Los mayores ascensos dentro del selectivo se los anotaron el Santander (+2,97%), Bankinter (+2,39%), IAG (+2,08%), Colonial (+2%) y BBVA (+1,81%). En el lado de las pérdidas, nueve valores terminaron en terreno negativo atribuyéndose las mayores caídas Inditex (-4,45%), Endesa (-1,05%), Iberdrola (-0,6%) y Cellnex (-0,58%).

Entre los grandes valores del selectivo español, a las ganancias del Santander y de BBVA se sumaron las de Telefónica (+0,32%), mientras que Iberdrola e Inditex se quedaron en rojo.

Por su parte, la prima de riesgo oscilaba en el entorno de los 113 puntos.

Ese es el precio exacto fijado por la Mesa este miércoles, después de que en otra reunión anterior se renovara el acuerdo para la renovación de móviles y tablets manteniendo la posibilidad de que los parlamentarios que lo deseen puedan quedarse con ellos pagando ese precio.

Solo los que son miembros de la Diputación Permanente mantienen todas sus prerrogativas, incluido el uso del móvil y la tablet proporcionados por el Congreso, ya que su mandato se mantiene pese a la disolución de las Cortes Generales por la convocatoria de elecciones generales.

Se trata de tablets iPad que se entregaron al comienzo del mandato, de ahí el precio rebajado, mientras que los móviles iPhone fueron renovados tras un acuerdo de la Mesa de diciembre de 2017 y son un modelo posterior. Los diputados que no deseen quedarse con ellos podrán devolverlos a la Cámara.

En una entrevista a Servimedia, Montero tildó de «llamativo» que Puigdemont haya anunciado su candidatura como cabeza de lista al Parlamento Europeo puesto que «está huido de la Justicia española». «Hacen relatos un poco épicos donde siguen no trasladando la verdad a los ciudadanos que han confiado en el independentismo de cuáles son la capacidad y los límites que se habían planteado. Me parece que se hace un flaco favor a la política y a la verdad porque una cosa es que quiera engrosar las listas pero otra cosa es que pueda coger el acta de diputado y que pueda asistir a las sesiones», dijo.

Montero recordó que esta situación ya se produjo en las elecciones autonómicas de diciembre de 2017, cuando Puigdemont encabezó su lista electoral desde Bruselas pero después no regresó a Barcelona para tomar posesión al escaño por el temor a ser detenido y, en consecuencia, renunció a asistir a los plenos regionales. Con este antecedente, la ministra concluyó que «está todo dicho», aunque «tendrán que ser los tribunales los que se pronuncien sobre si una persona en esas condiciones puede coger el acta de diputado.

Montero criticó que los independentistas «hacen un relato que no se corresponde con la realidad». «El independentismo ha trasladado a una parte de la la sociedad catalana un relato que no era verdad, que era imposible y siguen asentando sus afirmaciones cotidianas en esa falacia, que no es posible, que no es real, que no es constitucional, que no va a tener posibilidad de avances pero lo siguen fundamentando ahí», insistió.

La titular de Hacienda lamentó que los independentistas no adopten «una posición más pragmática» para hablar de «mejorar la cuota de autogobierno y la financiación» de Cataluña y criticó que no hayan querido aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2019 cuando aportan más de 2.000 millones de euros a su comunidad.

En un comunicado, OCU recuerda que, tras los accidentes de Etiopía e Indonesia, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha decidido cerrar el espacio aéreo europeo a todos los vuelos operados con aviones Boeing 737 MAX 8 y 9. Teniendo en cuenta que muchas compañías aéreas tienen entre sus flotas alguno de estos modelos y que muchos españoles se pueden ver afectados, OCU recuerda que, al tratarse de una circunstancia extraordinaria, no existe derecho a compensación por parte de la compañía.

Sin embargo, a pesar de tratarse de una causa de fuerza mayor, todos los pasajeros que hayan sufrido una cancelación de su vuelo por este motivo tienen derecho a la devolución del importe del billete o al traslado a su destino en otro transporte alternativo, lo más rápido posible.

Además, según el reglamento, la devolución del billete deberá realizarse en el plazo de siete días y tendrá que contemplar la parte del viaje que ya se hubiera realizado y las que quedaran por realizar.

En caso de que este derecho no se cumpla, los consumidores afectados deben reclamar a la compañía aérea correspondiente y, si esta no responde favorablemente en el plazo de un mes, deben dirigirse a la AESA para notificarlo. Para ello, OCU recomienda conservar todos los documentos disponibles, como el billete o el talón de equipaje, que deberán acompañar a la reclamación.

En una entrevista a Servimedia, Montero declaró que «el pueblo británico pertenece a la Unión Europea», aunque admitió que el proyecto comunitario debe «ser atractivo» para que los ciudadanos británicos deseen permanecer «en la defensa de unos intereses comunes».

