La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo(AECID) ha enviado este martes un cargamento de ayuda humanitaria a petición del Gobierno de Guinea Ecuatorial para atender las necesidades ocasionadas por las explosiones registradas el domingo en la ciudad de Bata, en las que fallecieron casi un centenar de personas.

El cargamento está compuesto principalmente por medicamentos y material sanitario y valorado por unos 60.000 euros. El Gobierno solo tendrá que pagar el 25 por ciento de esta cantidad, ya que el envío se realizará a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, que sufragará el 75 por ciento restante, según han informado fuentes de AECID.

La ayuda llegará el miércoles a Bata, capital económica del país, donde el Consulado español y la responsable de la oficina de AECID lo entregarán al Ministerio de Sanidad ecuatoguineano. Su finalidad será respaldar la atención a las personas afectadas y, en especial, a las que están siendo atendidas en los hospitales de Bata, la ciudad más poblada del país.

En la salida de la ayuda desde la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, han estado presentes la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau, y el director de la AECID,Magdy Martínez Solimán, así como el embajador de Guinea Ecuatorial en España, Miguel Edjang Angue.

Moreno ha indicado que el Gobierno «está comprometido con la población de Guinea Ecuatorial y en concreto con la que ha sufrido las consecuencias de la explosión en Bata». Por ello, ha añadido, «hemos querido responder cuanto antes al llamamiento de emergencia de las autoridades ecuatoguineanas».

Por su parte, el embajador ecuatoguineano ha agradecido la ayuda española, resaltando que es «símbolo de la buena relación de los dos estados» y el compromiso de España para con la población de Bata.

Según el último balance oficial, al menos 98 personas murieron y más de 600 resultaron heridas en las explosiones ocurridas en el Cuartel de Intervención Rápida de Nkuantoma de la citada ciudad.

El presidente del país, Teodoro Obiang Nguema, ha atribuido lo ocurrido a la «imprudencia» y la «ignorancia» y la «malicia de los que conocían la peligrosidad» de la dinamita a la que atribuye las explosiones.

«La dinamita normalmente, en otras partes, se guarda muy lejos de la población. Incluso se guarda debajo de la tierra (…). Por eso hemos sufrido esa devastación y prácticamente nos está costando un gasto económico, material y una inseguridad humana», zanjó.

El secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo, ha exigido este martes al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, que «pida la dimisión a Javier Arenas como senador por Andalucía» tras las últimas declaraciones del extesorero del PP Luis Bárcenas, que «lo señalan como uno de los perceptores de sobres con dinero negro de la ‘caja B’ del PP nacional», y ha advertido de que, o el líder de los ‘populares’ andaluces «cesa fulminantemente a Arenas, como pide buena parte de su propio partido, o quedará convertido automáticamente en su cómplice».

En una rueda de prensa en la sede del PSOE-A, en Sevilla, Juan Cornejo ha señalado que el presidente de la Junta «tiene que mover ficha y zanjar la corrupción que le rodea, y aquí lo tiene fácil», y ha comentado que, si «calla y otorga», será que «tendrá algo que ocultar en las mordidas, en sobresueldos, en la financiación ilegal del PP, en la ‘caja B’ y en sus ramificaciones que pudiera haber en Andalucía».

El ‘número dos’ del PSOE-A también ha reclamado al presidente andaluz que «deje la calculadora electoral y de mirarse a sí mismo y abra los centros de salud cerrados, tal y como prometió», y ha comentado que «a Moreno Bonilla le preocupan más sus cuentas para unas elecciones de dentro de dos años que lo que están sufriendo los andaluces».

En esa línea, ha denunciado que «Moreno Bonilla no es consciente de que Andalucía tiene un millón de parados, miles de trabajadores en situación de ERTE, miles de negocios y sus familias pasándolo realmente mal».

«Ante este panorama, con total irresponsabilidad y debilidad, lo que se dedica es a ofrecer un pacto a un partido –en alusión a Ciudadanos (Cs)– para ir juntos en las próximas elecciones», según ha criticado el dirigente socialista en referencia a Juanma Moreno.

«RETROCESOS» EN IGUALDAD EN ANDALUCÍA

De igual modo, el secretario de Organización del PSOE-A ha considerado que al presidente de la Junta se le debería «caer la cara de vergüenza» por ser «partícipe de los retrocesos que estamos viviendo en Andalucía en materia de igualdad» y por haber permitido «que los planteamientos machistas que están en la hoja de ruta de la ultraderecha de Vox vuelvan a colarse por las rendijas de la administración pública».

En esta línea, el socialista ha señalado que «Moreno Bonilla y su gobierno son los responsables de que en dos años Andalucía esté dando pasos atrás», y que, «a cambio de mantener sus sillones, están destrozando nuestra educación pública, que es la garantía y el muro de contención más potente que tenemos para frenar el machismo y los ideales retrógrados», según ha aseverado Juan Cornejo.

Ciudadanos ha acusado este martes al Gobierno de «postureo político» por anunciar desde hace dos semanas «a bombo y platillo» un plan de ayudas para las empresas afectadas por la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 para después no aprobarlas.

«Que se deje ya de postureo y que piense que la gente necesita esas ayudas y la economía pueda salir del bache en el que se encuentra», ha implorado su portavoz adjunto Edmundo Bal en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Cámara Baja.

Bal ha recordado que su formación ya defendió un plan concreto para estos negocios en los últimos Presupuestos Generales del Estado de 2021 y que, pese a anunciarlo «haciéndose la foto», el Gobierno sigue «sin concretar cómo deben ser estas ayudas».

En este sentido, ha lamentado que el propio presidente no fuera capaz de responder a la líder de Cs, Inés Arrimadas, sobre el carácter de esta línea de facilidades –-«se dedicó a poner caras y aspavientos», ha censurado–, y ha reiterado la necesidad de que estos recursos se transfieran directamente a las empresas y no sean créditos. «No nos valen las ayudas financieras, nos hacen falta ayudas directas», ha subrayado.

A LA ESPERA DEL PLAN DE AYUDAS DIRECTAS

El Gobierno contemplaba este martes la aprobación de esta línea de ayudas anunciada por Pedro Sánchez hace ya dos semanas, algo que ahora se espera para el viernes en un Consejo de Ministros extraordinario.

