Fundación Bancaja ha ampliado sus propuestas de talleres didácticos para escolares con la aplicación de la tecnología de los videojuegos en la dinámica de su programa de mediación cultural. Así, ha diseñado un recorrido virtual e interactivo que, mediante la guía a tiempo real de las monitoras del taller, permite la difusión de sus exposiciones en el entorno escolar.

La iniciativa se ha desarrollado a través de la plataforma Roblox, con lo que Fundación Bancaja se convierte «en una de las primeras entidades del mundo que la utiliza con este fin», ha destacado en un comunicado.

Este taller virtual se suma a los tradicionales talleres didácticos presenciales para escolares vinculados a las exposiciones que Fundación Bancaja ofrece durante el año.

En el contexto actual de restricciones ocasionadas por la pandemia sanitaria de la Covid19, la Fundación Bancaja ofrece a los centros escolares esta nueva opción virtual, para acercar «de manera lúdica y amena el arte y la cultura a los alumnos de primaria, secundaria y último curso de infantil», de forma adaptada a la situación sanitaria.

Durante la actividad, los participantes se conectan desde los ordenadores de sus propios centros escolares a una sesión que cuenta con la guía virtual de las monitoras del taller y en la que los alumnos crean su propio personaje mediante un avatar y se adentran en una exposición virtual.

Durante el recorrido digital, a tiempo real, pueden acercarse a cuadros, localizar objetos escondidos, plantear dudas y descubrir los misterios que encierra el arte. De este modo, a través de la gamificación, se dan a conocer las exposiciones y se combina la experiencia real con la ficción.

«GRAN ACOGIDA»

La experiencia ha tenido una «gran acogida» en los centros escolares, según afirman Laura Borja y Sheila Sánchez, maestras del CEIP Maestro Serrano: «El equipo docente del centro considera muy apropiado que se haya enfocado el taller a partir de una experiencia gamificada, ya que esto supone una propuesta muy atractiva y motivadora para acercar el arte y la cultura al alumnado de primaria».

Las proferoras han explicado que «se consiguió que el alumnado estuviera muy motivado durante toda la actividad y la ambientación creada a modo de juego a partir de las obras del artista se acercaba a sus intereses y despertaba su curiosidad, potenciando el ingenio y el trabajo en equipo entre nuestro alumnado».

Esta modalidad de taller convive con el taller tradicional presencial, que se sigue ofreciendo para aquellos centros que prefieren acercarse al centro cultural.

En este caso, se realiza una visita dialogada por la exposición y un recorrido por la sala a través de una gymkana con reglas, enigmas, pistas y problemas que los participantes tienen que resolver, guiados y acompañados por las monitoras del taller. Se potencian así aspectos como la imaginación, la cooperación y la creatividad.

Durante la actividad no se manipulan materiales y se desarrolla al completo en la sala de exposición, para garantizar las medidas de seguridad e higiene que requiere la situación actual.

Por estos talleres, tanto en su modalidad presencial como virtual, han pasado en los últimos cuatro meses más de 2.500 escolares. La actividad, en sus dos modalidades, es totalmente gratuita y se puede realizar tanto en castellano como en valenciano.

La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes, con 15 votos a favor y 20 en contra, una Proposición No de Ley (PNL) del Partido Popular para conseguir la «igualdad» en el acceso a la vacunación contra la COVID-19 en todos los profesionales sanitarios, ya sean de titularidad pública o privada.

«Les ruego que el sectarismo no les ciegue. Los sanitarios de la sanidad privada se contagian igual que los de la pública», ha denunciado el diputado popular Juan Antonio Callejas Cano, quien ha recordado que el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) hizo público el pasado 10 de febrero un comunicado en el que exigió «igualdad de acceso a la vacunación frente a la COVID-19 de todos los médicos» en el sistema sanitario español.

El diputado de VOX Juan Luis Steegmann se ha mostrado «absolutamente de acuerdo en la necesidad de esta PNL». «El Gobierno está siendo negligente. Ralentizar la vacunación en el ámbito privado es decir que los profesionales son de segundo orden y que sus pacientes también. Esto es una barbaridad, no se atiene a justicia ni a derecho», ha criticado.

En la misma línea, el diputado de Ciudadanos Pablo Cambronero ha calificado esta situación de «materialmente injusta». «Es inaceptable y requiere una mayor labor de vigilancia y coordinación por parte del Ministerio de Sanidad», ha esgrimido.

En contraste, Julio Navalpotro Gómez, del PSOE, ha «negado la mayor». «Desde antes que empezara el proceso de vacunación dijimos que no se harían distinciones entre profesionales del sector público y privado. La Estrategia garantiza el acceso de todos los profesionales, puesto que el riesgo de contagio es el mismo independientemente del ámbito en el que estén. No cabe distinguir sanitarios de uno u otro lado», ha defendido.

El diputado socialista ha reconocido, no obstante, «algunos casos» de desigualdad. «Es cierto que se han producido algunos casos en alguna comunidad autónoma, pero esto no ha sido generalizado ni se ha prolongado en el tiempo. Son las consejerías de Sanidad de las CCAA las encargadas de evitar cualquier discriminación en la vacunación», ha añadido al respecto.

En la misma línea, María Márquez Guerrero, de Unidas Podemos, también ha admitido «algún desajuste temporal en la vacunación», pero ha recordado, igualmente, que es una competencia autonómica: «Si quieren exigírselo a alguien deberían exigírselo a las CCAA, que son las responsables últimas del proceso de vacunación».

Márquez Guerrero ha lamentado el tono de la oposición. «Siguen mintiendo, utilizando cualquier excusa para atacar al Gobierno, generando indefensión e incertidumbre. Les importa menos la salud que su interés político de atacar al Gobierno. Contribuyen a la difusión de la mentira, al más estilo de la ultraderecha», ha remachado.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha anunciado este martes que presentarán una demanda en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la decisión de la Eurocámara de levantarle la inmunidad parlamentaria a él y a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa presencial y telemática en el Parlamento Europeo, acompañado de Comín y Ponsatí, después de que el plenario haya aprobado suspender su inmunidad parlamentaria por 400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones.

«El TJUE es el único que podrá restablecer el severo daño que se ha hecho a la democracia europea al quitar la protección parlamentaria, por razones estrictamente políticas, a tres miembros de este Parlamento Europeo», ha sostenido Puigdemont, que ha concretado que seguramente pedirán cautelares, pese a asumir que normalmente no se admite.

Fuentes europeas han explicado que los afectados por una decisión del Parlamento Europeo tienen un plazo de dos meses y diez días para recurrir tal decisión ante el TJUE.

