La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha archivado las actuaciones contra el diputado del BNG Néstor Rego Candamil derivadas de una exposición remitida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Betanzos (A Coruña) por una protesta en el Pazo de Meirás realizada el 30 de agosto de 2017 donde los participantes desplegaron pancartas contra el franquismo y a favor de la devolución al pueblo de dicho edificio.

El Supremo toma la decisión de archivo, de acuerdo con la Fiscalía, al no encontrar el carácter delictivo de los hechos suficientemente justificado y además no alcanzar los indicios existentes de participación del aforado la mínima solidez exigida.

En el auto dado a conocer este jueves, el Supremo declara además su falta de competencia respecto a otras 17 personas investigadas en el mismo asunto y que estaban incluidas en la exposición razonadas, ya que ninguna de ellas es aforada ante el TS.

Los hechos descritos en la exposición razonada elevada al alto tribunal señalaban que el 30 de agosto de 2017 un empleado del Pazo observó cómo un grupo de personas accedieron tanto a la finca, al interior del pazo como a su cubierta, tras trepar por los muros perimetrales de su propiedad.

Tras introducirse en la propiedad, y según se recoge en el Atestado de la Guardia Civil de Sada, uno de los grupos formado permaneció en el jardín del Pazo, algunos de ellos subidos a las balaustradas, habiendo desplegado unas pancartas de grandes dimensiones con el lema «Que nos devolvan o roubado. Franquismo nunca máis». El otro grupo, integrado por el resto de los investigados subió al tejado del torreón (después de transitar por sus plantas y salir por una escalera hacia la cubierta), desplegando una pancarta vertical a través de la fachada del Pazo con el lema «O pazo é do Pobo Galego. Franquismo nunca máis».

Añadía la exposición que los investigados en sus correspondientes declaraciones dijeron que se trataba de una reivindicación, y reseñaba el Juzgado que presuntamente se causaron una serie de daños, tanto en la cubierta y tejado, como en las balaustradas y muros de piedra perimetral por donde accedieron muchos de ellos.

En la Exposición elevada a la Sala Segunda, se consideraba, indiciaría y provisionalmente, que se habían cometido por el aforado Néstor Rego Candamil delitos de daños, allanamiento de morada, contra el honor del art. 205 CP; y de odio.

NO VE PROBADA SU PARTICIPACIÓN

El Supremo examina uno a uno esas modalidades delictivas y descarta tanto que existan indicios sólidos de su comisión como de la participación en los hechos del aforado. Así, subraya que «se indica en la propia exposición razonada que la actuación de cada interviniente en el acto reivindicativo, no puede o no ha podido ser individualizada.

Sin que nada permite inferir, acción directa dañosa ni directriz en este sentido impartida por el aforado; tampoco que fueran los daños consecuencia de una acción conjunta colectiva consecuencia de un acuerdo expreso o tácito para la realización de daños, por otra parte incongruente en relación a un acto reivindicativo de ese propio bien de interés cultural, las Torres de Meirás».

Agrega el Supremo que «es reiterada la jurisprudencia constitucional que señala que en estas manifestaciones colectivas, ni siquiera a los dirigentes, cabe imputar penalmente los excesos que en su caso, sean cometidos por terceros.

En expresión del informe del Ministerio Fiscal, no es posible una atribución genérica e indiscriminada de la responsabilidad por unos daños que se pudieron haber producido durante la protesta a todos y cada uno de los partícipes en la misma, sin concretar o individualizar mínimamente cómo pudieron contribuir a causarlos».

En cuanto a los delitos de odio o contra el honor, dice el auto que «no se identifica grupo minoritario necesitado de especial protección al que pertenezcan los querellantes cuando se sienten destinatarios de las pancartas exhibidas en día de autos: O Pazo é do Pobo Galego en vertical colgada del torreón y Que nos devolvan o roubado en horizontal sobre la balaustrada del jardín, seguidas en ambos casos de la expresión Franquismo nunca máis».

Y tampoco se indica, para el Supremo, qué delito imputan; ya que «‘robado’ es una expresión coloquial, que no atribuye a persona concreta de manera precisa y determinada la comisión de un delito», «menos aún cuando «O Pazo» obviamente, se trata de un bien inmueble; y sin que la integración con referencias históricas permitan completar el discurso, pues a su vez debe ser contextualizado el haberse exhibido en un acto reivindicativo de la propiedad del pazo para el patrimonio público, prédica de pertenencia que no ha resultado realizada con temerario desprecio de la verdad, cuando al margen del resultado final del litigio civil que en paralelo se sigue sobre el pazo, existe ya alguna resolución judicial aunque no sea firme que afirma su titularidad estatal».

En cuanto al delito de allanamiento de morada, indica el auto que el bien jurídico que protege es la inviolabilidad del domicilio ligada al derecho a la intimidad familiar, y en el momento del acceso se desarrollaba una visita guiada por el Pazo «de modo que no podía predicarse la existencia de una intimidad reservada a unos potenciales moradores en las zonas de paso del interior pazo; en aquellos momentos, en horas de visita, las zonas comunes o de paso, no resultaban aptas al desenvolvimiento de la intimidad familiar; y en todo caso, ningún indicio permite afirmar la intrusión en dormitorios del pazo y menos aún en el anexo exterior del pazo donde habita» el empleado con su familia.

La presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha acusado al Gobierno este 11 de marzo de blanquear a los terroristas y ha aprovechado la ocasión para reivindicar que asistieron al acto de destrucción de armas utilizadas por grupos terroristas, que se celebró en Valdemoro, para poder decir a Sánchez «a la cara» lo que les gustaría decirle en una reunión si aceptara recibirles.

Así lo ha expresado Araluce durante su intervención en el acto de conmemoración del ‘Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo’ por el 17 aniversario del atentado del 11-M que se ha celebrado este jueves en el Bosque del Recuerdo del Parque del Retiro y tras un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del terrorismo.

Araluce ha insistido en que, en varias ocasiones, le han solicitado a Sánchez «en múltiples ocasiones» un encuentro y ha explicado que AVT no asistió al acto para aplaudir a Sánchez ni tampoco porque consideren que sea la foto de la derrota de ETA, ni del final del terrorismo. «Lo hicimos como homenaje a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También como homenaje a los cientos de víctimas de esas armas», ha añadido.

Además, ha señalado que, durante todo el acto una idea no dejaba de rondarle la cabeza. «Y era que una de esas armas era con la que habían asesinado a mi padre», ha proseguido. Así, ha relatado que, nada más terminar y sin que pudiera irse, se acercó al presidente y le pidió que mirara esas armas.

«Presidente, esas armas han sido utilizadas para asesinar a nuestros seres queridos, esas armas las empuñaban los que cada viernes acercas a cárceles más próximas a su domicilio sin exigirles nada a cambio y sin colaborar con la justicia», ha sostenido Araluce.

