Cinco funcionarios de la cárcel de A Lama (Pontevedra) tuvieron que recibir asistencia médica al resultar heridos en una agresión cometida por un recluso durante un cacheo, según denuncian los sindicatos y confirman fuentes del propio centro penitenciario.

Este episodio ocurrió este sábado y, tal y como relatan las organizaciones –CC.OO., ACAIP-UGT, CSIF, CIG, y ATP–, los cinco afectados sufrieron heridas «de diversa consideración» por las que necesitaron ser atendidos primeramente en la enfermería de la propia prisión para luego ser derivados a consultas urgentes externas.

Por su parte, fuentes de la cárcel de A Lama explican que se produjo una «agresión directa» a un trabajador, mientras que los cuatro restantes sufrieron contusiones cuando acudieron a la reducción del recluso. «Fue todo de carácter leve y no hay hospitalizaciones», aseguran.

Además, enmarcan la derivación de los empleados a urgencias dentro de las directrices habituales, ya que los sanitarios del propio centro penitenciario están para los internos o para «una primera intervención».

«PUDO HABER SIDO PEOR»

De acuerdo con el relato de los sindicatos, estos cacheos son extraordinarios pero también «habituales» en la cárcel, pese a lo cual el recluso arremetió contra los trabajadores «de una manera fría, sin ningún tipo de justificación, sin palabras previas y sin dar muestras de tal aptitud agresiva». «Cogió por sorpresa a los funcionarios, que se vieron envueltos en la acción agresiva sin posibilidad de tomar medidas preventivas», añaden.

Además, las organizaciones advierten que «pudo haber sido peor» en caso de que alguno de los presos restantes del módulo –unos 70, según sus cifras– se encontraban allí, pero «se limitaron todos ellos a observar incrédulos» la situación.

CC.OO., ACAIP-UGT, CSIF, CIG, y ATP desean a los afectados «una pronta recuperación» y denuncian que Instituciones Penitenciarias «no tiene un protocolo eficaz para prevenir y reducir las agresiones» que sufre el personal, aunque «parece que tampoco le da mucha importancia». Con todo, la dirección del centro de A Lama niega que episodios como los de este sábado sean «algo habitual».

A raíz de este suceso, los sindicatos aprovechan para insistir en que los funcionarios de prisiones deben tener «la consideración de agente de la autoridad» para prevenir estos episodios que son –dicen– causa de «trastornos graves de conducta» por parte de los internos, además de «la falta de personal y de formación específica del personal». En el caso concreto de A Lama, demandan «más recursos humanos» porque cifran actualmente las vacantes existentes en un total de 60 efectivos.

Policías locales han constatado que existe un «rechazo vecinal» a la apertura de lugares de culto en sus municipios, fundamentalmente hacia mezquitas e iglesias evangélicas, y perciben que detrás de las quejas hay «prejuicios e intolerancia», según un informe elaborado por el Observatorio del Pluralismo Religioso en España, creado en 2011 a iniciativa del Ministerio de Justicia.

El estudio, que recoge las respuestas de ocho cuerpos de Policía Local, técnicos urbanísticos de siete ayuntamientos y de las confesiones religiosas con notorio arraigo, revela que el establecimiento de un lugar de culto se encuentra, en ocasiones, con obstáculos que provienen de la oposición vecinal.

En concreto, los motivos por los que se elevan las quejas son: excesiva afluencia de público y aglomeraciones un determinado día a la semana; circulación de vehículos y molestias (ruidos, fundamentalmente).

Si bien, los policías locales consideran que esto es una muestra de que todavía no se ha aceptado la diversidad religiosa pues, por otra parte, observan que «no se plantean quejas por la afluencia de personas, la ocupación de la vía pública, el ruido, las aglomeraciones o el colapso de los aparcamientos fruto de la celebración de comuniones católicas o procesiones».

Además, el informe señala que en algunos municipios se exigen requisitos diferentes según se trate de una u otra confesión religiosa, citándose como ejemplos el seguro de responsabilidad civil para actividades en la vía pública, o la exigencia de un permiso de videovigilancia en los centros de culto.

El Observatorio precisa que este problema de convivencia ciudadana es «un síntoma de intolerancia» que debe ser abordado por las autoridades competentes con «instrumentos informativos y formativos». Según añade el documento, «una oposición vecinal no es en sí misma un motivo que justifique impedir el ejercicio de un derecho fundamental».

Asimismo, el informe detecta un «desconocimiento de la diversidad religiosa existente» en las comunidades autónomas y municipios, por lo que recomienda que las autoridades competentes articulen los medios que les permitan conocer esta diversidad con la finalidad de «dar respuesta a las necesidades derivadas del ejercicio de la libertad religiosa, garantizar la plena inclusión de los grupos minoritarios y evitar situaciones conflictivas».

FALTA DE PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

También apunta que existe una «falta de planificación» urbanística pues en los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOUs) no se incluyen previsiones específicas sobre las necesidades de suelo para los usos religiosos.

En este sentido, la ubicación de los lugares de culto es una de las preocupaciones manifestada por las confesiones religiosas consultadas que coinciden en demandar una previsión de suelo en la planificación urbanística, en el casco urbano, lamentando su ubicación en polígonos industriales.

Esta misma percepción manifiestan los policías locales de los municipios participantes, que afirman que esta práctica conduce a una especie de «gentrificación del culto» que «debería evitarse a toda costa porque conlleva segregación, marginación y estigma.

Por otro lado, sobre la práctica detectada en algunos municipios de clasificar de forma automática a las entidades religiosas como entidades recreativas y de espectáculos, que lleva a exigirles los mismos requisitos técnicos –niveles de aislamiento acústico– que a una discoteca, los servicios policiales entienden que se han cometido «irregularidades» en la concesión de licencias, «por no existir correspondencia entre el contenido de la actividad a ejercer y el tipo de licencia». También constatan que «muchos lugares de culto carecen de licencia».

En las respuestas a los cuestionarios enviados, las confesiones religiosas, la policía local de forma unánime y la mayoría de los técnicos de urbanismo manifiestan la necesidad de que se aplique una normativa específica para la concesión de licencias. Las religiones solicitan, además, que los procedimientos administrativos para obtenerlas se simplifiquen, otorgando mayor agilidad.