Tras asegurar que el recurso al TJUE se basará en «las muchas irregularidades» que se han producido, ha explicado que también están pendientes de qué pasará con las cuestiones prejudiciales anunciadas por el juez instructor de la causa, Pablo Llarena, sus posibles efectos y en qué posición quedarán como eurodiputados en caso de que se suspenda la tramitación de los procedimientos ante la justicia belga

«¿Que pasará en este tiempo mientras hay una orden de detención y entrega, aún vigente, en el sistema judicial español?», ha cuestionado el expresidente catalán.

EL CASO DE PONSATÍ

Ponsatí ha defendido que cuentan con una «fuerte base» para el recurso, y ha constatado que su informe fue adoptado en la comisión de Asuntos Jurídicos con un error que indicaba que el Tribunal Supremo le reclamaba por dos presuntos delitos, sedición y malversación de fondos públicos, cuando solo le reclama por el primero.

El documento fue corregido antes de someterse al pleno de la Eurocámara, pero el cambio no pasó de nuevo por el escrutinio de la comisión parlamentaria, lo que, a su juicio, es una «irregularidad grave» que se incluirá en el recurso.

También ha precisado que el juez que lleva su caso en Edimburgo (Escocia) sabe que actualmente reside en Bélgica, por lo que desconoce qué consecuencias puede tener todo ello en sus posibles comparecencias ante un justicia u otra.

Al preguntárseles si les preocupan las prejudiciales de Llarena, Ponsatí ha pedido esperar, pero también ha constatado que meses atrás un juez belga dictaminó que el exconseller Lluís Puig, que reside en Bélgica, no podía ser extraditado a España «porque no tendría un juicio justo, y nadie apeló esta decisión por parte de la Fiscalía, por lo que España ha aceptado este resultado en las cortes belgas».

MENSAJE A ESPAÑA

Para Puigdemont, la votación en el PE evidencia que la solución no pasa por tener que someterse a la justicia española porque «el que un 42% de los eurodiputados no haya secundado esta vía demuestra a España que ésta no es la manera de resolver las cosas».

«Han conseguido levantarnos la inmunidad, pero ¿a qué precio? ¿Qué precio le están haciendo pagar al PE? ¿A la reputación de España? Tienen que preguntarse si vale la pena», ha observado el expresidente catalán, que cree que la justicia española debería acercarse más a la europea.

En su opinión, es «un día triste» para el Parlamento Europeo y, en consecuencia, para la democracia europea, y ha aprovechado para criticar que la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, haya reaccionado asegurando los problemas de Cataluña se resuelven dentro de España.

«Dicen que es un proceso estrictamente judicial, que hay separación de poderes, pero ha quedado acreditado que hay una fuerte estrategia y persecución política», ha recalcado Puigdemont, que ha acusado a las autoridades españoles de esperarse a conocer el resultado de la votación sobre su inmunidad para anunciar la retirada del tercer grado a los presos del 1-O.

En el mismo sentido se ha pronunciado Comín, que considera una «victoria política» y un mensaje a España que un 42% de los eurodiputados hayan votado en contra de retirarles la inmunidad.

Ha subrayado que 80 diputados de los grupos que se mostraron a favor de apoyar el suplicatorio no lo han hecho, y ha replicado a González Laya que la decisión no lanza un mensaje de apoyo al Estado de derecho español, sino que «un 42% de los eurodiputados han dicho a España que no confían en su Justicia».

APOYO DE LA EXTREMA DERECHA

Además, ha acusado a la justicia española de «ir de la mano» de Vox y al PSOE, PP y Cs de coincidir con su estrategia, tras constatar que son los que han impulsado este proceso contra su persona y los que se personaron como acusación particular.

Sobre si se sienten cómodos por haber recibido el apoyo de algunos partidos de extrema derecha, integrados en el grupo Identidad y Democracia, Puigdemont cree que «la ultra derecha más decisiva en este asunto se llama Vox», y ha añadido que gran parte de los votos en contra de levantarles la inmunidad proceden de la ala izquierda del PE.

PODEMOS Y PSOE DIVIDIDOS

También ha calificado de «máxima coherencia» el voto de los eurodiputados de Podemos –que se han opuesto a quitarle la inmunidad– con su discurso de buscar una solución política al conflicto catalán, frente al voto de los del PSOE, que ha optado pro votar levantarles la inmunidad.

«Pedro Sánchez se presentó en las Cortes prometiendo la desjudicialización de la política. Incluso hace poco un candidato a la presidencia de la Generalitat dijo que teníamos que pasar página. Vaya coherencia. La crítica sería a la parte socialista, no a la parte de Podemos», ha zanjado.

La jefa de la delegación del Partido Popular en el Parlamento europeo, Dolors Montserrat, ha criticado este martes a Podemos por el voto de sus eurodiputados en contra de levantar la inmunidad del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, al tiempo que ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a romper con la formación morada si quiere defender el Estado de derecho.

«Si el Gobierno quiere defender el Estado de derecho y la Justicia en España, lo tiene muy fácil: Que empiece por romper con Podemos», ha afirmado Montserrat en una rueda de prensa en Bruselas, tras el anuncio de que el pleno de la Eurocámara daba luz verde a los suplicatorios remitidos por el Tribunal Supremo para juzgar a Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí.

Los informes de la comisión jurídica que avalan la suspensión de la inmunidad han sido adoptados en sesión plenaria con una holgada mayoría de 400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones, en el caso de Puigdemont, y de 404 votos a favor, 247 en contra y 42 abstenciones, en los de Ponsatí y Comín.

La eurodiputada ‘popular’ ha interpretado estos resultados como una «mayoría absoluta reforzada» porque ha contado con la mayoría de apoyos del Partido Popular Europeo, Socialistas y Demócratas, Liberales europeos y parte de los Conservadores y Reformistas.

El resultado, sin embargo, es menos contundente que otros como los dos suplicatorios votados el mismo día para el liberal croata Valter Flego (658 a favor, 26 en contra y 13 abstenciones) y del ‘popular’ portugués Nuno Melo (662 a favor, 21 en contra y 14 abstenciones).

En el caso de los eurodiputados independentistas, los Verdes y la Izquierda europea votaron en contra porque consideran que lo contrario supone judicializar una crisis política que debe buscar las soluciones en el diálogo. Los eurodiputados de Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu son algunos de los eurodiputados que anunciaron su voto en contra.

En este contexto, Monsterrat ha dicho constatar con «profunda preocupación» que el «mejor aliado» de Puigdemont en la Eurocámara sea el vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, que desde esa posición continúe «degradando» las instituciones democráticas españolas.

Con ese voto, ha opinado la eurodiputada del PP, Podemos avala las «falsas ideas» de que en España no hay plena normalidad democrática y ha insistido en su preocupación por que «los socios de Sánchez» ofrezcan una imagen de «radicalizad y extremismo».

«Cada día que pasa y no rompe con Podemos se convierte en cómplice del daño a nuestras instituciones democráticas, a nuestro Estado de derecho y a la imagen de España en toda Europa«, ha remachado.

