La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha llamado este martes «constitucionalista de boquilla» al PP por mantener bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una expresión que ha irritado a su homóloga del Grupo Popular, Cuca Gamarra, quien le ha replicado que para encontrar a quienes no defienden ni la Constitución ni a la Justicia española tiene que mirar «dentro del Consejo de Ministros» donde se sientan sus socios de Unidas Podemos.

El cruce de declaraciones entre ambas ha tenido lugar en la sala de prensa del Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces. Primero ha comparecido Lastra para volver a denunciar la actitud del PP, pedirle que vuelva a la mesa de la negociación y que abandone los «vetos».

La portavoz socialista ha indicado que no hay «novedades» sobre esa negociación y ha rehusado concretar hasta cuándo va a tener el PSOE congelada la tramitación de la reforma que registró con Unidas Podemos para rebajar las mayorías necesarias para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

«Vamos paso a paso», ha dicho, señalando que este jueves se enviará al Senado la reforma para limitar las funciones del CGPJ cuando está en funciones y que todavía puede quedar recorrido para su aprobación definitiva, ya que tendría que volver al Congreso si se introducen enmiendas en la Cámara Alta.

Minutos después, Gamarra ha replicado al llamamiento de Lastra para retomar la negociación recalcando que el PSOE «sabe perfectamente el problema que hay y está en su mano resolverlo» y dejando claro que el PP no se va a apear de su posición por mucho tiempo que pase porque está sustentada «en principios y valores».

NO CEDERÁN CON PRADA

Con esta frase ha respondido a la pregunta de si en ningún caso el PP se plantea levantar su veto al juez José Ricardo De Prada, ponente de la sentencia que condenó a la formación en el caso Gurtel y que ha sido propuesto por el Gobierno para entrar ahora en el CGPJ.

Además, la portavoz popular se ha mostrado irritada por el hecho de que Lastra cuestionase la constitucionalidad del PP y le ha replicado que quien no es constitucionalista es su socio de gobierno que «ni tan siquiera defiende a la Justicia española» y vota en contra de levantar la inmunidad a Carles Puigdemont para que pueda ser juzgado.

«Consejos vendo que para mi no tengo, que mire dentro del Consejo de Ministros y compare quiénes son los constitucionalistas de fiar y quienes no lo son. Si hacen esa reflexión con honestidad y sinceridad cogerán el camino correcto», ha abundado Gamarra, incidiendo en que el PP no se va mover porque quiere «que quede garantizada la independencia del Poder Judicial».

UGT ha puesto de manifiesto este martes que considera que el veto a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en un instituto público de la Comunidad de Madrid para celebrar un acto sobre el Día Internacional de la Mujer supone la puesta en marcha del ‘pin parental’.

Tal y como indica la organización sindical en un comunicado, el IES Gómez Moreno de Madrid tenía prevista una visita de la Ministra de Igualdad que fue suspendida por la Consejería de Educación por realizarse «en horario lectivo, dadas las medidas que se mantienen por la pandemia».

A juicio de UGT, la desaprobación «no dejaba claro si el motivo es que se desarrollara en horario lectivo, las medidas establecidas por la pandemia para centros educativos o el hecho de que fuera la Ministra de Igualdad».

Sin embargo, el sindicato considera que las dudas han quedado resueltas tras las declaraciones enviadas a los medios de comunicación por la Comunidad de Madrid, que asegura que Montero «pretendía hacer un acto político en horario lectivo», y que «no se va a permitir ningún evento de adoctrinamiento en centros educativos públicos en horario escolar.

«En cualquiera de los casos», a juicio de UGT, «no tiene justificación». Por un lado, argumenta que «la Constitución Española, la LOMLOE, las normas autonómicas y el mismo Anteproyecto de Ley Maestra que tramita la Comunidad de Madrid establecen la igualdad de hombres y mujeres y su aprendizaje en todas las etapas educativas, por lo tanto, forma parte del currículo, transversal y obligado para todo el alumnado y se debe trabajar dentro del horario lectivo de todos los centros educativos». Por otro lado, señala que «el acto contaba con las medidas sanitarias establecidas para los centros educativos de Madrid».

Así, ha señalado que cualquier acto en este sentido sería adecuado para el Día Internacional de la Mujer, «y no se puede excluir uno al que tiene prevista su asistencia la máxima responsable del Estado en materia de igualdad».

Para UGT, las declaraciones de la Comunidad de Madrid «manifiestan un doble rasero y ocultan su decisión de establecer de facto el ‘pin parental'» en la región.

En este sentido, según UGT, el Gobierno regional plantea que «no van a permitir ningún evento de adoctrinamiento en centros educativos públicos, con lo que manifiesta que hablar y enseñar igualdad en los centros es adoctrinamiento y que en los centros concertados y privados sí se puede adoctrinar, como de hecho se hace».

Además de reprochar a las autoridades educativas madrileñas esta «censura», UGT ha advertido de que se pueden estar contraviniendo las «máximas normas jurídicas» del ordenamiento.

Asimismo, ha mencionado algunas actuaciones «habituales», realizadas en horario lectivo en centros educativos sostenidos con fondos públicos, como «la preparación del día del fundador o fundadora, la oración diaria al inicio de las clases lectivas, las concentraciones y preparación de lazos naranjas contra la LOMLOE, y un largo etcétera».

Tras insistir en que «no existe justificación alguna» para impedir el acto previsto por el Día Internacional de la Mujer, ha señalado que este debería ser celebrado con una «dedicación específica en pro de la igualdad en todos los centros educativos».

Finalmente, ha advertido de que está dispuesta a «llegar a los tribunales en defensa de la igualdad de hombres y mujeres y contra el adoctrinamiento en centros privados y concertados, que sean contrarios a la Constitución Española y las normas básicas en materia educativa, así como a los Acuerdos Internacionales firmados.

Las primeras investigaciones apuntan que los abusos sexuales presuntamente sufridos por una niña de 4 años, en manos ya de la Justicia vallisoletana y denunciados tras serle diagnosticada una enfermedad venérea en una consulta médica, pudieron cometerse durante un viaje de la menor con su progenitora.

La investigación, en manos de Instrucción 6, se inició el pasado 26 febrero después de que el hospital, al que acudió la niña acompañada de su madre, pusiera los hechos en conocimiento del Juzgado mediante una llamada telefónica. Inmediatamente, el órgano judicial ofició a la Fiscalía y a la Policía para que se practicaran las diligencias oportunas encaminadas al esclarecimiento de los hechos.