En todo caso, la policía local señala también que bajo el paraguas de la libertad religiosa «no cabe cobijar cualquier tipo de actividad», sino que «debe quedar definido de forma previa el contenido de la práctica del culto».

ATAQUES «AISLADOS» EN IGLESIAS, SINAGOGAS Y MEZQUITAS

El documento también revela que los ataques a los lugares de culto en España son «aislados y de baja intensidad» siendo sobre todo «daños materiales y pintadas en mezquitas, sinagogas e iglesias católicas». No obstante, desde el Observatorio señalan que «no hay que menospreciar estas acciones que alertan de la existencia de un germen de intolerancia». La policía local también alerta de la necesidad de conocer y en su caso reducir la infradenuncia detectada.

El informe ha sido elaborado en el marco del Grupo de Trabajo sobre Lugares de Culto creado por la Fundación Pluralismo y Convivencia, en colaboración con la Subdirección General de Libertad Religiosa del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el objetivo de proporcionar un diagnóstico acerca de los problemas que plantea la gestión urbanística de los centros de culto.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye la pieza separada referente a la denominada ‘operación Kitchen’, ha citado mañana en calidad de testigo al extesorero del PP Luis Bárcenas para que declare por el operativo parapolicial que se orquestó con el objetivo de sustraerle información sensible para el partido.

Bárcenas declarará por videoconferencia desde la prisión madrileña de Soto del Real, mientras que su abogada lo hará también de manera telemática debido a que se encuentra aislada como consecuencia de la covid-19, según han informado fuentes jurídicas.

La citación del Juzgado Central de Instrucción número 6 tendrá lugar el mismo día que el tribunal que juzga el presunto pago con dinero de la caja ‘b’ del PP de la reforma de la sede nacional del partido decida si aplaza los interrogatorios de los acusados, entre ellos la de Bárcenas, previstos para el martes.

El tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional está pendiente de conocer la evolución del exgerente del PP Cristóbal Páez, uno de los acusados en este procedimiento, que el pasado jueves tuvo que ser ingresado en el hospital de pandemias Enfermera Isabel Zendal a causa del coronavirus.

El juez del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, que investiga las presuntas donaciones finalistas al PP, también citó al extesorero ‘popular’ a declarar este lunes, si bien aceptó la petición de la defensa de aplazar la comparecencia debido a la cercanía con la declaración en el juicio por la caja ‘b’.

El magistrado señaló en una providencia que mínimo tendría que esperar hasta abril puesto que debe compaginar la llevanza de dos juzgados (el 1 del que es titular y el 5 en el que está de suplente) con sus respectivas semanas de guardia.

Por el mismo motivo, se solicitó también el aplazamiento al juez que instruye la ‘Kitchen’ quien ha denegado suspenderla, pero ha accedido a que Bárcenas declare desde la prisión para evitar la conducción desde el centro penitenciario.

VOLUNTAD DE COLABORAR CON LA JUSTICIA

Las citaciones en los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional llegan después de que el extesorero del PP, que se encuentra en prisión cumpliendo la condena a 29 años y un mes por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), se dirigiera a la Fiscalía Anticorrupción semanas antes de que empezara el juicio por la presunta caja ‘b’ de los ‘populares’ para comunicarle su intención de colaborar con la Justicia.

En un escrito, ‘confesó’ que el que era su partido tenía una contabilidad ‘b’ que se nutría de las donaciones de empresarios a cambio, en ocasiones, de adjudicaciones públicas. En esta línea, mostró su «voluntad» de declarar tanto en la pieza separada del caso ‘Púnica’ –en el que aún no ha sido llamado a declarar– en la que se investiga la presunta financiación irregular del PP madrileño, instruida también por el Juzgado Central número 6; como en la pieza separada que investiga el Juzgado Central de Instrucción número 5 sobre las donaciones finalistas al PP.

En dicho documento, también afirmaba que «gran parte» de la documentación sobre la contabilidad paralela del PP de la que disponía fue «sustraída» del estudio de su mujer, Rosalía Iglesias, cuando entraron a robar en el mismo», haciendo alusión a la ‘operación Kitchen’. Por ello, el juez García Castellón ha acordado su declaración en la pieza separada número 7 del caso ‘Tándem’.

No obstante, para Anticorrupción, lo manifestado por el extesorero y exsenador ‘popular’ desprende «escasas novedades, ninguna sustancial» si no aporta alguna prueba que acredite sus ‘confesiones’.

POCA DOCUMENTACIÓN QUE APORTAR

Sobre la posibilidad de incorporar documentación que demuestre todo lo manifestado, el propio abogado de Bárcenas, Gustavo Galán, admitió en la primera sesión del juicio por el presunto pago en ‘b’ de la reforma del PP que su cliente «ya aportó» todo lo que tenía durante la instrucción en julio de 2013, cuando además, «prestó una declaración extensiva y detallada, que ya supuso una colaboración con la Justicia».

Al hilo también destacó que el operativo parapolicial, en el que «indiciariamente» participaron «miembros del Gobierno y algunos miembros de la propia policía», arrebató a Bárcenas una «ingente documentación, papeles, grabaciones, pendrives».

Por la ‘operación Kitchen’, sería la cuarta vez que Bárcenas declara ante el juez. Se trata de una pieza del conocido como ‘caso Villarejo’ en la que el extesorero del PP y su familia se encuentran personados como perjudicados.

En ella se investiga la creación de un operativo parapolicial en 2013, sufragado con fondos reservados dependiente del Ministerio del Interior, para espiar el entorno familiar y personal de Bárcenas y sustraerle documentación comprometedora del PP para que ésta no llegara a la Audiencia Nacional que ya analizada la existencia de una presunta contabilidad paralela en la formación política.

La primera comparecencia de Bárcenas sobre este operativo parapolicial fue en enero de 2019 en la que, según los audios que obran en el sumario, explicó que contrató a su chófer Sergio Ríos en febrero de 2013 porque se había quedado sin conductor y necesitaba otro, dada la «presencia mediática constante» en la puerta de la vivienda familiar.

Señaló que la decisión de contratarle la tomó tras la recomendación de una mujer que había trabajado para la familia, quien le dio «las referencias» de que Ríos «había colaborado esporádicamente con el PP y que había sido conductor de Francisco Granados en la Comunidad de Madrid».

