En la Cámara Alta, horas después de ser confirmado por el líder de su formación, Pablo Casado, para asumir la Portavocía del Grupo Parlamentario Popular, contestó así después de que el PSOE en el Senado anunciase que reclamará su expediente de empadronamiento para comprobar si hubo fraude de ley.

“Fenómeno, que reclamen lo que quieran. Lógicamente las instituciones son serias y hacen los trámites como es debido y acorde a la ley. Ningún problema”, sentenció el nuevo portavoz parlamentario de los populares en el Senado antes de la primera reunión del Grupo Popular en este nuevo periodo.

Además, Maroto avanzó que el PSOE “va a notar desde el primer minuto la capacidad de hacer oposición de un grupo de senadores preparados” pertenecientes a su partido.

En cuanto al último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ironizó con que no dé un resultado “de ultra mayoría súper absoluta” al PSOE y lamentó la “desacreditación” que vive este organismo bajo la batuta de José Félix Tezanos.

Se trata de una subida de 16 centésimas porcentuales respecto a cómo se situó hasta junio de 2018, cuando el déficit del Estado supuso el 0,68% del PIB y 8.269 millones de euros.

Esta evolución del déficit público se explica por un incremento de los gastos del 3,8%, hasta los 105.258 millones, frente a la mejora de los ingresos en un 1,8%, situándose en 94.744 millones.

Desde Hacienda recuerdan que, al igual que en los meses anteriores, la comparativa del dato de déficit no es homogénea. Se debe tener en cuenta que la subida de la remuneración de asalariados y de las pensiones de este ejercicio no tienen su equivalencia en los primeros meses de 2018. El año pasado, los incrementos de ambas partidas se contabilizaron tras la aprobación de los Presupuestos en julio, por lo que, en los próximos meses, esta tendencia se irá “suavizando”.

INGRESOS

Los ingresos impositivos, que representaban el 86,7% del total, ascendieron a 82.143 millones, lo que supone un aumento del 1,2% interanual. Por figuras tributarias destaca el aumento del IVA un 3,1%, hasta los 41.960 millones. También el incremento un 5% del IRPF, hasta los 19.244 millones.

Por su parte, los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades disminuyeron un 9,6%, hasta los 7.558 millones. Esta evolución negativa del impuesto se debe a una devolución de actas a una única sociedad (700 millones) y por la presentación de una declaración de 2016 fuera de plazo, en 2018 (300 millones).

Además, las rentas de la propiedad aumentaron un 3,3% por los mayores dividendos recibidos de Enaire. Las transferencias corrientes y de capital entre administraciones públicas aumentaron un 9,1% hasta junio respecto a las del mismo periodo de 2018, debido, principalmente, a una transferencia recibida en 2019 de la Jefatura de Tráfico por 233 millones, así como a los mayores ingresos por el sistema de financiación de las comunidades autónomas.

GASTOS

En el caso de los gastos, hasta junio subieron un 3,8%. En esta evolución destaca la mayor aportación a la UE, que aumentó en un 15,1%, y el incremento del 4% de las transferencias corrientes y de capital entre administraciones públicas, que representaron el 55,1% del gasto del Estado.

Las mayores entregas a cuenta del sistema de financiación efectuadas a las comunidades autónomas, sin incluir anticipos, aumentaron un 5,6%. También aumentaron en un 4,6% las entregas a cuenta a las corporaciones locales. A los organismos de la Administración Central se transfirieron un 8,4% más que en 2018, mientras que las transferencias a los fondos de la Seguridad Social disminuyeron un 1,8%.

En cuanto al resto de gastos, destaca el incremento de los consumos intermedios en un 11,7%, fundamentalmente a causa de los gastos electorales del año. También influyen las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie que crecieron un 13,3% y el aumento de la remuneración de asalariados, que se elevó un 7,3% por la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil con los cuerpos autonómicos. Asimismo, también impacta el incremento retributivo del 2,25% acordado para 2019 sobre el 1% vigente durante el primer semestre de 2018.

