La Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años y medio de prisión para el ex consejero delegado del Grupo DIA Ricardo Currás, y tres años y un día tanto para su mano derecha Amando Sánchez Falcón como para los ex directores comerciales Luis Martínez Gallardo y Juan Cubillo, y el que fuera director financiero Antonio Arranz Martín.

Fuentes jurídicas señalan que, en su escrito de acusación, el fiscal les imputa un delito continuado de falsedad en las cuentas que, como explicaba en el auto de fin de instrucción el juez Alejandro Abascal, supuso alteración en las cifras de la compañía en 2016 y 2017 mediante prácticas irregulares que habrían supuesto un incremento ficticio de casi 52 millones.

Este escrito de calificación llega dos semanas después de que el juez instructor procesara también a DIA España como responsable civil subsidiario y archivara la causa para los dos socios consultores de KPMG, consultora encargada de auditar las cuentas de la compañía en 2016 y 2017. También sobreseía la causa para los miembros de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de la cadena de supermercados de esos mismos ejercicios, y para el responsable de la política de cumplimiento normativo.

De esta manera, quedaban fuera de la causa el que fuera CEO de DIA entre diciembre de 2018 y mayo de 2019, Borja de la Cierva, imputado por haber pertenecido a esa misma comisión desde octubre de 2016, Richard Golding (presidente de esa comisión en 2016), Juan María Nin Génova –fue vocal externo de esa comisión–, María Luisa Garaña Corees –vocal independiente desde febrero de 2017– y Julián Díaz González –vocal independiente y miembro de la misma en 2016 y 2017–.

Ahora, el fiscal interesa también para Currás una multa de 18 meses a razón de 25 euros al día, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad mercantil como personal de alta dirección durante el tiempo de la condena.

Para Sánchez Falcón y el resto de directivos pide además multa de 13 meses a razón de 10 euros al día, además de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad mercantil de alta dirección durante el tiempo de la condena.

En cuanto a la responsabilidad civil, dado que queda acreditada en instrucción la existencia de perjuicio, Currás deberá indemnizar a DIA SA con la cantidad mínima de 275.232 euros. Además la cadena de supermercados, si bien de conformidad con al artículo 120.2 del Código Penal responde como responsable civil subsidiaria, dado que no se efectúa reclamación por la variación en el precio de cotización de las acciones, la fiscalía señala que solo procede, respecto a estas cantidades, la restitución del bonus indebido.

NOTABLES IRREGULARIDADES

Esta investigación se inició en 2019, a raíz de una querella de accionistas de la mercantil DIA que denunciaban por estafa a los responsables de la cadena de supermercados por distintas actuaciones contables irregulares que ponían de manifiesto que las cuentas del ejercicio de 2017 de la entidad no reflejaban la veracidad y exactitud de su situación económica, al existir notables irregularidades contables.

El auto de Abascal recogía todas las diligencias practicadas y explica que con la instrucción ya finalizada se ha acreditado que Currás, como consecuencia del empeoramiento recurrente de resultados del grupo y de la consiguiente caída de la acción desde 2015, empleó su conocimiento y posición para «actuar» sobre determinadas partidas de la contabilidad de DIA España S.A. impartiendo órdenes de contabilización de magnitudes «que no respetaban la normativa contable, ni la realidad del negocio, pero permitían mejorar resultados, tanto del año 2016 como los del año 2017».

Este plan se lleva a cabo al haber sido «especialmente inferiores a las expectativas» los resultados de 2017, «dadas las bajadas de precios que el grupo se vio obligado a hacer en España para relanzar las ventas».

Esas prácticas irregulares, según relataba el juez en su resolución de 38 páginas, condujeron a que se fueran arrastrando unas cantidades de un año a otro, mejorando los resultados de cada año con base a ingresos futuros, «generando un acumulado cada vez mayor, con la esperanza de que de volver a mejorar los resultados por la propia actividad se fuesen compensando sin que nadie lo advirtiese».

Los agentes de la Guardia Civil Francisco Rodríguez y Damián Salido, han explicado este martes su actuación tras la agresión que sufrió este lunes una vecina de Massamagrell (Valencia) quien fue apuñalada en plena calle a manos de su expareja, un hombre que fue detenido en el mismo lugar de los hechos.

La víctima, de 53 años, se encuentra ingresada en el Hospital Clínico de Valencia con pronóstico reservado, según han señalado fuentes sanitarias, aunque uno de los propios agentes que intervino en esta actuación ha confirmado que está evolucionando favorablemente.

Los hechos sucedieron sobre las 8.15 horas de este lunes cuando la mujer recibir varias cuchilladas supuestamente por parte de su expareja, de 51 años, en plena calle. Vecinos que se encontraban en el lugar intervinieron y lograron impedir que el hombre siguiera agrediendo a la víctima.

De hecho, los agentes han valorado positivamente la actuación vecinal porque han destacado que ellos fueron los que consiguieron «frenar» la agresión a su vecina y retener al presunto autor. «Ellos son los verdaderos héroes, no todo el mundo se enfrenta a una persona con un cuchillo», han destacado.

Los dos guardias civiles han detallado cómo actuaron tras recibir el aviso de una agresión con arma blanca. Al llegar, se encontraron allí una escena «dantesca» en la que una mujer yacía en el suelo gritando de dolor y llena de sangre y el presunto agresor, expareja de la víctima, que ya había sido detenido por la Policía Local de Massamagrell.

