Así lo explicó Ribera en una entrevista en RNE recogida por Servimedia, donde recordó que el importe final del recibo va a depender del precio antes de impuestos, por lo que señaló que “nuestra estimación es que podamos absorber prácticamente todo” lo que supone este impuesto.

En concreto, apuntó que la vuelta de este gravamen puede provocar una subida de entre dos y tres puntos porcentuales en el recibo, que se traduce en estos 0,50 céntimos o un euro.

Preguntada por los motivos por los que ha decidido no prorrogar la suspensión del impuesto, admitió que “es dudoso que se pueda justificar como una medida de urgente necesidad”, además de reconocer que no está claro que dicha actuación fuera a ser convalidada por el Congreso de los Diputados.

“No tiene sentido hacer lo que no se puede hacer”, añadió Ribera, quien lamentó que el Gobierno haya tenido que descartar acometer una reforma en profundidad de toda la fiscalidad del sistema energético por falta de tiempo para hacerlo.

Por otro lado, la ministra anunció que el Bono térmico de calefacción y agua caliente, otra de las medidas aprobadas por el Gobierno el pasado mes de octubre, va a ser pagado de forma inmediata.

A este respecto, detalló que la Dirección General de Política Energética y Minas ya ha trasladado la propuesta de transferencia de este pago, del que solo falta la comunicación a todos los potenciales beneficiarios de que tienen este derecho y de que si quieren pueden renunciar, para evitar incompatibilidades con otras posibles ayudas.

Por último, Ribera fue preguntada por si el PSOE va a incluir en su programa electoral la subida del impuesto al diésel, a lo que contestó que “está poco justificada la diferencia entre la fiscalidad de las gasolinas y el diésel”.

Por ello, se mostró convencida de que en el programa electoral de su formación la fiscalidad ambiental y de los combustibles de automoción estará presente, aunque no quiso dar por hecho que estará la subida de dicho impuesto.

El sindicato señaló en un comunicado que aplaude «cualquier medida preventiva que se tome en favor de la seguridad aérea» y a decisión de EASA «es la adecuada en este momento para preservar la seguridad de los pasajeros y de las tripulaciones que van a bordo de los aviones». «La medida se basa en los principios de prevención y precaución, que son los que deben guiar las decisiones tomadas tras un trágico accidente de las características de acontecido en Etiopía», señala el sindicato. «Paralizar la flota es una medida necesaria para garantizar la seguridad y la confianza que la sociedad tiene en el transporte aéreo, el medio más seguro para desplazarse.

En la nota, el Sepla denuncia la «insuficiente formación» que, a su entender, reciben los pilotos en el curso de transición del 737 al 737 MAX. Se queja de que el curso de entrenamiento para la habilitación de los pilotos que pasan de la flota del 737 clásico al 737 MAX se limita a la visualización y aprendizaje de un curso ‘online’ y solo recientemente, tras el accidente de un avión B373 MAX en Indonesia, se han puesto en marcha cursos de simulador para entrenar a las tripulaciones que pasan de un avión a otro.

Sepla recuerda que los manuales de operaciones del avión no contemplaban hasta el pasado octubre (momento del accidente de un avión de LionAir en Indonesia) uno de los sistemas que se introdujo en esta flota, por lo que si se diera un fallo en su funcionamiento, no habría modo en que los pilotos fueran capaces de apercibirse del origen de dicho fallo ni de conocer la el procedimiento oportuno para solventarlo.

Desde Logroño, donde clausuró el acto de presentación de los candidatos del PP a las alcaldías de los municipios cabeceras de la comarca de La Rioja, Casado se despachó con dureza contra todos sus adversarios políticos el próximo 28 de abril, día de las elecciones generales.

En concreto, señaló que los dirigentes de Vox “llevan dos meses desaparecidos” y resaltó que no ha vuelto a ver a Abascal. “Dicen que están con la ‘táctica Trump’, sólo en las redes sociales porque no tienen ningún proyecto que ofrecer a los españoles”, espetó el presidente del PP.

En palabras del líder de la oposición, la gente ya “se da cuenta de que [en Vox] no saben” de economía, política internacional, territorial, presupuestaria o de sanidad, educación, seguridad e inmigración.