El socio de Unifica Gonzalo Urquijo ha señalado este martes, ante el tribunal que le juzga por presuntamente haber recibido dinero en ‘b’ como pago de las obras de la sede del PP, que nunca se le ofreció la posibilidad de cobrar parte de la reforma en negro. Además, ha justificado que el baile de cifras entre presupuestos, certificados y facturas por cada una de las plantas se debe a ajustes y necesidades propias de la obra, y que el PP en ocasiones le pagaba con cheques en los que no había fondos.

Urquijo, que ha avisado desde un comienzo que no hablaría sobre asuntos prescritos –por 2006– ha explicado que cuando les adjudican la reforma de la sede del PP de la calle Génova, en 2005, el entonces gerente Luis Bárcenas «era alguien intocable, era como dios, nadie trataba con él y nadie tenía acceso a él». Por eso, ha insistido en que contrariamente a lo que éste declaró el lunes, «no existió» una reunión en la que acordaran que parte del pago de la obra se fuera a abonar en ‘b’.

«Esa reunión no la he tenido nunca, y no se me ha ofrecido eso», ha dicho casi al principio de su declaración, cuando ha insistido en que Bárcenas era muy poco accesible y no estuvo en todos esos años más de una o dos veces. También ha negado tener relación con el tesorero ÁLvaro Lapuerta, de quien ha dicho que se lo presentó en un descansillo el gerente Cristóbal Páez –también imputado– y sólo coincidió esa vez.

Tras un preámbulo en el que el fiscal ha realizado las preguntas de rigor sobre quienes trabajaban en la empresa, Antonio Romeral se ha zambullido en un mar de presupuestos, certificados, recibís y facturas buscando las diferencias entre presupuestos que coincidían en fecha, facturas que reflejaban una bajada con respecto a presupuestos y documentos con el estampado de anulado, todo buscando contradicciones que afloraran esos supuesto pagos en ‘b’.

Pero Urquijo una y otra vez ha vuelto a la máxima de que siempre hay mil correcciones en presupuestos, que a veces se emitían facturas que se anulaban porque no se podían cobrar, y que luego esos ‘debes’ se sumaban en facturas anteriores.

DIFICULTADES PARA EL COBRO

Además, ha querido aclarar que algunos apuntes que aparecen en los documentos que le incautaron en el registro de su empresa eran de 2013, cuando analiza los documentos de ese proyecto para cotejarlo con sus abogados en 2013. «Aclarar que hay tres versiones de papeles, las de El País, las manuscritas, las modificaciones de las manuscritas y las que están por ordenador», ha puntualizado sobre las anotaciones de la ‘contabilidad extracontable’ que llevaba Bárcenas y en las que aparecía su nombre junto a ciertas cantidades de dinero.

Para Urquijo, el Ministerio Público solicita tres años y 10 meses por falsedad documental y contra la Hacienda Pública, por los supuestos pagos en ‘b’. Hoy, Urquijo ha explicado que en la obra del PP tardaba mucho en cobrar, que el partido tenía fechas «muy malas» –enero, febrero y marzo– para pagar y que a veces cuando llevaba una factura por algún anticipo si no le pagaban, «pues anulaba y ya más adelante» lo incluía. «Debe tener 70 u 80 facturas y creo que la mitad se anularon», ha dicho.

Además, ha señalado que el PP era un cliente que «pedía cosas bastante extrañas» como que se firmara recibís por los cheques que le entregaban, o que modificara facturas. Y ha concretado que hasta 2010 el PP siempre le hizo los diferentes abonos por la obra con cheques, y que cada vez que le entregaban uno debía firmar un recibí –es la primera vez que me pasa en la vida»–.

En este sentido, ha afeado al PP que en ocasiones tardara en pagarle, y ha relatado que en 2007 cuando realizaban las obras de la planta segunda tuvo que decirle a Cristóbal Páez que necesitaba que le pagara parte de la obra porque «no era un banco» y por tanto «no iba a financiar la obra».

FACTURÓ POR TODOS LOS SERVICIOS AL PP

Urquijo ha defendido en todo momento que ha facturado todos los servicios que ha realizado su empresa al PP y que todos los descuentos, como un «4 por ciento por pronto pago», se encuentran en el contrato. Así, preguntado por el fiscal sobre una factura de 150 euros en la que se encuentra una anotación que dice «no facturar al PP», ha explicado que no cobró esta cantidad de un «arreglo» porque entendía que tras facturar una obra de más de un millón de euros eso podía «cabrear».

En este sentido, ha enfatizado que desde que se creó la empresa siempre ha habido «transparencia» y que siempre se ha «imputado un gasto cuando se tiene certificación final». «No ha habido ningún cambio de criterio desde la constitución de la compañía, se suban o se bajen los impuestos», ha dicho al mismo tiempo que ha ironizado que no tiene sentido querer dejar de pagar impuestos por «4.000 euros» teniendo en cuenta el nivel de facturación anual de Unifica.

El fiscal Romeral también ha revisado numerosos correos electrónicos del acusado y le ha preguntado por expresiones literales como «dinero tipo b» o la entrega de «sobres» a sus empleados. Urquijo ha negado que estuviera haciendo alusión a una posible contabilidad paralela de la empresa, pues, según ha señalado, era una forma «mal expresada» de hablar del «dinero de caja» o de referirse a las participaciones de Lotería de navidad que se daban a los trabajadores en unos sobres.

La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha defendido este martes que sea un diputado de los comunes o de Cs quien ocupe la cuarta secretaría del Parlament, en lugar de la CUP, porque «es un partido antisistema que quiere desestabilizarlo todo».

En rueda de prensa en el Parlament, ha señalado que comuns y Cs deben buscar alianzas para evitar que una de las secretarías de la Cámara sea para la CUP: «Si hace falta ayudaremos a que se conforme una alternativa, pero no es un tema que nos toque liderar», y ha recordado que quieren que el socialista Ferran Pedret ocupe una de las secretarías, algo que dice que tienen casi asegurado.

Ha destacado la importancia de que esta cuarta secretaría no sea para un partido independentista, aunque éstos previsiblemente tendrán mayoría en la Mesa, y ha subrayado que pese a la mayoría independentista de la pasada legislatura, el presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, «a veces se apoyó en Cs y el PSC para no tomar algunas decisiones».

Ha recordado que los socialistas proponen que presida el Parlament la viceprimera secretaria del partido, Eva Granados, algo que ve posible si finalmente no hay un acuerdo entre los partidos independentistas, que tienen mayoría en la Cámara: «Jugamos hasta el último minuto, hasta el pitido final del partido».

Romero lo ha dicho tras un encuentro de su grupo parlamentario mientras ERC, Junts y la CUP se han reunido por primera vez de forma conjunta para avanzar en las negociaciones sobre la composición de la Mesa y su presidente, que se votará este viernes en el pleno de constitución de la Cámara.