En este sentido, ha remarcado que las victimas viven tiempos complicados en los que el «enaltecimiento» de los terroristas y la «incitación a la violencia» se le llama libertad de expresión y en los que, según la presidenta de la asociación, a los terroristas se les define como luchadores por la libertad y se aboga por la derogación de la dispersión «sin exigir nada a cambio», ha enfatizado. Asimismo, ha criticado que los terroristas sean recibidos en sus pueblos como héroes. Por ello, ha calificado al Ejecutivo de «pasividad» y, cuando no, de ser «cómplices».

«VOLVEMOS A SER MOLESTAS»

Araluce ha censurado que, 40 años después, las víctimas del terrorismo «vuelven a ser molestas» para la mayoría del arco parlamentario. En concreto, ha lamentado que «cada vez que alguien alza la voz, se les acusa por alentar las teorías de la conspiración» y ha puesto en relieve que recientemente la Audiencia Nacional haya concedido el tercer grado a Antonio Toro y que, en este contexto, en 2023 solo quedarán tres terroristas «cumpliendo condena por esta masacre».

«Debemos trabajar para que no nos hagan invisibles porque hacer invisibles significa enterrar las reivindicaciones de verdad memoria y justicia. Allanar el camino a los que defienden que la reclamación de justicia es venganza, de memoria es rencor, de verdad es engaño y de dignidad es odio», ha enfatizado.

Además, ha culpado al Gobierno y a la mayoría del arco parlamentario de abogar por la institucionalización de los principales enemigos de las instituciones para que las víctimas queden «como algo de otro tiempo».

RECHAZAN IDEAS VOLUBLES

Araluce ha dedicado el final de su intervención a expresar diez reclamos que, desde AVT, advierten al Gobierno. Así, en primer lugar, ha aclarado que ETA es una organización terrorista y no una banda, al tiempo que ha asegurado que «no ha sido derrotada». «ETA consiguió por dejar de matar lo que no consiguió matando», ha espetado para después explicar que han conseguido volver a las instituciones para «ahora ser decisivos políticamente e impulsar desde las instituciones reivindicaciones históricas de ETA como el fin de la dispersión y la amnistía de los presos».

Asimismo, ha criticado que no entregaron las armas y que «no son presos vascos» porque «no están en la cárcel por ser vascos». Además, ha señalado que las cartas que están firmando tienen el único objetivo de «mejorar su situación penitenciara» y, para Araluce, «sin colaboración con la justicia no hay verdadero arrepentimiento» y que, a día de hoy, «ninguno de los 154 presos acercados lo ha hecho».

Por ello, AVT exige al Ejecutivo de Sánchez que aplique la legislación penitenciara con firmeza para que no se convierta en la puerta de atrás del derecho penal y que, por extensión, se exija la colaboración con la justicia como una variable más para valorar el pronóstico favorable de reinserción de los etarras. «No es venganza, es reclamar justicia», ha deslizado.

Además, ha pedido que se redoblen esfuerzos para recuperar a los terroristas huidos y, sobre Bildu, ha señalado que es el partido heredero del brazo institucional de ETA y que los ‘ongi etorris’ «no son manifestaciones de alegría, ni recibimientos, sino homenajes al asesinato y la extorsión».

«Hay una estrategia clara y ellos tienen la determinación de culminar su plan. Frente a ello, no nos valen ideas volubles o propuestas vacías de contenido destinadas a entrar en 140 caracteres, ni políticos que un día dicen una cosa y al día siguiente la contraria», ha zanjado dejando claro que necesitan un «proyecto sólido» que «desenmascare a los responsables».

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a seis años y tres meses de prisión a una mujer que obligó a la hija de su pareja a prostituirse cuando estas contaba con 15 años de edad durante cerca de tres años así como a otros seis clientes, algunos de los cuales llegaron a violar a la joven, después de que parte de ellos reconocieran haber contratado los servicios sexuales a sabiendas de la minoría de edad de la chica.

El fallo absuelve al padre biológico de la menor tras determinar que no conocía que su hija menor de edad ejercía la prostitución obligada por su pareja sentimental, según las declaraciones efectuadas por la propia víctima en las que siempre afirmó «de forma rotunda» que su progenitor, quien viajaba fuera del país y trabajaba fuera de casa, era «desconocer en absoluto» de lo que hacía puesto que «nunca lo hubiera consentido».

El tribunal de la Sección Segunda confiere credibilidad al testimonio de la víctima no solo por su persistencia, puesto que «hasta en cinco ocasiones» en las que ha declarado en fase de instrucción ha seguido «la misma línea de seguridad y relato similar de los hechos denunciados», sino también porque algunos de los acusados han reconocido mantener al menos una relación sexual con la menor, por lo que han sido condenado a penas de entre once meses y diez años de prisión.

Según consta en la sentencia, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, los hechos se remontan a abril de 2011, cuando la mujer suministró entre esa fecha y 2012 a la menor una sustancia que le privó de su conocimiento para días después oscultarla y decirle que ya «no era virgen», con lo que amenazó con decírselo a su padre su no accedía a ejercer la prostitución.

La condenada exigió a la menor que buscara clientes en la calle, de modo que tenía que volver a casa con al menos 50 euros ya que en caso contrario no le daría de comer ni la dejaría dormir en la vivienda. Esta situación generó una situación de «angustia» en la menor, quien empezó a acudir a zonas donde se ejerce la prostitución para buscar clientes, mientras que en otras ocasiones era la propia acusada quien buscaba a hombres para que se acostaran con la niña.

Asimismo, la mujer zarandeaba, pegaba e insultaba si le llevaba la cantidad indicada o no cumplía con sus encargos, sentido en el que, en una ocasión a finales de 2013 en la que la menor no pudo llevarle 50 euros, le hizo una quemadura en el brazo derecho con un cuchillo que había puesto previamente al fuego de la cocina. La víctima no recibió tratamiento médico para curar su herida, que le ha dejado una cicatriz.

Ante esta acciones, la Audiencia ha condenado a la mujer por un delito relativo a la prostitución a cinco años y seis meses de prisión y a 21 meses de multa a razón de seis euros por día y cinco años de libertad vigilada, mientras que por un delito de lesiones en el ámbito familiar le impone nueve meses de prisión, con prohibición de acercarse nunca a menos de 500 metros de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier sitio frecuentado por la víctima, a la que deberá indemnizar con 60.000 euros. De otro lado, a absuelve de un delito de violación.

En el caso de los clientes, condena a los cuatro que adelantaron sus indemnización a once meses de prisión por un delito relativo a la prostitución así como a penas de multa y libertad vigilada, toda vez que a uno de ellos le impone además once meses adicionales de prisión por un delito de detención ilegal, al haber tratado de retener a la chica.

Asimismo, impone penas de dos años de cárcel a otros acusados por el mismo motivo, con penas adicionales de ocho años de prisión por violación a dos de ellos, quienes obligaron a la menor a realizar prácticas sexuales a las que se negaba, de forma que fue obligada a ello. Para establecer toda las penas, el tribunal ha tenido en cuenta la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

La Audiencia de Sevilla ha resuelto finalmente por acuerdo de conformidad entre las partes el juicio previsto para este jueves y viernes, inicialmente fijado para el pasado mes de octubre pero entonces suspendido, a cuenta del alijo de 1.097 kilogramos de cocaína intervenido en 2019 en la localidad de El Palmar de Troya.

