En un recurso de 27 páginas al que ha tenido acceso Servimedia, esta fundación también asegura que el acuerdo del Ejecutivo de Pedro Sánchez para exhumar a Franco es contrario al acuerdo de España con la Santa Sede, firmado en 1979, puesto que “viola” la condición de “lugar sagrado” del Valle de los Caídos.

La entidad recurrente pide suspender de la “ejecutividad” del acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de febrero de 2019 por el que se acordó la exhumación de Franco, medida que el Gobierno dijo posteriormente que se ejecutará el próximo 10 de junio.

La Fundación argumenta que el Supremo debe suspender esta exhumación y pronunciarse sobre el fondo del proceso, que es la negativa de la familia a sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos o, en su caso, llevarlo a la catedral de la Almudena, algo que rechaza el Gabinete de Sánchez.

“DERECHOS” DE LA SOCIEDAD

Según el escrito presentado, si el Supremo “no suspende la exhumación acordada antes de que se dicte sentencia sobre el fondo, se cometerían daños irreparables a la moral, honor y dignidad de quien ha representado parte fundamental en la historia de España sin la cual no podría entenderse el actual régimen constitucional, en el supuesto de que la sentencia fuera estimatoria de nuestras pretensiones de nulidad”.

“Es evidente que la Historia, con mayúscula, no puede ser alterada ni ocultada por un acuerdo gubernamental”, añade el recurso, que afirma que no suspender la exhumación traería “daños irreparables” no sólo para la familia de Franco, sino también “para los derechos morales de la sociedad en su conjunto”, ya que “de tal manera la tutela judicial efectiva no quedaría satisfecha”.

La entidad recurrente sostiene que el Supremo, en una resolución sobre este caso de diciembre pasado, ya señaló que “no podrá ser ejecutada la exhumación sin que previamente los recurrentes hayan podido recurrirlo y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar” y el tribunal “se haya pronunciado al respecto”.

El recurso añade que el hecho de que el Gobierno haya fijado la exhumación para el 10 de junio es “un claro desprecio al Poder Judicial y, evidentemente, al principio de separación de poderes”, algo que la Fundación Franco atribuye al intento del Gobierno de hacer de este asunto “una bandera estrella para las elecciones generales venideras”.

Así se desprende, ha señalado el director general, del estudio sobre los hábitos de consumo en el desayuno de los españoles que, en el marco del panel de uso de los alimentos, elabora el Ministerio para conocer el uso de los alimentos en los hogares y las recetas que en ellos se elaboran cada día.

Herrero, que ha inaugurado hoy la presentación de la Iniciativa Internacional de investigación sobre el Desayuno que, organizado por la Fundación Española de la Nutrición, se ha celebrado en la sede del Ministerio, ha repasado otros datos del estudio.

El informe señala que los españoles combinan en el desayuno alimentos con bebidas en el 65,6% de las ocasiones; el 12,6% de las ocasiones únicamente toman bebidas y en un 3,6% de las ocasiones solo alimentos.

En su intervención, el director general ha resaltado como factor común, la apuesta de la población por la “búsqueda de un desayuno equilibrado”, reduciendo la ingesta de nutrientes como el azúcar, así como la tendencia creciente a la inclusión del desayuno salado, con una cuota del 19%, lo que supone que 1 de cada 5 desayunos que se realizan en el hogar, son salados, según informa en Ministerio en un comunicado.

También se constata el crecimiento de productos como el aceite, el pan, los fiambres y los embutidos en ese momento de día, estando presente el aceite en el 8% de los desayunos y los fiambres y embutidos en el 4,7% de los mismos.

En cuanto a los motivos del consumo, Herrero ha apuntado que difieren a la hora de elegir el tipo de alimento que ingerir, pues “el dulce tiene una motivación de consumo más vinculada a placer y sabor”, mientras que la elección de un desayuno salado está motivado mucho más “por una cuestión de salud y costumbre”.

Por último y en relación con las bebidas, se ha destacado la presencia de la leche en los desayunos, ya sean dulces o salados (82,6% de las ocasiones en el caso del dulce y 78,6% de las ocasiones en el caso del salado). A este respecto Herrero ha indicado que en el caso del desayuno dulce hay mayor presencia de bebidas como el cacao soluble y los zumos industriales. En el desayuno salado es mayor la proporción de ocasiones de consumo para bebidas como el café (61,6%) , zumos caseros (13,6%) e infusiones (7,1%).

