El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que la situación de la pandemia del coronavirus es de «extrema gravedad» y ha advertido de que «va a ir a peor», pero ha rechazado que haya un confinamiento domiciliario total. En todo caso, cree que podría plantearse en el Consejo Interterritorial adelantar a las ocho de la tarde el toque de queda o limitar los grupos de contactos de seis a cuatro personas, pero cree que debe consensuarse entre todas las comunidades autónomas y el Gobierno del Estado.

En una entrevista concedida a la cadena SER Urkullu ha precisado que la «extrema gravedad» no se vive solo en Euskadi porque la covid-19 es una pandemia, y ha insistido en que «todavía se viven los efectos de la época navideña», cuando ha habido «la mayor interacción social de manera desinhibida». «Vamos a seguir creciendo en los casos positivos en la incidencia acumulada», ha añadido.

Tras mostrarse contrario al «confinamiento domiciliario total», ha considerado que la interacción social «debe estar muy controlada», y , aunque ha evitado proponer una hora de limitación, ha considerado se podría adelantar a las ocho de la tarde el toque la queda. También cree que se podría estudiar limitar los contactos de seis a cuatro personas.

No obstante, ha dicho que estas restricciones deben consensuarse entre las comunidades autónomas, sobre todo por los efectos en las autonomías colindantes, en el consejo interterritorial del próximo miércoles. Por ello, ha indicado que hay que evaluar, entre todos, las medidas alternativas al confinamiento total, por «las consecuencias tan graves que supuso» la vez anterior.

Nosotros buscamos, primero, que las medidas que adoptemos busquen la preservación de la salud, individual y colectiva; segundo, el orden económico y el bienestar de la sociedad, también en orden a la economía; y tercero, el factor emocional», ha apuntado, para advertir de la «fatiga pandémica y el cansancio acumulado. Por ello, ha asegurado que se intentan adoptar las medidas «más equilibradas».

En esta línea, ha recordado que el Ejecutivo vasco ha decidido que se reanuden los entrenamientos del deporte escolar, con limitaciones, cuando, por una parte, existe «una presión para que se permita» y, por otra, los colegios de médicos aconsejan que «ni por asomo se abra la posibilidad al deporte escolar. «Tenemos que jugar en ese equilibrio y eso lo tiene que decidir quien asume la responsabilidad del Gobierno, con el riesgo de acertar o de equivocarse. ¡Ojalá que estemos acertando!», ha confiado.

El Lehendakari ha apuntado que el esfuerzo de su Ejecutivo es convencer a los vascos de que «tiene que hacer todo lo posible para adoptar las medidas para preservar su salud y el de los demás. «Hoy, afortunadamente, todavía estamos en la incidencia de camas UCI en una situación de escenario 3, de transmisión tensionada, pero no de transmisión alta. Pero tenemos que presumir que vamos a vivir todavía unos días la próxima semana y la que viene, que tenemos que valorar con mucha cautela las decisiones a adoptar de cara al futuro», ha manifestado.

Asimismo, ha apuntado que no cree que el Gobierno de Pedro Sánchez pretenda centralizar la aplicación de las medidas para frenar la covid-19. En este sentido, ha destacado las diferentes características y circunstancias de las comunidades autónomas, por lo que considera que no se pueden adoptar «medidas uniformes y unívocas».

VACUNAS

En cuanto a las vacunas, ha defendido la estrategia del Gobierno Vasco de reservar dosis hasta poner la segunda tanda para lograr la inmunidad, y ha afirmado que ayer ya se comenzó la vacunación de las personas a las que se había administrado ya una vez el antídoto.

Tras asegurar que se están adelantando a las previsiones que tenía Osakidetza al respecto, ha rechazado polemizar con el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, que avisó que las dosis de la vacuna contra la covid-19 «no están para ser almacenadas», sino para inyectarse «al mayor ritmo posible».

Euskadi este lunes solo ha recibido 8.775 dosis de vacunas anticovid de Pfizer, lo que supone un 56% de las entregas que se han realizado en anteriores ocasiones, en la misma proporción que el resto de la comunidades autónomas.

Este pasado fin de semana Iñigo Urkullu expresó su malestar al considerar «injusto» que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, barajara la posibilidad de primar en el reparto de los antídotos a las comunidades que estén más adelantadas en la vacunación ante el descenso de la producción por parte de farmacéutica Pfizer.

Urkullu ha rechazado que, con estas declaraciones, pretendiera generar polémicas, y ha aclarado que estima que todos «intentan hacer las cosas lo mejor posible», y en la Comunidad Autónoma Vasca se siguen los criterios del Consejo vasco de Vacunación.

«Tenemos nuestro propio plan vasco de vacunación», ha subrayado, para precisar que «no se trata de intentar guardar ninguna dosis de vacuna, sino de buscar su eficacia», esperando a los 21 días establecidos para garantizar la inmunidad de los vacunados.

La intención del Gobierno Vasco ha sido, en todo momento, según ha insistido, «prever cualquier tipo de situación que llevará una contingencia de falta» de suministro. «Ayer mismo empezamos ya administrar la segunda dosis a las personas que habíamos administrado ya la primera dosis, en busca de esa eficacia de la vacuna», ha explicado.

A su juicio, se ha demostrado que este es «el criterio más acertado», al margen de que algunos hayan entendido «que había que administrar la vacuna cuanto antes, sin pensar en la segunda dosis y sin pensar en contingencias que pudieran suceder». «Yo dije el pasado viernes que, al final, llegaremos todos al mismo tiempo y al mismo sitio», ha puntualizado.

Además, ha advertido de que, mientras no existan otras vacunas, se está «casi en manos de un monopolio que aplica Pfizer-Biontech, con los criterios que quiera establecer». Por ello, ha llamado a ser «previsores».