Entre los gastos que descendieron destacan los intereses, que bajaron un 1,7%, y la formación bruta de capital fijo, que lo hizo un 13%.

DÉFICIT DE LAS ADMINISTRACIONES

El déficit conjunto de las administraciones públicas (Administración Central, comunidades autónomas y fondos de la Seguridad Social) hasta mayo se situó en 16.957 millones excluida la ayuda financiera, un 7,5% más. En términos de PIB, esta cifra equivale al 1,35%. Incluida la ayuda financiera, el déficit bajó hasta los 16.817 millones.

En el caso de la Administración Central, su déficit subió un 11,4%, hasta los 16.336 millones, equivalente al 1,3% del PIB.

Por su parte, las comunidades autónomas se anotaron un saldo negativo de 4.321 millones, un 20,8% más, que supuso el 0,34% del PIB.

Los fondos de la Seguridad Social obtuvieron hasta mayo un superávit de 3.700 millones, equivalente al 0,29% del PIB, un 50% más, tras registrar un incremento de sus recursos del 8,9% y de los gastos en un 7,3%. Dentro de la partida de la Seguridad Social, el Sistema registró un superávit de 1.983 millones, el Servicio Público de Empleo Estatal presentó un saldo positivo de 1.664 millones y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) sumó 53 millones.

El PSOE obtendría ahora el 41,3% de los votos, superando la estimación del 39,5% que le daba el anterior barómetro y muy por encima del 28,68% que obtuvo en las elecciones.

Por su parte, el PP recupera la segunda posición, no tanto por el 13,7% de los votos que recibiría en caso de celebrarse ahora las elecciones, ya que es el mismo porcentaje que se estimaba en el barómetro de junio aunque ahora con “voto directo”, sino por la caída de Ciudadanos.

El partido de Albert Rivera alcanza el 12,3% de los votos –directo-, algo más de tres puntos menos que los 15,8% estimados en el anterior barómetro del CIS y de los 16,7% que logró en las generales del 28-A.

Por su parte, Unidas Podemos pasaría del 11,05% de las elecciones al 10,8% en voto directo en este último sondeo. En Comú Podem perdería unas décimas y se quedaría con el 2,3%, mientras que Compromís cae hasta el 0,3%, de forma que juntos sumarían el 13,4% de los votos, apenas tres décimas por debajo del PP pero manteniéndose como cuarta fuerza parlamentaria.

Por su parte, a Vox, que obtuvo el 10,26% de los sufragios en las elecciones generales, el barómetro de julio le otorga en voto directo el 4,6%.

En este barómetro ERC subiría hasta el 4,5% de los votos; Junts per Catalunya obtendría el 1,6%; el PNV, el 1,4%; EH Bildu, el 1,1%; Navarra Suma, el 0,3%; el PRC, el 0,2%, y Coalición Canaria apenas sale en el recuento, con el 0,0%.

El sondeo se hizo a partir de 2.952 entrevistas personales en domicilios a ciudadanos de 296 municipios en 49 provincias, entre los días 1 y 11 de julio, es decir, cuando comenzaron las verdaderas negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos para la investidura de Pedro Sánchez que resultó fallida.

Casado ha reforzado su equipo más inmediato en Génova al incorporar al Comité Ejecutivo a Ana Beltrán como vicesecretaria general de Organización, a Antonio González Terol en la Vicesecretaría de Territorio, a Pablo Montesinos al frente de la Vicesecretaría de Comunicación y a Jaime Olano con la responsabilidad de Participación.

Teodoro García Egea, mano derecha del líder del PP, se mantiene al frente de la Secretaría General del partido. También conservan sus actuales responsabilidades Isabel García Tejerina como vicesecretaria de Sectorial y Cuca Gamarra encargándose de la Vicesecretaría Social.

En el Congreso de los Diputados, el secretario general del Grupo Parlamentario Popular será Guillermo Mariscal y la adjunta a este cargo será Isabel Borrego. Carlos Rojas, Mario Garcés, Marta González y Sandra Moneo ocuparán portavocías adjuntas en la Cámara Baja.

