Portugal encara la presidencia rotativa del Consejo de la Unión Europea (CUE) con el objetivo de que la recuperación de la crisis sanitaria y económica del coronavirus sea «social, verde y digital».

El embajador portugués en España, João Mira-Gomes, ha presentado este lunes las prioridades de su país al frente del CUE durante el primer semestre del 2021.

El acto ha sido organizado por la Oficina del Parlamento Europeo en la capital catalana, la Representación de la Comisión Europea en España y el Consulado General de Portugal en Barcelona.

UNA PRESIDENCIA «DISTINTA»

Mira-Gomes ha explicado que esta cuarta presidencia de su país es un desafío, y «distinta, por la grave crisis que está viviendo Europa, que es sanitaria, económica y social.

Ha recordado que es la primera presidencia de turno tras la salida de un estado miembro, el Reino Unido, el 31 de diciembre de 2020, y «en plena tercera ola del Covid-19 en muchos países».

Por eso, ha avanzado que Portugal insistirá en soluciones para Europa basadas en la resiliencia, la cohesión, la sostenibilidad y la digitalización, y «con un marcado carácter social».

VALORA A ALEMANIA

Mira-Gomes ha valorado los esfuerzos de la anterior presidencia del CUE –en manos de Alemania– al lanzar el programa de vacunación contra el Covid-19 en Europa y las políticas de recuperación económica.

La tarea de Portugal será continuar con esas mismas iniciativas procurando que esta recuperación sea «verde y digital, pero también inclusiva y justa, para que nadie se quede atrás».

«Cuando toque pasar el testigo a Eslovenia [siguiente en presidir el CUE] esperamos dos cosas: que Europa esté en etapa avanzada de inmunización; y que los ciudadanos y empresas hayan empezado a sentir el impacto real y positivo del plan económico y social», ha resumido.

PLAN DE RECUPERACIÓN

La Presidencia portuguesa se centrará en marcar el rumbo de la UE durante la pandemia y promoverá una visión de la UE «innovadora, orientada al futuro y basada en los valores comunes de la solidaridad, la convergencia y la cohesión».

Así, en el plano económico, el embajador ha dicho que Portugal quiere afianzar el plan de protección de empleo SURE, lanzar políticas de transición ecológica, avanzar hacia un modelo económico basado en la descarbonización y promover la aprobación de la ley del clima.

También ha dicho que se pretende avanzar en el debate sobre los mercados de servicios digitales, y que su presidencia insistirá el concepto de «democracia digital», con el objetivo de garantizar un acceso más universal a estos medios.

Mira-Gomes ha insistido en «fortalecer la dimensión social de la UE», en paralelo a los esfuerzos ecológicos y digitales, y con énfasis en la salud, dada la pandemia del coronavirus, pero también por otras necesidades sanitarias que se quieren abordar a nivel europeo.

POLÍTICA EXTERNA Y MIGRACIONES

En política internacional, ha destacado que se trabajará por una «mayor autonomía de Europa en áreas estratégicas, pero sin proteccionismos»; y que se potenciarán las relaciones con África y América Latina.

También ha hablado de «reequilibrar» las relaciones con los países de la región Asia-Pacífico, y ha añadido que la pronta llegada de la administración Biden a la Casa Blanca abre un horizonte en las relaciones con Estados Unidos, especialmente en materia climática.

Mira-Gomes se ha referido además la política común de asilo en Europa: Portugal quiere ser puente las distintas opiniones en la UE en materia de migraciones, y defenderá un «equilibrio entre la solidaridad y la responsabilidad».

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido este lunes a los gobiernos autonómicos que antes de solicitar la ampliación del estado de alarma para permitir nuevas medidas contra el Covid-19 como el confinamiento domiciliario, desplieguen «todo el efecto» de las que ya se contemplan en el decreto vigente hasta el 9 de mayo.

De hecho, ha puesto de ejemplo las nuevas medidas que ha anunciado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que pasan por adelantar el toque de queda a las 22.00, cerrar perimetralmente todos los municipios y cerrar hostelería, centros comerciales y lugares de ocio en general.

«No se trata tanto de adoptar muchas más medidas sino de aplicar bien las que se han adoptado», ha defendido el ministro de Sanidad en una entrevista en La Sexta.

Así, Illa ha asegurado que las medidas que se contemplan en el estado de alarma son «suficientes» y que «antes de pedir más medidas», «va bien que se desplieguen» las que ya están disponibles, sobre todo cuando la estrategia vigente ya permitió superar, según el ministro, la segunda ola del coronavirus.

No obstante, ha avanzado que el Gobierno y las comunidades autónomas debatirán el miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) sobre esa petición de varias comunidades autónomas de ampliar el margen del toque de queda, después de que este fin de semana haya realizado ya una ronda de contactos informales sobre este asunto con los gobiernos autonómicos.

«Yo creo que son suficientes (las medidas) pero no hay cerrazón, el Gobierno va a escuchar», ha enfatizado, al tiempo que ha asegurado que, en todo caso, cualquier cuestión al respecto debe valorarse en conjunto y adoptarse «de la forma más consensuada».

DISPUESTO A «MEJORAR LAS HERRAMIENTAS» PERO DE FORMA CONSENSUADA

En este sentido, preguntado sobre la posibilidad de modificar el decreto del estado de alarma –que necesariamente requiere la aprobación de uno nuevo en el Consejo de Ministros y ser revalidado después en el Congreso–, Illa ha insistido en que siempre están «abiertos a escuchar y a mejorar las herramientas», pero «haciéndolo bien», con las máximas garantías, todos juntos». «No voy a anticipar ninguna decisión al respecto», ha aclarado.

Según Illa, es en el Consejo Interterritorial donde se deberá tomar una decisión, si así se acuerda por consenso, para estudiar si se debe ampliar el margen para decretar el toque de queda, aunque el ministro ya ha dejado claro que el decreto de estado de alarma vigente solo permite adelantarlo hasta las 22.00 horas.

En este sentido, el ministro ha defendido la decisión del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Supremo la medida de Castilla y León de adelantar el toque de queda las 20.00 horas, al entender que la interpretación de la Junta no se ajusta a la legalidad del decreto vigente.

«No está amparado por el actual decreto de estado de alarma por eso lo hemos llevado al Tribunal Supremo. Ellos consideran que sí. A ver qué determinan las autoridades», ha ahondado.

TOQUE DE QUEDA A LAS 20.00 EN CYL, VIGENTE HASTA QUE DICTE EL TS

Eso sí, ha avisado de que hasta que el Supremo no se pronuncie, los ciudadanos deben cumplir la orden del Gobierno de Castilla y León y también las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado garantizar que así sea, aunque el Gobierno considere que debe rectificarse.

«Hasta que no se haya pronunciado el Supremo, lo que está dictado por la autoridad competente de Castilla y León tiene que respetarse», ha zanjado.

Lo que el Gobierno no se plantea de ningún modo, según ha dejado claro Illa, es modificar el estado de alarma actial para incluir nuevas medidas, como la de permitir a las comunidades que decreten el confinamiento domiciliario.

El motivo, tal y como ha explicado, es que con las medidas que ya están disponibles los Gobiernos autonómicos tienen todavía margen en muchos casos para endurecer la restricciones y asimilar la respuesta a lo que en otros países se entiende por confinamiento domiciliario.

Así se ha demostrado, a su juicio, en Castilla-La Mancha, donde García-Page acaba de anunciar, por ejemplo, el cierre de la hostelería. «Con el paquete de medidas en marcha conseguimos ya una vez derrotar la segunda ola y estoy seguro de que vamos a derrotar la tercera», ha manifestado.

Illa no ha querido responder, no obstante, a las nuevas críticas que la oposición y presidentes autonómicos como la de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han lanzado contra el Gobierno, acusándole de no asumir su responsabilidad en la lucha contra el virus y de no dejar tampoco a las comunidades tomar las medidas que consideran necesarias.

«Todos los Gobiernos de las comunidades tienen el apoyo del Ministerio de Sanidad, incluso el de Madrid. A partir de ahí, me resultaría relativamente fácil contestar con alguno comentarios más, que por responsabilidad me los voy a ahorrar porque mi adversario es el virus, no es el presidente de Castilla y León o de Madrid», ha afirmado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este lunes el papel que, según él, España puede desempeñar en el mundo por su emplazamiento y también por ser un «país abierto y tolerante» y ha apostado por una política exterior que sea igualmente abierta y transformadora y por la defensa de un sistema multilateral más justo y democrático.