En su opinión, sería conveniente que en el Consejo Interterritorial del miércoles también se establezcan unos «mínimos criterios compartidos» sobre la vacunación, «pero también en otras cuestiones para la gestión ante la pandemia».

El Lehendakari ha recordado que Euskadi ha aceptado medidas menos restrictivas de las que planteaba de cara a las Navidades para «la búsqueda del consenso». «Nosotros estamos permanentemente en la búsqueda del consenso, buscando la mayor efectividad posible», ha subrayado.

UGT ha denunciado que hoy ha sido «un lunes negro» para la salud laboral, después de registrarse cinco muertes por accidente laboral, que elevan la cifra total de fallecidos desde que comenzó el año a 17, según ha señalado.

Este lunes, han fallecido los conductores de tres camiones en Tordesillas (Valladolid) tras ser atropellados por un cuarto cuando intentaban apagar un incendio que se había producido en uno de los articulares.

En Alcorcón, un conductor de una grúa ha fallecido tras ser atropellado por un camión cuando cargaba una furgoneta en la M50. También un trabajador ha fallecido en Alcaudete (Jaén) al recibir un golpe en la cabeza. A esto, se suma un herido grave al sufrir una descarga eléctrica en Palma.

«Esta es la terrible situación asociada a la siniestralidad en el día de hoy», ha denunciado el sindicato, que ha exigido «el cumplimiento estricto de la Ley de Prevención por parte de las empresas».

La organización que lidera Pepe Álvarez ha demandado a la Inspección de Trabajo que investigue si se ha producido alguna falta de medidas de seguridad en los distintos accidentes.

También ha recordado que los accidentes de tráfico, junto con las muertes por infarto y derrame cerebral, constituyen las principales causas de los accidentes mortales. «Causas potenciadas, a su vez, por condiciones laborales precarias, con jornadas largas, bajos salarios y un alto estrés», ha resaltado.

Para el sindicato, es necesario priorizar en la agenda política la seguridad y salud en el trabajo. Por ello, ve necesario abrir «cuanto antes» una mesa de diálogo social en materia de siniestralidad laboral para acordar medidas «urgentes» que pongan fin a esta situación.

Asimismo, ha recordado que es fundamental articular un plan de choque contra la siniestralidad laboral de forma «inmediata», ya que «el constante aumento de las muertes en el trabajo es altamente preocupante y debe ser abordado urgentemente». «El objetivo debe ser que no se produzca, ni una muerte más en el trabajo», ha incidido.

El coordinador de Salud Laboral de UGT, José de las Morenas, ha remarcado que hoy ha sido «un lunes negro en la lucha contra la siniestralidad laboral». «Cinco trabajadores han perdido la vida allá donde van a ganársela. Cinco trabajadores que se suman a esta larga lista en estos solo 18 días del año 2021», ha apostillado.

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha alertado este lunes contra el «no gobierno» de Pedro Sánchez y ha resaltado que la «cogobernanza» a la que apela continuamente el jefe del Ejecutivo en la pandemia es «una filfa». Además, ha subrayado que ese «taifismo disparatado» que ha impulsado el Ejecutivo ha llevado a que no cumpla con su responsabilidad de establecer un plan nacional de vacunación.

Así se ha pronunciado en un acto organizado por el Aula de Liderazgo del Instituto Atlántico de Gobierno y la Universidad Francisco de Vitoria, en el que ha participado el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. Entre los asistentes estaban el líder opositor venezolano Leopoldo López, el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma y el eurodiputado del PP Leopoldo López Gil.

LAS VACUNAS Y EL «TAIFISMO DISPARATADO»

Aznar ha afirmado que España «no es que tenga un problema de mal gobierno o de desgobierno» sino que «ha descubierto» la fórmula del «no gobierno». «La cogobernanza es una filfa que significa el ‘no gobierno'», ha enfatizado.

Tras insistir en que un país puede tener un Gobierno «desastroso», «calamitoso» o «magnífico» pero no puede estar sin un Gobierno, ha criticado que el Ejecutivo de Sánchez haya impulsado un «taifismo disparatado» en España y le ha preguntado si es «tan difícil articular un plan nacional de vacunación», algo que, a su juicio, forma parte de la «responsabilidad elemental» de un Ejecutivo cuando dispone de las vacunas contra el Covid-19.

Además, ha criticado que «la mayoría» del Gobierno cuente con Bildu, que está apelando a «formar parte de su partido a los terroristas encarcelados por asesinato», en alusión a las cartas que Arnaldo Otegi ha enviado a presos de ETA invitándoles a afiliarse. «¿Eso es el ejemplo para nosotros? ¿Qué criticamos de lo que pasa en otros sitios?», se ha preguntado.

ADVERTENCIA ANTE EL APLAZAMIENTO DE LAS CATALANAS

A renglón seguido, el expresidente del Gobierno ha puesto sobre la mesa otro ejemplo que, a su juicio, afecta a las libertades como es el aplazamiento de las elecciones catalanas, que estaban previstas para el 14 de febrero.

«Cuidado con esta costumbre que se va arraigando de aplazar las elecciones», ha asegurado, para advertir que se está «jugando con una cuestión fundamental que es la libertad». Dicho esto, se ha preguntado: «¿Qué hubiesen dicho los que más tienen que callar si Trump hubiese decidido aplazar las elecciones en Estados Unidos por el mismo motivo, en un país en el que hay 4.000 muertes diarias por el virus?».

A preguntas de los alumnos del Aula de Liderazgo, Aznar ha señalado que los retos de España hoy pasan por «rehacer la nación»; «rehacer el Estado»; «reconstruir la economía y la base social de España»; y «colocar otra vez a España entre los países influyentes del mundo. «Con esas cuatro cosas puedes trazar un programa político y una acción política que frene muchas de las cosas que estamos viviendo en este momento», ha proclamado.