También tuvo palabras para Ciudadanos, refiriéndose a “aquellos partidos que no han demostrado poder gestionar nada” pero que daban “lecciones de regeneración y en cuento hacen unas primarias e intentan fichar tránsfugas en otros son partidos son los primeros que incumplen los códigos éticos que intentaban imponer a los demás”.

En cuanto a Podemos, el líder de los populares advirtió de que España “no se construye con los experimentos de nuevos partidos” que a lo sumo “aguantan una legislatura” para “dejar todo hecho unos zorros” y sin ser capaces de tener votos suficientes para “poner coto” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Dicho esto, centró su crítica en el PSOE, un partido del que dijo que “por tercera vez ha conseguido fundir a España” a pesar de que el Gobierno del PP dejó al país “creciendo al 3% y recibiendo la mayor inversión internacional de los últimos 10 años”. “¡Y resulta que en ocho meses te lo funde!”, se quejó.

“Tanto hablar de los viernes sociales y cada vez que habla sube la luz”, continuó, y auguró que también “subirá el pan” si Sánchez logra revalidar su cargo tras los comicios del 28-A. “Todo va a peor”, valoró, aunque seguidamente prometió “evitarlo” si consigue los votos suficientes para hacerse con el Gobierno de España.

Según Casado, el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE lo que está haciendo es “robar el futuro a los españoles metiendo la mano en el bolsillo de los contribuyentes”. Los denominados “viernes sociales”, avisó, consisten en “prometer lo que no puede aprobar, pagar y es ruinoso para España”.

En esta situación, subrayó que su objetivo es “ilusionar” a los españoles dejándose la piel y haciendo “todo lo posible para rescatar a España de las manos de los socialistas, que son muy amplias”. Se mostró convencido de que logrará ganar las elecciones y “sumar” para forjar un “Gobierno suficiente” para echar a los socialistas de La Moncloa.

Encargó a los suyos que se dediquen a lo largo de la precampaña y la campaña a “enamorar al votante” transmitiendo que el PP “sigue siendo su partido” y que no defraudará. “Somos el único partido que garantizamos el bienestar”, reivindicó, para a renglón seguido prometer “alfombra roja” al emprendimiento y al empleo.

Por último, Casado advirtió de las consecuencias de aquellos que piensan en “darse una alegría” al votar a Vox o a Cs, ya que la ley electoral puede hacer que no obtengan escaño en determinadas circunscripciones y que ese voto “vaya al PSOE o a Podemos”. “Lo que se vote el 28-A va a condicionar en gran medida lo que pase el 26-M”, remachó.

La presidenta de la Institución Educativa SEK, Nieves Segovia, destacó en su intervención que el espíritu de Sekmun es “formar en la defensa de la libertad, con ciudadanos comprometidos con la justicia social, capaces de discernir y razonar”. “Desde su hora fundacional, ese ha sido el propósito de la Institución SEK y de la Universidad Camilo José Cela, educar para y en la libertad. Por ello, es necesaria una renovada llamada a la acción, un rearme de nuestro pensamiento crítico que nos lleve a retar nuestra verdad frente a la de los demás”.

El rector de la Universidad Camilo José Cela, Samuel Martín-Barbero, habló de la importancia de elegir fuentes de información fiables y acudir “a aquellas instituciones que llevan siglos buscando la verdad, como es el ente universitario. La UCJC os tiende la mano para la reconquista de la libertad para ejercer una opinión independiente como brújula para la vida, y no caer en la tentación de los relatos emocionantes o de la multiplicidad de imágenes y canales que apenas nos dejan tiempo para la reflexión. Hechos ciertos y contrastados, y opiniones fundadas, deben ser mecanismos imprescindibles en la búsqueda de la verdad”.

Vidal, también llamado a declarar este martes, aseguró que actuó de simple intermediario entre “un tal Toni” que le entregó un USB con la instrucción de que redimensionara los carteles y encargara su impresión a tres empresas diferentes, sin especificar el precio de sus servicios ni la identidad del pagador.