Sánchez ha sido el encargado de inaugurar la Conferencia de Embajadores, la primera desde el año 2008 y que el Ejecutivo quiere que desde ahora tenga carácter anual. En su intervención, ha expuesto a los embajadores –la mayoría de los cuales participan por vía telemática por la pandemia– su visión del mundo, los desafíos y cómo hacerlos frente.

A pesar de los «momentos difíciles, complejos y convulsos» actuales, se ha mostrado «convencido de que los vamos a superar entre otras cosas porque tenemos una sociedad que no se rinde ante las adversidades, que resiste y las supera» y se ha mostrado confiado en que 2021 será «el año de la gran recuperación», en la cual los diplomáticos también están llamados a desempeñar su papel «promoviendo la confianza en España en el mundo».

«España es un país nodal, con capacidad para tejer coaliciones, sinergias con actores muy diversos, que debe ejercer su influencia para liderar iniciativas dentro de la UE como estamos haciendo, reforzar el multilateralismo, e impulsar un modelo que inevitablemente debe ser de mayor justicia social», ha señalado. También, ha añadido, «debemos ser abanderados y estar a la vanguardia de todas las transformaciones que nos van a hacer más competitivos», entre las que ha mencionado la transición digital y ecológica.

Una vez más, el presidente ha hecho una defensa a ultranza del multilatelismo, al tiempo que ha apostado por un mundo multipolar más democrático y ha defendido que pese a que España es un país pequeño por su geografía e historia «ocupa un lugar privilegiado» a nivel mundial. En su opinión, España está llamada a jugar un «papel estratégico, incluso de más peso del que hemos venido jugando» gracias a su pertenencia a la UE y a la comunidad iberoamericana.

Así, ha defendido que la política exterior debe ser «dinámica y adaptada a los nuevos tiempos», a la vez que «transformadora» e «igualitaria» y comprometida con los valores de solidaridad y tolerancia que abraza la mayoría de los españoles. «Me gustaría que este fuera un nuevo periodo dorado, renovado de la diplomacia española, una diplomacia también de la cooperación, eficaz en la mediación y con capacidad reconocida para crear puntos de encuentro y también de entendimiento», ha señalado.

«Confiamos en que 2021 sea el año de la gran recuperación, de la gran trasformación que tenemos que abordar entre todos y también de un gran impulso a nuestra reputación internacional de posicionamiento de nuestro país acorde con la identidad de país abierto, tolerante, plural, democrático y diverso».

ACTOR CLAVE EN LA UE

Sánchez ha desgranado las principales áreas de interés de la política exterior, empezando por la UE, donde ha considerado que «España debe seguir siendo un actor aún más clave», ahora que ha salido Reino Unido, en la respuesta europea a los desafíos actuales y ha puesto en valor recientes acuerdos como el plan de recuperación post-COVID-19 o el que los Veintisiete hayan acordado adquirir las vacunas de forma conjunta e iniciar la vacunación al mismo tiempo.

Además, ha reconocido que la migración será «uno de los debates más importantes» de los próximos años en la UE porque «lógicamente tras la pandemia habrá una intensificación de los flujos migratorios». Sánchez ha insistido al respecto en la necesidad de una política migratoria propia de la UE que conjugue responsabilidad y solidaridad y añada una «perspectiva humanista».

Dentro de la UE, el presidente ha puesto de manifiesto la relación particular con países como Portugal y Francia, como vecinos, así como con Alemania e Italia, con los que ha confiado en que se puedan retomar las cumbres de carácter anual, al tiempo que adelantado planes para reuniones de alto nivel también con Polonia y Rumanía este año. Además, fuera de la UE, ha confirmado que está prevista una cumbre con Turquía y ha reiterado su apoyo al «diálogo constructivo con Ankara», sin dejar de lado la «solidaridad» con Grecia y Chipre.

RELACIÓN CON AMÉRICA LATINA

En lo que se refiere a América Latina, uno de los «pilares» de la proyección exterior de España, ha apostado por seguir estando «en primera línea de la influencia en la región, con el máximo grado de interlocución posible», reforzando las alianzas existentes y desarrollando otras nuevas.

En opinión del jefe del Ejecutivo, España debe «aspirar más que nunca a ser actor indispensalbe, facilitador» y a «mediar e impulsar iniciativas» que ayuden a reforzar el papel de esta región en el mundo y a contribuir a que sea «una región más estable, integrada y próspera, donde se respeten los Derechos Humanos y se defiendan los sistemas democráticos».

Sánchez se ha referido en concreto a Venezuela, cuya situación «sigue siendo una gran preocupación y objeto de atención del Gobierno». El presidente ha sostenido que las elecciones parlamentarias de diciembre «no fueron ni justas ni libres» y ha apostado por «mantener la iniciativa en la búsqueda de la salida a la crisis, relanzando un diálogo que conduzca a la celebración de elecciones» y que «los venezolanos y venezolanas hablen».

Por otra parte, ha hecho mención especial al Magreb, confiando en que este año se puedan celebrar las cumbre previstas con Marruecos y Túnez y resaltando que, al igual que en el caso de América Latina, en la UE se escucha con particular atención la «voz» de España. Además, ha defendido la necesidad de que se relancen las negociaciones para una «solución política justa y duradera» para el Sáhara Occidental.

En lo que se refiere a la relación trasatlántica, ha apostado por aprovechar la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca en Estados Unidos y la sintonía con Europa para aunar fuerzas como «poder positivo y transformador en el mundo. También ha apostado por articular «una agenda estratégica» con China en temas de interés común como lo relativo al clima, sin olvidar que el modelo político es diferente y los Derechos Humanos.

GIRA POR ÁFRICA Y VISITA A CHINA E INDIA

Sánchez ha confiado en que, una vez la pandemia lo permita, pueda realizar un viaje a China y también a India, al tiempo que ha anunciado que tiene intención de llevar a cabo una gira por países africanos este año con vistas a «impulsar la presencia española». En su opinión, África representa grandes desafíos pero también oportunidades y ha reconocido que por el momento la presencia española «no está a la altura», aunque ha confiado en esta pueda ser «la década de España en África».

El presidente del Gobierno también se ha referido a Rusia, con quien ha apostado por el equilibrio entre la firmeza y la defensa de los principios e intereses propios, al tiempo que ha tachado de «hecho lamentable» el arresto este domingo a su regreso a Moscú del líder opositor Alexei Navalni.

Por último, respecto a Oriente Próximo, ha recordado que este año se cumplirán 30 años de la Conferencia de Madrid y ha indicado que España «quiere seguir siendo promotor activo, relanzar las negociaciones entre israelíes y palestinos empezando por medidas de reconstrucción de la confianza».

La ONG Save the Children ha pedido que la situación de pobreza se tenga en cuenta en el calendario de vacunación contra la Covid-19 porque considera que las personas en esta situación tienen más riesgo de contagiarse, al trabajar en sectores esenciales o vivir en viviendas más pequeñas.

Así, propone que cuando llegue el turno de vacunar a la infancia, se inmunice primero a aquellos niños y niñas de familias en situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica.

«Estas familias se contagian más por su mayor presencia en sectores de trabajo esenciales que no han cerrado ni pasado al formato de teletrabajo, lo que conlleva una mayor movilidad y contacto con otras personas. Asimismo, sus familias se contagiarán más por disponer de un espacio habitacional más reducido que la media de la población española. Por ello, la probabilidad de que los niños y niñas que viven en hogares que sufren exclusión o pobreza se contagien es superior», advierte la ONG.

También sugiere realizar campañas de vacunación específicas para zonas de elevada exclusión siendo correctamente identificadas por las autoridades públicas en coordinación con las entidades del Tercer Sector.

«Creemos que se ha de incorporar el foco de la desigualdad a los programas de vacunación, para asegurar que las personas en situación de exclusión van a poder acceder a la dosis con independencia de su estatus administrativo», ha indicado la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, Catalina Perazzo.

La ONG también pide que se priorice al colectivo del profesorado o el sector de los cuidados en la etapa 2 de la vacunación frente a la Covid-19, prevista para iniciarse en España a partir de marzo, así como a los colectivos con una mayor vulnerabilidad clínica.

