Casi la mitad de los españoles ve con indiferencia a la UE, según un eurobarómetro especial sobre el futuro de Europa, que señala que la percepción del bloque europeo durante la pandemia ha empeorado para el 24 por ciento de los españoles.

Así se extrae de la encuesta que sitúa a España, con el 47 por ciento, como el estado miembro en el que más ciudadanos tienen una imagen neutral de la UE, por delante de quienes tienen una positiva, el 40 por ciento.

A España le siguen Eslovaquia, Italia y Austria, como países donde la UE evoca más indiferencia que adhesión, si bien en ninguno de los Veintisiete el proyecto europeo genera gran oposición. República Checa, con el 29 por ciento, y Grecia, con el 24 por ciento, son los socios europeos donde la UE suscita una percepción más negativa.

En términos totales, el 47 por ciento de los europeos tiene una imagen positiva, el 39 por ciento neutral y el 14 por ciento negativa. Entre los países más entusiastas con la UE se encuentra Irlanda, 74 por ciento; Portugal, 64 por ciento; y Lituania, 61 por ciento.

EVOLUCIÓN DURANTE LA PANDEMIA

En cuanto a la evolución de la imagen de la UE durante la emergencia del coronavirus, el estudio muestra que la crisis no ha influido en la percepción del 60 por ciento de los encuestados.

Eso sí, entre quienes han cambiado de opinión sobre el proyecto europeo, hay más ciudadanos comunitarios que la han empeorado, un 26 por ciento, que aquellos que la han mejorado, un 13 por ciento.

La imagen de la UE ha retrocedido especialmente en los últimos meses en países como Luxemburgo, Francia y Finlandia, donde el 43 por ciento, el 34 por ciento y el 30 por ciento, respectivamente, han empeorado su percepción.

CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA

Con respecto a la adhesión que genera la conferencia participativa que prevé la UE para acercar las instituciones a los ciudadanos y repensar el futuro del proyecto europeo, conocida como Conferencia sobre el Futuro de Europa, el barómetro señala que un 92 por ciento de los europeos está de acuerdo en que se tenga más en cuenta la voz de los ciudadanos para decidir el futuro del proyecto comunitario.

Es por ello que un 76 por ciento de los encuestados considera que la iniciativa representa un progreso para la democracia en el seno de la UE, una percepción positiva que tiene eco en todos los países miembros con gran adhesión en Irlanda, 90 por ciento; Suecia y Bélgica, con el 88 por ciento.

En España, la Conferencia sobre el Futuro de Europa levanta menos pasiones. Un 70 por ciento de los encuestados comparten esa opinión, por debajo del 74 por ciento de media en la UE y en el furgón de cola de los Veintisiete.

Sobre la predisposición de los ciudadanos a participar en los debates organizados en el marco de la conferencia, la mitad, el 51 por ciento, se abren a participar, mientras que la otra, el 48 por ciento, se declara menos propenso.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha informado de que este martes por la mañana ha finalizado el sacrificio de los cerca de 900 terneros que se encontraban a bordo del buque ‘Kharim Allah’, atracado en Cartagena desde el pasado 25 de febrero.

El departamento dirigido por Luis Planas ha explicado que el sacrificio se ha llevado a cabo en estricto cumplimiento de la normativa comunitaria y española, tras la inspección veterinaria realizada los días 25 y 26 de febrero.

Los cadáveres de los animales se han llevado a una planta de destrucción y eliminación de residuos y subproductos animales, siguiendo el protocolo habitual.

Además, el operativo del Punto de Inspección Fronterizo que se inició la mañana del pasado sábado, 6 de marzo, tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid denegando la suspensión de la orden, se ha producido sin incidentes.

Tras sufrir dos meses y medio de travesía a la deriva por el Mediterráneo, hace unos días el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó denegar la suspensión de la orden de sacrificio de los animales solicitada por la empresa de transporte.

Los 864 animales supervivientes, de los 895 que salieron, han sido sacrificado en el muelle de Escombreras, en Cartagena. Los abogados del barco pretendieron evitarlo intentando probar que los animales estaban sanos y acusaron a las autoridades españolas de bloquear sus intentos por demostrarlo.

La inspección veterinaria oficial concluyó que el estado de los terneros, tras más de dos meses de viaje, impedía que emprendiesen un nuevo viaje para ser re-exportados y vendidos fuera de la Unión Europea.

DOS MESES Y MEDIO A LA DERIVA

El 18 de diciembre de 2020, el ‘Kharim Allah’, que transportaba 895 terneros, salió del Puerto de Cartagena con destino a Iskenderun (Turquía). A continuación, cambió el rumbo y se dirigió a Trípoli (Libia). Se sospecha que el ganado estaba infectado con la enfermedad de la lengua azul.

El Centro Nacional de Sanidad Animal de Libia se negó a aprobar la entrada del ganado enfermo, de manera que el buque partió y posteriormente solicitó permiso para atracar en Bizerta (Túnez), presumiblemente para llevar forraje para los animales, pero se le negó la entrada en cualquier puerto tunecino, con lo que se vio obligado a abandonar esas aguas territoriales.

Fue avistado en el puerto de Augusta (Sicilia, Italia) el 28 de enero. Salió de allí, luego se detuvo y quedó anclado frente a Cagliari (Cerdeña, Italia). El lunes 22 de febrero llegó a Cartagena, atracando en Escombreras el 25 de febrero.

La portavoz del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que sus socios de coalición de Unidas Podemos son «libres» de expresar el «sentido de su voto» como consideren, tras haberse opuesto a retirar la inmunidad al expresidente catalán Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo, en contra del criterio del PSOE y del Ejecutivo.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Montero ha argumentado que son «conscientes» de que son dos formaciones políticas distintas, aunque sí ha reconocido que el Grupos Socialista en el Parlamento Europeo tiene derecho a pedir las explicaciones que considere a quien es su aliado.

Preguntada en concreto por el malestar que ha generando en el PSOE la postura de Unidas Podemos, Montero ha insistido en que «cada entorno de poder tiene que trabajar en su ámbito» y que, por tanto, es en el marco del Parlamento Europeo donde los respectos portavoces deban pedirse y darse las explicaciones que sea.

De este modo, Montero ha evitado valorar la postura adoptada por los ‘morados’ y, de hecho, ha afirmado que este tema tampoco se ha abordado durante la reunión del Consejo de Ministros ni tampoco les han pedido explicaciones.

LA COALICIÓN NO OBLIGA A QUE SE «MIMETICEN»

«No hay entorno donde se resuelvan esas discrepancias puesto que somos libres. El hecho de tener un Gobierno de coalición no obliga a que las dos formaciones se mimeticen», ha enfatizado la portavoz.

