En el auto en el que la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla confirma la decisión previa del Juzgado de Instrucción número 13 de archivar por segunda vez la causa judicial correspondiente al accidente sufrido el 9 de mayo de 2015 por un avión de transporte militar modelo A400M en las inmediaciones del aeropuerto hispalense, extremo saldado con cuatro fallecidos y dos heridos, la sala provincial expone que la «premisa» o supuesto del que derivó el siniestro «era tan extremadamente improbable, que prácticamente no existía».

En el auto, fechado el pasado 3 de marzo, la Sección Séptima de la Audiencia resuelve los seis recursos de apelación formulados contra el auto emitido en julio de 2020 por el Juzgado de Instrucción número 13 ordenando por segunda vez el sobreseimiento libre de la investigación penal relativa al mencionado accidente aeronáutico, unos recursos a los que se había opuesto la Fiscalía.

De tales recursos de apelación, cuatro esgrimen aspectos de forma, en concreto «indefensión» al mediar aún en trámite y pendientes de resolver recursos de apelación sobre diligencias de instrucción, mientras otros dos aluden al fondo de la investigación cuyo archivo decidió de nuevo el juzgado. En la causa, recordémoslo, están personados tanto Airbus como las familias de los cuatro fallecidos, que fueron el piloto, Jaime de Gandarillas; el copiloto, Manuel Regueiro, y los ingenieros Gabriel García Prieto y Jesualdo Martínez; así como uno de los dos supervivientes del accidente y los propietarios de la finca agrícola donde se estrelló el avión.

El tribunal, del que forma parte la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la investigación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos incentivados por la Junta de Andalucía, señala en ese sentido que la Ley de Enjuiciamiento Criminal estipula que los recursos de apelación «no suspenden el curso del procedimiento» y, por ende, «no es necesario esperar a la resolución de ningún recurso de apelación para continuar la tramitación de la causa».

LA TRIPULACIÓN

En cuanto a los dos recursos que aluden al fondo de las decisiones adoptadas para el nuevo sobreseimiento de la investigación penal, la Audiencia considera que «ha quedado acreditado que la causa adecuada del accidente» sufrido por el ejemplar de avión de transporte militar A-400 M-180 número de serie 23 «no fue la falta de formación de la tripulación».

«El problema no era de formación, sino de diseño, que no contemplaba la posibilidad de pérdida de control de más de un sólo motor» de los cuatro de dicho modelo de aeronave, «ya fuera por pérdida de los parámetros de torque o potencia, específicos para cada motor, o por cualquier otro motivo», explica la Audiencia, detallando que el avión «podía volar óptimamente con tres» de sus cuatro motores «con mayor esfuerzo de la tripulación» y la misma estaba entrenada para ello.

Según la sentencia, el diseño contaba con un software para la unidad de control de los motores y una alerta específica «en tierra» en caso de fallar más de un motor, lo que derivaría que la aeronave no fuese considerada apta para el vuelo.

En ese contexto, la Audiencia señala «múltiples problemas de diseño» como «causa adecuada del accidente», el primero «el borrado no previsible de los parámetros de calibración» de las unidades de control de los motores 1, 2 y 3 «cuando el operario de Airbus estaba cargando el software tras una interrupción del proceso de dicha carga, interrupciones que no son excepcionales, sino habituales, siendo que el borrado no generó ningún mensaje de alerta y generó meses después la congelación en vuelo de la potencia de los tres citados motores, dejando a la tripulación sin posibilidad de modular la misma».

LOS OPERARIOS DE TIERRA

No existía la menor previsión en el diseño del motor de que en caso de carga de una nueva versión del software se pudieran borrar los parámetros de calibración», precisa la Audiencia respecto a los «fallos» que habrían cometido un operario de la empresa fabricante de los motores, Europrop Internacional, y el ya mencionado técnico de Airbus, con relación al software de los motores de la aeronave.

Eso sí, avisa la Audiencia de que «se hubiese podido evitar el accidente si Europrop hubiera previsto en su diseño que era posible el fallo de calibración de más de un solo motor y junto a Airbus hubiese proporcionado a la tripulación formación acerca de dicha posibilidad». Pero a la vez, la Audiencia admite que la «premisa inicial» del fallo de calibración de más de un solo motor «era tan extremadamente improbable, que prácticamente no existía».

Además, señala «la ausencia de alerta a la tripulación», que durante las semanas previas al siniestro, durante las correspondientes pruebas, no contó con «ningún mensaje sobre dicho fallo interno en los motores», así como «la irreversibilidad de la potencia en ralentí (…), de forma que el piloto, al tratar de descender la potencia de los motores 1, 2 y 3, sin conseguirlo, y colocar la palanca en la potencia mínima, la misma fue irrecuperable, sin posibilidad alguna de modulación por parte de la tripulación».

Finalmente, «el fallo de las alertas en el avión fue un problema que interfirió en la toma de decisiones y que generó un desconocimiento en la tripulación de la situación tan crítica que estaban viviendo desde el despegue, pues las alertas en la cabina ni reflejaban el peligro real ni recomendaban ninguna actuación preventiva», indica la Audiencia.

Dado el caso, la Audiencia resuelve desestimar todos los recursos de apelación, pues «no existe por parte de ninguna persona concreta la omisión de cautelas esenciales originadoras del siniestro, nisiquiera de pequeño alcance, pues tampoco en ellas existe relación de causalidad con el accidente, debiendo en su caso acudir los perjudicados a la jurisdicción civil para reclamar las indemnizaciones que les correspondan».

El presidente del PP, Pablo Casado, ha lamentado el afán «electoralista y clientelar» del Gobierno en la gestión de los fondos europeos, lo que considera un error que va a costar muy caro a España, y ha insistido en la creación de una agencia independiente para la reconstrucción.

Lo ha dicho este lunes en el diálogo ‘La lucha contra la desigualdad, factor básico del progreso económico’ organizado por La Societat Barcelonina d’Estudis Econòmics i Socials de Foment del Treball en el Palau Macaya de Barcelona, junto al economista Antón Costas.

Según él, va a ser imposible que España sea capaz de ejecutar y conseguir los fondos europeos debido a la estructura clientelar existente y ha advertido que «no puede ser que la concesión de 140.000 millones de euros dependa del jefe de gabinete de la presidencia de Gobierno».

Ha defendido que la agencia debería contar con la participación de las empresas, la oposición y un control parlamentario para que todas las ayudas de los fondos europeos vayan dirigidas a transformar la economía para hacerla competitiva.

Es un término tremendamente progresista porque si la economía es competitiva se va a crear empleo, y si se crea empleo se va a recaudar más incluso con tipos impositivos más bajos, y por tanto vamos a tener más dinero para la sanidad, para luchar contra la desigualdad, para la educación pública, para las infraestructuras, para las pensiones y la cooperación internacional«, ha añadido.

ESTABILIDAD POLÍTICA

Ha defendido que «conviene estabilidad política ya», sobre todo en Cataluña, y ha dicho que también convienen políticas de prosperidad y de progreso, con baja fiscalidad, menos burocracia y más flexibilidad laboral para crear empleo y se pueda dinamizar más el Estado del bienestar, así como incidir en las libertades individuales.