PAPEL DE VOX

Sobre las reuniones para «cerrar el paso a la extrema derecha» en el Parlament, Romero ha explicado que están trabajando en un documento, y ha lamentado que algunos grupos parlamentarios no hayan participado de los encuentros celebrados con este objetivo –la semana pasada acudieron el PSC, ERC, Junts, CUP y comuns–.

Sobre si Vox podría obtener esta cuarta secretaría de la Mesa, ha replicado: «Con 11 votos no se consigue una secretaría», por lo que el grupo parlamentario debería tejer alianzas para lograrlo, ha resaltado la socialista.

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Antonio Espín, ha lamentado que el Partido Popular «siga buscando a la extrema derecha como aliada para recortar los derechos de la comunidad educativa de la Región de Murcia e implantar el veto parental».

Espín ha recordado que este miércoles se debate en el pleno de la Asamblea Regional la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para que no se implante el «veto parental» en los centros educativos de la Región de Murcia, según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

«Ya sabemos que el PP y López Miras han sucumbido ante Vox y han aceptado, de nuevo, su chantaje para implantar el ‘veto parental’ a cambio de apoyar los presupuestos de 2021», según Espín, quien ha criticado que el Partido Popular «ha vuelto a usar la educación y los derechos nuestros niños y jóvenes como moneda de cambio para sus intereses partidistas».

«Ahora nos falta saber qué va a hacer su socio de gobierno, que tendrá que decidir si apoya o no a la extrema derecha y al PP en su intento de recortar libertades y derechos a nuestros menores», ha señalado.

«La censura educativa que ellos proponen da la posibilidad a las familias de vetar contenidos de todo tipo, entre los que ocupan un lugar destacado los que tienen que ver con la igualdad y la diversidad afectivo-sexual», ha reprochado.

El diputado socialista ha insistido en que el «veto parental» es un «disparate que, ya el pasado mes de marzo tumbó el TSJ de la Región de Murcia y que rechaza la comunidad educativa, porque ataca a la libertad de cátedra de los docentes, pone en tela de juicio la labor de los centros educativos y cuestiona los valores forjados como sociedad, además de vulnerar el derecho de los estudiantes a recibir una formación plena e integral».

«Los socialistas no vamos a permitir que en las aulas de esta Región sean opcionales valores como el respeto, la tolerancia, el cuidado del medio ambiente o la solidaridad, cuando estos no son una opción en nuestro Estado. Si siguen con estas pretensiones, llegaremos hasta el final», ha indicado.

Además, el diputado socialista ha recordado que la Asamblea Regional aprobó hace menos de dos semanas una moción sobre la educación afectivo-sexual que contrasta totalmente con el veto parental que el PP y la extrema derecha quieren imponer en las aulas de la Región, y que además, incumple de plano la nueva ley de educación y la ley regional LGTBI.

En torno a 500.000 personas han acudido a Cáritas por primera vez o después de mucho tiempo, durante la pandemia de la Covid-19, según un informe de Cáritas Española con datos sobre las acciones desarrolladas desde marzo de 2020 en todo el país.

Según el informe, presentado este martes, una de cada tres personas (33%) de las que han acudido a Cáritas durante este año de pandemia, es nueva o hacía más de un año que no acudía buscando ayuda.

La secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, ha explicado que solo en los primeros meses de la pandemia las demandas de ayuda que recibieron en toda España las Cáritas se incrementaron un 57% y hubo periodos y determinados espacios territoriales en los que muchas Cáritas vieron cómo «se triplicaban las solicitudes de ayuda».

Sobre las denominadas ‘colas del hambre’, desde Cáritas han advertido de que estas no han desaparecido pero han precisado que estas filas de personas esperando una bolsa de comida, «no son un fenómeno nuevo» que haya traído la pandemia.

«Las colas del hambre no son un fenómeno nuevo sino que ha visibilizado a aquellas personas que acuden de manera periódica a diferentes instituciones. La diferencia es que antes de la pandemia no había que hacer cola fuera con 2 metros de distancia», ha precisado el coordinador de Estudios de Cáritas Española, Raúl Flores.

En estos momentos, según ha añadido, «las necesidades de las familias no se han reducido» aunque sí ha puntualizado que hay personas que en lugar de acudir a las instituciones para recoger donaciones en especie, reciben la ayuda a través de tarjetas monedero.

75.000 HOGARES MÁS SIN NINGÚN INGRESO

Según el último Informe del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Española (con datos de febrero), 258.000 personas acompañadas por Cáritas viven en hogares que no cuentan con ningún ingreso económico, 75.000 más que antes del comienzo de esta crisis.

Esto se traduce, según ha precisado el coordinador de Estudios de Cáritas Española, Raúl Flores, en que más de 825.000 personas acompañadas por Cáritas están en situación de pobreza severa (con ingresos inferiores a 370 euros al mes para un hogar unipersonal o a 776 euros para hogares formados por dos adultos y dos niños).

Asimismo, ha señalado que alrededor de 700.000 personas viven en hogares que no pueden hacer frente a los gastos de suministros de su vivienda, es decir, no pueden calentarse adecuadamente o no pueden encender la luz siempre que lo necesitan.

En este contexto de crisis por la Covid-19, Cáritas ha centrado su respuesta en: mantener el apoyo a las familias con las que ya se estaba trabajando; acompañar a las familias que acuden por primera vez, y adaptar la acción de voluntarios y contratados a la nueva situación. «Tuvimos que reinventar los itinerarios de acompañamiento a causa de la pandemia, ha subrayado Natalia Peiro.

APOYO MASIVO

Más allá del compromiso de las personas voluntarias y contratadas durante la pandemia, Peiro ha destacado que la respuesta ha sido posible gracias al «apoyo masivo» que han recibido.

El conjunto de las 70 Cáritas Diocesanas de toda España han recibido el apoyo de 70.666 donantes, cuyas aportaciones han sumado 65 millones de euros. De estos fondos, 34,5 millones de euros provienen de 67.094 donantes particulares y 30,3 millones de un total 3.572 empresas e instituciones. Asimismo, de los 65 millones de recaudación, 6,5 millones han sido donaciones en especie.

Del total de fondos, 41,1 millones de euros se han destinado a ayudas directas, que han permitido a las familias acompañadas cubrir en parte necesidades básicas como la alimentación, la higiene, los gastos de vivienda o de suministros; 991.963 euros a material sanitario y de protección; y 1 millón de euros para la contratación de personal de refuerzo para aquellos proyectos que se han visto desbordados.

Asimismo, 3,3 millones de euros se han dirigido a apoyo a la infancia, para cubrir sus necesidades básicas a las que se han sumado con el confinamiento, la falta de ordenadores, acceso a Internet o de apoyo escolar a distancia; y 2,4 millones de euros para atender las necesidades de la acción internacional.

