El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha contestado a la petición de reunión de los líderes de los partidos de la oposición, Ana Pontón (BNG) y Gonzalo Caballero (PSdeG), para convocarlos a una reunión el próximo 26 de marzo, aunque no ha concretado el formato del encuentro.

De hecho fuentes han indicado que en la carta el presidente señala que serán los respectivos gabinetes los que se pondrán de acuerdo en el formato del encuentro, si bien señala el 26 como fecha para que se produzca la foto.

Los representantes de la oposición llevan varias semanas solicitando un encuentro con el máximo mandatario autonómico para abordar la situación de Galicia y su reconstrucción económica y social por la crisis sanitaria, coincidiendo también con el final de los trabajos ‘de campo’ de la comisión de reactivación que se pactó en la Cámara autonómica.

Así, el secretario xeral del PSdeG lanzó en rueda de prensa esta petición, una solicitud que sí formalizó a través de una carta a primeros del mes de marzo la portavoz nacional del BNG y a la que ahora se da respuesta conjunta también a través de una misiva.

El pasado martes, el presidente de la Xunta defendió posponer la reunión con los líderes de BNG y del PSdeG hasta que avancese y se cerrase la comisión de reactivación económica y social, con el fin de no alterar un «formato» ya acordado ni «faltar al respeto a los 49 comparecientes» que pasaron por la misma.

Precisamente, preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello de Xunta, Feijóo ha insistido en que le «gustaría» mantener este encuentro una vez hayan alcanzado un «acuerdo o desacuerdo» en la comisión de reactivación.

«Lo que pido a los partidos, empezando por el mío, es que se respeten las instituciones», ha incidido el máximo mandatario autonómico, que ha confiado en que a lo largo del mes de marzo se avance en este órgano parlamentario y que por ello emplaza a los líderes del BNG y del PSdeG a reunirse en esa fecha.

Además, cuestionado sobre si recibirá a Ana Pontón y a Gonzalo Caballero por separado o si será una reunión a tres bandas, Feijóo ha emplazado a los dirigentes de la oposición a ponerse de acuerdo. «Si se ponen de acuerdo será juntos y, sino, tendrá que ser por separado», ha apuntado.

PONTÓN PIDE QUE EL ENCUENTRO SEA BILATERAL

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha trasladado ya por escrito al jefe del Ejecutivo gallego su disponibilidad para mantener en esa fecha un encuentro «bilateral» entre el presidente de la Xunta y la líder de la oposición.

Con esta contestación, la líder de los nacionalistas gallegos traslada también su disposición a abordar todos los asuntos que se consideran clave para Galicia en el actual momento de crisis, tanto los recogidos en la carta remitida por la nacionalista el pasado día 1 de marzo «como los que el presidente de la Xunta considere oportuno incluir en la agenda.

En este sentido, conforme ha apuntado el BNG, Pontón ha trasladado que entre los temas a abordar figuran los fondos europeos de recuperación, un nuevo modelo de cuidados que coloque a las personas en el centro y garantice el derecho a una vejez digna, o la estrategia de vacunación que permita administrar el antídoto covid con la mayor eficacia posible, una vez se acaben los problemas de suministro.

GONZALO CABALLERO CONFIRMA SU ASISTENCIA

Por su parte, en otro comunicado, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha confirmado que acudirá con «espíritu constructivo a favor de Galicia» a la reunión convocada por Feijóo para el 26 de marzo y ha subrayado que es «el momento del diálogo por la reactivación» y de «defender propuestas para proteger a los gallegos frente a la crisis».

«El diálogo es necesario para enfrontar la mayor crisis que vivió el país», ha remarcado el socialista, que considera que «lo importante no es el formato de la reunión». «Lo que toca ahora no es pensar en la foto ni en protagonismos individuales, sino en compartir ideas y propuestas que nos refuercen para salir de esta crisis», subraya.

De este modo, ha avanzado que llevará a la cita un compromiso claro para reforzar el sistema sanitario público después de más de una década de recortes, también con la vista puesta en la necesidad de agilizar el sistema de vacunación a medida que vayan llegando las dosis a Galicia.

Del mismo modo, ha señalado que incidirá en la reactivación económica de Galicia y pondrá sobre la mesa líneas de acción para el empleo, la modernización de la economía y la lucha contra la desigualdad. Además, señala la necesidad de proteger a los sectores más damnificados por las restricciones –como la hostelería, el comercio, la cultura y el deporte–, como vía para que la economía gallega resista y para luchar contra el desempleo.

Además de hacer hincapié en la necesidad de medidas para que «nadie quede atrás» tras el paso de la covid, Gonzalo Caballero abordará la situación de las nuevas generaciones que «ahora mismo no visualizan futuro en Galicia».

«La sanidad, la economía y el bienestar social son los principales ejes de preocupación del PSdeG, y así lo trasladaremos al presidente de la Xunta», ha manifestado Gonzalo Caballero, que celebra que Feijóo que «se abra por fin al diálogo y a buscar sinergias y acuerdos.

El Congreso ha dado luz verde este jueves a la Ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, que recoge las medidas necesarias para paliar las consecuencias de la pandemia sufridas por las víctimas de esta lacra.

Todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, han ratificado los cambios realizados durante la tramitación en el Senado de este texto que procede del decreto ley aprobado por el Ejecutivo hace casi un año con el objetivo de convertir los servicios de atención a estas mujeres en esenciales durante el estado alarma por la crisis sanitaria.

La norma incluye medidas destinadas a garantizar la prestación de los servicios de asistencia social integral, consistentes en orientación jurídica, psicológica y social destinadas a las víctimas de violencia género en el marco del estado de alarma. Además, se insta a las administraciones competentes a establecer alternativas a la atención telefónica, a través de medios como la mensajería instantánea para la asistencia psicológica o la alerta con geolocalización para la comunicación de emergencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Del mismo modo, se incluyen servicios de acogida, centros de emergencia, pisos tutelados y alojamientos seguros. Además, se prevé disponer de hoteles, en caso de ausencia de vacantes en los centros designados durante el estado de alarma y se mantendrán con normalidad los servicios de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación.

La ley recoge también medidas urgentes para favorecer la ejecución de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género por las comunidades autónomas.

CARENCIAS

A pesar del apoyo obtenido, el texto final ha generado algunas críticas desde algunos grupos. La portavoz de ERC en este debate, María Carvalho, ha denunciado que no se hayan aceptado sus enmiendas para cambiar la redacción de la norma y, en lugar de hablar de violencia de género, que a su juicio es un término ya obsoleto, se hablara de violencias machistas o contra la mujer y se abarcaran todas ellas.

Además, ha lamentado que no se haya tratado en este debate la situación de las mujeres trans. Para Carvalho, deberían estar nombradas de forma específica en la norma.

También Unidas Podemos, a través de su diputada por En Comú Mar García Puig, se han referido a este tema, señalando que, en la actualidad están siendo «blanco de la transfobia» mientras esperan una ley que les ampare. «El feminismo también es la cada de las mujeres trans», ha indicado.

EL PP VE «FALTA DE AMBICIÓN»

Pero la más crítica ha sido la representante del PP en materia de violencia de género, Beatriz Fanjul, que criticó a los socios de Gobierno por «falta de ambición» en esta norma.

Según ha explicado, temas como la atención y protección de las mujeres y niñas víctimas de la trata con fines de explotación sexual, la mejora de la protección en el ámbito rural y a mujeres con discapacidad o las condiciones laborales victimas incluidas en ERTES, están en esta ley gracias a las enmiendas de los ‘populares’.

Pero, además, ha criticado que no se hayan aceptado otras medidas que ellos proponen en materia de violencia digital o ciberacoso, así como el cumplimiento del Pacto de Estado de Violencia de Género.

VOX, ÚNICO EN CONTRA

La portavoz socialista en este debate, Lidia Guinart, ha valorado los acuerdos alcanzados en la negociación de esta norma por la que se han logrado medidas como que algunas asistencias se mantenga «más allá del estado de alarma». También ha celebrado el avance en protección a las víctimas de trata y ha señalado que «esta debe ser la legislación de la abolición de la prostitución». Algunas otras medidas sobre inclusión, ha apuntado, son a su juicio, «redundantes», aunque se han incluido finalmente.