En este sentido, Casado ha defendido que la igualdad de oportunidades debe estar vinculada a la libertad de elección: «Cuando más libertad de elección y rendición de cuentas hay, más libertad de oportunidades y más ascenso social».

AYUDAS

Ha situado el capitalismo como instrumento de la libertad individual y ha posicionado los malos reguladores como los culpables de las crisis financieras: «Ahí está la clave del buen y el mal capitalismo».

Ha criticado al Ejecutivo porque los datos de paro y de pobreza infantil actuales son «peores» que los que dejó el PP en junio de 2018, y ha advertido de que solo Lituania supera a España en empleo destruido durante la pandemia.

«Si tenemos seis millones de personas que no pueden trabajar, por mucho que se nos concedan fondos de recuperación la situación es insostenible porque el 80% del Presupuesto nacional corresponde a cuatro partidas: funcionarios, pensiones, intereses de la deuda y prestaciones por desempleo».

Ha advertido de que si los fondos europeos solo pueden ir a lo que no es el 80% y, encima en cuestiones de inversión que conllevan inversión privada cuando las empresas están como están –ha dicho–, hay un «problema gravísimo en España» que no se está viendo, y que según él genera desigualdad.

Por su parte, Costas ha lamentado que el ascensor social que funcionó años atrás se ha parado y en algunos casos ha bajado, y ha defendido que el progreso social vino de buen funcionamiento del ciclo competitivo.

El aún vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha sacudido el tablero político este lunes al anunciar que deja el Gobierno de coalición para ser candidato a las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid del 4 de mayo.

Un movimiento que entraña también un plano interno al fraguar su sucesión al frente de Unidas Podemos a través de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y buscar la reunificación electoral de la izquierda con su propuesta de unidad a Más Madrid, formación creada por el exdirigente de la formación morada, Íñigo Errejón.

Este mediodía Iglesias comunicaba de forma sorpresiva a través de un vídeo en redes sociales su intención de ser candidato a la Comunidad de Madrid y dejar la vicepresidencia segunda una vez se inicie la campaña.

Una determinación de la que informaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta misma mañana, así como a sus colaboradores más cercanos, postulando a Díaz como vicepresidenta y a la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, como futura ministra de Derechos Sociales.

Todo ello después de una reflexión profunda sobre el «terremoto político» que ha supuesto la moción de censura que impulsan PSOE y Cs en Murcia y la casi inmediata convocatoria de elecciones anticipadas por parte de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Y es que la necesidad de multiplicar las opciones de la izquierda madrileña de cara a la llamada a las urnas, las dificultades de la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, para repetir como cabeza de lista ante el riesgo de que se confirmada su sentencia de inhabilitación y dar la batalla para tratar de desbancar a Ayuso han pesado a la hora de que Iglesias diera el paso.

PROFUNDA REFLEXIÓN DESDE EL MIÉRCOLES

De hecho, desde el miércoles el partido abrió una profunda reflexión sobre la situación en Madrid y de las perspectivas electorales del espacio político ante el adelanto electoral (pues en los anteriores comicios logró el 5,6% de los votos). Ayer mismo la Justicia respaldó la convocatoria frente a las mociones de censura impulsadas por PSOE y Más Madrid, que precipitó la determinación de Iglesias, quien ha estado en contacto con la propia Serra y el coordinador autonómico regional, Jesús Santos.

Tras esa reflexión, Iglesias ha llegado al convencimiento de que su salto a la política madrileña es la única opción de frenar que el PP revalide la Comunidad de Madrid y lo haga, además, con el apoyo de Vox.

En varios sectores de la formación morada piensan que es un movimiento audaz, que potencia las opciones de disputar la Comunidad de Madrid con un candidato potente que haga sombra a Ayuso, máxime cuando Iglesias ha demostrado ya su capacidad para remontar expectativas electorales bajas y abrir las posibilidades de gobiernos progresistas en coalición.

Mediante su vídeo en redes sociales, Iglesias deslizaba que era necesario un revulsivo en Madrid para ilusionar a la izquierda y que el PSOE, con lo acontecido en Murcia al intentar lograr el gobierno de esta comunidad con un partido de «transfugas» como Cs, no había contribuido a dar respuesta adecuada al reto de Madrid.

TAMBIÉN BUSCA RELEVO «TRANQUILO» EN UNIDAS PODEMOS

Pero también tiene una clave interna y es el asociar un relevo calmado y tranquilo en Unidas Podemos en torno a Yolanda Díaz, una de las ministras más valoradas de este espacio político en diversas encuestas y con ascendiente popularidad. Su figura se ha revalorizado con su gestión al frente del Ejecutivo, reivindicada por multitud de cargos de Unidas Podemos por su capacidad de llegar a acuerdos sociales y desplegar medidas de protección a los trabajadores ante la crisis del Covid-19.

En las filas moradas piensan que el anuncio de Iglesias, al avalar a Díaz como próxima candidata a las próximas elecciones generales y auspiciar su rango de vicepresidenta, prepara el terreno para armar un nuevo liderazgo de cara a los futuros comicios, previstos dentro de dos años y medio.

El propio Iglesias ya apuntó que el futuro liderazgo de Unidas Podemos debía ser femenino y destacando perfiles potentes que se forjaban en el Gobierno de coalición, como es el caso de la propia Belarra, una de sus principales colaboradoras y negociadora con el PSOE en diversas medidas.

Pero también tiene una clave interna al reactivar el debate de la unidad de la izquierda más allá del PSOE, algo que había reivindicado IU de Madrid pero que, hasta la fecha, había suscitado frialdad entre los actores políticos concernidos a ese llamamiento de confluencia.

OFRECE A MÁS MADRID RECUPERAR LA UNIDAD EN ESTAS ELECCIONES

Y es que el ofrecimiento de Iglesias se dirige directamente a Más Madrid, que apostaba como candidata a la diputada Mónica García, que junto a Errejón y otros miembros de Más Madrid se escindieron de Podemos ante las diferencias con el sector afín al secretario general de la formación morada.

El vicepresidente segundo ha hablado incluso de «clamor» entre los millones de simpatizantes de izquierda para que Más Madrid confluya en una única candidatura, que lideraría el propio Iglesias. Con ello, traslada la presión a Más Madrid a la hora de decidir si optan por esa unidad de cara a lograr una mayor movilización del electorado.

En este sentido, ha reconocido que existe dificultad dado que aún están las «cicatrices» de enfrentamientos pasados, pero ha apelado a la responsabilidad de estar a la altura del momento político que emerge con el adelanto electoral en Madrid.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado las «improvisaciones» que, bajo su punto de vista, marcan la política española con el foco en Madrid, que vive «una inmensa partida de ajedrez o una mala serie de televisión». Lo ha manifestado tras el anuncio del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de que será candidato en Madrid y dejará su Vicepresidencia en manos de la gallega Yolanda Díaz, una propuesta sobre la que Feijóo ha opinado: «Por mí que no quede».

Al término de su visita en Santiago a la residencia de mayores de Porta do Camiño, el presidente gallego ha realizado declaraciones a los medios y ha incidod en que la Vicepresidencia del Gobierno que «debería ocuparse» de los centros de la tercera edad en España «ahora ha decidido ocuparse de otras cosas». «Lo que estamos viviendo en España lamentablemente es una inmensa partida de ajedrez o una mala serie de televisión por capítulos que parece que sigue», ha aseverado.