En el Senado, la Secretaría General del Grupo recae en Salomé Pradas, mientras que María Salom, José Manuel Barreiro, Asier Antona y David Erguido serán portavoces adjuntos.

Belén Hoyo estará al frente del Comité Electoral con José Antonio Bermúdez de secretario general, mientras que Andrea Levy presidirá el Comité de Derechos y Garantías de la formación, con Isabel Borrego de secretaria general de este órgano.

También se ratificó a Dolors Montserrat como portavoz del Grupo Parlamentario Popular y a Esteban González Pons en el puesto de secretario general.

Al término de la primera Diputación Permanente de la legislatura, Batet compareció y destacó el “acuerdo” alcanzado para poner en marcha las 28 comisiones del Congreso, de las que no hay prevista ninguna reunión en agosto, pero apuntó que “lo importante para el país y para el Parlamento es que se constituya lo antes posible un Gobierno”.

Según Batet, es “importante” también que «haya investidura de un presidente y que la legislatura empiece a nadar ya a pleno rendimiento, para lo que es imprescindible la constitución de un Gobierno”.

Así, instó a que los grupos parlamentarios se pongan a trabajar “con responsabilidad, con sentido de Estado, con voluntad de alcanzar acuerdos y de hacer posible esa constitución de un Gobierno, que es lo que urge y es lo más importante y la máxima prioridad cuando hay elecciones”.

La presidenta comentó que, en la recepción del pasado viernes, el Rey le trasladó que “no pretendía iniciar ronda de contactos con carácter inminente” y que pensaba que era mejor que las fuerzas políticas “tuvieran un tiempo para poder digerir el resultado y tener claro el posicionamiento”, y que cuando él estime oportuno, se iniciará una nueva ronda para designar un nuevo candidato.

Cuando se le preguntó si el que se presente como candidato debe hacerlo ya con los apoyos garantizados, Batet afirmó que “sería bueno que un próximo debate de investidura lo que propiciara fuera elegir un presidente del Gobierno”.

Así lo trasladaron todos los que fueron preguntados por esta posibilidad a la entrada de la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congresos del PP, marcada por la ausencia de importantes líderes territoriales como Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno o Alfonso Alonso, que tenían otras responsabilidades en su agenda.

Casado saldrá en rueda de prensa al término de este encuentro con la plana mayor del PP, donde anunciará los nombres de los nuevos portavoces parlamentarios y los cambios orgánicos para esta nueva etapa. En el PP, a falta de confirmación oficial, prácticamente dan por hecho que Cayetana Álvarez de Toledo será la portavoz del Congreso y que en el Senado será Javier Maroto.

Antes de entrar en la sede nacional del PP, Álvarez de Toledo no quiso avanzar nada en este sentido y se limitó a decir que con esta Junta Directiva Nacional comienza “una nueva etapa en el partido”. A la pregunta de si le gustaría recibir este encargo, respondió que “sería un gran honor” y una “responsabilidad”.

La hasta ahora vicesecretaria general de Estudios y Programas, Andrea Levy, que ahora también es delegada de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, apostó por reforzar los órganos internos del partido para “esta nueva etapa” desde “la moderación, el sentido común” y actuando, sobre todo, con “mucha empatía” hacia los votantes.

Según informaron a Servimedia fuentes populares, Levy seguirá formando parte de la dirección nacional del partido, con un cargo específico adecuado a su responsabilidad como delegada de Cultura, Turismo y Deportes. Casado también hará cambios en la Vicesecretaría General de Comunicación, que hasta ahora ocupaba Marta González, según confirmaron a esta agencia fuentes consultadas.

Pablo Montesinos, otro de los fichajes personales de Casado que podría tener nuevas responsabilidades, adelantó a los periodistas que el discurso del líder del PP será “de presente y de futuro”, sobre todo para “dejar claro ese liderazgo de la oposición” marcado por “la firmeza, la coherencia y el sentido de Estado” de un proyecto “ilusionante” para servir a los españoles.