El informe forense recibido en el Juzgado sólo recoge la enfermedad de transmisión sexual; no aprecia ninguna otra lesión en la menor. El Juzgado que instruye la causa no ha recibido ninguna otra llamada telefónica comunicando la existencia de una segunda atención médica a la menor. Tampoco se ha recibido ningún otro parte médico. De modo que al Juzgado instructor sólo le consta la primera asistencia sanitaria en la que se le diagnostica a la menor la enfermedad de transmisión sexual.

De las primeras indagaciones se desprende que los hechos investigados pudieron ocurrir en el extranjero, durante un viaje en el que la niña acompañó a su progenitora para visitar a otras personas. El sospechoso, pareja sentimental de la madre, reside en América, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

INHIBICIÓN EN FAVOR DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Por tal motivo, el pasado viernes, la magistrada instructora dio traslado a la Fiscalía para que emitiera un informe ya que, de haberse producido los hechos fuera de España, el Juzgado de Valladolid no sería competente para investigarlos y tendría que inhibirse en favor de la Audiencia Nacional.

Entretanto, la jueza, a petición de la Fiscalía, ha oficiado a la UFAM de la Policía Nacional para que practique más diligencias y amplíe la investigación. Igualmente, se ha dirigido a la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, administración a la que compete la protección de cualquier menor sin que sea necesaria la petición de un juez, para que completen la información y remitan un informe sobre la situación familiar de la niña.

La Administración Autonómica, a través de los Servicios Sociales, tiene plena autonomía para intervenir ante casos de desprotección. Su actuación no requiere la intervención de un juez.

El Protocolo Sanitario de Actuación ante la Sospecha de Maltrato Intrafamiliar en la Infancia y Adolescencia aprobado por la Junta de Castilla y León en 2016 establece, en su página 31 y siguientes la forma de actuar en caso de riesgo por maltrato grave y desamparo.

«En estos casos, la primera actuación que se debe llevar a cabo es atender de forma inmediata aquellas lesiones que puedan poner en grave riesgo la salud del menor. Junto a esto, es prioritario asegurar la protección del menor en aquellos casos en que no exista figura familiar o de apego que pueda hacerse cargo del menor. Una vez realizada esta primera atención, se procederá a la notificación del caso que se realizará directamente a la Sección de Protección a la Infancia de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, junto con la comunicación del caso al trabajador social del centro sanitario. Además se realizará también: notificación telefónica al Juzgado de Guardia de todas aquellas situaciones que pueda motivar una posible causa judicial (maltrato físico, abuso sexual, etc) o cuando exista una situación de emergencia. Posteriormente, se enviará parte médico de lesiones».

Miembros del sindicato policial Jupol se han concentrado este martes por la mañana ante la Ciudad de la Justicia de Barcelona para criticar el «abandono» que aseguran haber sufrido por parte del Gobierno al no dotarles de medios para afrontar las protestas tras la sentencia contra los impulsores del 1-O, en octubre del 2019.

«Entendemos que no se tomaron las medidas necesarias ni se dotaron de los medios necesarios a nuestros compañeros, con el resultado de más de 300 compañeros lesionados y alguno de ellos de gravedad alta», ha afirmado el portavoz de Jupol, Pablo Pérez, que ha tildado de terrorismo callejero los hechos sucedidos en Cataluña.

Jupol ha convocado la concentración coincidiendo con la declaración como investigado del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, a raíz de una denuncia del propio sindicato por el operativo policial de aquellos días, y en el que también está siendo investigado el director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, José Ángel González.

FALTA DE MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES

La organización acusa a los mandos de la Policía y al Ministerio del Interior de dejar desprotegidas a las Unidades de Intervención Policial (UIP) durante la llamada ‘Operación Ícaro’: «Estábamos en una total inferioridad, con cientos de compañeros deseando poder apoyar a los que estaban sufriendo esos ataques y no se les dejó», ha dicho Pérez.

También les echa en cara que no se permitiera hacer uso de ciertos medios materiales de las UIP, como el camión de agua, y que el material antidistubios del que dispusieron los agentes fuera escaso: «Entendemos que hay un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores», ha añadido el portavoz.

«Esperamos una actuación contundente y clara, ya no sólo por parte de la Justicia, si no también por parte del Ministerio del Interior, cuya inacción está provocando que estos violentos se radicalicen cada vez más y no tengan miedo a nada», ha declarado Pérez, que se ha referido a los disturbios en Catalunya tras la entrada en prisión de Pablo Hasel.

Ha considerado que se está perdiendo el principio de autoridad, alertando del riesgo de que esto ocurra, y ha continuado: «Ttampoco se puede salir impune ante los ataques sufridos, ya no sólo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino por nuestros compañeros Mossos d’Esquadra y los comerciantes y particulares que han visto saqueados sus comercios y quemados sus vehículos».

PP Y VOX MUESTRAN SU APOYO

La diputada del PP en el Congreso y ex Delegada del Gobierno en Catalunya, María de los Llanos de Luna, se ha acercado a la concentración para mostrar su apoyo a las reivindicaciones de Jupol, que también exige la equiparación salarial entre los agentes de la Policía y la Guardia Civil, con los miembros de las policías autonómicas.

Llanos de Luna ha recordado que el PP ha apoyado en el Congreso la equiparación salarial que reclama Jupol y que ha presentado como enmienda a los presupuestos generales «un reconocimiento retributivo a la Policía y la Guardia Civil en Cataluña por la singularidad de esta comunidad autónoma y el acoso que están viviendo».

Cuatro de los 11 diputados electos de Vox en el Parlament también han participado en la concentración de Jupol, a quienes han expresado su respaldo a sus reivindicaciones y su apoyo «ante las agresiones que han venido sufriendo a lo largo de las últimas semanas con la excusa de la libertad de expresión», en palabras del diputado electo Juan Garriga.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la absolución del ex concejal de Badalona (Barcelona) José Téllez, que fue condenado a pagar una multa por un delito de desobediencia porque devolvió unos carteles relacionados con el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 que habían sido requisados por la Policía Local.

La Audiencia Provincial de Barcelona absolvió a Téllez corrigiendo así al Juzgado de lo Penal Número 7, que le había condenado a pagar una multa de 4.320 euros. La Fiscalía recurrió la sentencia absolutoria porque, según explicó en una vista celebrada el pasado mes de febrero, «no se discuten los hechos» sino la intención que tuvo al devolver los carteles, pidiendo volver a la condena inicial.