«Es preocupante esta visceralización y esta radicalización de la vida pública», ha dicho Feijóo, quien ha incidido en la «improvisación» pocas horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y ha indicado que «casi es mejor esperar a por la tarde para confirmar la crisis de Gobierno» en el Ejecutivo estatal.

En su intervención, Feijóo ha vuelto a cargar contra el PSOE y «las tres mociones de censura simultáneas (en Murcia, Madrid y Castilla y León) instigadas por el Gobierno de España en la misma mañana». «Y ahora parece ser que el vicepresidente segundo del Gobierno y uno de los líderes de Podemos abandona el Ejecutivo, no sé si de forma unilateral o porque le ha invitado el presidente, y parece ser que hay que tensionar aún más la vida política de la Comunidad de Madrid», ha lamentado.

Todo ello, antes de concluir que «esto es la antipolítica». «En momentos de pandemia, con estado de alarma y toque de queda, lo que debemos es dar estabilidad a las instituciones y no movernos en este mar lleno de inestabilidades, de frivolidad y de improvisaciones», ha contrapuesto.

«POR MÍ QUE NO QUEDE»

Cuestionado acerca de qué le parece la propuesta de que la gallega y hasta ahora responsable de la cartera estatal de Trabajo, Yolanda Díaz, sea la propuesta por Iglesias para asumir su Vicepresidencia segunda, Feijóo ha preguntado si se trata de un paso ya «confirmado».

Y ante la aclaración por parte de los periodistas de que se trata de una propuesta que Iglesias realiza en el vídeo en que anuncia que deja el Gobierno para ser candidato en Madrid, el también jefe de filas del PP gallego ha apuntado: «Ah, ahora las propuestas se hacen por vídeo y comprometen al presidente del Gobierno. Por mí que no quede».

IMPEDIR QUE GOBIERNE «EL POPULISMO EN SENTIDO ESTRICTO»

Feijóo ha vuelto a cargar contra «este jueguecito de ajedrez» con el que los dirigentes en España «confunden a los ciudadanos» o esta «serie televisiva» cuyo objetivo, ha dicho, «es buscar un titular cada día» y, si es «muy llamativo», mejor.

Convencido de que «los episodios continuarán», se ha reafirmado en que se trata de la «antipolítica», una política «líquida, evanescente y poco meditada». «Improvisar en 48 horas, dado que la Justicia acaba de decidir sobre las elecciones, es algo que no se merece España», ha reflexionado.

Dicho esto, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos de Madrid, a quienes ha advertido que, «ahora más que nunca», tienen «la posibilidad de que no gobierne el populismo en sentido estricto en las más continuas e intensas de sus esencias junto con un socialismo a la deriva».

RUEDA VE AL GOBIERNO CENTRAL «EN EL CÁLCULO ELECTORAL»

También ha sido preguntado al respecto en un acto en A Coruña el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha dado por hecho que en las próximas horas «se darán explicaciones» sobre un movimiento político que, a su juicio, tiene «mucha trascendencia».

En todo caso, ha extraído una primera conclusión, que «el Gobierno central está mucho más en el cálculo electoral que en la gestión de la pandemia». Como ejemplo, ha citado la salida de Salvador Illa del Ministerio de Sanidad para ser candidato en Cataluña y ahora, ha remarcado, es «el vicepresidente encargado de temas sociales el que lo deja todo para ser candidato de su partido en unas autonómicas».

«El primer dato ya es preocupante, que el Gobierno esté más en cálculos electorales que en la gestión del interés general», ha aseverado.

PUY (PP) LLAMA A LA RESPONSABILIDAD

El también popular Pedro Puy, portavoz en la Cámara gallega del partido mayoritario, ha rechazado hacer comentarios sobre el paso concreto de Iglesias, pero ha puesto el foco en el escenario que propician tres mociones de censura tras las que «hay un común denominador, el de que siempre está el PSOE detrás».

Puy también ha incidido en el contexto de pandemia y, tras subrayar que el PSOE e «incluso miembros del Gobierno en su condición de dirigentes socialistas dieron luz verde a la presentación de estas mociones», ha hecho una «llamada a la responsabilidad», dado que la situación abierta tras las mociones en cadena «no contribuye, ni mucho menos, a que la población recupere la confianza en partidos e instituciones en general».

El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes que si han cometido algún error en el caso de la moción de censura que pactaron con Cs en Murcia para desalojar al PP del Gobierno, ha sido la de fiarse de que cuando alguien firma algo, tiene palabra, en alusión a los tres exdiputados de Ciuadanos que se han desmarcado de la posición de su partido.

«¿En qué hemos fallado?, en confiar en las firmas de las personas. Quizás ese es el mayor error, pensar que cuando alguien firma algo eran personas de palabra», ha expuesto el dirigente socialista al ser preguntado si su partido ha hecho autocrítica sobre este asunto.

Asimismo, Ábalos no ha querido certificar que la moción vaya a ser fallida porque considera que es «aventurar el resultado». Además, ha recordado que de momento, el debate de la moción aún no tiene fecha: «Ya veremos cuando se va a discutir y ya veremos el resultado», ha exclamado.

En este sentido, ha defendido que no siempre se presentan las mociones para ganar porque siempre se tiene un «nivel de incertidumbre». «No siempre se tiene la confianza en ganar», ha asegurado, al tiempo que ha defendido que en este caso se presentó porque «hay causas que lo exigían».

DESVINCULA AL PSOE DE LOS CONTACTOS CON LOS EXDIPUTADOS DE VOX

Preguntado sobre si la moción podría salir adelante con el apoyo de tres diputados expulsados de Vox, Ábalos ha desmarcado al PSOE de cualquier conversación con estos parlamentarios. «No vamos a entrar en relación con los disidentes de Vox. No sé si fueron expulsados o se fuero, pero no vamos a entrar», ha afirmado.

«Los votos que tendríamos que aceptar son los de los que firmaron la moción de censura, los tres que dijeron que iban a apoyar y que nos llevaron a que nuestros compañeros firmaran. Esos son los votos que esperamos que se produzcan», ha afirmado después, al ser repreguntado al respecto.

A este respecto, Ábalos ha asegurado que si el PSOE se lanzó a presentar junto a Ciudadanos esa moción de censura fue porque se les había dado la garantía de que todos los diputados de partido naranja querían.

Es más, el ‘número tres’ del PSOE ha señalado que no fue el PSOE el que impulsó la moción, sino Ciudadanos, por la situación «insoportable» de su gobierno con el PP en esta región; sobre todo porque si hubiera partido del PSOE, la habrían planteado en más sitios.

«Lo concretaron en Murcia. No quisieron hablar de ningún otro territorio, pero porque Ciudadanos así lo quiso, porque para ellos parecía que era insoportable seguir en esa situación. Y ya está. No he impulsado ninguna moción, sino los firmantes, y los socialista solo se adhirieron a esa moción cuando fue firmada por todos los miembros del grupo de Ciudadanos», ha recalcado.