Recordó que el PP ya ha dejado “claro” que no va a facilitar la investidura de Sánchez ni por activa ni por pasiva y consideró que “la prueba del algodón de cuáles son los aliados de Sánchez la hemos encontrado en Navarra”, con el pacto que permitirá a la socialista María Chivite hacerse con la Presidencia del gobierno foral.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, alabó la figura de Cayetana Álvarez de Toledo y reiteró que el PP “no puede ser responsable y no puede recaer sobre la conciencia del PP dar lugar a que se conforme un gobierno que dentro de dos meses indulte a los políticos catalanes procesados por dar un golpe de Estado o un gobierno que pegue un sablazo en subidas de impuestos a los españoles”.

Como la abstención del PP para que Sánchez sea presidente está “descartada”, López Miras planteó que antes de ir a nuevas elecciones sería “lógico” que la segunda fuerza en votos, que es “la alternativa”, pueda tener una “oportunidad” de conformar una mayoría que le pueda dar el Gobierno e incluso pueda pedir la abstención del PSOE para ello.

“Lo que no podemos hacer es apoyar un Gobierno que no duda en pactar y acordar con el entorno de la ETA”, valoró la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró que el proyecto de Casado “va a salir más fortalecido que nunca” de esta Junta Directiva, preparado para cualquier contingencia que se pueda producir, ya sea para liderar la oposición o ganar unas nuevas elecciones.

Seguidamente, el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, se reafirmó en que el PP “no va a votar una abstención al PP porque es su adversario político”. “La muleta la tiene que buscar en otro sitio, pero no en el PP, que es el oponente político del PSOE”, sentenció.

En términos parecidos se pronunció el senador Fernando Martínez-Maíllo, al decir que el PP “no debe ni puede abstenerse” en una investidura de Sánchez. “No creo que sea ni mucho menos planteable en estos momentos”, trasladó, y enfatizó que el objetivo de su partido ahora es salir de esta reunión con un PP “unido y fuerte”.

Por último, Juan Ignacio Zoido se mostró convencido de que esta reunión servirá para apuntalar la estrategia del PP y “salir más fuertes todavía de lo que estamos” para encarar cualquier escenario político tras el “desastre auténtico” de Sánchez al no concitar apoyos para ser reelegido.

Así lo dijo el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, en una rueda de prensa para presentar el informe ‘El sistema de protección social en España 2018’.

Bravo puso de relieve que la situación política, con el Gobierno en funciones y tras la investidura fallida, genera “intranquilidad”.

Señaló que, como consecuencia de esta situación, cabe la posibilidad de que las pensiones vuelvan a revalorizarse un 0,25% el próximo año si no se aprueba una norma con rango de ley que lo evite.

Bravo explicó que el Gobierno en funciones no puede adoptar esta decisión y que solo cabe hacerlo a través de una proposición de ley que se impulse en el Parlamento y se apruebe antes de que su posible disolución por una convocatoria electoral. “Si el 23 de septiembre hay disolución de Cortes, esta opción tampoco será posible; o se toman medidas para corregir la situación política, o tendremos un problema”, afirmó. A su juicio, la “solución más clara” es que se forme el Ejecutivo cuanto antes.

Bravo desveló que se está tratando este asunto con UGT y con las organizaciones empresariales para establecer un consenso de la parte de los agentes sociales, y también con el Gobierno y con los grupos parlamentarios.

Este responsable en CCOO señaló que hay un “consenso amplísimo” para sustituir el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que determina la subida mínima del 0,25%, pero “hace falta que se pueda ejercer esa mayoría política y eso solo es posible si las Cortes están funcionando”.

Así se manifestó Rivera a través de su cuenta de Twitter, tras conocer que la Fiscalía Provincial de Madrid ha acordado incoar diligencias para investigar si hubo delito a raíz de la denuncia presentada por Ciudadanos por los incidentes ocurridos durante la manifestación.