Según Montero, lo importante es que el PSOE y Unidas Podemos comparten hoja de ruta y siguen teniendo «muchos elementos» en los que coinciden. «Nos une el acuerdo de gobierno, que es le pegamento que permite que ambas formaciones tengan una hoja de ruta clara», ha recalcado.

Así, ha insistido que cada formaciones política es libre de expresar el sentido de su voto, «ni más ni menos que en el Parlamento Europeo a propósito de una cuestión que tiene carácter nacional pero son los eurodiputados los que expresan su voto».

EL GOBIERNO ESPERA QUE PUIGDEMONT SEA JUZGADO EN ESPAÑA

Lo que sí ha querido dejar claro es que, a pesar de ese voto en contra de Unidas podemos, el Gobierno está satisfecho de que haya salido adelante el suplicatorio y, con él, la posibilidad de que Puigdemont pueda ser juzgado en España, como había solicitado el poder judicial.

A este respecto, Montero ha señalado que ahora «les corresponde a las autoridades judiciales dar los pasos para que pueda ser juzgado en nuestro país», algo que el Ejecutivo espera que ocurra, según han explican fuentes gubernamentales.

Eso sí, la portavoz ha defendido que este procedimiento, y el hecho de que el PSOE haya votado a favor de que Puigdemont pierda la inmunidad, no implica que el Gobierno vaya a cambiar su hoja de ruta de apuesta por el diálogo. «Nuestra vocación siempre ha sido muy clara», ha apostillado.

De hecho ha afirmado que la posición del Gobierno de España y del PSOE era ya «absolutamente conocida» en este asunto, por lo que no puede sorprender a nadie. «Y no vamos a alterar para nada ni la vocación de diálogo ni de entendiendo ni de intentar llegar a acuerdos puntuales con formaciones que no comparten el sentido del suplicatorio», ha afirmado, en relación a la amenaza de ERC de retirar su apoyo al Gobierno.

Ifema, en colaboración con Educación 3.0, avanza en el programa de contenidos del nuevo evento telepresencial The Summit by Simo Educación, que se celebrará los próximos días 7 y 8 de abril, en el marco de la nueva plataforma digital Semana de la Educación Live Connect.

Según ha informado Ifema en un comunicado, el evento reunirá a la comunidad educativa de España y Latinoamérica, y al ecosistema tecnológico, en torno a un espacio de reflexión y análisis donde hablar de innovación, compartir experiencias reales y lecciones aprendidas.

La celebración de The Summit by Simo Educación representa un puente de conexión con el gran evento anual de la tecnología para la enseñanza, Simo Educacion 2021 que se desarrollará en su habitual formato presencial los días 2 al 4 de noviembre en Feria de Madrid bajo el lema «Aprendizajes después de la crisis».

Alineados con esta realidad, los contenidos del Summit se articularán en torno a dos mesas redondas que analizarán, de la mano de expertos, la situación actual de la educación desde una doble perspectiva.

Por un lado, la mesa titulada ‘Educar en la virtualidad’ abordará las dudas e inquietudes que ha generado este escenario obligado por la pandemia para ofrecer respuestas a cuestiones clave como: ¿Sirven todas las pedagogías para educar online? ¿Están los docentes preparados para el reto que supone la educación híbrida o la virtual? ¿Falta formación ante este escenario? ¿Existe un cierto agotamiento del modelo online? ¿Esta crisis ha servido para poner en valor más que nunca la importancia de la educación presencial? ¿Cómo se puede evaluar una educación con un fuerte componente virtual?

La segunda mesa tratará sobre «El Equipamiento TIC en tiempos pandemia» en la que representantes de firmas tecnológicas y docentes opinarán sobre cómo se ha desarrollado el proceso de la digitalización durante pandemia, tendencias de futuro y como sacar provecho de lo aprendido, así como del equipamiento y tecnologías mínimas necesarios en centros y familias.

Entre otras cuestiones claves del momento se debatirá sobre ¿Qué hemos aprendido de todo este proceso? ¿Deberían haber estado los centros y la Administración mejor preparados para hacer frente con garantías a la digitalización de la educación? ¿Esta digitalización ha llegado para quedarse? ¿Volveremos a una presencialidad total en cuanto superemos la pandemia y este equipamiento dejará de utilizarse? ¿Cuál es la infraestructura mínima que deben poseer los centros y las familias para una digitalización real de la educación y sacar el máximo provecho de lo adquirido?

Y es que el confinamiento domiciliario y el cierre de los centros educativos durante los primeros meses de la pandemia supuso la implantación de una educación totalmente online de un día para otro.

Esta situación puso sobre la mesa las debilidades y las carencias de un sector que, aunque llevaba años apostando por la digitalización de sus centros, todavía se encontraba muy lejos de contar de una infraestructura que le permitiera hacer frente a situaciones como la vivida de forma satisfactoria.

Además, INTEF participará de manera destacada en el Summit y a su vez expedirá al profesorado asistente a las actividades un certificado acreditativo de 8 horas de formación, siempre que reúnan los requisitos establecidos. Los contenidos de sesiones y jornadas quedarán a disposición de la comunidad virtual para ser consultados conposterioridad al evento «LIVEConnect».

En The Summit también se darán a conocer las prácticas ganadoras en las diferentes categorías de los VIII Premios a la Innovación Educativa 2020 que, cada año, destacan las experiencias docentes más innovadoras ya llevadas a cabo y que cuentan con las TIC como aliados en esa mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

SEMANA EDUCACIÓN LIVE CONNECT

Ifema está dando pasos de gigante para incorporar en sus grandes ferias todos los recursos tecnológicos y apostar por las oportunidades que brinda la transformación digital.

Un contexto de innovación en el que se enmarca, entre otras, la puesta en marcha de la gran convocatoria global Semana Educación Live Connect, la mayor comunidad y red profesional e institucionalen torno al mundo de la Educación nunca antes vista, proyectada para potenciar la interacción de todos los agentes del mundo de educación durante los 365 días del año.

Con Aula a la cabeza y el resto de convocatorias que integran la Semana de la Educación (el Salón Internacional de Postgrado y Formación Continua, el Congreso Red, Schools Day y Expoelearning, además de The Summit by Simo Educación, arrancará con el programa «Mes de la Orientación Educativa» del 17 de marzo hasta el 17 de abril.

Y ello gracias a las ventajas que ofrece la nueva plataforma digital con base en tecnología de inteligencia artificial que permitirá, a partir de una edición también excepcional, abrir la brecha para futuras ediciones, rompiendo la estacionalidad, su actividad y gestión de contactos a lo largo del año, y globalizando sus contenidos, interacciones y proyectos con el acceso a comunidades de otros países, con especial atención a Iberoamérica.

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado hoy que no considera una «amenaza» la advertencia que ha realizado hoy el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ya que considera que sus palabras expesan el «malestar lógico» de ERC por la decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad al expresidente catalán, Carles Puigdemont.