Sin embargo, el Ejecutivo aún no ha concretado cómo se gestionarán estos fondos, ni tampoco qué peso tendrán las exigidas ayudas directas para compensar costes fijos y pérdidas de las empresas más afectadas por la crisis provocada por la pandemia y sus restricciones.

Diversas informaciones publicadas en medios apuntan a que, de los 11.000 millones anunciados por Sánchez, 5.000 millones irían a ayudas directas a las empresas, 1.000 millones para la capitalización de sociedades y otros 5.000 millones para reestructuraciones de deuda.

Las exigencias de Unidas Podemos planteadas para ese decreto ley que debe aprobar el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de Nadia Calviño contemplan que, al menos, se dediquen 8.000 millones en ayudas directas, sujetas a condiciones como el mantenimiento del empleo o una tributación por ingresos reales, y no limitarlas a sectores determinados.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado la pena a cuatro condenados por explotar sexualmente a mujeres en un club de alterne entre invernaderos de Vícar (Almería) porque estima que no constituían un grupo criminal, sino que entre ellos había una relación que sería análoga a la de empleador y empleados.

El Alto Tribunal andaluz estima parcialmente el recurso de apelación y les absuelve del delito de pertenencia a organización criminal, pero mantiene el resto de pronunciamientos del fallo de instancia ya que estima acreditado que las mujeres que ejercían la prostitución en el local «lo hacían en condiciones sumamente perjudiciales, muy gravosas y abusivas, todo ello con beneficio económico de los acusados».

La sentencia, hecha pública este martes, condena al propietario del club de alterne a 12 años de prisión y cinco años de multa a razón de ocho euros al día como autor de un delito relativo a la prostitución mientras que a su mujer, quien se encargaba semanalmente de recoger el dinero que debían pagar las víctimas, y en alguna ocasión les daba instrucciones sobre la forma de vestir, le impone en calidad de cómplice la pena de seis años de cárcel y multa de dos años con la misma cuota al día.

Mismas penas como cómplice impone al poseedor de las llaves de todas las habitaciones de las mujeres y del local, mientras que al cuarto acusado, encargado del local cuando se ausentaba el propietario, le condena, además, a tres años de cárcel al imputarle dos delitos de abuso sexual.

El TSJA indica que, analizado el caso, no se trata de «un grupo de personas concertadas para la comisión de múltiples delitos», sino que se trata de una persona que «explota un prostíbulo» con la «colaboración secundaria y subordinada de otras tres» y remarca que no aparecen indicios de otras conductas «frecuentes en el ámbito de la explotación sexual como el intercambio de mujeres prostituidas entre locales, la recogida y transporte de las víctimas o el solapamiento con tráfico de personas o de drogas».

La sentencia recoge que durante el año 2018, en el local estuvieron ejerciendo cuatro mujeres, testigos protegidos, «en condiciones sumamente perjudiciales, muy gravosas y abusivas, todo ello con un beneficio económico para los acusados».

Las cuatro víctimas estaban en situación irregular en España y en una «difícil situación económica», tenían que cumplir con un largo horario desde las 19,00 horas hasta las 07,00 horas, y se alojaban y ejercían la prostitución en una habitación de «reducidas dimensiones, con cuatro colchones colocados sobre bloques de hormigón, uno para cada chica, y separados por medio de telas a modo de cortinas».

«En el lugar había chinches, pulgas e incluso ratones, no tenia agua caliente, carecía de las mínimas condiciones de higiene y salubridad», subraya la sala, que añade que pagaban la cantidad de «diez euros diarios por la cama donde iba a dormir y a trabajar, que debían abonar cinco euros semanales por productos de limpieza, y un euro diario por luz y agua». Además, según precisa, todos los sábados «tenían que abonarle 60 euros».

«Las víctimas no tenían otro medio de vida, ni otro sitio donde ir, estaban indocumentadas, no podían elegir al cliente y si se negaban a realizar algún servicio con un cliente, el propietario les imponía multas», concluye.

La sentencia añade con respecto a uno de los acusados que, en una ocasión, «le tocó los pechos, sin su consentimiento» a una de las víctimas e hizo lo mismo con otra «sin consentimiento» y entrando «sin avisar en las habitaciones en las que se encontraban, bien descansando, bien cambiándose de ropa».

En noviembre de 2018 tuvo lugar la entrada y registro, judicialmente acordada, en el local, donde se identificaron a 20 mujeres y 35 clientes. Nueve de ellas encontraban en situación irregular en España por carecer de tarjeta de residencia o tenerla caducada. Se intervinieron 769,50 euros procedentes de la ilícita actividad desarrollada en el inmueble.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha resuelto 573 recursos contra la liquidación practicada por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en concepto de tarifa de aprovechamiento de aprovechamiento del agua de acueducto Tajo-Segura, tras dictar sentencia en un recurso tramitado con carácter preferente y cuyos efectos se extienden a la multitud de asuntos con idéntico objeto presentados en ese órgano.

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), en representación de diferentes comunidades de regantes, solicitó la revocación de multitud de resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Región de Murcia (TEAR) y la anulación de la liquidación en concepto de «Tarifa de Utilización del Agua», con devolución de las cantidades pagadas por los recurrentes y los intereses correspondientes, según informaron fuentes del TSJMU en un comunicado.

Al estar interponiéndose un gran número de recursos contencioso-administrativos contra resoluciones del TEAR de Murcia relativas a las liquidación de la tarifa del trasvase Tajo-Segura, y dado que estos, hasta un total de 573, tenían idéntico objeto, salvo en lo que se refiere a la cuantía, por auto de 5 de noviembre de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la Sección 2 acordó la tramitación «con carácter preferente» de uno de los recursos interpuestos, suspendiendo la del resto de recursos hasta que se dictara sentencia en este procedimiento, designado como pleito testigo.

En sentencia del pasado mayo, la Sala acordó desestimar el recurso contencioso administrativo número 131/19 interpuesto por el SCRATS en representación de una comunidad de regantes y, en noviembre, la sentencia devino firme, con la inadmisión por el Tribunal Supremo del recurso de casación interpuesto.