La ministra subrayó que el comportamiento del Parlamento británico, que asume el ‘Bréxit’ pero se niega a admitir las nuevas condiciones que entraña su salida de la UE, supone una paradoja porque se comporta dando «la impresión de que no ha ocurrido nada». «Hay veces que uno quiere abandonar una comunidad de países pero, cuando llega el momento de abandonarlo, no quiere cambiar su estatus en nada, lo que parece una situacion contradictoria en sí misma», señaló.

Sin embargo, descartó que pueda convocarse un referéndum para dar marcha atrás en la decisión adoptada en junio de 2016 y advirtió de que, en caso de celebrarse ahora una nueva consulta, no hay signos de que la decisión soberana fuera a ser diferente a la que se tomó entonces.

‘BREXIT’ FORZOSO

Montero reconoció que el nuevo rechazo del Parlamento británico en la tarde de ayer al acuerdo alcanzado con la UE para formalizar el ‘Bréxit’ «no es una situación deseada por nadie y mucho menos por parte de la UE» y asumió que, si no hay ningún tipo de movimiento en estos días, habrá una «salida no negociada».

«La salida forzosa no la quiere nadie. Una salida sin acuerdo es el escenario que nadie quería pero, a pesar de ser la cuestión que menos nos gustaba, estábamos preparado por las señales que recibíamos», dijo. «Cualquier circunstancia nos va a pillar preparados pero queremos todos que la salida del Reino Unido sea una salida conveniada, dialogada y que tenga los menos perjuicios para los ciudadanos británicos y para los ciudadanos europeos».

La ministra destacó que España ha pasado meses preparando los planes de contigencia ante la opción de un ‘Bréxit’ sin acuerdo, lo que ahora le permite garantizar «la seguridad y los servicios básicos de los españoles que residen allí» para que el proceso final se desarrolle «con absoluta normalidad».

Indicó que una de las prioridades de España es «preservar la situación de Gibraltar» por tratarse de una cuestión identitaria e insistió en que la salida de la UE del Reino Unido «se haga con el menor dramatismo posible pero siendo consciente de que es una nueva realidad que tenemos que atender desde la contingencia».

En este sentido, se refirió a las consecuencias que tendrá para empresas con una gran presencia en España como Iberia, sobre la que comentó que «ha sido una de las que más ha estado trabajando en el plan de contingencia» a pesar de que su deseo es que hubiera «una salida ordenada».

Así lo ha manifestado en un comunicado el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), Julio Sanz, como respuesta a las informaciones que apuntan a la aprobación de este texto que se encuentra en “fase final de tramitación” por parte del Consejo de Gobierno de la región, y que ya anunció la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, el pasado mes de febrero.

Sanz indicó que se trata de un texto que no es positivo para el sector en varios puntos y del que además la propia Comisión Jurídica de la Comunidad de Madrid (CAM) ha emitido un informe en el que indica que no se cumplen los preceptos legales de transparencia e información y, que por tanto, “no procede su aprobación”.

En concreto, además de la personalidad jurídica, que permitiría a las grandes empresas hacerse con multitud de licencias en detrimento del sector del taxi, formado tradicionalmente en su mayoría por autónomos, el nuevo texto potencia los descuentos en las tarifas que tendrían que ser soportados por los propios taxistas.

“Estamos de acuerdo con la tarifa telemática pero la posibilidad de ofrecer descuentos en el precio acabaría convirtiendo al taxi en un servicio como el de Uber, con la diferencia de que en nuestro caso, el coste de estos descuentos lo soportarían los taxistas y no las grandes plataformas”, añadió Julio Sanz, que sí se muestra partidario de poder ofrecer tarifas precontratadas “que ofrezcan certidumbre al usuario, pero en las que el importe que se indique, sea el que se cobre”.

En relación al taxi compartido, Sanz abogó por la implementación de un sistema de recorridos determinados entre diferentes puntos como intercambiadores de transporte público, en el que se puedan fijar tarifas fijas, independientemente del número de usuarios que accedan.

Por último, los taxistas han insistido en que consideran incoherente la estrategia de la CAM que, “tras haber gastado decenas de miles de euros de los madrileños en recursos de casación al Tribunal Supremo para evitar la concesión de un mayor número de licencias de VTC, una vez obligados por los tribunales a entregarlas, no quieran regular su actividad en su territorio”, concluyó Julio Sanz.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española durante su viaja a Serbia en respuesta a la invitación de su homólogo, Ivica Dacic, durante la que se entrevistó con el presidente de ese país, Aleksandar Vucic, con la primera ministra Vucic y con el propio Dacic, según informó Exteriores en un comunicado.