En la segunda ocasión, el pasado 21 de diciembre, Bárcenas declaró por videoconferencia desde el centro penitenciario en el marco de una parte secreta de la pieza ‘Kitchen’ que se abrió tras requisar al que fuera su chófer varios dispositivos y una agenda en las que habría anotado detalles de las conversaciones telefónicas que el extesorero mantenía durante los trayectos en coche.

En esa declaración precisó que contrató a Ríos –quien, según consta en la causa, cobró 2.000 euros mensuales procedentes de los fondos reservados por ser confidente policial en la ‘operación Kitchen’–, por recomendación de alguien cercano o vinculado con la formación política.

LA ADVERTENCIA SOBRE ROSALÍA IGLESIAS

El extesorero del PP fue más allá y afirmó ante el juez García Castellón que abogados cercanos al partido le advirtieron en 2013 de que si «hablaba» de algo que pudiera comprometer a la formación política, su mujer, Rosalía Iglesias, acabaría en prisión, según informaron fuentes jurídicas.

La tercera vez que declaró ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 fue tres días más tarde cuando el propio magistrado se acercó a la prisión de Soto del Real para continuar con esta declaración, cuyo contenido no trascendió.

La versión sobre las advertencias relacionadas con la situación personal de Rosalía Iglesias se mantiene en el escrito que el extesorero del PP remitió a Anticorrupción. En él destaca que cambió su inicial estrategia de defensa, basada en colaboración con la Justicia, porque «con ingenuidad», confío en la «promesa», que le llevó de «un intermediario», de que si «guardaba silencio» y no «manchaba el nombre» del PP, su mujer no entraría en la cárcel tras el dictado de la sentencia por los primeros años de la trama Gürtel.

Sin embargo, una vez que su esposa finalmente ha ingresado en prisión para cumplir la condena de casi 13 años de cárcel, y tras cambiar de abogado, el extesorero del PP ha decidido contar todo lo que conoce sobre la financiación del partido.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzga este jueves al que fuera jefe militar de ETA Gorka Palacios Alday por su integración en el ‘comando Larrano’, hechos por los que la Fiscalía pide para él 27 años de cárcel por los presuntos delitos de pertenencia a banda armada, un delito de estragos terroristas y otro de tenencia y depósito de sustancias o aparatos explosivos.

El juicio estaba previsto que se iniciara el pasado 11 de enero, pero tuvo que ser suspendido por las consecuencias de las intensas nevadas que dejó la borrasca ‘Filomena’ a principios de año.

Según explica la Fiscalía en su escrito de acusación provisional, Palacios alquiló en julio de 1997 un piso en Durango (Vizcaya), en el que preparó «diversas acciones» terroristas junto a los otros dos miembros del ‘comando Larrano’, Oier Eguidazu y Leyre Martínez Pérez –ambos condenados por estos hechos–, «ocultando en el piso armas y explosivos».

La Policía registró dos viviendas después de que una de ellas explotara el 17 de julio de 1997, que provocó la huida de los integrantes del comando. Los agentes comprobaron que los tres miembros de la banda terrorista tenían a su disposición 30 bolsas de explosivo amonal, una lapa-bomba, cuatro granadas de 80 milímetros, nueve granadas de 40 milímetros, detonadores, temporizadores, varios cilindros de explosivos y cloratita.

UNO DE LOS MIEMBROS MÁS ACTIVOS DE ETA

Palacios fue considerado uno de los miembros más activos de la organización desde que comenzó su actividad terrorista en los años 90, llegando a formar parte del ‘comando Madrid’, por el que se le atribuyeron diversos atentados.

En 2003, siendo uno de los etarras más buscados por las Fuerzas de Seguridad, asumió el cargo de jefe de los comandos de ETA, responsabilidad que compartió con Ibón Fernández Iradi, ‘Susper’, hasta su detención en Pau (Francia) en diciembre de ese año.

Las autoridades francesas entregaron en abril de 2018 a Palacios tras cumplir sus penas en las prisiones de Saint Maur y Châteauroux. El tribunal de lo Criminal de París le condenó a 18 años de prisión en 2009 y un año después la justicia francesa lo entregó de manera temporal a España para que fuera juzgado por la Audiencia Nacional, que le impuso 83 años de cárcel por el atentado cometido contra el Ministerio de Justicia del 10 de julio de 2001, en el que falleció el policía nacional Luis Ortiz, y resultaron heridas a otras 20 personas.

Tras permanecer casi dos años en las cárceles de Soto del Real y Estremera, fue devuelto en 2012 al Estado francés y encarcelado en Saint Maur, donde pasó 18 meses, hasta que entregado temporalmente a España para un nuevo juicio. En 2013 regresó a Saint Maur, donde permaneció hasta 2018.

La Policía Local de Alicante ha disuelto durante la pasada noche un total de 20 fiestas en viviendas y tres botellones, ha sancionado a tres establecimientos por incumplir la normativa Covid y ha impuesto casi 150 denuncias por incumplir el estado de alarma.

Así, el operativo del sábado se ha cerrado con un total de 142 denuncias por incumplir el estado de alarma y tres botellones disueltos en el castillo de San Fernando, Cala Cantalar y Lucentum, respectivamente. Además, en los controles organizados por la Policía Local por el cierre perimetral, los agentes han interpuesto 52 denuncias a personas que no han justificado sus desplazamientos y han parado a 2.566 vehículos.

Del total de intervenciones, durante la mañana se han impuesto 16 actas a personas por incumplir el cierre perimetral y han controlado a un total de 1.400 vehículos en los puntos de controles. Por la tarde, la movilidad «ha descendido» y los agentes han detenido a 1.134 vehículos, aunque las sanciones se han duplicado, y ha llegado a las 36 denuncias. Por la noche, la movilidad fue «mínima», con 32 vehículos interceptados y sin denuncias, ha informado el consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento de Alicante ha puesto en marcha durante todo el sábado un dispositivo con decenas de agentes para reforzar la seguridad en las playas, calas y zonas de la ciudad para evitar grupos y aglomeraciones de personas. Los policías han garantizado el cumplimiento de las normas y han evitado la formación de grupos de no convivientes, mediante un dron y la Unidad de Medios Aéreos no Tripulados, los quads por la arena y a pie en los paseos. Estos controles se mantendrán este domingo.