Mediante el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y las defensas de los acusados, los mismos han reconocido groso modo los hechos que se les atribuían.

En el escrito de acusación de la Fiscalía, se detalla en concreto que los acusados son Jesús B.A.; José Luis M.C.; Germán L.P.; Mario G.L. y Pedro Pablo C.B.; quienes «conformaban un grupo criminal dedicado a introducir grandes cantidades de cocaína simulando para ello operaciones de importación de comercio internacional entre la empresa ecuatoriana Hoyos Garces Hoygarsa y la empresa Import Export Mass 2011», para lo cual la primera entidad «enviaba contenedores en buques, aparentando exportar bananas, si bien en su interior se ocultaba la cocaína con destino a la empresa Import Export Mass 2011, importando dichos contenedores a través del puerto de Algeciras», en Cádiz.

SORPRENDIDOS POR LA POLICÍA

En mayo de 2019, tras el transporte de un contenedor con cocaína en un camión desde el puerto de Algeciras hasta las instalaciones de la empresa Aguibur en El Palmar de Troya (Sevilla), la Policía Nacional intervino en la nave de la citada entidad, descubriendo que el contenedor transportado por el camión no albergaba las bananas declaradas en la aduana, sino «cocaína distribuida en 17 paquetes», con un valor calculado de más de 43 millones de euros en el mercado ilícito, pues se trataba de 1.097 kilogramos de cocaína.

Tal extremo, según la Fiscalía, era conocido por José Luis M.C. como administrador único de Import Export Mass 2011, pues «controlaba las importaciones de su empresa y realizaba las gestiones necesarias para la importación de la cocaína». Además, Germán L.P., como conductor del camión, «tenía pleno conocimiento del contenido de la cocaína transportada, mientras los tres restantes acusados se ocuparon de «las labores de vigilancia y seguridad» de la operación de transporte de la droga.

MULTAS MILLONARIAS

La Fiscalía calificaba inicialmente los hechos como presuntos delitos de grupo criminal y delitos contra la salud pública con sustancias que causan grave daño en la modalidad agravada de extrema gravedad, reclamando inicialmente para cada uno de los acusados un año y tres meses por el primer delito y 12 años más de prisión por el segundo de los delitos, así como multas por importe de 172,4 y 129,2 millones de euros por cada uno de estos delitos.

No obstante, merced al acuerdo alcanzado entre las partes, la Fiscalía ha suprimido de la acusación el delito de grupo criminal, al considerar finalmente que los hechos sólo reflejan una operación «puntual» y no expresamente una práctica continuada.

Igualmente, según el acuerdo alcanzado y comunicado por la Fiscalía, el único condenado como autor del delito contra la salud pública con sustancias que causan grave daño en la modalidad agravada de extrema gravedad es el administrador de Import Export Mass 2011, José Luis M.C., a quien se le reduce no obstante la pena por las atenuantes de reconocimiento de los hechos y drogadicción.

LA DROGA NO LLEGÓ A SER VENDIDA

Además, merced a la jurisprudencia actual, la autoría del delito de contra la salud pública con sustancias que causan grave daño en la modalidad agravada de extrema gravedad es sustituida por grado de tentativa para otros dos de los acusados, pues la droga no llegó a ser puesta en circulación; y los dos restantes acusados son considerados «cómplices» de los primeros.

Dado el caso, José Luis M.C., administrador único de Import Export Mass 2011, resulta condenado a cinco años de cárcel; el conductor del camión, Germán L.P., y el conductor que le guió, Jesús B.A., son condenados a cuatro años y Mario G.L. y Pedro Pablo C.B.; quienes ejercieron como «vigilantes» de la operación, son condenados a dos años de cárcel en calidad de cómplices. Además, sobre todos ellos pesan multas de gran alcance, la más baja de de 10,7 millones de euros.

Gracias a este acuerdo, según la Fiscalía, que respecto a la condena señala la ingente y efectiva labor policial derivada en la detección y aborto de la operación enjuiciada, los acusados son condenados en todos los casos, contarán ahora con antecedentes penales también todos ellos, pues algunos ya los tenían; y se evita tanto la celebración del juicio como el prolongado proceso judicial que habrían implicado los diversos recursos a la sentencia inicial.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha fallado a favor de España al rechazar la demanda de la familia de un supuesto etarra que resultó herido en un atentado del Batallón Vasco Español, con la que pretendían que se les aumentara la indemnización que recibieron como víctimas del terrorismo, ratificando así la jurisprudencia plasmada en dos sentencias de 2019 sobre parientes de personas asesinadas por ese mismo grupo y los GAL.

Las demandantes son la viuda y las dos hijas de un hombre identificado por las siglas JMIO, que resultó gravemente herido en un atentado perpetrado el 28 de marzo de 1980 en Rentería (Guipúzcoa) con una bomba lapa colocada en su coche y que fue reivindicado por el Batallón Vasco Español. Él murió años después, en 1992, mientras estaba inmerso en un proceso judicial por sus presuntos vínculos con ETA.

En 2001, recibieron una indemnización de 96.161,93 euros por el alto grado de invalidez con el que fue diagnosticado el hombre a causa de las heridas sufridas en ese atentado. Sin embargo, casi diez años después y a tenor de un cambio legal, solicitaron que esa cantidad se elevara hasta los 180.000 euros, la reconocida para las víctimas del terrorismo con una invalidez total.

Primero por vía administrativa ante el Ministerio de Interior y después por la vía judicial en la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional, se les rechazó la petición en base a informes de Policía y Guardia Civil que indicaban que el hombre estaba vinculado a las Gestoras Pro-Amnistía y era miembro de Herri Batasuna, lo cual propició su detención en 1978 por supuesta colaboración con ETA.

Esos informes recordaban también que en 1989 participó junto a otras personas en amenazas al entonces gobernador de Guipúzcoa, una acción por la que se inició un procedimiento penal. Él murió antes de que se resolviera, pero las demás personas implicadas en los mismos hechos fueron condenadas en 1995 por cargos de asalto y lesiones.

QUIÉN ES VÍCTIMA

Aunque el fondo del asunto no radicaba en si las demandantes pueden ser consideradas víctimas, el TEDH se ha remitido para ello a dos sentencias de 2019 en las que rechazó que los familiares de presuntos etarras asesinados por los GAL y el Batallón Vasco Español puedan ser considerados víctimas del terrorismo a efectos de recibir una indemnización del Estado.

Así, se ha centrado en dilucidar si, tal y como alegaban las demandantes, se había producido una violación de la presunción de inocencia al negarles una indemnización mayor por presumir que su familiar era miembro de una organización terrorista, para lo cual se apoyaban en que no había sido condenado.