Por otro lado, sobre la vacunación en los países en vías de desarrollo, y ante el temor de un desigual abastecimiento de la vacuna entre los países más ricos y los más pobres, Save the Children manifiesta su «preocupación» ante «el potencial riesgo de que queden desprotegidos un gran número de familias con niños y niñas a cargo».

Para paliar esta situación, la organización reclama que el acceso a las dosis sea lo más equitativo posible entre todos los países. Para ello, considera que es imprescindible que los países más ricos y los organismos internacionales se comprometan con la protección de toda la población y se planifique la distribución de la vacuna pensando en términos de salud pública global y solidaridad.

Save the Children también cree importante que se facilite una producción de la vacuna más descentralizada de manera que los países más pobres tengan más facilidades de obtener las dosis al no tener que ser importadas desde otros países, con los inconvenientes que ello conlleva para la correcta conservación de las dosis.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación contra el magnate ruso Mikhail Fridman sobre una supuesta manipulación de precios para devaluar las acciones de Dia y poder comprar la empresa a un precio más bajo, algo que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, ha descartado, indicando que la bajada continuada del precio de las acciones se debió a «la evolución del negocio» debido a «una mala gestión» o a «la inadecuada política comercial y de inversiones».

Calama, en un auto del pasado 15 de diciembre, ha estimado que «no ha quedado acreditado que los hechos investigados sean constitutivos de infracción penal», ordenando en consecuencia el sobreseimiento provisional de las actuaciones, «sin perjuicio de reaperturar las mismas si la averiguación de nuevos elementos o indicios así lo aconsejan».

El juez instructor investigaba a Fridman, dueño de Letter One –que es la máxima accionista de Dia–, por un presunto delito de abuso de mercado y manipulación de precios a raíz de una denuncia anónima presentada contra el magnate ruso y contra la empresa en la que se aseguraba que mantuvieron una «elevada tensión financiera con el objeto de lograr la baja cotización de las acciones, hasta lograr la compra de la compañía».

Para Calama, que ha hecho «enteramente» suyas las posiciones del Ministerio Fiscal y de los técnicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), «todo apunta a que la continua bajada del valor de las acciones fue debida a la evolución del negocio, consecuencia de una mala gestión o de la inadecuada política comercial y de inversiones» de Dia.

Los sucesivos informes de los técnicos de la CNMV, que ratificaron en sede judicial, indican que las posiciones en corto que determinaron el desplome de las acciones de DIA anticiparon de hecho bajadas de valor, algo que consideran «de sobra justificado por la situación financiera de la compañía, así como en los informes y noticias publicados sobre la cadena de supermercados que indicaban una evolución negativa del negocio». «La debacle de Dia se explica por la propia evolución del negocio», afirman.

La tesis de la CNMV, según destaca Calama, «refuta la hipótesis de la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal) de considerar que el precio bajo de la acción podría haber venido determinado por un exceso de posiciones bajistas, lo cual podría haber transmitido al mercado la existencia de un riesgo no detectado sobre Dia».

«MUY LEJOS DE RECUPERAR SU INVERSIÓN»

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 ha señalado como «dato relevante» la cotización de Dia en el último año, detallando que ha pasado de un precio de 0,2 euros por acción a finales de 2019 a 0,15 euros en la recta final de 2020, llegando a registrar mínimos de 0,060.

Calama ha llamado la atención sobre el hecho de que son «cotizaciones notablemente más bajas que los 0,67 euros por acción que ofreció y pagó LetterOne en su OPA de febrero de 2019». «Es decir, que a fecha de hoy LetterOne todavía estaría muy lejos de recuperar su inversión inicial de mayo de 2017, cuando entra en el capital social de Dia (3,8 euros por acción), y la cantidad que posteriormente pagó al ejecutarse la OPA de febrero de 2019 (0,67 euros)», resalta el magistrado.

En este sentido, ha argumentado que «la hipótesis de que las posiciones en corto hubieran estado dirigidas a conseguir una bajada del precio de la acción para que se esta manera LetterOne consiguiera adquirir la compañía por un precio más bajo pierde todo su fundamento cuando se compara el precio de la acción de hace tres años con el actual, pudiéndose comprobar las cuantiosas pérdidas de valor que han venido sufriendo las acciones de esta compañía».

Calama ha precisado a este respecto que «quien en mayo de 2017 tuviera acciones por valor de 100.000 euros hoy día (a 30 de noviembre de 2020) apenas superarían los 2.500 euros y, de la misma manera, la inversión en tales fechas de Lette rOne por 754.737.742 euros ahora tendría un valor de 39.723.039 euros y habría sufrido una pérdida de 131.924.926 euros respecto a la cantidad de 169.980.193 (0,67 por acción) desembolsada en la ejecución de la OPA».

Por tanto, ha determinado que «no puede concluirse que por parte de Mikhail Fridman, de la entidad LetterOne o de terceros a ellos vinculados se hayan realizado actuaciones dirigidas a provocar una caída en el valor de cotización de las acciones de Dia que les permitiera una adquisición mas ventajosa de la sociedad, ni tampoco que de alguna manera pudieran haber tenido acceso a información relevante sobre la citada sociedad cotizada que no fuera conocida por el resto de los inversores».

La Audiencia Nacional también archivó la investigación que se llevaba a cabo sobre Fridman en el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de Manuel García-Castellón por su presunta responsabilidad en las «maniobras» empresariales que llevaron a la quiebra a la mercantil española Zed WorldWide para adquirirla por 20 millones de euros, un precio muy por debajo al de mercado.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación contra el magnate ruso Mikhail Fridman sobre una supuesta manipulación de precios para devaluar las acciones de DIA y poder comprar la empresa a un precio más bajo, algo que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, ha descartado, indicando que la bajada continuada del precio de las acciones se debió a «la evolución del negocio» debido a «una mala gestión» o a «la inadecuada política comercial y de inversiones».

Calama, en un auto del pasado 15 de diciembre, ha estimado que «no ha quedado acreditado que los hechos investigados sean constitutivos de infracción penal», ordenando en consecuencia el sobreseimiento provisional de las actuaciones, «sin perjuicio de reaperturar las mismas si la averiguación de nuevos elementos o indicios así lo aconsejan».

El juez instructor investigaba a Fridman, dueño de Letter One –que es la máxima accionista de DIA–, por un presunto delito de abuso de mercado y manipulación de precios a raíz de una denuncia anónima presentada contra el magnate ruso y contra la empresa en la que se aseguraba que mantuvieron una «elevada tensión financiera con el objeto de lograr la baja cotización de las acciones, hasta lograr la compra de la compañía».

Para Calama, que ha hecho «enteramente» suyas las posiciones del Ministerio Fiscal y de los técnicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), «todo apunta a que la continua bajada del valor de las acciones fue debida a la evolución del negocio, consecuencia de una mala gestión o de la inadecuada política comercial y de inversiones» de DIA.

Los sucesivos informes de los técnicos de la CNMV, que ratificaron en sede judicial, indican que las posiciones en corto que determinaron el desplome de las acciones de DIA anticiparon de hecho bajadas de valor, algo que consideran «de sobra justificado por la situación financiera de la compañía, así como en los informes y noticias publicados sobre DIA que indicaban una evolución negativa del negocio». «La debacle de DIA se explica por la propia evolución del negocio», afirman.

La tesis de la CNMVA, según destaca Calama, «refuta la hipótesis de la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal) de considerar que el precio bajo de la acción podría haber venido determinado por un exceso de posiciones bajistas, lo cual podría haber transmitido al mercado la existencia de un riesgo no detectado sobre DIA».

«MUY LEJOS DE RECUPERAR SU INVERSIÓN»

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 ha señalado como «dato relevante» la cotización de DIA en el último año, detallando que ha pasado de un precio de 0,2 euros por acción a finales de 2019 a 0,15 en la recta final de 2020, llegando a registrar mínimos de 0,060.

Calama ha llamado la atención sobre el hecho de que son «cotizaciones notablemente más bajas que los 0,67 euros por acción que ofreció y pagó Letter One en su OPA de febrero de 2019». Es decir, que a fecha de hoy Letter One todavía estaría muy lejos de recuperar su inversión inicial de mayo de 2017, cuando entra en el capital social de DIA (3,8 euros por acción), y la cantidad que posteriormente pagó al ejecutarse la OPA de febrero de 2019 (0,67)», resalta el magistrado.