Ambos agentes han precisado, que tuvieron que actuar «rápido» ante la «gravedad de las heridas» que presentaba la víctima, y que decidieron ‘in situ’ desplazarla en su vehículo hasta el centro sanitario más cercano al comprobar que la ambulancia se estaba demorando porque no estaba «muy próxima» al lugar de los hechos.

«Mientras que mi compañero conducía el coche, yo me encargué de taponar la herida más sangrante que estaba en el abdomen e intentar que no perdiera la conciencia y decirle que le íbamos a salvar», ha señalado uno de los agentes.

Una vez el equipo médico del centro de salud de Massamagrell consiguió estabilizar a la mujer, observaron que había perdido mucha sangre y que seguía presentando heridas de gravedad por lo que decidieron desplazarla hacia el Hospital Clínico de Valencia.

«Tuvimos que facilitar la conducción de la ambulancia del SAMU, nos pusimos delante y llegamos al Hospital Clínico en escasos minutos y, por ahora, esta mujer sigue evolucionando favorablemente. Es con lo que nos quedamos de este servicio, que ella esté bien, y esperemos que pueda salir de esto», han asegurado.

«TENÍA POCAS POSIBILIDADES DE SOBREVIVIR»

El agente Rodríguez ha señalado que la víctima presentaba más de diez puñaladas por lo que al llegar allí vieron que estaba perdiendo mucha sangre, es por ello que los agentes tuvieron que actuar «rápido» porque «sabíamos que si tardaba más en llegar la ambulancia, ella tenía pocas posibilidades de sobrevivir».

«Tomamos esta decisión porque vimos que era lo mejor. La doctora del SAMU nos comunicó que si no llega a ser por nuestra intervención, por esos minutos, con casi toda posibilidad hubiera fallecido», ha explicado uno de los agentes.

Asimismo, los dos agentes han admitido que, pese a que están preparados para este tipo de acciones para proteger a la sociedad y evitar que sufran daños, «no hay preparación que exista ni que pueda prever» el tener que enfrentarse a una situación como la que vivieron ayer en Massamagrell.

El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, y la directora de la oficina de transparencia de la CEE, Ester Martín Domínguez, han asegurado en un libro que a la Iglesia se le exige «un plus de transparencia que no aplica a otras entidades».

«Las instituciones de la Iglesia se ven sometidas a una constante presión por parte de determinados sectores sociales, que le solicitan un plus de transparencia que no aplican a otras entidades, y ofreciendo una lectura a menudo negativa de todos los esfuerzos realizados en esta materia», precisan en el libro ‘Una casa de cristal. El camino de la transparencia y el buen gobierno en la Iglesia’ (EDICE).

Durante la presentación del documento, este martes 9 de marzo en la sede de la CEE, Giménez Barriocanal ha destacado que «la transparencia se ha convertido en un pilar básico y la Iglesia no puede ser ajena, si la Iglesia no es transparente, no será nada».

Para la coautora de la obra, Ester Martín, «que un organismo como la Conferencia Episcopal creara un departamento específico para velar por la transparencia al igual que el resto de entidades del ámbito civil, habla de esta orientación clara de la Iglesia hacia la transparencia».

El libro trata de responder a preguntas como: «¿Es de verdad la Iglesia una entidad transparente? ¿Tiene algo que ver la transparencia con la Iglesia? ¿Forma parte de sus prioridades? ¿Qué pasos concretos ha dado en esta dirección en los últimos años?».

Además, a lo largo de sus páginas, los autores ofrecen una panorámica general del llamado ‘Plan de transparencia de la Conferencia Episcopal Española’, nacido en el año 2014, y destacan algunas actuaciones, como: «la Oficina de transparencia y rendición de cuentas de entidades canónicas, el desarrollo de códigos de buen gobierno o la Memoria de actividades».

Los autores precisan que en la actualidad la transparencia en las instituciones es «una necesidad».

Si bien, precisan que ese plus de transparencia que se exige a la Iglesia y no a otras entidades puede ser «debido, en parte, a la secularización que se vive en los últimos años, unida a la imagen negativa que se da de la Iglesia en algunos espacios de opinión».

GRUPOS HOSTILES

Entre los grupos de interés que reclaman transparencia a la Iglesia, identifican, además de las administraciones públicas o los donantes, los «grupos hostiles» que «suelen elaborar sus propios informes claramente tendenciosos para ofrecer una imagen muy diferente de la real, computando como subvención o ayudas a la Iglesia conceptos que en la practica son el pago de servicios concretos realizados a la sociedad».

Asimismo, destacan algunos ámbitos que requieren «un plus» de transparencia como el educativo pues «sigue habiendo muchas personas que piensan que la Iglesia hace un gran negocio con la educación, cuando los números demuestran más bien lo contrario».

Otro aspecto que abordan es el de la comunicación y precisan que, lamentablemente, «existe una imagen en la sociedad en muchos ámbitos muy distorsionada», marcada por «comportamientos puntuales y minoritarios que son elevados a categoría general.

«A la Iglesia se le suele asociar con una entidad conservadora, a menudo hasta retrógrada, vinculada políticamente con sectores de derechas y asociada, en no pocas ocasiones, a escándalos de naturaleza sexual o económica. El rostro real de la Iglesia poco se parece a eso que acabamos de comentar.