«No va a afectar para nada» a las relaciones entre el PSOE y ERC, ha dicho Montero, que enmarca estas palabras en la intención de Gabriel Rufián de «poner en valor su opinión».

«Veo lógico y legítimo que en su pensamiento y en su hoja de ruta no comparta el sentido del voto del PSOE en el Parlamento Europeo, pero de sobra conocen ERC y el señor Rufián cuál era la opinión del PSOE en esta materia», ha espetado la Portavoz del Ejecutivo.

En cualquier Caso, María Jesús Montero ha dicho estar convencida de que este asunto «no va a afectar para nada a las relaciones entre ambas formaciones» ya que, ha recalcado: «todos somos conscientes de lo que pretende el otro» y de la necesidad de superar la situación en Cataluña.

El Portavoz de ERC en el Congreso ha afirmado esta mañana que le «harta» que el Gobierno no haga nada por el diálogo y que «si siguen así lo celebrarán en sus casas, no en la Moncloa», dando a entender que podrían no contar con su apoyo, aunque sin decirlo expresamente.

La Portavoz del Ejecutivo ha dicho que ella no interpreta estas palabras como «una amenaza», sino como una «lógica» dentro de la posición de ERC que «expresa el malestar obvio de una formación política que no querían que se produjera el suplicatorio y que entienden que no hay que juzgar a Puigdemont en España».

Sin embargo, ha insistido en que ERC y el resto de los partidos conocen la posición del Gobierno de que Puigdemont debe ser juzgado en España. En este sentido, ha pedido que se deje trabajar a los poderes judiciales que, ha precisado, son los que han reclamado el suplicatorio.

«No lo interpreto como una amenza, sino el malestar lógico de ERC», ha vuelto a insistir antes de mostrar su convencimiento de que el diálogo va a permitir avanzar en las cuestiones que preocupan en Cataluña sobre la «crisis de convivencia».

También ha expesado su deseo de que se configure cuanto antes el Gobierno en Cataluña para retomar las negociaciones de la mesa de diálogo para avanzar posturas y «superar el conflicto».

Al ser preguntada si no le preocupa que algunos integrantes de los partidos europeos hayan roto la disciplina de voto para no apoyar el suplicatorio contra Puigdemont, Montero ha despachado el asunto asegurando que los votos son secretos y se desconoce cuáles son las personas que han votado en un sentido u otro.

En su opinión, «lo importante es que se haya podido producir el suplicatorio y se pueda investigar a Puigdemont en nuestro país». En este punto, ha recordado que la actuación de Puigdemont, con la aprobación del referéndum ilegal de independencia, fue una «imposición unilateral por los dirigentes catalanes quebrantando las mayorías democráticas y las competencias que cada administración tiene asignadas».

Se trata, ha insistido, de «hechos graves» y ha dejado claro que «con esa diferencia de criterio se tienen que producir el diálogo: tanto ERC como el PSOE pensamos de forma distinta».

El 15 por ciento de las mujeres españolas entre 15 y 49 años ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida y el 3 por ciento en los últimos 12 meses, según un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay 10.485.184 mujeres de 15 a 49 a fecha de 1 de julio de 2020. Si se aplican las estimaciones de la OMS, esto significaría que unas 1.572.777 mujeres de 15 a 49 años en España han sido víctimas de violencia de género.

A nivel mundial, el documento estima que esta violencia ha afectado a entre 736 y 852 millones de mujeres, es decir, una de cada tres. Dentro de esta clasificación, no obstante, España se sitúa entre los países con menor prevalencia, junto con Austria, Chipre, Irlandia, Italia, Montenegro, Kazajistán, Comoras y Panamá. Todos estos países se encuentran en el rango del 15-16 por ciento.

Este informe, que presenta datos obtenidos en el mayor estudio realizado hasta la fecha sobre la prevalencia de la violencia contra las mujeres, ha sido realizado por la OMS por encargo de un grupo de trabajo especial de las Naciones Unidas. Se basa en datos que corresponden al periodo comprendido entre 2000 y 2018 y aporta nuevas estimaciones después de las más recientes, publicadas en 2013.

El documento, presentado este miércoles en rueda de prensa, apunta que esta violencia empieza en edades tempranas: una de cada cuatro mujeres de entre 15 y 24 años que han mantenido alguna relación íntima habrán sido objeto de las conductas violentas de un compañero íntimo cuando cumplan 25 años.

Según estos datos, alrededor de 641 millones de mujeres en el mundo sufren actos violentos perpetrados por un compañero íntimo. Esta forma de violencia es, con diferencia, la más frecuente que sufren las mujeres. Sin embargo, el 6 por ciento de las mujeres refieren haber sido agredidas sexualmente por personas que no son ni su marido ni un compañero íntimo. La OMS detalla que si se tienen en cuenta el «alto grado de estigmatización» y el hecho de que muchos abusos sexuales «no se denuncian», es probable que, en la práctica, «estas cifras sean mucho mayores».

«La violencia contra la mujer es endémica en todos los países y culturas. Es dañina para millones de mujeres y para sus familiares y se ha visto exacerbada por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, no disponemos de vacunas para ponerle freno y solo podremos hacerle frente si los gobiernos, las comunidades y las personas adoptan medidas y las integran plenamente con el fin de cambiar actitudes perjudiciales, mejorar el acceso a las oportunidades y los servicios para las mujeres y las niñas y fomentar las relaciones saludables y de respeto mutuo», ha señalado en su intervención el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

LA PANDEMIA EXACERBA LA VIOLENCIA

La OMS detalla que si bien las cifras publicadas revelan tasas «alarmantemente altas» de violencia contra las mujeres y las niñas, no reflejan el impacto que la pandemia de COVID-19 está teniendo en la actualidad.

Así, advierten de que esta pandemia «ha expuesto todavía» más a las mujeres a conductas violentas a causa de medidas como los confinamientos y las interrupciones de los servicios de apoyo vitales.

«Resulta muy preocupante que las tasas de esta violencia generalizada de los hombres contra las mujeres no solo no disminuye, sino que quienes más la sufren son las mujeres de 15 a 24 años que, en muchos casos, ya son madres. No olvidemos, además, que estamos hablando de la situación previa a la imposición de medidas para hacer frente a la pandemia, como la permanencia en los domicilios. Sabemos que las numerosas repercusiones de la COVID-19 han dado lugar a una ‘pandemia oculta’ de todos los tipos de violencia contra las mujeres y las niñas, como demuestra el incremento de los casos notificados. Todos los gobiernos deben tomar la iniciativa de forma decidida para hacer frente a este problema y empoderar a las mujeres con ese fin», ha resaltado la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka.