Además, Ábalos ha insistido en que lo que ha ocurrido en Murcia es un caso de transfuguismo «de libro» por parte del PP, que ya está convirtiéndose, a su juicio, en «canibalismo político» por parte de los ‘populares’ a Ciudadanos, al estar «comprando a los cuadros» del partido naranja.

«Estamos hechos una mierda y encima aguantando mentiras. No es sólo que mataran a mi hijo, es que nos ponen de mentirosos y dicen que nunca me vieron en Bouza». Así se han mostrado este lunes en los pasillos del Juzgado de Avilés y en declaraciones a los periodistas los padres del pequeño de 5 años que en 2017 falleció ahogado en la piscina de la granja escuela de Soto del Barco.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés acogió este lunes la primara sesión de la vista por el fallecimiento del pequeño, en la que han prestado declaración la directora del centro y las dos monitoras que estaban a cargo del menor para las que el fiscal pide 3 años y seis meses de prisión. También ha prestado declaración el gerente de entidad propietaria de la instalación, como responsable civil y tres testigos, entre ellos los padres del pequeño.

Tras declarar ante el juez, en conversación con los periodistas, los progenitores han asegurado que «llevan cuatro año reviviendo la tragedia» y aguantando «mentiras y burlas». Han explicado que el día de los hechos nadie del centro se puso en contacto con ellos y se enteraron de lo ocurrido por «una tercera persona». «No nos llamaron ni el día del suceso, ni nunca más», insiste el padre del menor.

Así han indicado que el día que falleció su hijo, cuando llegaron a las instalaciones no les dejaron entrar y ningún responsable les dijo «absolutamente nada». «Todos los responsables estaban escondidos en las oficinas con el abogado de la directora de Bouza que llegó allí antes que nosotros», han explicado.

«No es sólo que mataran a mi hijo, es que nos ponen de mentirosos», aseguró, después de conocer por su abogado que la directora de las instalaciones declarase hoy ante el juez que «no le había visto nunca antes por las instalaciones».

Tanto el padre como la madre del menor han insistido en que su hijo tenía pánico al agua y así lo advirtieron cuando vieron la piscina. «Nos dijeron que no nos preocupásemos, que había monitores especializados y con muchos años de experiencia y que lo que primaba era la seguridad de los niños», explica el padre.

Su madre, que asegura tomar «entre 45 y 50 pastillas al día» desde que ocurrieron los hechos, ha manifestado que «nadie se puso en contacto con ellos para decirles lo que le había ocurrido a su hijo» y ha lamentado que haya tenido que fallecer su pequeño para que ahora se hable de las irregularidades del centro y sean muchos quienes digan que «aquello era un caos».

LOS HECHOS

El Ministerio Fiscal sostiene que, el día 12 de julio de 2017, los padres del menor, acudieron a conocer las instalaciones del Palacio de La Bouza, en Soto del Barco, y a entrevistarse con la directora del mismo, con la finalidad de inscribir al menor en los cursos y colonias de verano. Al conocer las instalaciones, los padres del menor comprobaron que existía una piscina y advirtieron de forma clara, rotunda y concreta a la directora del centro, que el niño tenía pánico al agua.

Recoge el escrito del Fiscal que, tal es así, que la directora omitió cualquier tipo de diligencia, hasta la mínima y elemental, en el cuidado del menor al realizar la actividad de piscina porque no advirtió a las dos monitoras.

La piscina infantil no se encontraba debidamente separada de la otra piscina más profunda y el muro no impedía de forma alguna el paso de un vaso a otro, por lo que ya en repetidas ocasiones algunos de los menores que asistían al campamento lo habían saltado.

La directora además no ordenó la señalización de la profundidad de la piscina y tampoco había socorrista. Además, según el fiscal, la directora tampoco había autorización para el desarrollo y organización de actividades de aire.

Las dos monitoras tenían a su cuidado al grupo de menores, de 5 a 9 años, en el que estaba el menor. De tal forma que, desde el día 13 de julio al día de los hechos, 25 de julio de 2017, el menor acudió al centro 4 días, siendo el 25 de julio el quinto día de asistencia.

Al quinto día de asistencia al centro del menor, el 25 de julio de 2017, sobre las 15.20 horas, las acusadas, una vez estaban en el recinto de la piscina con su grupo de menores, se sentaron en unas hamacas en el punto más alejado del vaso infantil, sin extremar cautela alguna sobre el menor. Una de las menores que jugaba a bucear en la piscina de vaso grande, en la parte con más profundidad, observó que la víctima se encontraba en el fondo de la misma, de rodillas pegado al suelo, por lo que lo subió a la superficie, hasta el bordillo de la piscina, pidiendo ayuda, alertando así a las monitoras acusadas.

Así, una de las monitoras lo sacó al exterior y, seguidamente, las acusadas procedieron a realizarle técnicas de reanimación sin resultado alguno, hasta la llegada de personal sanitario.

El titular del negocio El Palacio La Bouza es una entidad que no tenía concertado seguro de responsabilidad civil.La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave y solicita que se condene a cada una de las acusadas a 3 años y 6 meses de prisión.

En concepto de responsabilidad civil, las acusadas, conjunta y solidariamente, y directamente la entidad, Fiscalía piden que se indemnice a los padres del menor con 250.000 euros (125. 000 euros a cada uno) por daños morales, más 10.800 euros a cada uno de ellos por las lesiones y 6.000 a cada uno por las secuelas, más los intereses legales correspondientes. La acusación particular por su parte pide para las tres acusadas cuatro años de cárcel y una indemnización de 600.000 euros.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dejado este lunes visto para sentencia el juicio contra J.L.G.M., un vecino de Marín acusado de agresión sexual, lesiones y robo a una mujer de 75 años en Bueu, para el que la Fiscalía ha ratificado su petición de 21 años de cárcel.

El tribunal había dejado para este lunes la lectura de los informes de conclusión de las partes. La Fiscalía ha elevado a definitiva su petición inicial de penas al considerar que ha quedado probada la autoría del acusado para el que pide que sea condenado a un total de 21 años de prisión: 15 años por el delito de agresión sexual con penetración; dos años por un delito de lesiones; y cuatro años por un delito de robo con fuerza. En el mismo sentido se ha pronunciado la acusación particular.

La representante del Ministerio Público entiende que en este caso concurren las circunstancias agravantes de alevosía y disfraz.

Además, reclama que este hombre, que se encuentra en prisión provisional por estos hechos, indemnice a la víctima con 2.460 euros por las lesiones y con 6.000 euros por las secuelas psicofísicas; así como que le abone los 1.250 euros sustraídos y 90 euros por la reparación de los cristales de las puertas.

COARTADA

Por su parte, el abogado del procesado ha pedido la libre absolución de su cliente. El letrado ha argumentado que la defensa «presenta una prueba directa» como es el testimonio de la esposa que confirmó la coartada del acusado al asegurar que su marido estaba en casa durmiendo cuando tuvo lugar la agresión sexual a la anciana.

Respecto a las pruebas de ADN que incriminan al acusado este abogado ha dicho que «es una prueba muy poderosa, pero indiciaria» ya que, a su juicio, «no existe certeza ni garantía más allá de la duda razonable».