Por su parte, la portavoz de Igualdad de Ciudadanos, Sara Giménez, ha recordado que su partido estará siempre al lado de las propuesta «que promuevan la defensa de las víctimas de la violencia de género» y, especialmente, «frente a aquellos que quieren negar esta forma específica de violencia».

El único grupo que ha votado en contra de la norma ha sido Vox. Su portavoz en este debate, Carla Toscano, ha criticado en su discurso al «consenso progre» que, a su juicio, discrimina a hombres, niños y homosexuales a quienes no incluye en las cifras de víctimas. En su intervención ha lamentado que, desde 2013, 138 niños hayan sido asesinados por violencia intrafamiliar y 93 hombres a manos de sus parejas.

En este sentido, ha criticado que no se dedique un minuto de silencio a estas víctimas y sí se haga con aquellas que lo son por violencia contra la mujer. Toscano ha defendido que Vox es el «único» partido que defiende la igualdad de trato mientras, ha denunciado, el Gobierno «sangra en impuestos» a los españoles para conseguir un objetivo de violencia cero que, a su juicio, es «irrealizable».

Las videollamadas han permitido a los ciudadanos europeos mantener el contacto con sus familiares y amigos durante los confinamientos y desde entonces se han mantenido como la forma preferida para seguir relacionándose durante la pandemia y tras ella, al menos para uno de cada dos.

La pandemia ha reformulado los estilos de vida y las preferencias en el hogar y fuera de él, como muestra el reciente estudio de IPSOS para Samsung, ‘Vida descentralizada: de los hábitos del confinamiento a una nueva forma de vivir’, realizado entre 10.800 personas de nueve países europeos, incluido España.

Según las conclusiones, uno de cada tres europeos afirma que ahora prioriza la compra de casas que mejoren su bienestar mental por encima de la funcionalidad, y siete de cada diez continuarán con las nuevas aficiones que iniciaron durante el confinamiento.

La actividad más realizada por los europeos durante el confinamiento y desde el comienzo de la pandemia han sido las videollamadas con amigos y familia (37%), por encima de actividades como cocinar y pasar tiempo en la cocina (29%), entrenar (22%), decorar o hacer mejoras en casa (19%), iniciar un nuevo ‘hobby’ (17%) o aprender algo nuevo (13%).

Gracias a la tecnología, el 58 por ciento de los europeos ha podido mantener un contacto con la familia y el 50 por ciento de los que empezaron a hacer videollamadas con amigos o familia lo hizo más a menudo y quieren seguir haciéndolo.

Además, uno de cada dos encuestados afirma que seguirá socializando de manera virtual incluso cuando se levanten todas las restricciones. Esta decisión lleva a entender que las videollamadas se consolidan como la forma preferida por los europeos para socializar y uno de los hábitos derivados del confinamiento que ha llegado para quedarse.

En cambio, las reuniones presenciales sufren las consecuencias de la pandemia, ya que el 53 por ciento reconsiderará asistir a una reunión con amigos mientras que, en el ámbito laboral, el 41 por ciento afirma que reconsiderará asistir a un evento o cita de trabajo si puede ser sustituido por un encuentro ‘online’.

NUEVAS PREFERENCIAS DE COMPRA

A raíz de la pandemia, el 48 por ciento de los europeos consultados se muestra partidario de destinar su dinero a dispositivos o aparatos tecnológicos inteligentes para el hogar, muy por encima de comprar ropa u otro tipo de accesorios.

Así, cuando se preguntó cómo gastarían ahora el dinero sobrante o aquel que destinaban a caprichos o compras personales, el 25 por ciento dijo que lo gastaría en tecnología inteligente en primer lugar. La respuesta fue particularmente alta en España e Italia, con un 33 por ciento, en contraste con Noruega, donde sólo el 19% eligió esta opción. La compra de electrodomésticos inteligentes fue la segunda respuesta más alta de los europeos (13%).

Estos cambios de prioridades se reflejan también en las decisiones de compra previstas para los próximos doce meses. Más de la mitad (52%) afirma que es probable que compre un electrodoméstico para la casa, como una lavadora o un microondas, mientras que para el 43 por ciento es probable que compre dispositivos tecnológicos para entrenar en casa, altavoces inteligentes o televisores.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid ha encausado a 17 personas por la trama de las eólicas por posibles delitos de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y pertenencia a organización criminal.

Casi tres años después de que se iniciaran las diligencias, periodo en el que se han sucedido las declaraciones de investigados y testigos, el instructor ha dictado auto de imputación contra los 17 investigados, entre ellos Rafael Delgado, viceconsejero de Economía entre 2003 y 2007 y secretario general entre 2007 y 2011; los hermanos Alberto y Francisco Esgueva y Germán Martín Giraldo, todos ellos también encausados en el denominado caso de ‘La Perla Negra’ pendiente de fecha de juicio.

El instructor, además, abre una pieza separada para proseguir con la investigación contra Alberto Esgueva y Germán Martín Giraldo por el presunto desvío de fondos «bien a otras sociedades no residentes, bien con destino desconocido, fuera de España y de las que resultan ser beneficiarios finales».

En la misma resolución, el juez, archiva las diligencias contra tres investigados: Gabriel Ángel Jiménez Martínez, Xabier Viteri Solaum y José Pérez Arizaga, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Junto a los ya citados Delgado, los hermanos Esgueva y Martín Giraldo figuran también como investigados el abogado y supuesto testaferro del primero, Jesús Rodríguez Recio; el empresario Marc Nodelar, de Solar Land Word SL; el también industrial y director general de Deportes de la Junta hasta 2003 y cofundador de Villardefrades Eólica, Andrés Martín de Paz; Ricardo Bravo, representante de Ibercyl, filial de Iberdrola Renovables; los hermanos Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente, de la empresa Collosa; el también empresario César Hernández Chico; Carlos Galdón Cabrera, propietario de Avanzalia Solar; María del Mar Moreno Fernández, esposa de Alberto Esgueva; Manuel Ordóñez, exdirector de Energía y Minas de la Junta; Rafael Icaza, de Ibercyl, y Pedro Barriuso, de Biovent.

La supuesta ‘trama eólica’ tiene su origen cuando la Junta de Castilla y León entendió que el sector de las energías renovables y particularmente el eólico era un sector que facilitaba la diversificación de actividades para las empresas de la Comunidad Autónoma, regulado y con un importante marco jurídico y retributivo estable, por lo que decidió favorecer una importante entrada de empresas de la Comunidad en las promotoras de parques eólicos.

De este empeño se encargó el principal investigado, el entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, junto con el fallecido Tomás Villanueva, que desempeñaba el cargo de consejero de Economía, y en plan ideado junto con Ricardo Bravo, responsable de una filial de Iberdrola.

EXIGIR LA PARTICIPACIÓN LOCAL

El plan consistía en exigir a los promotores cuyos parques poseían visos de obtener la autorización, bien por el avanzado estado de la tramitación de sus expedientes bien por hallarse en zonas donde no había competencia con otros proyectos, ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización, participación que debía ser próxima al 40%.

El paso siguiente era seleccionar y favorecer a empresas pertenecientes a personas con las que tenían una especial relación, como Alberto y Francisco Esgueva, Andrés Martín de Paz, Germán José Martín Giraldo o los hermanos Miguel Ángel, Alejandro y Patricio Llorente, para que les fuera transferida una importante participación en parques cuya autorización se había previsto.

Con el fin de lograr su propósito Rafael Delgado, siempre según el auto del instructor, indicó al director General de Energía y Minas, Manuel Ordóñez , que elaborara una instrucción para que, a partir de la misma, las resoluciones de autorización administrativa del anteproyecto de la instalación no fueran dictadas por los respectivos jefes de los servicios territoriales a quienes correspondía legalmente y le fuera conferida a él la potestad de otorgarlas.

Hasta que no estaba garantizada la participación no se autorizaban los parques eólicos. Y para justificar esta paralización Rafael Delgado decidió crear una nueva fase en el procedimiento administrativo denominada competencia por evacuación que sólo superaban aquellos parques que incluían un socio local, y es a partir de ahí donde el auto detalla todo aquellos empresarios a los que Delgado benefició con la autorización de las tramitaciones.