Por otro lado, el informe señala que, aunque en muchos países se ha registrado un aumento de las denuncias de violencia de pareja a los servicios telefónicos de información y ayuda, la policía, el personal sanitario, los profesores y otras personas durante los días de confinamiento, «solo podremos conocer el verdadero impacto de la pandemia cuando se puedan volver a realizar encuestas».

LAS DESIGUALDADES, UNO DE LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO

Las mujeres que viven en países de ingresos bajos y en la franja de países de menores ingresos dentro del grupo de países de ingresos intermedios sufren esta violencia de forma desproporcionada. Según los cálculos, el 37 por ciento de las mujeres de los países más pobres han sido objeto de violencia física y/o sexual por parte de un compañero íntimo en algún momento de su vida, y en algunos de estos países la prevalencia llega a ser de una de cada dos mujeres.

Las regiones que presentan las mayores tasas de prevalencia de la violencia de pareja entre las mujeres de 15 a 49 años son las de Oceanía, Asia meridional y África subsahariana, con unos índices que oscilan entre el 33 por ciento y el 51 por ciento, mientras que las tasas más bajas se registran en Europa (16-23 por ciento), Asia central (18 por ciento), Asia oriental (20 por ciento) y Asia sudoriental (21 por ciento).

El grupo de edad en el que las tasas de violencia sufrida más recientemente son más elevadas es el de las mujeres jóvenes. Entre las mujeres que han tenido algún compañero íntimo en el transcurso de los 12 meses previos, la tasa más elevada en ese periodo, con un 16 por ciento, corresponde a las jóvenes de entre 15 y 24 años.

«Para luchar contra la violencia contra la mujer es imprescindible actuar urgentemente para reducir la estigmatización en torno a este problema, formar a los profesionales de la salud para que aprendan a interrogar a las víctimas mostrando compasión y luchar contra las estructuras que perpetúan la desigualdad entre los géneros. Además, es fundamental dirigir las intervenciones a los adolescentes y los jóvenes con el fin de promover la igualdad de género y las actitudes que la fomenten», ha reclamado Claudia García Moreno, de la OMS.

El documento recuerda que todas las formas de violencia que sufre una mujer pueden afectar a su salud y su bienestar durante el resto de su vida, incluso mucho tiempo después de ocurridas. «Las víctimas corren mayor riesgo de presentar lesiones, depresión, trastornos de ansiedad, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual (incluida la infección por el VIH) y muchos otros problemas de salud. Además, se trata de un problema que afecta a la sociedad en su conjunto y conlleva unos costos enormes que repercuten en el desarrollo general y en los presupuestos de los países», argumenta.

Para prevenir la violencia, instan a «solventar las desigualdades económicas y sociales sistémicas, velar por el acceso a la educación y al trabajo seguros e introducir cambios en las normas y las instituciones que discriminan por motivos de género». «Hay también otras intervenciones eficaces, como los programas aplicados para garantizar la disponibilidad de servicios esenciales para las mujeres que han sobrevivido a actos violentos, prestar apoyo a las organizaciones de mujeres, hacer frente a las normas sociales que perpetúan las desigualdades, reformar las leyes discriminatorias y potenciar los mecanismos jurídicos pertinentes, entre muchas otras», concluyen.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra inició este martes el juicio contra un hombre para el que la Fiscalía pide penas que suman 21 años de prisión por, supuestamente, agredir sexualmente a una mujer septuagenaria en su vivienda de Bueu, a la que también habría golpeado y robado.

Al inicio del juicio el acusado ha negado los hechos que se le imputan, aunque su declaración tendrá que esperar hasta la última sesión de la vista oral.

El juicio por estos hechos se retomó este martes después de que hubiese sido suspendido el pasado 12 de enero porque el abogado defensor presentaba síntomas compatibles con el coronavirus.

En esta ocasión el letrado planteó una serie de cuestiones previas, la más llamativa fue una petición para que el acusado declarara en último lugar tras la práctica de la prueba. El abogado de la defensa argumentó que es una circunstancia que «próximamente estará vigente con el nuevo Código Procesal Penal».

En este mismo sentido le ha respondido la fiscal, recordando a la sala que este hombre está siendo juzgado «siguiendo los trámites legalmente previstos a día de hoy». El tribunal ha aceptado la petición del abogado y su cliente será el último en declarar en el plenario.

«VULNERACIÓN DERECHO A LA INTIMIDAD»

La defensa también alegó la «vulneración del derecho a la intimidad» de su cliente, al entender que durante la investigación se obtuvo su perfil genético «con engaño» por parte de la Guardia Civil, por lo que la práctica de esta prueba fue, dijo, «fraudulenta».

La fiscal ha replicado que no va a utilizar esa prueba durante el juicio, por lo que no pone reparos a la queja del letrado. «No nos interesa esa prueba», ha dicho. El Ministerio Público cuenta con otra recogida de muestras biológicas que se obtuvo con la autorización expresa del acusado y estando asistido en ese momento por su abogado. «Todo se practicó legalmente, respetando y garantizando su intimidad», ha subrayado la fiscal.

Además el abogado protestó porque la víctima, una mujer de cerca de 80 años, compareciese por videoconferencia y asistida por un psicólogo. Considera el letrado que esa debe ser una «situación excepcional» y exigió «un proceso con todas las garantías y en igualdad de armas», ya que «entendemos que no está motivada» esa declaración por vía telemática.

El tribunal desestimó esta petición. Con todo, por problemas técnicos que imposibilitaron la conexión, la mujer tuvo que acudir personalmente hasta la Audiencia donde compareció a puerta cerrada, momento en el que el tribunal ordenó el desalojo del público de la sala.

ACUSACIÓN

Según el escrito de acusación pública, los hechos por los que se juzga a este hombre ocurrieron en la madrugada del 3 al 4 de marzo de 2017, cuando el acusado, vestido con ropa oscura y con la cabeza cubierta por un pasamontañas, entró en una vivienda en Bueu tras romper los cristales y los barrotes de una puerta.

En la vivienda se encontraba la víctima sola, que fue sorprendida por el asaltante y no pudo defenderse, según sostiene la Fiscalía. Así, relata en su escrito que se abalanzó sobre la mujer (de 75 años de edad), a la que golpeó y la despojó del pijama, antes de ponerle cinta aislante en la boca, taparle la cabeza con ropa y atarle las manos por detrás y las rodillas.

Tras agredirla sexualmente, le echó por encima el contenido de una botella de vino y, con un trozo de sábana, trató de eliminar restos biológicos. A continuación, le robó 1.250 euros que la mujer tenía en un bolso, le tiró el teléfono móvil a un cubo de basura en la cocina y, después de soltarle la cuerda de las rodillas, huyó de la vivienda.