Según ha afirmado «en el escenario del crimen se detecta mucho ADN pero eso no quiere decir que tenga que ver con el crimen» y ha citado como ejemplo lo sucedido en el caso de Amanda Knox, la joven estadounidense acusada por la muerte de su compañera de piso mientras ambas estudiaban en la ciudad italiana de Perugia en 2007. El ADN la incriminaba pero finalmente fue absuelta.

El acusado había trabajado en casa de la agredida unos años antes de este suceso y, según el abogado, los científicos confirman que «el ADN permanece siempre que se den las condiciones ideales». La cuestión es que muchas de las muestras de ADN se extrajeron de la sábana bajera de la cama de la víctima, que según ha afirmado esta mujer en el juicio fue una sábana que había traído de Alemania poco tiempo antes de este suceso. La había comprado en Alemania porque tenía problemas para encontrar en España sábanas que se adaptasen a las medidas de su cama, aunque no pudo aportar una factura como prueba.

EL HERMANO

El letrado de la defensa ha sugerido la posibilidad de que el autor de estos hechos fuese el hermano del acusado y que el ADN de J.L.G.M. podría haber sido transferido en una pelea que ambos tuvieron el día anterior.

Finalmente el acusado ha declinado hacer uso de su derecho a la última palabra. «No tengo nada que decir», ha afirmado.

El acusado de matar con diez puñaladas a su pareja en Torrox (Málaga) en 2018 ha negado los hechos y ha asegurado que cuando llegó a la casa la encontró muerta. «Yo no hice nada de eso, le quité el cuchillo del cuello y la abracé», ha reiterado varias veces este hombre, quien también ha dicho que no la maltrató durante el tiempo de la relación y ha asegurado que tiene problemas de salud mental por el consumo de drogas desde los 16 años.

Un jurado popular ha comenzado este lunes el juicio a este acusado para el que la Fiscalía y la acusación particular solicitan 19 años de prisión por los delitos de homicidio, quebrantamiento de condena y malos tratos habituales; mientras que la defensa pide la absolución, al sostener que no cometió los hechos y que presenta una alteración de las facultades por el consumo de sustancias y alcohol.

Los hechos sucedieron en septiembre de 2018, «tras una fuerte discusión y después de forcejear con ella, le produjo heridas», dice el fiscal que sostiene que cogió un cuchillo y, supuestamente, «le asestó un total de diez incisiones, cuatro de ellas en el tórax y seis en la extremidad superior izquierda con distinta afectación a órganos». Ella, mientras, le suplicó: «auxilio, no me mates».

El acusado ha declarado que ese día salió de la casa, donde pasaba tiempo y en la que tenía parte de su ropa «pero no toda», porque «cuando discutía lo primero que hacía era quitarme de en medio». Cuando regresó, ha dicho, «la puerta estaba abierta y ella tenía el cuchillo hincado en el cuello». «Yo le quité el cuchillo, la abracé y le dije ‘nena, nena’, pero no me contestaba», ha asegurado.

«La madre de mis hijos, la mujer que yo quería, me la encontré muerta», ha manifestado, añadiendo: «En ese momento perdí toda mi vida», al tiempo que ha dicho que intentó reanimarla. «No hice nada de eso», ha insistido, en referencia a lo que sostienen las acusaciones de que presuntamente le asestó diez puñaladas, apuntando que sabía que la mujer tenía otra pareja con la que tenía problemas.

Además, ha asegurado que no solo él consumía sustancias, sino que ella también y que sabía que a la casa iban más personas «para consumir». Al respecto, el acusado ha incidido en que esta adicción le ha producido un trastorno psicológico y que la noche de los hechos, tras encontrarla, entró «en trance». Fue detenido un tiempo después en casa de un amigo, con la ropa manchada de sangre.

La fiscal delegada en Andalucía de Violencia sobre la Mujer, Flor de Torres, ha asegurado que el acusado es «un maltratador y no lo digo yo, lo dicen dos sentencias», incidiendo en que las pruebas de que acabó con la vida de su pareja son «tajantes y rotundas», así como que la maltrataba por los testimonios de vecinos que «oyeron el calvario que sufrió la mujer».

La representante del ministerio fiscal ha defendido que su interés «no es partidario ni partidista», apuntando que su acusación «no es una acción política, sino una acción de justicia». Asimismo, ha apuntado que según los médicos forenses que examinaron al procesado este no padece alteración psíquica alguna por consumo de drogas o alcohol.

De hecho, según las conclusiones iniciales de la Fiscalía, el acusado posee «un completo y contrastado conocimiento de los hechos y la ilicitud de los mismos», apuntando que «no posee causas psíquicas» lo suficientemente profundas como para afectarle a sus capacidades, según el análisis forense.

Al respecto, la defensa ha indicado que el acusado «puede ser un maltratador, pero no es un homicida» y ha cuestionado algunas pruebas y la instrucción del caso, en el punto en el que no se le realizó prueba de droga en el momento de la detención, insistiendo en sus «serios problemas de drogadicción». Así, ha pedido a los jurados que sean imparciales y no tengan un juicio previo de culpabilidad.

PATRÓN DE CONDUCTA

La fiscal sostiene en su escrito provisional que el acusado mantuvo una relación de pareja con la víctima durante 14 años, teniendo dos hijos en común, y durante toda esa convivencia ejerció contra la mujer «el patrón de conducta que lo sitúa como sujeto activo dentro del ámbito de la violencia de género», caracterizado «por el uso de la violencia física y psíquica de forma generalizada hacia ella».

De hecho, según la evaluación realizada y consta en el escrito de la acusación pública, «tiene características psicológicas y sociales de riesgo de violencia sobre la mujer», lo que le sitúa como «sujeto favorecedor del ejercicio de la violencia como herramienta de gestión y resolución de los conflictos en diferentes áreas», sobre todo en la pareja.

La Fiscalía sostiene que en 2012, cuando nació la segunda hija, mantuvo una relación intermitente con la víctima debido a los constantes ingresos en prisión, hasta que la mujer decidió terminar tras denunciarlo por violencia de género por unos hechos por los que fue condenado en 2014. A pesar de eso, sostiene el fiscal, «reanudó su relación de pareja, volviendo a tener el mismo dominio sobre la víctima».

El relato del fiscal alude a que supuestamente la «sometía a sus designios, ejerciendo la violencia como exclusiva forma de relación entre ambos», basándose en el control y cosificación de ella. Además, «transgredía la orden de alejamiento» y «la seguía sometiendo a todo tipo de humillaciones y malos tratos, usando su superioridad como rol aprendido» cuando vivían juntos en Torrox.

Asimismo, según sostiene la acusación pública, supuestamente proyectaba «inferioridad hacia ella como pareja y como mujer», llegando la víctima a pedirle que se fuera de la casa, pero él no lo hacía, al contrario, presuntamente lanzaba objetos al suelo «con la intención de rubricar el temor y la fuerza sobre la mujer cosificada a sus designios».

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha confirmando este lunes que los socialistas siguen rechazando una ley de amnistía para los presos del procés, como la que van a registrar este martes ERC, Junts, CUP y PDeCAT registran en el Congreso, y que prefieren «aceptar casos particulares y de acuerdo al marco legal», en referencia a la disposición del Gobierno a estudiar los indultos de los independentistas.