Hay que contar con sencillez en pocas palabras la vida de la Iglesia: una Iglesia que anuncia la fe, que vive en la fe y que, fruto de ella, se da a los demás», subrayan los autores.

PÁRROCOS QUE NO QUIEREN PUBLICAR LAS CUENTAS

Igualmente, identifican algunos «condicionantes» que pueden dificultar los cambios dentro de la institución como «la larga tradición de hacer las cosas de una determinada manera»; la «edad avanzada del clero»; las personas que «siguen pensando que la Iglesia sigue disponiendo de un fuero especial», o las personas que «piensan que es mejor que queden en un lugar más reservado» informaciones como la retribución de los sacerdotes.

«Es un libro crítico, en el que se dicen los problemas, por ejemplo, cuando se va a una parroquia y se le dice al párroco que hay que presentar las cuentas y dice que no», ha apuntado Giménez Barriocanal.

También apuntan otra dificultad: que «contrariamente a lo que la gente piensa, no han existido nunca datos agregados de las actividades realizadas por el conjunto de las instituciones de la Iglesia y, por la misma razón, tampoco de sus datos económicos.

Esto es debido a: «la gran heterogeneidad de instituciones» o el hecho de que «no existe un organismo centralizador de la información con capacidad de imponer criterios al resto de entidades».

Además, añaden que, «aunque parezca incomprensible, hay una cierta incomunicación en algunas instituciones que han vivido, a menudo, encerradas en sí mismas».

Para implantar modelos de transparencia, señalan que «una cuestión muy importante es que siempre se debe comunicar la verdad, sin engañar ni tratar de ocultar aspectos que antes o después van a ser traídos a la luz».

En el acto también ha intervenido el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, cofundador y expresidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano; y el director general de Publicaciones de la CEE y director de la editorial EDICE, Manuel Fanjul.

El PSOE, por boca de su diputado catalán Marc Lamuá, ha tachado este martes de «inconstitucional» la iniciativa promovida por Unidas Podemos e independentistas en el Congreso en pro de la igualdad de todas las lenguas distintas del castellano, una propuesta que, según ha dicho, sólo busca «una confrontación estéril».

Un rechazo que, junto al del PP, Vox y Ciudadanos, hace indicar que el Pleno del Congreso echará por tierra este jueves la proposición no de ley que Unidas Podemos –uno de los socios del Gobierno–, los independentistas de ERC, Bildu, Junts, PDeCAT y la CUP, los nacionalistas del PNV y el BNG, así como Más País y Compromís, han llevado a debate del Pleno del Congreso.

Con esta iniciativa, los partidos firmantes buscan acabar con lo que consideran una «imposición legal del castellano» en España, reclamando para ello extender el uso de las lenguas cooficiales reconocidas, garantizando su uso en el Congreso, los tribunales de justicia o RTVE, permitiendo que figuren en el etiquetado de productos y reconociendo nuevas como el asturiano o el aragonés.

LENGUAS COOFICIALES EN CONGRESO, RTVE Y TRIBUNALES

Se trata de una propuesta que nace a iniciativa de agentes culturales que trabajan a favor de la normalización lingüística de Cataluña, Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana, Aragón o Asturias, cuyos representantes han acudido este martes a Madrid con intención de apoyar un texto que será votado en el Pleno del próximo jueves.

Durante la defensa de esta propuesta, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha pedido apoyo para poner fin a los derechos lingüísticos que cada día, denuncia, se niega a un 45% de los españoles que viven en comunidades con lenguas propias porque, de lo contrario, «se estará interiorizando que España no es un Estado plurinacional y plurilingüe».

Tanto el PSOE como el PP han enmendado este texto, pero sus pretensiones no han sido suficientes para los promotores, algo que el diputado socialista Marc Lamuá ha lamentado.

EL CATALÁN NO ESTÁ EN PELIGRO

Durante su intervención en el Pleno, el diputado del PSC ha querido dejar claro que el catalán no está en peligro, pese a lo que considera «victimismo» de parte del independentismo catalán, y ha avisado de que algunos de los puntos de esta iniciativa «no tienen encaje» en la Constitución y que esa es la razón por la que su partido no puede apoyarla.

«Ustedes, si quieres ser políticos responsables, no pueden traer por la puerta de atrás puntos que requieren reformas constitucionales», ha señalado el parlamentario del PSOE, apuntando que no pueden pedir al Gobierno que haga «un salto mortal» y no actúe con acuerdo a la ley.

Ana Belén Vázquez, en nombre del PP, ha defendido la supervivencia y el futuro del gallego, el catalán o el euskera sin usarlas «como mecanismo de confrontación» pero también que el castellano se considere una «riqueza», y no una lengua ajena o «impuesta», y sobre todo que no se le «discrimine», como a su juicio ocurre en Cataluña.

Vázquez sostiene que los españoles tienen el derecho y el deber de conocer las lenguas cooficiales pero «sin imposiciones ni opresiones», sino con «un bilingüismo cordial y armónico» como el que defiende el PP.

Por parte de Vox, el diputado Antonio Salvá ha comenzado denostando que sea precisamente Bildu quien reclame derechos sin haber condenado las crímenes de la banda terrorista ETA –«es una broma de mal gusto», ha dicho– y, a renglón seguido, ha remarcado que «el único derecho» que se está conculcando en España es precisamente hablar en castellano que, a su juicio, se ha convertido en una «pesadilla» en «muchas» comunidades autónomas. «Basta ya», ha clamado.