Como consecuencia del ataque, la septuagenaria sufrió lesiones físicas y secuelas. Por estos hechos, el ministerio público considera al acusado autor de un delito de agresión sexual con penetración, otro de lesiones y uno de robo con violencia, y considera que concurren las circunstancias agravantes de alevosía y disfraz.

Por la agresión sexual pide que sea condenado a 15 años de cárcel; por el robo a cuatro años; y por las lesiones, a dos años de prisión. También reclama que indemnice a la víctima con 8.460 euros por las lesiones y las secuelas, que le devuelva los 1.250 euros que le robó y que pague los 90 euros del arreglo de los cristales fracturados en la casa (el resto de daños fueron cubiertos por el seguro).

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha avisado este lunes que si el centroderecha no está unido «no va a ganar» las elecciones y ha señalado que el PP tiene que convertirse en un «imán» y «foco de atracción» de los demás partidos que ocupan ese espacio electoral, como sucedió en el pasado durante su mandato. Tras asegurar que el PP está en un momento «manifiestamente mejorable», ha aconsejado al actual líder de los ‘populares’, Pablo Casado, plantear a los españoles un proyecto «claro» e «identificable».

«Hay que plantear un proyecto muy claro y hablar muy claro a los españoles», ha recalcado Aznar en su intervención en el Aula de Liderazgo del Instituto Atlántico de Gobierno y la Universidad Francisco de Vitoria bajo el título ‘España, Constitución, Libertad. 1996-2004’. Los periodistas Maite Rico, Jorge Bustos, Carlos Sánchez y Manuel Marín han participado en este debate, que ha moderado la coordinadora del máster en Periodismo de la UFV, Angie Rigueiro.

Aznar ha señalado que, a pesar de las «dificultades» de comunicación y las «torpezas» que pueda encontrar el PP en la oposición, si se dice «claramente lo que se va a hacer», una mayoría de españoles se sumará a un proyecto «identificable. Eso sí, ha admitido que el PP tiene que buscar «nuevos elementos de definición porque la sociedad ha cambiado mucho».

Al ser preguntado expresamente si cree que el Partido Popular está en su peor momento, después de derrotas electorales como la de las catalanas el pasado 14 de febrero, Aznar ha asegurado que él tiene dos carnés, el del Real Madrid y el del PP, y ha agregado: «Digamos que los dos están en momentos manifiestamente mejorables».

El expresidente ha señalado que el PP tiene que convertirse en un «foco de atracción» y un «imán» que atraiga a los electores de «los demás partidos de centroderecha», que es lo que ocurrió en el pasado y es «uno de los ejemplos que valen para ahora».

«HAY QUE SER ÚTIL, NO ES CUESTIÓN DE SER DURO O BLANDO»

Aznar ha afirmado que una de las «grandes lecciones» que pueden extraer de la historia es que si el centroderecha quiere llegar a Moncloa tiene que estar «unido». «Si no está unido, básicamente no va a ganar las elecciones. Es una regla que es muy simple anunciarla y es más complicada ponerla en práctica», ha admitido, para añadir que «no es verdad que la mayoría en España esté «condenada a ser de centroizquierda».

Además, el expresidente del Gobierno ha dicho que la oposición tiene que «ser útil» a los españoles. «Es cuestión de acierto y utilidad, no de ser duro o blando», ha manifestado, para poner en valor esas tesis en un momento de «gran fraccionamiento social y político», así como de «gran confrontación social».

En cuanto a la decisión de Pablo Casado de dejar la histórica sede de Génova para romper con el pasado, Aznar ha minimizado esa decisión y ha dicho que él no hacía de esa mudanza una «categoría política». «Es una mudanza, uno se muda y lo que hace falta es que cuando se muden, lo hagan bien, que llamen a una buena casa de mudanzas», ha ironizado.

EL EMPLEO SIGUE SIENDO EL PRINCIPAL PROBLEMA DE ESPAÑA

Tras asegurar que su objetivo era que esta charla «académica» sirviera a los alumnos para sacar lecciones y ser útil al momento actual, Aznar ha destacado que «25 años después» de su llegada al Palacio de la Moncloa «el problema de la economía española se sigue llamando empleo.

Dicho esto, y coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer que se celebró este 8 de marzo, ha subrayado que cuando en 1996 llegó al Gobierno había 4,3 millones de mujeres ocupadas y cuando salió de Moncloa esa cifra llegaba a los siete millones. «Y por primera vez en la historia de España había una presidenta del Congreso y una del Senado», ha manifestado.

A su entender, hay que «sacar una lección» de esos hechos frente a los discursos que se hacen estos días, sobre todo «cuando el empleo es todavía el principal problema de España» con «cinco millones de personas» sin trabajar, algo que, a su juicio, es «una situación social brutal».

Aznar ha señalado que las dos obligaciones que tiene un gobernante es «mejorar las condiciones de las personas que viven en su país» y lograr que ese país sea «más influyente en el mundo». Al rememorar sus ocho años de Gobierno, ha afirmado que se produjo «un salto adelante en España muy importante», tanto desde el punto de vista económico y social, como de influencia y presencia de España en España, «con sus altos y con sus bajos».

«LA BATALLA DE LAS IDEAS ES FUNDAMENTAL»

Tras asegurar que se ha pasado de un Estado de respeto a un Estado «débil», ha advertido de que no puede haber una sociedad sin jerarquía de valores y ha agregado que «ahí la batalla de las ideas es fundamental».

Aznar ha afirmado que él no cree en la «política perfecta» sino en la «política posible». Y ha añadido que hay una España «posible y deseable» que, «sin duda, es mejor» que la que hay en este momento. «España durante aquellos años era un ejemplo de crecimiento y de convergencia con Europa y naciones poderosas y hoy no es así», ha enfatizado.

Además, ha lamentado que en España se hayan dejado de practicar «políticas comunes» para practicar «políticas excluyentes», una diferencia «muy importante» con sus años de Gobierno, según ha dicho. En este punto, ha señalado que «la izquierda digirió muy mal su mayoría absoluta en 2000» y, ante el temor de que pudieran estar «20 años», cambió de actitud y apostó por la política «excluyente y guerracivilista».

«LA INHIBICIÓN CONSTITUCIONALISTA» EN CATALUÑA

Sobre la situación en Cataluña, Aznar ha asegurado que los nacionalistas tienen un conflicto con ellos mismos «que no van a superar». «Su gran frustración es que Cataluña no fue Castilla y eso no tiene remedio», ha proclamado.

El expresidente ha señalado que los nacionalistas e independentistas viven en una «incomodidad permanente» y que así se lo trasladó varias veces Jordi Pujol a partir de 1996. Tras defender el pacto del Majestic que firmó con CiU, ha subrayado que el nacionalismo en el año 2000 estaba «débil» porque había «un orgullo de España». «Ésa es una buena lección para tener presente hoy», ha agregado.