En cuanto a la «brecha digital», la secretaria general de Cáritas Española ha advertido de que el 52% de las familias acompañadas por la confederación están en una situación de cierto apagón tecnológico; y que más del 60% de hogares en los que hay, al menos, un menor de edad que tuvo dificultades para terminar el curso, son hogares en los que no hay plena conectividad.

DE 7.000 A 11.000 MAYORES ATENDIDOS

Otro de los «dramas» que ha destapado la pandemia, según ha precisado Peiro ha sido la soledad por la imposición del aislamiento físico. En este sentido, Cáritas, ha pasado de acompañar a 7.000 mayores antes de la pandemia (a través de sus centros de día, ayuda a domicilio, etc.) a atender a casi 11.000 en estos momentos. Asimismo, la organización ha creado 13 nuevos centros y más de 1.400 nuevas plazas para personas sin hogar.

En cuanto al número de voluntarios, durante la pandemia se ha producido una «reducción significativa» de hasta un 63% ya que una parte importante tiene más de 65 años, uno de los grupos de riesgo. Si bien, al mismo tiempo más de 6.000 personas se han incorporado al voluntariado de Cáritas.

El presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, ha mostrado su «agradecimiento» a los voluntarios y trabajadores, a los donantes, a las parroquias y al conjunto de la sociedad, aunque ha advertido de que «esto no ha llegado a su fin» y, en cuanto a la vacunación, ha reclamado que esta llegue a todos los lugares del mundo.

Desde Cáritas también han manifestado su sentimiento de «profunda tristeza y desconsuelo por la pérdida de vidas humanas» por la Covid-19 y se han mostrado asimismo afligidos por la «devastadora crisis económica y social». Cáritas estima que se va a incrementar la pobreza y exclusión social por la pandemia.

«En los últimos doce meses hemos tenido sentimientos encontrados, frustración por los efectos de la pandemia y emoción y gratitud por todas las muestras de solidaridad. Hemos reaccionado demostrando capacidad de adaptarnos de manera rápida y eficiente, y ahora seguimos necesitando ayuda de todos porque siguen existiendo necesidades», ha zanjado Natalia Peiro.

La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes, con 15 votos a favor y 19 en contra, una Proposición no de Ley (PNL) para el reconocimiento de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias Sanitarias.

En su intervención, la proponente de la PNL, la diputada de VOX Mercedes Jara Moreno, ha lamentado la «absoluta desidia y desprecio mostrado por la administración» a estos profesionales. El ex ministro de Sanidad Salvador Illa avanzó en mayo del año pasado en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados que a finales de 2020 se aprobaría el Real Decreto que iba a regular esta formación. Sin embargo, el Gobierno no ha avanzado nada al respecto.

«La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto la gran importancia de los servicios de urgencia que ofrecen los hospitales españoles. Es evidente que existe una necesidad de dotación de medios tanto humanos como técnicos, que debe ser solventada lo antes posible. Debemos, por tanto, atender a las reclamaciones que nuestros doctores de urgencias y emergencias sanitarias llevan manifestando desde hace mucho tiempo, reconociendo su especialidad», ha resaltado la diputada.

Según la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), la atención sanitaria urgente en España supone un volumen importante en el conjunto de prestaciones que el Sistema Sanitario pone a disposición del ciudadano. En el año 2018, realizó casi 28 millones de consultas en los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH), y varios millones más de asistencias llevadas a cabo por los Sistemas de Emergencias Médicas (SEM).

Jara Moreno ha recordado que a nivel mundial esta especialidad es aceptada y existe en 22 países de la Unión Europea, teniendo reconocida su propia sección en la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS). En España existe la especialidad en el ámbito militar desde el año 2016, «siendo aún más incongruente su no existencia en el ámbito civil», ha comentado.

Así, ha exigido «adoptar todas las medidas necesarias para que estos servicios tengan sus propios internos, reciban una formación específica y obtengan complementos salariales correspondientes a su esencial especialidad». De la misma forma, ha instado a «adoptar las medidas oportunas para posibilitar el acceso al nuevo título de los profesionales que hubieran prestado servicios en el ámbito de la nueva especialidad y cumplan los requisitos que reglamentariamente se establezcan».

La diputada popular Elvira Velasco espera que el anuncio de Illa «no fuera un brindis al sol». «Queremos que se desarrolle ya el Real Decreto que regule la especialidad y que se desarrolle la especialidad de Enfermería de Urgencias y Emergencias Sanitarias. Se daría respuesta a una demanda planteada por miles de profesionales sanitarios en aras de buscar una homogeneización en su formación y con su consiguiente carrera profesional», ha destacado.

En cambio, la diputada socialista Carmen Andrés Añón ha rechazado la PNL de VOX porque «va tarde». «La iniciativa ya está impulsada por el propio Gobierno. Esta PNL no aporta nada a las previsiones del ordenamiento jurídico y plantea un conflicto de competencias con las comunidades autónomas. Van tarde y mal», ha esgrimido.

La diputada de Unidas Podemos María Márquez Guerrero ha rechazado la creación de esta especialidad porque «generaría fragmentación de la asistencia y mayor rigidez en la asistencia sanitaria». «Debe ser reconocida como área de capacitación especializada, facilitando un modelo más flexible«, ha reclamado, al igual que ya pidieron, por ejemplo, las sociedades españolas de Medicina Interna (SEMI), Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y Médicos Generales y de Familia (SEMG).

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha quitado importancia este martes a la amenaza lanzada por ERC sobre la posibilidad de retirar su apoyo al Gobierno si sigue felicitándose de la retirada de la inmunidad parlamentaria al expresidente catalán Carles Puigdemont y ha enmarcado esta advertencia en las negociaciones que ERC tiene abiertas con Junts para gobernar juntos en Cataluña.

En la rueda de prensa que ha ofrecido en la Cámara Baja tras la Junta de Portavoces, Lastra no ha ocultado su «sorpresa» por las palabras del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, con quien ha dicho que se pondrá en contacto, pese a que ha reiterado en varias ocasiones que la relación entre ambos grupos parlamentarios es buena y también entre los republicanos y el Gobierno.

«ERC está negociando un gobierno con Junts y eso, a veces, puede derivar en declaraciones altisonantes», ha replicado Lastra ante el aviso de Rufián, quien ha dicho, textualmente que si los socialistas siguen congratulándose de la decisión del Parlamento Europeo «acabarán celebrando en sus casas, y no en Moncloa».

13 ESCAÑOS DE ERC FRENTE A 4 DE JUNTS

«La relación con ERC es buena, pero redoblaremos esfuerzos con nuestros socios de investidura para seguir asegurando la aprobación de nuestras iniciativas», ha comentado Lastra, quien en, en cualquier caso, ha dejado claro que no teme que ERC se deje arrastrar por Junts en el Congreso.