Según explicó Mary, aceptó el trabajo sin pedir más garantías porque tenía el aval de Òmnium, que “es cliente desde 2004″. “El trabajo estaba relacionado con el referéndum”, aseguró. “Me llamó Aitor Sempere, de Òmnium, para un presupuesto urgente. Eran carteles, dípticos… No recuerdo si me dijo que era el anuncio de las vías del tren. Tampoco me dijo quién debía facturar ese trabajo. Normalmente cuando Òmnium encargaba, facturaba la propia asociación o partidos políticos».

Lo que sí le dijo Vidal, según ha declarado a preguntas de la Fiscalía, es que «había mucha prisa por tener el material impreso». También le explicó que el encargo se había dividido entre tres empresas: Artyplan, Global Solutions y Marc Martí, porque de ese modo “había menos posibilidades de que lo incautara la Guardia Civil”, lo que finalmente ocurrió.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado intentan demostrar que la Generalitat gastó dinero público en la organización del 1-O y que, por tanto, hubo un delito de malversación. Según el trabajador de Artyplan, Enric Vidal le dijo “que la factura debía hacerla a la Generalitat y que pagaría la Generalitat” un presupuesto total de “17.250 euros».

«Para este encargo”, relató, “solo me relacioné con Enric Vidal. Él venía referenciado por Òmnium, que es un cliente histórico nuestro. No hacía falta más”. Fue él quien “me aprobó el presupuesto y me habló de la Generalitat».

Sólo unos minutos antes, Vidal explicó al tribunal que pese a hacer de intermediario con las empresas de impresión, no les pidió una cantidad concreta de copias, ni tampoco les solicitó presupuesto del trabajo, ni les indicó quien iba a ser el pagador. Lo único que hizo es repartir la impresión entre las tres empresas a partes iguales.

Así se recoge en el informe ‘Perspectiva de los Recursos Mundiales 2019’, preparado por el Panel Internacional de Recursos de ONU Medio Ambiente y presentado este martes en la IV Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se celebra hasta el próximo viernes en Nairobi (Kenia) con el fin de impulsar economías más sostenibles.

El Panel Internacional de Recursos, formado por científicos especializados en temas de gestión de recursos, subraya que el rápido aumento de la extracción de materiales es el principal culpable del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad, un problema que sólo empeorará salvo que el mundo emprenda urgentemente una reforma sistémica del uso de los recursos.

El informe examina las tendencias de los recursos naturales y sus patrones de consumo desde la década de 1970 para apoyar a los responsables políticos en la toma de decisiones estratégicas y la transición hacia una economía sostenible.

En las últimas cinco décadas, la población se duplicó y el PIB se cuadriplicó. En el mismo periodo, la extracción mundial anual de materiales aumentó de 27.000 millones de toneladas a 92.000 millones de toneladas hasta 2017. El volumen de materiales extraídos se duplicará de nuevo en 2060 si continúan las tendencias actuales, según el informe.

«La extracción y el procesamiento de materiales, combustibles y alimentos son causantes de aproximadamente la mitad de las emisiones globales totales de gases de efecto invernadero y más de 90% de la pérdida de biodiversidad y el estrés hídrico», indica la investigación, que recalca que en 2010 un 11% de las especies había desaparecido por cambios en el uso de la tierra.

«‘Perspectiva de los Recursos Mundiales’ muestra que estamos aprovechando los recursos finitos de este planeta como si no hubiera un mañana. En este camino, estamos causando el cambio climático y la pérdida de biodiversidad», dijo Joyce Msuya, directora ejecutiva interina de ONU Medio Ambiente, quien añadió: «Francamente, no habrá mañana para muchas personas a menos que nos detengamos».

Desde el año 2000, el crecimiento en las tasas de extracción se ha acelerado a un ritmo del 3,2% anual, impulsado en gran medida por grandes inversiones en infraestructura y mayores niveles de vida materiales en países en desarrollo y en transición, especialmente en Asia. En 2017, los países más ricos todavía necesitaban movilizar de otras partes del mundo 9,8 toneladas de materiales por persona, lo que también impulsa la tendencia al alza.

Más específicamente, el uso de minerales metálicos aumentó un 2,7% anual y sus impactos asociados en la salud humana y el cambio climático se duplicaron entre 2000 y 2015. El uso de combustibles fósiles pasó de 6.000 millones de toneladas en 1970 a 15.000 millones de toneladas en 2017 y el uso de biomasa creció de 9.000 millones de toneladas a 24.000 millones de toneladas, principalmente para alimentos, materias primas y energía.