Aznar ha asegurado que lo único que le faltaba al Gobierno de Cataluña es que «llegue la FAI» y «ya lo tienen» con la CUP. En su opinión la consecuencia de lo que está ocurriendo en esta comunidad «no va a ser nada buena».

En este punto, ha defendido afrontar la situación «desde una enorme fortaleza» y ha indicado que si se quiere una situación de normalidad hay que «retornar a la legalidad con todas las consecuencias». «Si no, la nación española corre el riesgo de perder su continuidad histórica», ha avisado.

Aznar ha recordado que propuso a Pujol entrar en su Gobierno con mayoría absoluta pero que éste se lo tomó como «una ofensa». Según ha explicado, él estaba intentando que el nacionalismo que participó en la Constitución no se fuera y ha preguntado qué han hecho las fuerzas constitucionalistas después «para impedir que eso no se produzca». «Creo que la inhibición constitucionalista ha sido demasiado evidente», ha manifestado, en alusión a la actuación de Mariano Rajoy en Cataluña.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde, este martes, al Plan Corresponsables, impulsado por el Ministerio de Igualdad, que destinará unos 190 millones para crear una red pública de cuidados para niños menores de 14 años.

Tal y como ha explicado la portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, esta iniciativa comenzará a funcionar en cuanto el texto ahora aprobado sea ratificado por las comunidades autónomas en la reunión sectorial que tendrá lugar en abril.

Este Plan se ha estado negociado ya durante meses con las autonomías para determinar el reparto de las cuantías. Tal y como ha señalado Montero, para ello se ha tenido «especial consideración» la realidad del territorio del país. Se refiere así, a la España vaciada o a aquellas regiones con «mayor dispersión» de la población o más «zonas rurales», de forma que este iniciativa se pueda poner en marcha «con garantías».

En cuanto a su aplicación, la ministra portavoz ha indicado que se basa en tres ejes: la creación de una bolsa de cuidados a domicilio o en lugares públicos habilitados para ello; la apuesta por el fomento del empleo; y la dignificación de los cuidados mediante la certificación de experiencia que permita el paso de un trabajo informal al sector formal.

Desde la secretaría de Igualdad, han explicado que el objetivo de este último eje es que aquellas mujeres que en la actualidad trabajan cuidando «en negro» tengan reconocida su experiencia durante esos años en los que su trabajo ha estado invisibilizado.

En cuanto al acceso a este servicio, Montero ha indicado que habrá criterios de renta, aunque se priorizará a ciertos grupos de población, como hogares monoparentales, mujeres víctimas de violencia machista, mujeres mayores de 45 años o personas con otras responsabilidades de cuidados.

LOS CRITERIOS LOS PONEN LAS CCAA

La Secretaría de Estado de Igualdad ha señalado que no se han establecido desde su departamento ni un mínimo salarial, no condiciones mínimas para lograr el «empleo digno» que se pone como objetivo con esta iniciativa, ya que son las autonomías las que pondrán esos criterios, pero sí reconoce que desde el Ministerio se hará «seguimiento» y estarán «pendientes de que estas condiciones se cumplan».

En este sentido, señala que no se permitirá que esta iniciativa se convierta, por ejemplo, en un «cheque bebé». Es decir, en «un dinero que se dé directamente a las familias». «Tienen que tener la bolsa de trabajo», ha explicado la secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera.

La ‘número dos’ del departamento ha indicado que el objetivo en este primer año de aplicación del Plan será «atender de las forma más rápida posible» a los hogares más afectados por la situación de pandemia y el Ministerio, explica, ha sido «laxo» con los objetivos y obligaciones. El próximo año, ha indicado, habrá más objetivos y, esperan, mayor presupuesto.

Los grupos parlamentarios de izquierda en la Asamblea de Madrid (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos) han pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que «priorice la salud» a la hora de adoptar medidas de cara a la Semana Santa y apoye una estrategia nacional.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, la portavoz de Unidas Podemos-IU, Isa Serra, ha lamentado que Ayuso se niegue al «consenso» en Semana Santa y se oponga a «proteger la salud y la vida del conjunto de los madrileños». «Debería llegar a un consenso y no bloquear», ha lanzado.

Por su parte, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha pedido a Ayuso que en esta recta final de la pandemia haga «un esfuerzo y no vuelva a jugar con fuego», para «priorizar, por una vez, la salud frente a sus intereses políticos».

El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha indicado que hay que pensar en la salud de todos y «cumplir con las decisiones de las autoridades sanitarias». «Es que a ver si va a resultar que hay una España, y luego está Madrid que es singular. Cuidado con este camino de un Madrid singular distinto del resto», ha criticado Gabilondo.

El líder de la oposición ha señalado a la presidenta que «nadie quiere hundir Madrid», sino que se trabaje en una estrategia nacional, donde «su singularidad» quepa en una «estrategia nacional».

«HAY QUE ABRIR LA COMUNIDAD», DICE VOX

La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, sin embargo, considera que se deben abrir todas las comunidades y no guiarse por si están vacunados o no, «algo que va en contra de los españoles que no han tenido esa opción aún». «Hay que defenderlo con criterios de prudencia sanitaria, horarios y aforos, pero no restringir la movilidad porque nos vamos a arruinar», ha insistido.

El portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha reconocido que «ojalá hubiera una estrategia nacional» y que se viera «cuál es la realidad de cada comunidad». Aun así, no entiende por qué dentro de España se cierra la movilidad pero pueden «llegar aviones de todo el mundo».

Por último, el portavoz de Cs, César Zafra, ha indicado que es una cuestión que tiene que decidir Sanidad; mientras el resto de políticos dan un mensaje de «precaución» y de que la pandemia «aún no ha terminado».

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo(AECID) ha enviado este martes un cargamento de ayuda humanitaria a petición del Gobierno de Guinea Ecuatorial para atender las necesidades ocasionadas por las explosiones registradas el domingo en la ciudad de Bata, en las que fallecieron casi un centenar de personas.

El cargamento está compuesto principalmente por medicamentos y material sanitario y valorado por unos 60.000 euros. El Gobierno solo tendrá que pagar el 25 por ciento de esta cantidad, ya que el envío se realizará a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, que sufragará el 75 por ciento restante, según han informado fuentes de AECID.

La ayuda llegará el miércoles a Bata, capital económica del país, donde el Consulado español y la responsable de la oficina de AECID lo entregarán al Ministerio de Sanidad ecuatoguineano. Su finalidad será respaldar la atención a las personas afectadas y, en especial, a las que están siendo atendidas en los hospitales de Bata, la ciudad más poblada del país.

En la salida de la ayuda desde la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, han estado presentes la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau, y el director de la AECID,Magdy Martínez Solimán, así como el embajador de Guinea Ecuatorial en España, Miguel Edjang Angue.