Y es que, según ha destacado, ERC es «una fuerza política histórica, madura, con las cosas bastante claras» y, sobre todo, tiene 13 escaños en la Carrera de San Jerónimo, frente a los cuatro de Junts. «Son lo suficientemente independientes como para tomar sus propias decisiones», ha apostillado Lastra.

A la portavoz socialista se le ha preguntado también por unas declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, para quien Podemos «tiene cargo» en el Gobierno, pero «realmente es carga» y quien realmente «quien tira del carro» del Gobierno de coalición es el presidente, Pedro Sánchez.

PARTIDOS DISTINTOS, PERO RESPETUOSOS

«Pedro es el líder del Gobierno de coalición y luego lo que tenemos son socios de gobierno y socios parlamentarios», ha respondido Lastra, incidiendo en que Sánchez «lidera la política de este país» y el PSOE «es el partido de la centralidad».

Eso sí, la número dos de los socialistas ha subrayado que Podemos es «una fuerza leal» a la que ella siempre ha tratado «con respeto» y lo seguirá haciendo, pese a que tengan «diferencias» con los morados por ser partidos con «trayectorias y fuerzas distintas».

La Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga, integrada por una veintena de organizaciones, ha alertado este martes sobre «las graves consecuencias que el colapso en los trámites de Extranjería está teniendo para las personas migrantes, extremando su vulnerabilidad», por lo que ha urgido al Gobierno a adoptar medidas para agilizarlos.

«El número de citas que el Ministerio del Interior pone a disposición de los ciudadanos ha disminuido de forma drástica, produciendo una situación de colapso y retrasos en la tramitación de una serie de procedimientos administrativos ante las oficinas de la Policía Nacional que son esenciales para los ciudadanos migrantes», han advertido.

Así se lo ha informado la plataforma a través de unas cartas dirigidas tanto al Ministerio del Interior, como al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maetzu, y al Defensor del Pueblo Español, Francisco Fernández.

La entidades urgen a que «se adopten medidas con respecto al reducido número de citas disponibles para el trámite de solicitud de Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), que está dando lugar a retrasos en la identificación de las personas migrantes», han indicado en un comunicado.

Esto «genera desconfianza y desconocimiento en las empresas y personas empleadoras, que suelen negarse a emplear a las personas que no disponen de un documento de identidad». Según la Plataforma, estos retrasos «colocan a las personas migrantes en una situación de extrema vulnerabilidad ante la imposibilidad de acceder a un empleo durante meses, a pesar de ser titulares de una autorización de residencia y trabajo».

Del mismo modo, «la imposibilidad de acceder a este trámite con celeridad imposibilita el acceso a un contrato de cuenta bancaria, esencial para poder acceder al cobro tanto de nóminas como de prestaciones sociales», han manifestado desde la plataforma.

«El transcurso de meses desde la notificación de la resolución que concede la autorización para residir hasta la expedición de la TIE, tiene además como consecuencia su caducidad a los pocos meses de su expedición y entrega a la persona migrante», han indicado las entidades agrupadas.

Asimismo, han alertado de que «le expone nuevamente a una situación de falta de identificación vigente, sometiéndola a una burocracia imposible de forma reiterada y a la imposibilidad de acceder a puestos de trabajo».

El colapso también afecta a las personas solicitantes de protección internacional que se enfrentan a la ausencia de fechas disponibles para formalizar la solicitud de asilo desde el inicio de la emergencia sanitaria», han incidido, apuntando que eso «implica que personas acreedoras de protección internacional se quedan expuestas a la posible incoación de expedientes de expulsión o a la ejecución de la devolución previamente incoada.

Asimismo, la imposibilidad de formular la solicitud de asilo o de disponer del documento inicial de ‘manifestación de voluntad’ «imposibilita el acceso a los mecanismos de acogida y prestaciones socioeconómicas que prevé la Directiva de Acogida 1», han agregado.

La plataforma ha subrayado que «la problemática se agrava en el caso del acceso a cita previa para la renovación de la llamada ‘tarjeta roja’, de modo que en la práctica están transcurriendo meses sin que se pongan a disposición de las personas solicitantes de asilo fechas para dicho trámite».

«Toda esta situación tiene como consecuencia que miles de personas están viendo caducado el documento que les identifica para residir y trabajar, con la consecuente pérdida del empleo, así como la imposibilidad de acceder a ningún otro puesto», ha manifestado.

Al mismo tiempo, esto lleva «a la pérdida de ingresos para su subsistencia y la de sus familiares, a la vez que paraliza el proceso de integración, con consecuencias nefastas para la sociedad española», han enfatizado las ONG.

Por otro lado, «la falta de acceso a citas previas para el trámite que certifica la situación de una persona extranjera como residente o no residente en España, cuya tramitación compete a las comisarías de Policía Nacional, hace imposible que muchas personas y unidades familiares puedan acceder a la solicitud y recepción de prestaciones no contributivas, por ser éste documento uno de los elementos de prueba exigidos por las administraciones públicas competentes».

Según alertan las organizaciones, «tal ausencia de citas y la consecuente imposibilidad de obtener dicha certificación está exponiendo a cientos de familias a una situación de vulnerabilidad extrema, al no poder acceder siquiera a tales prestaciones».

Este miércoles, 10 de marzo, se cumplirán 14 años desde que desapareciera el pequeño Yéremi Vargas, que tenía 7 años cuando se le perdió la pista mientras jugaba en un descampado cerca de la vivienda familiar en Vecindario, en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria). Ahora su familia tiene puesta su esperanza en la reapertura del caso.

La madre de Yéremi, Ithaisa Suárez ha asegurado que están «a punto» de poder reabrir el caso porque tienen nuevos documentos que entienden posibilitarían su reapertura judicial. En este sentido, ha indicado que con la pandemia se retrasó todo aunque ha admitido que «casi» les benefició para recabar mayor información.

Ithaisa se muestra esperanzada en que «esta vez sí» puedan avanzar en el caso de su hijo porque considera que lo que ahora tienen es «más sólido».

Asimismo, ha señalado que los agentes de la Guardia Civil que han llevado a cabo el procedimiento de investigación «siempre» han estado con la familia y mantienen la amistad, si bien ha matizado que actualmente ellos se encuentran en un punto en el que no pueden trabajar porque el caso está cerrado.

LAS HIPÓTESIS TRABAJADAS HASTA EL MOMENTO

La investigación, que no ha cesado en todos estos años aunque el caso actualmente está cerrado, dio un nuevo giro cuando la Guardia Civil anunció el 3 de marzo de 2012 que tenía nuevos datos sobre un vehículo y ropa del menor, pidiendo la colaboración ciudadana esperando que estos contribuyeran a mantener vivo el caso a partir de algún detalle proporcionado por los vecinos.