PROYECCIÓN HACIA 2060

Por otro lado, el informe hace una proyección hasta el año 2060 en función de las tendencias históricas. Así, entre 2015 y 2060 se espera que el uso de los recursos naturales crezca un 110%, lo que conllevará a una reducción de los bosques de más de un 10% y una disminución de otros hábitats, como los pastizales, de un 20%. Las implicaciones para el cambio climático serían graves, ya que habría un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero de un 43%.

El informe sostiene que la eficiencia de recursos es esencial, aunque no suficiente por sí sola. «Lo que se necesita es pasar de los flujos lineales a los circulares a través de una combinación de ciclos de vida útil prolongados, diseño y estandarización inteligentes de productos, y la reutilización, el reciclaje y la refabricación», indica.

Si se ponen en marcha las medidas recomendadas, se podría acelerar el crecimiento económico y superar los costes iniciales de la transición hacia modelos económicos compatibles con los esfuerzos para mantener el calentamiento global en 1,5ºC en este siglo, según el estudio.

“El modelo llevado a cabo por el Panel Internacional de Recursos muestra que, con la eficiencia de recursos adecuada y las políticas de consumo y producción sostenibles implementadas, para 2060 el crecimiento en el uso global de recursos puede disminuir un 25%, el producto interno bruto podría crecer un 8% -especialmente en las naciones de ingresos medios y bajos- y las emisiones de gases de efecto invernadero podrían reducirse un 90% en comparación con las proyecciones que dan continuidad a las tendencias históricas», escriben en el prefacio del informe Izabella Teixeira y Janez Potocnik, copresidente del Panel.

Según indicaron a Servimedia fuentes de las diferentes fuerzas políticas en juego en este entorno, «todavía no hay nada cerrado» y se apurarán los días que quedan hasta que el sábado 15 se cierre el plazo para el registro de coaliciones que van a concurrir a las elecciones generales.

En principio, el mejor situado para liderar la candidatura por La Coruña es el secretario general de Podemos en Galicia y diputado, Antón Gómez-Reino; para hacerlo por Pontevedra la diputada de IU Yolanda Díaz; para liderar la de Lugo el también diputado de Anova Miguel Anxo Fernán Vello y para encabezar la de Orense David Bruzos, el exdiputado de En Marea que perdió en diciembre de 2018 con Ángel Villares las primarias para dirigir esta última formación.

Precisamente, al tener la formación que ahora controla Villares, distanciado del resto de fuerzas, el registro de esta marca, que en las elecciones de 2016 fue la de toda la confluencia, para los comicios de abril los actores restantes tendrán que buscarse otro nombre. «Estamos trabajando en ello», indicaron sin dar más pistas al respecto.

Por lo que respecta al En Marea de Villares, las fuentes consultadas señalaron que «en principio, se irá por separado». Mañana se confirmarán los resultados de las primarias de esta formación, en las que ha votado el 25% de la militancia y se han ratificado como cabezas de lista al Congreso Ana Seijas, por La Coruña; María Cristina Pérez, por Lugo; Iván Olmos, por Orense, e Iris Malvido, por Pontevedra.

El listado agrega a cinco países que no habían asumido ningún compromiso desde la creación del listado: Guam, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Samoa, Samoa Americana y Trinidad y Tobago, detalló hoy la Comisión.

Otros tres estaban en la lista original y habían pasado a la denominada ‘lista gris’ -reunía a otros 47 países- a raíz de los compromisos que asumieron, pero volverán a la primera por no haberlos cumplido: Barbados, los Emiratos Árabes Unidos y las Islas Marshall. Los siete restantes han pasado directamente de esa lista gris a la negra por la misma razón: Aruba, Belice, Bermudas, Dominica, Fiyi, Omán y Vanuatu.

Para Bruselas la propia confección del listado ha demostrado ser «un verdadero éxito», ya que muchos países modificaron sus sistemas jurídicos y fiscales para cumplir con las normas.»La lista de paraísos fiscales de la UE constituye una verdadera victoria europea, y ha tenido un efecto rotundo en la transparencia y en la equidad fiscales en todo el mundo», ha sostenido el comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, Pierre Moscovici.