En el operativo de este sábado, los agentes han disuelto varios grupos de más de dos personas y han interpuesto 24 sanciones, seis por no llevar mascarilla y otras tres por incumplir la Ley de Seguridad Ciudadana. Por la noche y fuera de los controles, han denunciado a 13 personas por incumplir el toque de queda y han levantado cinco denuncias por reuniones entre no convivientes en la vía pública.

BOTELLONES Y FIESTAS

Por otro lado, han disuelto tres botellones celebrados en el castillo de San Fernando, Cala Cantalar y Lucentum, respectivamente, cuyos participantes han sido denunciados por consumo de alcohol en vía pública. Además, han sancionado a tres establecimientos por exceder el horario permitido de apertura e incumplir las medidas sanitarias y a un establecimiento 24 horas por vender alcohol fuera del horario permitido, después de las 22.00 horas.

En cuanto a las intervenciones de auxilio ciudadano, durante la noche los agentes policiales han ayudado a dos personas, en las calles Asturias y Huelva, respectivamente. Han atendido a un hombre que refería dolor en las extremidades inferiores y que ha sido trasladado en ambulancia al Hospital General, y a otra persona por una caída.

Además de todo ello, la Policía Local ha disuelto durante la pasada noche un total de 20 fiestas en viviendas –once más que el día anterior– con personas no convivientes que estaban reunidas sin mascarillas y generando molestias y ruidos a los vecinos. En concreto, los agentes han intervenido en las calles San Carlos, Enric Valor, Cooperativa de San Gabriel, Casiopea, Alemania, Doctor Ayela, Díaz Moreu, Rodrigo Caro, Virgen del Rocío, Cid, avenida de Alcoy, Niza, Padre Espla, Señorita de Trévelez, José Gutiérrez Peten, Jaime Segarra, Sidi Ifni, Publicista José Tari y Valle Inclán. Además, por la tarde, la policía ha disuelto otra fiesta y ha levantado acta a las seis personas no convivientes que estaban reunidos en la vivienda.

La Policía Local recuerda que en domicilios y espacios de uso privado, tanto en el interior como el exterior, se permiten únicamente las reuniones familiares y sociales de personas que pertenecen al mismo núcleo o grupo de convivencia.

El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha puesto en valor el «excepcional» trabajo que realiza «día tras día» la Policía Local de Alicante con «mucho esfuerzo para frenar la pandemia».

Es muy importante que no se hagan fiestas porque el riesgo que asumimos es muy alto y no están permitidas, apelo a la responsabilidad individual de cada uno para protegernos, evitando reuniones, botellones, usando mascarilla, higiene y extremando la prevención por la salud de todos», ha añadido.

Paula Pérez García acaba de obtener su certificado de inglés de Cambridge B2 First en el centro de examen Exams Baix Camp, de Reus (Tarragona), y ha presentado su solicitud para entrar en la prestigiosa escuela de diseño de moda Central Saint Martins en Londres.

La historia de Paula es un relato de superación de una joven a la que, con 6 años, diagnosticaron dificultades tan severas de aprendizaje, visión y oído que concluyeron que no podría terminar la educación primaria.

No solo la ha terminado, sino que ha superado la educación secundaria en un colegio internacional tras asumir el reto de cambiar su lengua de estudio –hasta entonces su idioma materno– y optar por una inmersión total en inglés para aspirar seriamente a ser admitida en una de las escuelas de moda más famosas del mundo.

Para realizar sus estudios en dicho idioma, el certificado de inglés era condición indispensable y Paula lo ha podido obtener, en plena pandemia, gracias a las adaptaciones previstas por Cambridge Assessment English, fundación sin ánimo de lucro de la Universidad de Cambridge, para personas con necesidades especiales. En su caso, tuvo un tiempo reglamentario añadido y pudo utilizar material adaptado a sus circunstancias.

«Para mis ojos, las palabras y las letras no significaban nada; ambas saltaban en las páginas. Solo tras un año de adaptación con lentes cromógenas comprendí que las letras eran estáticas y pude empezar a leer y a escribir», relata Paula, que sufre dislexia.

Además, la información que Paula recibe a través de su oído derecho le llega distorsionada, lo que le obligó a seguir una terapia auditiva y estimulación neuro-sensorial. Por último, con 13 años, le diagnosticaron profundos problemas de memoria de trabajo y bajos niveles de atención y concentración.

Muchas horas de trabajo han permitido a Paula superar sus dificultades. «Como mi memoria de trabajo era débil y olvidaba las instrucciones con rapidez, tomé la costumbre de apuntar absolutamente todo», explica la joven, que a pesar de las dificultades, asegura que siempre ha sido «optimista y alegre». «Creo que cuando la madre naturaleza te quita algo, siempre te ofrece otra cosa», añade. De hecho, Paula está extraordinariamente dotada para la creatividad y el dibujo.

«Mis conocimientos de inglés y el hecho de poder demostrar mi nivel B2 me van a abrir nuevas puertas en el futuro. En la página web de Central Saint Martins se dice que creen en formas diferentes de pensar y de actuar. En mi caso, esta diferencia es literal, no metafórica, y creo sinceramente que sus puertas van a abrirse para mí», confía.

Por su parte, la directora del centro Exams Baix Camp, Brenda Gallagher, asegura estar «muy orgullosos» en el centro de haber contribuido a que Paula siga avanzando en su camino académico y profesional.

Tal y como explica Gallagher, una de las misiones de Cambridge es llevar el aprendizaje del inglés a todas las personas que quieran comunicarse en esta lengua, sean cuales sean sus circunstancias. «Por eso, desde hace tiempo se trabaja en la adaptación de los exámenes para personas con necesidades especiales, para que éstas los puedan realizar sin ningún tipo de barrera», comenta, y celebra que en el caso de Paula, se ha cumplido «con creces» el objetivo, dadas las dificultades añadidas que plantea la pandemia.

María Soledad I.G., ‘Anboto’, la etarra que ordenó cometer el atentado mortal en León en 1995, deberá indemnizar a la Junta de Castilla y León por los gastos de asistencia sanitaria que ocasionó y que ascienden a 9.225 euros.