En este sentido, ha argumentado que «la hipótesis de que las posiciones en corto hubieran estado dirigidas a conseguir una bajada del precio de la acción para que se esta manera Letter One consiguiera adquirir la compañía por un precio más bajo pierde todo su fundamento cuando se compara el precio de la acción de hace tres años con el actual, pudiéndose comprobar las cuantiosas pérdidas de valor que han venido sufriendo las acciones de esta compañía».

Calama ha precisado a este respecto que «quien en mayo de 2017 tuviera acciones por valor de 100.000 euros hoy día (a 30 de noviembre de 2020) apenas superarían los 2.500 euros y, de la misma manera, la inversión en tales fechas de Lette rOne por 754.737.742 euros ahora tendría un valor de 39.723.039 euros y habría sufrido una pérdida de 131.924.926 euros respecto a la cantidad de 169.980.193 (0,67 por acción) desembolsada en la ejecución de la OPA».

Por tanto, ha determinado que «no puede concluirse que por parte de Mikhail Fridman, de la entidad Letter One o de terceros a ellos vinculados se hayan realizado actuaciones dirigidas a provocar una caída en el valor de cotización de las acciones de DIA que les permitiera una adquisición mas ventajosa de la sociedad, ni tampoco que de alguna manera pudieran haber tenido acceso a información relevante sobre la citada sociedad cotizada que no fuera conocida por el resto de los inversores».

La Audiencia Nacional también archivó la investigación que se llevaba a cabo sobre Fridman en el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de Manuel García-Castellón por su presunta responsabilidad en las «maniobras» empresariales que llevaron a la quiebra a la mercantil española Zed WorldWide para adquirirla por 20 millones de euros, un precio muy por debajo al de mercado.

El juez instructor del Tribunal del Vaticano procesará por malversación de fondos públicos a Cecilia Marogna, la mujer italiana implicada en el caso de la compra opaca de un inmueble en Londres que forzó la dimisión del cardenal Giovanni Angelo Becciu.

La mujer, de 39 años, recibió, según las investigaciones, hasta 500.000 euros provenientes de la Secretaría de Estado, fondos controlados en esa época por el cardenal Becciu y será imputada en el proceso que comenzará los próximos días. Así lo recoge el comunicado publicado por la oficina de comunicación de la San Sede.

«El 13 de enero el juez instructor del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, acogiendo la instancia formulada por el promotor de justicia, ha revocado la medida cautelar dispuesta contra Cecilia Marogna, a cargo de la cual es inminente la celebración de un juicio con la hipótesis (de delito) de malversación de fondos cometido en complicidad con otros», indica la Santa Sede.

Además, la nota señala que «la iniciativa pretende, entre otras cosas, consentir a la imputada, que ya ha rechazado defenderse al negarse a contestar al interrogatorio ante las autoridades judiciales italianas, una solicitud que fue tramitada a través de rogatoria por parte del promotor de justicia, de participar en el proceso en el Vaticano, libre de medidas cautelares».

Los magistrados del Tribunal de Apelación de Milán debían deliberar este lunes sobre la extradición de Marogna. Con esta decisión la situación judicial de Marogna queda en un régimen de libertad provisional con cargos.

Según reveló la prensa italiana, Becciu retiró hasta 500.000 entre 2011 y 2018, cuando era sustituto de la Secretaría de Estado y podía gestionar a su antojo los fondos reservados de este organismo del Vaticano, para entregárselos a una mujer italiana de 39 años, de nombre, Cecilia Marogna, titular de una sociedad con sede fiscal en Eslovenia que se ocupa de misiones humanitarias en África y Asia.

Si bien, finalmente ese dinero fue usado por la mujer para comprar bolsos, zapatos y hasta un sofá de piel, además de otros artículos de lujo de marcas como Prada, Tod’s o Chanel. Según detalló ella misma al diario ‘Corriere della Sera’ invitó a Becciu a instalar una red de diplomacia paralela a la que tiene desplegada la Santa Sede con nunciaturas por todo el mundo «en los países del norte de África y Oriente Medio».

La «dama del cardenal» como la han bautizado los periódicos italianos se ha defendido asegurando su trabajo como mediadora sobre todo en casos de religiosos secuestrados. De hecho, ha alegado que los objetos de lujo fueron usados como regalos en viajes diplomáticos y otros gastos de representación. Entre los documentos que aportan los medios italianos hay una carta en la que Becciu muestra una «profunda estima» y «confianza» en Marogna.

Se trata de la segunda mujer laica procesada por el Vaticano. La italiana Francesca Immacolata Chaouqui, que fue consultora para la reforma económica y organizativa del Vaticano y formó parte, junto al sacerdote español Ángel Vallejo Balda de la comisión creada por el Papa Francisco para conocer la situación económica de la Santa Sede, fue imputada en el denominado caso Vatileaks II.

La Sociedad Española de Salud Pública y AdministraciónSanitaria (SESPAS) ha pedido al Gobierno y a las comunidades autónomas una estrategia «urgente» para bajar la incidencia de contagios de coronavirus lo «más rápidamente posible».

«Las sanitarias autonómicas deben adoptar medidas suficientemente potentes y eficaces para la contención de la transmisión. El Gobierno estatal debe ejercer su liderazgo y sus competencias en materia sanitaria, especialmente las de legislación y coordinación, proporcionando a las comunidades autónomas las herramientas que posibiliten la toma de las medidas necesarias, sin excluir los toques de queda más tempranos e, incluso, llegado el caso y como medida más extrema y absolutamente excepcional, los confinamientos domiciliarios con condiciones concretas», han dicho desde la organización.

Y es que, prosigue, la salud de la población y la esperanza de vida han de ponderarse sobre otro tipo de intereses, lo que exige tener preparado el correspondiente marco jurídico para que, llegado el caso, se puedan aplicar tales actuaciones de forma «ágil». Además, SESPAS ha subrayado la importancia de la coordinación entre las administraciones.

«La ausencia de posturas comunes confunde a la población y desacredita las políticas públicas», ha avisado, para señalar que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud debe establecer, conforme a las atribuciones de coordinación que tiene atribuidas y que refuerza el vigente Real Decreto 926/2020, por el que se declara el estado de alarma, indicadores de referencia y criterios de valoración del riesgo que sirvan para mantener una batería de actuaciones de contención, aplicando de manera uniforme para toda España las respuestas propuestas para el nivel de alerta 3, hasta que se llegue al objetivo planteado de incidencia acumulada en 14 días menor de 25 casos por cada 100.000 habitantes.

Del mismo modo, la organización ha destacado la importancia de adoptar medidas eficaces para disminuir drásticamente la interacción social en los ámbitos públicos, aunque ello suponga la suspensión de «gran parte» de la actividad social y el cierre temporal de establecimientos donde esta interacción es más intensa. A su juicio, sería también muy interesante poder conocer en tiempo real cuánto y cómo están interactuando las personas y si esto ha variado con las medidas aplicadas, para lo que habría que impulsar y apoyar investigaciones específicas en las ciencias que estudian el comportamiento humano.

«Si no se aplican medidas más eficaces, y no hay un control de su cumplimiento, no es descartable un nuevo confinamiento domiciliario generalizado, con las consecuencias que para la vida de la población tiene: efectos físicos y mentales sobre las personas, desigualdad derivada de las condiciones de vulnerabilidad y limitación, cuando no suspensión de hecho, de derechos fundamentales. Las consecuencias económicas de un segundo confinamiento pueden afectar negativamente a buena parte de la población durante mucho tiempo», ha apostillado.

PROCESO DE VACUNACIÓN MÁS RÁPIDO

Por otro lado, ha subrayado la necesidad de que el proceso de vacunación se realice de manera rápida, alcanzado a los grupos vulnerables cuanto antes y respetando el orden de priorización establecido en la Estrategia de vacunación Covid-19 en España.

«Una vez administrada la primera dosis a personas mayores institucionalizadas, personal sanitario y sociosanitario y grandes dependientes, se debe conseguir llegar con la vacuna a la población más vulnerable no institucionalizada en el menor plazo de tiempo posible», ha comentado.

Para ello, prosigue la organización, es «imprescindible» reforzar el número de profesionales de enfermería en la Atención Primaria, creando el número adecuado de equipos para la vacunación, sin que la campaña suponga la merma del resto de actividad ordinaria.