CRÍTICO CON TWITTER POR ANULAR LAS CUENTAS DE TRUMP

Por otra parte, Aznar se ha mostrado crítico con el hecho de que Twitter y otras redes sociales hayan optado por anular sus cuentas al presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump. «Es un tema delicado», ha reconocido, ya que se trata de empresas privadas que también son un monopolio, por lo que ha instado a prestarle atención puesto «afecta de manera determinante a las libertades».

En este sentido, ha defendido que no se puede ser «plataforma y partido» al mismo tiempo y ha puesto como ejemplo que «si vas a coger un tren no te pueden impedir de usarlo por razón de tu pensamiento político». Además, ha incidido en la paradoja de que estas empresas usan las redes telefónicas que «no pueden prohibir a una empresa como Twitter la utilización de sus redes» pero estas compañías sí pueden «puede prohibir la cuenta del presidente de la telefónica si no le gusta».

Asimismo, Aznar ha expresado su preocupación por el auge del populismo en América Latina, empezando por México y pasando por Bolivia, Argentina y Brasil, donde hay un «populismo de radicales derecha», así como la existencia de una «narcodictadura» en Venezuela, y ha subrayado que Colombia es la excepción. En este sentido, ha subrayado que si este país cayera en manos del populismo «la posibilidad de recuperación de la región sería muy preocupante y delicada».

A este respecto, el expresidente colombiano Andrés Pastrana, que también ha participado en el mismo acto, se ha mostrado convencido de que los colombianos no «van a dejar que el país caiga en el populismo» porque «son gente que sabe escoger y elegir».

Además, ha defendido la necesidad de que el centro y el centro-derecha recuperen su espacio en la escena política mundial y hagan frente a la narrativa impuesta desde la izquierda de que la derecha es «golpista». Por ello, ha incidido en que lo que deben hacer los partidos de esta familia política es «actuar de manera unificada» y no cada uno por su lado, especialmente en América Latina.

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha reivindicado este lunes escuchar a los periodistas científicos para conocer «cuál era la naturaleza» de la pandemia del coronavirus y su «posible solución» y ha defendido que solo desde la ciencia se puede «discernir la luz al final del túnel».

En una intervención durante en los VI Premios de Periodismo Científico Concha García Campoy de la Academia de la Televisión, donde ha dedicado unas palabras al paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga, uno de los premiados, Duque ha señalado que el objetivo de la ciencia es poder «cambiar» aquello que «nos enseñaron» de niños.

«Y es una de las características más importantes que debemos ver a través del periodismo científico. La ciencia está siempre deseando cambiar sus ideas», ha declarado el ministro, al tiempo que ha recordado que la ciencia no se presenta «a base de dogmas», si no a través de «datos obtenidos» a partir de los experimentos científicos.

Así, ha valorado la labor de Arsuaga por haber divulgado la ciencia y haber mostrado «las consecuencias de los descubrimientos científicos» y su trascendencia para la sociedad.

Duque ha defendido el compromiso de su Ministerio para que la ciencia en España «tenga los mismos niveles de importancia» que en el resto de países, con «muchas perspectivas», mayor inversión a través de los Presupuestos Generales del Estado y también «cambiando las reglas» para encontrar «posibilidades» con las que mejorar la actividad científica.

Por su parte, el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, ha señalado que la información científica es «incontrovertible» y ha lamentado que algunas personas hayan aprovechado la pandemia para hacer creer que a «todo se le puede dar la vuelta.

«La ciencia, a través de la divulgación, busca el hueco para cantar sus verdades y lo hace personificada en programas y profesionales», ha afirmado Oliver antes de conceder el premio a ‘La Sexta Noche’, de Atresmedia. «Los periodistas tenemos tendencia enfermiza a preguntar y a responder, a buscar respuestas a nuestras preguntas (…) A abrir el camino a todo lo que es niebla, de manera divulgativa y masiva», ha insistido.

Por ello, ha destacado que los medios buscan «razones donde no las hay y abunda lo irracional», consiguen «la lógica en un mundo ilógico» y «claridad donde abunda la oscuridad».

LOS PREMIADOS

El periodista y académico, Carlos García Hirschfeld, ha presentado la ceremonia de entrega de los VI Premios de Periodismo Científico Concha García Campoy, que se han celebrado, bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria, en el Instituto Cervantes de Madrid.

El jurado de los VI Premios de Periodismo Científico Concha García Campoy reconoce «la excelencia de trayectorias profesionales o trabajos periodísticos que trasladen a la sociedad con rigor, ética y compromiso historias relacionadas con la investigación, la divulgación científica o la salud.

En la categoría de televisión, la Academia de Televisión ha galardonado al programa ‘La Sexta Noche’, de La Sexta (Atresmedia), por su apuesta «por la información científico sanitaria en prime time» dando «la voz a los expertos»; en prensa escrita, el premiado ha sido Jesús Méndez «por el rigor y la calidad periodística de su reportaje ‘Inmunoterapia: La revolución contra el cáncer'» para National Geographic».

En este sentido, ‘Maldita Ciencia’, de la web ‘Maldita.es’, ha recibido el galardón en la categoría de prensa digital por «su trabajo de acercamiento de la ciencia a la sociedad con profundidad y sencillez desde un formato fresco e innovador y por su lucha contra las noticias falsas». En radio, el jurado ha destacado el trabajo de Sara Tabares, por haber acercado con «rigor y cercanía» las preocupaciones del consumidor en el capítulo ‘Pseudociencia en el súper. ¿Qué productos nos venden más mentiras?’ del programa ‘Ser Saludable’ de Radio Valencia (Cadena Ser).

Además, los VI Premios de Periodismo Científico Concha García Campoy han querido también distinguir a Juan Luis Arsuaga por su «brillante trayectoria profesional y su talento como comunicador y divulgador científico».

