El PP ha tomado esta decisión a pesar de que este miércoles fuentes populares habían confirmado la intención de acudir de las vicesecretarias generales del PP Marta González, Cuca Gamarra y Andrea Levy, integradas en la cúpula nacional de la formación, así como la presencia de la secretaria de Igualdad, Marimar Blanco.

Esto era antes de conocer el manifiesto, ya que tras ver un texto que juzgan “politizado y partidista” han decidido borrarse de esta manifestación. Desde Génova lanzaron un comunicado en el que lamentan que los partidos de “extrema izquierda” pretendan “monopolizar esta convocatoria buscando la división y enfrentamiento entre hombres y mujeres, e incluso entre mujeres de ideologías distintas”.

Por ello, el PP no estará presente en esta cita y continuará trabajando para “garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de todos”. “Celebraremos el Día de la Mujer acompañados por las mujeres candidatas y junto con representantes de distintos colectivos que trabajan mirando al futuro por una sociedad en la que prime el mérito, la capacidad y la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. El PP leerá su propio manifiesto”, explica el comunicado.

Así se manifestó Xirgo durante su declaración como testigo ante la sala del tribunal que juzga a los líderes independentistas por la convocatoria y celebración del referéndum del 1-O. El director de El Punt Avui explicó que publicaron una campaña publicitaria sobre el referéndum del 1-O, “el de las vías del tren”, como lo mencionó la fiscal Consuelo Madrigal, pero se emitió “sin costes”.

Esto es algo “normal a veces”, apuntó, “cuando consideramos que hay una intención de trasmitir valores fundamentales y democráticos”. En este caso concreto era “el derecho a decidir”, pero se ha realizado en otras ocasiones, subrayó, como campañas en relación a recogidas de alimentos o contra el azhéimer para la Fundación Pasqual Maragall.

Esta decisión, continuó, fue “por iniciativa propia” del medio y rechazó que alguien se lo encargase. Posteriormente, preguntado sobre si en alguna ocasión el periódico ha cobrado de la Generalitat por alguna campaña, Xirgo destacó: “Sí claro, espero que sí”, pero se trata de una cuestión relativa al departamento comercial, agregó.

Por su parte, la presidenta de la Cooperación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) Nuria Llorach, citada como testigo, expresó que por recomendación de su abogado no iba a declarar porque estaba siendo investigada por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.

Tras la comparecencia de estos dos testigos finalizó la sesión del juicio de este miércoles que se reanudará mañana, a las 10 horas, con las declaraciones del comisario Sebastián Trapote y el teniente general de la Guardia Civil Ángel Gozalo.

Durante su declaración, Solanas explicó que el trabajo que realizaba Focus Media para la Generalitat era la gestión de espacios publicitarios en prensa, pero no la creatividad. Ante la insistencia de la fiscal Consuelo Madrigal insistió en que ella es “ajena” a los contenidos publicitarios, a pesar de que como usuraria de la prensa pueda ver algunas, puesto que su empresa se encarga de la contratación de los espacios.

Respecto al cobro del trabajo realizado para la Generalitat destacó que el departamento financiero de Focus Media “sigue moviendo el tema porque se han generado facturas negativas”, respecto al por qué “no sé el motivo”, aseguró. En este sentido, continuó, “hicimos el trabajo, pero no lo cobramos”.

Con respecto a otra de las campañas, Solanas detalló que una sufrió un “sobrecoste” porque algún medio manifestó que tenía un “contenido político”, algo que incrementaba la tarifa. La directora de la oficina de Focus Media manifestó que “los presupuestos de la Generalitat para campañas son cerrados, no se amplían”, de manera que “no podía pasarme porque si no lo asumía yo”. Por este motivo, se renunció a dicha campaña. En este sentido, a preguntas de la defensa, especificó que la campaña que no se hizo fue la de ‘Civisme’.

Posteriormente, el director de la Agencia Nothingad Comunicación S.L, Ferran Burriel, explicó que cuando la Generalitat le encarga una campaña en marzo no tiene constancia de que el Tribunal Constitucional hubiera advertido al Govern para que paralizase cualquier acto relacionado con el referéndum. Además, Burriel explicó que se trataba de una campaña “para notificar a los que viven en el exterior que si se registraban podían disfrutar del centro médico, del carné joven, etc”.