«Todo ello sin olvidar la vigilancia y registro, con medidas de actuación inmediata por personal cualificado y capaz para prestar una atención urgente. Aunque el potencial de la vacuna para ayudar a controlar la epidemia es enorme, es preciso reconocer también la incertidumbre existente al respecto, para evitar la generación de expectativas optimistas en demasía, que podrían derivar en un estado generalizado de frustración en caso de que el impacto no fuese el esperado», han enfatizado desde SESPAS.

Otra de las medidas propuestas pasan por reforzar la vigilancia de la salud pública porque sigue siendo «muy irregular» por territorios, «muy escasa» en algunos y alejada de criterios científicos en otros; tomar las medidas estructurales necesarias para prevenir y contener olas sucesivas ya que, tal y como ha lamentado la organización, todavía no se hacen suficientes pruebas diagnósticas de infección activa, la Atención Primaria necesita «muchos más recursos» para ejercer su función, el seguimiento de los contactos no convivientes abarca una proporción «muy baja de casos, algunas residencias de mayores carecen de planes efectivos de prevención y los riesgos laborales no tienen la atención que merecen.

«Cualquier medida de limitación de la interacción social debe considerar las desigualdades sociales y la precariedad laboral como potentes vectores de la transmisión de la Covid-19 e ir acompañada de un apoyo sociolaboral eficaz a los grupos con mayores dificultades para cumplir las medidas de salud pública», han zanjado desde SESPAS.

La Ejecutiva del PSOE ha decidido en su reunión de este lunes que el Comité Federal del próximo sábado se celebre en Barcelona de forma semipresencial; una cita que tendrá como objetivo fijar para el 15, 16 y 17 de octubre su 40º Congreso Federal, y antes de 2022, los regionales, para «reforzar y renovar en algunos casos los liderazgos autonómicos para hacer al PSOE competitivo en todos los territorios».

Así lo ha puesto de manifiesto el PSOE en el comunicado que ha difundido tras la reunión de la Permanente de la Comisión Ejecutiva Federal, que por segunda semana consecutiva ha prescindido de la habitual comparecencia posterior ante los medios de comunicación de alguno de sus integrantes.

En la citada nota de prensa, la Ejecutiva ha anunciado que el Comité Federal previsto para este sábado 23 de enero tendrá lugar en Barcelona, de forma principalmente telemática pero con la participación presencial del presidente del Gobierno y secretario general, Pedro Sánchez, y algunos miembros de la Ejecutiva.

TRAS EL PASO ATRÁS DE ICETA Y EL APLAZAMIENTO DE LAS CATALANAS

Aunque no explican el motivo de esta decisión, esta reunión en Barcelona llega después de hacerse público que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha decidido dar un paso atrás y renunciar a liderar la candidatura en las próximas elecciones catalanas, en favor del todavía ministro de Sanidad, Salvador Illa.

El Comité Federal se celebrará además una semana después de que la Generalitat haya decidido posponer del 14 de febrero al 30 de mayo los comicios autonómicos, alegando la situación preocupante de la pandemia del coronavirus por el incremento de los contagios; una decisión duramente criticada por el PSC e incluso cuestionada abiertamente desde el Gobierno de Sánchez.

Además, ya son varias las voces dentro de la dirección del PSOE que han puesto a Iceta de ejemplo de la actitud que debe mantener el partido ante el proceso congresual que iniciará en otoño a nivel federal pero también autonómico y, en concreto, en Andalucía, donde la líder autónoma y quien fuera rival de Sánchez en el 39º Congreso Federal, Susana Díaz, ha dejado claro que volverá a competir para mantener el control del partido en esta región.

En su reunión de este lunes, la Ejecutiva Federal ha decidido proponer la celebración del Congreso Federal los días 15, 16 y 17 de octubre y trasladar a las distintas federaciones la propuesta de celebrar sus posteriores congresos regionales antes de que finalice 2021, de tal manera que se proceda a la renovación de órganos y liderazgos autonómicos y federal, antes del inicio de un periodo preelectoral y electoral en 2022 y 2023.

Y en su comunicado, la Ejecutiva añade que «de cara al próximo Congreso, la dirección socialista aboga por reforzar mucho la tarea del partido y, por extensión, reforzar y renovar en algunos casos los liderazgos autonómicos para hacer al PSOE competitivo en todos los territorios».

También informan de que en las próximas semanas se pondrá en marcha el equipo que redactará las ponencias para un Congreso que pretenden que sea «fundamentalmente participativo y en el que las bases se involucren». A este respecto, el PSOE estrenará en octubre el nuevo modelo de Congreso que se aprobó en el anterior Congreso, que da más peso a los militantes frente a las federaciones.

APUESTA POR LA RENOVACIÓN

Asimismo, a modo de balance, la actual Ejecutiva Federal explica que «considera cumplido el objetivo de llevar a cabo la renovación del proyecto ideológico y haber convertido al Partido Socialista en primera fuerza política no solo a nivel nacional sino también municipal, además de gobernar en muchas autonomías». «Pone de manifiesto que, si hoy hay un proyecto político que vertebra el país, ese es el del Partido Socialista», reivincican.

No obstante, defienden la necesidad de seguir apostando por la «renovación». «En cualquier caso, y lejos de caer en la autocomplacencia, la dirección socialista apuesta por seguir renovándose desde el punto de vista tanto ideológico como en las formas de hacer político, porque ahí radica la fortaleza de su proyecto político», aseguran.

«En definitiva, el desafío está en continuar renovándonos, fortaleciendo el proyecto, y seguir siendo competitivos a nivel nacional y también a nivel autonómico y municipal», enfatizan.

También han aprovechado para recordar que «la moción de censura puso fin a una etapa de decadencia y de corrupción identificada con el PP», y añaden que esto «se hará también visible a lo largo de este año en los casos judiciales pendientes».

En este punto, señalan que esa moción también supuso «la apertura de una etapa de regeneración de la vida política con ese proceso de cambio que luego fue respaldado hace dos años hasta en cinco contiendas electorales».

Por último, la Permanente de la Comisión Ejecutiva ha señalado que tienen por delante «meses difíciles, complejos, pero que representan una gran oportunidad», por el «gran proceso de transformación de nuestro país y del continente», y se han mostrado convencidos de que «el PSOE sabrá estar a la altura de las circunstancias».

La Fundación Daniel y Nina Carasso ha lanzado una nueva iniciativa de apoyo a la investigación en alimentación sostenible dirigida a personas de cualquier nacionalidad y disciplina científica que deseen realizar un proyecto de investigación postdoctoral en una universidad o centro de investigación español durante un periodo de dos años.

La Daniel Carasso Fellowship está dotada con 160.000 euros, de los cuales 120.000 se destinarán a cubrir la contratación de la persona beneficiaria durante un periodo de 24 meses y 40.000 como apoyo a las actividades de investigación.

Las nominaciones tendrán que ser presentadas por personal investigador consolidado de universidades o centros de investigación españoles hasta el 5 de marzo de 2021 a través de la plataforma online.

«Es una oportunidad para atraer y consolidar el talento investigador en España. El programa contribuirá al desarrollo de la carrera de jóvenes investigadores sobresalientes, cuyas aportaciones a la sociedad guiarán la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles», ha explicado la directora para España de la Fundación Daniel y Nina Carasso, Isabelle Le Galo Flores.

Según ha añadido, «su contribución es esencial por la urgencia que cobra la transición a un sistema holísticamente sostenible». «Y es que a través de la alimentación movemos a toda una sociedad hacia su sostenibilidad plena; la alimentación conecta la economía, el empleo, el tejido empresarial, la escuela, la cultura, las familias, la sociedad civil, la innovación y la investigación», ha afirmado.

El investigador sobre Economía Rural y Agroambiental de la Universidad Politécnica de Valencia, Dionisio Ortiz, ha indicado que la convocatoria de la Daniel Carasso Fellowship es una iniciativa «pionera» en España diseñada «para atraer el talento y la excelencia».

Además, ha destacado que «la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles es un componente esencial para un cambio de modelo económico y social que permita adaptarse a los enormes retos climáticos que se avecinan en las próximas décadas».

Por su parte, la coordinadora de Proyectos de Alimentación Sostenible en España de la Fundación Daniel y Nina Carasso, Pilar Martínez, ha precisado que «la alimentación es un factor determinante tanto para la salud de las personas como de los ecosistemas».