En respuesta al abogado Francesc Homs, el guardia civil explicó que “en esa campaña se habla de una opción clara de decidir de forma directa lo que pasa en nuestro país, con un mapa de Cataluña en relieve y con un sí o no”. En esta parte del interrogatorio, que comenzó esta mañana, el agente volvió a responder sobre temas relacionados con posibles pagos de la Generalitat por servicios relacionados con el 1-O, lo que podría servir para acreditar la existencia de un delito de malversación.

Según explicó «a través de las notas de entrega, con el sello oficial de cada uno de los departamentos, se peticionaba el servicio a Unipost» del correo postal de los sobres para el 1-O. Esta mañana, el agente aseguró que la empresa de envíos postales intentó cobrar al Govern las facturas por esos trabajos en dos ocasiones.

En relación a los gastos realizados supuestamente por Diplocat para la asistencia de observadores internacionales a la jornada del referéndum, el guardia civil indicó que antes de pedir la entrada y registro en dependencias de Diplocat “se pidió a la Agencia Tributaria que nos dijera las cuentas activas” y es en ese momento cuando “vemos pagos de vuelos, hoteles… se realizan gestiones con los hoteles, de ahí se determinan los gastos. La información no estaba completa” razón por la cual “se hizo el registro. La información que se solicita a los hoteles es mediante un oficio policial, a través del registro que tienen los hoteles para el control de los viajeros».

El abogado Andreu Van den Eynde, que representa a Josep Maria Jové, ‘número dos’ de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía preguntó al agente si no sabía que Jové, tras ser detenido en su domicilio el 20 de septiembre, renunció a participar en el registro de su despacho en la Consejería. «Yo jamás le participé a usted, que estaba allí presente, ni al detenido ni a la letrada de la administración que se iba a hacer otro registro», aseguró.

La entidad está trabajando en coordinación con el gobierno de Malawi y el Equipo de País de Naciones Unidas para ofrecer una respuesta humanitaria conjunta, según informa Unicef. “Tras un desastre como las recientes inundaciones, la prioridad es ayudar a los niños y familias que han perdido sus hogares y están viviendo en centros de evacuación o con otras familias en sus comunidades”, declara el representante de Unicef en Malawi, Johannes Wedenig.

Más de 922.000 personas han resultado afectadas en 14 distritos desde el 9 de marzo, incluidos 460.000 niños, según los datos del Departamento de Preparación y Gestión de Desastres (DoDMA, por sus siglas en inglés). 56 personas han muerto y 577 están heridas, según datos recogidos por la organización.

Las lluvias adicionales asociadas al ciclón Idai están complicando la respuesta humanitaria, ya que el acceso a las comunidades vulnerables ya es “limitado”. Con miles de personas obligadas a huir de sus hogares inundados, muchas familias carecen de suministros básicos como alimentos, agua e instalaciones de saneamiento. Las inundaciones también han interrumpido las clases para miles de niños.

A fecha de hoy, 19 de marzo, Unicef informa de que han llegado, en lo referente a suministros de saneamiento e higiene: retretes móviles, btellas con purificador de agua, pastillas de jabón, kits bacteriológicos, cubos de plástico y kits de desinfección.

Respecto al ámbito de la salud, han recibido paquetes de solución de rehidratación oral, botes de antibióticos infantiles y mosquiteras con insecticida. También se cuenta con dos carpas para instalar aulas temporales para los niños.

Los suministros se están distribuyendo con la ayuda de los aliados de Unicef, como las autoridades de distrito, Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja, World Vision y United Purpose.

Cunas para hospitales, termómetros, mosquiteras, pastillas de jabón, tiendas y kits de escuela y recreativos son algunos de los materiales que han salido de los almacenes y en la actualidad se encuentran de camino a las zonas afectadas.

La renuncia de Maldonado se suma a la de José Ángel Vázquez Barquero como candidato a la Alcaldía de Ourense, al día siguiente de que este domingo el máximo órgano federal revalidase las candidaturas municipales.

Ferraz, según fuentes consultadas por Servimedia, aduce que en la Comisión Federal de Listas se aprobó lo que elevó el Comité Provincial y el Regional. Precisamente, Maldonado argumenta en su renuncia en que, pese a ser “la candidata más propuesta y votada por las bases socialistas en la provincia de Ourense para encabezar la lista al Senado del PSOE”, el secretario general de Galicia, Gonzalo Caballero, propuso “alterar el orden elegido” y dejarla en tercer lugar “sin motivo ni razón alguna”.