El 22 de diciembre de 1995, a las 13.20 horas, se produjo un atentado terrorista por la banda terrorista ETA, en la ciudad de León, mediante una bomba colocada en los bajos de un coche que explosionó ante el semáforo situado en la calle Ramón y Cajal, a la altura de la confluencia de las calles Renueva y Abadía, y en el que falleció el comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, resultó gravemente herida su hija que iba de copiloto en el vehículo, y resultaron heridas otras cuatro personas que transitaban por las inmediaciones.

Ahora, la sentencia de 3 de febrero de 2021 del Tribunal Supremo, que ratifica la previa de la Audiencia Nacional de 22 de julio de 2020, condena a la etarra, ya que fue la que ordenó que se cometiera dicho atentado, como responsable de un delito consumado de asesinato terrorista contra miembro de las Fuerzas Armadas, cuatro delitos frustrados de asesinato terrorista, y tenencia de explosivos.

Con la apertura de la causa en la Audiencia Nacional, los Servicios Jurídicos de la Junta se personaron en el proceso como acusación particular, adhiriéndose a las peticiones de penas solicitadas por el Ministerio Fiscal, y reclamando el abono como indemnización de los daños y perjuicios causados a la Administración autonómica de los gastos ocasionados a la sanidad pública por las atenciones médicas y hospitalarias de todos los heridos, explica la Junta a través de un comunicado.

Más que por la importancia de los daños sufridos a los que ha sido condenada la etarra, y que ascienden a 9.225 euros, es importante la personación judicial de la Junta por el apoyo que ello supone específicamente hacia los familiares de las víctimas, y de forma general, hacia el colectivo de las víctimas de atentado terrorista, agrega la Administración autonómico.

En este sentido, la Junta, a través de la Consejería de la Presidencia como responsable de la coordinación de la atención a las víctimas del terrorismo, trabaja por consolidar la acción pública en pro del bienestar de las víctimas en la Comunidad, a través no solo de acciones compartidas con la Asociación y la Fundación de Víctimas del Terrorismo en Castilla y León, sino de hitos que buscan impregnar a la sociedad en la defensa de los derechos humanos, los derechos y obligaciones contenidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía y los valores democráticos como instrumentos para combatir la lacra del terrorismo.

Estas acciones tienen su ejemplo en el Programa de ‘Testimonio de las víctimas del terrorismo en las aulas’, cuyo propósito es que los más jóvenes conozcan la historia, evolución y consecuencias del terrorismo a través de la memoria de sus víctimas; o los reconocimientos y distinciones a aquellos que han vivido en primera persona el horror provocado por el terrorismo en nuestra Comunidad, concluye el comunicado.

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha afirmado que el tiempo de espera «ha llegado al límite» tras más de tres meses de espera y ha exigido el realojamiento urgente de los migrantes que permanecen en la isla después de que se realizar un cribado entre estas personas arrojando un total de 44 positivos por coronavirus.

En un comunicado, la Corporación insular ha solicitado al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que ordene al consejero de Sanidad que de forma «inmediata y urgente» proceda a reubicar a los inmigrantes contagiados por el covid que están alojados en instalaciones del Cabildo, los cuales han sido integrados en la estadística insular de contagios.

Además, en lo que a los migrantes no contagiados se refiere, Armas ha reclamado al Gobierno de España, a través de la Dirección Insular de la Administración del Estado, a que a partir de principios de la próxima semana agilice, «también con urgencia», el proceso de derivaciones que lleve a liberar totalmente todas las instalaciones de titularidad insular para que vuelva a ser reutilizadas para la ciudadanía para sus fines previstos, previo su reacondicionamiento.

Mientras, sobre los menores, y dado que el Cabildo tampoco tiene competencias, ya en días previos se ha instado igualmente a la Dirección General del Menor que se haga cargo de su atención en los centros que determine.

«NUESTRO TIEMPO DE ESPERA Y RECEPTIVIDAD TIENE UN LÍMITE»

«Nuestro tiempo de espera y receptividad tiene un límite, y la cuota de solidaridad con la que se ha querido abordar este drama humanitario, aún no siendo competencia nuestra, no ha sido correspondida de igual manera por las instituciones que finalmente son las que se tienen que hacer cargo del fenómeno migratorio», comentó el presidente.

Armas hizo especial hincapié en que el Cabildo lleva desde que se desató el repunte de la inmigración dedicando horas, reuniones y recursos humanos y materiales para buscar soluciones a este drama.

«Todo ello –continuó– en detrimento de nuestra actuación en las labores propias de institución insular, incluso en detrimento de la atención a los propios herreños, pero como todo tiene un principio y un final, y ha llegado el momento liberarnos de competencias que no son nuestras».

Asimismo, comentó que el Cabildo no puede responsabilizarse de si han sido correctos o no los protocolos sanitarios que se han seguido, ni de la lentitud de las derivaciones por falta de respuesta de las administraciones. «Nuestra participación en todo caso es haberles facilitado unos alojamientos, posiblemente no los mejores, pero sí de los únicos que disponíamos, siendo consciente que en detrimento de sus usuarios, los herreños», dijo.

Finalmente, ha comentado que «hemos hecho nuestros deberes, y no nos arrepentimos de nuestra actuación, porque ante este drama el Cabildo como administración pública no podía cerrar los ojos».

«Otra cosa es que llevemos más de tres meses instando a buscar soluciones, que no haya llegado, que hayamos dedicado un importante esfuerzo humano y económico, y que ahora Sanidad en base a unos criterios estadísticos que no compartimos, coloque a la isla de El Hierro hoy como el territorio canario con más contagios de toda Canarias, cuando los mismos se corresponden a los que se han producido en aislamiento en los centros que los alberga», concluyó.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, contempla la posibilidad de aprobar en Euskadi una ley antipandemia tras «agotar» todas las herramientas jurídicas de las que dispone su Gobierno para hacer frente a la expansión de la Covid-19.