La corte de Estrasburgo, que ha enfatizado que el procedimiento penal no pudo continuar respecto al fallecido por haber muerto, ha valorado que tanto el Ministerio de Interior como la Audiencia Nacional tuvieron en cuenta otro material, además de los informes de Policía y Guardia Civil y de la investigación judicial, para rechazar una indemnización mayor. En concreto, ha mencionado la declaración que hizo el propio hombre al ser detenido.

En cualquier caso, ha considerado que ni el Ministerio de Interior ni la Audiencia Nacional intentaron establecer la eventual responsabilidad criminal del fallecido, sino que se limitaron a valorar los elementos necesarios para determinar si procedía aumentar dicha cuantía.

Con todo, el TEDH ha concluido que «los demandantes no han demostrado la existencia del necesario vínculo entre los procedimientos penales contra su familiar y los procedimientos indemnizatorios planteados por ellos mismos».

Los magistrados han distinguido asimismo entre las causas penales y las actuaciones administrativas, para aclarar que a las segundas no les es aplicable el principio de presunción de inocencia.

El proyecto LIFE ‘Osos con futuro’ ha comenzado su andadura con el objetivo de facilitar la adaptación del oso cantábrico al cambio climático, facilitando su disponibilidad de alimento mediante la plantación y tratamiento de pequeños bosquetes de árboles y arbustos autóctonos.

La iniciativa, coordinada por la Fundación Oso Pardo, con la participación de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica se desarrollará hasta 2025, ha informado este departamento en nota de prensa.

Las acciones del proyecto, cofinanciado por el programa europeo LIFE, se llevarán a cabo en ocho espacios de la Red Natura 2000: en el área de la subpoblación cantábrica occidental del oso, en Peña Ubiña, Caldoveiro, MontovoLa Mesa, Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias y Somiedo en Asturias; y Alto Sil y Sierra de los Ancares, en León; y en la de la subpoblación oriental, en la Montaña Palentina, en Palencia.

Según el Ministerio, el cambio climático afectará al oso pardo especialmente en su hibernación, que tenderá a reducirse ante el incremento de las temperaturas. También afecta a la producción de frutos silvestres de los que se alimenta la especie, algunos de las cuales, como el arándano, ya presentan cosechas irregulares.

Además, un mayor movimiento de osos durante el invierno puede generar interacciones con la caza y otras actividades recreativas y deportivas que se desarrollan en la montaña.

Por ello, el proyecto prevé la plantación, en varias fases, de 150.000 árboles y arbustos autóctonos productores de frutos carnosos en 225 pequeños bosquetes que ocuparán 155 hectáreas.

A ellos se sumarán 25.000 castaños injertados con variedades autóctonas en otros 75 pequeños bosquetes que ocuparán 55 hectáreas y que, como los anteriores, se ubicarán en localizaciones escogidas considerando el impacto del cambio climático.

Para ello y para otras acciones del proyecto, se contará con la participación de investigadores de las universidades de Oviedo, Valladolid, Cantabria y Extremadura.

También se contempla la restauración de sotos abandonados de castaños, a los que se aplicará un tratamiento para mejorar la producción de fruto y su resiliencia climática.

Además de las plantaciones, se realizará un estudio de la vulnerabilidad al cambio climático de las áreas más sensibles para la conservación del oso, que será evaluado para su aplicación futura por dos grupos de trabajo con responsables de las administraciones regionales implicadas.

Estas acciones suponen, además, según el Ministerio, una oportunidad de promoción del desarrollo rural y de creación de puestos de trabajo vinculados a la conservación de la naturaleza y la adaptación frente al cambio climático, con un gran potencial de ser replicados en toda el área de distribución del oso pardo cantábrico y en otros territorios que se enfrentan a retos similares.

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

La otra línea de acciones del proyecto se dirige a informar a los colectivos que desarrollan actividades en los montes oseros durante el invierno, fundamentalmente relacionados con la caza y los deportes de montaña.

Se llevará a cabo una intensa campaña de encuentros con más de 100 asociaciones de cazadores y asociaciones de deportes de invierno para explicar los nuevos escenarios ante el cambio climático y concienciar de las implicaciones que ello tiene sobre la actividad de los osos.

La campaña se acompañará de audiovisuales, folletos explicativos y otros materiales de información y concienciación, que también se repartirán por establecimientos turísticos de áreas oseras.

El proyecto, cofinanciado por el programa LIFE de la Unión Europea, cuenta como socios con la Fundación Biodiversidad y la Fundación Patrimonio Natural, de la Junta de Castilla y León. El Gobierno de Asturias es cofinanciador a través de la Dirección General del Medio Natural y Planificación Rural.

Autocontrol ha recomendado modificaciones o ha desaconsejado la emisión de un total de 208 proyectos de anuncios antes de su difusión en 2020 por ser considerados inadecuados para menores, frente a los casi 600 del año anterior.

De los 208 proyectos de anuncios, 166 se consideraron publicidad engañosa; 35, incitación a la adquisición directa del producto o servicio o que persuadan a padres, tutores, etc.; 4, Explotación confianza de los menores en padres, profesores u otras personas; 1, Menores en situaciones peligrosas; y 2, publicidad perjudicial para el desarrollo físico o mental de los menores en general.

Así se desprende del Informe de Actividad 2020 publicado este jueves por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol).

En términos globales, el informe señala que en 2020 crecieron un 9,7% los proyectos de anuncios revisados antes de su difusión para verificar su adecuación a la normativa legal y deontológica. En total, fueron casi 44.000 los proyectos de anuncios remitidos por anunciantes, agencias y medios.

A estas revisiones de campañas (Copy Advice) se suman las más de 7.500 consultas legales y deontológicas atendidas en materia publicitaria. En conjunto, la actividad de asesoramiento previo publicitario creció un 4,3% en 2020, pasando de 48.342 a 51.434.

De este modo, el informe destaca que en un 65% de las solicitudes de revisión de anuncios se emitió un informe positivo; en un 34% se recomendó que se realizara alguna modificación antes de la difusión del anuncio; y en menos de un 1% de los informes (0,71%) fue necesario desaconsejar la difusión del proyecto de anuncio remitido por no ajustarse el mismo a la normativa aplicable.

EL SECTOR BANCARIO, EL QUE MÁS CONSULTA

Por sectores, el que registra un mayor crecimiento en la solicitud de revisión de proyectos anuncios ante Autocontrol es el sector bancario, que suma el 63,89% del total de solicitudes.

Por su parte, el mayor crecimiento de la actividad de asesoramiento previo por medios corresponde a los medios digitales, donde el número de solicitudes crece un 26% respecto al año anterior, hasta alcanzar las 23.040 (un 52% del total). El segundo lugar en número de solicitudes de revisión, un 22%, corresponde a proyectos de anuncios televisivos (9.887 en 2020).

También se ha producido un incremento del 195% en el número de consultas y solicitudes de informes relacionados con la protección de datos y privacidad vinculada a la actividad publicitaria, 869 en total en 2020.

