La competencia multilingüe, señaló la Unión Europea, constituye el núcleo de la idea del Área Europea de Educación que se pretende diseñar y que la ministra Isabel Celaá apoya. Por eso, los ministros han aprobado una propuesta encaminada a garantizarlo y a ofrecer orientaciones para el desarrollo y el mantenimiento de los sistemas educativos.

Por otro lado, el consejo ha presentado las conclusiones sobre la aplicación de una recomendación previa relativa a la formación de personas adultas, debate en el que España ha sido “especialmente activa y cuyas aportaciones aparecen reflejadas en el citado documento”, informó el Ministerio de Educación y FP.

En su intervención, la ministra Celaá señaló que “una Europa con mayor cohesión social requiere priorizar la inversión en primera infancia, educación y formación a lo largo de la vida”, de manera que “el Gobierno español sitúa la lucha contra la desigualdad como su gran prioridad política”.

La ministra en funciones también habló de los populismos de cara a las elecciones europeas. “La tentación populista que amenaza a Europa es consecuencia política de las desigualdades y de la sensación de agravio que provocan”, dijo.

Asimismo, España defendió el aumento de la inversión en educación y promover el aprendizaje multilingüe, la educación y cuidados de la primera infancia.

Según defendieron, existió “compromiso de gasto” por parte de la Generalitat de Cataluña para pagar diversos contratos relacionados con el referéndum del 1-O. La fiscal Consuelo Madrigal condujo la declaración de las funcionarias de Hacienda y de la Intervención General del Estado para tratar de demostrar que hubo desvío de gasto público al referéndum.

Con sus declaraciones, que comenzaron esta mañana, se desmontaría la tesis de las defensas que insisten en que no hubo delito de malversación a la vista de que los gastos atribuidos al referéndum unilateral 1-O no fueron finalmente abonados a los prestatarios del servicio o porque se suspendieron los pagos, se devolvieron las facturas o las empresas renunciaron al cobro.

La cifra dada por las peritos, cercana al millón de euros en facturas relacionadas con gastos para la organización del referéndum, entra de lleno en lo que el Código Penal califica como delito a agravado de la malversación, cuyo umbral se sitúa por encima de los 250.000 euros.

Concluido el interrogatorio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado a las expertas de Hacienda, el abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van Den Eynde, les preguntó por la vinculación de la campaña dirigida a los catalanes en el extranjero con el 1-O. Para la experta Teresa Hernández, «al anuncio estaba vinculado con el referéndum y el registro de catalanes en el exterior” y terminaba preguntando “sí o no”, lo que entiende que estaba relacionado con el referéndum.

La perito entiende que «el producto (el anuncio para el registro de catalanes en el exterior) estaba vinculado con el referéndum por el contenido», puesto que además de informar sobre diversos servicios a los que podrían acceder los catalanes con residencia en el extranjero, el final del spot con un mapa de Cataluña que se desgaja y la expresión «sí o no», evoca el referéndum.

Carmen Tejera, una de las peritos, es abogada del Estado en el Ministerio de Hacienda, responsable del equipo técnico que se constituyó en enero de 2018 tras el requerimiento del juzgado de Instrucción 13 de Barcelona para que remitiesen toda la información sobre el coste total del referéndum del 1-O.

Junto a ella declararon otras tres peritos: Sara Izquierdo, abogada del Estado jefe en la secretaria de Estado de Hacienda; Teresa Cecilia Hernández, del cuerpo de administradores civiles del Estado, y Mercedes Vega, interventora del Estado en la intervención general del Estado .

Sobre la contabilidad presupuestaria de la Generalitat, las cuatro explicaron, a preguntas de la Fiscalía, que existió “compromiso de gasto” por parte del Govern, a pesar de que no se siguieran todas las fases del procedimiento de contratación administrativo. “La realidad está ahí aunque no exista procedimiento. Siempre que haya un encargo, ejecutado por el contratista de buena fe, se hace un cargo”. De esta manera, preguntadas por el momento en que se produce el perjuicio para el patrimonio público, ratificaron que “desde el momento en que se presta el servicio por parte del empresario”.