EL CASTELLANO ES RIQUEZA, NO UNA IMPOSICIÓN

De su lado, en Ciudadanos, la diputada Marta Martín ha acusado a las fuerzas proponentes de pretender con esta iniciativa «atacar» el castellano, un idioma que, según ha recalcado, «no es una imposición legal sino una riqueza, con independencia de la lengua que se utilice luego».

Y ha añadido que si el castellano les «fastidia, y mucho», es porque «es el pilar esencial de lo que el país tiene en común». «Pero ustedes necesitan construir realidades paralelas para justificar sus intentos de llevarnos a Narnia», ha denunciado.

Desde Unión del Pueblo Navarro, Carlos García Adanero, ha acusado a los promotores de la iniciativa de «manosear políticamente» las lenguas cooficiales y ha pedido igualdad de oportunidades para los castellanohablantes en todo el territorio nacional.

SE ESTÁN LIMITANDO DERECHOS

Por contra, las formaciones favorables a la iniciativa han coincidido en denunciar que actualmente se están limitando los derechos de los españoles que hablan una lengua distinta del castellano y que deben poder utilizarla para dirigirse a la administración general del Estado o la administración de Justicia, por ejemplo.

«No hay ni va a haber mayoría de progreso sin contar con los que defendemos la plurinacionalidad de los pueblos del Estado», ha avisado a sus socios del PSOE el diputado de En Comú Joan Mena. Además, ha apuntado que en las últimas elecciones catalanas el apoyo a los partidarios de una España uniforme» se redujo «a la mitad».

También Marta Rosique, de ERC, ha pedido al PSOE que no se deje llevar por la derecha y su «supremacía castellana» y que no permita que se sigan aplicando «medidas suaves» que buscan «acabar con las lenguas minoritarias y minorizadas». «No se extrañen si hay cada día más independentistas», ha advertido por su parte Genís Boadella del PDeCAT.

En representación del PNV, Joseba Aguirretxea ha lamentado la intervención del diputado socialista y a la diputada del PP le ha dicho que si Europa usara con el castellano el criterio que defiende su grupo con respecto al catalán, el gallego y el euskera, la nadie hablaría en las instituciones europeas la lengua mayoritaria en España.

El diputado de la CUP, Albert Botrán, ha criticado la «capa de monolingüismo» que algunos partidos quieren imponer, a su juicio, en todo el país y ha pedido «revisar los privilegios que tiene la lengua castellana».

UNA DEUDA CON LOS PIELES ROJAS

«Esta democracia tiene una deuda con los pieles rojas de este Estado», ha enfatizado Joan Baldoví, de Compromís. «Los verdaderos separatistas son los que no reconocen el derecho de la gente que hemos nacido aquí a vivir y sentir en nuestra propia lengua», ha dicho.

Por último, Néstor Rego, del BNG, ha acusado a quienes se oponen a la iniciativa de practicar el «supremacismo político y lingüístico» y ha exigido respeto para el 45% de los españoles que hablan una lengua distinta al castellano.

El concejal de Salud y Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Felipe Coello, ha renunciado este martes por la tarde, de forma voluntaria, a su cargo en el Consistorio con el fin de «garantizar la estabilidad del gobierno municipal».

Coello ha renunciado a sus competencias tras haberse reunido con el alcalde, José Ballesta, con el único fin de «no perjudicar la gobernabilidad municipal y el proyecto de ciudad que está desarrollando el Ayuntamiento de Murcia», según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

Cabe recordar que la dimisión se produce tras la polémica por la vacunación de Coello y las críticas de la oposición, que le acusan de haberlo hecho saltándose presuntamente el protocolo. No obstante, el edil lo justificó por su labor adminsitrando vacunas y su titulación como médico.

El concejal ha asegurado que «se trata de una decisión muy difícil de tomar que se produce no por motivos técnicos, sino políticos». Coello ha cumplido «de manera estricta con el protocolo de vacunación, luchando de forma ejemplar contra la pandemia del COVID-19 como responsable de Salud Pública municipal», según las mismas fuentes.

El alcalde ha agradecido al concejal «su responsabilidad, dedicación y entrega durante estos últimos cinco años en los que no ha diferenciado los días de las noches, ni los días laborables de los fines de semana, para que el municipio de Murcia sea un referente nacional en materia de salud y deporte.

Durante los años que ha sido concejal de Deportes y Salud, Felipe Coello «ha potenciado el área de salud municipal, haciendo frente a los diferentes retos que han ido surgiendo en estos años y de forma especial durante este año de pandemia», según el Consistorio.

Hay que destacar que Murcia es la única ciudad de España que cuenta con un servicio de vacunación municipal, que además está desarrollando un papel fundamental para que Región de Murcia tenga uno de los índices de vacunación más altos de España, explica El Ayuntamiento. Entre los logros del área de Salud también se encuentra la utilización de técnicas pioneras para combatir plagas como la del mosquito tigre.

En el ámbito del deporte, «Coello ha realizado una apuesta decidida por fomentar el deporte base, facilitando que miles de jóvenes aprendan los valores asociados a la práctica deportiva», añade el comunicado.