Eso sí, ha matizado que tampoco abogan por «plantear un indulto general» porque eso sería prácticamente como «una amnistía», sino por aplicar los beneficios penitenciarios «que la ley permita en cada caso y según la situación del condenado».

«Nosotros siempre hemos manifestado nuestra posición en contra de la figura de la amnistía. Hemos sido siempre dispuestos a aceptar casos particulares y de acuerdo al marco legal pero nunca hemos apostado por una amnistía que sin duda tiene un carácter mucho más político de absolución», ha afirmado en Ferraz en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Permanente de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

Preguntado sobre si al hablar de esos «casos particulares» se refería a los indultos de los políticos catalanes presos que el Gobierno va a estudiar, Ábalos ha confirmado que «en una atención personal a un caso concreto de unos presos claro que está la figura del indultado. «Y otras más que en derecho pueden aplicarse», ha remachado.

«Es muy distinto entender el fenómeno de la amnistía, que es tanto como evidenciar o reconocer un error político que debe evitar consecuencias penales en un momento, y otra cuestión distinta son los beneficios penitenciarios que la ley pueda permitir en cada caso según la situación del condenado», ha ahondado.

En este sentido, ha defendido que «la figura del indulto es una figura legal que entra en esa posibilidad». «Pero tampoco se trata de plantear un indulto general porque estaríamos nuevamente en una amnistía», ha avisado.

Los partidos independentistas Esquerra Republicana, Junts, la CUP y el PDeCAT van a registrar este martes en el Congreso una proposición de ley de amnistía para todos los procesados y condenados por los hechos del proceso independentistas del referéndum del 1 de octubre de 2017.

Se trata de una ley que los partidos independentistas prometieron e pasado mes de diciembre, antes de la disolución del Parlament, y que desde el Gobierno han tachado de inconstitucional. La última amnistía se aprobó en 1977, como paso previo a las Cortes Constituyentes.

La iniciativa de los partidos independentistas pretende amnistiar «todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera el resultado», desde el 1 de enero de 2013, lo que incluiría, además del 1-O, a los condenados por la consulta soberanista de 9 de noviembre de 2014.

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas y coordinador autonómico del partido en esa comunidad, Toni Cantó, ha anunciado este lunes que deja sus cargos en el partido, renuncia a su acta de diputado y deja la política.

Así lo ha comunicado a los medios de comunicación al abandonar la reunión de la Ejecutiva de Cs que se celebra en Madrid para analizar las consecuencias del previsible fracaso de la moción de censura presentada por su partido en Murcia y la subsiguiente salida del Gobierno de la Comunidad de Madrid decida por su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Cantó, uno de los dirigentes que más han criticado públicamente la estrategia seguida por Ciudadanos a raíz de las elecciones catalanas, ha aprovechado la reunión de ese órgano para pedir la dimisión del Comité Permanente, órgano en el que la propia Arrimadas había propuesto incluirle previamente.

Sin embargo, ha lamentado que la presidenta del partido haya preferido elegir proteger a su Ejecutiva en lugar de proteger a todo el partido en un momento en que «hay que asumir responsabilidades» y dar la voz a los afiliados. «Pero ellos no lo están haciendo», ha denunciado.

Así las cosas, ha anunciado su dimisión de su cargo en la Ejecutiva de Cs y la renuncia a su escaño en las Cortes Valencianas y, por ende, su abandono de la vida política. «Sólo me planteo ahora llamar a mi representante para empezar a trabajar de lo mío dentro de poco», ha comentado.

RIVERA SÍ FUE «UN SEÑOR»

Cantó ha aprovechado este anuncio para enviar «un saludo afectuoso» a todos los afiliados y cargos del partido que «se dejan la vida» y que no merecen tener a un partido que «no asume ninguna responsabilidad», y para recordar a Albert Rivera, «que dio una lección de cómo se comporta un señor que sabe lo que es la política», algo de lo que, a su juicio, muchos en el partido «no han tomado nota».

Pero también para mostrar su preocupación por la situación abierta en Murcia y en la Comunidad de Madrid. Sobre la primera ha dicho esperar que se acabe retirando la «ridícula» moción de censura contra el Gobierno de Fernando López-Miras (PP), que, a su entender, fue «una mala idea» que se ha llevado a cabo de una forma «absolutamente bochornosa».

«Había otra forma de hacer las cosas, por ejemplo saliendo del Gobierno», ha indicado Cantó, incidiendo en que quien no tuviera en mente las consecuencias que traería la presentación de esa moción de censura junto al PSOE «no debe estar en un puesto de relevancia en la Ejecutiva permanente».

Y sobre la Comunidad de Madrid ha pedido al partido ir de la mano con el PP a las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo. «El centro derecha no puede perder la Comunidad de Madrid, es algo absolutamente esencial», ha defendido Cantó, quien no obstante sospecha que en el partido no están por la labor. «En cualquier caso, con quien no podemos ir en Madrid es con Ignacio Aguado, que es una de las razones fundamentales de que se haya roto ese Gobierno», ha zanjado.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha reaccionado al anuncio del vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, de dejar su vicepresidencia del Gobierno afirmando que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, «ha intentado desestabilizar un gobierno autonómico en Murcia y la onda expansiva ha hecho que sea su gobierno el que ahora se tambalea».

Lo ha dicho durante su intervención en un acto en Barcelona, donde ha empezado citando la noticia sobre Iglesias y ha felicitado al director de ‘La Vanguardia’, Jordi Juan, presente en el acto, por esta exclusiva del diario sobre el anuncio de la candidatura de Iglesias a las elecciones de la Comunidad de Madrid.

Casado ha participado en el diálogo ‘La lucha contra la desigualdad, factor básico del progreso económico’ organizado por La Societat Barcelonina d’Estudis Econòmics i Socials de Foment del Treball en el Palau Macaya de Barcelona, junto al economista Antón Costas.

El líder del PP ha dicho que el anuncio del secretario general de Podemos es «sorpresivo, aunque ya no tanto, porque la política española está instalada desde hace demasiado tiempo ya en una huida hacia delante».

DICE QUE ALGUNOS QUIEREN «SEGUIR JUGANDO AL RISK»

Casado ha criticado que «algunos vean la política como una partida de ajedrez» y que en plena pandemia, «con 100.000 muertos y seis millones de desempleados, pretenden seguir jugando al risk para poner sus figuras en contra de la estabilidad política de otros gobiernos que deberían estar combatiendo los estragos» del coronavirus.

Dicho esto, ha explicado que el PP planteará en las elecciones de Madrid del próximo 4 de mayo «estabilidad política, libertad individual y prosperidad económica». A su entender, ésa es la «alternativa que necesita España en todos los gobiernos municipales, autonómicos, provinciales y en el Gobierno de la nación».

El presidente del PP ha acusado a Pablo Iglesias de querer llevar con su «proyecto comunista a una confrontación política en el Gobierno de Madrid, como ha estado haciendo en el Gobierno de España desde hace dos años». Además, ha afirmado que el líder de Podemos es «simpatizante de regímenes totalitarios en Latinoamérica y Oriente Próximo».