Por otro lado, la Unidad de Mediación, que gestiona el sistema de reclamaciones en materia de protección de datos en el que participan las principales empresas de telecomunicaciones de España, también ha duplicado casi el número de consultas recibidas en 2020 (2.558).

En concreto, en 2020 se han recibido 383 solicitudes de mediación, de las que se han sustanciado las 261 que cumplían los requisitos para tramitarse; de ellas, más del 73% se han resuelto satisfactoriamente para usuario y empresa en un plazo inferior a 20 días, haciendo innecesario por tanto acudir a otras instancias de reclamación.

Por su parte, en 2020, el Jurado de la Publicidad resolvió 239 reclamaciones que se sustanciaron en 232 casos, lo que supone un descenso de un 13,11%.

Las quejas realizadas de consumidores y asociaciones de consumidores representan el 81,03% del total. Del resto, un 16,81% fueron reclamaciones remitidas por empresas y un 2,16% por Administraciones públicas. El 63% de las reclamaciones recibidas, 147 correspondían a comunicaciones comerciales difundidas en canales digitales.

El diputado electo de la CUP en el Parlament Carles Riera ha asegurado este jueves que su formación garantizará que el presidente del Parlament sea independentista pero ha expresado su preocupación con que pueda ser la candidata de Junts a la Presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, por su situación judicial.

Lo ha dicho en rueda de prensa, después de que ERC, Junts y la CUP se hayan reunido de nuevo de forma conjunta este jueves por la mañana sin que haya trascendido ningún acuerdo.

Riera ha acusado a Junts de llevar «la situación al límite» al no plantear todavía su candidato a la Presidencia del Parlament, pero ha afirmado que la CUP actuará con responsabilidad para que el independentismo ostente este cargo, aunque no ha aclarado si esto quiere decir que renuncian a tenerlo y que votarán a quien presente Junts porque dice que su candidato todavía sigue siendo el candidato ‘cupaire’ por Lleida, Pau Juvillà.

Ha señalado que el criterio que la CUP utilizará para tomar una decisión será que el independentismo tenga la Presidencia del Parlament, porque cree que ese es el objetivo: «Creemos que no es tiempo de disputas y hay que estar a la altura».

El diputado ‘cupaire’ ha argumentado que su objetivo es que la Mesa del Parlament sirva para hacer frente a la presencia de Vox en la Cámara y para garantizar la soberanía de la institución, «desobedeciendo si hace falta para que el Parlament pueda llevar a cabo políticas para avanzar social y nacionalmente».

Para él, la mejor manera de conseguir estas dos cosas es que la CUP esté en la Mesa y mejor si es desde la Presidencia de la Cámara, pero ha insistido en que su prioridad es que este órgano tenga una mayoría independentista y el presidente también lo sea.

Así, Riera ha reiterado que la CUP votará para garantizar una Presidencia independentista para evitar que el cargo se lo quede la candidata del PSC, Eva Granados: «Somos y seremos la garantía para que el PSC no tenga la Presidencia del Parlament. Somos la garantía de que el Tribunal Constitucional y la patronal no presidan el Parlament».

NO DESVELA SU VOTO

Sin embargo, no ha querido desvelar qué votarán porque asegura que esto dependerá del candidato que plantee Junts para presidir la Cámara: «Podremos definir el sentido de nuestros votos cuando sepamos cuál es el candidato».

Ha criticado que de momento el único nombre sobre la mesa es Juvillà y ha dicho que sigue siendo su candidato para presidir el Parlament, pero que decidirán su voto definitivo en función de quién proponga Junts: «El objetivo de una mayoría independentista y de una Presidencia independentista se puede conseguir con aritméticas diversas».

Así, ha expresado su preocupación de que Borràs pueda ser la candidata de Junts para presidir el Parlament porque cree que el independentismo no se puede permitir que la Presidencia de la Cámara tenga «ni una sombra de sospecha».

Pese a que cree que su causa judicial es política, el origen es por una «mala praxis» –está investigada por presuntas irregularidades cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC)–, por lo que considera que no debería ser presidenta del Parlament, aunque no ha aclarado si esto quiere decir que no la votarían si acaba siendo la candidata.

OPCIONES POSIBLES

De esta manera, se podría dar la posibilidad de que la CUP no votara al nombre que plantee Junts y mantuviera su voto para Juvillà o se abstuviera, pero esto no supondría un cambio en el resultado final porque el candidato de Junts sería investido presidente del Parlament, ya que ERC y la formación de Laura Borràs suman 65 diputados –uno menos si Lluís Puig no puede votar–, por lo que no necesitan los votos de los ‘cupaires’ para lograr la Presidencia de la Cámara.

Tampoco los necesitan para que una de las dos Vicepresidencias de la Mesa sea para un miembro de Junts o ERC –si la Presidencia se la queda Junts, en principio la Vicepresidencia sería para un diputado republicano–, pero sí que necesitan un acuerdo para que la CUP tenga un puesto en la Mesa –sería una de las cuatro Secretarías–, ya que si los tres partidos independentistas coordinan sus votos podrían llegar a tener cinco de los siete miembros del órgano.

De hecho, Riera ha pedido responsabilidad a ERC y Junts para que faciliten que un diputado ‘cupaire’ esté en la Mesa: «Si se quiere garantizar que la Mesa del Parlament sea un muro ante el fascismo y punta de lanza en defensa de los derechos, es imprescindible que la CUP también esté».

Las partes personadas en el juicio por el fuego que en febrero de 2019 arrasó la Sierra de la Alcomba, en Ramales de la Victoria, han elevado este jueves a definitivas sus conclusiones, de modo que la fiscal mantiene la petición de cuatro años de cárcel para el acusado, el exjefe de la agrupación de voluntarios de Protección Civil del municipio, al que imputa un delito de incendio forestal.

En la sesión de hoy, penúltima del juicio -en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria y pendiente únicamente de informes de acusaciones y defensa-, se ha practicado también la prueba pericial, con la declaración de agentes que investigaron las causas y evaluaron los daños, entre ellos un ingeniero de montes que ha destacado que el fuego fue provocado, en un lugar «idóneo» para no ser visto y favorecer su propagación. De hecho, «pasó de cero a cien en segundos».

Por eso cree que se empleó algún tipo de acelerante o líquido inflamable, para favorecer su rápido desarrollo y, en cualquier caso, este agente forestal -que se encargó del esclarecimiento de los motivos- está seguro de que fue provocado, con el objetivo de «generar daño, el máximo posible».

En este sentido, ha explicado que se originó, en torno a la medianoche del 17 al 18 de febrero, en una ladera de solana, con pendiente -del 36%-, vegetación y terreno «muy seco», por la ausencia de lluvias y el viento sur, que actúa «como un secador de pelo», ha comparado el experto.

A preguntas de la defensa ha concretado que la velocidad en ese momento era «normal», de una media de 10 kilómetros por hora, aunque se alcanzaron rachas de 20 km/h, y la temperatura de 5,4 grados centígrados, y que subió durante la madrugada pese a no ser habitual.