Entre los más beneficiados figura el empresario Alberto Esgueva, quien a raíz de un convenio suscrito en 2004 entre San Cayetano Wind SL. e Iberdrola que le reportó nada menos que 47 millones de euros, y ello a cambio solo de una mínima inversión de 24.000 euros tras vender a la eléctrica su participación en Energía Global Castellana.

Hace ya casi tres años Instrucción 4 abrió una investigación sobre supuestas ‘mordidas’ por importe de más de 80 millones de euros por parte de altos y exaltos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios por la agilización en la tramitación de parques eólicos en la Comunidad en el periodo 2000-2015.

En esas pesquisas llegó a figurar investigada una veintena de personas, entre exaltos cargos de la Junta, técnicos y empresarios, por delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización o grupo criminal.

Una vez dictado el auto, el instructor da traslado de las diligencias previas originales o mediante fotocopia al Ministerio Fiscal y a las partes acusadoras para que en el plazo común de treinta días soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa, o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias en el caso previsto en el apartado 2 del mismo artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT), Tomás Caballero, ha defendido este jueves que «ninguna coyuntura política» puede justificar el que los terroristas blanqueen su imagen, al tiempo que ha pedido que se proteja la dignidad de las víctimas y se les garantice todo el apoyo institucional.

«Es esencial que todos asumamos que el relato de lo sucedido no se puede manipular, y que ninguna coyuntura política puede justificar que se permita a los terroristas blanquear su imagen», ha defendido en su discurso durante el acto institucional con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo celebrado en los jardines del Palacio Real y presidido por los Reyes.

De lo contrario, ha advertido en presencia también del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, si permitimos «que se minimice el impacto de la agresión a la democracia que supone el terrorismo, estaremos atacando frontalmente los valores sobre los que se sustenta la propia Unión Europea».

«Es preciso que los terroristas vean que sus ataques son en vano, que el horror sembrado no les permite obtener ningún rédito, ni a corto, ni a largo plazo», ha subrayado.

Las víctimas nunca han buscado «venganza» sino que han confiado en que sea el Estado de derecho el que esclarezca «todos y cada uno de los atentados, pero no podemos aceptar que se ampute la memoria, porque la memoria de cada víctima debe ser respetada, y la barbarie causada debe ser recordada», ha reclamado.

En este sentido, ha pedido «velar por la dignidad de todas las víctimas». Para el presidente de la AVT, hijo de una víctima de ETA, «es obligación de todos, también de la Unión Europea, garantizar que la libertad de expresión no sea la coartada bajo la que se amparen los que apoyan públicamente a los terroristas, recibiendo como héroes a quienes han cumplido condena por haber cercenado la vida de inocentes, o colaborado con ellos».

DENUNCIA LOS HOMENAJES A TERRORISTAS

Así, ha mencionado «los homenajes a los terroristas, hoy de ETA, mañana de cualquier otra banda asesina, que ensalzan a los verdugos al tiempo que ultrajan la memoria de quienes recibieron el tiro en la nuca o quedaron destrozados por la explosión de una bomba».

Con ello, se produce una «nueva forma de victimización» para las víctimas y sus familiares, que ven «todas las heridas reabiertas» e incluso en algunos casos «vuelven a necesitar ayuda psicológica al ver tal impunidad», ha denunciado.

«Por eso pedimos a todas las instituciones que reaccionen para poner fin a esta vulneración de los derechos más esenciales de las víctimas del terrorismo», ha reclamado, puesto que estas «son un elemento fundamental en la defensa de los Derechos Humanos frente a la acción terrorista».

Por otra parte, Caballero ha resaltado los avances realizados en materia de protección de las víctimas de terrorismo, en los que España ha sido «pionera» y que se haya impulsado «un marco normativo comunitario de reconocimiento a las víctimas y sus derechos, destacando la obligación de los Estados miembros de adoptar medidas de protección, apoyo y asistencia» para las víctimas.

PIDE UN ESTATUTO DE PROTECCIÓN PARA LAS VÍCTIMAS

Sin embargo, ha añadido, «no debemos conformarnos». Por ello, ha aprovechado para reclamar «ir más allá y dotar a las víctimas de un estatuto de protección completo». «Ese estatuto permitiría unificar los derechos de las víctimas en toda la Unión garantizando además una interpretación homogénea de las disposiciones existentes», ha resaltado.

El presidente de la FVT ha justificado su petición bajo el argumento de que «los atentados se producen contra los diferentes Estados, no contra los individuos que son víctimas de ellos» y con ellos los terroristas buscan «coaccionar al Estado».

«Eso convierte a las víctimas del terrorismo en símbolo de nuestra democracia, en los héroes que han perdido la vida en la defensa de nuestro Estado de derecho, y nos obliga a dispensarles la máxima protección en todos los ámbitos posibles; asistencial, sanitario, jurídico, social, laboral», ha recalcado.

Por su parte, Philippe Vansteenkiste, director de Victims-Europe y quien perdió a una hermana en los atentados de Bruselas de marzo de 2016, ha lamentado que «las víctimas del terrorismo son ciudadanos de a pie elegidos al azar como objetivos» e ilustrado el impacto que esto tiene en las víctimas y en sus familias.

Igualmente, ha subrayado lo complicado que es «reencauzar la vida» tras semejante revés y la necesidad de apoyo que se requiere. En este proceso, en el caso de su familia, el contacto con otras víctimas y el «alivio» que supuso conocer la ley española sobre víctimas de terrorismo.

Así las cosas, ha resaltado la importancia de trabajar de manera conjunta en Europa para ayudar a las víctimas y ha agradecido el trabajo realizado por las víctimas españolas. «Siempre que las víctimas tengan la esperanza de reintegrarse en la sociedad el terrorismo no podrá prosperar», ha reivindicado. «Nos resistimos a ser utilados por el terrorismo pero sí queremos ser útiles para la sociedad», ha zanjado.

Al acto han asistido representantes de otras asociaciones y fundaciones de víctimas, así como el grueso del Gobierno, incluidos sus cuatro vicepresidentes, y los presidentes de todos los poderes del Estado, además de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Almeida.

También han estado presentes el Alto Representante de Política y Seguridad Común de la UE, Josep Borrell, la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, y el ministro del Interior de Portugal, Eduardo Cabrita, cuyo país ostenta la presidencia de turno de la UE.

La Interagrupación de Fallas de València ha lamentado este jueves los «agravios constantes e injustificados» al colectivo fallero frente a otros y ha hecho «un llamamiento a las instituciones» para evitarlos. «A veces nos cuesta acertar a entender qué nos diferencia a los falleros del resto de la sociedad», ha dicho el presidente de la entidad, Guillermo Serrano, en la rueda de prensa ofrecida al cumplirse un año de la suspensión de estas fiestas por la Covid-19.

En esta línea, ha indicado que se debe «transmitir lo bueno» de las Fallas, «que es mucho» y ha defendido su papel cultural y el de las comisiones como «entidades culturales sin ánimo de lucro», al tiempo que ha considerado que esto debería haberse tenido en cuenta al regular la actividad de los casales, «ahora mismo cerrados», dentro de las restricciones para frenar el coronavirus. Ha garantizado la misma «seguridad» de la que se habla en la cultura.

«No quiero dar más grosor a uno ni a otro. El casal, como cualquier comercio o empresa tendría que tener la posibilidad de hacer gestiones administrativas» en este tiempo de pandemia, ha dicho. Serrano ha resaltado que antes de su comparecencia se le ha comunicado que los casales podrán abrir el 22 de marzo pero ha considerado que deberían haber podido hacerlo antes.

«Somos cultura, deberíamos haber estado abiertos desde el 1 de marzo», ha agregado, además de apuntar que el colectivo fallero «tiene la percepción de vivir aislado de las medidas establecidas» frente a la Covid-19. Ha hablado de «isla con las sedes festeras» y ha lamentado el «peaje» pagado.

«No sabemos si tiene justificación pero de tenerla, nos bastaría con que la expusieran públicamente», ha dicho a las instituciones. El presidente ha añadido que se ha reconocido «siempre» el comportamiento «ejemplar» de los fallero pero ha señalado que ese «reconocimiento verbal no se refleja en medidas».