“Espero que caiga todo el peso de la justicia sobre aquellos que se dedican a insultar y agredir a otros ciudadanos”, afirmó. Asimismo, aseguró que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, debe cesar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, porque “en vez de proteger las libertades de todos, ese día se dedicó a señalarnos y ponernos en la diana de los violentos”.

Espero que caiga todo el peso de la justicia sobre aquellos que se dedican a insultar y agredir a otros ciudadanos.
Sánchez debe cesar al ministro del Interior, que en vez de proteger las libertades de todos, ese día se dedicó a señalarnos y ponernos en la diana de los violentos https://t.co/J8lUuh85GU

— Albert Rivera (@Albert_Rivera) July 30, 2019

La Fiscalía General del Estado remitió el pasado día 16 a la Fiscalía de Madrid, que es la competente, la denuncia presentada el 10 de julio por el partido de Albert Rivera por los hechos sucedidos en el transcurso de la manifestación del Orgullo. Ciudadanos sostiene que sus representantes fueron insultados e intimidados después de que PSOE y Podemos llevaran semanas “poniéndoles en la diana”.

En concreto, asegura que en el acoso a sus representantes, que obligó a que fueran escoltados por la Policía, se pudieron cometer delitos de amenazas, injurias y odio.

La Fiscalía General del Estado remitió el pasado día 16 a la Fiscalía de Madrid, que es la competente, la denuncia presentada el 10 de julio por el partido de Albert Rivera por los hechos sucedidos en el transcurso de la manifestación del Orgullo Lgtbi.

La dirección de Ciudadanos presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por el acoso que sufrió en la manifestación del Orgullo en Madrid, en la que este partido sostiene que sus representantes fueron insultados e intimidados después de que PSOE y Podemos llevaran semanas “poniéndoles en la diana”.

La denuncia ante la Fiscalía fue presentada por la portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas; el secretario general de este partido en el Congreso, Miguel Gutiérrez, y la diputada Patricia Reyes. Los tres estuvieron en la marcha del Orgullo en la capital de España.

Tras presentar la denuncia, Arrimadas explicó que en el escrito se ponen de manifiesto unos “hechos concretos”, sobre los que dijo que el Ministerio Público deberá depurar las “responsabilidades penales” que puedan desprenderse.

En concreto, Ciudadanos asegura que en el acoso a sus representantes en la marcha del Orgullo de Madrid, que obligó a que fueran escoltados por la Policía, se pudieron cometer delitos de amenazas, injurias y odio. Arrimadas indicó que aportan vídeos y testimonios de cómo sufrieron “lanzamiento de objetos, amenazas, injurias, insultos y patadas”, todo lo cual dijo que constituyó “una situación absolutamente intolerante y absolutamente intolerable”.

Arrimadas acusó al ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, de “calentar” la protesta por haber dicho que el partido de Albert Rivera no podía ignorar que tener contactos con Vox podía tener “consecuencias”. Esta formación ha solicitado la comparecencia del ministro en el Congreso para que dé explicaciones sobre lo sucedido.

“Nosotros no hemos negociado nunca con Bildu”, dijo varias veces Calvo en una entrevista en RNE recogida por Servimedia, en la que aseguró que “el Partido Popular tiene que dejar de ser hipócrita”, porque “Maroto -por Javier Maroto- tiene titulares de hace años de: ‘he pactado con Bildu y animo a los demás a que lo hagan’. Eso está en la hemeroteca”.

Calvo indicó que Bildu “es un partido que está en el espectro de la legalidad de este país, igual que otros”, pero es una formación con la que los socialistas “no hacemos pactos”. “Nosotros no negociamos nada con Bildu, ni compartimos las ideas de Bildu por lo que representan en el País Vasco”, reiteró.

HOMENAJES

Por otra parte, la vicepresidenta en funciones señaló que los actos de homenaje a etarras de este fin de semana en Hernani y Oñate son “completamente rechazables desde el punto de vista moral y político”, porque a los “terroristas no se les puede homenajear” por parte de una sociedad en la que “todos” han hecho “todos los esfuerzos posibles por la paz”.