«VAMOS A CONTESTAR CON CONCORDIA CIVIL»

Contra eso, ha dicho que el PP aportará concordia civil, más herramientas para la sociedad, libertad para elegir la educación de los hijos, así como para elegir el hospital al que acudir: «Ese es nuestro modelo, y ha funcionado donde hemos gobernado siempre».

«Vamos a contestar con concordia civil, con creación de empleo, bajando impuestos y también dando más herramientas a la sociedad. Queremos más sociedad y menos Estado», y ha añadido que este es su modelo y lo que plantearán en las elecciones madrileñas.

Casado ha recalcado que adelantar las elecciones en Madrid no ha sido «una iniciativa» del PP sino «el intento de Pedro Sánchez de desestabilizar el Gobierno de la región de Murcia, de la comunidad de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid».

El líder del PP, que ha apelado a la concordia y la convivencia, ha señalado que los «populismos y los radicalismos que están ahora dirigiendo los designios de España son muy peligrosos». «Y nosotros somos la vacuna para que cuanto antes consigamos pasar página», ha apostillado.

Además, se ha mostrado convencido de que ahora en campaña van a volver a ver esa «izquierda anaftalinada» que defiende «regímenes totalitarios» contraponiéndose contra «los pérfidos capitalistas y liberales». «Es decir, van a intentar volver a abrazar el nuevo comunismo frente a la libertad, lo cuál creo que tiene muy poco recorrido», ha manifestado.

LA MOCIÓN DE CENSURA EN MURCIA, «IRRESPONSABILIDAD» DE Cs

En cuanto a la moción de censura que se presentó en Murcia, Casado ha afirmado que es una «gran irresponsabilidad y error» de Cs por querer romper la estabilidad política en algunos gobiernos autonómicos –ha dicho textualmente–, y ha defendido que el PP representa más que nunca la alternativa.

«Tanto a los que no les gusta lo que pasa con Sánchez, como los gobiernos independentistas. El PP seguirá representando la España tranquila. Tenemos que ser la plaza mayor de la España moderada», ha añadido.

El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha negado «rotundamente» que una gran parte de vascos rechacen a la Ertzaintza y ha negado también «categóricamente» que la Policía autónoma tenga «una mínima aversión» hacia una parte de la sociedad de Euskadi, como ha afirmado el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. «No tienen ninguna fundamentación», ha destacado.

Otegi insistió este pasado domingo en la necesidad de abrir en Euskadi un debate sobre el modelo policial que lleve a «otro tipo» de Ertzaintza, porque su formación no desea «un modelo de Policía a la española, que golpee a la gente». «Estoy convencido de que hay una gran parte de la población del país que rechaza a la Ertzaintza y buena parte de la Ertzaintza que rechaza a buena parte de este país», ha manifestado.

En declaraciones a los periodistas realizadas este lunes en la comisaría de la Ertzaintza de Muskiz, Erkoreka ha rechazado «rotundamente» las declaraciones del líder de EH Bildu, que suponen «una descalificación genérica» de este cuerpo policial.

A su juicio, las palabras del líder de EH Bildu «no tienen ninguna justificación ni fundamentación». «No sé cuáles son los datos sobre los que opera para poder afirmar que una gran parte de la sociedad vasca rechaza a la Ertzaintza», ha apuntado.

Para refutarlas, ha recordado que el pasado mes de enero se realizó una convocatoria de la trigésima promoción de la Ertzaintza y se presentaron casi 7.000 personas. «Siete mil aspirantes para un proceso selectivo no es un dato que corrobore, para nada, la existencia de un rechazo generalizado por parte de la sociedad vasca a este cuerpo policial, sino todo lo contrario», ha indicado.

A su juicio, «es un número muy importante a tomar en consideración de cara a reflejar la buena consideración que, en general, tiene la sociedad vasca de la labor que está llevando a cabo la Ertzaintza y del servicio que presta al conjunto de la sociedad».

También ha querido «negar categóricamente la afirmación que ha pronunciado» Arnaldo Otegi, «en el sentido de en la Ertzaintza, en su totalidad» o que haya colectivos en ella, que «sientan una mínima aversión hacia la sociedad vasca o una parte de la sociedad vasca».

POLICÍA DEMOCRÁTICA E INTEGRAL

«La Ertzaintza es una Policía democrática, integral, que está al servicio de la sociedad vasca. Su misión consiste en proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana en Euskadi, de todas y todos los ciudadanos», ha añadido.

Josu Erkoreka ha puesto en valor que la Policía autónoma «proteja, ayude, asista, ampare y rescate» a la ciudadanía vasca, entre otras actuaciones. Por ello, ha dicho que está «seguro» de que toda la sociedad vasca «tiene en alta consideración» su labor. «La Ertzaintza, una Policía democrática, al servicio de la sociedad vasca, no tiene ninguna animadversión respecto a ningún colectivo», ha insistido.

La decisión del vicepresidente segundo de Servicios Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, de presentarse a las elecciones a la Comunidad de Madrid y dejar su puesto en la Moncloa, convertirá al Gobierno de Pedro Sánchez en un equipo formado por más ministras (12) que ministros (11) y con las cuatro vicepresidencias ocupadas por mujeres.

«España no va a volver a ser nunca más un país de mujeres sin voz», explicó Sánchez en el mes de enero de 2020, tras anunciar al Rey Felipe VI la composición de su Ejecutivo.

Ese primer equipo del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos cumplía con la Ley de Igualdad, al tener un Ejecutivo paritario,(40%/60%) aunque la presencia femenina no era una mayoría, como ocurrió en el primer equipo de Sánchez, tras la moción de censura a Mariano Rajoy.

Ahora, con la marcha del líder morado, la representación femenina aumenta hasta ser mayoritaria de nuevo ya que, la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, será la sustituta de Iglesias al frente del Ministerio se Servicios Sociales y Agenda 2030.

Belarra se une así a la lista de ministras, formada por Maria Jesús Montero (Hacienda y portavoz), Irene Montero (Igualdad), Arancha González Laya (Asuntos Exteriores, UE y Cooperación), Carolina Darias (Sanidad), Isabel Celaá (Educación y FP), Margarita Robles (Defensa) y Reyes Maroto (Industria).

Además, la vicepresidencia segunda que ostentaba Iglesias pasará a manos de la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Su nombramiento implica que todas las vicepresidencias existentes en este Gobierno estén lideradas por mujeres.

Así, junto a ella, siguen en sus puestos Carmen Calvo, vicepresidenta política; Nadia Calviño, vicepresidenta económica; y Teresa Ribera, vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Esta docena de mujeres forman parte del Gobierno que completan 11 hombres: el presidente del Ejecutivo, Pedro Sanchez, Fernando Grande-Marlaska (Interior); Juan Carlos Campo (Justicia); José Luis Ábalos (Transporte, Vivienda y Agenda Urbana); José Luis Escrivá (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones); Luis Planas (Agricultura); Pedro Duque (Ciencia e Innovación); Miquel Iceta (Política Territorial y Función Pública); Manuel Castells (Universidades), Alberto Garzón (Consumo) y José Manuel Rodríguez Uribes (Cultura).