Una vez notificada la sentencia a las partes afectadas por la suspensión de los 572 recursos cuya tramitación se había paralizado, estas han optado por desistir del procedimiento, gestionando el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (SCOP) el desistimiento de los asuntos que pendían de resolución.

Los casi 600 decretos dictados por el Letrado de la Administración de Justicia del citado servicio en los últimos días, aceptando el desistimiento interesado, acaban con la tramitación de todos los procedimientos, resueltos con una sola resolución de la Sala.

EL FONDO DEL ASUNTO

Los recurrentes alegaban que con la liquidación se infringía el principio de capacidad económica «puesto que la tarifa establece una base imponible teórica, como es la dotación concesional o comprometida, que es el volumen máximo de asignación establecido para la comunidad de regantes».

Y subrayaban que, a partir de junio de 2017, «la Administración cambia inopinadamente de criterio y altera las liquidaciones que durante estos 37 años venía practicando, al modificar la base correspondiente a los conceptos de coste de amortización de obras y gastos fijos de funcionamiento, que ya no será el volumen efectivo de agua suministrada, sino la dotación máxima teórica que correspondería a cada comunidad de regantes». Decisión que atribuían a que «desde mayo de 2017, un mes antes de las nuevas liquidaciones hasta abril de 2018, no se produjo ningún trasvase, de acuerdo con la situación hidrológica existente y en cumplimiento de las normas de explotación del propio trasvase Tajo-Segura».

La Sala, recogiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, recuerda que la tarifa se descompone en tres conceptos: la amortización del coste de las obras, los gastos fijos de funcionamiento y los gastos variables de funcionamiento y aclara que para calcular la base imponible cada componente se debe aplicar sobre un volumen diferente, concretamente el primero y el segundo sobre la dotación concesional comprometida, mientras que el tercero será sobre el consumo realmente producido. «Y si en el pasado no se ha cumplido el mandato legal, dicha actuación contraria a la ley no puede amparar su perpetuación hacia el futuro».

«Es cierto que, a diferencia de periodos anteriores, en las circunstancias actuales resulta especialmente gravosa la aplicación exacta de lo previsto en la Ley», reconocen los magistrados en la sentencia, «y quizá sería deseable que se adoptaran medidas acordes con las circunstancias propias del momento concreto en el que se ha de aplicar la Ley que mitigaran los duros efectos de la misma en este momento», concluyen.

El portavoz parlamentario de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este martes que «no le gusta» que los políticos vayan a «adoctrinar» a los colegios, aunque sí se ha mostrado a favor de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, hable «lo máximo posible y en el máximo número de foros posibles» porque así «desvela lo que es el feminismo antipático, violento, antihombre y desviado de lo que debe ser la igualdad real».

Así ha respondido el diputado, en rueda de prensa en la Cámara baja, al ser preguntado por su opinión sobre la prohibición de la Comunidad de Madrid a que la Ministra de Igualdad, Irene Montero, acudiera el 8M a dar una charla en un colegio de Madrid.

Espinosa de los Monteros ha explicado que, en general, no le gusta la idea de que los políticos vayan a «adoctrinar» a los colegios. «Pero dicho esto a mi si me gusta que la ministra Montero vaya a todas partes y cuanto más hable mejor», ha indicado. Según ha explicado, de esta forma demuestra que es «la perfección de lo que no debe ser una mujer autodenominada feminista».

A su juicio, la titular de Igualdad es «todo lo contrario» a esas mujeres que «realmente han luchado por conseguir derechos» y que han conseguido «las cosas a través de esfuerzo y mérito». El portavoz de Vox en el Congreso, cree que hay mujeres que están «cansadas» de que la dirigente morada «les dé lecciones de feminidad o de feminismo».

LA «YOKO ONO DE PODEMOS»

«Dicho esto, me parece fenomenal que Irene Montero hable lo máximo posible en el máximo posible de foros, porque cada vez que habla la Yoko Ono de Podemos, se devela lo que es ese feminismo antipático, agresivo, violento, antihombre, desviado de lo que debe ser la igualdad real», ha insistido.

En la rueda de prensa ha sido preguntado también por la aparición de pintadas sobre murales feministas en Madrid, este lunes. Espinosa de los Monteros ha asegurado que las pintadas no les han gustado «nunca» y ha celebrado la «indignación de estos días de la izquierda» con este tema.

El diputado de la formación de Santiago Abascal señala que «por fin» se han «despertado» después de «40 años» promoviendo el grafiti callejero.

Es por ello, que, ahora, les llama a apoyar las medidas de Vox sobre esta materia que piden castigar a aquellos que pintan muros y la vandalización» de este tipo que, a su juicio, «deteriora» los barrios y «afea» las ciudades.

ENFRENTAMIENTO FEMINISTA

Finalmente, Espinosa de los Monteros se ha referido a la jornada del 8M, para señalar que, frente al feminismo «que perseguía nobles objetivos» como el sufragio universal o la independencia económica de las mujeres, que «ha contado con el respaldo de todas las personas razonables en los últimos años», se ha puesto de manifiesto una línea «radical» que enfrenta de una manera «virulenta» y «ofensiva» a mujeres con hombres o a izquierda con derecha.

«Seguimos viendo manifestaciones violentas, con una manera ofensiva de usar la palabra feminista para quien no se denomine de izquierdas», ha criticado.

La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha señalado este martes que la visita de la ministra de Igualdad, Irene Montero, a un colegio en Madrid por el 8M, y que el Ejecutivo autonómico prohibió, no cumplía con los protocolos Covid que le había exigido la Consejería de Educación.

La diputada ‘popular’ ha sido preguntada en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Congreso por este veto a Montero que, según explicó el Ejecutivo regional, se produjo para «evitar adoctrinamiento» por parte de la ministra.

En un principio, Gamarra ha intentado evitar dar su opinión sobre este episodio y ha respondido que lo que le hubiera gustado es que el 8M hubiera llegado con un Ministerio de Igualdad que promueve políticas «que mejoran la vida de las mujeres» o leyes «con la seguridad jurídica necesaria para ser aprobadas».