Calvo reiteró que son “absolutamente rechazables este tipo de recibimientos” y por ello el Gobierno ha llevado estos hechos a la Fiscalía por si se ha cometido algún tipo de delito.

Respecto a por qué no hicieron lo mismo en una veintena de actos anteriores, como denuncia Covite, dijo que porque “somos responsables de los que somos responsables, en el periodo en el que nosotros tenemos conocimiento y podemos reaccionar como Gobierno”.

“Ha sido tan absolutamente evidente la intencionalidad, la claridad del homenaje, que evidentemente el Gobierno y la legislación, instrumentalizada por el Ministerio Fiscal, tiene que reaccionar porque se producen en este momento y no por ninguna otra razón”, explicó.

La ‘número dos’ del Ejecutivo en funciones remarcó que los socialistas siempre han estado en el combate contra el terrorismo.

Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la mejora del beneficio se produce pese a que sus ganancias del último trimestre, entre abril y junio, se redujeron un 52,9%, hasta los 21 millones de euros.

En los primeros nueve meses del ejercicio fiscal 2019, las ventas ascendieron a 7.283 millones de euros, un 12% más que en el ejercicio precedente. En el tercer trimestre aumentaron un 23%, situándose en 2.632 millones.

Por otro lado, la compañía finalizó los nueve primeros meses del ejercicio 2019 con un beneficio bruto (Ebit) sin tener en cuenta los costes de integración y reestructuración de 475 millones de euros, un 0,6% inferior al del año precedente. En el tercer trimestre fue de 159 millones, un 1,9% superior.

La compañía atribuye la caída de este indicador a la persistente disminución de los precios en la cartera de pedidos, junto con la volatilidad en mercados emergentes y retos en la ejecución de algunos proyectos, compensados parcialmente por las sinergias, las mejoras en la productividad y el mayor volumen de ventas.

La compañía alcanzó una cartera de pedidos récord de 25.100 millones de euros, un 8% más que hace un año, impulsada por los 4.700 millones logrados en el último trimestre, un 42% más y la mayor entrada de nuevos proyectos de su historia. Esto permite asegurar el 98% del rango medio del objetivo de ventas comprometido para el año fiscal 2019.

Al cierre de junio, la deuda neta se situó en 191 millones de euros, impulsada por el aumento del capital circulante de cara a un pico de actividad en el negocio de aerogeneradores en el cuarto trimestre.

Estos resultados se encuentran en línea con los objetivos presentados para el año fiscal 2019, en concreto unas ventas entre 10.000 y 11.000 millones de euros.

Así lo ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en un hecho relevante donde sostiene que los resultados obtenidos en el primer semestre de 2019 están en línea para alcanzar los objetivos del año.

La aportación al beneficio de las sociedades participadas asciende al 29,7%, lo que incluye la aportación de la estadounidense Tallgrass desde el 1 de abril de 2019.

Los ingresos de Enagás en esos seis meses ascendieron a 567,1 millones, un 5,2% menos que el año anterior, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 487 millones, cifra prácticamente idéntica a la de un año antes.

Al finalizar el primer semestre la inversión neta ascendió a 645 millones de euros, lo que incluye fundamentalmente la inversión internacional en Tallgrass Energy anunciada en el primer trimestre.

A 30 de junio de 2019, la Deuda Neta ascendía a 4.117 millones de euros, un 3,7% menos que la registrada al cierre de 2018.

En este periodo de seis meses se produjo la emisión de deuda para la adquisición de Tallgrass por importe de 404,4 millones de euros, el efecto de la normativa contable NIIF 16 de 335 millones de euros y la desconsolidación de la chilena GNL Quintero (-645 millones de euros).

En cuanto a la actividad, Enagás destaca que en el primer semestre de 2019 se ha alcanzado el record de demanda de gas natural desde 2010, con un incremento del 9,4% con respecto al mismo período del año 2018.