Según el comisario, «docenas de países ya han abolido regímenes fiscales perniciosos y se han ajustado a las normas internacionales de transparencia y equidad fiscal» gracias a la propia confección de esa clasificación, que no resulta neutral porque habilita a los Estados a aplicar una serie de medidas contra ellos.

La lista nació como algo vivo, revisable de forma periódica para precisamente sacar o incluir territorios en función de su cumplimiento fiscal y transparencia. La inclusión de los nuevos territorios se produce después de que la Comisión evaluase 92 países en el último año basándose en tres criterios y en un indicador: transparencia fiscal, buena gobernanza y actividad económica real, así como la existencia de un tipo del impuesto de sociedades igual a cero.

Durante el ejercicio 2019 prevé seguir supervisando 34 países de la indicada lista gris, mientras que 25 de los países sometidos al proceso de examen original han sido ahora exonerados. En el próximo examen se incluirán además nuevos criterios de transparencia de obligado cumplimiento y se añadirán tres países del G20 para su revisión: Argentina, México y Rusia.

Según la Comisión, la creación del listado ha alentado también la conformación de un marco para el diálogo y la cooperación con los socios internacionales de la UE, en el que se abordan preocupaciones relativas a sus regímenes fiscales y se fomenta el debate sobre cuestiones fiscales de interés mutuo. A partir de ahora los países incluidos en la lista recibirán una carta con la decisión de la UE y qué pueden hacer para ser retirados de la lista.

Los Estados miembros han convenido a su vez una serie de medidas que pueden aplicar frente a los países de la lista, entre las que destacan un incremento de los controles y auditorías, retenciones fiscales en origen, requisitos de documentación especiales y disposiciones contra las prácticas abusivas. La propia legislación de la UE prohíbe ahora que sus fondos se canalicen o transiten a través de entidades pertenecientes a países incluidos en la lista negra.

Los mayores descensos dentro del selectivo se los anotaron las acciones de Meliá Hoteles (-2,59%), seguidas por las de IAG (-1,60%), Ence (-1,26%), Amadeus (-1,26%) y Bankia (-1,03%).

En el lado de las ganancias, las mayores se las anotaron los títulos de ArcelorMittal (+1,49%), Acerinox (+1,32%), Endesa (+1,20%), Sabadell (+1,03%), Naturgy (+0,90%) y Cie Automotive (+0,76%).

Entre los títulos de mayor capitalización del Ibex también destacaron los recortes de Telefónica (-0,86%), Repsol (-0,44%), ACS (-0,41%), BBVA (-0,38%) y Caixabank (-0,17%), mientras que Iberdrola cosechó una revalorización del 0,61% y Santander del 0,11%.

Por su parte, la prima de riesgo oscilaba en el entorno de los 111,80 puntos.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española durante su intervención en el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) que tuvo lugar en la Casa de América de Madrid.

El ministro señaló que Iberoamérica es una cuestión de “carácter prioritario” en la política exterior española junto con la UE y el Mediterráneo.

Destacó que para España las relaciones económicas con Iberoamérica tienen un “carácter sistémico” y forman un “componente inseparable” del progreso del país. Prueba de ello, según Borrell, es que la región ha encadenado un segundo año consecutivo de crecimiento (1,2% en 2018 y 1,3% en 2017).

También afirmó que España se mantiene como segundo mayor inversor mundial en América Latina, con un stock acumulado de 138.526 millones de euros en 2016 y celebró el liderazgo de las empresas españolas en “sectores clave” como la energía, las infraestructuras, el transporte, el medio ambiente, la biotecnología, la industria automotriz o la banca.

Borrell dijo que España está “firmemente comprometida” con la “promoción de la seguridad jurídica” en la región, como lo evidencia la firma y renovación de 16 acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones y de 14 convenios para evitar la doble imposición, el respeto al medio ambiente o la estabilidad política y económica de sus socios iberoamericanos con el ánimo de favorecer las condiciones óptimas para la inversión y las relaciones comerciales.

Arguyó que estos países cuentan con el apoyo del Gobierno para seguir fortaleciendo las inversiones e intercambios comerciales recíprocos y mostró el “decidido apoyo” de España al “multilateralismo y al libre comercio sostenible”.