«También ha hecho una apuesta decidida por potenciar deportes minoritarios y por la inclusión en el deporte, especialmente de personas con cualquier tipo de discapacidad tanto física como intelectual», según el Consistorio.

En este tiempo, el Ayuntamiento destaca que también se ha producido una importantísima renovación de las instalaciones deportivas ubicadas en todas las pedanías y barrios del municipio, y se han desarrollado eventos deportivos internacionales de primer nivel.

El Gobierno ha decidido recurrir en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña sobre el Pazo de Meirás, que ratificó que es del patrimonio público, pero condenó al Estado a pagar una indemnización a los Franco por los gastos contraídos desde 1975.

En un comunicado, el Ejecutivo ha explicado que el fallo «es favorable a las principales pretensiones del Gobierno», al otorgar la propiedad del Pazo a Patrimonio del Estado, pero también «reconoce a los herederos del dictador el derecho a recibir una indemnización por los gastos en los que incurrieron cuando ostentaban la propiedad del inmueble».

Según el Ejecutivo, la Abogacía del Estado ha realizado «un estudio detallado de los fundamentos de la sentencia» que ha permitido apreciar «errores de interpretación o alteraciones sobre las pretensiones ejercitadas en la demanda».

«La sentencia afirma erróneamente que la Administración General del Estado había reconocido en su demanda la buena fe de los herederos del dictador y de ahí se extraen una serie de conclusiones que no se corresponden con la realidad», argumenta.

Por ello, el Gobierno ha decidido recurrir la sentencia pues, en su opinión, «la eventual corrección de estos errores y la necesaria interpretación del Tribunal Supremo permitirán sentar con claridad y precisión las bases para la posterior liquidación del estado posesorio».

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ya confirmó este lunes que la Abogacía del Estado y la Asesoría Jurídica de la Xunta estaban estudiando conjuntamente «si procede o no» presentar un recurso contra el fallo de la Audiencia Provincial de A Coruña que ratificó que el Pazo de Meirás es del patrimonio público, pero condenó al Estado a pagar una indemnización a los Franco por los gastos contraídos desde 1975.

En su sentencia, la sección tercera de la Audiencia Provincial de La Coruña declaraba que el pazo de Meirás y las fincas incluidas en el recinto son propiedad del Estado al entender que el inmueble nunca estuvo a nombre de Francisco Franco porque la donación realizada en 1938 por la Junta Pro Pazo del Caudillo en un pergamino no era «un título hábil» para reconocer la transmisión.

Por ello, condenaba a los herederos de la familia Franco a desalojar el recinto, pero al mismo tiempo les reconoció el derecho a ser resarcidos en los gastos en los que incurrieron desde 1975 para conservar el edificio. Los jueces descartaron «mala fe» en la posesión por parte de los demandados porque nunca fueron requeridos por la Administración para que le entregasen el pazo y «llevan más de cuatro décadas utilizándolo de forma pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueños».

La Fiscalía de Málaga acusa a la cantante Isabel Pantoja, como administradora única de Panriver 56, por participar esta empresa en una operación supuestamente irregular de deuda relacionada con su casa de la localidad malagueña de Marbella. Así, la acusación pública pide que se le impongan tres años de prisión como supuesta cooperadora necesaria de un delito de insolvencia punible.

En esta causa, que se instruye en los juzgados de Marbella, también está acusado pero como supuesto autor del mismo delito el administrador de una sociedad, que llegó a un acuerdo extrajudicial con la empresa de Pantoja por una deuda, presuntamente en perjuicio de una tercera firma.

Así, según el escrito provisional del fiscal, esa primera sociedad tenía en 2002 una deuda con otra empresa y a la vez tenía otro pleito en los tribunales de Madrid en el que reclamaba una determinada cantidad a la empresa de Pantoja.

El procedimiento entre Panriver 56 y esa sociedad concluyó con una sentencia que condenaba a la empresa de la cantante a pagar 114.100 euros y, al mismo tiempo, en el otro pleito, los juzgados declararon embargado el crédito que la primera pudiera tener a su favor respecto a la de Pantoja.

Según explica el ministerio público en sus conclusiones provisionales, en el procedimiento de ejecución, ya en marzo de 2009, se declaró embargado el solar y la vivienda, situados en la zona de nueva Andalucía de Marbella, propiedad de Pantoja a través de Panriver 56.

A la vista de que la empresa tenía embargado su crédito a favor de la otra, «por lo que no podría disponer de la cantidad por la que había despachado ejecución», y que Panriver «estaba interesada en la venta de los inmuebles –para lo cual resultaba necesario cancelar el embargo sobre los mismos–«, los acusados «se concertaron para beneficiarse mutuamente», dice el fiscal.

Pero de esta forma, señala la Fiscalía, actuaron «en perjuicio de los derechos de crédito» de la otra sociedad, de forma que mediante escritura pública llegaron a un acuerdo que consistía en que Panriver 56 pagaba la deuda, que se rebajaba a 62.759 euros; y la otra renunciaba a cualquier reclamación.

Al mismo tiempo, ambos instaron a que se archivara el procedimiento, «impidiendo así que la otra empresa cobrara la cantidad por la se había despachado de 114.108 euros, así como la realización de las fincas embargadas».