El jurado de los Premios Periodísticos Concha García Campoy ha estado formado por el periodista Lorenzo Díaz García-Campoy, la presidenta de la Academia de Televisión María Casado, el presidente de la FAPE Nemesio Rodríguez, el presidente de honor de la Academia de la Radio Luis del Olmo, la directora del CNIO María Blasco y la presidenta de la Asociación Nacional de Informadores de Salud (ANIS) Graziella Almendral.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que «al final se ha demostrado que era cierto que había políticos del PP y del PSOE que se beneficiaban de tratos de favor por parte de las universidades» de la región.

Así lo ha aseverado durante su intervención en la reunión del Comité Autonómico regional de Ciudadanos, donde ha presentado su propuesta para un plan de rescate de 1.000 millones para familias y empresas, en el que figura un refuerzo a las universidades.

«Ver hoy a la expresidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, en los tribunales no hace más que reforzarnos en nuestra idea de que hay que invertir más y mejor en las universidades», ha lanzado Aguado. La que fuera dirigente regional entre 2015 y 2018, se ha sentado este lunes en el banquillo por la presunta comisión de un delito de falsedad documental. Se enfrenta a una petición fiscal de tres años y tres meses de prisión.

En este sentido ha indicado que con esta propuesta se busca garantizar que en los centros madrileños «no se regalan los títulos». «Han sido demasiados políticos a los que se les ha regalado títulos en esta Comunidad y en España», ha insistido el vicepresidente, quien ha marcado como objetivo que no se vuelva a repetir «por llevar el carnet del PP o PSOE entre los dientes».

Asimismo, ha añadido que con la llevada de Ciudadanos al Gobierno regional, «no hay más tratos de favor ni más imputados», por lo que considera clave que su partido forme parte de los ejecutivos.

CIFUENTES, EL BANQUILLO

En la primera sesión del juicio contra Cifuentes, su defensa, el abogado José Antonio Choclán, ha aportado un certificado académico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) que acredita que superó las asignaturas del máster que realizó en 2012 y el Trabajo de Fin de Máster (TFM), así como un pendrive que contiene una copia de la agenda electrónica como delegada del Gobierno en Madrid de 2012 con una cita de la fecha en la que defendió su trabajo.

A su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid, acompañada por su letrado y con semblante serio, Cifuentes no ha querido realizar declaraciones a los periodistas concentrados en las puertas y se ha limitado a pedir que la dejaran pasar.

Además de la expresidenta, se juzgará a la entonces profesora de la URJC Cecilia Rosado y a la exasesora de la Consejería de Educación, María Teresa Feito. Rosado ha sido la primera en declarar, ratificando la falsificación del acta a instancias de «presiones» por parte del exdirector del Instituto de Derecho Público de la URJC Enrique Álvarez Conde y Feito.

Esta última ha negado tales presiones y ha insistido en que nunca ordenó nada, solo pidió que se buscara el trabajo que supuestamente realizó la expolítica. Cifuentes declarará el próximo viernes, en cuya sesión está citado el rector de la URJC, Javier Ramos.

Varias entidades ecologistas, entre ellas las asociaciones Ecologistas en Acción y Lobo Marley, así como el partido político EQUO se han puesto de acuerdo para insistir en la necesidad de que se catalogue al lobo como «especie en peligro de extinción» en el territorio andaluz y se incluya con tal categoría en el Catálogo Andaluz de Fauna Amenazada.

En un comunicado, señalan la población andaluza de lobo ha quedado reducida a individuos aislados, según los últimos censos, sin núcleo reproductor constatado desde 2012, según informes oficiales, e indica que «se ha demostrado la falta de eficacia, suficiencia e idoneidad de las medidas llevadas a cabo para su conservación hasta la fecha».

Los ecologistas consideran que el lobo es una pieza «fundamental e insustituible» en los ecosistemas andaluces, que potencia la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas. El lobo es una especie estrictamente protegida por la Directiva de Hábitats al Sur del río Duero. La Ley de la Flora y Fauna Silvestre de Andalucía dispone que: «Las especies, subespecies, razas o poblaciones de la flora y la fauna silvestres que se incluyan en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas se clasificarán en la categoría ‘En peligro de extinción’, cuando su supervivencia resulte poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando», situación que oficialmente se da en el lobo andaluz.

Señalan que la administración regional «es competente y tiene la obligación legal» de catalogar y proteger adecuadamente a las especies que forman parte de su patrimonio natural según criterios establecidos en la norma autonómica y estatal, independientemente de su estado de conservación en otras comunidades. «No se puede entender la discrecionalidad administrativa, totalmente injustificada desde el punto de vista normativo», lamentan.

Además, apuntan que la Directiva de Hábitats, que protege estrictamente a las poblaciones de lobo ibérico al sur del río Duero, establece que «los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para instaurar un sistema de protección rigurosa de las especies animales que aparecen en su anexo IV, como el lobo, en sus áreas de distribución natural, prohibiendo: la perturbación deliberada de dichas especies, especialmente durante los períodos de reproducción, cría, hibernación y migración».

Pero añaden que la Junta de Andalucía «no lo ha hecho nunca y ha mirado para otro lado ante el exterminio de lobos en Andalucía y ha permitido la proliferación de barreras que entorpecen la recuperación de la especie, tanto en lo relativo a su acceso al alimento como impidiendo la conectividad con otros núcleos poblaciones».

Todas estas circunstancias se exponen en el Manifiesto ‘Propuesta para la urgente recuperación de la población de lobo iberico (canis lupus signatus) en Andalucía’, redactado por Ecologistas en Acción y por Lobo Marley y suscritas por el partido EQUO y una serie de entidades de reconocido prestigio en la defensa ambiental en la Península Ibérica, además de otras muchas asociaciones de tipo ecologista, naturalista, animalista, partidos políticos, ayuntamientos, etcétera.