El responsable de la Interagrupación ha mostrado la voluntad de los falleros de «exponer qué son las Fallas a las altas instancias» valencianas y ha declarado que estas son «el evento que más beneficio genera en la ciudad –de València– y en la Comunitat» y ha opinado que igual no se haya sabido o no le han dejado «explicar sus virtudes y sus fortalezas».

Tras ello, ha anunciado que el 23 de marzo mantendrá un encuentro con los responsables de la Conselleria de Sanidad y ha confiado en poder plantear allí estas cuestiones. «Las fallas, como motor económico de la Comunitat Valenciana, no tienen el reconocimiento ni la visibilidad suficientes, quizás el silencio de las calles en marzo de estos dos últimos años –por sus suspensión ante la pandemia– haga más ruido que el propio bullicio festivo», ha añadido.

«NINGÚN CONTAGIO»

Guillermo Serrano ha comentado que desde que el pasado verano entró en vigor el decreto de nueva normalidad, el colectivo fallero «ha hecho muchas actividades cumpliendo con todas y cada de las normas y recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias» y ha asegurado que los «más de 500 actos» realizados no han conllevado «ningún contagio, ni brote». «Las fallas también somos cultura y la cultura es segura», ha reiterado, por lo que ha pedido para los casales la aplicación de «la normativa de locales o centros culturales».

En este punto, ha expuesto que los falleros solicitaron «a Salud Pública un protocolo de actuación» para contar con «herramientas y directrices» que llevaran a «celebrar cualquier acto de las comisiones desde la responsabilidad, la seguridad y el cumplimiento de las normas» y ha señalado que también a propuesta de este sector «se generó una mesa de seguimiento de sanidad y fallas con el fin de crear un plan sanitario» con «todos los escenarios y condicionantes para una futura celebración de unas fallas seguras».

Asimismo, el responsable de la Interagrupación ha resaltado «el comportamiento ejemplar que ha tenido el colectivo fallero desde el minuto 1 de esta terrible pandemia, acatando siempre con respeto las normas dictadas desde Sanidad y, en algunos momentos, pidiendo tranquilidad a situaciones que podían generar tensiones». «Pese a la ansiedad y la frustración, llamamos a la calma a todos los falleros. Les invitamos a que si tienen que mostrar su desazón lo hagan desde sus balcones o redes sociales» y «no generando concentraciones innecesarias que tan solo podrían complicar la situación sanitaria», ha planteado.

«Hemos sentido la empatía de gran parte de la sociedad y de las instituciones valencianas pero en muchas ocasiones el colectivo ha sido observado con demasiado recelo y de forma injusta. Es necesario ahora más que nunca que desde las instituciones entiendan que nuestra fiesta tiene una inmensa parte cultural», ha insistido.

«SANGRÍA DE BAJAS»

Guillermo Serrano ha manifestado que «no se puede enarbolar la bandera» de que las Fallas son Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y tratarlas después como «una fiesta vulgar y sin importancia». Además, ha aseverado que las comisiones falleras representan «la red asociativa más importante de Europa«, una red que transmite «generación tras generación el conocimiento de una tradición de un valor incalculable.

Igualmente, ha trasladado la preocupación de los falleros por no saber cuándo podrán volver a plantar sus monumentos, cómo sacar adelante el próximo ejercicio y cómo paralizar «la sangría de bajas galopante» en las comisiones –ha precisado que se estima en 10.000 la reducción de falleros al pasar de un censo de unos 100.000 a 90.000–.

El Pleno del Senado rechazó este miércoles por la noche una moción del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herría Bildu por la que instaba al Gobierno a realizar los cambios legales necesarios para revertir las inmatriculaciones de la Iglesia católica.

En la moción, que ha sido rechazada con el voto en contra del PSOE, PP, Vox y PNV, y a favor de EH Bilud, Esquerra Republicana, Compromís y Geroa Bai, también se pedía declarar nulos los acuerdos firmados entre el Gobierno de España y la Santa Sede en 1979 por «anticonstitucionales» y declarar de dominio público y excluir del tráfico jurídico privado el patrimonio cultural de carácter religioso porque «es una obligación de la administración cuidarlo».

En la defensa de la moción, la senadora de EH Bildu Idurre Bideguren criticó que la Iglesia católica «ha gozado de distintos privilegios, como la inmatriculación de bienes» y ha precisado que «no es suficiente publicar la lista de inmatriculaciones y abrir vías para que cada uno emprenda la batalla legal» siendo «muy difícil contar con una prueba documental para presentarla ante un juez». «Los errores políticos requieren soluciones políticas», remarcó.

El senador del PSOE José Aurelio Aguilar avanzaba en su intervención que no iban a apoyar la moción por la «discutible prosperabilidad» de la misma en lo que propone «desde el punto de vista jurídico», aunque defendió que es «absolutamente legítimo revisar» estas inmatriculaciones y ha precisado que «en modo alguno supone un ataque a los sentimientos religiosos».

Por su parte, la senadora del PP Amelia Salanueva acusó a los proponentes de tener «una estrategia de persecución ideológica a la Iglesia» y ha defendido que las inmatriculaciones «se han realizado conforme a la ley».

La senadora de Vox, Yolanda Merelo, también acusó a EH Bildu de «atacar la libertad religiosa, la religión que profesa la abrumadora mayoría de los españoles» con esta moción y ha asegurado que las inmatriculaciones «no fueron un privilegio». «Todo esto supone una barbaridad jurídica, esta actitud laicista solo la emplean para atacar a los católicos. Ustedes no respetan a los cristianos de este país», afeó Merelo.

Por su parte, el senador de Compromís, Carles Mulet, mostró su apoyo a la moción y recordó que su grupo también presentó una parecida pendiente de debate en Comisión. Si bien, lamentó que es «clamar en el desierto» y acusó al Gobierno de ser «cómplice en el saqueo patrimonial que ha hecho la Iglesia del patrimonio».

El senador de Geroa Bai Joseba Koldobika Martínez dijo que «ya es hora de dar pasos hacia la aconfesionalidad del Estado» y denunció que «el Gobierno dispone desde hace tres años un listado de inmatriculaciones con 100.000 fincas».

Por su parte, el senador del PNV, Imanol Landa, apuntó que en el proceso de inmatriculaciones se han podido producir «excesos», poniendo como ejemplo la ermita de Muskilda, en Otsagabia, pero ha recordado que las opciones estudiadas solo contemplan interponer acciones judiciales.

Desde el Grupo Parlamentario Vasco consideran que tratar de acometer modificaciones legales con el objetivo de revertir las inmatriculaciones que pudiera haber llevado a cabo la Iglesia de manera irregular supone «levantar falsas expectativas que no llevan a ninguna parte más que a la frustración».

El Rey Felipe VI ha reclamado este jueves unidad frente al terrorismo «venga de donde venga y actúe donde actúe» en su mensaje con motivo del Día Europeo de Víctimas del Terrorismo, en el que también ha tenido palabras de elogio hacia las víctimas y ha apelado a preservar su memoria.

Don Felipe, que ha sido el encargado de presidir el acto junto a la Reina Letizia y en presencia de casi la totalidad del Gobierno, incluido su presidente, Pedro Sánchez, ha defendido la celebración de esta jornada, que coincide con el aniversario de los atentados del 11-M, para poder «manifestar nuestra unión ante la agresión a nuestros ciudadanos, a nuestros principios y a nuestras instituciones».

«Los europeos debemos estar unidos en la solidaridad y en la lucha frente al terror, venga de donde venga y actúe donde actúe», ha reivindicado el Rey en el acto que ha tenido lugar en los jardines del Palacio Real y al que han asistido también representantes de las principales asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo, así como algunos líderes políticos y regionales.

Ataques como el ocurrido en Madrid, «el más sangriento de nuestra historia», son «un ataque a la vida y la integridad física de las personas» además de pretender «socavar los pilares sobre los que se ha edificado y desarrollado nuestra civilización: la libertad, la justicia, los Derechos Humanos, la democracia».

Pero, «los enemigos de la vida y la libertad no lo consiguieron, y no lo conseguirán nunca», ha defendido Don Felipe, insistiendo en la unidad y ensalzando que «las víctimas del terrorismo son una referencia ética en nuestros sistemas democráticos» y se han convertido en un símbolo de la defensa de la libertad y el Estado de derecho.