Esto le sirvió para destacar el “decisivo impulso español” para que la UE tenga firmados acuerdos de libre comercio con 26 de los 33 países de América Latina y el Caribe y comentó que el “gran reto” pendiente sigue siendo la rúbrica del acuerdo con Mercosur.

Por último, expresó sus “mejores deseos de éxito” para el III Congreso Iberoamericano, que se celebrará en Madrid del 30 de septiembre al 2 de octubre, y en el que se espera la asistencia de más de 450 empresarios latinoamericanos y españoles de primer orden.

Ese es el resumen de la relación comercial entre “el tal Toni” y el diseñador que se encargó de enviar a imprimir a tres empresas, Artyplan, Global Solutions y Marc Martí, miles de carteles con el logo de la Generalitat, que finalmente fueron incautados por la Guardia Civil. A principios de septiembre, explicó Vidal, recibió una llamada de «un tal Toni» con el que poco después se encontró en el hotel Colón de Barcelona. En esa cita, el hombre, que no se identificó como representante de la Generalitat y al que el testigo no pidió ninguna identificación adicional, le entregó un USB con el diseño de los carteles para el referéndum.

En ese momento, Vidal no sabía que el USB contenía un cartel publicitario del 1-O que llevaba impreso el logo de la Generalitat. Según ha declarado a preguntas de la Fiscalía en el juicio por el proceso independentista en Cataluña, se limitó a aceptar el encargo sin preguntar. El trabajo consistía en redimensionar el cartel y llevarlo a imprimir a tres empresas, Artyplan, Global Solutions y Marc Martí, entre las que repartió el trabajo equitativamente. “Yo no sabía que era un trabajo para la Generalitat. Con anterioridad a abrir el documento no lo sabía”, aseguró antes de afirmar que sólo actuó de intermediario.

Es la segunda vez que el nombre de Toni aparece, sin vinculación con un cargo concreto de la Generalitat, aparece en el juicio del procés. En la sesión de ayer, uno de los responsables de Unipost -la empresa de mensajería que iba a distribuir material electoral para el referéndum- dice que el encargo le llegó también de «un tal Toni».

La Fiscalía sospecha que «el tal Toni» es Antoni Molons, exresponsable de Difusión de la Generalitat en la etapa de preparación del referéndum del 1-O. Su nombre e identificación como “Toni” ya surgió durante la declaración de uno de los jefes de producción de Unipost, a la que también hizo encargos por teléfono sin identificarse.

Enric Vidal, que como diseñador gráfico había realizado trabajos para Òmnium y la ANC explicó que pensaba cobrar por su intermediación, aunque no dijo cuánto. «Mis trabajos eran remunerados”, aseguró. Sin embargo, dijo más tarde, no llegó a cobrar nunca y ni siquiera intentó facturar “después de ver el panorama”.

Vidal explicó que pese a hacer de intermediario con las empresas de impresión, no les pidió una cantidad concreta de copias, ni tampoco les pidió presupuesto del trabajo, ni les indicó quien iba a ser el pagador. Lo único que hizo es repartir la impresión entre las tres empresas a partes iguales.

Con “Toni” no llegó a especificar “ninguna fecha” de entrega de los trabajos, pero aprecio “urgencia” en su realización. “No volvimos a vernos, traté de hablar con él. A partir de un momento ya no hay más contactos, le llamaba y no contestaba. No llegué a cobrar por la mediación ni facturé por ello», explicó.

La Aemet señaló que ya ha terminado el invierno climatológico, que abarca los meses de diciembre, enero y febrero, y que las reservas de nieve “no han alcanzado las cifras habituales” en esta estación, puesto que se han quedado “muy por debajo de lo esperable”.

En concreto, la reserva nacional de nieve se acercó a 1.500 hectómetros cúbicos el pasado 1 de marzo, lo que supone la mitad de la media nacional de los últimos cinco años (3.000 hm3) y menos del 60% de la reserva nacional registrada el año pasado al finalizar febrero. La cuenca hidrográfica del Ebro confirma la tendencia nacional al exhibir un comportamiento similar.