«El lobo ibérico en su núcleo poblacional andaluz requiere una protección estricta, protección que no ha sido efectiva en ningún momento, pues su declive ha sido continuo desde que se le catalogara como ‘especie protegida’ en 1986. En la actualidad, el último censo estatal corrobora su presencia pero no su reproducción, no pudiendo asegurar la presencia de ningún núcleo familiar en nuestra comunidad», señalan.

Por ello que las entidades solicitantes piden a la Presidencia de la Junta de Andalucía que se proceda a la catalogación inmediata del lobo ibérico como «taxón en peligro de extinción en Andalucía, así como el resto del decálogo solicitado en el manifiesto, que incluye la elaboración de un plan de recuperación de la especie, la propuesta de un plan de conectividad, propuestas para la coexistencia de los depredadores con la ganadería, con compensaciones por daños e incentivos, etcétera».

Unidas Podemos ha asegurado que son necesarias las movilizaciones y presiones que barajan sindicatos y movimientos sociales para poder avanzar en la «puesta en marcha» del acuerdo de coalición y conseguir, concretamente, la subida del salario mínimo interprofesional, garantizar la revalorización de las pensiones o la derogación de la reforma laboral.

«Bienvenidas las movilizaciones sociales para ayudar a que nuestro país avance y a que se pongan en marcha medidas del acuerdo de coalición», han indicado fuentes de la formación.

Las Ejecutivas de CCOO y UGT se reunirán precisamente mañana para concretar las movilizaciones que han acordado llevar a cabo en el mes de febrero para pedir al Gobierno de coalición que cumpla con la agenda de reformas sociolaborales comprometidas.

Los sindicatos pretenden con esta iniciativa retomar la agenda de reformas comprometidas, entre las que se encuentran el aumento del salario mínimo interprofesional, ahora congelado en 950 euros mensuales, la derogación de las reformas laborales, y la supresión de la reforma de pensiones de 2013.

A estos objetivos se suman la ampliación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), la firma de un nuevo acuerdo de convenios con la patronal, la regulación de las plataformas digitales, la Ley de Igualdad Salarial y un plan de choque contra la siniestralidad laboral.

Desde Unidas Podemos han subrayado que el Gobierno de coalición recibe «presiones por arriba todos los días». «Y necesitamos también la movilización de los sindicatos y movimientos sociales en favor de las mayorías sociales y los derechos de los trabajadores», han recalcado.

REIVINDICACIONES DE UNIDAS PODEMOS

La formación morada ha marcado como objetivos la subida del SMI y han manifestado que no se entiende la congelación con la que ha empezado el nuevo año, como ha expuesto en diversas ocasiones cargos de Unidas Podemos y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Este mismo domingo durante una entrevista al programa ‘Salvados’ de La Sexta, el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, defendía que su lealtad está en el acuerdo de Gobierno y defendió las presiones para cumplir el pacto con su socio, el PSOE.

Sobre la propuesta de cambiar el computo de las pensiones de 25 a 35 años, Iglesias no cree que llegue al Parlamento pero que, si ocurre, serán «leales» con el acuerdo de gobierno, que pauta explícitamente que el Gobierno trabajará para aumentar el poder adquisitivo de las pensiones.

De todas formas, subrayó que en este aspecto «van a convencer» a su socio de Gobierno porque, en este aspecto, hay sectores del PSOE que comparten que es «recortar las pensiones es inaceptable», para destacar también que tampoco hay «mayoría parlamentaria» para ello.

IGLESIAS YA ANIMÓ A SINDICATOS A PRESIONAR

También deslizó que el ministro José Luis Escrivá ha elaborado esta propuesta porque «le han dado la instrucción de hacerlo» y que revalorizar las pensiones es una «línea roja» del acuerdo de gobierno, no solo para Unidas Podemos, pues el pacto es «taxativo».

«Unidas Podemos no va a votar a favor de ningún recorte de las pensiones en España y eso es lealtad al acuerdo de gobierno», enfatizó Iglesias para dejar claro que esto no supone una crisis de gobierno, pues quien plantee algo fuera del pacto firmado «está siendo desleal a un contrato con la ciudadanía».

Durante el último Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, Iglesias reivindicó el «conflicto» como forma de avanzar en derechos sociales. Al respecto, desgranó que las «discrepancias y tensiones» forman parte de la normalidad dentro de un gobierno de coalición, pero además se demuestran «positivas» a la hora de cumplir el programa. También animó a los sindicatos y colectivos sociales a presionar de cara a que puedan cumplirse los avances sociales marcados para la legislatura.

La organización WWF ha reclamado este lunes a los líderes mundiales un Marco Global de Biodiversidad ambicioso, transformador, integral y medible post 2020. Y lo ha hecho a través de su propio programa, llamado ‘Plan Kunming para la naturaleza y las personas’, que ha preparado con el objetivo de la COP15 de Biodiversidad de este año.

Este documento identifica las acciones necesarias para proteger la biodiversidad y advierte de que, «si no se consiguen importantes avances, urgentes y ambiciosos», se corre el riesgo de que el periodo 2021-2030 sea «otra década perdida» para el planeta.

En concreto, reclaman, entre otras medidas, un incremento del 5% en el área de ecosistemas saludables y resilientes de agua dulce, marina y terrestres; que a partir de 2020 no haya extinciones causadas por el ser humano, y para 2030 se haya ha mejorado la situación de al menos el 30% de las especies amenazadas conocidas, y en promedio la población de especies nativas se haya incrementado en un 20%; que la huella ambiental de la producción y el consumo se haya reducido a la mitad en los próximos 10 años; o que, para entonces los beneficios de la Naturaleza sean para todas las personas, incluyendo las generaciones actuales y futuras.