«El balance de más de un año de la Ministra Montero al frente del Ministerio de Igualdad, más allá de tener con cargo a los fondos públicos que pagamos todos los españoles una niñera para su familia, es cero: cero iniciativas, cero leyes y cero medidas», ha criticado.

LA ACUSA DE TAPAR SUS POLÉMICAS

En este sentido, ha señalado que a la titular de Igualdad «le encanta siempre tapar su incompetencia, ineficacia e incapacidad», así como «la solicitud de dimisión que le piden hasta las mujeres de izquierdas», generando «polémica» que «tape todo como cortinas de humo».

Así, ha pedido que se le pregunte si «cumplió con los requisitos e información que requería la Consejería» en cuanto al «protocolo Covid» para poder acudir a una visita a un centro. A su juicio, «la primera obligación de un ministro, más allá de querer adoctrinar» es «cumplir las normas».

«¿O es que ella por ser de Podemos no tiene que cumplir con los protocolos Covid que le solicite una consejería?», se ha preguntado Gamarra, para insistir en la «estrategia» que, a su juicio, la ministra tiene «estudiada» para tapar su «año de cero políticas».

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha replicado a su homóloga socialista, Adriana Lastra, que es su formación la que no entiende que el PSOE sume sus votos a PP y Vox a favor del suplicatorio contra el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont en el Parlamento europeo, al recordar que la postura reiterada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el rechazo a la judicialización del conflicto catalán y la apuesta por su solución mediante vías políticas.

Por tanto, ha reconocido que en este asunto hay «discrepancia» con su socio de coalición y confía en que el Ejecutivo, pese a la posición del PSOE en el Parlamento europeo, siga en la senda del «encuentro, del diálogo» y del impulso de la mesa del diálogo sobre Cataluña, pues es la senda «correcta» frente al «callejón sin salida» supuso la «judicialización de la política» en Cataluña emprendida durante la etapa del PP en el Gobierno.

Así lo ha indicado después de que Lastra haya celebrado como «una buena noticia» la decisión adoptada por la Eurocámara de retirar el fuero parlamentario a Puigdemont y sus compañeros Toni Comín y Clara Ponsatí para que puedan ser juzgados en España por su implicación en el proceso independentista de 2017, para también dejar claro que no entendía la postura de Unidas Podemos de rechazar esta petición.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, Echenique ha subrayado que a su formación «no se le puede acusar de incoherencia» pues, al igual que el resto de formaciones que apoyaron la investidura de Sánchez, siempre han apostado por desjudicializar los conflictos políticos, que se tienen que resolver por «vías democráticas».

EL SUPLICATORIO NO ERA UN MERO TRÁMITE

Por tanto, ha confesado que les sorprende que el PSOE, su socio de coalición, se una a PP y Voz en una propuesta que va «en la dirección contraria» a la resolución dialogada del conflicto político catalán.

Echenique ha especificado también que este suplicatorio no era un «mero trámite», dado que ha salido con una mayoría «justita» de eurodiputados a favor. Por tanto, «no hay unanimidad ni mucho menos» en el caso de los políticos catalanes en Bruselas y ha recalcado que su formación valora cada suplicatorio de forma individual.

También ha rechazado que su voto en contra de quitar la inmunidad a Puigdemont tenga que ver con una petición de ERC, formación a la que consideran socia de investidura, y ha dejado claro que la posición política de Unidas Podemos es «autónoma».

Sobre este asunto, la eurodiputada de Unidas Podemos María Eugenia Rodríguez Palop también ha dejado claro que este suplicatorio es incompatible con una resolución política al conflicto en Cataluña. También ha admitido que existen posiciones distintas entre PSOE y Unidas Podemos, para advertir que no se puede volver a repetir la «respuesta de la derecha» al problema catalán.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, considera «un insulto a la inteligencia» los argumentos esgrimidos por PSOE, PP y Vox en la Mesa de la Cámara para vetar la tramitación de la comisión de investigación sobre las irregularidades fiscales supuestamente cometidas por Juan Carlos I solicitada por su formación y otros grupos.

En una rueda de prensa en el Congreso, el dirigente morado ha recalcado que más de un quinto de la Cámara ha solicitado esta comisión después de que el propio rey emérito haya «confesado» que intentó defraudar a Hacienda al intentar ponerse al día con el fisco después de que le hayan «pillado».

Siguiendo el criterio de los servicios jurídicos, PSOE, PP y Vox han rechazado dar trámite a esa iniciativa alegando el artículo de la Constitución que hace referencia a la inviolabilidad del jefe del Estado y al que establece que él dispone libremente del Presupuesto que anualmente recibe cada año.

Echenique ha recordado que la inviolabilidad está pensada para proteger los actos que el Rey lleva a cabo en su condición de jefe del Estado y que cuentan por tanto con el refrendo del Gobierno, pero no para protegerle de los delitos que pudiera haber cometido en su vida privada.

PRÉSTAMOS O DONACIONES

Así, se ha quejado de que la mayoría de la Mesa entienda que la inviolabidad se extiende no sólo al ámbito privado, sino que se aplica «eternamente», incluso cuando ya no se es Rey y que, además, protege incluso de hechos que no son delictivos, como sería, en su caso, la devolución por parte de Felipe VI de los préstamos que le han hecho a su padre para sus regularizaciones fiscales.

Y es que una de las cosas que querían investigar los partidos independentistas, Unidas Podemos, Más País y Compromís era si ese dinero procede de préstamos o han sido donaciones encubiertas y, en caso de ser préstamos, si Felipe VI asumiría su devolución teniendo en cuenta que se trata de millones y que su padre ya tiene una edad.

Pese al nuevo veto de la Mesa del Congreso, Echenique ha dejado claro que su formación seguirá trabajando para que estos asuntos se puedan investigar en la Cámara y ha propuesto que, mientras se consigue, se quite el «apellido de parlamentaria» a la Monarquía española.

Por otra parte, el portavoz ha aclarado que Unidas Podemos ha apoyado que se citara a Felipe VI en el Congreso para hablar de esta cuestión, pero ha rechazado, junto con el resto de partidos que integran la Mesa, citar a Pedro Sánchez por el mismo tema. Lo ha hecho en aplicación de su acuerdo con PSOE que le «obliga» a no apoyar peticiones de comparecencia del Gobierno que no sean a petición propia. «Nosotros sí cumplimos los acuerdos de gobierno», ha deslizado.

