Así lo recoge el organismo en la actualización de sus proyecciones macroeconómicas para el periodo 2019-2021, que publicó este miércoles.

El Banco de España explica que esta estimación para el PIB, la misma que la anticipada hace tres meses, se justifica en el corto plazo porque se compensan entre sí el comportamiento reciente de la actividad, algo más dinámico de lo esperado, con un cierto empeoramiento de las perspectivas de corto plazo como consecuencia del deterioro del contexto exterior.

En el resto del horizonte de proyección, el Banco de España señala que la valoración más desfavorable de los mercados exteriores en comparación con el anterior ejercicio de previsión tiende a verse compensada por la revisión a la baja de los precios del petróleo y por las expectativas de que los tipos de interés permanezcan en niveles muy reducidos durante un plazo de tiempo más largo.

En cualquier caso, el organismo pronostica una “prolongación de la fase alcista del ciclo” aunque con una desaceleración que estará marcada por la progresiva atenuación de los efectos positivos de las pasadas medidas de política monetaria, una “cierta moderación” en el ritmo de avance del consumo de los hogares, y, en el medio plazo, la convergencia a un tono “neutral” asumida para la política fiscal.

El organismo que dirige Pablo Hernández de Cos apunta que el crecimiento seguirá sustentándose sobre la demanda nacional, cuya aportación positiva al avance del PIB tenderá a moderarse. En contraposición, la contribución negativa que actualmente presenta la demanda externa al avance del PIB tendería a moderarse a lo largo del periodo.

No obstante, el Banco de España señala que los riesgos en torno a este escenario de crecimiento del PIB se orientan a la baja. En concreto, entre los de naturaleza externa destaca una “persistencia mayor de la incorporada en las proyecciones de la debilidad del contexto exterior”, la “indefinición” del ‘Brexit’ y la incertidumbre sobre la posible adopción de nuevas medidas proteccionistas a nivel global.

En el ámbito interno, apunta que “persiste un elevado grado de incertidumbre acerca de la orientación futura de las políticas económicas y, en particular, de la reanudación del proceso de consolidación fiscal, que es necesario para reducir la vulnerabilidad de la economía”. Subraya que “resulta conveniente que los agentes económicos internalicen las circunstancias concretas de cada sector o empresa a la hora de fijar precios y salarios, de cara a mantener las mejoras competitivas que han estado en el origen de la recuperación”.

Por su parte, advierte de que el consumo de los hogares “podría moderarse más allá de lo previsto” en escenarios de recomposición de la tasa de ahorro y moderación del crédito.

EMPLEO, INFLACIÓN Y DÉFICIT

En lo que respecta al empleo, el Banco de España mejora en una décima el ritmo de creación de puestos de trabajo para 2019, hasta el 1,6%, cifra que se repetirá en 2020 y 2021. Mientras, para la tasa de paro mejora su previsión anterior en una décima en cada año, de manera que en 2019 cerrará en el 14%, en 2020 lo hará en el 12,8% y en 2021 en el 12,1%. En media anual, la tasa de desempleo es superior y al final del periodo se situará en el 12,3%.

Por su parte, rebaja en cuatro décimas su estimación para la inflación este año, hasta situarla en el 1,2% en el índice general, debido a que la evolución reciente de los precios ha sido menos dinámica de lo anticipado en diciembre, lo que “sugiere que la traslación a precios de los aumentos salariales recientes está teniendo lugar de forma más contenida que en el pasado”. Mientras, para 2020 y 2021 la revisión de su anterior proyección es de una décima en cada caso, con lo que la inflación se situará en el 1,5% y el 1,6%, respectivamente.

En cuanto al déficit de las administraciones públicas, el Banco de España prevé que este año cierre en el 2,5% del PIB, una décima más con respecto a su anterior estimación, y mantiene en el 2% y el 1,8% su anterior previsión para 2020 y 2021.

El primero en testificar este miércoles es un brigada de la Guardia Civil que dirigió el registro de una nave industrial en Bigues i Riells (Barcelona), donde se requisaron casi 10 millones de papeletas para el 1-O y unos 6.000 sobres completos con «membrete de la Generalitat», actas de constitución de las mesas, participación de votantes y los típicos carteles que informan de las mesas que se cuelgan en los colegios electorales para informar de dónde hay que votar.

«Se llegó allí gracias a las intervenciones telefónicas» ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, explicó el agente. Según su relato, el exdirector de Patrimonio, Francesc Sutries, recibió la oferta de una persona que «quería ayudar» y se la trasladó a Josep Maria Jové, con el que mantuvo conversaciones telefónicas con un código acordado. Con posterioridad se reunió con Pau Furriols, el empresario que ofreció su nave para guardar material del referéndum.