En el informe, la organización alerta, además, de que «la destrucción de la biodiversidad aumenta el riesgo de pandemias, acelera el cambio climático, socava la seguridad alimentaria e hídrica y aumenta el riesgo de extinción de un millón de especies».

FOCO EN «LA ACTIVIDAD HUMANA»

Con la mirada puesta en la COP15 de Biodiversidad de 2021, WWF quiere sentar las bases para alcanzar un Marco Global de Biodiversidad «similar» al Acuerdo de París sobre cambio climático. Es por ello, que la entidad pide a los líderes mundiales «más ambición durante estos meses para poder alcanzar un Marco realmente transformador» en la próxima Cumbre de la ONU que tendrá lugar en la ciudad china de Kunming a finales de año.

Entre sus principales mensajes, WWF recuerda que «la pérdida de biodiversidad tiene consecuencias directas sobre la salud humana con la propagación y surgimiento de nuevas enfermedades zoonóticas como la Covid19. «Estas pandemias son la última consecuencia trágica y un indicador de la presión acelerada que estamos ejerciendo sobre los sistemas naturales y la pérdida precipitada de la naturaleza impulsada por nuestros actuales modelos de desarrollo insostenible», ha señalado.

También destaca en el informe el hecho de que «las actividades humanas están destruyendo la naturaleza a un ritmo más rápido de lo que puede reponerse». En el texto recoge que «desde 1970, las poblaciones mundiales de vida silvestre han disminuido un promedio de dos tercios». «Tres cuartas partes de toda la superficie terrestre y dos tercios de la marina han sido alterados significativamente por acciones humanas», ha denunciado.

En este sentido, señala que, según un informe de la ONU en 2020, el mundo no cumplió ninguno de sus objetivos de biodiversidad de la década anterior (Metas de Aichi) principalmente «por falta de voluntad política».

ESFUERZOS DE CONSERVACIÓN Y OBJETIVOS

En la evaluación de WWF, el borrador actual del plan de biodiversidad de la ONU «no es lo suficientemente ambicioso ni completo como para abordar la crisis mundial de la naturaleza ya que no incluye elementos clave, como el objetivo de reducir a la mitad nuestra huella ecológica, y un mecanismo de implementación que fortalezca la transparencia y la rendición de cuentas». A su juicio, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales también es fundamental.

Es por ello, que advierten de que «los líderes mundiales deben aumentar el nivel de ambición en el borrador del plan de la ONU» y, al mismo tiempo, «garantizar que se aborden las causas de la pérdida de la naturaleza, incluyendo las prácticas agrícolas insostenibles y la deforestación».

«Los esfuerzos para conservar y proteger los hábitats naturales terrestres y marinos, junto con las iniciativas para proteger y recuperar las especies, deben complementarse con el objetivo de reducir a la mitad el impacto de todo lo que el mundo produzca y consuma en la próxima década», recogen en el documento.

WWF cree que el nuevo Marco Global de Biodiversidad debe abordar el impacto negativo de las finanzas sobre los recursos naturales, alineando los flujos financieros con las prácticas positivas para la naturaleza y eliminando incentivos dañinos, incluyendo los subsidios perversos.

«No podemos permitirnos otra década perdida para la biodiversidad. Muchos ecosistemas como los arrecifes de coral y los bosques tropicales se están acercando a puntos de inflexión y un millón de especies están amenazadas de extinción. La pérdida de la naturaleza aumenta el riesgo de pandemias, acelera el cambio climático, socava la seguridad alimentaria e hídrica y pone en riesgo nuestro sustento», ha asegurado el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo.

Es hora de que los líderes cumplan con las personas y el planeta. Necesitamos un ambicioso acuerdo de biodiversidad que restablezca nuestra relación con el mundo natural y ofrezca un futuro positivo para la naturaleza», ha añadido.

El PP ha registrado un recurso para que la Mesa del Congreso revoque su decisión de tramitar por la vía urgencia y sin pedir informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la reforma que persigue limitar las funciones del órgano de gobierno de los jueces mientras esté en funciones, una iniciativa que, según la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, supone «una mutación Constitucional» y que, por tanto, debe ser sometida a un «debate sosegado» en el que se escuche a todos los implicados.

En su recurso el PP argumenta por qué considera «contrarias a derecho» la tramitación urgente de la proposición de ley y la negativa a recabar informes del CGPJ y la Comisión de Venecia del Consejo de Europa.

Ambas decisiones fueron adoptadas gracias a la mayoría que PSOE y Unidas Podemos suman en la Mesa de la Cámara y que contaron con el voto en contra también de Vox. Si el recurso del PP no prospera, como se prevé, los ‘populares’ ya tendrán vía libre para llevar el asunto al Tribunal Constitucional. En cualquier caso, no está previsto que la Mesa lo resuelva, como pronto hasta finales de este mes.

MINIMIZACIÓN INTOLERABLE DE GARANTÍAS

Para el PP, los dos acuerdos deben ser rectificados porque con ellos la Mesa no respetó «la lealtad debida a la noción de Estado democrático y de Derecho y a los valores superiores de libertad, justicia y pluralismo político» ni tampoco los compromisos que tiene España con la Unión Europea y el Consejo de Europa.

Los ‘populares’ recurren a los argumentos esgrimidos por el propio CGPJ en el escrito por el que, el pasado 17 de diciembre, pidió al Congreso ser consultado sobre la reforma. Así, inciden en que el contenido de la misma es «extraordinariamente sensible y relevante para la democracia» y que su tramitación por urgente que supone reducir todos los plazos a la mitad implica una «minimización intolerable de las garantías».

Por ello, exigen a la Mesa una tramitación ordinaria que permita un debate «sosegado, garantista, prudente y suficiente» y en el que se recabe de la opinión de todos los sectores afectados y del Consejo de Europa.