Por otro lado, la Aemet destacó que “la nieve apareció un poco más pronto de lo normal” en el invierno climatológico entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, puesto que se adelantó una semana respecto a la media nacional de los últimos cinco años, que indica que las primeras nevadas suelen darse la primera semana de noviembre.

Pese a su prontitud, lo cierto es que no se registraron grandes nevadas hasta la segunda quincena de enero. «El mes de febrero, calificado como el más seco del siglo XXI, no ha ayudado a remontar las reservas”, apostilló.

El episodio cálido ocurrido del 21 al 28 de febrero, en el que se batieron 18 marcas locales vinculadas a temperaturas máximas, ha sido el responsable de que el ya bajo volumen de agua en forma de nieve disponible se redujese significativamente en sólo una semana.

Así, entre el 26 de febrero y el 5 de marzo se redujo un 52,95% en la cuenca del Miño-Sil y un 52,11% en la del Tajo. De promedio, la reducción nacional puede cifrarse en una pérdida del 19,72% del volumen de agua disponible en forma de nieve.

En el Foro Empresarial 2020 Diálogos por Vitoria y Álava, Casado expresó su deseo de ser “el presidente de todos los españoles, los que votan al PP, al PSOE y los que votan a partidos más extremistas”. “En este partido cabe todo el mundo, nos gusta gestionar y no meternos en la vida de la gente”, reivindicó.

Quiso dejar “muy claro” que su intención no es gobernar “para hacer uso de los oropeles del poder” y que le da igual que le aplaudan o le insulten. “Vengo aquí a achicharrarme por España, a poner en marcha todas estas reformas en los primeros meses de Gobierno”, dijo sobre promesas como el impulso de una revolución fiscal y el adelgazamiento de la Administración.

“Si se quejan, se manifiestan o tengo una gran agresión en mis socios parlamentarios, aguantaré lo que aguante, no revalidaré la legislatura o aguantaré media legislatura…”, enfatizó Casado, rechazando así los “demasiados años que llevamos de política de salón”.

Consideró que la política ha de concebirse como una empresa, porque “hay que apostar e hipotecarse”. “Si te arruinas, levantarte y volver a emprender”, reivindicó, antes de recomendar a los españoles que no esperen “a una tercera recesión” y apuesten por el PP.

Advirtió así de las consecuencias que podría tener “darse una alegría en el estómago” en vez de pensar en el porvenir de España. Se comprometió así a que, si llega al poder, poner en marcha “cueste lo que cueste” compromisos como que se pueda crear en España una empresa en cinco días.

PNV, ALIADO DE SÁNCHEZ

Dicho esto, sentenció que el PNV se ha convertido en “el mejor aliado” del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Se extrañó de que ahora estén diciendo que quieren que gobierne el PSOE cuando este partido “dice que tiene políticas económicas responsables”.

Casado abundó en que el presente de la economía empieza a ser “un poco sombrío” y que el mercado de trabajo “anticipa no resfriados, sino neumonías”. “El problema es que cada vez que el Gobierno socialista habla de economía social sube la luz”, reseñó.

Y, en este caso, recordó que “no es dicho”, porque hoy se ha confirmado que el recibo de la luz subirá en abril un 4%. A este respecto, el líder del PP dijo que el panorama actual le recuerda mucho a 2008, con “una alianza de la izquierda con nacionalistas porque son conscientes de que el caladero de votos del País Vasco y Cataluña les permite ensanchar su base electoral”. Esta es una alianza, concluyó Casado, basada en “mentir sobre cifras económicas”.

Es una de las conclusiones del estudio anual que elabora CCOO en base a la información financiera de las empresas y la que registran en la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV). Estos datos suponen una subida de 6 puntos respecto al año anterior, cuando la nómina de la persona mejor pagada de una compañía multiplicaba por 80 la media del sueldo para sus trabajadores.

Por compañías, la proporción de remuneración es muy superior en empresas como Inditex (463,8 veces superior) o Acciona (356,2), mientras que el rango es menor en sociedades como Aena (3,4) o Bankia (7,9).

La brecha salarial es igualmente sustancial frente a los vocales de su consejo de administración y alta dirección. Si se compara la remuneración media de los consejeros, ésta es 15,3 veces superior a la de una persona que trabaja en la plantilla. Por su parte, los altos directivos reciben una remuneración 18,2 veces mayor que un trabajador medio ocupado en la empresa.