El testigo explicó que al inicio del registro la situación en la calle era tranquila, pero a partir de las 10.00 de la mañana empezaron a concentrarse manifestantes que gritaban “votarem” o “dadnos las papeletas”. En un momento dado, la Guardia Civil detectó la presencia de “un grupo de jóvenes que daban consignas de cómo organizarse para evitar que abandonemos la zona».

El registro de Bigues i Riells concluyó a las 14.00 horas. Los agentes decidieron sacar primero al secretario judicial y al abogado de oficio que asistió al empresario Pau Furriols en su detención. En ese momento, “dos agentes del dispositivo de paisano se disponen a salir con el secretario judicial. La calle es de un solo sentido. Y no les dejan salir, no consiguen salir». Fueron agentes de la Policía Local los que lograron “convencer» a los concentrados de que nadie se iba a llevar material electoral, sino que iba a salir el letrado y el secretario judicial, que acabó saliendo cubriendo su cara con una prenda que le prestaron.

“La situación fue muy tensa, con gritos. Cuando sale el vehículo recibe golpes y patadas. La salida fue muy lenta. Cuando salió el otro letrado tuvo que gritar por la ventanilla del coche que él era el letrado del turno de oficio» para lograr que se abriera paso al vehículo, explicó.

Quedaban dentro los furgones cargados con el material incautado y varios guardias civiles, e intentaron salir por el extremo de la calle donde habían menos concentrados. El turismo que llevaba al detenido pudo pasar porque “los compañeros pudieron hacer un hueco justo para pasar”, pero la furgoneta que iba detrás “ya no pudo pasar». En un momento de la salida un joven se abalanzó contra el vehículo simulando un atropello.

Ante estas dificultades el responsable del dispositivo decidió no salir y pedir ayuda. Una pareja de los Mossos pasó a media mañana para preguntar si necesitaban apoyo y les dijeron que la salida sería el momento más complicado. Sobre las 16.00 horas acudió una patrulla de seguridad ciudadana que se dirigió a un joven que aparentemente lideraba la concentración y que, según les dijeron los agentes autonómicos, había dicho que se apartarían para evitar que hubiese imágenes de violencia de los manifestantes con los Mossos.

Las furgonetas salieron a través de un pasillo que por momentos fue bloqueado. Según indicó, hubo un “ambiente hostil” y les gritaban e insultaba porque “nos estábamos llevando las papeletas”. La operación de registro y salida de la nave no concluyó hasta las 17.00 horas.

Durante ese tiempo “se lanzan latas de Coca-Cola llenas, botellas de plástico llenas, se golpean los vehículos. Cuando se para de nuevo el convoy vuelven a intervenir los Mossos y este chico joven también media para que estos dos señores se levanten. Lo consigue y se reanuda la salida, durante unas decenas de metros seguimos rodeados de gente. Una persona simuló un atropellamiento, pero los Mossos actúan y la situación no se desbordó”, concluyó.

Lo hizo en una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia en la que auguró para esta campaña electoral a un Iglesias “al ataque” y “muy imaginativo”, y le recomendó “que sea él, porque en él está la fuerza y la capacidad de autocrítica de lo que ha hecho y de innovarse sobre sí mismo”.

Así, le aconsejó “que no se deje influenciar por otros”, sino “que escuche a los que debe escuchar, también a aquéllos que son críticos con él”, porque “la crítica es parte de nuestro modo de ser” en “la izquierda”, pero no moverse en función de lo que digan otros partidos. “No soy partidario de definirme por oposición, sino por posición”, sentenció.

Monereo reconoció que parte del electorado de Podemos “ya no cree factible que el cambio sea posible”, pero no atisba “una decadencia de Unidos Podemos que nos lleve a la posición de Julio Anguita”, al techo electoral de IU, porque aún “existe un movimiento, una expectativa, que necesita un discurso nuevo capaz de interpretarlo y de darle esperanza”.

Para ello, recomendó entre otras cosas a la dirección de Podemos recuperar “lo mejor del discurso” del partido cuando empezó, que “fue la idea de reivindicar una izquierda asentada en el país, patriótica”, siempre en defensa de “la España real, no la inmortal”; una España “plural y abierta”. “Si no lo hicimos, deberíamos hacerlo. Nunca es tarde”, sentenció.