A juicio del PP, «la irreflexiva confirmación» de estas decisiones sería «una dejación de funciones» y la «vulneración» por la Mesa de del derecho fundamental del ejercicio del cargo de diputados y del derecho a la representación política de la ciudadanía.

LAS «HORDAS CLAUDINAS» IMPONEN SU CRITERIO

Para el grupo que capitanea Gamarra, el modo de actuar del PSOE y Unidas Podemos en el órgano de gobierno de la Cámara es «inaceptable» en la medida en que supone «la imposición por las hordas claudinas de una determinada mayoría parlamentaria» para imponer una modificación de la ley «por la puerta de atrás» alegando, además, la supuesta urgencia de cambiar un ‘status quo’ que lleva vigente más de cuatro décadas.

En su opinión, lo que se busca, en definitiva, es una «mutación constitucional» por «cauces ajenos» a los procesos de reforma de Carta Magna y, encima, en pleno estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus.

Por si fuera poco, el primer partido de la oposición añade que los grupos que dan apoyo al Gobierno incurren, además, en un «fraude de ley» al proceder al «subterfugio» de impulsar la iniciativa como proposición de ley en vez de como proyecto del Gobierno para poder alegar que la petición de informes al CGPJ es «potestativa».

Tras echarles en cara que haya optado por una «inaudita marginación» y «orillamiento» del Consejo, el PP también achaca a PSOE y Unidas Podemos un «proceder despótico» por contravenir «deliberada y voluntariamente» los criterios europeos y remarca que el Derecho de la Unión impone la consulta a la Comisión de Venecia ante este tipo de reformas.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso ‘Tándem’ tomará declaración este martes a los abogados Antonio Chávarri y Juan Vila-Coro en el marco de la pieza separada número 29 para interrogarles por el encargo que supuestamente realizaron al comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo para que espiara al conocido empresario del deporte Joaquín Molpeceres en relación a un concurso de acreedores.

En el auto de imputación de ambos abogados de 23 de noviembre de 2020 se detalla que en esta pieza se investigan los proyectos ‘Grass’ y ‘Hacha’ del entramado empresarial y profesional creado por Villarejo en torno al Grupo Cenyt. El magistrado, Manuel García-Castellón, indica que los hechos investigados pueden ser constitutivos de delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.

Los servicios de Villarejo, según auto, fueron contratados en octubre de 2012, y se desarrollaron y abonaron a los largo tanto de ese año como de 2013 por lo que en esas fechas el comisario aun estaba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía destinado en comisión de servicio en la Dirección Adjunta Operativa (DAO).

El objetivo del encargo era salvaguardar los intereses de ‘K’ –así denominaba el comisario a su cliente– y todo arranca con la separación del abogado Antonio Chávarri de su esposa Sonia Molpeceres, hija del empresario Joaquín Molpeceres.

Con la ruptura matrimonial se inicia un «conflicto» entre Chávarri y Molpeceres, que compartían negocios inmobiliarios. El abogado, en un momento dado, entra en situación de insolvencia por años de malas inversiones en negocios inmobiliarios poco fructíferos y acaba presentando un concurso de acreedores, siendo uno de los principales acreedores su exsuegro.

En esa ecuación es en la que entra Villarejo. Chávarri teme que que el concurso derive en su inhabilitación o que su patrimonio y el de sus hijas pueda verse afectado por una supuesta alianza de Molpeceres y el administrador del concurso, el ya fallecido Luis Pérez Gil.

Por eso contrata los servicios de Cenyt a través de Stuart&McKenzie –también firma de Villarejo– «para conseguir la máxima información personal, patrimonial e incluso averiguar la posible comisión de antiguos hechos delictivos por parte de Molpeceres y Pérez Gil y así poder conseguir el cese de los supuestos ataques que vendría sufriendo hasta ese momento».

Entre la diversa documentación intervenida en los registros en el domicilio y en el despacho de Villarejo destacan tres archivos de audio y varios documentos en los que se identifica a los intervinientes, el contenido de los servicios contratados en el ‘Proyecto Grass’, que hubo acceso al tráfico de llamadas del investigado Pérez Gil y hasta los precios pactados para su abono de forma opaca.

Por este encargo, Villarejo emitió hasta diez facturas desde su mercantil Stuart&McKenzie a Chávarri y Muñoz Abogados SL por importe total de 363.000 euros. Y otras dos facturas por un total de 108.900 a Vara Gestión de Activos SL, vinculada también al abogado.

El auto del magistrado añade que por lo que respecta a los pagos recibidos por Cenyt relacionados con este proyecto constan abonos de nueve transferencias ordenadas por Chávarri y Muñoz Abogados SL por por un importe total de 411.400 euros.

EL PROYECTO ‘HACHA’

De los registros en el domicilio del socio de Villarejo, Rafael Redondo, y de la documentación intervenida en la oficina de Cenyt en Torre Picasso, se tiene constancia de un segundo proyecto, denominado ‘Hacha’, que data de 2014, y cuyo cliente también es ese despacho de abogados.

En este caso, el encargo se hace debido a los diversos problemas internos surgidos con los otros dos socios minoritarios de la citada mercantil, Santiago Muñoz Martín y Juan Vila-Coro. A pesar de que Antonio Chávarri es el presidente y propietario del despacho con el 70 por ciento de las participaciones los otros dos «le habríandespojado tanto de sus derechos políticos, como de la gestiónde la citada sociedad».

Villarejo debe en este caso realizar acciones de análisis jurídico y legal, asesoramiento, consejo y negociación que, de manera directa o indirecta, ayude al cliente, Antonio Chávarri, a recuperar la gestión de la empresa.

En el caso de ‘Hacha’, los honorarios estaban condicionados al éxito de los objetivos, así, dependiendo de los resultados la cuantía oscilaría entre los 75.000 euros y los 125.000 euros, más IVA. Sobre los pagos vinculados a este proyecto se han localizado un borrador de factura de 25.000 euros más IVA (30.250 euros). Se da la coincidencia de que hay un abono en la cuenta de la mercantil de Villarejo por ese valor desde el despacho de abogados en enero de 2015.

