el correcto desarrollo de los comicios establece que la prohibición «debe entenderse aplicable solo al proceso electoral concreto al que se refiera dicha propaganda electoral».

Por lo tanto, «los actos de esta naturaleza que las formaciones políticas realicen respecto de candidaturas locales, autonómicas y europeas antes de la convocatoria de estas elecciones no estarán sujetos a esta prohibición aunque se realicen durante el periodo de elecciones generales». No obstante, sí impide cualquier tipo de acto o propaganda «durante los días de reflexión y votación en las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado».

Por último, la Junta Electoral Central recuerda la prohibición de publicar o difundir encuestas electorales «por cualquier medio de comunicación durante los cinco días anteriores al de la votación» y lo vincula «a todos los procesos electorales convocados», por lo que los días previos al 28-A tampoco podrán darse sondeos de las locales, autonómicas y europeas.

En la norma se establece que “la campaña electoral durará quince días, comenzando a las cero horas del viernes 12 de abril y finalizando a las veinticuatro horas del viernes 26 de abril”.

En la orden que firmó en la mañana de este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que rubricó el rey Felipe VI, consta que el 21 de mayo será el día para la constitución de las Cortes que resulten de los comicios generales.

El Congreso y el Senado, por tanto, se constituirán el martes previo a la celebración el 26 de mayo de elecciones municipales, autonómicas y europeas.

Así lo establece, según recoge Servimedia, el artículo 5 del Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo, en el que se señala que “celebradas las elecciones convocadas por este real decreto, las Cámaras resultantes se reunirán, en sesiones constitutivas, el día 21 de mayo de 2019, a las diez horas”.

El real decreto se completa con el listado de las 52 circunscripciones y el número de diputados que se elige en cada una de ellas.