El hasta ahora diputado de Podemos, veterano militante del PCE, enjuició que en Cataluña, tras la dimisión de Xavier Domènech, el partido no ha sido capaz de “definir nuestra posición, el federalismo”, y “no se ha tomado muy en serio lo que ha pasado” con el proceso independentista, que en su opinión era “la ruptura de un pasado” y no su continuidad. Para apuntalar su tesis, puso como ejemplo el de un cordobés que llegó a la región, se integró, defendió la lengua y la identidad catalanas “y de pronto un día le dicen que tiene que escoger entre ser español y ser catalán”.

Por el contrario, Monereo se mostró comprensivo con las dificultades internas de Podemos, porque “las fuerzas políticas no se crean ex novo sin coste” y “ha tenido que hacer su experiencia en un contexto muy complicado, donde tenía que hacer muchas cosas a la vez, a veces contradictorias entre sí”.

También justificó la compra de la casa de Galapagar por Iglesias y su pareja, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, señalando que la Policía Nacional presidida por el ahora senador del PP Ignacio Cosidó tenía una unidad llamada “asuntos de Podemos” y “eso hacía que (Iglesias) no tuviera vida privada”. Por ello, cree, “se buscó una casa para poder estar tranquilo y criar a sus hijos en condiciones”.

Fuentes del Comité Electoral del PSOE indicaron a Servimedia que ya han decidido el lugar de arranque de la campaña, así como que el cierre será en Valencia en un acto conjunto con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que se enfrenta también a la reelección el 28 de abril.

La elección de Dos Hermanas es muy simbólica para el ‘pedrismo’, porque ahí confirmó Sánchez que se lanzaba a las primarias para recuperar la Secretaría General del PSOE. También lo es en la historia general del PSOE y de la federación andaluza en particular.

Todavía está por decidir si el mitin será en el velódromo de esta ciudad sevillana, enclave histórico del socialismo andaluz y que Podemos le arrebató en las autonómicas de 2015 al congregar allí a más 14.000 personas. Años antes, Javier Arenas consiguió reunir a 30.000 personas en este velódromo, considerado como el ‘santuario’ mitinero del PSOE andaluz.

En 2011, Felipe González y Alfonso Guerra arroparon a Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces candidato a las generales, y congregaron en el velódromo a entre 25.000 y 30.000 personas.

En 2016, y ante cerca de 3.000 personas, Sánchez confirmó su candidatura a primerias en esta ciudad sevillana, cuyo alcalde, Francisco Toscano, elegido en 1983, es un histórico ‘antisusanista’. Por su apoyo al hoy secretario general y presidente del Gobierno, Toscano es presidente del Comité Federal del PSOE, máximo órgano del partido entre congresos federales.

En una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia, Casado explicó que si estuviese al frente de La Moncloa se dirigiría a Torra mandándole un requerimiento de cumplimiento de la Carta Magna, lo cual constituye el paso previo para poner en marcha este precepto constitucional.

“Yo iría al Consejo de Ministros e iniciaría el procedimiento de aplicación del 155”, aseguró Casado ante la negativa de Torra a retirar esteladas y lazos amarillos de edificios públicos, tal y como le requirió la JEC en aras al mantenimiento de la neutralidad en el periodo electoral. “El Gobierno de España está simplemente para garantizar la legalidad, la concordia y la prosperidad”, remarcó.

Abundó en que la Constitución “está para cumplirse” y explicó que lo único que está pidiendo a quien dirige el país es que “ponga orden” en Cataluña ante una situación que “no puede seguir así”, con “la ‘kale borroka’ reventando sedes”, escraches a políticos no independentistas y con los líderes secesionistas apelando a la ‘vía eslovena’.

Consideró que hay una equivocación “al sacralizar o demonizar” el 155, “un artículo más de la Constitución” aunque “nos lo han intentado vender como si fuera una infernal imposición del Gobierno”. De esta forma, el presidente de los populares negó que sea un mecanismo “opresor” y lo calificó directamente de “liberador”.

“España es un país autonómico y no puede ser un reino de taifas en el que alguien campa a sus anchas delinquiendo”, sentenció, al tiempo que cargó contra “los chicos de la pintura” y recordó que es objeto de ilegalización cualquier organización que “aliente o justifique” la violencia.

Pidió, por tanto, que en Cataluña se ponga “orden” para que vuelva la inversión, la concordia, para que los catalanes “no se tengan que subir por las escaleras para no coincidir con el vecino” y para, en definitiva, “acabar con esta pesadilla”. Y esto solo se puede hacer, remachó, “con un Gobierno que dice claramente: ‘señor Torra, o cumple con la Constitución o no puede representar a los catalanes’”.