Sobre si cobraron el servicio realizado, Burriel indicó que no y que habló con la Generalitat por este motivo. En este sentido, confirmó ante las preguntas de la fiscalía que la factura fue emitida el 19 de junio de 2017 y que el 5 de septiembre realizaron una reclamación, pero rechazó que se realizara por vía judicial. “¿No hicieron una reclamación judicial?”, preguntó el fiscal Moreno, “no”, respondió Burriel, pero entonces “¿dieron por perdidos 80.000 euros y han seguido trabajando después de esto con la Generalitat”, preguntó el fiscal sorprendido, “Sí”, contestó el testigo, «se abonaron en negativo».

Según una información que publica la agencia ICAL, Rodríguez ha solicitado la baja de militancia al igual que Juan José Zancada, exportavoz en la Diputación Provincial y exsecretario de Política Municipal del PSCyL. Rodríguez remitió una carta este miércoles a la secretaria general del PSOE en Valladolid, Teresa López, para que tramite su baja, ya que la “discrepancia profunda que mantengo con la dirección del partido en relación a su política con el independentismo catalán me lleva a tomar esta difícil decisión”.

“No puedo compartir que la mayoría de la moción de censura, que ha sostenido al Gobierno durante los últimos ocho meses, sea una posibilidad viable de conformar una mayoría parlamentaria razonable para sostener a un gobierno socialista”. Y añade que espera y desea “que tras los resultados electorales del 28 de abril el PSOE no reedite la mayoría de la moción de censura para obtener una investidura. Hacer depender de nuevo la gobernabilidad del país del independentismo que ha iniciado una operación de acoso y demolición del Estado de Derecho y de la Constitución, tendría consecuencias muy negativas para nuestra democracia”.

A su juicio, “el diálogo de Cataluña debe abordarse de manera amplia, incluyendo desde luego a todos los catalanes y desde un amplio consenso de los partidos constitucionalistas. Partidos que, con posiciones políticas e ideológicas diferentes, hemos participado siempre de un consenso constitucional esencial sobre la integridad territorial y la soberanía nacional”, afirma en la carta.

La que fue secretaria de Estado de Cooperación en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y portavoz del partido en el Congreso anunció el pasado 21 de febrero su despedida de la primera línea política y su regreso a su puesto de funcionaria.

El anuncio llegó días después de que la dirección del PSOE apartara de sus responsabilidades a varios diputados críticos con la gestión de Pedro Sánchez al frente del Gobierno y del partido, entre ellos a Rodríguez, a la que retiró de su puesto como vicepresidenta primera de la delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Días antes Rodríguez había expresado críticas contra el Gobierno a cuento de la figura del relator en la mesa de partidos catalanes. Lo mismo hizo el expresidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda, que fue también apartado por la dirección de su puesto en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

En los pasillos del Congreso, Soraya Rodríguez confirmó que por deseo propio no repetirá en las listas electorales del PSOE en las elecciones generales del próximo 28 de abril, y que recuperará su puesto como funcionaria y comenzará con ello «otra vida» más allá de la política, sabedora de que la dirección del PSOE no iba a contar con ella.

Rodríguez lamentó la crispación que preside la política española actualmente, en la que, denunció, se confunde la crítica legítima al adversario con los ataques personales y los insultos, imposibilitando con ello un debate real y útil sobre los problemas de los ciudadanos y sus posibles soluciones.

Así se manifestó Guix ante la sala del Tribunal Supremo que juzga el ‘procés’ independentista de Cataluña. Ante las preguntas explicó que facturó en mayo de 2017 y, posteriormente, en julio emitió una factura negativa “para no cobrar ese trabajo”, tras ser citada por la Guardia Civil, “por prudencia pensé que era mejor no cobrar ese trabajo”, que tenía un importe de 2.700 euros, detalló.

El trabajo trataba de llevar a cabo el diseño gráfico de la web del ‘pacto por el referéndum’, algo que, según indicó, se lo encargaron durante el primer trimestre de 2017. Sobre el contenido de la web, Guix aseguró que no recordaba si había algo relativo a publicidad o donativos, pero reiteró en varias ocasiones que “la web final no se parecía nada a la propuesta”. “Yo no trato los contenidos solo el diseño”, resaltó.