El ministro destacó el “positivo momento” que atraviesan las relaciones bilaterales y ambas partes coincidieron en la pertinencia de estudiar las posibilidades de “impulsar aún más” los intercambios económicos, comerciales y culturales entre los dos países.

Borrell reafirmó el compromiso de España con la “paz” y la “seguridad” en los Balcanes y subrayó que el diálogo es la “mejor fórmula” para superar los contenciosos que todavía quedan pendiente en la región, como ha quedado evidenciado en la firma y desarrollo del Acuerdo de Prespa entre Grecia y Macedonia del Norte.

También transmitió el “apoyo firme” de España a la perspectiva europea de Serbia y del resto de estados de la región de los Balcanes Occidentales. Según Borrell, “la consecución de esas aspiraciones requiere de una clara voluntad política compartida por los líderes políticos y la sociedad en su conjunto, que permita llevar a cabo las profundas reformas que exige el proceso de adhesión”.

Por último, animó a las autoridades serbias a “continuar avanzando” en su proceso de adhesión, “perseverando en las reformas y afianzando el Estado de Derecho”, para lo que ofreció “toda la experiencia” y “apoyo técnico” de España.

Según informó Justicia, la ministra visitó la Casa-Museo de Antonio Machado y a las exposiciones de homenaje al exilio republicano español que se exponen en La Cárcel Segovia Centro de Creación, la antigua prisión provincial. Además, firmó en el Libro de Honor del Ayuntamiento segoviano y se reunió con las representantes del Consejo Sectorial de la Mujer.

Delgado recorrió la muestra ‘Pasos sin tierra. Homenaje a las mujeres del exilio republicano’, una instalación de cerca de 50 piezas en La Cárcel Segovia Centro de Creación dedicada a las mujeres represaliadas tras la Guerra Civil y a las que se vieron obligadas a abandonar sus tierras, sus vidas y sus familias por la represión franquista.

ANTIGUA PRISIÓN

La ministra visitó también el ‘Memorial democrático’, un espacio que ocupa cuatro celdas de esta antigua prisión y que permite conocer la historia del edificio y de las personas que estuvieron allí encarceladas durante la Guerra Civil y la Dictadura. Ambas exposiciones se enmarcan en los actos de homenaje al 80 aniversario del exilio republicano español.

En el Ayuntamiento de Segovia, acompañada por la alcaldesa, Clara Luquero, y otros miembros de la corporación municipal, la ministra firmó en el libro de honor, donde dejó palabras de recuerdo para las víctimas de la guerra y del exilio.

Además, se reunió con las representantes de los colectivos que integran el Consejo Sectorial de la Mujer, a quienes ha expuesto las iniciativas de su departamento para avanzar hacia la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de la Administración de Justicia.

La institución recordó en una nota este miércoles que el aumento del número de resoluciones judiciales que otorgan custodia compartida ha hecho que cada vez sea más frecuente que solo uno de los padres pida la modificación padronal aportando solo una declaración jurada, ya que puede asegurar que ostenta la guarda y custodia del menor.

Asimismo, los gestores del padrón se enfrentan a situaciones difíciles de solventar en los casos en los que la guarda y custodia del menor no está confiada en exclusividad a uno de los progenitores pero tampoco está reconocida a ambos por periodos muy equilibrados.

A pesar de que existe una Resolución, de 16 de marzo de 2015, que dicta instrucciones técnicas a los consistorios sobre cómo debe gestionarse el padrón municipal, la institución ha recibido quejas de padres que denuncian que estos procedimientos no se están realizando con las garantías legales necesarias para proteger adecuadamente a su hijas e hijos.

Por ello, el Defensor se ha dirigido al Consejo de Empadronamiento del Instituto Nacional de Estadística (INE) para que aclare las dudas ante ciertas situaciones y para que unifique las prácticas administrativas dispares que se están produciendo.

Así, ha pedido que aclare qué hacer, por ejemplo, cuando el progenitor solicitante no aporta un acuerdo o el conocimiento del otro progenitor, o no acredita que ostenta su guarda y custodia en exclusiva o no proporciona la sentencia judicial que establece el lugar de empadronamiento de los hijos en común.

En opinión del Defensor del Pueblo, “los funcionarios encargados de gestionar el padrón también deberían tener claro cómo actuar en los casos en los que la fijación del domicilio para el menor no se establece en la sentencia que otorga la guarda a ambos progenitores por periodos de tiempo muy equilibrados”.

“Y también convendría saber qué sucede cuando no hay acuerdo entre progenitores que tienen custodia compartida y uno de ellos pretende el empadronamiento del menor en otro domicilio del que figura en el padrón”, añade.