Según indicó la federación en una nota, el decálogo se ha elaborado “a petición de los propios titulares” de los centros e incluye material “que no es del todo nuevo” pues indica procedimientos que se vienen haciendo “desde hace años”

El decálogo, que se puede consultar en ‘https://www.escuelascatolicas.es/recursos/’, arranca con comunicar a la dirección lo sucedido, para continuar con otros pasos como acoger a la víctima, proporcionar atención médica, investigar, alejar al acusado de posibles víctimas, activar el comité de crisis, denunciar, tomar medidas concretas, comunicar la situación y tomar medidas preventivas.

Escuelas Católicas subrayó asimismo que “actualmente se está en fase de elaboración de un protocolo jurídico a tener en cuenta en las actuaciones que se deban llevar a cabo en el ámbito laboral de los centros ante situaciones de abuso a menores por parte de su personal” y que la federación “colaborará en todo lo que esté en su mano en la erradicación de una lacra que afecta a toda la sociedad y también a nuestro entorno, y contra la que todos debemos luchar”.

El citado decálogo también indica una serie de medidas con las que «no» actuar, como no escuchar a la posible víctima, negar, de entrada, la posibilidad de que su denuncia sea cierta, o infravalorarla y culparla del abuso o de las consecuencias de su denuncia. Esas recomendaciones también pasan por evitar negarse a hacer declaraciones o no tomar las medidas necesarias para que hechos de este calibre vuelvan a ocurrir.

En una nueva resolución, la JEC explicó que a las 14.30 horas de este martes recibió un correo electrónico de la Generalitat en el que se pedía suspender el plazo de 24 horas para quitar los lazos amarillos, ya que el Gabinete de Torra necesitaba una “aclaración” sobre los edificios de los que quitar este símbolo independentista.

Sin embargo, la JEC afirma que el acuerdo de este lunes con el ultimátum “no es sustancialmente diferente” del tomado el pasado 11 de marzo sobre los lazos amarillos. Se afirma que el nuevo pronunciamiento es “sustancialmente idéntico” al de la semana pasada, en referencia a que el argumento común es que los lazos deben retirarse por ser un elemento partidista en medio de una campaña electoral.

“En consecuencia, no es necesario hacer la aclaración que se solicita”, añade la autoridad electoral, que indica que el acuerdo de este lunes con el plazo de 24 horas “ya indicaba la posibilidad del presidente de la Generalitat de identificar aquellos edificios respecto de los que no pudiera cumplir lo ordenado por esta Junta”.

“En el escrito ahora recibido”, continúa la JEC sobre el correo electrónico de la Generalitat, “ni se identifican tales edificios ni se ofrecen las razones jurídicas que sean demostrativas de la imposibilidad del presidente de la Generalitat de ejercer sobre ellos aquello que le fue ordenado”.

“En consecuencia, no ha lugar a suspender el plazo concedido en el acuerdo de 18 de marzo, que deberá observarse con toda exactitud”, concluye la autoridad electoral sobre la obligación de retirar los lazos amarillos este mismo martes.

En concreto, la denuncia se refiere a las ‘devoluciones exprés’ acontecidas el 23 de agosto, cuando se devolvieron a 114 personas desde Ceuta a Marruecos, y el 21 de octubre de 2018, que afectaron a 55 personas expulsadas desde Melilla a Marruecos, según indica la formación.

Según Alejandro Plans, portavoz de M+J, “estas personas no tuvieron acceso a intérprete, les asistió un abogado de oficio en apenas dos minutos y medio, hubo una sentencia exprés sin posibilidad de recurso y una ejecución exprés de la expulsión. Queremos dejar claro la hipocresía que conlleva el vestir como legal un proceso que apenas duró unos minutos”.

Además, pidió al Gobierno que se garantice el derecho de los migrantes a contar con abogado, con un intérprete y a tener la posibilidad de recurrir sentencias desfavorables. En la denuncia, M+J explica que ha acudido a la Comisión Europea porque no ha podido emprender acciones legales ante un tribunal en España, ya que “para ello es necesario estar apoderado legalmente en condición de letrado por alguna de las víctimas que han sufrido una devolución”.

Según afirma, se trata de un requisito “sumamente difícil, ya que las víctimas no conocen el derecho que tienen a recurrir y además no se les permite apoderar a ningún abogado cuando son atendidas. Por ello, nos vemos obligados a pedir a la Comisión Europea que actúe”.

Así se expresa Muilenburg en una carta abierta donde asegura que “sabemos que de nuestro trabajo dependen muchas vidas, y nuestros equipos asumen plenamente esta responsabilidad con un profundo compromiso cada día”.