El Rey ha insistido en la necesidad de la cooperación en la lucha antiterrorista puesto que «prevenir y evitar la radicalización de sectores de la población y rechazar cualquier legitimación de la violencia como medio para alcanzar objetivos políticos, o de cualquier otra naturaleza, es uno de los principales retos» no solo de la UE sino de la comunidad internacional ante el desafío terrorista.

IMPORTANCIA DE PRESERVAR LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS

«Preservar la memoria de las víctimas es, por tanto, un ejercicio de respeto y de justicia pero también un elemento esencial para que las generaciones venideras sean conscientes de la gravedad y la perversa naturaleza de lo sucedido», ha subrayado Don Felipe, incidiendo en que «de esta manera serán capaces de adoptar las medidas precisas para evitar que esos hechos puedan volver a producirse».

En este sentido, ha reivindicado la importancia de la educación. «Necesitamos que en las escuelas y centros educativos nuestros jóvenes puedan conocer mejor la historia reciente y, con ella, una de las mayores amenazas que nuestro país ha vivido durante los últimos decenios de trayectoria democrática», ha defendido.

En ello, ha agregado, «la implicación y ayuda de las víctimas es fundamental, porque compartir su experiencia personal con las nuevas generaciones contribuirá al compromiso de los jóvenes con un futuro de convivencia pacífica» y también a que «rechacen las diferentes formas de radicalización».

«Para preservar la memoria de las víctimas es fundamental hacerlo con la aportación insustituible de las asociaciones y fundaciones» que trabajan con ellas, ha recalcado, ensalzando que representan «la grandeza y la dignidad de la democracia». «La lección que nos dais debemos tenerla presente siempre, día a día, en nuestra memoria y en nuestros actos», ha aseverado.

Don Felipe ha confiado poder inaugurar «pronto» de manera oficial el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria. «Estoy seguro de que este centro, dedicado también a la investigación y la documentación en esta materia, contribuirá a un mayor conocimiento del terrorismo y, en particular, sobre las mejores formas de prevenirlo en todos los campos», ha augurado.

SOLIDARIDAD INCONDICIONAL CON LAS VÍCTIMAS

Asimismo, el Rey ha aprovechado para expresar su «solidaridad incondicional» y «de corazón» a las víctimas» y ha dejado claro que preservar su memoria «merece el más firme compromiso de todos los demócratas, de todas las personas que aman la libertad y defienden la convivencia pacífica de todos los ciudadanos».

«El terrorismo nunca vence, ni vencerá, frente a los principios democráticos, frente al Estado de Derecho», ha defendido, recalcando que «el triunfo de la democracia sobre el terrorismo es el triunfo de la libertad y de la razón» y que «el triunfo de las víctimas es el triunfo de todos nosotros».

Al acto, que ha concluido con un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas del terrorismo, han asistido también los presidentes de todos los poderes del Estado, así como el Alto Representante de Política y Seguridad Común de la UE, Josep Borrell, la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, y el ministro del Interior de Portugal, Eduardo Cabrita, cuyo país ostenta la presidencia de turno de la UE.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la propuesta de PSOE y Unidas Podemos para reformar la Ley del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de modo que no pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial un vez expirado su mandato. La previsión es que, tras su paso por el Senado, los cambios estén en vigor en el mes de abril.

Para aprobar la proposición de ley, era necesaria una mayoría absoluta de 176 votos, pero el Gobierno y sus socios la han superado con creces hasta sumar 196 diputados. En contra han votado el PP, Vox y Ciudadanos, hasta alcanzar los 150 diputados diputados, y tambiñen ha habido una abstención.

Ahora, el texto pasará al Senado, donde –si no hay cambios– podría quedar aprobado definitivamente en el plazo de un mes y así entrar en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Durante el debate previo, PSOE y Unidas Podemos han defendido que se trata de una propuesta «necesaria» ante el bloqueo impuesto por el PP a la renovación del CGPJ, pendiente desde hace dos años. Los ‘populares’, por su parte, han calificado la reforma de «chantaje», mientras que Vox y Ciudadanos han vuelto a hablar de ataque a la independencia del Poder Judicial.

El PSOE y Unidas Podemos presentaron su propuesta el pasado mes de diciembre, después de paralizar la tramitación parlamentaria de otra en la que directamente planteaban reducir a mayoría absoluta los 3/5 que exige la ley vigente para renovar el CGPJ, todo ello como alternativa a la negativa del PP a negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

Desde entonces, la propuesta de los socios de Gobierno ha ido superando todos los escollos en la Cámara Baja en una tramitación urgente acordada por la Mesa del Congreso, que también habilitó el mes de enero con este fin. La Comisión de Justicia la dejó vista para su aprobación definitiva el pasado 16 de febrero, donde se rechazaron las dos enmiendas de supresión que el PP mantenía ‘vivas’.

LLENAR UNA «LAGUNA JURÍDICA»

El objetivo de la reforma, según el texto de la iniciativa legislativa, es «establecer el régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial cuando la composición del mismo no se renueve en el plazo establecido por la Constitución, abocando al órgano constitucional a continuar en funciones hasta su renovación».

Para Podemos y PSOE, el hecho de que la Ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no regule las funciones de un CGPJ caducado es una «laguna jurídica» que «constituye sin duda un déficit en el diseño constitucional del Estado que debe ser corregido».

En concreto, proponen que un CGPJ vencido no pueda nombrar presidentes del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales, entre otros cargos de la cúpula judicial. En cambio, plantean que conserve «aquellas facultades que resultan necesarias para garantizar el normal funcionamiento del órgano y no impliquen una injerencia en las legítimas atribuciones del Consejo entrante» para evitar la «parálisis» de la Justicia.

A LA ESPERA DEL ACUERDO

PP y PSOE retomaron a finales de febrero las negociaciones para renovar el CGPJ pero encallaron por el veto de los ‘populares’ a los dos candidatos impulsados por Unidas Podemos, los jueces José Ricardo de Prada y Victoria Rosell. Desde entonces, las conversaciones entre ambos partidos se habrían reanudado sin que se conozcan progresos.

Entretanto, el CGPJ ha seguido adelante con su actividad para realizar nombramientos. De hecho, este mismo jueves ha escuchado a la primera decena de candidatos a ocupar las dos plazas de magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que quedaron vacantes por la jubilación de Jorge Rodríguez-Zapata y Javier Borrego y que fueron convocadas el pasado 4 de febrero.

Y, en el Pleno extraordinario de la semana pasada, hubo suficiente consenso en el CGPJ para realizar seis de las ocho designaciones que tenía sobre la mesa. El presidente, Carlos Lesmes, incluyó estos nombramientos en el orden del día a petición de ocho vocales después de que decidiera inicialmente no hacerlo para dar una oportunidad a la negociación entre PP y PSOE.

Dados los plazos parlamentarios, fuentes del CGPJ han señalado que en el Pleno ordinario programado para el 25 de marzo aún podrían realizarse una serie de nombramientos pendientes en el Tribunal Supremo.

Esquerra Republicana (ERC) ha registrado en el Congreso una proposición de ley en la que recoge una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público con el objetivo de que, entre otras medidas, el plazo de prescripción de un delito de abusos sexuales contra un menor en su centro educativo comience a contar cuando la víctima cumpla los 30 años.

En el texto, ERC también reclama un reforma de este estatuto para que se amplíe de seis a ocho meses la duración máxima de la suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario.

De este modo, se establece que dicha medida se mantendrá hasta que la resolución judicial adquiera firmeza en aquellos procedimientos penales que tengan por objeto enjuiciar delitos contra a libertad e indemnidad sexual cuando la presunta víctima sea menor de edad.

Esta ley también propone la pérdida de la condición de funcionario de carrera, como la consecuencia aneja a la firmeza de la sentencia condenatoria.

COLABORACIÓN ENTRE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN

En este sentido, se recoge una reforma de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para introducir una nueva causa de extinción del contrato de trabajo para aquellos casos en que el trabajador que ejerce profesión, oficio o actividad que implica el contacto habitual con menores, sea condenado en resolución judicial firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual.

Del mismo modo, se regula el procedimiento a observar durante el lapso de tiempo que se produce entre el inicio y la finalización de la investigación, y los efectos que produce.