Además, para el Defensor del Pueblo “es importante establecer cómo debe tramitarse la solicitud cuando se aprecie que el progenitor actúa de mala fe, aportando datos inexactos o con sentencias que han sido modificadas por otras después y que le son menos favorables”. A juicio de la institución, en estos supuestos “debería aumentarse la asunción de responsabilidad de los progenitores”.

Lo anunció en un acto contra la discriminación en el que participó la propia Giménez, moderado por la responsable de Igualdad de Ciudadanos, Patricia Reyes. “La igualdad no va por barrios”, dijo Rivera, no se puede defender “un poquito”, y es el eje de todas las políticas de ciudadanos, aseguró, en un país en el que en la política “el egoísmo ha ganado a veces a la solidaridad”, “insultar a una parte de los españoles y enfretarles ha dado votos”.

? @SaraGimnez «Me preocupa mucho el fracaso escolar. Todos los niños y niñas deben tener una educación de calidad y finalizarla. No se puede mirar hacia otro lado, la Educación sirve para sensibilizar» #IgualdadCs pic.twitter.com/G1IhgaLosZ

— Ciudadanos ???? (@CiudadanosCs) 13 de marzo de 2019

Rivera preguntó a Giménez si quiere ir en las listas de Ciudadanos “para ser, quizá, la primera mujer gitana en un gobierno de España”. “Parece tu media naranja”, comentó con sorna Rivera para tratar de aliviar la expectación generada, hasta que ella respondió con un “por supuesto” porque ya hace un año que conoce a Rivera y cree que puede estar “cómoda” en la formación y dar “un paso adelante en aquello en lo que creo”.

“Me emociona”, dijo después Rivera, porque es “un orgullo”que Giménez forme parte del equipo de Ciudadanos. Recordó al diputado Juan de Dios Ramírez Heredia, “de los mejores oradores” que han pisado el Congreso, y se comprometió a impulsar un proyecto de ley “bien hecho” de igualdad de trato y no discriminación para asegurar que en ningún lugar de España se discrimina a nadie por su etnia, su origen, su familia o su condición.

Se mostró convencido de que Giménez será “una gran diputada” y “ojalá lleguemos al Gobierno y en él pueda haber gente como tú”. “Quiero verte en la tribuna del Congreso defendiendo ese proyecto de ley”, le dijo.

Rivera parafraseó al expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy para alertar de que no se puede pensar que la discriminación afecta solo al discriminado, ya que si una persona padece una discriminación “los demás no tenemos que pensar que no nos afecta porque nos puede afectar cada día”. Si eso ocurre, sentenció, “cualquiera de nosotros puede ser vulnerable”.

Según adelantó este miércoles ‘El Mundo’ y confirmaron a Servimedia fuentes populares, la decisión está tomada pero aún se tiene que redactar el recurso para formalizarlo en los próximos días y elevar al TC los decretos “electorales” del PSOE, al considerar que no son medidas ni de urgente ni de extraordinaria necesidad.

Se ha llegado a esta determinación después de que este lunes la Junta Electoral Central decidiese desestimar la reclamación del PP para la suspensión de las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros en el caso de incluir “medidas electoralistas” o cualquier acto de publicidad y divulgación de las mismas prohibido por la Loreg.

Tras su reunión, la Junta desestimó esta petición por no apreciar “ninguna conducta prohibida en los apartados 2 y 3 del artículo 50 de la Loreg”. Recordó, además, que en esta reclamación se hacía referencia una conferencia de prensa anterior a la convocatoria electoral, a otra en la que “no se contiene ninguna alusión a las realizaciones o logros obtenidos por el Gobierno” y también a futuras ruedas de prensa sobre las que “no resulta posible” adoptar “ninguna decisión”.

En un acto con afiliados del PP de Aragón, en Zaragoza, Casado recalcó que la JEC ha sido “muy clara para exigir a Torra que retire de una vez la propaganda independentista de edificios públicos”. Enfatizó, además, que si llega al poder no hará falta que se diga que se retiren estas consignas porque el PP no dejará que se ponga “ni un solo lazo amarillo”.

Hoy por la tarde concluye el plazo de 48 horas que la JEC ha dado al presidente de la Generalitat para que ordene la retirada de todas las banderas esteladas y lazos amarillos de edificios públicos de la Generalitat con el fin de cumplir con el deber de neutralidad política de los poderos públicos ante las elecciones generales del próximo 28 de abril.

Casado indicó que “si no cumple Torra lo que le exige la JEC, nosotros iremos a la Fiscalía para exigir que se retiren los lazos amarillos de todas las plazas y calles de Cataluña” y así “respetar la neutralidad y dignidad” de una comunidad que no merece estar gobernada por quienes “apelan a la guerra civil de Eslovenia para justificar un suicidio para toda su tierra”.