Ante los reiterados “no lo recuerdo” de la testigo el presidente de la sala Manuel Marchena le manifestó que “no se puede venir como testigo y decir no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo…. ¿Hay alguna razón de la desmemoria?”. Guix expresó de nuevo que “lo que se publicó fue diferente, yo no trato los contenidos solo el diseño”.

Sobre el destino de su trabajo relató que se lo entregó al departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña y rechazó haberse reunido con algún conseller del Govern, puesto que ella tenia relación con el responsable de contenidos digitales, Roc Fernández.

Durante su declaración como testigo ante el tribunal que juzga al ‘procés’ Nos explicó que el informático Quim Franquesa contactó con él en agosto de 2017 para desarrollar un proyecto de votación electrónica a través de tecnología ‘blockchain’ para el referéndum del 1-O. Tras aceptar acudió con Franquesa a una reunión en el Palacio de Pedralbes en la que, entre otros, estaban el entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, los esconsejeros Junqueras y Romeva y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Asimismo, explicó que ante la Guardia Civil identificó a más personas, a través de fotografía, ya que en ese momento “ni sabía los nombres”, además indicó que el político de ERC Xavier Vendrell no estaba en la reunión.

En dicho encuentro hablaron sobre la propuesta del proyecto, sus ventajas y desventajas y la capacidad para llevarlo a cabo. “Era un sistema de votación electronica, pero solo se llegó a preparar una propuesta”. En principio, dijo, “cuando Quim me lo comentó era solo para votación en el extranjero”, pero en la reunión les preguntaron si era posible hacerlo para todo el mundo, “dijimos que sí y que nos era lo mismo hacerlo para X personas o X millones”.

El presupuesto para el proyecto fueron “entre 400.000 y 500.000 euros” y “nosotros lo teníamos que gastar, aproximadamente el 50%, en el manteamiento de la propia red”. Sobre los plazos, Nos explicó que necesitaban el dinero con antelación y como “durante una semana o dos pregunte a quien teníamos que facturar y no tuvimos respuesta”, “lo rechacé”.

En aquel momento, aseguró que no estaba seguro de que el referéndum fuese ilegal y apuntó que estas conversaciones se producen en agosto. “Sé que en septiembre el tribunal anula algo”, pero “yo me desentendí”, resaltó, porque no tenía relación con el proyecto que no se había llevado a cabo. Además, el empresario destacó que no tuvo ninguna relación contractual con la Generalitat, puesto que el proyecto no fue más allá de la propuesta. “Yo no he hablado nada de eso con nadie”, subrayó ante las preguntas de la abogada del Estado Rosa María Seoane.

Posteriormente, declaró como testigo Quim Franquesa quien negó ser socio de Nos. Franquesa explicó que Xavier Vendrell contactó con él, “primero se identificó como Jordi, pero luego supimos que era él”. “Nosotros estábamos desarrollando diferentes proyectos de participación ciudadana y a través de una relación laboral acabamos contactando”. En una reunión en un bar, continuó, le explicó que el proyecto era para el referéndum del 1-O y que “era legal”.

A continuación se puso en contacto con Nos porque sabía que podía desarrollar el proyecto. Cuando se lo propuso Nos le comentó que “si era legal, no había ningún problema”. De esta manera, el 16 de agosto se reunieron en Pedralbes con miembros de la Generalitat, “explicamos en líneas generales en qué consistía y el calendario para hacerlo”, así como las cuestiones de seguridad. Además, respecto a los plazos “no empezábamos desde cero, porque íbamos a aprovechar una parte del proyecto que ya tenía desarrollada Nos”.

“No era una reunión para presentar un presupuesto” del proyecto, resaltó, pero “nos dejaron claro que la Generalitat no iba a pagar absolutamente nada”, que de eso se encargaba “una tercera parte”, pero “eso ya no lo sé”, aseguró ante las preguntas del fiscal Moreno sobre esa supuesta tercera parte encargada del pago.