En un artículo titulado «Paciencia y constancia, lo vamos a conseguir», publicado en el Grupo Noticias, Urkullu ha anunciado esta «alternativa» que analiza su Ejecutivo, después de que esta misma semana se haya quedado con un instrumento menos, según ha apuntado el Gobierno Vasco, para hacer frente al coronavirus, después de que el TSJPV haya permitido reabrir la hostelería en los municipios en ‘zona roja’.

Esto llevó al lehendakari a escribir una carta este pasado miércoles al presidente Pedro Sánchez para pedirle, una vez más, que se acuerden los mecanismos legales necesarios, dentro del actual estado de alarma, para que las comunidades autónomas puedan adoptar sus decisiones contra la pandemia con «garantías jurídicas».

Tras asegurar que ahora su objetivo, a corto plazo, es reducir la tasa de incidencia hasta situarla entre los 60 y 300 casos por 100.000 habitantes, y lograr el reto de que baje de los 60 positivos, ha reiterado la necesidad de que, en el ámbito del Estado, haya instrumentos «con garantías suficientes» para que se puedan aplicar las medidas adoptadas por las autonomías.

«Hemos agotado todas las herramientas jurídicas disponibles para la toma de decisiones. En todo caso, en aras a una gobernanza colaborativa, seguimos solicitando nuevas herramientas para actuar siempre con todas las garantías jurídicas y, si fuera el caso, contemplamos la alternativa de aprobar una Ley vasca anti pandemia. Comparto con toda la ciudadanía vasca mi convicción: paciencia y constancia, lo vamos a conseguir», ha asegurado.

MINIMIZAR EL IMPACTO

El presidente del Gobierno Vasco ha destacado que, «cada día y cada hora», su ocupación y preocupación «es buscar, en cada decisión, el mayor equilibrio entre la prioridad de la salud pública y el objetivo de minimizar el impacto en la vida social.

«A pesar de las dificultades, turbulencias, contingencias, obstáculos, de la complejidad e incertidumbre de la situación, mi prioridad es tomar decisiones que mantengan nuestra nave a flote y la lleven a buen puerto», ha aseverado.

Su convicción es que «equilibrio, paciencia y constancia van a ser las claves para perseverar en el objetivo de garantizar la salud personal y el bienestar social».

«Este objetivo requiere la contribución de todas y cada una de las personas. Es un trabajo en equipo. ‘Auzolana (trabajo en común)’ es la respuesta como sociedad para evitar el confinamiento, el colapso sanitario, el coma económico o el aumento de las brechas sociales», ha indicado.

Iñigo Urkullu ha remarcado que la situación en estos primeros meses de 2021 no es peor que la padecida durante 2020, pero «se arrastra un cansancio mayor». «Nos referimos a esta realidad como ‘fatiga pandémica’. Nunca habíamos vivido una situación así en este siglo. Nos vemos obligados a limitaciones de movilidad, a posponer encuentros con seres queridos. Vemos de cerca el sufrimiento por la pérdida de algún familiar o un prolongado y doloroso ingreso hospitalario. Nuestra economía se resiente y las empresas y negocios sufren dificultades», ha recordado.

En todo caso, ha querido subrayar que «ningún sector es culpable de esta situación y todos merecen apoyo». «Ante esta situación es necesaria la solidaridad. Solidaridad significa destinar recursos presupuestarios de todas y todos a los sectores más necesitados. Significa también cumplimiento cívico y corresponsable de las medidas preventivas de higiene, distancia o mascarilla», ha insistido.

Urkullu ha señalado que las instituciones están adoptando decisiones para paliar, en la medida de sus posibilidades y recursos, los impactos socio-económicos de la pandemia.

En 2020, hemos articulado Fondos Covid para ayudar a las personas y familias más vulnerables, para compensar las pérdidas de sectores como la hostelería, el comercio, el turismo, la industria o la cultura. Hemos destinado recursos a complementar las ayudas a los ERTE que corresponden al Gobierno español. Hemos ampliado las dotaciones para los servicios esenciales de Salud, Educación y Protección social», ha puesto en valor.

A su juicio, estas ayudas «han tenido reflejo en la reorientación presupuestaria de 2020 y en el Presupuesto aprobado para 2021». «Todas las líneas de ayuda siguen vigentes y hemos aprobado un nuevo Fondo Covid con 540 millones de euros adicionales», ha manifestado.

En la estrategia global del Gobierno vasco frente a la pandemia y sus consecuencias, según ha afirmado, tiene tres herramientas «fundamentales» que pretende mantener. «Primero, la estrategia general de garantía de la salud pública; segundo, los Presupuestos 2021 y el Plan Berpiztu, orientado a la reactivación socio-económica y la recuperación del empleo; tercero, el Plan BiziBerri, enfocado a adaptar los hábitos sociales a una nueva cultura de vida que prime la convivencia y la corresponsabilidad», ha concluido.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un hombre de 33 años de edad que se hacía pasar por un agente de la Interpol y se dedicaba a publicar fotografías y datos personales de más de 700 mujeres en una página de internet de contenido pornográfico, a las que señalaba de prostitutas y las amenazaba con enviar este material a su círculo laboral y social si no recibía más imágenes o encuentros físicos.

Agentes del grupo de delitos tecnológicos de la Brigada de Policía Judicial de Alicante tuvieron conocimiento a principios de este año de varias denuncias en las que las víctimas daban cuenta de la publicación de fotografías suyas en una página web para adultos con contenido pornográfico. El modus operandi y los datos aportados hicieron sospechar a los agentes de que los hechos podrían estar relacionados y el autor podría ser la misma persona, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

En todas las denuncias, se daba la circunstancia de que las víctimas eran usuarias de páginas webs relacionadas con buscar amistad y conocer gente, donde publicaban fotografías suyas. Las víctimas tenían conocimiento de que algunas de esas imágenes, junto con sus datos personales, se encontraban en una página de contenido pornográfico donde las calificaban de prostitutas. El detenido se hacía pasar por un agente policial de Interpol e intentaba concertar una cita con ellas.

Las víctimas manifestaron a los agentes que conocían la información de esas publicaciones a raíz de que una persona se había puesto en contacto con ellas a través de las redes sociales haciéndose pasar por un agente policial de la Interpol y haciéndoles pensar que corrían el peligro de que mafias extranjeras utilizaran sus fotografías y pudieran causarle un mal mayor. Así, les pedía concertar una cita en persona para aportar más información.