Así, en el año 2012, la Benemérita trabajó sobre varias hipótesis, tales como venganza familiar, tráfico de seres humanos, pederastia o tráfico de órganos. Por ello, investigaron a 195 personas acusadas de pederastia, menores de 65 años y con delitos a niños menores de quince años, a 15 presos acusados por estos mismos delitos y a varias personas de la isla vinculadas a este tipo de delitos.

De este modo, el 1 de junio de 2016 la Guardia Civil localizó a un sospechoso de la desaparición y homicidio de Yéremi, se trataba de Antonio Ojeda ‘El Rubio’, que se encontraba en prisión en Algeciras (Cádiz) desde 2015 por abusar sexualmente de otro menor. A finales de ese mes, el sospechoso fue trasladado hasta la cárcel de Juan Grande, al sur de Gran Canaria, compareciendo ante el juez el día 13 de julio, aunque se negó a declarar y a ofrecer muestras de ADN.

Posteriormente, durante el mes de septiembre de 2016 un compañero de celda de ‘El Rubio’ dijo que le había contado cómo un vecino acabó con la vida del menor y quemó su cuerpo, algo que el acusado niega; mientras que a finales de 2016, Antonio Ojeda fue condenado a cinco años de prisión por una agresión a otro menor que jugaba en una calle de El Doctoral en el año 2012, saliendo de la cárcel por ello el 9 de marzo de 2020, hace ahora un año.

En ese momento, otro compañero de prisión contó que tras conocer esta sentencia, se hundió y dijo que el caso de Yéremi «se le había ido de las manos» y que tuvo que «desaparecerlo».

Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana, que se ocupaba del caso desde el día de la desaparición del pequeño, finalmente consideró que no existían pruebas ni indicios sólidos que incriminasen a ‘El Rubio’ en el caso de Yéremi, archivando las diligencias abiertas contra él, decisión que fue ratificada en marzo de 2018 por la Audiencia de Las Palmas.

El director general de Protección Civil y Emergencias, Leonardo Marcos, ha avanzado que se va a llevar a cabo un cambio legislativo que pretende impulsar que entidades, empresas y ciudadanos aseguren de forma preventiva mecanismos de autoprotección cuyo incumplimiento podría conllevar sanciones, e incluso espera incorporar medidas para «organizar a los vecinos» para que colaboren «de manera natural».

Marcos ha señalado, que el departamento prevé unificar la diferente normativa en materia de Protección Civil y Emergencias y reforzar los mecanismos de autoprotección de población que la borrasca ‘Filomena’ ha «demostrado que tiene mucho campo de mejora» y son la «gran asignatura pendiente».

El director general ha recordado que ‘Filomena’ dejó aisladas durante varios días infraestructuras críticas como hospitales, instalaciones agrícolas y ganaderas y es en ese ámbito en el que observa un «espacio grande» para que cada entidad, empresa o ciudadano adopte con carácter preventivo «las medidas que sean necesarias para garantizar su funcionamiento en un episodio como este», a pesar de que «Madrid no es Toronto».

NO DESCARTA SANCIONES

Además, ha precisado que reformar la norma básica de autoprotección es uno de sus «compromisos» para este ejercicio y que podría incluir sanciones, por ejemplo para quienes no adopten, tras un adecuado nivel de aviso a la población, las pertinentes medidas de prevención.

No obstante, admite que el objetivo no es recaudatorio sino promover la «vía del conocimiento» para evitar riesgos. Marcos ha indicado que la planificación pública en materia de Protección Civil está realizada en un 90 por ciento y que en la actualidad existen «más de 1.800 planes activos» de prevención en toda España.

«REFUNDIR NORMATIVA»

Marcos ha anunciado también la intención del Ejecutivo de «refundir» las normas básicas que regulan la Protección Civil este año para lograr una «ley moderna». Así, ha precisado que el Gobierno ya está «trabajando» en ello con la intención de relanzar de forma «muy intensa» los servicios de Protección Civil.

«Lejos de las polémicas hasta saludables que se generan en cada emergencia», el director general ha destacado el amplio consenso en esta materia con todas las comunidades autónomas y en ese sentido ha puesto de ejemplo al Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM) que recibió el apoyo de todas las comunidades autónomas menos Cataluña y que se estrenó con ‘Filomena’.

Otra de las novedades formales del departamento es la voluntad de que «a final de año» se pueda dar cumplimiento a otro aspecto de la ley del sistema de Protección Civil, de 2015, que obliga a elevar al Senado un informe anual de funcionamiento del sistema. Será, según ha precisado, una Memoria que ya están elaborando con las comunidades autónomas pero cuya intención es que no sea un mero documento compilatorio sino un instrumento «operativo».

CONOCER EL COSTE TOTAL DE LAS EMERGENCIAS

Del mismo modo, Marcos considera necesario solventar otra «carencia» que es el actual desconocimiento del coste total de las catástrofes en España. «Necesitamos poner cifra a las emergencias y saber lo que como sociedad tenemos que gastar todos los años en accidentes, emergencias y catástrofes para saber si las políticas son adecuadas o no», explica el director general, que indica que su departamento está realizando un estudio en colaboración con Fundación Aeon.

«Desgraciadamente todos los datos que tenemos desde hace ya bastante tiempo apunta a que los fenómenos meteorológicos extremos van a ser cada vez más frecuentes y, además, están ocurriendo cada vez con más frecuencia fuera de su periodo natural», lamenta Marcos, que recuerda que el pasado verano hubo al mismo tiempo incendios e inundaciones.

SISTEMA DE AVISOS A LA POBLACIÓN

De cara a reforzar la eficacia de los servicios de emergencia, el director general ha anunciado también de que este mismo mes de marzo van a iniciar en pruebas el sistema ‘AML’ que es un mecanismo de localización móvil avanzada que permitirá que cuando un ciudadano llame al 112 para pedir ayuda, el propio sistema operativo del teléfono lanzará un mensaje con la localización exacta esa persona y un margen de error de 4 metros. «Esto facilitará los rescates y los accidentes y permitirá optimizar los recursos públicos de emergencias», confía.

Si bien, señala que aunque estará en prueba este mismo mes de marzo los ciudadanos no lo va a notar pero sí los servicios de emergencia, que recibirán el mensaje.

Asimismo, a lo largo de este mismo año se pondrá en marcha también el ‘Sistema de avisos Públicos’ (PWS, por sus siglas en inglés), mediante el cual los centros de emergencia o el 112 emitirán avisos a la población. Así, todo ciudadano que se encuentre en una zona previamente determinada que tenga un cierto nivel de emergencia recibirá directamente un aviso en su móvil. «No hay que estar inscrito ni bajarse ninguna aplicación», aclara.