En este sentido, Holanda ha confirmado en las últimas horas la motivación terrorista de esta agresión, que considera un atentado, que se produce después de que este pasado viernes en Nueva Zelanda un hombre asesinara a 49 personas e hiriera a más de 40 en un ataque con armas de fuego contra fieles musulmanes que oraban en dos mezquitas.

Fuentes de Interior indicaron a Servimedia que la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista viene reuniéndose en los últimos años los miércoles. En concreto, esto sucede desde junio de 2015, en que la alerta se situó en el nivel 4 de 5 posibles.

Según se contempla en el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, aprobado en marzo 2005, colocar la alerta en el nivel 4 obliga a que todas las semanas deba realizarse una reunión semanal de la Mesa de la Valoración.

OTRAS SITUACIONES

Al introducirse el Plan Antiterrorista la valoración del riesgo se situó en el nivel 1, pero en julio de 2005 se subió hasta el nivel 3 por los atentados de Londres de ese mes contra el Metro y autobuses, que se saldaron con 56 muertos y decenas de heridos.

Al mismo tiempo, el análisis en España de si debe aumentarse el nivel de alerta de atentados ha ido paralelo a la evolución del terrorismo, tanto en el extranjero como en suelo nacional. Así, en agosto de 2018 la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista acordó mantener el nivel de alerta 4 reforzada, después de que un hombre atacara con un cuchillo una comisaría de los Mossos d’Esquadra en Cornellá (Barcelona).

La decisión de mantener el nivel 4 reforzado se adoptó a propuesta de los expertos en la lucha antiterrorista, con el refrendo de los responsables del Ministerio. Forman parte de la Mesa representantes del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), Policía Nacional y Guardia Civil, junto a miembros de Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha asegurado que Torra ha tomado la decisión de no retirar del balcón de la Generalitat el cartel sobre presos políticos que incluye un lazo amarillo. Al resto de consellers sí les ha dado libertad para que tomen la decisión de retirar los lazos y esteladas de otros edificios.

La JEC advierti a Torra de «las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, en que pudiera incurrir si persiste en la desobediencia».

La autoridad electoral admite que las esteladas y los lazos amarillos son «un símbolo legítimo que pueden utilizar las formaciones políticas en su propaganda electoral» pero reiteró que «al menos durante los periodos electorales, por exigencia en lo dispuesto en el artículo 50.2 de la Ley Electoral Generral (Loreg), no lo pueden hacer los poderes públicos, ya que estos deben mantener una rigurosa neutralidad política».

La JEC entiende que «el hecho de que la mayoría del Parlamento de Cataluña rechazara dos proposiciones de ley que instaban la prohibición de los lazos amarillos en el espacio público y en los edificios institucionales tampoco puede alzarse frente al referido mandato legal», e insiste en que «dicho símbolo puede utilizarse legítimamente por determinadas formaciones políticas pero no por las autoridades públicas, que deben respetar la neutralidad política durante los procesos electorales».

FUNCIONARIOS Y LEGALIDAD

Respecto a la alegación de la Generalitat de que exhibir un lazo amarillo es algo protegido por la libertad de expresión de los empleados públicos, la JEC contesta que éstos también tienen que respetar el ordenamiento jurídico, incluido el precepto de neutralidad durante las campañas.

Por todo ello, la JEC reitera el plazo de 24 horas que dio inicialmente a la Generalitat para que retirara las esteladas y los lazos amarillos, «apercibiéndole de las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, en que pudiera incurrir si persiste en la desobediencia a estos acuerdos de la Junta Electoral Central».

Para asegurarse de que Torra cumple con este mandato, la JEC requiere a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, para que le informe de que efectivamente ha retirado las esteladas y lazos amarillos, «al efecto de deducir, en su caso, las responsabilidades en las que se haya podido incurrir por no hacerlo.

Según informaron fuentes del Ejecutivo, la Delegación del Gobierno en Cataluña ya ha enviado la información que le requería la JEC, que ayer dio de plazo hasta las 18.00 horas de hoy para que la Generalitat retirara los lazos amarillos de sus edificios oficiales, en aras de la neutralidad requerida en una campaña electoral y tras desestimar el recurso del Gobierno catalán.

En lo remitido a la JEC se señala que a las 15.00 horas seguían exhibiéndose los lazos en protesta por el juicio a los líderes del proceso independentista catalán de 2017 en el Palacio de la Generalitat y en ocho consejerías del Gobierno catalán, que en la actualidad tiene 13.