Una vez analizadas todas las denuncias y declaraciones de las víctimas, los agentes investigadores han averiguado que una de ellas había llegado a tener una cita en persona con este supuesto agente en una zona boscosa del Castillo de Santa Bárbara, donde le realizó fotografías íntimas con la excusa de comprobar que no tenía marcas o cicatrices y así verificar que las fotos de internet eran suyas.

La víctima, confiada en que esta persona era verdaderamente un agente y le iba a ayudar para que sus fotografías y datos personales fueran eliminadas de la red, recibió más tarde una llamada suya en la que comenzó a amenazarle con enviar las imágenes a sus contactos.

CASI 1.200 FOTOGRAFÍAS

Los investigadores que analizaron el contenido de la página web donde se publicaban las imágenes localizaron casi 1.200 fotografías de más de 700 mujeres diferentes, algunas de carácter íntimo, e identificaron a algunas de ellas, a quienes informaron de los hechos y las alertaron de la posibilidad de que el presunto autor se pusiera en contacto con ellas.

Así, la Policía preparó un dispositivo de vigilancia para descubrir al ahora detenido in fraganti en el lugar donde cometía las fechorías. Una vez informadas, una de las mujeres de las que se habían publicado fotografías contactó con los investigadores debido a que un hombre se había puesto en contacto con ella con la intención de concretar una cita en la misma zona boscosa donde ya había quedado con otra de las víctimas.

Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia con el fin de localizar e identificar al presunto autor, que fue finalmente detenido.

Tras su detención, la Policía realizó un registro en su domicilio, donde se intervino diverso material informático como discos duros, teléfonos y ordenadores, así como vídeos de otras víctimas y las credenciales de Interpol falsas que utilizaba para hacer creer a sus víctimas que era un agente de ese organismo.

El detenido, acusado por un presunto delito contra la intimidad e integridad moral, amenazas y usurpación de funciones públicas, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de la localidad de Alicante.

El Pleno del Congreso debate este martes la proposición de ley de igualdad de trato del PSOE, cuyo registro en la Cámara baja generó un «enorme malestar» en Podemos ya que, según los morados, ambos grupos habían decidido presentarla juntos y el Ministerio de Igualdad de Irene Montero ya estaba trabajando en ello.

Los socialistas registraron este texto en la Cámara baja el pasado 21 de enero. Su portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, destacó entonces que el objetivo de la norma es «garantizar la igualdad de trato de todas las personas, combatir el racismo, reparar y atender a las víctimas de discriminación».

En su contenido, la norma especifica que «nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, situación socioecónomica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Y los principales ámbitos que regula son el laboral, el educativo, el sanitario y el de la vivienda, aunque también prevé mecanismos en otros como el de justicia o el administrativo.

Del mismo modo, la propuesta de ley articula una respuesta no penal pero sí sancionadora para aquellos actos de discriminación que hasta ahora, si no estaban contemplados en el Código Penal, no obtenían ningún tipo de respuesta.

Además, el texto normativo entiende que la tecnología no es neutral al regular el uso de inteligencia artificial en el ámbito público.

Del mismo modo, señaló que se trata de una ley que el PSOE ya había presentado en dos ocasiones antes pero que, en ninguno de esos casos, su tramitación se llegó a completar. La iniciativa, entonces, estaba liderada por el fallecido dirigente socialista Pedro Zerolo.

Esta presentación generó un «enorme malestar» en Podemos, que acusó a los socialistas de haber registrado el texto de forma «unilateral» y sin contar con el Ministerio de Igualdad, liderado por la morada Irene Montero, que es el competente en la materia y que ya había hablado en ocasiones anteriores de poner en marcha una norma sobre el tema.

EL PSOE ASEGURA QUE PODEMOS NO FIRMÓ

Fuentes de Podemos explicaron que, desde hacía meses, los dos grupos parlamentarios que sostienen el Gobierno y el Ministerio Igualdad habían estado trabajando para «ultimar» el contenido de la norma, por lo que su presentación conjunta «era inminente».

Por su parte, el PSOE ha explicado que, si bien tenían pactado presentar esta norma de forma conjunta, el grupo confederal no ha puesto su firma en el texto.

Los socialistas señalaron que esta norma está dentro de acuerdo de Gobierno entre ambas formaciones, pero que se decidió presentar a través del Congreso como proposición de ley, no como proyecto del Ejecutivo, porque el PSOE ya lo había intentado en dos ocasiones anteriores.

Además, aseguró que en las reuniones de trabajo entre ambos grupos se tomó la decisión de que este texto fuera registrado en el primer trimestre de este año y que sería llevado al Pleno por los socialistas, aunque estaría firmado por ambos.

Esto se debe a que el PSOE, como partido mayoritario de la Cámara, tenía más cupo para meter iniciativas legislativas en el orden del día del Congreso. Y para aprovechar el turno que corresponde a los socialistas en el mes de febrero, el texto debía registrarse ahora.

Esta semana, el Ministerio de Igualdad ha emitido el informe preceptivo de la norma, en la que señala que, con este texto, los socialistas han roto el pacto de los partidos de Gobierno y siete meses de negociaciones.

La programación de las televisiones, radios y páginas webs de los distintos medios de comunicación españoles se volcarán este domingo 14 de febrero en la cobertura de las elecciones autonómicas en Cataluña, con especiales informativos, conexiones en directo con los centros electorales y sedes de los partidos, y análisis de la jornada electoral.

Los rostros y voces más populares de los servicios informativos de los distintos medios serán los encargados de conducir los espacios. Ana Blanco, Carlos Franganillo, Matías Prats, Mónica Carrillo, Vicente Vallés, Antonio García Ferreras, Ana Pastor, Antonio Jiménez, José Luis Pérez, Marc Sala, Íñigo Alfonso, Carlos Alsina, Àngels Barceló o Carlos Herrera son algunos de los profesionales que dirigirán los especiales con motivo de los comicios.

RTVE ha adelantado que La 1 y Canal 24 Horas contarán con avances informativos a las 9.00, 10.00, 12.00 y 14.00 y por la tarde a las 17.30 horas, aparte de centrar los Telediarios y los informativos del 24 Horas en la jornada electoral. Los Telediarios, con Lara Siscar, se realizarán desde Cataluña, y Oriol Nolis presentará una edición especial de ‘L’Informatiu’ de 14.15 a 15.00 horas.