Según los hechos probados, que reproduce el Supremo, el 25 de septiembre de 2017 agentes de la Guardia Urbana de Badalona vieron a un grupo de cinco personas que estaban colgando en farolas carteles que decían ‘Hola república’, ‘Hola Europa’ y ‘Hola nou país’, y procedieron a retirarlos porque, al igual que otro cuerpos policiales, habían recibido la orden de Fiscalía de intervenir todo lo destinado a preparar o celebrar el referéndum independentista.

Téllez, que entonces era el tercer teniente de alcalde, después de preguntar sobre lo ocurrido a las personas allí presentes y de hablar con los agentes, instó a los guardias a devolver los carteles. Ellos respondieron que cumplían órdenes y se negaron a hacerlo, a lo que Téllez contestó abriendo la puerta del coche patrulla, cogiendo los carteles y devolviéndolos él mismo, una actuación por la que dijo asumir la responsabilidad como miembro del Ayuntamiento.

Para la fiscal María Ángeles Garrido, de acuerdo con su escrito, estaba claro que el acusado incumplió una orden expresa, ya que la Policía Local actuaba por mandato de la Fiscalía de Barcelona, por lo que sostuvo que «en el momento en que Téllez decide recoger los carteles incautados y devolverlos a las personas que los estaban colgando de las farolas está desobedeciendo directamente esa orden».

Sin embargo, la Sala II ha estimado que el relato de hechos probados «no concreta que el acusado recibiera, fuera destinatario, de orden alguna», recordando que para incurrir en un delito de desobediencia es necesario que «nos encontremos ante el destinatario de una orden, procedente de la autoridad o de sus agentes (respetando las formalidades legales y con competencia para emitirla) y, sin embargo, la desobedezca gravemente».

Los magistrados han explicado que «ni los agentes mismos, ante la actitud del acusado, emitieron orden ninguna destinada a él para que depusiera su actitud, –como, acaso, habrían hecho de no tratarse de un edil de la corporación–; ni tampoco las instrucciones emitidas por la Fiscalía tenían a José Antonio Téllez Oliva como destinatario».

«Por eso, la conducta de éste, contemplada aquí lógicamente inscrita en el ámbito referencial del delito de desobediencia, único por el que se formula acusación, solo puede considerarse atípica, habida cuenta de que para desobedecer una orden en los términos referidos en el citado artículo 556 del Código Penal es preciso primero que la misma exista y tenga por destinatario al sujeto activo, lo que aquí no sucedió», han concluido.

«EL AROMA DE LO ANTIJURÍDICO»

No obstante, al mismo tiempo la Sala II ha subrayado que la conducta de Téllez desprende «el aroma de lo antijurídico, de lo opuesto al Derecho», por cuanto, aunque no era su destinatario directo, sí conocía la orden emitida por la Fiscalía y actuó con el propósito de obstruir su cumplimiento, invocando para ello su condición de tercer teniente de alcalde y confiado en influir así en los agentes.

De hecho, la sentencia cuenta con el voto particular discrepante de los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Eduardo Porres Ortiz de Urbina, que se posicionan con el Ministerio Fiscal al entender que Téllez también era destinatario de la orden incumplida.

Ambos magistrados han apuntado a «la desobediencia a una orden por parte de un funcionario público, por elección, compelido al cumplimiento de la orden dictada de acuerdo al procedimiento formalmente previsto y por un órgano legalmente competente».

Así, han discrepado de la sentencia aduciendo que no era un mero particular, sino que «el cargo público que ocupaba incorpora unas específicas obligaciones y deberes que el acusado conocía y, de hecho, ejerció, cuando expone, y así se declara probado, que expresó a los agentes de la Policía Local que él era teniente de alcalde, la autoridad».

«Dejando de lado la petulancia con la que se afirma el papel institucional de cada uno, lo cierto es que esa expresión fáctica tiene correspondencia con la normativa reguladora de la gobernanza de los entes locales», han subrayado, entendiendo que de esa forma «el acusado les releva del deber de cumplir la orden para asumir él mismo, y bajo su responsabilidad, su realización, que desobedece, convirtiéndose en un autor de la desobediencia».

El presidente de Almería Acoge, Juan Miralles, ha indicado este martes que la «única forma de darle la vuelta» a la «vergonzante» realidad de los asentamientos es con «implicación y esfuerzo» de «todos los implicados», desde los trabajadores migrantes a empresarios, ayuntamientos, Junta andaluza y Gobierno central y «por supuesto la UE, que debe cambiar las políticas migratorias e intervenir invirtiendo recursos».

«No es solo una emergencia porque cuando una emergencia dura ya más de 20 años es una urgencia social que exige cambiar dinámicas y políticas para hacerle frente y encontrar alternativas reales que eliminen los asentamientos», ha dicho a raíz de que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo haya admitido la denuncia que planteó junto a la Asociación Multicultural de Mazagón (Huelva) e IU en Andalucía, por «vulneración de derechos humanos en los asentamientos de temporeros» en las provincias de Huelva y Almería.

Miralles ha trasladado que el Parlamento Europeo debe «tomar conciencia» de que «si bien las actuaciones de gestión son locales», las políticas migratorias «por las que muchas veces estamos atados, son de la UE» y ha remarcado la necesidad de «cambiar esas políticas para acercarlas más a la realidad».

«Al final el ultimo eslabón de la gestión de las migraciones, de la dificultad de acceso a la documentación, de desrregulacion actual es que terminen existiendo asentamientos vergonzantes como los que estamos padeciendo desde hace mucho tiempo», ha dicho.

En esta línea, ha considerado que la actuación del Parlamento Europeo es una «forma de que haya un revulsivo político que se sume al social que ya hay» y ha confiando en que genere «implicación de todos los que nos gobiernan, en todas las instancias».

Sobre la importancia de que intervenga la UE, Miralles ha aludido a la necesidad de «recursos económicos». «Somos conscientes de que no se le puede pedir al ultimo ayuntamiento que ponga encima mesa recursos si no le vienen de ningún sitio y por eso la UE tiene que plantearse ya que necesita intervenir y eso significa invertir para que esta situación desaparezca», ha precisado.

Ha apuntado en esta línea la implicación del tercer sector, que «hemos acompañado siempre las protestas con propuestas» y que, según ha remarcado, «está dispuesto a colaborar porque no nos quitamos de en medio y hacemos intervenciones».