ES NECESARIA UNA LEY QUE IMPRIMA TRANSPARENCIA

También el secretario primero de la Mesa del Congreso y dirigente de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha criticado el rechazo a tramitar la comisión de investigación y la iniciativa que buscaba que el Rey Felipe VI compareciera en la Cámara para dar cuenta de las polémicas protagonizadas por su padre con sus regularizaciones fiscales. «Evitan una vez más que se investigue a Juan Carlos I por sus vuelos de placer no declarados a Hacienda. Es un blindaje vergonzoso», ha sentenciado.

Por su parte, la portavoz de En Comú, Aina Vidal, ha vuelto a defender la necesidad de una ley que dote de más transparencia a la Casa Real en aspectos como la agenda de sus miembros, pues «no es muy agradecido» ver a las infantas Elena y Cristina que se vacunan ante el Covid-19 por «delante de miles de españoles que les tocaba mucho antes.

«El descrédito de la Casa Real es elemento favorable para abordar una ley más integral», ha dicho la diputada catalana, reclamando de nuevo que el rey emérito dé explicaciones sobre su regularización fiscal.

Fundación Bancaja ha ampliado sus propuestas de talleres didácticos para escolares con la aplicación de la tecnología de los videojuegos en la dinámica de su programa de mediación cultural. Así, ha diseñado un recorrido virtual e interactivo que, mediante la guía a tiempo real de las monitoras del taller, permite la difusión de sus exposiciones en el entorno escolar.

La iniciativa se ha desarrollado a través de la plataforma Roblox, con lo que Fundación Bancaja se convierte «en una de las primeras entidades del mundo que la utiliza con este fin», ha destacado en un comunicado.

Este taller virtual se suma a los tradicionales talleres didácticos presenciales para escolares vinculados a las exposiciones que Fundación Bancaja ofrece durante el año.

En el contexto actual de restricciones ocasionadas por la pandemia sanitaria de la Covid19, la Fundación Bancaja ofrece a los centros escolares esta nueva opción virtual, para acercar «de manera lúdica y amena el arte y la cultura a los alumnos de primaria, secundaria y último curso de infantil», de forma adaptada a la situación sanitaria.

Durante la actividad, los participantes se conectan desde los ordenadores de sus propios centros escolares a una sesión que cuenta con la guía virtual de las monitoras del taller y en la que los alumnos crean su propio personaje mediante un avatar y se adentran en una exposición virtual.

Durante el recorrido digital, a tiempo real, pueden acercarse a cuadros, localizar objetos escondidos, plantear dudas y descubrir los misterios que encierra el arte. De este modo, a través de la gamificación, se dan a conocer las exposiciones y se combina la experiencia real con la ficción.

«GRAN ACOGIDA»

La experiencia ha tenido una «gran acogida» en los centros escolares, según afirman Laura Borja y Sheila Sánchez, maestras del CEIP Maestro Serrano: «El equipo docente del centro considera muy apropiado que se haya enfocado el taller a partir de una experiencia gamificada, ya que esto supone una propuesta muy atractiva y motivadora para acercar el arte y la cultura al alumnado de primaria».

Las proferoras han explicado que «se consiguió que el alumnado estuviera muy motivado durante toda la actividad y la ambientación creada a modo de juego a partir de las obras del artista se acercaba a sus intereses y despertaba su curiosidad, potenciando el ingenio y el trabajo en equipo entre nuestro alumnado».

Esta modalidad de taller convive con el taller tradicional presencial, que se sigue ofreciendo para aquellos centros que prefieren acercarse al centro cultural.

En este caso, se realiza una visita dialogada por la exposición y un recorrido por la sala a través de una gymkana con reglas, enigmas, pistas y problemas que los participantes tienen que resolver, guiados y acompañados por las monitoras del taller. Se potencian así aspectos como la imaginación, la cooperación y la creatividad.

Durante la actividad no se manipulan materiales y se desarrolla al completo en la sala de exposición, para garantizar las medidas de seguridad e higiene que requiere la situación actual.

Por estos talleres, tanto en su modalidad presencial como virtual, han pasado en los últimos cuatro meses más de 2.500 escolares. La actividad, en sus dos modalidades, es totalmente gratuita y se puede realizar tanto en castellano como en valenciano.

La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes, con 15 votos a favor y 20 en contra, una Proposición No de Ley (PNL) del Partido Popular para conseguir la «igualdad» en el acceso a la vacunación contra la COVID-19 en todos los profesionales sanitarios, ya sean de titularidad pública o privada.

«Les ruego que el sectarismo no les ciegue. Los sanitarios de la sanidad privada se contagian igual que los de la pública», ha denunciado el diputado popular Juan Antonio Callejas Cano, quien ha recordado que el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) hizo público el pasado 10 de febrero un comunicado en el que exigió «igualdad de acceso a la vacunación frente a la COVID-19 de todos los médicos» en el sistema sanitario español.

El diputado de VOX Juan Luis Steegmann se ha mostrado «absolutamente de acuerdo en la necesidad de esta PNL». «El Gobierno está siendo negligente. Ralentizar la vacunación en el ámbito privado es decir que los profesionales son de segundo orden y que sus pacientes también. Esto es una barbaridad, no se atiene a justicia ni a derecho», ha criticado.

En la misma línea, el diputado de Ciudadanos Pablo Cambronero ha calificado esta situación de «materialmente injusta». «Es inaceptable y requiere una mayor labor de vigilancia y coordinación por parte del Ministerio de Sanidad», ha esgrimido.

En contraste, Julio Navalpotro Gómez, del PSOE, ha «negado la mayor». «Desde antes que empezara el proceso de vacunación dijimos que no se harían distinciones entre profesionales del sector público y privado. La Estrategia garantiza el acceso de todos los profesionales, puesto que el riesgo de contagio es el mismo independientemente del ámbito en el que estén. No cabe distinguir sanitarios de uno u otro lado», ha defendido.