CCOO explicó que las empresas del Ibex-35 han tenido unos gastos de personal de 72 millones de euros en 2017, un 4,3% más que el año anterior. La partida de sueldos y salarios aumenta un 7,7%, hasta alcanzar los 48,8 millones de euros.

Respecto a la composición de las plantillas, el estudio refleja que 1,43 millones de personas trabajan en empresas del Ibex, un 4,35 más que el año anterior. El 43,7% de esas personas empleadas son mujeres. Destaca también que el grupo de personas entre 30 y 50 años representan el 66% de las plantillas, que el grupo de menos de 30 años es del 18% y que los mayores de 50 años suponen el 15%. Por último, el estudio especifica que un 18,6% de las personas empleadas tiene un contrato temporal y que el 15% tiene jornada a tiempo parcial.

El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, hizo mención al hecho de que España se sitúa en el grupo 3 de la clasificación de los países según el índice global de los derechos laborales, “lo que no es muy recomendable, ya que antes se encontraba en el grupo 2 y ha bajado al tercer grupo, porque España ha pasado a ser un país donde se producen incumplimientos de derechos de los trabajadores con más intensidad de la razonable”.

El Índice Global de los Derechos de la CSI (Confederación Sindical Internacional) mencionado por Bravo clasifica a 142 países en función del grado de respeto hacia los derechos de los trabajadores en seis grupos, siendo el número 1 el que mejor trato dispensa a los empleados y el último engloba a los países con menores derechos para los trabajadores. El último ‘ranking’ elaborado por CSI coloca a España junto a países como Reino Unido, Australia y Polonia, pero también Venezuela, la Federación Rusa, Nepal y Mozambique.

El informe detalla que solo 23 empresas informaron de la contribución fiscal en 2017, y que ascendió a 88,8 millones de euros. La mayor parte de ellas diferencian entre los impuestos soportados directamente, que en 2017 fueron 30,4 millones, y los impuestos recaudados, 56,5 millones, destacando así que el volumen de impuestos recaudados fue mayor que LOS soportados.

CCOO advirtió también de que los grupos empresariales que componen el Ibex-35 están auditados por un conjunto de cuatro empresas: Deloitte, PWC, KPMG y E&Y, y que estas relaciones que suelen ser de larga duración se limitan ahora a 10 años según la aprobación de la ley de auditoría en 2015.

El recurso del Defensor del Pueblo considera que el precepto impugnado vulnera los artículos 9.3, 16, 18.4, 23.1 y 53.1 de la Constitución. El Tribunal ordena dar traslado de la demanda y demás actuaciones al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse y formular las alegaciones que consideren oportunas.

El Defensor del Pueblo interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la norma que permite la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas en redes sociales por parte de los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales.

Fue una reclamación de organizaciones de la sociedad civil, un grupo de juristas y organizaciones de defensa de los derechos digitales las que se dirigieron al Defensor del Pueblo solicitando la interposición de recurso ante el alto tribunal, que deberá decidir si paraliza esta disposición de cara a las elecciones generales del 28 de abril, las primeras en las que en principio estaría vigente esta medida.

El polémico artículo ’58 bis’ establece que «la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas».

Asimismo, «los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral».

En este sentido, el Defensor del Pueblo considera que este precepto vulnera el artículo 16 de la Constitución por el que «se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley».

Entre otros preceptos, la institución cree que este artículo es contrario al artículo 18.4 que establece que «la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos», así como el 23.1 que recoge que «los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal».

La reforma de la Ley Orgánica de Protección de Datos comenzó su andadura en noviembre de 2017 con el PP en el Gobierno y en su redacción inicial no aparecía la polémica disposición final tercera. Ésta fue introducida un año después, ya con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, mediante una enmienda del PSOE que fue apoyada por todos los grupos del Congreso.

En noviembre de 2018, la ley fue aprobada definitivamente en el Pleno del Senado, con el voto en contra de Unidos Podemos, Compromís, Nueva Canarias y Bildu. Por su parte, PSOE y PP rechazaron todas las enmiendas presentadas por Compromís, Ciudadanos, PDECat y Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.