Miralles ha insistido, al hilo de esto, en la necesidad de que se implemente estrategias «a largo plazo» y ha señalado el «reto que pasa por, de alguna manera, cambiar la forma habitual de intervención, que ahora es de emergencia por un incendio o por una pandemia».

«Cuando hay una emergencia nos ponemos todos más las pilas pero lo los tiempos van más lentos si no hay nada extraordinario en torno a los asentamientos», ha lamentado.

Ha trasladado que las intervenciones de urgencia aprobadas por los ayuntamientos, financiadas por el Gobierno andaluz, «han sido positivas para intentar paliar una situación de emergencia por la pandemia», pero ha matizado que «en el caso de estas ayudas, finalistas, terminan y no se puede dar continuidad a los hábitos en positivo generados».

Los grupos parlamentarios de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos han criticado este martes a la Comunidad de Madrid por impedir un acto de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en un colegio de la capital, algo que tachan de «inaceptable y vergonzoso».

En rueda de prensa telemática tras la Junta de Portavoces, a este respecto, la portavoz de Unidas Podemos-IU, Isa Serra, ha lamentado que el Gobierno regional haya «vetado» a Irene Montero, como ministra de Igualdad, dar una charla en una escuela, cuando «no se puede vetar a ninguna persona».

«Esto no puede suceder. El hecho de que ayer Ortega Smith (Vox) estuviese en un colegio público muestra que (la presidenta de la Comunidad de Madrid) Isabel Díaz Ayuso está con la extrema derecha y en contra del feminismo», ha lanzado.

Por su parte, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, cree que es un acto de «censura» que no se haya dejado dar esa charla a la ministra, tratando a los alumnos «como sujetos manipulables sin criterio de ningún tipo».

«Los alumnos puede asistir a charlas sea quien sea el que intervenga. Cuestionar lo que pueda decir un orador forma parte de la normalidad de cualquier centro. Es lamentable», ha lamentado.

De hecho, cree que esto puede ser un «precedente preocupante» ya que la Comunidad puede no permitir charlas que «no coincidan con la moral de Ayuso».

Por último, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha indicado que esta prohibición «ataca a la pluralidad» y «vulnera la autonomía del centro». «Nos parece inaceptable y no estoy de acuerdo con que haya sido prohibida su presencia. ¿Por qué identificamos la defensa de la igualdad con el adoctrinamiento?», se ha preguntado el portavoz socialista.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, aboga por restituir progresivamente la movilidad de forma «segura» y plantea la posibilidad de que, además de los vacunados, puedan moverse entre regiones aquellos que presenten una prueba PCR negativa.

«¿Es lógico que lleguen los franceses por Barajas a Madrid pero no vengan los vascos o andaluces?», ha planteado el vicepresidente tras mantener una reunión con representantes del sector turístico en la región.

Aguado entiende que hay que buscar «nuevas soluciones» más allá de las recetas aplicadas en la primera y segunda ola, ya que la ciencia «avanza y da más herramientas». «Hay que ser capaces de garantizar la movilidad máxima posible sin que afecte a la salud», ha incidido el vicepresidente, quien se ha preguntado si habrá que esperar a que esté vacunada toda la Unión Europea para poder permitir los viajes.

Para el vicepresidente es importante «abrir el debate» alrededor de esta cartilla de vacunación que permita los traslados, al igual que una PCR negativa, para poder «avanzar» y ha pedido que sea «cuanto antes». Ha planteado, en esta línea, que si no pudiera contemplarse para Semana Santa, que fuera al menos para verano.

«SIN MOVILIDAD SERÁ MÁS COMPLICADA LA RECUPERACIÓN»

«No hay que seguir incidiendo en restricciones habiendo otras fórmulas seguras», ha deslizado Aguado, quien ha puesto ejemplos como Islandia, Dinamarca o Grecia y Serbia, donde se habrían aplicado soluciones parecidas para poder recuperar la movilidad en parte, ya que «sin movilidad será más complicada la recuperación».

En este punto, ha recalcado que España «depende extraordinariamente del turismo» y ha afeado a la ministra del ramo, Reyes Maroto, que no sea la que esté liderando a nivel europeo la apuesta por el «pasaporte Covid»; aunque ha destacado que siente «respeto» hacia aquellos que no piensan como él.

Durante su intervención ha detallado algunos datos que evidencian el desplome del turismo, como la caída del 80% de los viajeros internacionales, el descenso de la facturación del sector –«10.000 millones en 2019»– o que 1 de cada 4 trabajadores en ERTE de la región sea en el sector turístico.

AGUADO VEÍA NECESARIO ABRIR EL DEBATE SOBRE UN «PASAPORTE COVID»

Es por ello que entendía que era necesario «abrir el debate» sobre la cartilla la pasada semana y ha negado que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, le «desautorizase». «No puede haber, ni debería haber desautorizaciones entre socios. Puede haber distintos tipos de opinión, como en este caso», ha expuesto.

Aguado cree que introducir este tema en la agenda pública ha supuesto un «avance» para salir de la «rueda de hámster» en la que se podía caer en torno a las restricciones. Ha añadido, además, que este pasaporte «no debe ser discriminatorio», sino que debe de ser un «facilitador de la movilidad». Una vez abierto el debate ha insistido en que las decisiones respeto a esta medida corresponden al Ministerio de Sanidad y a la Unión Europea, sobre la que ha indicado que la semana próxima hará una «propuesta en firme» sobre esta iniciativa, que espera que salga adelante.

El epidemiólogo Fernando Simón ha sido citado el próximo jueves, 18 de marzo, para comparecer a partir de las 11.30 horas ante la comisión de investigación sobre la aplicación del protocolo de vacunación contra la covid-19 en la Región de Murcia.

Así lo ha decidido la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional en la reunión que ha tenido lugar esta mañana para ordenar la actividad parlamentaria de la próxima semana. Asimismo, también se ha decidido que el exconsejero Manuel Villegas comparezca ante la citada comisión a las 9,30 horas del mismo día.

El lunes, 15 de marzo, se reunirá la Comisión especial de Discapacidad para celebrar dos sesiones. A las 9.30 horas comparecerán representantes de la Federación de Autismo de la Región de Murcia (Faum), mientras que a las 11.30 lo hará una representación de Astrapace.

La actividad del martes se iniciará a las 9.30 horas con la reunión de la Junta de Portavoces. Posteriormente tendrá lugar la Comisión de Sanidad y Política Social que celebrará dos audiencias legislativas en relación con la Proposición de Ley por la que se regula la condición de familia monoparental en la Región de Murcia (PPL-0003).