El diputado socialista ha reconocido, no obstante, «algunos casos» de desigualdad. «Es cierto que se han producido algunos casos en alguna comunidad autónoma, pero esto no ha sido generalizado ni se ha prolongado en el tiempo. Son las consejerías de Sanidad de las CCAA las encargadas de evitar cualquier discriminación en la vacunación», ha añadido al respecto.

En la misma línea, María Márquez Guerrero, de Unidas Podemos, también ha admitido «algún desajuste temporal en la vacunación», pero ha recordado, igualmente, que es una competencia autonómica: «Si quieren exigírselo a alguien deberían exigírselo a las CCAA, que son las responsables últimas del proceso de vacunación».

Márquez Guerrero ha lamentado el tono de la oposición. «Siguen mintiendo, utilizando cualquier excusa para atacar al Gobierno, generando indefensión e incertidumbre. Les importa menos la salud que su interés político de atacar al Gobierno. Contribuyen a la difusión de la mentira, al más estilo de la ultraderecha», ha remachado.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha anunciado este martes que presentarán una demanda en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la decisión de la Eurocámara de levantarle la inmunidad parlamentaria a él y a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa presencial y telemática en el Parlamento Europeo, acompañado de Comín y Ponsatí, después de que el plenario haya aprobado suspender su inmunidad parlamentaria por 400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones.

«El TJUE es el único que podrá restablecer el severo daño que se ha hecho a la democracia europea al quitar la protección parlamentaria, por razones estrictamente políticas, a tres miembros de este Parlamento Europeo», ha sostenido Puigdemont, que ha concretado que seguramente pedirán cautelares, pese a asumir que normalmente no se admite.

Fuentes europeas han explicado que los afectados por una decisión del Parlamento Europeo tienen un plazo de dos meses y diez días para recurrir tal decisión ante el TJUE.

Tras asegurar que el recurso al TJUE se basará en «las muchas irregularidades» que se han producido, ha explicado que también están pendientes de qué pasará con las cuestiones prejudiciales anunciadas por el juez instructor de la causa, Pablo Llarena, sus posibles efectos y en qué posición quedarán como eurodiputados en caso de que se suspenda la tramitación de los procedimientos ante la justicia belga

«¿Que pasará en este tiempo mientras hay una orden de detención y entrega, aún vigente, en el sistema judicial español?», ha cuestionado el expresidente catalán.

EL CASO DE PONSATÍ

Ponsatí ha defendido que cuentan con una «fuerte base» para el recurso, y ha constatado que su informe fue adoptado en la comisión de Asuntos Jurídicos con un error que indicaba que el Tribunal Supremo le reclamaba por dos presuntos delitos, sedición y malversación de fondos públicos, cuando solo le reclama por el primero.

El documento fue corregido antes de someterse al pleno de la Eurocámara, pero el cambio no pasó de nuevo por el escrutinio de la comisión parlamentaria, lo que, a su juicio, es una «irregularidad grave» que se incluirá en el recurso.

También ha precisado que el juez que lleva su caso en Edimburgo (Escocia) sabe que actualmente reside en Bélgica, por lo que desconoce qué consecuencias puede tener todo ello en sus posibles comparecencias ante un justicia u otra.

Al preguntárseles si les preocupan las prejudiciales de Llarena, Ponsatí ha pedido esperar, pero también ha constatado que meses atrás un juez belga dictaminó que el exconseller Lluís Puig, que reside en Bélgica, no podía ser extraditado a España «porque no tendría un juicio justo, y nadie apeló esta decisión por parte de la Fiscalía, por lo que España ha aceptado este resultado en las cortes belgas».

MENSAJE A ESPAÑA

Para Puigdemont, la votación en el PE evidencia que la solución no pasa por tener que someterse a la justicia española porque «el que un 42% de los eurodiputados no haya secundado esta vía demuestra a España que ésta no es la manera de resolver las cosas».

«Han conseguido levantarnos la inmunidad, pero ¿a qué precio? ¿Qué precio le están haciendo pagar al PE? ¿A la reputación de España? Tienen que preguntarse si vale la pena», ha observado el expresidente catalán, que cree que la justicia española debería acercarse más a la europea.

En su opinión, es «un día triste» para el Parlamento Europeo y, en consecuencia, para la democracia europea, y ha aprovechado para criticar que la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, haya reaccionado asegurando los problemas de Cataluña se resuelven dentro de España.

«Dicen que es un proceso estrictamente judicial, que hay separación de poderes, pero ha quedado acreditado que hay una fuerte estrategia y persecución política», ha recalcado Puigdemont, que ha acusado a las autoridades españoles de esperarse a conocer el resultado de la votación sobre su inmunidad para anunciar la retirada del tercer grado a los presos del 1-O.

En el mismo sentido se ha pronunciado Comín, que considera una «victoria política» y un mensaje a España que un 42% de los eurodiputados hayan votado en contra de retirarles la inmunidad.

Ha subrayado que 80 diputados de los grupos que se mostraron a favor de apoyar el suplicatorio no lo han hecho, y ha replicado a González Laya que la decisión no lanza un mensaje de apoyo al Estado de derecho español, sino que «un 42% de los eurodiputados han dicho a España que no confían en su Justicia».

APOYO DE LA EXTREMA DERECHA

Además, ha acusado a la justicia española de «ir de la mano» de Vox y al PSOE, PP y Cs de coincidir con su estrategia, tras constatar que son los que han impulsado este proceso contra su persona y los que se personaron como acusación particular.

Sobre si se sienten cómodos por haber recibido el apoyo de algunos partidos de extrema derecha, integrados en el grupo Identidad y Democracia, Puigdemont cree que «la ultra derecha más decisiva en este asunto se llama Vox», y ha añadido que gran parte de los votos en contra de levantarles la inmunidad proceden de la ala izquierda del PE.

PODEMOS Y PSOE DIVIDIDOS

También ha calificado de «máxima coherencia» el voto de los eurodiputados de Podemos –que se han opuesto a quitarle la inmunidad– con su discurso de buscar una solución política al conflicto catalán, frente al voto de los del PSOE, que ha optado pro votar levantarles la inmunidad.