A este respecto, explica que en función de los hechos del accidente del vuelo 610 de Lion Air y en los datos que se vayan obteniendo en la investigación del accidente del vuelo 302 de Ethiopian Airlines, la compañía está tomando medidas para garantizar plenamente la seguridad del 737 MAX.

Además, lamenta que ”las trágicas pérdidas de los vuelos 302 de Ethiopian Airlines y 610 de Lion Air nos afectan a todos, uniendo a personas y países que comparten su dolor con las familias en duelo”.

“Sentimos un gran pesar, y queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos de los pasajeros y tripulaciones a bordo”, añade el máximo responsable de Boeing.

En esta línea, sostiene que “la seguridad es un pilar esencial que comparten todos los empleados de Boeing, y garantizar viajes seguros y fiables a bordo de nuestros aviones es un valor permanente y representa nuestro compromiso más trascendente con todo el mundo”.

Por otro lado, lamenta “las dificultades que están causando a nuestros clientes y a los pasajeros que la flota de los 737 MAX permanezca en tierra”.

“Hace más de un siglo que Boeing trabaja por la seguridad aérea, y seguiremos proporcionando a nuestros clientes de todo el mundo y a sus pilotos los mejores productos, formación y soporte. Nuestro compromiso de aumentar la seguridad de aviones, que ya de por sí son seguros, es constante e irrenunciable”, concluye.

Según fuentes del partido, un grupo de cinco encapuchados protagonizó el ataque sobre las 00.50 horas y Ciudadanos presentará una denuncia por estos hechos.

La presidenta del grupo de Cs en el Parlamento de Cataluña y ahora número uno de la formación por Barcelona a las elecciones generales del 28 de abril, Inés Arrimadas, denunció los hechos a través de Twitter.

«Una vez más los fascistas vuelven a atacar la sede de @CiudadanosCs en Barcelona rompiendo cristales, haciendo pintadas y lanzando pintura. Vuestras amenazas, insultos y señalamientos #NoNosCallarán. Seguiremos defendiendo la democracia, la unión y la libertad», publicó Arrimadas.

Según informó la Guardia Civil, las investigaciones comenzaron el pasado mes de mayo de 2018, tras detectarse la comisión de varios robos en las localidades de Almansa (Albacete) y Ayora (Valencia).

Los investigadores determinaron que los robos seguían un patrón similar y se pudo identificar a varias personas, todas ellas con un amplio historial delictivo, relacionadas con otra organización criminal desarticulada en el año 2015.

La organización delictiva estaba compuesta por dos células interrelacionadas que interactuaban juntas en función de la envergadura del asalto a perpetrar. La primera de ellas se asentaba en la provincia de Castellón y la segunda en la localidad madrileña de Valdemoro.

Los detenidos elegían generalmente domicilios ubicados en urbanizaciones aisladas y realizaban el asalto cuando sus moradores se encontraban en el interior, a los que no dudaban en amenazar, intimidar, retener e incluso agredir para obtener la información de los lugares donde ocultaban las joyas y otros efectos de valor.

Durante estos robos resultaron heridas seis personas, una de ellas de gravedad que permaneció ingresada durante varios días en la unidad de cuidados intensivos de un hospital valenciano.

Tras cometer el robo, abandonaban rápidamente el lugar de los hechos, desplazándose a pie a varios kilómetros, donde permanecían ocultos durante un tiempo prudencial para seguidamente dirigirse a la ‘guardería’ y ocultar provisionalmente los efectos sustraídos.

La organización utilizaba dos vías para dar salida a los efectos sustraídos: por una parte, la venta de joyas y objetos en establecimientos de compraventa de metales preciosos y de segunda mano, lo que permitió la interceptación e intervención de los mismos, y por otra, la venta en el mercado ilícito a peristas que difuminaban el rastro de las joyas mediante su venta a terceros.

Durante la fase de explotación de la operación se han realizado seis registros domiciliarios en los que se han requisado más de 40.000 euros en metálico, gran cantidad de joyas, teléfonos móviles, material informático, herramientas, electrodomésticos y prendas de vestir, todo ello procedente de los robos.

Se han esclarecido un total de 62 delitos, entre ellos 17 robos con violencia e intimidación, 17 de detención ilegal, 20 robos con fuerza en las cosas (cinco de ellos en grado de tentativa), seis de lesiones, uno de robo/hurto de uso de vehículo a motor y otro más de pertenencia a organización criminal. Estos delitos se cometieron en las provincias de Albacete, Asturias, Alicante, Castellón, Cuenca, Madrid, Tarragona, Teruel, Toledo y Valencia.