A las 10.30 horas comparecerá Francisco Mesonero Fernández de Córdoba, secretario general de la Fundación Adecco, mientras que a las 12 horas lo hará Carmen Garcia Meroño, presidenta de la Fundación Red Madre.

Asimismo, el miércoles se celebrará un pleno de control al gobierno que se iniciará a las 9.30 horas con la comparecencia a petición propia de Antonio Luengo Zapata, consejero de Agricultura, Agua, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Posteriormente se formularán seis preguntas orales a miembros del Consejo de Gobierno.

Una de estas preguntas lleva por título ‘Comienzo de las obras del Centro de Alta Resolución de Águilas’ formulada por el Grupo Parlamentario Socialista; y otra versará sobre la ‘Inclusión de profesores de universidades públicas en el grupo de docentes a vacunas los próximos días en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia’ del mismo grupo parlamentario.

Otra pregunta lleva por título ‘Medidas adicionales de la Consejería de Educación y Cultura para garantizar la seguridad de la comunidad educativa en la vuelta a la presencialidad total a las aulas del alumnado de Segundo de Bachillerato’ también presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Asimismo, se preguntará por el ‘Plan plurianual de oferta de empleo público docente’ formulada por el Grupo Parlamentario Popular; y por la ‘Ola de ocupaciones de viviendas en la Región’, también del Grupo Parlamentario Popular y ‘Sectores a los que van a ir destinados los tres millones en ayudas a fondo perdido para contribuir a la recuperación económica de autónomos y pymes’ formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

El pleno se reanudará a las 16.30 horas con la comparecencia de Fernando López Miras, presidente del Consejo de Gobierno, quien responderá a las preguntas orales que le formulen los portavoces de los cinco grupos parlamentarios. El plazo para registrarlas finaliza el lunes, día 15, a las 12.00 horas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este martes en que el cierre debe ser «la última opción a tomar después de haberlo intentado todo» y ha pedido que antes de hacerlo se demuestre por qué es acertado hacerlo.

«La pandemia lo que ha hecho es demostrar que hay dos maneras de gestionar. Una es el atropello sistemático de derechos y libertades fundamental, el cierre de regiones enteras sin informes sanitarios y la clausura por decreto de miles de negocios», ha declarado en su intervención al recibir el premio Sociedad Civil de la Fundación Civismo en la Real Casa de Correos.

La presidenta ha recordado que hace un año tomó la decisión más difícil que puede tomar un presidente autonómico que fue el cierre de colegios. Lo hicieron en base, según ha explicado, «a una estrategia clara que era no colapsar el sistema sanitario y tener tiempo suficiente para poder triplicarlo gracias a, entre otras cosas, la colaboración público-privada y rompiendo estigmas» que han llevado «al cero, a no hacer nada, a cruzarse de brazos».

«Esto es lo que hemos hecho durante toda la pandemia: estrategia. De manera que era el virus el enemigo a derrotar y no la vida y la libertad de los ciudadanos«, ha defendido.

Así, ha destacado que los restaurantes, comercios y teatros han permanecido abiertos, «con sus restricciones pero abiertos», por muchos motivos. Además, ha recordado que han establecido perimetrajes por zonas básicas de salud, «unidades más pequeñas que han resultado eficaces», han analizado las aguas residuales y han realizado test de antígenos de manera masiva.

IMPULSAN LA MADRILEÑOFOBIA DE FORMA «DESLEAL»

Para Ayuso, se ha promovido una «madrileñofobia nunca vista hasta el momento» de forma «desleal e injusta». A su parecer, siempre han puesto el foco durante toda la crisis en Madrid y en los madrileños y han desconfiado de sus cifras «cuando las cosas iban bien».

«Nosotros nunca hemos hablado mal de ninguna comunidad autónoma, ni hemos puesto en tela de juicio el trabajo que realizaban otros presidentes. Con sumo respeto Madrid nunca celebró las cifras de los demás ni nunca se alegro de cuando las cosas iban peor», ha declarado.

Según ha recalcado, su Gobierno ha aguantado «una terrible persecución política en un momento gravísimo de la historia de España y con un abuso intolerable de poder de una administración superior a una inferior».

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Cataluña ha acordado este martes anular la progresión a tercer grado de los presos del 1-O en Lledoners (Barcelona), al estimar el recurso que la Fiscalía presentó en contra de su semilibertad.

Los autos, revocan la semilibertad para Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Quim Forn; mientras que el Juzgado con competencias sobre las prisiones de Wad-Ras (Barcelona) y Puig de les Basses (Girona) decidió mantener provisionalmente la semilibertad para Dolors Bassa y Carme Forcadell y aún tiene que tomar la decisión final sobre ellas.

Hace dos semanas, el mismo juez, en sustitución de la magistrada encargada habitualmente de Lledoners, rechazó suspender cautelarmente la progresión a tercer grado como pidió la Fiscalía, y les mantuvo en tercer grado hasta tomar la decisión sobre el fondo del asunto, que ha publicado este martes.

Esta decisión anula la concesión de tercer grado, que propusieron por segunda vez los funcionarios de Lledoners y ratificó la Generalitat, y al que la Fiscalía se opuso usando los mismos argumentos que ya esgrimió con la primera propuesta de semilibertad, hace seis meses, y que finalmente tumbó el Tribunal Supremo (TS).

El juez considera, como sostuvo el fiscal, que la semilibertad es «incompatible con los fines retributivos y de prevención» que se asocian a las penas de cárcel y mantiene que, con condenas de hasta 13 años, es pronto para concederles el tercer grado aunque ya hayan cumplido una cuarta parte de la pena.

AÚN ES PRONTO Y NO ASUMEN EL DELITO

«Como igualmente pone de manifiesto el Ministerio Público, la progresión a tercer grado en fases tan iniciales de cumplimiento de la pena se traduce de facto en un modo de alterar la decisión condenatoria de la sentencia y su efectivo cumplimiento», considera el magistrado al compartir los argumentos de Fiscalía, y tacha de prematura la propuesta de las prisiones.

La argumentación del juez recalca que «tiene que transcurrir tiempo suficiente para que el tratamiento penitenciario produzca sus efectos, lo que se entiende que no ha ocurrido» en el caso de los presos del 1-O.

El juez también admite el argumento de Fiscalía al criticar que los informes de la Junta de Tratameinto de Lledoners «sólo hacen referencia asépticamente a que el interno reconoce haber realizado los hechos declarados en la sentencia y asume su responsabilidad, lo que no implica que el interno tenga conciencia de que con dichas acciones se haya cometido un delito», y considera que no han asumido ni un poco el delito por el que fueron condenados.