A las 19.10 comenzará el ‘Especial Noche electoral 14F’, en La 1, Canal 24 Horas y TVE Internacional, presentado por Ana Blanco y Carlos Franganillo desde Torrespaña, y Xabier Fortes y Gemma Nierga desde Sant Cugat. El especial informativo contará con el politólogo Paco Camas y los tertulianos Xavier Sardá, Pilar Rahola, Bernat Dedéu, Joan López Alegre, Paloma Esteban y Cristina Monge.

A partir de medianoche el programa continuará en La 1 para Cataluña con una segunda mesa de análisis moderada por Marta Sugrañes, con la participación de Jordi Cabré, Jordi Mercader, Inma López, Inma Lucas y Xavier Domènech.

Antena 3 ofrecerá una cobertura especial, que comenzará por la mañana a través de avances informativos que mostrarán las primeras conexiones con los colegios electorales y puntos de interés informativo como las sedes de las principales formaciones políticas y el Centro de Datos ubicado en Barcelona.

Tomará el relevo Antena 3 Noticias 1, con Matías Prats y Mónica Carrillo, que centrará su emisión en la jornada electoral. Por la tarde, habrá boletines horarios hasta la emisión de Antena 3 Noticias 2, que se prolongará hasta las 22.00 horas y, junto a Prats y Carrillo, contará con la presencia de Vicente Vallés para analizar los resultados.

Tras la emisión de ‘Mi Hija’, llegará un especial informativo conducido por Vicente Vallés y con la presencia de analistas como Francisco Marhuenda, Miguel Ángel Aguilar o Toni Bolaño (desde Barcelona).

Por su parte, fuentes de Mediaset España han avanzado que tratarán las comicios catalanes en sus programas informativos y se realizará un avance cuando se vayan conociendo los resultados de los mismos.

Respecto a laSexta, la cadena del grupo Atresmedia ha señalado que, además del seguimiento en directo a la evolución de la jornada en laSexta Noticias, emitirá el especial ‘ARV Objetivo: Cataluña’, con Antonio García Ferreras desde Barcelona, a las 19.30 horas y durante toda la noche electoral. Además, ha añadido que habrá cobertura desde las sedes de los principales partidos, con un equipo integrado por Ana Pastor, Verónica Sanz y Xescu Tapias, entre otros periodistas.

Desde las 8.30 horas, los equipos de laSexta Noticias estarán pendientes del arranque de la jornada. A las 13.30 horas, con Cristina Villanueva, se ampliará la información sobre el desarrollo de los comicios en Cataluña, y desde las 15.30 horas tomará el relevo ‘Liarla Pardo’, con Cristina Pardo.

También Trece pone en marcha un especial desde las 22.00 horas y hasta pasada la medianoche, con Antonio Jiménez y José Luis Pérez, desde Madrid y Barcelona. El espacio contará con periodistas como Bieito Rubido, Cristina López Schlichting, Antonio San José y Esther Jaén, el politólogo Roger Montañola y el exministro de Asuntos Exteriores Josep Piqué.

A las 14.30 horas, el informativo ‘Al día fin de semana’ de Trece ofrecerá lo más destacado de la mañana (apertura de las mesas electorales y la votación de los candidatos a la Generalitat) y, a las 20.00 horas, se emitirá un resumen de la jornada.

El especial ‘Noche electoral’ comenzará a las 19.45 horas en Radio Nacional (RNE) y Radio 5, conducido por Marc Sala e Íñigo Alfonso. Conectarán con colegios electorales, las sedes de los partidos y los centros de datos, y contarán con dos mesas de análisis hasta las 00.00 horas en las que participarán Carles Fernández, Alejandro López Fonta, Marina Llansana, Eva Orue, Rafael de Ribot y Andreu Mayayo, Alejandro López Fonta y Eva Orue, entre otros.

Por su parte, en Rádio 4 el especial ‘Noche electoral’ comenzará a las 19.30 horas, con Sonia Urbano y Andreu Viñas, que seguirá el último tramo de las votaciones, analizará los resultados y recogerá las reacciones. Contará con el análisis de Rafael de Ribot, Andreu Mayayo, Lluís Falgás y Milagros Pérez Oliva.

La SER también se vuelca en la cobertura de los comicios catalanes del 14 de febrero. A partir de las 19.50 horas, Àngels Barceló dirige, desde Barcelona, la programación especial con un equipo periodístico y técnico de más de 30 profesionales, que se repartirá por una decena de sedes y otros puntos informativos.

La emisora del Grupo Prisa ha avanzado que en la mesa de información y debate estarán Josep Ramoneda, Nacho Corredor, Víctor Lapuente, Mariola Urrea, José Luis Ayllón e Ignasi Guardans. Por la antena de la SER pasarán, además, los principales protagonistas de la jornada.

En COPE, Carlos Herrera y Ángel Expósito dirigirán el especial a partir de las 20.00 horas. Expósito estará en Barcelona para vivir a pie de calle todo lo que ocurra. Así, el despliegue de COPE llegará a las sedes de los principales partidos PSC, PP, Cs, Vox, Junts, ERC y En Comú Podem, y a las reacciones del PSOE en Ferraz y del PP en Génova.

Junto a Carlos Herrera, estarán analistas como Salvador Sostres, Miquel Giménez y Ángela Martialay, y el consultor político y experto en sondeos Enrique Cocero.

En Onda Cero, el programa especial dedicado a los comicios catalanes arrancará a las 20.00 horas y se prolongará hasta la medianoche, con Carlos Alsina al frente. Julián Cabrera, Rubén Amón, Toni Bolaño, Carmen Morodo y Juan Ramón Lucas acompañarán al periodista.

Fuentes de la emisora han adelantado que la redacción de los Servicios Informativos de Onda Cero en Cataluña, con Francesc Robert y Gabriel Figueredo al frente, llevará a cabo un amplio despliegue, con presencia en las sedes de los principales partidos y en el centro de datos de la Generalitat.

Los medios de comunicación proporcionarán información electoral en tiempo real y contenido específico en sus webs y los perfiles de redes sociales.