Posteriormente hubo una reunión a finales de agosto con técnicos del CTTI para explicar el análisis técnico del proyecto, pero “no había predisposición por su parte para desarrollarlo”. De esta forma, “al principio de septiembre como vimos que el Tribunal Constitucional seguramente iba a bloquear el referéndum, el proyecto no estaba totalmente definido y no sabíamos quién nos iba a pagar, lo dejamos”. En este sentido, continuó, “no puedes desarrollar en 15 días un sistema de voto electrónico”, de ahí que los tiempos “eran muy justos”. En cuanto al coste, expresó que “no hubo nada más allá de los desplazamientos”.

El Supremo rechaza su recurso y afirma que bastará para estimar aplicable “la agravante genérica que el hecho probado de cuenta de la relación típica prevista en los tipos penales antes citados de tal suerte que el delito se entienda como manifestación objetiva de la discriminación característica de la misma. Y, en lo subjetivo, bastará la consciencia de tal relación unida a la voluntad de cometer el delito”.

En el hecho probado de la sentencia se recoge que el acusado recurrente y la víctima fueron pareja sentimental sin convivencia durante dos años y que posteriormente a su ruptura siguieron “viéndose en alguna ocasión e incluso tuvieron relaciones sexuales”. Asimismo, indica que el 27 de noviembre de 2016, en la ocasión que describe (viajaban ambos en un vehículo) el acusado obligó violentamente a la víctima a hacerle una felación.

A continuación, relata que el acusado llevó a la mujer a una caseta de campo, insultándola diciéndole «guarra, come pollas, hija de puta…», “manifestándole ella entonces que quería irse, negándose a ello el procesado», que la arrastró hacia el interior de la caseta y la propinó patadas y le dijo que «harían lo que él quisiera, que para eso estaba y que no servía para otra cosa”.

Para el Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Luciano Varela, “es evidente que tal escenario y comportamiento implican objetivamente la situación de machismo origen de discriminación fruto de la cual son los actos atribuidos al acusado, relación y asimétrico estatuto que sin duda les constaba y que resultaron funcionales para el objetivo delictivo de su voluntad de agredir a la víctima con menoscabo de su libertad sexual”.

La Sala recuerda que el legislador, cuando decidió elevar las penas al reformar el artículo 153.1 del Código Penal a conductas que son tanto causa como expresión de la situación de desigualdad, no exigía que el autor del delito actuara por motivos subjetivos como el de buscar la dominación, humillación o subordinación de la mujer. El legislador, según la Sala, considera que ciertos hechos son más graves por constituir una manifestación específicamente lesiva de violencia y de desigualdad.

Los magistrados añaden que el término “género” que titula la ley pretende comunicar que no se trata de una discriminación por razón de sexo. No es el sexo en sí de los sujetos activo y pasivo lo que el legislador toma en consideración con efectos agravatorios, sino el carácter especialmente lesivo de ciertos hechos a partir del ámbito relacional en el que se producen y del significado objetivo que adquieren como manifestación de una grave y arraigada desigualdad.

Según indicaron a Servimedia fuentes de Podemos, en su nombre acudirán, además de Montero, la portavoz adjunta en el Congreso, Ione Belarra; y la coportavoz de la Ejecutiva, Noelia Vera.

Igualmente, asistirán la secretaria de Igualdad, Feminismos y LGTBI, Sofía Castañón; la secretaria de Acción Institucional, Gloria Elizo; y la hasta ahora portavoz adjunta en la Comisión de Igualdad del Congreso, Ángela Rodríguez, entre otras.

Las fuentes consultadas no avanzaron la presencia en la manifestación de ningún hombre, aunque el secretario de Organización, Pablo Echenique, anunció esta mañana que intentará acudir.

Echenique confirmó también que las mujeres del partido seguirían la huelga feminista del viernes; no así él, quien justificó que tiene «mucho trabajo» y, si la hiciera, no le daría tiempo a terminar las tareas que tiene pendientes.

Al incendio producido en Llanes desplegó una brigada de especialistas en extinción desde la base de Tineo. A Cantabria se desplazaron aviones anfibios de 5.500 litros de descarga de la base de Torrejón de Ardoz (Madrid), un helicóptero Kamov de 4.500 litros desde Tabuyo del Monte (León) y otro helicóptero ligero de 1.100 litros, así como una brigada terrestre de la base de Ruente (Cantabria).