El Partido Animalista Pacma ha iniciado la acción popular junto a otras 12 entidades de protección animal y se persona en el caso de la muerte de un perro en Almogía (Málaga), al que ahorcaron con una cuerda y arrojaron posteriormente por un precipicio.

Desde el Partido Animalista han señalado en un comunicado que «exigirán la máxima condena para los presuntos responsables, el propietario del animal y otra persona, que se justificó alegando que el perro no servía para cazar».

Los hechos sucedieron el pasado 6 de febrero, cuando una persona presenció cómo dos hombres intentaban ahorcar a un perro podenco de la rama de un olivo. Al ser recriminados, huyeron de inmediato. Esta persona avisó a la Guardia Civil, que acudió al lugar de los hechos pero no pudo encontrar al animal.

En ese momento se inició una investigación que llevó a la identificación de uno de los presuntos responsables, a cuyo nombre estaba el microchip del perro. Tras la detención, se localizó el cuerpo del animal y se pudo identificar al segundo presunto responsable, quien reconoció los hechos y fue quien alegó que el animal no servía para la caza.

El perro, de año y medio de edad, había sido ahorcado con una cuerda y posteriormente su cuerpo había sido arrojado por el precipicio, donde lo localizaron los agentes.

Desde Pacma han señalado que este suceso «es una muestra del horror de la caza y del infierno que viven los miles de perros utilizados para cazar, desechados cuando ya no sirven». Además, han incidido en que «pese a que la legislación que protege a los animales en España es ridícula y las penas insuficientes, exigirán la máxima condena para los responsables».

Desde el Partido Animalista han recordado «la importancia de la figura de la acción popular para este tipo de delitos; una figura que, de aprobarse el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que prepara el Gobierno, desaparecerá para casos como este». Por ello, han asegurado que hace solo unos días presentaron sus aportaciones al Ministerio de Justicia.

Pacma ha realizado un informe basándose en los datos facilitados por 98 protectoras, una mínima parte de las miles que hay en España, «para demostrar que la cifra de perros abandonados cada año al finalizar la temporada de caza es espeluznante». Según han indicado, el Seprona «afirmó que en 2019 solo habían sido abandonados ocho galgos en todo el país».

Pero, el informe elaborado por Pacma «revela solo con la muestra de 98 entidades protectoras que en 2019 fueron rescatados por estas 5.588 galgos y otros 3.000 perros de caza». En el informe se recogen los datos de 35 protectoras andaluzas, que se hicieron cargo en 2019 de 2366 galgos y otros 1731 perros de caza.

«España se ha convertido en un paraíso para los cazadores, donde no solo campan a sus anchas secuestrando el 85 por ciento del territorio, que es cinegético, sino que abandonan, torturan y matan a decenas de miles de perros sin que pase absolutamente nada», ha criticado la presidenta de Pacma, Laura Duarte.

Unidas Podemos ha asegurado que el «veto» de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al acto que tenía previsto ayer celebrar la ministra de Igualdad, Irene Montero, en un instituto de secundaria de Madrid es un «precedente grave», además de «incomprensible» cuando el secretario general de Vox y edil en el Consistorio, Javier Ortega Smith, estuvo dos días antes visitando un centro educativo.

La diputada del grupo parlamentario Aina Vidal ha comparecido en rueda de prensa para valorar el desarrollo del 8M y en referencia a la polémica suscitada por la decisión de la Comunidad de Madrid de cancelar la charla prevista con alumnas y docentes del Instituto de Educación Secundaria (IES) Gómez Moreno de Madrid. Fuentes regionales apuntaron a que la denegación del permiso trataba de evitar que hubiera «adoctrinamiento» y el evento se convirtiera en un acto político.

«Creemos que hay que denunciarlo no solo por lo que nos afecta a nosotras, como Unidas Podemos, sino que es un precedente grave que una comunidad autónoma vete a una ministra del Gobierno (…) Nos preguntamos qué serán capaces con el movimiento feminista o cualquier movimiento organizado del país», ha lanzado en su comparecencia.

Pero además ha contrapuesto la actitud de las autoridades madrileñas respecto a una visita que realizó Ortega Smith el pasado 6 de marzo al instituto público Ramiro de Maeztu de Madrid junto al edil de Vox Fernando Martínez Vidal.

Concretamente Ortega Smith acudió para conocer la situación de las instalaciones deportivas tras el derrumbe del pabellón de baloncesto, conocido como ‘La nevera’ y que sirve de lugar de entrenamiento para la cantera del Estudiantes, tras el temporal Filomena.

Por tanto, Vidal ha contrapuesto que, en este caso, Ayuso no apreció ningún tipo de problema ni de adoctrinamiento para que «un señor de la ultraderecha, que difunde básicamente el odio, entre en un colegio», mientras que sí pone objeciones a la ministra de Igualdad.

COMPROMISO CON LA LEY TRANS

Sobre los actos del 8M, la parlamentaria de Unidas podemos ha agradecido la «altura de miras» del movimiento feminista ante una situación «muy compleja», en las que las mujeres han dado «ejemplo de cómo comportarse» con su «implicación» en seguir todos los protocolos de seguridad.

Vidal ha reiterado que el feminismo es «una de las brújulas democráticas» que reclama un «horizonte de cambio» hacia la igualdad plena. Además, ha realizado un llamamiento a reconocer con mejor salario y condiciones dignas los trabajos esenciales que despliegan mayoritariamente las mujeres.

Finalmente, ha subrayado que mientras algunos se dedican a cuestionar el 8M, el Gobierno de coalición está centrado en mejorar derechos mediante las futuras Ley Trans y Ley LGTBi.

Posteriormente, su compañero en el grupo confederal y representante de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, ha destacado el «enorme ejemplo» que las mujeres dieron ayer en este país con su movilización durante el 8M.

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas ha acusado este martes a la antigua cúpula del PP de «cobardía» por no «dar la cara» y reconocer que, según sostiene, el partido se financió irregularmente, si bien al mismo tiempo ha negado cualquier «animadversión» hacia la formación política, apuntando solo a personas concretas como la ex secretaria general María Dolores de Cospedal.