Asimismo, este perito ha remarcado que el fuego empezó en siete puntos distintos alineados -lo que revela «intencionalidad»-, a lo largo de 65 metros de la cuneta de la pista forestal asfaltada que comunica Ramales con la Alcomba, aunque uno de los focos no se desarrolló y se autoextinguió. Según sus cálculos, las llamas alcanzaron una altura de 3 metros desde el comienzo.

En total, se arrasaron 144,30 hectáreas, en las que había pasto, matorral, eucaliptos -con fines comerciales- y árboles autóctonos, como encinas o robles. Así, «el grado de severidad» del fuego fue «muy alto», ha apuntado.

El incendio de la Alcomba tuvo lugar en una jornada en la que, como ha recordado este perito, Cantabria estaba en nivel dos de alerta por incendios, lo que requiere la presencia de medios externos para sofocarlos.

Se debió a un episodio de viento sur que se saldó con 231 focos desde comienzos de mes hasta la fecha, que arrasaron un total superior a las 3.000 hectáreas, y de los que el 99,9 por ciento fueron «intencionados». A este respecto, ha indicado que una de las motivaciones de quienes causan fuegos es participar en las labores de extinción.

SE ORIGINÓ EN TORNO A LA MEDIA NOCHE

Por otro lado, llegó a la conclusión de que se había iniciado en torno a las doce de la noche después de analizar la superficie quemada cuando se personaron los primeros equipos de extinción y por la velocidad de propagación de las llamas en condiciones estándar, a la que se aplicó el correspondiente factor multiplicar por las rachas de viento y la inclinación del terreno.

El incendio se dio por sofocado a las siete de la tarde, es decir 19 horas después de haberse iniciado y tras alcanzar un monte de libre disposición y fincas particulares del vecino municipio de Ruesga.

En Ramales también se quemaron áreas privadas y un monte de utilidad pública. Pero las llamas empezaron en una zona de eucaliptos y, en ese lugar, arrasaron una parcela de 16 hectáreas con ejemplares de esta especie plantados en 2012 y destinados a fines comerciales -madera para fabricar pasta de papel, y que al quemarse sin haber alcanzado el tamaño necesario se destinó a biomasa-. La finca es propiedad de Álvarez Forestal, que ejerce la acusación particular.

En cuanto a los daños ambientales, se han evaluado los «mínimos» causados, ya que podrían ser «infinitamente más» si se tienen en cuenta variables como, por ejemplo, erosión del terreno o afecciones paisajísticas, ha apuntado el ingeniero de montes encargado de este informe.

En su declaración en el plenario ha señalado que en Cantabria no se utiliza motosierra para la extinción de «ningún» incendio, ya que esta herramienta se emplea en otras regiones para hacer cortafuegos, algo que aquí no se entiende necesario al concentrarse muchos incendios en poco tiempo que obliga a «atacar el fuego» directamente.

En cuanto a la gasolina, –compañeros del procesado aseguraron haberle visto esconder una garrafa en la que faltaba parte del líquido poco después de empezar el incendio y cuando regresaba de la zona–, los agentes de la Guardia Civil encargados de analizar las muestras tomadas en el terreno no apreciaron estos restos, como reflejaron en su informe, aunque tal extremo no es «concluyente».

En este sentido, han explicado en el interrogatorio -por videoconferencia- que la ausencia de dicho combustible puede deberse a que no hubiera en la propia extracción o a que por las características del incendio no permanecieran restos desde la muestra -en botes de cristal con válvula y sin cierre hermético- al examen.

Y es que fueron tomadas el 21 de febrero, pero no se empezaron a analizar hasta el 14 de mayo, es decir, casi tres meses después, intervalo de tiempo que, «desgraciadamente es normal», se han lamentado.

CONCLUSIONES

Practicadas las pruebas pericial y testifical, así como el interrogatorio al acusado, las partes han dado por reproducida la documental y han elevado a definitivas sus conclusiones.

De este modo, la Fiscalía mantiene la pena solicitada por un delito de incendio forestal agravado, por la extensión de superficie afectada y por las condiciones meteorológicas y del terreno: cuatro años de cárcel, así multa de 7.200 euros, indemnización de 86.000 al Gobierno por pérdidas en beneficios ambientales -frente a los casi 230.000 que interesaba antes de la vista- y casi 9.000 por los gastos de extinción.

A ello suma una indemnización al Ministerio, de 43.567 euros; al Ayuntamiento de Ramales, por las labores de extinción y pérdidas en productos primarios y secundarios, de 22.028 euros; a la Junta Vecinal de Barruelo de la Victoria, por las pérdidas en productos primarios y secundarios, con 16.840 euros; así como a una serie de particulares afectados y la empresa forestal que ejerce la acusación particular, además del Ejecutivo cántabro.

La compañía pide por su parte tres años de prisión por incendio intencionado y multa e indemnización de 79.162 euros al acusado, Luis Trueba, que si bien ha reconocido estar en el lugar y a la hora de los hechos, ha negado que provocara ningún incendio.

Su abogado, que ha elevado a definitivas todas las conclusiones de su escrito provisional menos una que ha modificado, ha insistido en la libre absolución de su cliente, al entender que no existe responsabilidad penal y por tanto tampoco concurre la civil.

Ahora bien, al haber abonado su patrocinado -que está en paro- parte de la cuantía reclamada por esa última responsabilidad, este letrado pide que en caso de que sea condenado se le aplique la atenuante de reparación del daño especial contemplada para delitos de incendios forestales, y que lleva aparejada una reducción de la pena prisión, que se rebajaría a entre año y medio y tres.

Tras los informes de las partes, este viernes a partir de las 9.30 horas, y el derecho a la última palabra del procesado, el juicio quedará visto para sentencia.

El Ministerio Fiscal ha pedido 19 años de cárcel para un hombre acusado de violar, maltratar y amenazar a su pareja, con la que tiene dos hijos, actualmente de 3 y 6 años. Lo ha hecho durante el juicio celebrado este jueves en la Audiencia de Jaén. El acusado se encuentra actualmente en prisión provisional por estos hechos ocurridos cuando él tenía vigente una orden de alejamiento de su pareja por una condena de maltrato y amenazas.

La pareja denunció en su día que el 5 de septiembre de 2019, cuando el acusado y ella habían retomado la relación pese a la orden de alejamiento, en el transcurso de una discusión por la comida, él la empujó por las escaleras y acabó forzándola a entrar en la habitación donde la obligó a mantener relaciones sexuales plenas.

El Ministerio Fiscal recoge en su escrito de calificación que el acusado tras consumar la supuesta violación le dijo: «Toma otro hijo, ahora que te lo críe tu padre», expresión en la que la Fiscalía se ha basado para introducir el agravante de género en el delito de violación.

Seguidamente, y según ha venido manteniendo la denunciante, el acusado le quitó el móvil para evitar que pidiera ayuda y se marchó de casa no sin antes amenazarla de muerte cuando salió a la calle semidesnuda para pedir auxilio.