Las mencionadas fuentes del Gobierno puntualizaron que, una vez enviada esta información, «la JEC es competente para dar los siguientes pasos, tanto si decidiera remitir los hechos a la Fiscalía como si ordenase a las fuerzas de orden público el cumplimiento de su instrucción de retirar los lazos; en este caso, dicha tarea correspondería a los Mossos D´Esquadra, como policía integral desplegada en la comunidad autónoma de Cataluña.

Preguntado de nuevo sobre si estaba seguro de que se trataba de Forcadell, el agente se ratificó. Este fue uno de los momentos más sorprendentes de la declaración de este testigo. Forcadell, sentada detrás su abogada, negó con la cabeza con expresión de desconcierto.

La comitiva judicial en la que iba este sargento de la Guardia Civil tenía como misión registrar el despacho de Xavier Puig Ferré, uno de los cargos del departamento que dirigía Raül Romeva, y proceder a su detención.

Hizo un relato pormenorizado de lo sucedido allí y relató como el momento más tenso aquel en el que la multitud «intentó sustraer al detenido». En ese instante se produjo una situación “más grave. (…) El ambiente estaba aún más peligroso. Pensé que iban a entrar dentro». Por ese motivo, la Guardia Civil montó un operativo para sacar a Puig Ferré. «Nos tiraron agua y botellas. La multitud se agolpó de tal manera que quisieron sustraer al detenido de la cápsula de seguridad. Algo inaudito”.

Y siguió relatando: «Quisieron sustraer al detenido de la cápsula de seguridad de los guardias civiles que se lo llevaban, lo agarraban del cuello y la ropa, se produjeron forcejeos». Una vez en el coche que le iba a trasladar, continuó, “daban golpes en el vehículo, eran tan grandes los golpes que llegaron a hacer daños graves en el vehículo, rompieron la ventanilla. El detenido no daba crédito, estaba viviendo un capítulo de terror total, solo decía `sáquenme de aquí´”.

Según relató el testigo, en su trayectoria profesional de operaciones de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado nunca vio la “rabia descontrolada» que apreció en los manifestantes ese día. «No era una cara normal, eran caras de mucha rabia. Me sorprendió que la población civil tuviera esa gran falta de respeto de llegar a sustraer a un detenido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Y, mientras tanto, los mossos que estaban en las inmediaciones, dijo, “miraban”.

Este sargento presente en el registro de la Consejería de Exteriores del 20-S relató que al llegar y preguntar al conserje por el responsable de Exteriores y después de varias llamadas le comunicaron que “no estaba allí”. “Tras aparecer una señorita, la convencimos de que nos llevara al despacho y esperamos frente al despacho hasta que llegó el detenido».

En el momento de su detención, Puig Farré llevaba un portátil y un móvil, que quedaron en poder de la Guardia Civil. En la conselleria empezó a concentrarse gente rápidamente. Cuanto más tiempo pasaba más se agrandaba el grupo. Hubo un cambio en el ambiente, ya no era solo reivindicar que querían votar o el descontento con la acción, los comentarios entonces ya eran insultos, amenazas de muerte, una actitud cada vez más crispada», relató.

Fue entonces cuando el agente se dirigió a los mossos para explicar al responsable del dispositivo su plan para evacuar “a la secretaria (judicial) antes de que esto vaya a más” y porque “si esa gente asaltaba el departamento, los efectos serían devastadores».

Explicó que los mossos allí presentes eran de la unidad de seguridad ciudadana, no de antidisturbios, por lo que pidiò “refuerzos y me dijeron que no podían». Con una dotación de ocho guardias civiles sacaron a la secretaria judicial, en el trayecto hasta el coche les tiraron botellas y les zarandearon. “La secretaria estaba llorando dentro del vehículo de Guardia Civil, estaba con las manos en la cabeza, horrorizada porque zarandeaban el vehículo», explicó.

Al final de su declaración le preguntó la abogada de Forcadell, Olga Arderiu, que insinuó que podría haber incurrido en falso testimonio al afirmar que la expresidenta del Parlament pasó por el lugar en su coche oficial. «Circulaban dirección montaña con rotativos puestos, los congregados pensaron que eran de Guardia Civil, se abrió la ventanilla trasera del último vehículo y se vio a Carme Forcadell, la gente la reconoció y le abrió paso a coche”.

La letrada se extrañó e hizo notar al guardia civil que la Vía Laietana, de una sola dirección, sólo permite circular en dirección mar. El agente volvió a asegurar que circulaba en contradirección. Preguntado por el motivo por el que no pararon a los vehículos, el testigo dijo: “Tenía yo bastante allí como para preocuparme por la señora Forcadell».