Con ello, asegura que España cumplirá de forma anticipada la Directiva de avisos en emergencias que tiene que estar en marcha en todos los países de la UE antes de mitad de 2022, aunque la trasposición de la normativa está aún en elaboración.

Por otro lado, ha indicado que a lo largo del año también pondrá en marcha un sistema de interconexión de los centros de emergencias 112 de tal forma que todos estén conectados en situaciones de emergencia en cualquier circunstancia porque el sistema «no puede permitirse un corte de comunicaciones por cualquier causa, desde una nevada a una tormenta solar».

En esa línea, ha agregado que «en 9 o 10 meses» se contará con la Red de Alerta Nacional –que estaba prevista en la ley de 2015– y que será una «gran base de datos» para los gestores de emergencia. Hasta entonces, en las próximas semanas, «entre marzo y abril» se constituirá un Comité Especial Específico para la Movilización Internacional de capacidades del sistema para dar una respuesta inmediata a las peticiones de ayuda internacionales y del que formará parte el Departamento de Seguridad Nacional que depende de Presidencia.

La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) ‘Juan González’ ha criticado este martes que el ‘pin parental’ «vuelva a planear sobre las aulas de la Región», y ha asegurado que la educación «vuelve» así «a convertiste en moneda de cambio político», informaron fuentes de la organización en un comunicado.

«El debate educativo no está centrado en los verdaderos problemas que afectan a las familias y los menores, se está desviando la atención a los aspectos que interesan a la extrema derecha y no a lo que verdaderamente importa», ha dicho la FAPA.

La Federación ha mencionado entre esos problemas «la situación de desigualdad educativa y de oportunidades que la semipresencialidad ha generado», sumado a otros que «ya venía arrastrando la educación en una región en la que la tasa de abandono escolar se acerca al 20 por ciento».

En este sentido, ha apuntado que 19 de cada 100 adolescentes «abandonarán sin haber finalizado la educación obligatoria, hay alumnos de Infantil y Primaria que se quedan solos en casa o no tienen acceso a Internet los días que no asisten a clase, los centros educativos están precarizados y sin recursos, el amianto continúa en los techados de 130 centros escolares, la semipresencilidad ha impuesto un co-pago para poder conciliar y tenemos locales de apuestas a 50 metros o menos de los institutos».

A juicio de la FAPA, «el foco está puesto en la mal llamada libertad de los padres a elegir qué contenidos y de qué forma se dan a los hijos, pasando por encima de las leyes y decretos educativos, sin tener en cuenta el principio fundamental en la que se basa cualquier actuación de los poderes públicos que es ‘el bien superior del menor'».

En su opinión, «el veto parental» afectará a «todos los temas transversales que se trabajan en los centros y que además están incluidos en el currículo», como «compañerismo, acoso, medio ambiente, promoción de la lectura, prevención de adicciones y ludopatía, ocio saludable, interculturalidad, prevención del racismo, educación sexual y afectiva, deporte, naturaleza, ciencia y tecnología, humor, cultura y tantas otras cosas que les preparan para afrontar la vida con espíritu crítico.

«No se puede hacer una educación a la carta, con la educación no se negocia», ha concluido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que, a su criterio, el centro derecha está trabajando «vivamente para mantener» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «en La Moncloa».

«Unos le damos estabilidad institucional, otros manga ancha para no tener ni siquiera que comparecer en los parlamentos y otros la manutención a través de los fondos europeos», ha señalado en su intervención al recibir el galardón Sociedad Civil 2020 de la Fundación Civismo, en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

Por otra parte, Ayuso ha considerado que «el presunto modelo social de quien gobierna en La Moncloa» ha llevado a España «a la mayor tasa de paro de Europa y a los peores datos económicos del mundo desarrollado».

«El Gobierno de España ha legislado para asumir poderes extraordinarios y evitar el control parlamentario durante meses. Ha aprobado sin consenso leyes eugenésicas, ha suprimido el español como lengua vehicular, ha acabado con la libertad educativa y en un solo año ostenta el récord de decretos leyes aprobados en democracia», ha expuesto.

Para Ayuso, el país está atravesando «horas muy graves», quizás «el momento político más delicado desde la Transición». Considera que Sánchez «ha erradicado cualquier resto del viejo socialismo, que fue protagonista y fundador del actual sistema constitucional, ha roto el consenso y ha puesto en marcha una forma distinta de hacer política y de utilizar el poder nunca vista».

«El proceso de radicalización iniciado con Zapatero ha llevado al PSOE a compartir gobierno con una formación abiertamente guerracivislista y cuyo objetivo declarado es derribar el 78», ha lanzado. Según ha indicado, el objetivo declarado para una parte del Gobierno y de sus socios es «la extinción de la monarquía parlamentaria, el control de la Justicia y el fin del actual modelo territorial».

DEFENSA DE LA «LIBERTAD» DE MADRID

Durante el acto de entrega del premio, en el que han estado presentes la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre y consejeros del Gobierno regional, el presidente de la Fundación Civismo, Julio Pomés, ha sostenido que Ayuso es «una auténtica heroína por su defensa de la libertad de Madrid, que a su vez es la defensa de la libertad de España».

El secretario, Francisco Cabrillo, ha incidido en que este galardón reconoce a la persona o institución «que más se ha distinguido en fomentar los valores que fortalecen la libertad de las personas, una economía libre y la promoción de la sociedad civil.

«En unos momentos difíciles para el país en los que los principios básicos de la libertad de empresa o de la educación se ven amenazados, en los que el Gobierno nacional promueve políticas dirigidas a incrementar el gasto público y el esfuerzo fiscal que soportamos los españoles, la Comunidad de Madrid se ha convertido en la región que mejor defienden los principios que desde su creación han inspirado a la Fundación Civismo», ha declarado.

Según ha expuesto, la presidenta los ha asumido «como propios» y ha mostrado un «valor cívismo encomiable a luchar por una sociedad en la que las personas y las empresas puedan trabajar sin que las subidas de impuestos amenacen su bienestar, en la que los padres puedan elegir la escuela a la que van sus hijos y en la que se respeten las competencias de las comunidades a la hora de diseñar sus propias políticas públicas. Para Cabrillo, Ayuso ha convertido a la Comunidad «en un inestimable reducto de libertad».

Por su parte, Miguel Ángel Bellos, quien recibió el mismo premio en 2019, ha destacado la apuesta «inexorable» de la presidenta por la libertad de sus gobernados. A su parecer, «hoy día constituye una proeza que una dirigente política al frente de un gobierno declare que lo que más desea es que los ciudadanos sean libres y responsables de sus actos en vez de súbditos y temerosos del poder público».

Además, ha destacado su «soltura y desparpajo» con los que al aplicar las políticas que ha pensado que podían tener más beneficio social se ha separado de «los mantras del momento».