Por estos hechos, se acusa a los procesados por un delito de insolvencia punible y se solicita para cada uno de ellos tres años de prisión y una multa de 18 meses con una cuota diaria de 20 euros, lo que supone el pago de 10.800 euros. Además, se insta a la nulidad del acuerdo extrajudicial entre ambas empresas.

La cantante ingresó en la prisión sevillana de Alcalá de Guadaira en noviembre de 2014 para cumplir la pena de dos años de cárcel impuesta por la Audiencia de Málaga por un delito de blanqueo de capitales en un procedimiento en el que también fueron condenados el exalcalde marbellí Julián Muñoz, que había sido pareja de Pantoja, y la exmujer de este, Maite Zaldívar.

La Secretaría General del Congreso ha remitido a la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes la denuncia de Unidas Podemos contra los diputados de Vox por no haber detallado en sus declaraciones de intereses económicos los contratos laborales que han tenido en los últimos cinco años, los regalos recibidos, ni las donaciones efectuadas en ese periodo.

La semana pasada, el grupo confederal solicitó a la Mesa del Congreso que abriera un expediente sancionador a los 52 diputados de Vox porque, a su juicio, no habían cumplimentado convenientemente esas declaraciones de intereses que los parlamentarios tuvieron que registrar, por primera vez, a mediado de febrero, en aplicación del Código de Conducta aprobado por las Cortes el pasado mes de octubre.

En ellas cada miembro de las Cámaras debe consignar detalles como las actividades desarrolladas en los cinco años anteriores a la obtención del escaño y «que puedan condicionar su actividad política o le hayan proporcionado ingresos económicos», así como los obsequios recibidos o las fundaciones y otras asociaciones a las que hayan contribuido.

Sin embargo, ninguno de los 52 diputados Vox detalló información sobre esto en sus declaraciones y todos optaron por rellenar ese documento de una manera idéntica, señalando que su actividad está siempre al servicio del «interés superior de España» y en ningún caso se puede ver condicionada por otros factores.

POR VULNERACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LAS CORTES

Así las cosas, Unidas Podemos pidió la apertura de un expediente sancionador a los 52 diputados de Vox por haber «vulnerado» el Código de Conducta de las Cortes, una solicitud que, según han informado fuentes parlamentarias, ha sido remitida a la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes.

Este órgano, dirigido por el letrado Javier Ballarín Iribarren es el encargado de velar por la correcta aplicación del Código de Conducta y debe hacer un informe de oficio sobre las declaraciones de intereses registradas por diputados y senadores.

Eso sí, quien puede solicitar la apertura de un procedimiento para dilucidar si se ha producido una infracción del código, especialmente en el caso de conflicto de intereses, es la Presidencia de cada una de las Cámaras, ya sea de oficio o a petición de otro parlamentario.

Las encargadas de elaborar un informe sobre la posible infracciónserán la Comisión del Estatuto de los Diputados o a la Comisión de Incompatibilidades del Senado, que deberán escuchar al afectado y podrán recabar informe de la Oficina de Conflicto de Intereses.

NO SE COMPRUEBA LA VERACIDAD

El informe de la comisión deberá concluir si ha existido o no infracción y, proponer, en su caso, la sanción que corresponda de acuerdo con el Reglamento de la Cámara. Serán las Mesas del Congreso y el Senado, respectivamente, las que resuelvan si se impone o no sanción.

La Oficina de Conflicto de Intereses también tiene entre sus funciones resolver las dudas de interpretación que genere la aplicación del Código ético y que podrán ser planteadas por los parlamentarios o por las Mesas de ambas Cámaras.

La oficina debe actuar «con total reserva respecto de las dudas planteadas» y elaborar un informe anual sobre el cumplimiento del código, pudiendo hacer recomendaciones para mejorar su eficacia, pero manteniendo en todo momento «la confidencialidad sobre los casos que hayan planteado dudas de interpretación». Sin embargo, no puede comprobar la veracidad del contenido de las declaraciones de intereses.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido a la cúpula de su partido denunciar la inacción del Gobierno que lidera Pedro Sánchez un año después de iniciarse la pandemia, ya que, según ha recalcado, ni ha impulsado un pacto sanitario como le ofreció el PP ni ha aprobado un plan de choque con medidas económicas para ayudar a los sectores más afectados por la crisis del coronavirus, según han informado fuentes ‘populares’.

Así lo ha expuesto Casado durante la reunión del comité de dirección del PP, donde se ha decidido lanzar la campaña ‘Hoy hace un año’ que recuerda las medidas que el PP ya puso encima de la mesa en marzo de 2020 por el Covid-19, pero que el Ejecutivo no ha aceptado.

Durante la reunión, Casado y su equipo también han hecho mención a las consecuencias de mantener el 8M del año pasado las manifestaciones convocadas, omitiendo las alertas internacionales sobre la pandemia, según han señalado las fuentes consultadas.

«El 8M se ha convertido en un símbolo de todo lo que se hizo mal el año pasado», afirmó el líder del PP este lunes en un acto organizado por su partido con motivo del Día Internacional de la Mujer y centrado en rendir homenaje a las mujeres que han estado en primera línea durante el coronavirus.

CAMPAÑA ‘HOY HACE UN AÑO’

El PP ha querido reivindicar este martes cómo ha estado planteando medidas desde el primer momento ante la crisis del Covid. Con ese objetivo ha lanzado la campaña ‘#HoyHaceUnAño’, en la que recuerda cómo el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias «no estuvo a la altura de las circunstancias» mientras Pablo Casado ya el 9 de marzo de hace un año «se adelantaba planteando un plan de choque económico».