En este sentido, apuntaron que la existencia de facturas negativas “no implica que no se haya prestado el servicio”, sino que el empresario, tras haber pagado el IVA y no haber cobrado el servicio, tiene la posibilidad de emitir este tipo de factura. Asimismo, añadieron que pese a que exista una renuncia efectiva al pago de los servicios esto tiene una repercusión en el presupuesto público porque “el gasto se entiende realizado, el patrimonio ya se ha disminuido”. Aunque, con posterioridad se renuncie. “En un supuesto de renuncia se producirá un ingreso, pero en ningún caso eliminará el gasto que ya se produjo”.

Así lo confirmaron esta tarde desde Ciudadanos, quienes alegaron que “por cuestiones de salud”, la candidata no podrá estar en el debate en el que participarán los candidatos a la Alcaldía de Más Madrid, Manuela Carmena; PP, José Luis Martínez-Almeida; PSOE, José Vicente ‘Pepu’ Hernández; Vox, Javier Ortega Smiith; y Madrid en Pie, Carlos Sánchez Mato.

En lugar de Villacís irá la número 3 de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, Silvia Saavedra, quien ha participado estos días en actos sustituyendo a la número 1, al igual que Sofía Miranda u otros concejales.

Villacís dio a luz a su tercera hija el pasado viernes en la Fundación Jiménez Díaz, recibiendo el alta el lunes. Se prevé que este debate sea decisivo para captar los últimos votos de los indecisos, a apenas cuatro días de las elecciones municipales.

La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Cándido Conde Pumpido, ha estimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo el pasado 5 de marzo de 2019.

La parte dispositiva de la sentencia indica que “en atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la nación española, ha decidido estimar el presente recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar contrario a la Constitución y nulo el apartado 1 del artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, incorporado a esta por la disposición final tercera, apartado dos, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales”.

Siri Hustvedt (Northfield, Minnesota, EEUU, 19 de febrero de 1955), novelista, ensayista y poeta, de orígenes noruegos, se licenció en Historia en el St. Olaf College, doctorándose en 1986 en Literatura Inglesa por la Universidad de Columbia con una tesis sobre Charles Dickens.

Experta en neurociencia y psicoanálisis, su primera publicación fue un poema en ‘The Paris Review’. En 1982 publicó una colección de poesía, ‘Reading to You’. Conoció a Paul Auster –Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2006– en una lectura de poemas en 1981 y se casaron al año siguiente.

Doctora honoris causa por la Universidad Stendhal de Grenoble (2015), en 2004 recibió el Premio de los Libreros de Quebec por ‘Todo cuanto amé’ y en 2012 el Premio Internacional Gabarrón de Pensamiento y Humanidades gracias a su labor investigadora y sus ideas sobre filosofía, neurociencia y psicología.

Es el mensaje que transmitieron este miércoles los directores técnicos de las cuatro compañías al ser preguntados por este asunto en un coloquio sobre redes de ‘Tecnodesayunos’, que organiza ‘Expansión’ y Arca.

“Si en general somos prudentes, en este tema hay que serlo más”, afirmó Joaquín Mata, director de Operaciones y Red de Telefónica España. “El modelo de acción-reacción es un error básico. Vamos a esperar acontecimientos; en Telefónica estamos analizando los impactos y viendo alternativas, pero vamos a mantenernos ajenos a declaraciones que llegan de unos y otros y que van cambiando día a día. Prudencia”.

Ismael Asenjo, director de Tecnología de Vodafone España, aseguró que este incidente “no va a influir en nuestro calendario” de despliegue del 5G, cuyo lanzamiento comercial tienen previsto para este verano. “La situación está cambiando día a día, y estamos viendo internamente si hay algo que hacer, pero a día de hoy mantenemos nuestras fechas”, indicó.

Desde Orange España, su directora de Red, Mónica Sala, comentó que cuando su empresa hace un proceso de licitación de red, “mira la seguridad y la economía” y lo “hace sin excluir a nadie”. Así seguiremos, añadió, “no vamos a excluir a nadie preventivamente”.

Por parte de MásMóvil, su director técnico, Miguel Santos, manifestó que tienen “tranquilidad total” porque están “seguros” de que este tema “va a tener un impacto cero en nuestro servicio y en nuestros clientes”. No obstante, dijo que lo observan con “prudencia” y “tenemos planes alternativos”.