«Un gran número de enfermedades deriva de una alimentación poco sostenible y equilibrada», ha advertido, al tiempo que ha subrayado que «los modelos de producción, transformación y distribución de alimentos tienen un importante impacto en el bienestar social y ambiental de la ciudadanía y su entorno, por lo que es esencial fomentar prácticas más sostenibles a lo largo de toda la cadena alimentaria».

Según indican los impulsores de la iniciativa, el programa nace en un contexto actual marcado por «la disminución progresiva de la ejecución de los presupuestos públicos en España dedicados al sector de I+D+I» lo que «genera, entre otros efectos, un éxodo hacia el extranjero de los jóvenes investigadores, un debilitamiento del tejido investigador en las universidades y centros españoles, así como una dificultad mayor para atraer el talento del exterior».

El Tribunal de Cuentas considera «insuficiente» la justificación ofrecida por las administraciones autonómicas a la hora de celebrar contratos, y detecta deficiencias al establecer, definir y aplicar los criterios objetivos de adjudicación así como una incorrecta determinación de las fórmulas y métodos de valoración y ponderación de los criterios.

Esta es una de las conclusiones del órgano fiscalizador tras la aprobación de su ‘Informe Global del sector público autonómico, ejercicio 2017’, que expone los datos más relevantes contenidos en los informes de fiscalización elaborados por el Tribunal y los órganos de control externo autonómicos (OCEx).

En este sentido, destaca la ausencia de informes o estudios económicos para garantizar un adecuado precio del contrato, tramitación por urgencia de contrato sin la debida documentación que lo justifique, o incumplimientos en plazos de ejecución de prestaciones correspondientes al contratista.

En este último punto, señala que las administraciones autonómicas no siempre han ejercitado opciones que le atribuye la normativa pese a demoras imputables al contratista en el cumplimiento del plazo total, bien sea la resolución del contrato o la imposición de penalidades. En total, se han remitido al Tribunal 23.770 contratos, excluidos los menores, por un importe conjunto superior a 8.786 millones de euros

FALTA INFORMACIÓN

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas advierte también de la falta de información en las memorias de Cuentas Generales remitidas por las comunidades autónomas para su fiscalización, al no incluir, con carácter general, información suficiente para ampliar y completar la contenida en los estados financieras.

De hecho, el órgano fiscalizador señala en su informe cómo en algunas comunidades la estructura de la memoria no se adapta siquiera a sus respectivos Planes Generales de Contabilidad Pública.

Asimismo, incide en que algunas comunidades presentan información presupuestaria con diferencia entre los créditos finales y las previsiones finales por no registrar en el estado de ingreos modificaciones presupuestarias para financiar gastos. Para el conjunto de administraciones autonómicas, las modificaciones han supuesto un 7% de incremento de créditos iniciales y un 6,2% de previsiones iniciales.

En todo caso, el Tribunal aprecia una mejora en el nivel de rendición en plazo respecto a ejercicios anteriores –el 83,5% de las cuentas fueron rendidas en plazo, un 7,8% más allá del mismo y un 8,7% no rendidas–, con un mayor nivel de retraso e incumplimiento en consorcios (35%), fundaciones (34,6%) y empresas y entes públicos sujetos al Plan General de Contabilidad (31,7%).

INCUMPLIMIENTO CASI GENERAL DE LA REGLA DE GASTO

En el conjunto de administraciones autonómicas, el resultado presupuestario ha sido negativo –si bien mejora un 42% respecto a 2016–, el saldo de endeudamiento aumentó un 5% hasta los 266.781 millones al cierre de 2017 y el remanente de tesorería en su conjunto fue negativo, de 282 millones frente a un remanente también negativo en 2016 de 1.753 millones.

En su fiscalización, el Tribunal verifica el cumplimiento del objetivo de déficit para el subsector autonómico, al contar con un objetivo de estabilidad del 0,6% del PIB y resultar un déficit global de 4.221 millones de euros, el 0,36% del PIB nacional. El subsector cumplió los objetivos previstos para deuda pública pero todas incumplieron con la regla de gasto a excepción de Canarias, Cantabria, Extremadura, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

LA SANIDAD OCUPA EL 5,5% DEL PIB

En relación al gasto sanitario del sector público autonómico, en 2017 ascendió a 63.540 millones, el 5,5% del PIB, con un gasto per cápita medio de 1.370 euros por habitante y más del 44% del mismo originado por tres comunidades: Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid.

Casi la mitad del gasto consolidado del sector, el 45%, se dirigió a la retribución de asalariados (28.657 millones de euros), que aumentó un 2,2% respecto al año anterior. El 16,8% se dirigió a gasto en farmacia (10.704 millones), que aumentó un 3,5% respecto a 2016.

El PSOE de Extremadura ha calificado de «indignante» el trato recibido por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en las redes sociales la pasada semana tras sus declaraciones sobre el proceso de vacunación en la región.

De esta forma se ha pronunciado el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa este lunes tras la polémica generada la semana pasada por unas declaraciones del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en las que aseguraba que la vacunación se había iniciado con «prudencia» en los primeros días hasta ver posibles efectos en los usuarios.

Según ha destacado González, el presidente de la Junta de Extremadura en esa intervención «intentó trasladar es precisamente lo que estamos viendo, es la precaución a la hora de administrar las vacunas», pero «no porque él no crea en las vacunas, que es lo que errónea o malintencionadamente se ha transmitido, sino porque puede haber como se está demostrando, cosas que no controlamos».

En ese sentido, el portavoz socialista ha reafirmado que Fernández Vara «lógicamente no es un negacionista», sino «todo lo contrario, es una persona abierta a la ciencia, entre otras cosas porque él es médico», por lo que González ha calificado de «injusto» las críticas que ha recibido el presidente extremeño, y que han estado «basadas en el odio y en la ira».

De hecho, y ante la «rotura de stock» en la llegada de vacunas prevista para esta semana, el portavoz socialista ha destacado que «el hecho de que Extremadura haya sido precavida hará que el ritmo de vacunación no se rompa», ha dicho.

Así, Juan Antonio González se ha mostrado convencido de que la distribución de las vacunas «se va a hacer en función de lo que en un principio se acordó», y a partir de ahí, ha abogado por «respetar los protocolos de vacunación de cada comunidad autónoma», que vienen marcados por las recomendaciones de los expertos sanitarios.

«DATOS PREOCUPANTES»

En su intervención, González, ha reiterado su llamamiento a los extremeños para que, ante los «datos preocupantes» que presenta la región en contagios de coronavirus, se queden en sus casas y no salgan salvo en lo esencial, que «es la mejor labor que podemos hacer como sociedad».

En cualquier caso, el portavoz socialista ha valorado que este lunes se ha iniciado en Extremadura la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 en los centros de mayores, tras lo que ha destacado «la vacunación supone la esperanza y la certeza para acabar con el coronavirus».

Así, González ha reclamado «paciencia» a los ciudadanos, porque ahora se ven en redes sociales «muchas tonterías» y «ahora nos hemos vuelto todos epidemiólogos», tras lo que ha pedido que «no se hagan caso de afirmaciones insensatas, que quieren poner en peligro el sistema», ya que la Junta de Extremadura tiene en marcha un protocolo de vacunación que «se está cumpliendo».

El portavoz socialista extremeño ha entendido que en la situación actual haya «angustia», pero ha reiterado que «es necesaria la confianza en nuestras instituciones», en las que «trabajan los expertos sanitarios, que son los que nos dicen lo que tenemos que hacer» y que han marcado el protocolo de vacunación en la región.

El juicio que estaba previsto que comenzara este martes en la Audiencia Provincial de Madrid a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el ‘Pequeño Nicolás’, por el viaje que hizo en 2014 a Ribadeo haciéndose pasar por un enlace de la Vicepresidencia del Gobierno y Casa Real, por lo que se enfrenta a siete años de cárcel, ha sido aplazado al mes de mayo por «motivos sanitarios».

Estaba previsto que el juicio arrancará a las 10.00 (hora local) del martes en la Sección 17ª de la Audiencia Provincial de Madrid y se alargara a miércoles y jueves, pero fuentes jurídicas han informado de que por «motivos sanitarios» relacionados con la pandemia de coronavirus ha sido aplazado a 11, 12 y 13 de mayo.

La suspensión ha sido solicitada este mismo lunes por el abogado de uno de los dos policías que se sentarán en el banquillo de los acusados junto a Gómez Iglesias por «contacto directo por COVID-19», adjuntando el parte de la baja médica.