El texto registrado incluye, además, una disposición adicional relativa a la colaboración entre el Poder Judicial y las administraciones públicas competentes. «El objetivo perseguido es la prevención y la rápida reacción ante casos de abusos o agresiones sexuales que se produzcan en centros educativos y en que el agresor forma parte del personal al servicio de la comunidad educativa y la víctima es menor de edad», explica la formación independentista.

Así, se dispone que las resoluciones judiciales relativas al enjuiciamiento de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, que incluyen la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como la trata de seres humanos, sean notificadas a la Administración Pública de la que dependan los investigados que ejerzan profesión o actividad que implique el contacto habitual conmenores.

FRENTE AL «PACTO DE SILENCIO»

Además, se propone que exista una dotación, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, de un fondo para la formación del personal al servicio de la Administración que ejerza profesión, oficio o actividad que implique el contacto habitual con menores, en materia de prevención de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual.

Para ERC, este tipo de situaciones de abuso «han sido ocultadas oinvisibilizadas» en muchas ocasiones al existir «una suerte de pacto de silencio entorno de la problemática» que se aborda en esta ley.

«Se trata, ciertamente, de un silencio cobarde que debemos romper y al que no podemos otorgar ninguna complicidad desde las administraciones públicas. Las nuevas generaciones de jóvenes ya han iniciado esa ruptura con el pacto de silencio y la obligación de los poderes públicos es de situarse a su lado hasta el final», indica.

El vecino de Marín acusado de agresión sexual, lesiones y robo a una mujer de 75 años en Bueu ha insistido este jueves en su inocencia en el juicio oral que se celebra en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

«Esa noche estuve en Marín en mi casa», ha asegurado el acusado, J.L.G.M., en relación a los hechos ocurridos en la madrugada del 3 al 4 de marzo de 2017 por los que se le juzga.

En la jornada del pasado miércoles, la esposa del acusado confirmó esa cortada de que el hombre se encontraba en su casa de Marín durante el tiempo que ocurrieron los hechos.

Este jueves el acusado ha expuesto que su mujer «tiene el sueño ligero» y «sería imposible» que él se marchase de la vivienda sin que ella se hubiese enterado.

El hombre dice no saber por qué aparecieron restos biológicos suyos en la vivienda de la víctima. Tampoco tiene explicación del motivo para que un repetidor situase su teléfono móvil a menos de dos kilómetros en línea recta de la vivienda de la anciana a las 4,00 horas de la madrugada, hora en la que se produjo el asalto.

Es más, este hombre afirmó que el teléfono lo compró en junio, aunque la fiscal le recordó que la documentación de Orange lo reconoce como titular de este dispositivo desde febrero.

CONOCÍA A LA VÍCTIMA

El acusado ha admitido que conocía a la víctima y su domicilio por haber trabajado como albañil para hacer obras en esa vivienda en varias ocasiones, pero ha indicado que antes de su detención, el 7 de noviembre de 2017, «habían pasado cuatro o cinco años desde que estuviera en su casa». También reconoció que sabía que vivía sola y que había quedado viuda.

Cuando fue detenido, el juzgado de Instrucción número 2 de Marín autorizó un registro en el domicilio del detenido en el que los guardias civiles localizaron, entre otros objetos, cinta aislante azul y una cuerda «coincidentes en sus características morfológicas y en su composición química» con las empleadas durante la agresión a la septuagenaria. Sobre este extremo, este jueves el hombre ha dicho ante el tribunal que tiene cinta aislante «de todos los colores» y que la cuerda «era para el tendedero».

PERITOS

En la sesión de este jueves, la tercera en este juicio, han declarado los peritos del servicio de Criminología de la Guardia Civil, que han explicado los motivos del descarte de otros familiares sospechosos en las muestras de ADN y demás restos biológicos recogidos en la investigación.

También las psicólogas forenses dieron cuenta de las lesiones causadas durante el brutal ataque. También detallaron las secuelas psicofísicas que padece la víctima como un trastorno neurótico y el tratamiento que ha necesitado.

El juicio se retomará el próximo lunes con la lectura de los informes de las partes. Se sabrá entonces si la fiscal mantiene o modifica su petición de condena.

Inicialmente, por la agresión sexual la representante del Ministerio Público solicitaba que este hombre que sea condenado a 15 años de cárcel; por el robo, a 4 años; y por las lesiones, a 2 años de prisión. También reclama que indemnice a la víctima en 8.460 euros por las lesiones y las secuelas, además de que le devuelva los 1.250 euros que le robó.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado la resolución de la Junta Electoral Central (JEC), de 6 de noviembre de 2019, por la que se denegó la adopción de medidas para que 1500 policías nacionales destinados a Cataluña con carácter excepcional, urgente y sin previo aviso, en funciones de refuerzo, pudiesen ejercer su derecho al voto en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019.

De este modo, el alto tribunal ha estimado parcialmente el recurso contencioso-administrativo planteado por JUPOL contra dicha resolución de la JEC, que entendió que para acceder a lo solicitado por dicho sindicato de policía había que modificar el procedimiento establecido para el voto por correo en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), y que carecía de habilitación legal para ello.

Además de interponer recurso contra dicha resolución, el sindicato policial solicitó como medida ‘cautelarísima’ que se adoptasen medidas para que estos policías nacionales pudiesen votar. El Tribunal Supremo estimó la petición cautelar en un auto dictado el 8 de noviembre de 2011 en el que ordenó a la JEC que estableciese un procedimiento de solicitud de voto por correo en las Delegación y Subdelegaciones del Gobierno en Cataluña, ajustándose a los principios de la LOREG, adoptando el Ministerio del Interior las medidas necesarias y desplazando a los empleados de Correos que fuesen necesarios.

Asimismo, ordenó ampliar el plazo de emisión de voto por correo hasta el día 10 de noviembre de 2019, incluido, el de escrutinio hasta el día 13 y que se evitase la doble emisión de voto.

La Sala de lo Contencioso considera en su sentencia que, aunque no se aprecia indicio de desviación de poder ni falta de motivación en el acto impugnado, la JEC como órgano de la Administración electoral que ordena y dirige los procesos electorales cuya regulación concreta el ejercicio de un derecho fundamental, bien pudo acudir a una aplicación analógica de otros supuestos regulados, que es lo sugerido por los informes de la Oficina del Censo Electoral y de Correos, y que luego concretó tras la orden de esta Sala, no con vocación normativa, sino como medida ejecutiva puntual, coyuntural y necesaria para satisfacer ese derecho fundamental.

En este caso, afirma el tribunal, se planteó una situación coyuntural: el envío urgente e imprevisto a las provincias catalanas de cierto número de funcionarios policiales que, sin previo aviso, fueron movilizados, lo que les impedía acogerse al sistema de voto por correo o a quienes lo hicieron, que lo completasen.

La resolución también explica que el sindicato ahora demandante solicitó que la JEC les facilitase el ejercicio de un derecho fundamental, pero sí concretó dos medidas: que se ampliase el plazo para solicitar el voto por correo y se retrasase la fecha de escrutinio.

«No se dirigió JUPOL al Gobierno para que dictase una norma, tampoco para que lo hiciese la JEC -obviamente carece de competencia-, sino que interesó de la JEC que adoptara una decisión ejecutiva respecto de un caso puntual y con las características señaladas, para que los afectados pudiesen ejercer el derecho de sufragio. La JEC consideró que, de hecho, sería posible, pero sólo sería atendible mediante un reglamento, potestad que no tiene atribuida», subraya la Sala.

Agrega que lo que no contempló la JEC fue otra posibilidad que sí apreció la Sala: que respecto de la efectividad del ejercicio del derecho al voto por correo, de lo regulado por la LOREG para otros supuestos excepcionales podía deducirse, para este caso y por analogía, un criterio de actuación que fuese aplicable a una situación que entrañaba una dificultad semejante.

CARÁCTER COYUNTURAL DE LA MEDIDA

Otra razón no apreciada por la JEC, según el tribunal, es que lo que permite resolver la dificultad por vía ejecutiva y no normativa era, sobre todo, su carácter imprevisto, excepcional, puntual, de alcance limitado y coyuntural, que afectaba a un número elevado de electores que estarían impedidos para ejercer su derecho al voto por estar cumpliendo órdenes.