Esa campaña incluye la difusión de un vídeo con las medidas que enumeró Casado entonces en rueda de prensa, como el impulso del teletrabajo, la reducción a la mitad del impuesto de sociedades a los sectores afectados, el aplazamiento del cobro del IVA a esas empresas, la creación de un plan de contingencia sanitaria para reforzar los recursos de las autonomías, la ampliación de la tarifa plana para autónomos o la rebaja de los módulos para los sectores más afectados.

El propio Casado ha criticado que el Gobierno no atienda las propuestas del PP y ha recordado que hace un año convocó esa comparecencia en la sede de su partido «para alertar de la crisis del Covid que Sánchez ocultaba y para exigir un plan de choque».

«ESPAÑA ESTARÍA MEJOR»

«Hoy hace un año convoqué una rueda de prensa para alertar de la crisis del Covid que Sánchez ocultaba y para exigir un plan de choque. Tras 100.000 muertos y tres millones de contagiados sigue sin aceptar un pacto sanitario y ley contra pandemias, y otro de reconstrucción económica», se ha quejado.

Según Casado, España «estaría mejor» si Sánchez hubiera aceptado las propuestas de su partido en clave económica. «Estarían mejor cinco millones de desempleados, dos millones de familias en colas del hambre y el 40% de jóvenes en paro. Debe reaccionar y pactar la gestión de fondos europeos», ha reclamado al jefe del Ejecutivo a través de su cuenta de Twitter.

También el PP madrileño ha sacado pecho este martes de la actuación que hace un año tuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al recordar que se adelantó al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos y decidió cerrar los colegios en la región por el Covid-19.

ANÁLISIS EN ‘GÉNOVA’ DEL «DRAMA» DEL PARO

Durante la reunión en la sede del PP, Casado, los vicesecretarios del partido y los portavoces parlamentarios han valorado también la situación económica que atraviesa España y, sobre todo, el aumento del paro que se conoció a primeros de marzo.

Según Casado, que haya en España más de cinco millones de desempleados es una «catástrofe social». Por eso, considera que el Gobierno de Pedro Sánchez debe impulsar un plan de choque económico urgente para superar este «drama».

En Génova consideran que una de las «fortalezas» de los gobiernos del Partido Popular es la economía y la creación de empleo. Ése será uno de los principales ejes de su estrategia de oposición en los próximos meses, según han señalado fuentes ‘populares’.

«SOMOS LA ALTERNATIVA A LA INEFICACIA»

Diferentes cargos del PP se han hecho eco en redes sociales de la campaña del partido echando en cara al Gobierno su actuación hace un año, cuando no tomaba medidas ante el Covid. «Somos la alternativa a la ineficacia, las mentiras y las batallas internas de Sánchez e Iglesias», ha asegurado el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos.

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, que se ha preguntado si el Gobierno podría haber tomado otras medidas, dado que ahora hay 5,5 millones de españoles que no trabajan. A su entender, hoy hace un año que España «podría haber tomado otro rumbo».

La vicesecretaria de Política Social, Ana Pastor, ha puesto el acento en el plan de contingencia de refuerzo del sistema de salud pública y el pacto por la sanidad que el PP planteó hace un año y que el Gobierno «desoyó». «El balance es más de 3 millones de contagios, más de 100.000 fallecidos y más de 130.000 sanitarios contagiados», ha afirmado en un mensaje en Twitter.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá este miércoles en el Congreso de los Diputados con dos puntos en el orden del día: detallar el plan de vacunación contra el Covid-19 en el seno de las Fuerzas Armadas y explicar el futuro de las misiones militares en el exterior en las que participa España.

La comparecencia ante la Comisión de Defensa de la Cámara Baja servirá a Robles para explicar el protocolo que se está siguiendo para suministrar a los militares la vacuna contra el Covid-19, en respuesta a solicitudes del PP, EH Bildu y el Grupo Parlamentario Plural.

La vacunación en las Fuerzas Armadas se vio envuelta en la polémica al conocerse que había recibido la vacuna el que era Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, junto a otros altos cargos militares del Estado Mayor de la Defensa.

Villarroya acabó dimitiendo del cargo después de que la ministra le pidiera explicaciones, aunque defendió que había seguido el protocolo previsto. Sin embargo, la subsecretaria del Ministerio, Amparo Valcarce, replicó poco después en el Congreso que el plan solo prevía la vacunación de los sanitarios militares y no incluía al JEMAD.

Los miembros de las Fuerzas Armadas se encuentran ahora incluidos en la segunda fase del plan de vacunación aprobado por el Ministerio de Sanidad como miembros de servicios esenciales y parte de sus miembros están recibiendo ya las primeras dosis.

2.464 MILITARES EN EL EXTERIOR

Pero además, Robles dará cuentas en el Congreso del estado actual de las misiones en el exterior, que se vieron mermadas el pasado año como consecuencia de la pandemia pero están ya recuperando efectivos. Según la documentación remitida por el Ministerio a la Cámara Baja, actualmente hay desplegados un total de 2.464 efectivos, 368 más de los que había en junio del pasado año.