El departamento dirigido por Luis Planas indicó que para ayudar a sofocar los incendios en Navarra envió tres brigadas terrestres procedentes de las bases de Burguete y Baztán, en esa misma comunidad autónoma.

«Respecto a estos últimos delitos, en el Juzgado referido no se siguieron las actuaciones, tras el testimonio del Tribunal de Cuentas de que no se apreciaban indicios de responsabilidad contable ni responsabilidades penales o administrativas en la fiscalización realizada a RTVE por dicho Tribunal» explicó la Corporación.

Respecto al amianto, RTVE afirma que «el juzgado parte de un hito fundamental y es que no se levantó ni fue extendida Acta de Infracción contra RTVE por la Inspección de Trabajo y la declaración del Inspector que compareció como testigo perito así lo ratificó».

«Quiero deciros que no me siento identificado con el cartel con el que lo hemos anunciado», reconoció Iglesias en su perfil de Twitter apenas una hora después de empezar a divulgarse». «Reconocer los errores es siempre el primer paso para hacer las cosas bien. Os espero el 23. Sí se puede».

También quiero deciros que no me siento identificado con el cartel con el que lo hemos anunciado. Reconocer los errores es siempre el primer paso para hacer las cosas bien. Os espero el 23. Sí se puede.

— Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 6 de marzo de 2019

Fue el segundo mensaje con el que se refirió al acto en el que volverá a la actividad pública después de su permiso de paternidad. Introdujo así una puntualización a su anuncio original, un minuto antes.

«Tengo muchas ganas de encontrarme con vosotros y vosotras el día 23 en la plaza del Reina Sofía. Vuelvo cargado de energía y con ganas de compartir mis reflexiones en este tiempo de permiso de paternidad y de estar de otra forma con la familia, los amigos y la gente del partido», había publicado inicialmente Iglesias.

Tengo muchas ganas de encontrarme con vosotros y vosotras el día 23 en la plaza del Reina Sofía. Vuelvo cargado de energía y con ganas de compartir mis reflexiones en este tiempo de permiso de paternidad y de estar de otra forma con la familia, los amigos y la gente del partido.

— Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 6 de marzo de 2019

Los tuits en los que algunos dirigentes del partido y el perfil oficial del mismo anunciaron el acto adjuntando el cartel fueron también borrados después de que bastantes usuarios de la red social criticaran la contradicción de ese énfasis en que «él» vuelve, precisamente a dos días de que se celebre el Día Internacional de la Mujer.

«Es una propuesta de la dirección, el programa de educación todavía no está hecho», indicaron a Servimedia fuentes de Podemos después de que la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, confirmara que la iniciativa se lanzará a nivel estatal, aunque la primera idea la verbalizara la candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Serra.

Belarra justificó la creación de una asignatura de Feminismo por que “los jóvenes tienen que hacerse unas preguntas claves”: por qué en las profesiones científicas o técnicas hay más hombres que mujeres, por qué los filósofos que se estudian son todos varones o por qué algunos hombres quieren controla la forma de vestir o la gente con la que salen sus parejas.

Desde su punto de vista, todo esto se debe a que “tenemos unos roles que hemos ido aprendiendo y se tienen que ir progresivamente deconstruyendo”.

Según el Estudio de Mercado de Vivienda elaborado por la Sociedad de Tasación, las Islas Baleares presentan el índice de esfuerzo inmobiliario más alto necesario para acceder a una vivienda en todo el país y triplica el de la región donde el índice es más bajo, La Rioja, con 4,8 años.

Las dos comunidades autónomas que requieren de menos años para conseguir comprar una vivienda son La Rioja, con 4,8 años, y Murcia, con 4,9.

En el lado contrario, las regiones que se sitúan por encima del promedio de España y que precisan de un mayor tiempo de cúmulo de ingresos para comprar una vivienda son Baleares (15,3 años), Cataluña (8,4) y Madrid (8,0). Todas las demás comunidades autónomas posicionan su índice entre los 5 y los 7 años para poder acceder a un piso.