Agrega, además, que «aun cuando el auto de 8 de noviembre de 2019 ordenó a la JEC que estableciese un ‘procedimiento’ de solicitud de voto para tales electores, por tal no cabe entender un procedimiento reglamentado o regulado, sino la ordenación de unas actuaciones que tuvieron como cobertura una orden ejecutiva de esta Sala, orden que debería haber sido originariamente de la JEC.

Que tal ordenación de actuaciones puede efectuarse mediante acto y no reglamento lo evidencian, por ejemplo, las convocatorias de procedimientos competitivos, concluye la Sala.

En ese contexto, remarca que del ejercicio de las potestades que la LOREG atribuye a la JEC y de la interpretación de las normas que las regulan se deduce que ante el riesgo de la «ablación irreversible» de un derecho fundamental debe procurarse que se dé prevalencia a la efectividad de su ejercicio.

La coordinadora autonómica de Ciudadanos y candidata a la Presidencia del Gobierno regional, Ana Martínez Vidal, ha dicho este jueves que «la verdadera traición es la del PP con los murcianos por haberse vacunado saltándose la cola y por tantísimos años con tantísimos casos de corrupción desde hace 26 años».

En declaraciones a RNE, Martínez Vidal ha asegurado que «el problema del PP es que es un partido que ha demostrado que no sabe gobernar en coalición», y ha subrayado que la coalición con los ‘populares’ en la comunidad murciana obedeció a un proyecto político que «ha fracasado».

«Se ha roto la confianza de los socios de gobierno y, por tanto, nos hemos visto abocados a esta situación», ha añadido la portavoz ‘naranja’, tras lo que ha subrayado que para ella «lo cómodo habría sido hacer caso omiso, continuar gestionando como consejera de Empresa y como portavoz.

Ha asegurado que «lo último» que se esperaba cuando empezó la legislatura es que «fuera a ocurrir esta situación». «Pero ha sido totalmente insostenible y muchísimos murcianos me lo han hecho saber y desde ayer he sentido un apoyo mayoritario», ha agregado Martínez Vidal.

Preguntada sobre por qué su partido pactó con el PP cuando la del PSOE fue la lista más votada, ha dicho que aquella «fue una decisión de la anterior dirección nacional del partido», y que desde entonces «hemos actuado desde el principio con lealtad» hasta que la situación ha sido «insostenible».

«A los obstáculos en la gestión, a las dificultades que padecemos en el día a día como socios de gobierno, se han sumado una gran cantidad de casos de corrupción, no solo económica, sino política, como en el caso de la vacunación irregular entre los altos cargos del PP en Salud y el SMS».

Aquello, «supuso un punto de inflexión y se agravaron las diferencias entre los dos socios. El último episodio ha sido la querella interpuesta por el PP regional contra el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Murcia. Ha sido el detonante», ha aclarado.

DECISIÓN «UNÁNIME»

Martínez Vidal ha insistido en que los seis diputados de Cs en el Parlamento regional «están de acuerdo» con la moción de censura. «La decisión fue unánime. Tuvimos una reunión la noche anterior, pero no ha sido la única. Llevamos muchos meses reuniéndonos con varios diputados y muchos de ellos fueron llamados por la dirección nacional para que contaran cuál era su punto de vista», ha dicho al respecto.

Sobre la postura respecto a la moción de la vicepresidenta, Isabel Franco, la portavoz autonómica de Ciudadanos ha asegurado que el «apoyo» a la moción de censura es «total». «Pesan mucho esos 26 años del PP y lógicamente tienen sus estrategias y yo respeto la decisión de la vicepresidenta de continuar y las estrategias del PP para dividir son cosa suya», ha apuntado.

CONDICIONES DEL ACUERDO

Respecto al acuerdo alcanzado con el PSOE, Martínez Vidal ha aseverado que «aún hay muchos aspectos para cerrar», si bien ha adelantado que sí se han cerrado «ejes estratégicos» como no volver al impuesto de sucesiones, la protección de la educación concertada y la libertad para elegir centro educativo, líneas rojas exigidas por Cs.

En relación a si formará parte Diego Conesa del Gobierno regional, ha comentado que «como secretario general del PSOE podría formar parte, pero ahora mismo tiene una situación judicial pendiente y en cualquier caso es una decisión que debe tomar el PSOE y nosotros la trataremos en los próximos días».

«No pactamos con ningún investigado por la justicia, sino con el PSOE porque creemos que este cambio es necesario para la Región de Murcia después de 26 años. Hay hartazgo entre los ciudadanos de la Región y es un cambio que no es una cuestión de personas, es un proyecto político en el que creo firmemente y estoy convencida de que traerá prosperidad, estabilidad y, sobre todo, transparencia», ha agregado Martínez Vidal.

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves por amplía mayoría la propuesta de Más País-Equo y Compromís de crear una comisión de investigación sobre las posibles irregularidades en la gestión de las vacunas contra el coronavirus, que también pretende funcionar como órgano independiente de seguimiento del plan de vacunación que España comenzó a aplicar a finales de 2020.

La iniciativa ha salido adelante con la abstención de Vox y el PNV. El siguiente paso será constituir la comisión pero antes los grupos parlamentarios deben alcanzar un acuerdo sobre la composición de la mesa que dirigirá los trabajos.

La idea es que durante el presente periodo de sesiones –que culmina el 30 de junio– se investiguen «las irregularidades, los fallos y los retrasos en la gestión de las vacunas» así como el plan de vacunación en España. Ese plazo, no obstante, puede ser ampliado si así lo acuerdan los grupos parlamentarios.

En concreto, según la iniciativa aprobada, la comisión deberá analizar la posible existencia de estructuras de tráfico de influencias que hayan posibilitado prácticas irregulares de vacunación, así como investigar a sus beneficiarios y los fallos en el control del protocolo.

Asimismo, tendrá entre sus objetivos averiguar las posibles irregularidades, falta de transparencia y cláusulas abusivas que han podido darse en relación con los contratos con las farmacéuticas, y las actuaciones relativas a estos hechos por parte de la UE como de los Estados miembros por separado.

DEPURAR RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Más allá de las posibles responsabilidades legales y/o administrativas, la comisión deberá investigar los hechos para depurar las responsabilidades políticas que se puedan derivar, así como para asumir las medidas que se consideren oportunas para no repetir estas prácticas «irregulares» en lo que resta del proceso de vacunación.

Y es que, según denuncia la iniciativa aprobada, en plena tercera ola ha seguido habiendo «fallos en la ejecución del plan de vacunación, «con dosis echadas a perder, problemas con la distribución, fallos en la logística o falta de jeringuillas adecuadas para el máximo aprovechamiento».

«Hemos pasado vergüenza ajena viendo caraduras y colones que creen estar por encima del resto; hay que tener poca decencia y poca vergüenza», ha clamado durante la presentación de la inicativa el diputado de Compromís, Joan Baldoví, quien ha denunciado la vacunación anticipada de distintos cargos públicos, «obispos y hasta infantas».

También el diputado de Más País, Íñigo Errejón, ha insistido en las últimas semanas en la necesidad de que esta comisión trate también la vacunación de las hijas de Juan Carlos I y que sirva, asimismo, para hacer seguimiento del proceso de vacunación y garantizar que «se cumplan los plazos y se contrate el personal suficiente».

40 AÑOS ROBANDO, ROBAN HASTA VACUNAS

Gabriel Rufián, de ERC, ha cargado especialmente contra quienes buscan «proteger» a la Familia Real también en esto, una familia, ha dicho «puesta a dedo por un dictador asesino que lleva robando 40 años, que roba tanto que hasta roba vacunas».

El socialista Guillermo Meijón se ha quejado de que se hable de «múltiples irregularidades», «descontrol» e incluso «tráfico de influencias» e «insolidaridad» de la clase política y, aunque ha apoyado la iniciativa para que se puedan detectar «errores o desaciertos», ha pedido que la investigación no se centre sólo en «lo negativo» porque eso provocaría «una imagen distorsionada y falsa de procesos que deben ser contemplados en su globalidad».

De su lado, el ‘popular’ José Ignacio Echániz ha centrado su intervención en criticar la gestión del Gobierno durante toda la pandemia, incluida la vacunación a «ritmo de tortuga». Aunque ha anticipado que, desde su punto de vista, habrá que hacer más adelante una investigación sobre todo lo sucedido, ha avanzado que, de momento, apoyarán la iniciativa tramitada este jueves.