Así lo ha dicho en su declaración como acusado, que se inició este lunes, en el juicio por el presunto pago con dinero de la ‘Caja B’ de la reforma de la sede nacional del PP. A preguntas de su abogado, Gustavo Galán, Bárcenas ha aseverado que por su parte no hay ninguna «animadversión» hacia el Partido Popular.

«Prueba palpable» de ello, ha dicho, es que quiso matizar las informaciones publicadas en prensa sobre las supuestas negociaciones entre el consejero madrileño Enrique López y el abogado del PP, Jesús Santos, acerca de esta causa, para insistir en que «nunca fue una negociación».

Así, ha expuesto ante el tribunal de la Audiencia Nacional que lo «único molesto es la cobardía de una serie de personas que no están dispuestas, como otros sí estamos haciendo, a reconocer que nos hemos equivocado, que hemos cometido errores, que nos hemos financiado irregularmente y que sabíamos lo que estábamos haciendo».

«Me parece una cobardía no hacer eso de dar la cara», ha recalcado, para hablar incluso de que es «moralmente reprochable». Y eso, ha argumentado, porque esas personas ya no están en la política activa, por lo que no se les exigirían responsabilidades políticas, ni tendrían tampoco «reproche penal».

No obstante, sí ha apuntado a «una animadversión en sentido contrario», indicando que él y Cospedal no se tienen «una especial simpatía» y recordando en este sentido una conversación entre la ex secretaria general y el comisario jubilado José Manuel Villarejo en la que hablan de que «hay que perseguir a Luis Bárcenas» y, «por cierto» –ha apostillado–, a Javier Arenas.

‘OPERACIÓN KITCHEN’

Otra cosa, ha discurrido Bárcenas, son «las responsabilidades que puedan tener la antigua cúpula del PP y la antigua cúpula del Ministerio de Interior en el secuestro de mi familia», en clara alusión al falso cura que asaltó la vivienda del ex tesorero ‘popular’ y a la llamada ‘Operación Kitchen’, que se está investigando en el Juzgado Central de Instrucción número 6.

Bárcenas, que ha insistido en la veracidad de sus anotaciones, ha manifestado en varias ocasiones que no tiene pruebas materiales para demostrar todo lo que ha dicho tanto en su declaración como acusado en el juicio por la presunta caja ‘b’ del PP, como en el escrito enviado a Anticorrupción antes del inicio de la vista oral recordando su intención de colaborar con la Justicia.

Una vez más, ha denunciado a este respecto que «el PP antiguo, no el actual de Casado, el antiguo, las personas y dirigentes del PP bajo el mandato de Mariano Rajoy, organizan una operación parapolicial» para robarle documentos y audios que acreditarían la existencia de la ‘Caja B’.

En concreto, se ha referido a la existencia de dos grabaciones de unas conversaciones que mantiene con el ex secretario general del PP y ex ministro Javier Arenas y otra con el expresidente del Gobierno. Sobre esta última ha dicho que «la propia voz del señor Rajoy» probaría «su conocimiento de la llevanza de una contabilidad paralela extracontable en el PP», algo que ya afirmó en su escrito remitido a Antincorrupción.

«Si se ha destruido o no, no lo puedo afirmar», ha indicado Bárcenas, haciendo de nuevo referencia al operativo parapolicial ‘Kitchen’. Aún así, ha descrito cómo fue la conversación «rápida» con Rajoy.

LA CONVERSACIÓN CON RAJOY

Según ha recordado, primero habló con Arenas, a quien le comentó que le quedaba «un saldo en la caja ‘b'» y que «dadas las circunstancias» entendía que ya no se iba a utilizar. El ex secretario general del partido le instó a «desentenderse de eso» y a entregarle ese «sobre» al entonces presidente del PP porque «él sabe lo que tiene que hacer», le dijo.

Bárcenas ha continuado su relato indicado que fue entonces cuando subió al despacho de Rajoy para entregarle esa cantidad y mostrarle las dos últimas hojas de la contabilidad ‘b’ «para que viese como llevábamos ese tema».

Fue entonces cuando el ex jefe del Ejecutivo le preguntó: «‘Pero Luis, cómo podéis llevar esto'», a lo que el ex tesorero le explicó, según su narración, que «era una indicación de Álvaro Lapuerta y que era una garantía» para ellos, «por si alguna vez se ponía en duda una aportación de algún empresario, que nadie pudiera decir que había habido una apropiación indebida por parte de alguien».

Ahí terminó la conversación, ha dicho Bárcenas, al tiempo que ha identificado ese momento con lo que ya contó en su escrito dirigido a Anticorrupción: que Rajoy cogió los papeles, se «giró» y los «destruyó» en una máquina.

SUMARIO DE ‘KITCHEN’

Parte del interrogatorio de su defensa se ha centrado en la ‘operación Kitchen’ y en los escritos de la Fiscalía e informes policiales que constan en el sumario de la causa –en la que se encuentra personado como perjudicado– para, de algún modo, tratar de confirmar que el operativo parapolicial le arrebató toda esta documentación y conseguir así nunca llegara a la justicia.

En este sentido, el ex tesorero del PP ha asegurado que toda la documentación que tenía «más analizada» la guardaba en un «sillón arcón hueco» que se encontraba en el despacho de restauración de su mujer, Rosalía Iglesias, y ha apuntado que en algunas de las grabaciones de las conversaciones de Villarejo se escucha que los audios que Bárcenas tenía en su poder las «tenía» la ‘Kitchen’.

Antes del abogado Gustavo Galán ha sido el turno de la abogada del Estado, Rosa María Seoane, quien ha hecho un breve interrogatorio para incidir en la manipulación de facturas para pagar parte de la obra de la reforma de la sede del PP en la calle Génova de Madrid con dinero de la caja ‘b’ del partido.

En este punto ha señalado que no recuerda cuál fue el orden en que se reformaron las plantas, sólo que la sexta, en la que se encontraba la Tesorería, fue la primera para que sirviera de «modelo» de cómo iban a ir quedando.

Aunque Bárcenas comunicó que sólo iba a contestar a las preguntas del Ministerio Fiscal, de la Abogacía del Estado y de su defensa, el abogado de la acusación popular Observatori Desc, ha querido trasladar dos preguntas a través del tribunal.

Si los documentos que se le exhibieron este lunes son los mismo que se utilizaron como base en la primera época de Gürtel, por la que Bárcenas ya cumple condena; y si «M.Rajoy» –que aparecen en los apuntes manuscritos del ex tesorero del PP– es Mariano Rajoy. El tribunal finalmente no las ha «admitido», ya que «las dos cuestiones están claras y es un poco redundante», ha afirmado el magistrado José Antonio Mora Alarcón.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elevado al Consejo de Ministros de este martes el real decreto para reestructurar su departamento ministerial con el objetivo de mantener al frente del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad a José Antonio Rodríguez, un comisario que se jubila de la Policía Nacional este mes de marzo al cumplir 65 años.