Tras analizar todo esto, el magistrado decidió que procedía tomar declaración como investigados no sólo a Chávarri y a su socio minoritario Vila-Coro sino también a Redondo y por supuesto a Villarejo.

Además requirió a la Unidad de Asuntos Internos para que pormedio de la Unidad Central de Seguridad Privada del CuerpoNacional de Policía se certificara si alguna de las mercantilesidentificadas en la investigación como integrantes del Grupo Cenyt está autorizada para la prestación de servicios como detectives privados conforme a la ley de Seguridad Privada (tanto la de 1992 como la vigente de 2014).

En la primera quincena de 2021 se ha registrado la llegada de 1.069 migrantes a las costas canarias, una cifra que supone un aumento del 234,1% con respecto al mismo periodo de 2020, cuando se contabilizó la llegada de 320 personas.

Así lo recogen las cifras del Ministerio del Interior sobre esta materia y que determinan que este millar de migrantes ha llegado al archipiélago desde el pasado 1 de enero en 28 embarcaciones, 17 más que las que se contabilizaron un año antes.

En cifras globales, la entrada de personas en forma irregular al país ha bajado un 10,7%, con respecto a los quince primeros días de 2020. En total, se ha registrado la llegada de 1.376 migrantes, frente a los 1.541 del año anterior.

Los datos publicados por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska destacan que se ha reducido la cifra de personas que han cruzado la frontera española por la vía marítima, tanto en lo que respecta al mismo periodo de 2020 (1.246 en 2021 y 1.231 un año antes), como a la tendencia a la baja que se viene contabilizando desde el mes de noviembre de 2020.

BAJA LA LLEGADA A PENÍNSULA Y BALEARES

En los datos quinquenales de Interior se recoge que del 1 al 15 de noviembre se registraron 6.395 llegadas y del 16 al 30 de noviembre, 3.267; mientras que del 1 al 15 de diciembre fueron 2.261 y del 16 al 31 de diciembre 2.325.

Esta tendencia a la baja también se registra en lo referente a Canarias, con respecto a los meses anteriores –las últimas quincenas de 2020 no bajaron de los 1.500 migrantes–. Sin embargo, las llegadas al archipiélago sí suponen un aumento con respecto a enero del año pasado.

Sí se ha reducido el núemero de migrantes llegados a la Península y Baleares por vía marítima: entre el 1 y el 15 de enero de este año han llegado 168, frente a los 905 que se habían contabilizado un año antes. También se han reducido las llegadas a Ceuta (un 50% con respecto a 2020), mientras que en Melilla no hay registro de ninguna entrada en estas primeras semanas, al igual que ocurrió el año anterior.

Ceuta, por su parte, ha visto aumentada en un 94% la entrada de migrantes a través de su frontera terrestre. En lo que va de 2021 se han contabilizado 76 llegadas, frente a las 36 del mismo periodo de 2020. En Melilla, por el contrario, se ha reducido un 78%: hace un año se contabilizaron 274, mientras que en 2021 se han registrado 60 entradas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, será una de las personalidades políticas que intervendrán en las sesiones del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) que se celebraba tradicionalmente en Davos y que en su edición de este año tendrá lugar en formato virtual entre los días 25 y 29 de enero.

Además del presidente español, otras figuras políticas destacadas que participarán como oradores en el evento serán el presidente chino, Xi Jinping; Narendra Modi, primer ministro de la India; Yoshihide Suga, primer ministro de Japón; Emmanuel Macron, presidente de Francia; Angela Merkel, canciller de Alemania; Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Giuseppe Conte, primer ministro de Italia.

Asimismo, también está prevista la intervención en distintos eventos del Foro del presidente de Argentina, Alberto Fernández, así como de los presidentes de Colombia y Costa Rica, respectivamente Ivan Duque y Carlos Alvarado Quesada.

Según la agenda del cónclave, presentada este lunes, Pedro Sánchez participará como orador en la sesión ‘Avanzando hacia un nuevo contrato social’, que se celebrará el próximo 25 de enero y en la que estará acompañado por el presidente de Ruanda, Paul Kagame; James Quinceypresidente y consejero delegado de The Coca-Cola Company; Sharan Burrow, secretaria general de la Confederación del Comercio Internacional (ITUC); Jo Ann Jenkins, consejera delegada de AARP, así como de la emprendedora social Hilary Cottam.

Aparte de líderes políticos, el foro virtual contará también con la intervención de figuras internacionales como António Guterres, secretario general de la ONU; Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS); Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI); Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Asimismo, está prevista la participación de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), así como del gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, y de Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra.

«En el contexto de la pandemia de Covid-19, la necesidad de restablecer las prioridades y la urgencia de reformar los sistemas se han fortalecido en todo el mundo», dijo Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, quien señaló que reconstruir la confianza y aumentar la cooperación global «son cruciales» para fomentar soluciones innovadoras y audaces para detener la pandemia e impulsar una recuperación sólida.

«Esta reunión única será una oportunidad para que los líderes delineen su visión y aborden los problemas más importantes de nuestro tiempo, como la necesidad de acelerar la creación de empleo y proteger el medio ambiente»,añadió.

A raíz de la pandemia, los organizadores del Foro anunciaron que la edición presencial de 2021 se celebrará en Singapur del 13 al 16 de mayo, en vez de en la habitual localidad alpina suiza de Davos, aunque subrayaron su intención de devolver la ubicación tradicional al evento en 2022.

Asimismo, antes de esta reunión anual extraordinaria en Singapur, el Foro acogerá en Tokio, los días 6 y 7 de abril de 2021, la Cumbre Mundial sobre la gobernanza de la tecnología.