Se trata de la tercer vez que se retrasa esta vista oral. En ocasiones anteriores, se ha tenido que aplazar por la COVID-19 y porque la entonces abogada de Gómez Iglesias denunció «presiones y coacciones» hacia ella y su familia.

FALSO EMISARIO DE GOBIERNO Y CASA REAL

Gómez Iglesias, que ahora tendrá como abogado defensor a Manuel Marchena Perea, hijo del Magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, será juzgado por el viaje que hizo a Ribadeo el 13 de agosto de 2014 simulando ser un alto cargo para reunirse con un empresario, «con la finalidad de ganarse su confianza, sin que conste con certeza si pretendía obtener de él un beneficio económico directo», de acuerdo con el escrito de la Fiscalía.

Para ello, le pidió a un policía municipal de Madrid al que conocía de antes, Jorge González, que le proporcionara los medios policiales para «aparentar el carácter oficial». Este agente a su vez contactó a un policía municipal de Torrijos (Toledo), Carlos Pérez. El primero recibió del ‘Pequeño Nicolás’ un pago de 2.000 euros y dio a su compañero 400 euros.

El ‘Pequeño Nicolás’, los dos policías y cuatro conductores con sus respectivos coches a los que Gómez Iglesias había contratado y a los que hicieron creer que era un «viaje oficial» se dirigieron a Ribadeo en una «comitiva». Los coches alquilados llevaban acreditaciones falsas del Ministerio de Interior elaboradas por el propio acusado en su ordenador, a lo que se sumaban los rotativos luminosos, aparatos de transmisión y ‘pinganillos’ que el agente González había retirado de dependencias policiales.

Al llegar a Ribadeo, fueron recibidos por un coche y dos motos de la Policía Municipal, una escolta que el ‘Pequeño Nicolás’ había solicitado días antes por teléfono, identificándose como el enlace entre Vicepresidencia del Gobierno y Casa Real. También reservó mesas y plazas de aparcamiento en el Club Náutico, indicando igualmente que iría «una alta personalidad de la Casa Real».

Ya en el restaurante, Gómez Iglesias fue recibido por el alcalde de Ribadeo, al que se presentó como dicho enlace y con quien «departió brevemente», antes comer con el empresario. El agente González interrumpió la comida para avisar al ‘Pequeño Nicolás’ de que tenía una llamada de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, lo cual era falso. Tras la comida, regresaron con la misma «comitiva» a Madrid.

DOS POLICÍAS ACUSADOS

Por estos hechos, el ‘Pequeño Nicolás’ está acusado de presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho activo, y la Fiscalía de Madrid le pide un total de siete años de cárcel, la inhabilitación para ejercer el derecho al sufragio durante el mismo tiempo y una multa de 27 meses con una cuota diaria de cien euros.

Los dos policías también están acusados de presuntos delitos de usurpación de funciones públicas y cohecho pasivo. El Ministerio Público solicita para ellos cinco años y medio de cárcel, la inhabilitación mencionada durante año y medio, y una multa de quince meses con una cuota diaria de 10 euros.

Se trata solamente de uno de los juicios que Francisco Nicolás tiene pendientes y por los que se enfrenta a un total de 27 años de cárcel por delitos de estafa, revelación de secretos o integración en grupo criminal, entre otros.

La Audiencia Provincial de Madrid ya confirmó en julio de 2018 su absolución de haber cometido un delito de injurias y calumnias contra el CNI en varios medios de comunicación por acusar al organismo de ‘pinchar’ su teléfono ilegalmente. En este caso, la defensa del ‘Pequeño Nicolás’ alegó trastornos mentales para declarar su inimputabilidad.

El Juzgado de Primera Instancia número 17 de Sevilla ha dictado un auto, en el que autoriza al servicio médico-sanitario de una residencia de mayores de la capital hispalense a suministrar la vacuna contra el Covid-19 a una usuaria de 86 años de edad, «que no se encuentra capacitada para adoptar de una forma válida y consciente cualquier tipo de decisión que afecta a su salud», todo ello tras la negativa de su hijo a otorgar su consentimiento para la citada vacunación.

En un auto fechado el día 15 de enero, difundido por el TSJA, el juez atiende de este modo la petición realizada por la Fiscalía, una vez recibido el informe del médico forense sobre la pertinencia de dicha vacunación, y acuerda autorizar el suministro de la vacuna a dicha usuaria, identificada como M.G.V.M., «en la fecha que tengan prevista y en las dosis necesarias, debiendo efectuarse por personal sanitario especializado y bajo las precauciones especiales de empleo».

El magistrado argumenta en esta resolución que «la solución que debe darse al presente proceso debe ser examinada de forma predominante desde la óptica de la protección de la salud» de la mujer, «por cuanto que las posibles implicaciones relativas a la salud pública, que este caso suscita, no pueden ser objeto de valoración exclusiva en el expediente de naturaleza civil, por más que su imbricación sea evidente, y ello dado el carácter voluntario de la citada vacunación».

Al hilo de ello, y tras subrayar que «no existe una obligación legal de vacunación», el juez analiza el presente caso, que afecta a una mujer de 86 años de edad residente en un centro de mayores desde el año 2014, indicando que, «si bien no se encuentra su capacidad modificada judicialmente, al no haberse promovido el correspondiente proceso de incapacidad», del informe forense requerido «se deduce claramente que no se encuentra capacitada para adoptar de una forma válida y consciente cualquier tipo de decisión que afecta a su salud.

Así, el juez analiza las distintas patologías que sufre la afectada y concluye, en base a ello, que «no tiene capacidad para dar un consentimiento informado válido, ni entender qué es lo más beneficioso para su salud».

En este punto, indica que el hijo de esta usuaria fue informado de forma «pormenorizada» y «exhaustiva» por los servicios sanitarios de la residencia acerca de la necesidad de vacunar a su madre, sometiendo a su examen la hoja de consentimiento informado, en la cual «se describe que la vacunación solicitada es la única alternativa para superar la situación actual de pandemia; que se está efectuando de forma escalonada comenzando por los grupos más vulnerables, y que los efectos secundarios que puede conllevar se asimilan a cualquier tipo de vacuna que se encuentre dentro del calendario de vacunación oficial anual».

LA «RAPIDEZ» DEL PROCESO DE VACUNACIÓN

Pese a ello, el familiar de esta usuaria de la residencia «decidió no otorgar su consentimiento a la vacunación», alegando que «prefiere esperar antes de ser vacunada su madre, entendiendo que la vacuna no es del todo segura, y dada la rapidez con que se ha iniciado la vacunación, de forma que no se ha podido determinar la existencia de efectos adversos».

El juez considera que los argumentos esgrimidos «son comprensibles y legítimos, propios de la génesis de una toma de decisión acerca de la vacunación de un familiar», pero entiende que los mismos «deben decaer frente al carácter seguro de la vacuna Covid-19, que cuenta con la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento, siendo en todo caso mayor y más grave el riesgo de contraer la infección por coronavirus que la de padecer algún efecto secundario grave».

MEDIDA «NECESARIA»

Al hilo de ello, el magistrado analiza el informe médico del centro residencial y el informe médico forense aportado, que considera que la vacunación contra el Covid-19 solicitada «es una medida médico-sanitaria necesaria, que tiende a proteger adecuadamente la salud» de la afectada, concluyendo en este sentido que, «por su edad, su situación pluripatológica y su estancia en un centro de mayores -donde es un hecho notorio y público que se han dado altos índices de contagio y mortalidad por la Covid-19-«, dicha vacunación «se configura como la única alternativa eficaz para la adecuada protección de su vida frente al riesgo real de desarrollar una enfermedad grave por Covid-19».

«En definitiva, partiendo de lo anterior, y no constando una contraindicación médica para su vacunación, debe ser estimada la solicitud instada por el Ministerio Fiscal», asevera el magistrado en este auto, en el que asimismo acuerda poner en conocimiento de la Fiscalía la existencia de una posible causa de incapacitación en la afectada.

La candidata del PDeCAT a las elecciones, Àngels Chacón, ha anunciado este lunes que no impugnarán el decreto para aplazar las elecciones, aunque ha lamentado «la falta de planificación y la arbitrariedad» que ha habido a la hora de decidir la nueva fecha de los comicios, el 30 de mayo.