Según explican fuentes de Interior, el real decreto de reestructuración –adelantado por El País– que aprobará el Gobierno este martes también incluye otros cambios como nombrar al jefe de Gabinete del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, nuevo Relator Nacional para la Trata de Seres Humanos, contando con la asistencia técnica del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

El nuevo organigrama del Ministerio del Interior eleva de Subdirección a Dirección General el puesto que ocupa José Antonio Rodríguez, que cumple 65 años en marzo y, por tanto, tiene que jubilarse como comisario de la Policía. Se trata de un cargo en la sala de máquinas de este departamento por la gestión directa sobre cuestiones operativas o de interlocución con las policías autonómicas y locales, así como con las Comunidades Autónomas.

«CADA VEZ MÁS RELEVANTE»

Tras destacar la «profesionalidad y dedicación» de Rodríguez, las citadas fuentes han señalado que la continuidad de José Antonio Rodríguez y el cambio en la estructura interna «se llevaba pensando desde hacía tiempo porque cada vez es más relevante internamente».

Con el nuevo organigrama, de hecho, se faculta a que a partir de ahora puedan encabezar el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad personas que no sean funcionarios, por lo que ya no tendrían que ser miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El que sea promocionado a director general no implica un mayor gasto público, según las citadas fuentes.

En este sentido, destacan que el Gabinete de Coordinación y Estudios vela sobre el buen uso de los fondos reservados por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de otras funciones como la protección de las infraestructuras críticas, la ciberseguridad, el pacto antiterrorista o las relaciones directas con las Direcciones Generales de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como con los consejeros de Interior autonómicos.

«Se ha apostado por dar continuidad al trabajo de José Antonio Rodríguez por su profesionalidad y capacidad de interlocución, algo que se ha demostrado como fundamental en los estados de alarma decretados durante la presente pandemia de Covid», añaden las citadas fuentes.

UNA ELECCIÓN CON CRÍTICAS INTERNAS

La llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior a mediados de 2018 trajo consigo un fuerte malestar en un sector de la Guardia Civil, debido a que, además de algunos ceses, optó por un comisario de la Policía en lugar de un mando del instituto armado para el puesto de jefe del Gabinete de Coordinación y Estudios, encuadrado dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Grande-Marlaska apostó por José Antonio Rodríguez, conocido al algunos círculos policiales con el sobrenombre de ‘Lenin’, un comisario con un pasado vinculado al Sindicato Unificado de Policía (SUP) y también con el PSOE. La mayoría de sindicatos de la Policía respaldaron este nombramiento en 2018, acusando a los críticos dentro de la Guardia Civil de creerse «acreedores vitalicios» de este puesto clave en la coordinación policial.

Uno de los momentos donde su peso se puso de manifiesto fue en 2017, durante el referéndum independentista del 1-O, cuando la Fiscalía propuso a quien ocupaba el cargo siendo Juan Ignacio Zoido (PP) ministro del Interior, el coronel Diego Pérez de los Cobos, para que coordinara el dispositivo que debía impedir esta votación.

José Antonio Rodríguez, por otra parte, forma parte de la treintena de comparecientes citados por la comisión del Congreso de los Diputados que investigará la llamada operación ‘Kitchen’, junto al comisario jubilado José Manuel Villarejo, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy o el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad registraron en 2020 un total de 16.528 denuncias por desaparición de personas, lo que supone un descenso del 37,78 por ciento respecto a las cifras de desaparecidos durante el año 2019. Se trata de la cifra más baja desde 2011 y, según informa el Ministerio del Interior, se ha visto condicionada por la pandemia.

Así lo reflejan los datos del Sistema de Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin Identificar (PDyRH), que señalan además que, de esas 16.528 denuncias, al concluir el año solo permanecían activas 1.349, lo que supone que el 92 por ciento pudieron ser resueltas a lo largo de 2020.

De hecho, el 67 por ciento de ellas fueron esclarecidas durante los catorce primeros días desde la fecha de desaparición.

Estos datos están recogidos en el Informe Anual elaborado por el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) del Ministerio del Interior, difundido este martes con motivo del Día de las personas desaparecidas sin causa aparente, así instaurado por el Congreso de los Diputados en 2010.

Las estadísticas sobre desapariciones en 2020 se han visto condicionadas por la pandemia, ya que el periodo comprendido entre marzo y junio, duración del primer estado de alarma, es en el que menos denuncias registró el Sistema PDyRH en toda la década. Destaca en especial el mes de abril, en el que la reducción de casos fue de un 80 por ciento respecto del mismo mes de 2019.

Este factor explica que las 16.528 denuncias registradas en 2020 sea la menor cifra desde 2011, y un 31 por ciento inferior a la media de casos registrados durante los últimos ocho años (2012-2019).

Durante el pasado año, el desaparecido tipo fue un ciudadano español (el 68 por ciento sobre un total que incluye 107 nacionalidades distintas), que en el 89 por ciento de las ocasiones se ausenta de manera voluntaria según catalogación establecida en el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante Casos de Personas Desaparecidas.

En el 60 por ciento de los casos se trató de un varón de entre 13 y 17 años (el 63,22 por ciento). Este perfil es muy similar al que reflejan las estadísticas de los años precedentes.

4.658 DENUNCIAS ACTIVAS

Desde su creación en junio de 2009, y hasta el 31 de diciembre de 2020, el PDyRH acumula 219.425 denuncias sobre desapariciones, de las que permanecen activas 4.685, lo que supone una reducción del 15 por ciento respecto de la cifra existente a fecha 31 de diciembre de 2019, cuando las activas eran 5.529 denuncias.

Los expertos del CNDES consideran que el 76 por ciento de esas 4.685 denuncias activas corresponde a desapariciones voluntarias, un 21 por ciento son involuntarias y menos de un 3 por ciento corresponden a desapariciones forzadas.

También desde su puesta en funcionamiento, el Sistema PDyRH ha registrado 664 denuncias de ciudadanos de nacionalidad española que han desaparecido fuera del territorio nacional, de las cuales permanecen activos 106 casos. Francia, con un 15 por ciento de los hechos, es el país que acumula más desapariciones de españoles.