En un principio, el acusado había aceptado declararse culpable en el juicio para conseguir una rebaja de la pena acordada con el Ministerio Fiscal. Sin embargo, al principio del juicio el acusado ha comenzado negándolo todo, lo que ha hecho que su defensa le explicara que eso no era lo acordado para beneficiarse de una rebaja en el tiempo de prisión. Seguidamente, el acusado ha reconocido todos y cada uno de los delitos que le imputaba el Ministerio Fiscal y la acusación particular.

Ha sido ella, la que durante su declaración ha optado por cambiar el relato de los hechos, reconociendo que lo hacía por «pena» y por el hecho de que el acusado es el padre de sus hijos. En este punto, ha señalado que ese día mantuvieron una discusión y que ella se cayó en el último escalón de la escalera, pero que la relación sexual surgió durante «el forcejeo» y que «en parte fue consentida».

Sobre las múltiples lesiones que ella presentaba, frente a la ausencia de lesiones en él, la mujer no ha podido dar ningún tipo de explicación y ha dicho que ese día se encontraba confusa por haberse tomado un ansiolítico ya que había sufrido recientemente un aborto y la relación con su pareja no era buena por «los celos».

El Ministerio Fiscal lejos de retirar el delito de violación ha elevado su petición inicial de penas de 17 a 19 años al introducir la reincidencia en las amenazas e incorporar el delito de maltrato, además de mantener el de violación y el de quebrantamiento de condena. También ha incorporado la privación de la patria potestad y el destierro del acusado del municipio en el que vive la mujer.

Asimismo, ha señalado que la declaración de la víctima responde a la «excesiva dependencia emocional» de la víctima y a su «baja autoestima», algo común a las víctimas de violencia de género, tal y como se recoge de los estudios psicológicos realizados a la denunciante.

A pesar de ello, el Ministerio Público ha pedido que se le deduzca testimonio a la mujer por falso testimonio ya que durante todo el proceso, la denunciante ha mantenido su acusación y no ha sido hasta este jueves durante el juicio cuando agarrándose a la «pena» que siente por el padre de sus hijos, ha optado por modificar su denuncia inicial.

El juicio ha quedado visto para sentencia y será la Sección Tercera de la Audiencia de Jaén la que tenga que determinar la culpabilidad del acusado, tal y como pide Fiscalía y acusación particular, o la libre absolución como ha sostenido la defensa para todos los delitos excepto para el de quebrantamiento de condena.

Por su parte, el acusado en el turno de última palabra ha defendido su inocencia. «No la he violado, fue consentido, no hubo amenazas ni hubo nada», ha dicho el acusado antes de volver a ser conducido a prisión donde lleva recluido nueve meses y donde tendrá que esperar la sentencia.

Los primeros candidatos llamados por el Senado para exponer sus credenciales para ser consejeros de Radiotelevisión Española (RTVE) han comparecido este jueves por «por dignidad» y «respeto», pese a que los partidos ya han acordado quienes serán los miembros de este órgano.

El pasado 25 de febrero, el PSOE y el PP anunciaron que habían cerrado un acuerdo para renovar el Consejo de RTVE. Este anuncio se producía antes de que el Congreso votase a los seis vocales que le corresponde designar ese mismo jueves.

Aunque el proceso culminará con la votación de los cuatro miembros que elegirá el Senado, el PSOE y PP ya dieron a conocer que el presidente será José Manuel Pérez Tornero y los consejeros Ramón Colom, Elena Sánchez Caballero, Concepción Carmen Cascajosa, José Manuel Martín Medem, Roberto Lakidaín, Carmen Sastre, Jenaro Castro, María Consuelo Aparicio y Juan José Baños Loinaz.

Este jueves han comparecido en la Comisión de Nombramientos de la Cámara Alta los aspirantes Javier Montemayor Ruiz, María Eizaguirre, Agustín García Matilla, Juan Manuel Romero, Vicenç Sanclemente y Juan Buhigas Arizcun. En cambio, han renunciado a asistir Rafael Camacho Ordóñez, Manuel Ventero y Eladio Jareño, aunque también estaban llamados a comparecer.

El primero en intervenir ha sido Montemayor Ruiz, quien ha afirmado que, para él, «no supone ninguna humillación ni demérito» el comparecer en la Cámara tras el anuncio del pacto alcanzado entre PSOE y PP, y ha añadido que prefiere pensar que «el mañana no está escrito», con la convicción de que hay que intentar seguir jugando el partido «hasta el pitido final». Así lo ha puesto de relieve el aspirante que tiene la mejor puntuación del Comité de Expertos del concurso público.

«Hoy estoy por respeto a la Cámara en la que nos encontramos, por supuesto, por lealtad a Radiotelevisión Española y, muy especialmente por mi compromiso con todos y cada uno de los trabajadores, de sensibilidades muy diferentes, que confiaron en mí para representarles en ese Consejo de Administración», ha afirmado María Eizaguirre.

ESTUPOR E INCREDULIDAD

Agustín García Matilla ha declarado que a la mayoría de los candidatos se les niega «cualquier posibilidad de aspirar en igualdad de condiciones a ocupar un puesto en el Consejo de Administración de RTVE». «Estos hechos han causado estupor e incredulidad entre los propios candidatos y entre las muchas personas que han seguido este proceso», ha manifestado, al tiempo que ha agregado que «no podía dejar de acudir a esta comparecencia tanto por respeto al propio Senado, como por dignidad».

Seguidamente, Juan Manuel Romero ha criticado que manipulación es «que se convoque un concurso público donde se escoge a una serie de expertos que van a elegir a los mejores candidatos, y cuando se elige a esos 20 candidatos por parte de los expertos elegidos previamente por los partidos políticos, como resulta que no son del gusto de algún partido político, se tira el concurso a un lado y se elige entre los 90».

Por su parte, Vicenç Sanclemente ha afirmado que más allá de la «anomalía» vivida en las últimas semanas al conocer la lista de elegidos, tenía que estar en el Senado por «respeto al parlamentarismo», al proceso de selección del concurso público, en el que «todavía» cree, y por respeto a RTVE, en la que trabaja «desde hace muchos años». «Por dignidad, tenía que acudir», ha remachado Vicenç Sanclemente.

En su intervención, Juan Buhigas Arizcun ha dicho que le han preguntado por qué acude al Senado «si todo el pescado está vendido» y ha aclarado que comparece por respeto a las instituciones, al Comité de Expertos, «por defensa de la dignidad, la honorabililidad y los méritos» de los 20 aspirantes seleccionados por el Comité y porque desea que RTVE «llegue a ser una verdadera radiotelevisión de servicio público».

En la Comisión, que preside Pilar Llop, han participado únicamente los portavoces del PSOE, el PP y el Partido Aragonés, mientras que se han ausentado los del Grupo Parlamentario Vasco, ERC, Adelante Andalucía y Ciudadanos. El portavoz de Junts per Cataluña, Josep Lluís Cleries, ha tomado la palabra al comienzo de la sesión para anunciar que se ausentaría.