Moreno ha indicado que el Gobierno «está comprometido con la población de Guinea Ecuatorial y en concreto con la que ha sufrido las consecuencias de la explosión en Bata». Por ello, ha añadido, «hemos querido responder cuanto antes al llamamiento de emergencia de las autoridades ecuatoguineanas».

Por su parte, el embajador ecuatoguineano ha agradecido la ayuda española, resaltando que es «símbolo de la buena relación de los dos estados» y el compromiso de España para con la población de Bata.

Según el último balance oficial, al menos 98 personas murieron y más de 600 resultaron heridas en las explosiones ocurridas en el Cuartel de Intervención Rápida de Nkuantoma de la citada ciudad.

El presidente del país, Teodoro Obiang Nguema, ha atribuido lo ocurrido a la «imprudencia» y la «ignorancia» y la «malicia de los que conocían la peligrosidad» de la dinamita a la que atribuye las explosiones.

«La dinamita normalmente, en otras partes, se guarda muy lejos de la población. Incluso se guarda debajo de la tierra (…). Por eso hemos sufrido esa devastación y prácticamente nos está costando un gasto económico, material y una inseguridad humana», zanjó.

El secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo, ha exigido este martes al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, que «pida la dimisión a Javier Arenas como senador por Andalucía» tras las últimas declaraciones del extesorero del PP Luis Bárcenas, que «lo señalan como uno de los perceptores de sobres con dinero negro de la ‘caja B’ del PP nacional», y ha advertido de que, o el líder de los ‘populares’ andaluces «cesa fulminantemente a Arenas, como pide buena parte de su propio partido, o quedará convertido automáticamente en su cómplice».

En una rueda de prensa en la sede del PSOE-A, en Sevilla, Juan Cornejo ha señalado que el presidente de la Junta «tiene que mover ficha y zanjar la corrupción que le rodea, y aquí lo tiene fácil», y ha comentado que, si «calla y otorga», será que «tendrá algo que ocultar en las mordidas, en sobresueldos, en la financiación ilegal del PP, en la ‘caja B’ y en sus ramificaciones que pudiera haber en Andalucía».

El ‘número dos’ del PSOE-A también ha reclamado al presidente andaluz que «deje la calculadora electoral y de mirarse a sí mismo y abra los centros de salud cerrados, tal y como prometió», y ha comentado que «a Moreno Bonilla le preocupan más sus cuentas para unas elecciones de dentro de dos años que lo que están sufriendo los andaluces».

En esa línea, ha denunciado que «Moreno Bonilla no es consciente de que Andalucía tiene un millón de parados, miles de trabajadores en situación de ERTE, miles de negocios y sus familias pasándolo realmente mal».

«Ante este panorama, con total irresponsabilidad y debilidad, lo que se dedica es a ofrecer un pacto a un partido –en alusión a Ciudadanos (Cs)– para ir juntos en las próximas elecciones», según ha criticado el dirigente socialista en referencia a Juanma Moreno.

«RETROCESOS» EN IGUALDAD EN ANDALUCÍA

De igual modo, el secretario de Organización del PSOE-A ha considerado que al presidente de la Junta se le debería «caer la cara de vergüenza» por ser «partícipe de los retrocesos que estamos viviendo en Andalucía en materia de igualdad» y por haber permitido «que los planteamientos machistas que están en la hoja de ruta de la ultraderecha de Vox vuelvan a colarse por las rendijas de la administración pública».

En esta línea, el socialista ha señalado que «Moreno Bonilla y su gobierno son los responsables de que en dos años Andalucía esté dando pasos atrás», y que, «a cambio de mantener sus sillones, están destrozando nuestra educación pública, que es la garantía y el muro de contención más potente que tenemos para frenar el machismo y los ideales retrógrados», según ha aseverado Juan Cornejo.

Ciudadanos ha acusado este martes al Gobierno de «postureo político» por anunciar desde hace dos semanas «a bombo y platillo» un plan de ayudas para las empresas afectadas por la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 para después no aprobarlas.

«Que se deje ya de postureo y que piense que la gente necesita esas ayudas y la economía pueda salir del bache en el que se encuentra», ha implorado su portavoz adjunto Edmundo Bal en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Cámara Baja.

Bal ha recordado que su formación ya defendió un plan concreto para estos negocios en los últimos Presupuestos Generales del Estado de 2021 y que, pese a anunciarlo «haciéndose la foto», el Gobierno sigue «sin concretar cómo deben ser estas ayudas».

En este sentido, ha lamentado que el propio presidente no fuera capaz de responder a la líder de Cs, Inés Arrimadas, sobre el carácter de esta línea de facilidades –-«se dedicó a poner caras y aspavientos», ha censurado–, y ha reiterado la necesidad de que estos recursos se transfieran directamente a las empresas y no sean créditos. «No nos valen las ayudas financieras, nos hacen falta ayudas directas», ha subrayado.

A LA ESPERA DEL PLAN DE AYUDAS DIRECTAS

El Gobierno contemplaba este martes la aprobación de esta línea de ayudas anunciada por Pedro Sánchez hace ya dos semanas, algo que ahora se espera para el viernes en un Consejo de Ministros extraordinario.

Sin embargo, el Ejecutivo aún no ha concretado cómo se gestionarán estos fondos, ni tampoco qué peso tendrán las exigidas ayudas directas para compensar costes fijos y pérdidas de las empresas más afectadas por la crisis provocada por la pandemia y sus restricciones.

Diversas informaciones publicadas en medios apuntan a que, de los 11.000 millones anunciados por Sánchez, 5.000 millones irían a ayudas directas a las empresas, 1.000 millones para la capitalización de sociedades y otros 5.000 millones para reestructuraciones de deuda.

Las exigencias de Unidas Podemos planteadas para ese decreto ley que debe aprobar el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de Nadia Calviño contemplan que, al menos, se dediquen 8.000 millones en ayudas directas, sujetas a condiciones como el mantenimiento del empleo o una tributación por ingresos reales, y no limitarlas a sectores determinados.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado la pena a cuatro condenados por explotar sexualmente a mujeres en un club de alterne entre invernaderos de Vícar (Almería) porque estima que no constituían un grupo criminal, sino que entre ellos había una relación que sería análoga a la de empleador y empleados.

El Alto Tribunal andaluz estima parcialmente el recurso de apelación y les absuelve del delito de pertenencia a organización criminal, pero mantiene el resto de pronunciamientos del fallo de instancia ya que estima acreditado que las mujeres que ejercían la prostitución en el local «lo hacían en condiciones sumamente perjudiciales, muy gravosas y abusivas, todo ello con beneficio económico de los acusados».