Respecto al índice de accesibilidad, Baleares también empeora frente al año anterior, pasando de 54 a 51 puntos, y de esta manera se sigue posicionando como la región que presenta el índice de accesibilidad a la vivienda más bajo de toda España (tasa que mide el punto de equilibrio entre los precios del piso y la capacidad de endeudamiento adecuada para su adquisición). La cifra contrasta con la media nacional, donde también baja, aunque en este caso desde 104 a 102 puntos.

El informe revela, además, que el precio de una vivienda de tipo medio ha aumentado en las dos regiones insulares, aunque con diferencias apreciables. Las Islas Baleares, con un 5,8% de aumento respecto a los datos de hace un año, presenta el tercer mayor incremento de los precios de la vivienda nueva de todas las comunidades autónomas, solo por detrás de Cataluña, con un 7,7%, y Madrid, con un 7,5%. La tasa de las Baleares supera con creces la media nacional, situada en un 5,4%.

El comportamiento de los precios por metro cuadrado en las capitales provinciales de Baleares y Canarias se han encarecido en ambos casos. Mientras que en Palma de Mallorca se ha registrado un aumento del 5,8%, alcanzando los 2.056 euros por metro cuadrado, Las Palmas de Gran Canaria se anota un crecimiento del 2,5%, fijando el precio medio en 1.617 euros por metro cuadrado.

Según el último resumen climatológico mensual de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y hecho público este miércoles, febrero fue en un mes muy seco en el conjunto de España, con una precipitación media de 15 litros por metro cuadrado, lo que supone un 28% de la media de ese mes, que es de 53 litros por metro cuadrado teniendo en cuenta como periodo de referencia el comprendido entre 1981 y 2010.

Con estos datos se concluye que el mes pasado fue el febrero más seco en lo que va de siglo XXI y el cuarto menos lluvioso desde que en 1965 comenzara la serie história de la Aemet, sólo por detrás de 1997, 2000 y 1990.

Febrero resultó ser extremadamente seco en un área comprendida entre Segovia y Valladolid, así como al norte de Huesca. Las precipitaciones se quedaron por debajo de los valores normales en todo el país excepto en una pequeña zona al norte de La Rioja.

En concreto, desde el oeste de Galicia hasta el norte de Navarra, así como al norte de las islas de Tenerife y Gran Canaria, las precipitaciones fueron un 75% inferiores a los valores normales.

RÉCORDS DE CALOR

Por otro lado, febrero tuvo una temperatura media sobre España de 9,7ºC, lo que supone 1,2ºC por encima de la media, de manera que se convirtió en el undécimo febrero más cálido desde 1965 y el cuarto más caluroso del siglo XXI, sólo por detrás de los de 2008, 2007 y 2017.

Sin embargo, se batieron 18 récords históricos de calor, concretamente 14 por temperaturas máximas y cuatro por temperatura media de las máximas del mes de febrero. Todas esas efemérides tuvieron lugar en la mitad norte de la península y se repartieron en tres episodios cálidos, que llegaron entre los días 6 y 9, del 13 al 17 y del 21 al 28.

Además, en febrero lució el sol un 44% más de lo habitual en el conjunto de España. El astro rey se dejó ver con más asiduidad de lo esperado sobre todo en el tercio norte. Por ejemplo, hubo un 88% más de horas soleadas de lo esperable en un mes de febrero típico en Burgos, un 79% más en San Sebastián y un 78% más en el aeropuerto de Asturias.

Lo anunció este miércoles la portavoz adjunta en el Congreso, Ione Belarra, en declaraciones a ‘laSexta’, poniendo así fecha al final del permiso de paternidad que se cogió Iglesias a la vuelta de las vacaciones de Navidad. Será, anunció, un acto «multitudinario».

En todo caso, Belarra recalcó que «hay ausencias que hablan más que muchas presencias», y que Iglesias «está siendo coherente con lo que dijo a pesar de las presiones mediáticas» para que vuelva cuanto antes.

Al cumplir con su permiso hasta el final (su pareja, Irene Montero, le cedió la mitad del tiempo que le correspondía) y corresponsabilizarse al 50% del cuidado de sus hijos, el líder de Podemos, según Belarra, «lanza una pregunta a todos los hombres»: que, si un hombre con sus responsabilidades puede dedicarse al 50% a sus hijos, «cualquier otro hombre con cualquier otra responsabilidad puede hacer lo mismo».