«Pedro Sánchez se presentó en las Cortes prometiendo la desjudicialización de la política. Incluso hace poco un candidato a la presidencia de la Generalitat dijo que teníamos que pasar página. Vaya coherencia. La crítica sería a la parte socialista, no a la parte de Podemos», ha zanjado.

La jefa de la delegación del Partido Popular en el Parlamento europeo, Dolors Montserrat, ha criticado este martes a Podemos por el voto de sus eurodiputados en contra de levantar la inmunidad del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, al tiempo que ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a romper con la formación morada si quiere defender el Estado de derecho.

«Si el Gobierno quiere defender el Estado de derecho y la Justicia en España, lo tiene muy fácil: Que empiece por romper con Podemos», ha afirmado Montserrat en una rueda de prensa en Bruselas, tras el anuncio de que el pleno de la Eurocámara daba luz verde a los suplicatorios remitidos por el Tribunal Supremo para juzgar a Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí.

Los informes de la comisión jurídica que avalan la suspensión de la inmunidad han sido adoptados en sesión plenaria con una holgada mayoría de 400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones, en el caso de Puigdemont, y de 404 votos a favor, 247 en contra y 42 abstenciones, en los de Ponsatí y Comín.

La eurodiputada ‘popular’ ha interpretado estos resultados como una «mayoría absoluta reforzada» porque ha contado con la mayoría de apoyos del Partido Popular Europeo, Socialistas y Demócratas, Liberales europeos y parte de los Conservadores y Reformistas.

El resultado, sin embargo, es menos contundente que otros como los dos suplicatorios votados el mismo día para el liberal croata Valter Flego (658 a favor, 26 en contra y 13 abstenciones) y del ‘popular’ portugués Nuno Melo (662 a favor, 21 en contra y 14 abstenciones).

En el caso de los eurodiputados independentistas, los Verdes y la Izquierda europea votaron en contra porque consideran que lo contrario supone judicializar una crisis política que debe buscar las soluciones en el diálogo. Los eurodiputados de Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu son algunos de los eurodiputados que anunciaron su voto en contra.

En este contexto, Monsterrat ha dicho constatar con «profunda preocupación» que el «mejor aliado» de Puigdemont en la Eurocámara sea el vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, que desde esa posición continúe «degradando» las instituciones democráticas españolas.

Con ese voto, ha opinado la eurodiputada del PP, Podemos avala las «falsas ideas» de que en España no hay plena normalidad democrática y ha insistido en su preocupación por que «los socios de Sánchez» ofrezcan una imagen de «radicalizad y extremismo».

«Cada día que pasa y no rompe con Podemos se convierte en cómplice del daño a nuestras instituciones democráticas, a nuestro Estado de derecho y a la imagen de España en toda Europa«, ha remachado.

El socio de Unifica Gonzalo Urquijo ha señalado este martes, ante el tribunal que le juzga por presuntamente haber recibido dinero en ‘b’ como pago de las obras de la sede del PP, que nunca se le ofreció la posibilidad de cobrar parte de la reforma en negro. Además, ha justificado que el baile de cifras entre presupuestos, certificados y facturas por cada una de las plantas se debe a ajustes y necesidades propias de la obra, y que el PP en ocasiones le pagaba con cheques en los que no había fondos.

Urquijo, que ha avisado desde un comienzo que no hablaría sobre asuntos prescritos –por 2006– ha explicado que cuando les adjudican la reforma de la sede del PP de la calle Génova, en 2005, el entonces gerente Luis Bárcenas «era alguien intocable, era como dios, nadie trataba con él y nadie tenía acceso a él». Por eso, ha insistido en que contrariamente a lo que éste declaró el lunes, «no existió» una reunión en la que acordaran que parte del pago de la obra se fuera a abonar en ‘b’.

«Esa reunión no la he tenido nunca, y no se me ha ofrecido eso», ha dicho casi al principio de su declaración, cuando ha insistido en que Bárcenas era muy poco accesible y no estuvo en todos esos años más de una o dos veces. También ha negado tener relación con el tesorero ÁLvaro Lapuerta, de quien ha dicho que se lo presentó en un descansillo el gerente Cristóbal Páez –también imputado– y sólo coincidió esa vez.

Tras un preámbulo en el que el fiscal ha realizado las preguntas de rigor sobre quienes trabajaban en la empresa, Antonio Romeral se ha zambullido en un mar de presupuestos, certificados, recibís y facturas buscando las diferencias entre presupuestos que coincidían en fecha, facturas que reflejaban una bajada con respecto a presupuestos y documentos con el estampado de anulado, todo buscando contradicciones que afloraran esos supuesto pagos en ‘b’.

Pero Urquijo una y otra vez ha vuelto a la máxima de que siempre hay mil correcciones en presupuestos, que a veces se emitían facturas que se anulaban porque no se podían cobrar, y que luego esos ‘debes’ se sumaban en facturas anteriores.

DIFICULTADES PARA EL COBRO

Además, ha querido aclarar que algunos apuntes que aparecen en los documentos que le incautaron en el registro de su empresa eran de 2013, cuando analiza los documentos de ese proyecto para cotejarlo con sus abogados en 2013. «Aclarar que hay tres versiones de papeles, las de El País, las manuscritas, las modificaciones de las manuscritas y las que están por ordenador», ha puntualizado sobre las anotaciones de la ‘contabilidad extracontable’ que llevaba Bárcenas y en las que aparecía su nombre junto a ciertas cantidades de dinero.

Para Urquijo, el Ministerio Público solicita tres años y 10 meses por falsedad documental y contra la Hacienda Pública, por los supuestos pagos en ‘b’. Hoy, Urquijo ha explicado que en la obra del PP tardaba mucho en cobrar, que el partido tenía fechas «muy malas» –enero, febrero y marzo– para pagar y que a veces cuando llevaba una factura por algún anticipo si no le pagaban, «pues anulaba y ya más adelante» lo incluía. «Debe tener 70 u 80 facturas y creo que la mitad se anularon», ha dicho.

Además, ha señalado que el PP era un cliente que «pedía cosas bastante extrañas» como que se firmara recibís por los cheques que le entregaban, o que modificara facturas. Y ha concretado que hasta 2010 el PP siempre le hizo los diferentes abonos por la obra con cheques, y que cada vez que le entregaban uno debía firmar un recibí –es la primera vez que me pasa en la vida»–.