Cleries ha afirmado que Junts per Cataluña considera «fuera de lugar» que ya se conozcan los aspirantes elegidos, por lo que ha calificado de «tarea inútil» la encomendada a la Comisión de Nombramientos. «Incluso, ya sabemos quién será elegido presidente en el Pleno del Congreso», ha añadido, para después insistir en que su grupo no quiere participar en el proceso.

A pesar de haber llegado a un acuerdo sobre los miembros del Consejo de Administración de RTVE, los senadores del PSOE y el PP se han enfrentado a cuenta de la gestión de la Corporación pública en sus distintas etapas.

El coronavirus ha socavado los esfuerzos realizados en materia de conservación de la naturaleza, sobre todo en África y Asia, según ha denunciado la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) un año después de la declaración de la pandemia mundial y del estado de alarma en España, como en otros muchos países.

Así, la UICN revela en un número especial de la revista de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas ‘Parks’, que la pandemia ha provocado un impacto significativo en la conservación de la naturaleza alrededor del mundo, incluida la pérdida de puestos de trabajo en áreas protegidas, como los guardabosques, ya que se han reducido las patrullas contra los furtivos, lo que ha rebajado la protección ambiental.

El director general de la UICN, Bruno Oberle, ha explicado que aunque la crisis de salud mundial sigue siendo una prioridad, la nueva investigación refleja lo grave que ha sido el impacto de la pandemia del COVID-19 en el esfuerzo de conservación y en las comunidades dedicadas a la protección de la naturaleza. «No olvidemos que solo invirtiendo en la naturaleza saludable podemos brindar una base sólida para nuestra recuperación de la pandemia y evitar futuras crisis de salud pública», ha señalado.

En concreto, los más afectados fueron los esfuerzos de conservación de África y Asia, según una síntesis de encuestas realizadas sobre los impactos de la pandemia en las áreas protegidas que se incluyen este balance de la UICN. Así, señala que más de la mitad de las áreas protegidas en África informaron que se vieron obligadas a detener o reducir las patrullas de campo y las operaciones contra la caza furtiva, así como la educación y la divulgación para la conservación.

Además, una cuarta parte de las áreas protegidas en Asia también se han reducido sus actividades de conservación. En América Latina y Norteamérica, Europa y Oceanía, la mayoría de las áreas protegidas pudieron mantener sus operaciones centrales a pesar de los cierres y pérdidas de ingresos por turismo.

Por otro lado, la revista añade que la pandemia también afectó a los medios de vida de los guardabosques de las áreas protegidas y sus comunicades, ya que en más de 60 países, uno de cada cuatro guardabosques vio reducido o retrasado su salario; el 20 por ciento de ellos informó de que habían perdido sus trabajos por los recortes presupuestarios a consecuencia del COVID-19.

Así, los guardabosques de América Central y el Caribe, América del Sur, África y Asia se vieron más afectados que sus pares en Europa, América del Norte y Oceanía.

Otro de los aspectos analizados por PARKS fueron los estímulos económicos y otras políticas gubernamentales relevantes que se implementaron o avanzaron entre enero y octubre de 2020.

En ese sentido, identifica algunos ejemplos que han beneficiado explícitamente áreas protegidas y conservadas (PCA) o ampliando las protecciones ambientales. Por ejemplo, en ocho países de la UE, Kenia, Japón, Pakistán y Nueva Zelanda se han destinado fondos a expandir o proteger mejor los PCA, incluso para el capital natural y la economía circular.

La autora principal del estudio sobre los impactos de los paquetes de estímulo, Rachel Golden Kroner, de Conservación Internacional, señala que las áreas protegidas y conservadas son una estrategia de conservación esencial porque ayudan a garantizar la salud a largo plazo de la naturaleza, las personas y los medios de vida.

«No podemos permitir que la crisis actual ponga en peligro aún más nuestro entorno natural. Si queremos construir un futuro sostenible, deben evitarse los retrocesos de las protecciones ambientales y las medidas de recuperación deben planificarse de manera que no solo eviten los impactos negativos en la biodiversidad, sino que tracen un camino más sostenible y equitativo a seguir», añade.

El número especial de Parks incorpora once artículos científicos revisados y la valoración de, entre otros, el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos; la expresidenta de Irlanda y ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson; el bioquímico y premio Nobel de Medicina, sir Richard Roberts; la secretaria ejecutiva del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, Elizabeth Maruma Mrema; y el director general y presidente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), Carlos Manuel Rodríguez.

Para Rodríguez, invertir en conservación y restauración de la naturaleza para prevenir la futura aparición de patógenos zoonóticos como los coronavirus «cuesta una pequeña fracción de los miles de millones de dólares que los gobiernos se han visto obligados a gastar para combatir el COVID-19 y estimular una recuperación económica». «No podemos decir que estamos reconstruyendo mejor a menos que lo hagamos y al mismo tiempo protejamos el mundo natural», señaló el presidente del GEF.

Por su parte, desde WWF Brasil, su responsable de ciencia Mariana Napolitano ha destacado que la pandemia del COVID-19 es un «recordatorio trágico» de la «relación rota con la naturaleza» y evidencia que hay un «largo camino por recorrer».

Además, alerta de que aún se está socavando la naturaleza cuando la ciencia muestra claramente que debemos actuar con urgencia para protegerla y conservarla mejor, como red de seguridad para las comunidades afectadas y como uno de nuestros aliados más fuertes contra futuros brotes zoonóticos.

«Los líderes mundiales deben actuar sobre las lecciones aprendidas de esta crisis e intensificar el apoyo, la recuperación y las inversiones en y para las áreas protegidas y conservadas, y las comunidades locales y los pueblos indígenas que dependen y también las salvaguardan», ha reclamado.

Por su parte, el presidente del grupo de especialistas de UICN-CNMAP, Brent Mitchell, ha afirmado que si el impacto del COVID-19 «no es suficiente» para hacer que la humanidad se despierte ante las «consecuencias suicidas del curso destructivo de un desarrollo tan equivocado, con su ataque a la naturaleza, entonces es difícil vea cómo se pueden evitar más calamidades, mucho peores que la pandemia actual».

El coeditor de la edición especial de Parks, Adrian Phillips, cree que durante este año en las reuniones internacionales de los Gobiernos para decidir como estabilizar el clima, salvar la biodiversidad, proteger la salud humana y reactivar la economía global se debe tener presente aprender las lecciones del COVID-19 sobre proteger la naturaleza y la restauración de los ecosistemas dañados. «Esta es la misión que ahora deben perseguir todos los que tienen el poder de generar cambios», insiste.

Por último, el presidente del Centro para la Conservación de Grandes Paisajes y del Grupo de Especialistas en Conservación de la Conectividad de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN, Gary Tabor, concluye que «ahora más que nunca» se entiende cómo la salud humana, animal y de los ecosistemas está «indisolublemente ligada».

«La naturaleza intacta amortigua el riesgo de propagación pandémica de la vida silvestre a las personas. Es un valor que puede incorporarse fácilmente en las estrategias de gestión de áreas protegidas existentes, pero esto aún no se ha hecho», ha concluido.