Una de las misiones que está en proceso de cambio es la de la Unión Europea en Malí, que ha comenzado su quinto mandato bajo el liderazgo de un general español y tiene previsto ampliar a más zonas del país las labores de adiestramiento a las fuerzas de seguridad locales y extenderlas también a países limítrofes. España prevé llegar este 2021 a los 550 militares en esta zona del Sahel (actualmente cuenta con 397).

Frente a este incremento, las tropas españolas han sufrido una importante reducción durante los últimos meses en Irak y Afganistán, otras dos misiones en proceso de revisión por parte de la OTAN. En Irak se ha pasado de 265 efectivos a mediados del pasado año a los 188 actuales como consecuencia de la finalización de la misión de adiestramiento a las fuerzas de seguridad locales.

España cerró la base de Besmayah y centra ahora sus tareas en la base de Al Assad con una unidad de helicópteros –donde los 70 militares desplegados salieron ilesos esta semana de un ataque con cohetes a las fuerzas internacionales– y en las localidades de Erbil y Bagdag.

Las Fuerzas Armadas también han continuado mermando en Afganistán, donde se ha pasado de 36 militares a 24. La misión está actualmente en proceso de revisión tras el acuerdo del expresidente de Estados Unidos Donald Trump para abandonar el país en mayo de este año, aunque la OTAN ya ha avisado de que quiere hacerlo en condiciones de seguridad y estabilidad.

En total, hay militares españoles presentes en 17 operaciones en el exterior. La más numerosa es la de la Naciones Unidas en Líbano con 621 efectivos, pero también están presentes en lugares como Letonia, vigilando el espacio aéreo del Mar Negro desde Rumanía o en Turquía con una batería antimisiles.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado la importancia de la cooperación con Francia mostrando su deseo de levantar los controles en algunos pasos fronterizos a finales de abril, lo que afecta a País Vasco y Cataluña. Además, ha negado que exista una «llegada masiva» de inmigrantes, como ha expuesto el PNV, a lo que ERC ha reaccionado mostrando su «sorpresa» y avisando de que se ha detectado la presencia de «algún yihadista».

Grande-Marlaska se ha pronunciado de esta forma en una doble pregunta sobre la gestión de la frontera y la llegada de inmigrantes desde Canarias realizada por el PNV y ERC en la sesión de control del Gobierno en el Senado.

La senadora del PNV Almudena Otaola se ha quejado de la afectación que tiene para los trabajadores transfronterizos, estudiantes o la actividad deportiva y de ocio este cierre de pasos fronterizos y también ha denunciado la «llegada masiva de inmigrantes a Irún procedentes de Canarias», algo que ha calificado de «flujo inusual de personas», afeando que se haga sin comunicación previa al Gobierno vasco.

Grande-Marlaska ha reconocido la afectación del cierre de pasos fronterizos pero ha rebatido la posición del PNV en lo referente al traslado de inmigrantes desde Canarias, una cuestión polémica tras multiplicarse la llegada por la ruta hacia las islas debido a la pandemia de Covid-19.

«Si 100 inmigrantes es una entrada masiva, no sé qué entendería usted en otros conceptos cuantitativos», ha comentado Grande-Marlaska en la sesión de control del Gobierno en el Senado, advirtiendo que la cifra la obtenía de comunicaciones oficiales.

En su turno, el senador de ERC Miquel Caminal Cerdá también se ha referido a la cuestión migratoria al calificar como «sorprendentes» las palabras de Grande-Marlaska, sobre todo tras quejarse que ha pasado «bastante tiempo» sin que sepan cuál era el motivo del cierre de algunos pasos fronterizos.

«Lo que más nos sorprende es que haya hablado poco de la inmigración», ha continuado el senador de ERC, puntualizando que se refería a «la entrada de inmigrantes ilegales, entre ellos algún yihadista». Caminal Cerdá ha dicho que su sorpresa es mayor conociendo que la Unión Europea «está sensible en estos casos y en estos atentados que se producen con demasiada frecuencia».

La posible infiltración de yihadistas en las redes migratorias es un tema que ha motivado varias iniciativas por parte de otros grupos parlamentarios, sobre todo Vox. En varias respuestas parlamentarias recientes, el Gobierno ha reconocido que en 2020 se detuvo a cuatro personas por carecer de documentación que les habilitara a estar en territorio Schengen. Desde 2018 son once los encarcelados por delitos de terrorismo sin documentación.

CIERRE UNILATERAL DE FRANCIA

El ministro del Interior ha reconocido que Francia viene aplicando desde 2015 de forma «unilateral» el cierre de algunos pasos fronterizos de acuerdo al Código de Fronteras de Schengen, la última ocasión en una decisión en vigor entre el 1 de noviembre de 2020 y el próximo 30 de abril. Las autoridades galas, ha recordado, alegan para ellos cuestiones de «seguridad interior».

«Respetamos la decisión del Gobierno francés pero entendemos que la protección de libre movimientos es un elemento identitario dentro de Europa«, ha señalado Grande-Marlaska, subrayando que la prioridad debe ser la frontera exterior.

Grande-Marlaska ha deseado que los controles sean «los mínimos e imprescindibles», recordando que España también se ha visto obligada a aplicarlos con Portugal por decisiones derivadas en el estado de alarma para frenar la propagación del Covid-19. «Tiene fecha tope, sin perjuicio de lo que pueda ocurrir, como es el 30 de abril próximo», ha concluido.