En este sentido, ha afeado al PP que en ocasiones tardara en pagarle, y ha relatado que en 2007 cuando realizaban las obras de la planta segunda tuvo que decirle a Cristóbal Páez que necesitaba que le pagara parte de la obra porque «no era un banco» y por tanto «no iba a financiar la obra».

FACTURÓ POR TODOS LOS SERVICIOS AL PP

Urquijo ha defendido en todo momento que ha facturado todos los servicios que ha realizado su empresa al PP y que todos los descuentos, como un «4 por ciento por pronto pago», se encuentran en el contrato. Así, preguntado por el fiscal sobre una factura de 150 euros en la que se encuentra una anotación que dice «no facturar al PP», ha explicado que no cobró esta cantidad de un «arreglo» porque entendía que tras facturar una obra de más de un millón de euros eso podía «cabrear».

En este sentido, ha enfatizado que desde que se creó la empresa siempre ha habido «transparencia» y que siempre se ha «imputado un gasto cuando se tiene certificación final». «No ha habido ningún cambio de criterio desde la constitución de la compañía, se suban o se bajen los impuestos», ha dicho al mismo tiempo que ha ironizado que no tiene sentido querer dejar de pagar impuestos por «4.000 euros» teniendo en cuenta el nivel de facturación anual de Unifica.

El fiscal Romeral también ha revisado numerosos correos electrónicos del acusado y le ha preguntado por expresiones literales como «dinero tipo b» o la entrega de «sobres» a sus empleados. Urquijo ha negado que estuviera haciendo alusión a una posible contabilidad paralela de la empresa, pues, según ha señalado, era una forma «mal expresada» de hablar del «dinero de caja» o de referirse a las participaciones de Lotería de navidad que se daban a los trabajadores en unos sobres.

La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha defendido este martes que sea un diputado de los comunes o de Cs quien ocupe la cuarta secretaría del Parlament, en lugar de la CUP, porque «es un partido antisistema que quiere desestabilizarlo todo».

En rueda de prensa en el Parlament, ha señalado que comuns y Cs deben buscar alianzas para evitar que una de las secretarías de la Cámara sea para la CUP: «Si hace falta ayudaremos a que se conforme una alternativa, pero no es un tema que nos toque liderar», y ha recordado que quieren que el socialista Ferran Pedret ocupe una de las secretarías, algo que dice que tienen casi asegurado.

Ha destacado la importancia de que esta cuarta secretaría no sea para un partido independentista, aunque éstos previsiblemente tendrán mayoría en la Mesa, y ha subrayado que pese a la mayoría independentista de la pasada legislatura, el presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, «a veces se apoyó en Cs y el PSC para no tomar algunas decisiones».

Ha recordado que los socialistas proponen que presida el Parlament la viceprimera secretaria del partido, Eva Granados, algo que ve posible si finalmente no hay un acuerdo entre los partidos independentistas, que tienen mayoría en la Cámara: «Jugamos hasta el último minuto, hasta el pitido final del partido».

Romero lo ha dicho tras un encuentro de su grupo parlamentario mientras ERC, Junts y la CUP se han reunido por primera vez de forma conjunta para avanzar en las negociaciones sobre la composición de la Mesa y su presidente, que se votará este viernes en el pleno de constitución de la Cámara.

PAPEL DE VOX

Sobre las reuniones para «cerrar el paso a la extrema derecha» en el Parlament, Romero ha explicado que están trabajando en un documento, y ha lamentado que algunos grupos parlamentarios no hayan participado de los encuentros celebrados con este objetivo –la semana pasada acudieron el PSC, ERC, Junts, CUP y comuns–.

Sobre si Vox podría obtener esta cuarta secretaría de la Mesa, ha replicado: «Con 11 votos no se consigue una secretaría», por lo que el grupo parlamentario debería tejer alianzas para lograrlo, ha resaltado la socialista.

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Antonio Espín, ha lamentado que el Partido Popular «siga buscando a la extrema derecha como aliada para recortar los derechos de la comunidad educativa de la Región de Murcia e implantar el veto parental».

Espín ha recordado que este miércoles se debate en el pleno de la Asamblea Regional la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para que no se implante el «veto parental» en los centros educativos de la Región de Murcia, según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

«Ya sabemos que el PP y López Miras han sucumbido ante Vox y han aceptado, de nuevo, su chantaje para implantar el ‘veto parental’ a cambio de apoyar los presupuestos de 2021», según Espín, quien ha criticado que el Partido Popular «ha vuelto a usar la educación y los derechos nuestros niños y jóvenes como moneda de cambio para sus intereses partidistas».

«Ahora nos falta saber qué va a hacer su socio de gobierno, que tendrá que decidir si apoya o no a la extrema derecha y al PP en su intento de recortar libertades y derechos a nuestros menores», ha señalado.

«La censura educativa que ellos proponen da la posibilidad a las familias de vetar contenidos de todo tipo, entre los que ocupan un lugar destacado los que tienen que ver con la igualdad y la diversidad afectivo-sexual», ha reprochado.

El diputado socialista ha insistido en que el «veto parental» es un «disparate que, ya el pasado mes de marzo tumbó el TSJ de la Región de Murcia y que rechaza la comunidad educativa, porque ataca a la libertad de cátedra de los docentes, pone en tela de juicio la labor de los centros educativos y cuestiona los valores forjados como sociedad, además de vulnerar el derecho de los estudiantes a recibir una formación plena e integral».

«Los socialistas no vamos a permitir que en las aulas de esta Región sean opcionales valores como el respeto, la tolerancia, el cuidado del medio ambiente o la solidaridad, cuando estos no son una opción en nuestro Estado. Si siguen con estas pretensiones, llegaremos hasta el final», ha indicado.

Además, el diputado socialista ha recordado que la Asamblea Regional aprobó hace menos de dos semanas una moción sobre la educación afectivo-sexual que contrasta totalmente con el veto parental que el PP y la extrema derecha quieren imponer en las aulas de la Región, y que además, incumple de plano la nueva ley de educación y la ley regional LGTBI.