Sobre el recurso presentado por la Lliga Democràtica, Chacón cree que actúan como un «testaferro» del PSC, pese a que no planteara una oposición expresa al aplazamiento electoral en la mesa de partidos celebrada el pasado viernes.

En rueda de prensa telemática, ha constatado que no se pueden celebrar elecciones con unos indicadores tan elevados de casos de coronavirus, pero ha añadido que tampoco tiene la garantía de que puedan realizar el 30 de mayo.

«Algunas impugnaciones de agentes socioeconómicos indican que el aplazamiento electoral tampoco se consultó como era necesario», ha señalado Chacón, que considera que el hecho de no saber si el 30 de mayo se podrá votar genera incertidumbre y tiene graves consecuencias en diferentes ámbitos, como el presupuestario.

Para Chacón, en la actual situación no puede haber «un año más en blanco», y ha advertido también de que la prórroga electoral provoca también una falta de control parlamentario sobre la actividad del Govern.

NO REPLANTEARÁN ACUERDOS

Pese a posponerse los comicios, Chacón ha dejado claro que para el PDeCAT no ha cambiado «nada», por lo que no se replantearán posibles coaliciones u otro tipo de acuerdos.

«Somos independentistas, pero ya no queremos renunciar a nuestro modelo de país. La independencia no se puede alcanzar de forma inmediata, y ahora toca fortalecer la economía y devolver el prestigio a nuestras instituciones», ha zanjado.

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, se ha mostrado este lunes «decepcionado y alarmado» por la decisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y de su vicepresidente, Francisco Igea, de adelantar a las 20.00 el toque de queda ahora recurrido por el Gobierno central, lo que ha considerado una «rebelión», por lo que les pide que «vuelvan a la cordura» tras insistir en que la ocultación de la medida desvela que no fue adoptada de buena fe.

Tudanca ha recordado que actualmente se vive una situación que de por sí ya es «dramática» como consecuencia la pandemia, a lo que ha sumado el «caos» generado por la decisiones adoptadas por el Gobierno de la Junta.

«Sólo puedo pedir a Mañueco e Igea que vuelvan a la cordura, nunca pensé que el Gobierno de Castilla y León se declarara en rebeldía, que esta tierra, poco dada a la alharaca y a los desórdenes, fuera la primera que, igual que han hecho otras, llamara a la sublevación y la rebelión», ha señalado el líder socialista, quien ha comparado la actitud de Mañueco con la de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Para Tudanca la decisión de adelantar a las 20.00 horas el toque de queda en la Comunidad se adoptó por la Junta de forma «deliberada» y a «traición», ya que, como ha insistido, nadie comunicó la medida a los grupos parlamentarios o a los alcaldes durante las reuniones previas.

«Ellos sabrán por qué esta forma de tomar decisiones, estas mentiras y la deliberada ocultación demuestra que la decisión no fue tomada a buena fe, si hubiera sido así no hubieran mentido ni ocultado», ha manifestado el secretario autonómico del PSOE, quien ha insistido en que los responsables de la Junta aclaren por qué ocultaron la medida.

Así, ha considerado que la Junta utiliza la pandemia para «tapar» su incompetencia. «Hablan de salvar vidas y yo me pregunto qué estaban haciendo hasta ahora», ha señalado Tudanca, quien ha afeado que en diciembre la Comunidad fuera la que adoptara las medidas «más laxas» para frenar los contagios, a lo que ha sumado la falta de medios para que la vacunación «no sea un desastre».

«Han preferido el conflicto, no se puede pedir responsabilidad a la ciudadanía si Mañueco e Igea son unos irresponsables», ha lamentado el líder socialista, quien ha defendido la necesidad de adoptar medidas desde el «consenso y la unidad» y siempre «con garantías jurídicas plenas».

En este punto ha recordado que desde el PSOE siempre se han apoyado las medidas impulsadas para paliar los efectos de la pandemia «con lealtad, tras lo que ha recordado que el pasado viernes, cuando se hizo pública la decisión del toque de queda, ya puso en duda su validez jurídica.

Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una petición de documentación para que la Junta presente en las Cortes los informes jurídicos que avalan la decisión de la Junta de adelantar el toque de queda.

No obstante, Luis Tudanca ha pedido a la ciudadanía que cumplan con la normativa vigente y estén a las 20.00 horas en sus casas porque es lo que ahora está en vigor y «debe cumplirse de forma escrupulosa» con el fin de que la Junta no tenga la tentación de usar como excusa el recurso del Gobierno para argumentar incumplimientos.

En cuanto a las medidas que el PSOE cree que se deberían poner en marcha Tudanca ha defendido todas aquellas que se adopten desde el consenso en el seno de la Conferencia Interterritorial. «Nunca hemos discutido las medidas, aunque tuviéramos dudas, queremos que vuelvan al consenso», ha defendido, tras lo que ha vuelto a reclamar a Mañueco e Igea que «no se dejen llevar de forma enoloquecida por un conflicto que sólo busca tapar su incompetencia».

Por último, Tudanca ha recordado que el Gobierno de España no ha dejado de «tener las riendas» en esta pandemia ahora desde la cogobernanza después de que se tuviera que modificar el primer Decreto de Alarma porque el PP liderado por Pablo Casado acusara al Gobierno de España de «la llegada de una dictadura».

«Estos mismos que acusaban del dictador a Sánchez imponen el toque de queda a las ocho con mucha confusión y dudas y perjudicando a los ciudadanos que no se merecen esto, el PP se opuso a las prórrogas del Estado de Alarma», ha concluido.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recordado este lunes al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que el expresidente catalán Carles Puigdemont incumplió la ley y «tomó decisiones que no podía tomar», al tiempo que ha insistido en que todos, y «especialmente» los gobernantes, han de respetar el «Estado de derecho».

Illa se ha expresado así en una entrevista en La Sexta, después de que Iglesias asegurase que Puigdemont «se ha jodido la vida» por unas ideas políticas que él no comparte. Además, el vicepresidente comparó al expresidente de la Generalitat con los exiliados republicanos tras la Guerra Civil.

«Si está en Bruselas (en referencia a Puigdemont) no es por haber robado dinero a nadie, por haber intentado enriquecerse ni por haber metido la mano en el bolsillo de nadie, sino por llevar sus ideas políticas hasta un extremo que, para mí, es erróneo y no es indiferente al derecho», destacó Iglesias, que aseguró que la salida del país de Juan Carlos I es peor moralmente que la de Puigdemont.

Así, el titular de Sanidad ha recordado que «cada caso es singular» y que todos los dirigentes tienen la obligación de respetar el «marco de convivencia» que permite «defender proyectos» como el independentista, aunque no lo comparta.

En esta línea, Illa ha aseverado que esta ha sido la posición que siempre ha mantenido, incluso durante su etapa como secretario de Organización del PSC. «No modifico ni una coma», ha incidido el ministro, que ha recordado a Iglesias que Puigdemont transgredió la ley al tomar «decisiones que no podía tomar».

ELOGIA A DARIAS Y DICE QUE EL NUEVO MINISTRO NO TIENE PORQUE SER MÉDICO

El candidato de los socialistas catalanes para las elecciones autonómicas se ha referido a las declaraciones de Iglesias pero ha descartado ir más allá, argumentando que está al «101% dedicado» a su trabajo al frente de Sanidad. «Y voy a seguir dedicado a esto hasta que empiece la campaña electoral», ha insistido.

Por eso, Illa se ha remitido al PSC tras ser preguntado sobre si el partido presentará algún recurso contra el aplazamiento de los comicios catalanes. «Me remito a las declaraciones (del partido), a ver qué deciden hace. No quiero entrar en ningún matiz de esto», ha apostillado.

Preguntado sobre quién será su sustituto al frente de Sanidad, Illa ha explicado que debe ser un «buen gestor público» capaz de «formar buenos equipos» y con «capacidades políticas y comunicativas». Con todo, no cree que sea necesario que el nuevo ministro tenga una formación médica.

Así, y tras ser preguntado sobre si su compañera de gabinete, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, sería una buena sustituta, Illa ha recordado que la decisión corresponde a Sánchez.

«Trabajo con ella codo con codo y es una ministra magnífica de la que tengo la mejor de las opiniones. Pero esto es bastante poco relevante: quien tiene que tener una buena opinión es el presidente del Gobierno», ha zanjado.