CONTROL SOBRE LAS FARMACEÚTICAS

Formaciones como Unidas Podemos, Bildu y Nueva Canarias han hecho hincapié en la necesidad de analizar el grado de cumplimiento de los contratos de las multinacionales farmacéuticas, su falta de transparencia y cláusulas abusivas. En definitiva, averiguar si han ido modificando la producción mirando por el interés general o por sus intereses económicos.

La diputada del PNV, Josune Gorospe, ha cuestionado la eficacia de una comisión de investigación para tratar este asunto y ha expresado su temor a que se cometa el «imperdonable error» de convertir en una suerte de «espectáculo» para «entrar en el serrín» e intentar controlar a administraciones ajenas al Gobierno central, que es el papel del Congreso.

Gorospe ha señalado que ha habido cargos ‘colones’ en todos los partidos, una afirmación rebatida por el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz, quien ha resaltado que entre esos «miserables» no ha habido nadie de su partido. Además, ha destacado que de los más de 500 cargos públicos que se han vacunado indebidamente, 470 son de Murcia, donde Cs acaba de presentar una moción de censura contra el PP, con el que gobernaba hasta antesdeayer.

Por último, desde Vox, Mercedes Jara ha denunciado la gestión de la vacunación y, aunque ha dicho que apoyarían una investigación sobre el plan aprobado por Sanidad, ha puesto en duda la validez de un órgano que «ha sido recibido con alborozo» por PSOE y Unidas Podemos.

La Fundación Joan Miró de Barcelona reivindica en la exposición ‘Miró-ADLAN. Un arxiu de la modernitat’, el «papel crucial» que tuvo el grupo de artistas e intelectuales Amics de l’Art Nou (ADLAN) en la introducción de la modernidad cultural en la Barcelona de los años 30 y su relación con el propio Miró.

La muestra, que podrá visitarse desde este viernes al 4 de julio, está comisariada por Muriel Gómez, Jordana Mendelson y Joan Maria Minguet, que han explicado su contenido en una rueda de prensa junto al director de la fundación, Marko Daniel.

«No es una exposición con documentos, sino una exposición de documentos», ha afirmado Gómez, que ha explicado que la muestra se adentra, a través de folletos, cartas o fotografías, en las actividades privadas y efímeras que celebraba ADLAN en distintos puntos de Barcelona para promocionar el arte moderno.

«Eran actividades organizadas en el seno de una pequeña burguesía catalana que quería romper con el ‘noucentisme’ y acercarse a la modernidad», ha añadido la comisaria, que ha destacado la gran heterogeneidad de los eventos que organizaba el grupo: desde muestras de arte a espectáculos de circo o conciertos de jazz.

UN ARCHIVO PERSONAL

La exposición cuenta con documentos y materiales del archivo de ADLAN, conservado principalmente en el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) y en la misma Fundación Joan Miró, y permite descubrir la figura de la secretaria del grupo, Adelita Lobo, que fue fundamental en la organización de las exposiciones y en la preservación de su legado, que archivó minuciosamente.

«Cuando estudiamos los grandes artistas y movimientos, normalmente hay alguien detrás que lo monta», ha reflexionado Mendelson, que ha remarcado la importancia del papel archivístico de Lobo y ha afirmado que la muestra también quiere poner en valor el rol de la mujer, y el de ésta mujer en concreto, en la promoción del arte moderno en Barcelona.

Mendelson ha remarcado la importancia de este archivo a la hora de conocer el «gran impacto» que tuvo ADLAN en el ámbito cultural catalán de la Segunda República; y ha destacado que la relación del grupo con artistas nacionales e internacionales, pese a desarrollarse en el ámbito privado, fue clave para el impulso del arte moderno en Barcelona.

EL VÍNCULO CON MIRÓ

Aunque ADLAN colaboró con distintos artistas, han explicado los comisarios, Joan Miró fue su principal referente: «Hizo de faro y de mediador, además de instigador constante de proyectos», ha explicado Minguet, que ha recordado que el artista mantenía una relación de amistad con algunos miembros del grupo.

«Entre 1918 y 1931 Miró no expuso en Barcelona, a causa del gran fracaso que supuso su primera muestra en la ciudad y el rechazo que tenía, generalmente, su obra, pero entre 1931 y 1934 se dejó hacer cinco exposiciones con ADLAN», ha explicado Minguet, que ha lamentado la falta de coleccionismo que había en la Barcelona de la época.

Con todo, Miró mantuvo una estrecha relación con ADLAN, que llegó a organizar muestras en la casa del artista y cuyos miembros pudieron ver algunas de las obras del pintor y escultor catalán antes que en las galerías francesas y americanas que las habían encargado: «Para Miró era como un pequeño laboratorio», ha indicado Minguet.

UNA «PEQUEÑA JOYA»

Para el presidente de la Fundación Banc Sabadell –que patrocina la exposición–, Miquel Molins, la exposición es «una pequeña joya que tiene la capacidad de explicar muchas cosas en muy poco espacio», y que también entronca con el objetivo pedagógico del museo, e incluso con el carácter barcelonés de la Fundación Joan Miró.

Por su parte, el director de la Fundación ha celebrado la posibilidad de abrir esta exposición tras las dificultades que ha supuesto la pandemia del coronavirus, y ha remarcado que la muestra es una oportunidad para profundizar en la realidad social y cultural de los años 30: «Da visibilidad a la actividad de los artistas y su entorno con toda su complejidad», ha afirmado Daniel.

La comisionada para la Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno Vasco, Cristina Uriarte, ha mantenido una reunión con el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, en la que le ha presentado el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030 (PCTI), junto con las propuestas presentadas por Euskadi para participar en los Planes Complementarios de I+D+I de este Ministerio.

Según ha explicado el Ejecutivo vasco, estos planes complementarios se llevarán a cabo en el marco del ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia’, financiado con los fondos europeos Next Generation EU. Los planes buscan reforzar las capacidades del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación y mejorar la coordinación entre las políticas de investigación e innovación de la Administración General y de las comunidades autónomas, «facilitando sinergias y la convergencia de actuaciones».

Euskadi ha propuesto programas de actuación en ocho áreas de interés en las que dispone de capacidades de I+D en los ámbitos científico-técnico y de innovación, los de Comunicación Cuántica, Energía e Hidrógeno Verde, Agroalimentación, Biodiversidad, Astrofísica y Física de Altas Energías, Ciencias Marinas, Materiales Avanzados y Biotecnología aplicadas a la Salud.

La materialización de estas propuestas, ha destacado el Ejecutivo, contribuirá al desarrollo de la estrategia de especialización inteligente ‘RIS3 Euskadi’, incluida en el PCTI 2030. Estas propuestas conllevarán unas inversiones asociadas de 54,5 millones de euros entre 2021 y 2024, de las cuales el Gobierno Vasco financiará 26,7 millones.

Entre los programas presentados por Euskadi a los Planes Complementarios de I+D+i, se encuentran el Basque Quantum Technologies Hub, «consolidación de un espacio cooperativo vasco-internacional para acelerar el desarrollo de las tecnologías cuánticas», y la investigación y desarrollo de tecnologías para impulsar la ‘economía del hidrógeno.

Asimismo, se plantean proyectos la mejora de la calidad y sostenibilidad de la cadena vitivinícola mediante herramientas integradas, inteligencia artificial para el medio ambiente y la sostenibilidad y su aplicación a la biodiversidad, tecnologías para el desarrollo de la industria de la ciencia en astrofísica y física de altas energías.

Por otro lado, se propone el ecosistema vasco de I+D+i en salud, conservación y uso sostenible de los océanos en el contexto europeo de crecimiento azul y transición verde y digital, así como el impulso a la investigación en ciencia e ingeniería de materiales mediante el uso intensivo de computación de alto rendimiento para posibilitar el desarrollo de materiales avanzados con aplicaciones en energía sostenible.

En biotecnología aplicada a la salud, se plantea la implementación de medicina personalizada con el desarrollo de una plataforma de salud personalizada y una plataforma de criomicroscopía electrónica que impulsen las aplicaciones de medicina de precisión.