La sentencia, hecha pública este martes, condena al propietario del club de alterne a 12 años de prisión y cinco años de multa a razón de ocho euros al día como autor de un delito relativo a la prostitución mientras que a su mujer, quien se encargaba semanalmente de recoger el dinero que debían pagar las víctimas, y en alguna ocasión les daba instrucciones sobre la forma de vestir, le impone en calidad de cómplice la pena de seis años de cárcel y multa de dos años con la misma cuota al día.

Mismas penas como cómplice impone al poseedor de las llaves de todas las habitaciones de las mujeres y del local, mientras que al cuarto acusado, encargado del local cuando se ausentaba el propietario, le condena, además, a tres años de cárcel al imputarle dos delitos de abuso sexual.

El TSJA indica que, analizado el caso, no se trata de «un grupo de personas concertadas para la comisión de múltiples delitos», sino que se trata de una persona que «explota un prostíbulo» con la «colaboración secundaria y subordinada de otras tres» y remarca que no aparecen indicios de otras conductas «frecuentes en el ámbito de la explotación sexual como el intercambio de mujeres prostituidas entre locales, la recogida y transporte de las víctimas o el solapamiento con tráfico de personas o de drogas».

La sentencia recoge que durante el año 2018, en el local estuvieron ejerciendo cuatro mujeres, testigos protegidos, «en condiciones sumamente perjudiciales, muy gravosas y abusivas, todo ello con un beneficio económico para los acusados».

Las cuatro víctimas estaban en situación irregular en España y en una «difícil situación económica», tenían que cumplir con un largo horario desde las 19,00 horas hasta las 07,00 horas, y se alojaban y ejercían la prostitución en una habitación de «reducidas dimensiones, con cuatro colchones colocados sobre bloques de hormigón, uno para cada chica, y separados por medio de telas a modo de cortinas».

«En el lugar había chinches, pulgas e incluso ratones, no tenia agua caliente, carecía de las mínimas condiciones de higiene y salubridad», subraya la sala, que añade que pagaban la cantidad de «diez euros diarios por la cama donde iba a dormir y a trabajar, que debían abonar cinco euros semanales por productos de limpieza, y un euro diario por luz y agua». Además, según precisa, todos los sábados «tenían que abonarle 60 euros».

«Las víctimas no tenían otro medio de vida, ni otro sitio donde ir, estaban indocumentadas, no podían elegir al cliente y si se negaban a realizar algún servicio con un cliente, el propietario les imponía multas», concluye.

La sentencia añade con respecto a uno de los acusados que, en una ocasión, «le tocó los pechos, sin su consentimiento» a una de las víctimas e hizo lo mismo con otra «sin consentimiento» y entrando «sin avisar en las habitaciones en las que se encontraban, bien descansando, bien cambiándose de ropa».

En noviembre de 2018 tuvo lugar la entrada y registro, judicialmente acordada, en el local, donde se identificaron a 20 mujeres y 35 clientes. Nueve de ellas encontraban en situación irregular en España por carecer de tarjeta de residencia o tenerla caducada. Se intervinieron 769,50 euros procedentes de la ilícita actividad desarrollada en el inmueble.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha resuelto 573 recursos contra la liquidación practicada por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en concepto de tarifa de aprovechamiento de aprovechamiento del agua de acueducto Tajo-Segura, tras dictar sentencia en un recurso tramitado con carácter preferente y cuyos efectos se extienden a la multitud de asuntos con idéntico objeto presentados en ese órgano.

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), en representación de diferentes comunidades de regantes, solicitó la revocación de multitud de resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Región de Murcia (TEAR) y la anulación de la liquidación en concepto de «Tarifa de Utilización del Agua», con devolución de las cantidades pagadas por los recurrentes y los intereses correspondientes, según informaron fuentes del TSJMU en un comunicado.

Al estar interponiéndose un gran número de recursos contencioso-administrativos contra resoluciones del TEAR de Murcia relativas a las liquidación de la tarifa del trasvase Tajo-Segura, y dado que estos, hasta un total de 573, tenían idéntico objeto, salvo en lo que se refiere a la cuantía, por auto de 5 de noviembre de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la Sección 2 acordó la tramitación «con carácter preferente» de uno de los recursos interpuestos, suspendiendo la del resto de recursos hasta que se dictara sentencia en este procedimiento, designado como pleito testigo.

En sentencia del pasado mayo, la Sala acordó desestimar el recurso contencioso administrativo número 131/19 interpuesto por el SCRATS en representación de una comunidad de regantes y, en noviembre, la sentencia devino firme, con la inadmisión por el Tribunal Supremo del recurso de casación interpuesto.

Una vez notificada la sentencia a las partes afectadas por la suspensión de los 572 recursos cuya tramitación se había paralizado, estas han optado por desistir del procedimiento, gestionando el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (SCOP) el desistimiento de los asuntos que pendían de resolución.

Los casi 600 decretos dictados por el Letrado de la Administración de Justicia del citado servicio en los últimos días, aceptando el desistimiento interesado, acaban con la tramitación de todos los procedimientos, resueltos con una sola resolución de la Sala.

EL FONDO DEL ASUNTO

Los recurrentes alegaban que con la liquidación se infringía el principio de capacidad económica «puesto que la tarifa establece una base imponible teórica, como es la dotación concesional o comprometida, que es el volumen máximo de asignación establecido para la comunidad de regantes».

Y subrayaban que, a partir de junio de 2017, «la Administración cambia inopinadamente de criterio y altera las liquidaciones que durante estos 37 años venía practicando, al modificar la base correspondiente a los conceptos de coste de amortización de obras y gastos fijos de funcionamiento, que ya no será el volumen efectivo de agua suministrada, sino la dotación máxima teórica que correspondería a cada comunidad de regantes». Decisión que atribuían a que «desde mayo de 2017, un mes antes de las nuevas liquidaciones hasta abril de 2018, no se produjo ningún trasvase, de acuerdo con la situación hidrológica existente y en cumplimiento de las normas de explotación del propio trasvase Tajo-Segura».

La Sala, recogiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, recuerda que la tarifa se descompone en tres conceptos: la amortización del coste de las obras, los gastos fijos de funcionamiento y los gastos variables de funcionamiento y aclara que para calcular la base imponible cada componente se debe aplicar sobre un volumen diferente, concretamente el primero y el segundo sobre la dotación concesional comprometida, mientras que el tercero será sobre el consumo realmente producido. «Y si en el pasado no se ha cumplido el mandato legal, dicha actuación contraria a la ley no puede amparar su perpetuación hacia el futuro».

«Es cierto que, a diferencia de periodos anteriores, en las circunstancias actuales resulta especialmente gravosa la aplicación exacta de lo previsto en la Ley», reconocen los magistrados en la sentencia, «y quizá sería deseable que se adoptaran medidas acordes con las circunstancias propias del momento concreto en el que se ha de aplicar la Ley que mitigaran los duros efectos de la misma en este momento», concluyen.