La presidenta del PP de Segovia y senadora, Paloma Sanz, ha explicado que su partido han presentado varias iniciativas en las cual se pide la revocación de la decisión de no renovar la concesión de las tres pistas de esquí situadas en la vertiente segoviana de la sierra de Navacerrada, lo que la presidenta ha afirmado que supondrá «tremendas consecuencias económicas y sociales en la provincia de Segovia».

Paloma Sanz ha manifestado que la decisión ha sido tomada «sin ningún tipo de consenso con la Comunidad Autónoma ni con los municipios afectados».

«Lo que nosotros no entendemos es la postura del secretario provincial del Partido Socialista y también diputado nacional, José Luis Aceves, de hacer oposición a la oposición en lugar de centrarse en resolver los problemas de Segovia», ha afirmado la presidenta.

Por ello, el PP pregunta tanto al Gobierno como al PSOE de Segovia por qué se ha adoptado esta decisión, si se ha previsto lo que puede suponer para la Estación de Esquí el no poder contar con estas tres pistas, por qué no se ha informado ni a la Comunidad Autónoma, ni a los ayuntamientos, ni a los sectores afectados y si se han evaluado las consecuencias económicas de esta decisión unilateral.

El diputado por Segovia en el Congreso Jesús Postigo ha señalado que la decisión que se ha tomado por parte del Organismo de Parques Nacionales y del Ministerio de Transición Ecológica «es una decisión política, arbitraria y unilateral».

El parlamentario ha recriminado que no se han dado a conocer los informes técnicos que acrediten que la decisión es la adecuada.

Por otro lado, desde el PP han afirmado que creen que existen algunos informes técnicos que pueden decir lo contrario, que se desconoce si existen los fundamentos ambientales necesarios y que la actuación se ha llevado a cabo sin debatir en los órganos de participación sociales.

Jesús Postigo ha manifestado que las justificaciones que han declarado para tomar la decisión son insuficientes.

«Ponen como excusa el tráfico debido a la masificación de las pistas, lo cual es absolutamente incorrecto, pues el aforo máximo de las pistas es de 500 personas», ha declarado.

«También se pone como justificación el cambio climático, y ni las temperaturas ni la nieve comprometen hoy la viabilidad de esa estación porque, de ser así, estaría también comprometiendo la viabilidad de las 78 estaciones restantes que existen en España», ha añadido el diputado.

«Hablan también de orden público y de seguridad y de la limpieza de residuos en el mismo puerto cuando se pueden aplicar distintas medidas de especial limpieza».

OTRAS OPCIONES

Para la presidenta de los populares el Gobierno tenía más opciones que no renovar la concesión, porque además de poderlo hacer, podría haber cambiado los parámetros de dicha concesión y no lo ha hecho.

Por ello ha anunciado que el próximo 22 de marzo se reúne el Patronato de Parques Nacionales, donde están las comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León y los municipios afectos.

En la comparecencia, el Diputado del PP ha querido informar de las iniciativas parlamentarias que llevarán a cabo en el Congreso, donde presentarán una Proposición No de Ley al respecto y en el Senado donde se debatirá una moción.

En ambos casos piden la revocación inmediata de la decisión del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico (MITECO), de no realizar una nueva concesión de las instalaciones de esquí de las tres pistas, situadas en la estación de esquí alpino de Navacerrada en la vertiente segoviana de la misma.

Ambos documentos insisten en que antes de volver a tomar una decisión respecto al futuro de la estación de esquí de Navacerrada por parte del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), se deberá llevar a cabo un Estudio del impacto socioeconómico que supone la existencia de la Estación de esquí sobre la zona y, en particular sobre los municipios limítrofes y en especial, sobre el Real Sitio de San Ildefonso, Valsaín y Segovia y, se informará y se mantendrán los contactos necesarios con los municipios de la zona, así como con todos los sectores sociales y económicos afectados.

La representación procesal del Ayuntamiento de Sada ha presentado este lunes su recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que ratifica como parte del patrimonio público el pazo de Meirás, pero que obliga a pagar a los Franco una indemnización por los gastos desde 1975. En él, alega, entre otras cuestiones, la existencia de «mala fe» por parte del dictador y sus herederos.

Según informa el consistorio, el recurso, que integra un motivo de infracción procesal y tres de casación, considera que la sentencia de la Audiencia «no se ajusta a derecho respeto de la condición posesoria de buena fe que dicha sentencia le atribuye a los nietos del dictador y con efectos de 1975».

Partiendo de la prueba existente y la practicada en el proceso, asevera que «se justifica que la conclusión jurídica de la Audiencia, la buena fe de Franco y de los Franco, es jurídicamente errónea, tal y como se expone en los motivos casacionales».

«En primer lugar, Franco fue un poseedor de mala fe, plenamente consciente y conocedor de la nulidad radical de la escritura de 1941». «La propia sentencia reconoce expresamente el ‘constante intento’ de Franco para crear un título simulado, una completa ficción, la escritura de 1941, con el que hacer suyo el pazo«, argumenta el consistorio.

«Lo que la sentencia califica como entramado engañoso», recalca en su recurso por lo que entiende que la conclusión debió ser «la declaración judicial de mala fe en la posesión de Franco».

«MALA FE TRANSMISIBLE»

Contrariamente a lo indicado en el fallo de la Audiencia, sostiene que «la mala fe es transmisible a sus herederos, dado que eran éstes, y no el Estado, quien debia tener acreditado y probado una ignorancia y desconocimiento del vicio radical de su título posesorio» para lo que invoca jurisprudencia del propio Supremo.

Por último, considera que «no hay fundamento legal ninguno para aplicar retroactivamente una supuesta y hipotética condición de buena fe de los actuales herederos para proyectarla retroactivamente a 1975, cuando consta acreditada y probada la presencia posesoria del Estado hasta 1990». «Ni Franco fue poseedor de buena fe ni los actuales herederos, tampoco», insiste.

Por todo lo anterior, el Ayuntamiento de Sada solicita la estimación del recurso, reclamando la liquidación posesoria de mala fe, tanto de los actuales herederos como de sus ascendentes, incluido el propio Franco, «lo que, de estimarse, supondría que el saldo neto de dicha liquidación seguramente supondrá que sean los Franco quien deban compensar al Estado por una posesión detentada durante tantos años», explica.

Por otra parte, el gobierno municipal expresa su satisfacción por el hecho de que haya ahora «una posición común» de todas las partes: Estado, Xunta, Diputación y ayuntamientos de A Coruña y de Sada. «Va a ser la primera vez que el Supremo se pronuncie sobre los bienes detentados por los Franco y la sentencia proyectará efectos sobre otros bienes», afirma, a este respecto, el regidor de Sada, Benito Portela.

LA DIPUTACIÓN APELA A LA «COHERENCIA»

Respecto a los recursos contra el fallo de la Audiencia de A Coruña, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, destacó que este organismo provincial fue «coherente desde el primer momento».

Así, ha resaltado que tanto esta institución como los ayuntamientos de Sada y A Coruña mostrasen su disposición a recurrir «desde el minuto uno», frente al posicionamiento inicial de no hacerlo de Estado y Xunta.

«Sabemos las dificultades a las que nos enfrentamos para que prospere este recurso, pero hay aprovechar los mecanismos legales para expresar la voluntad popular y social». «Pelear hasta el último suspiro para evitar conceder dinero público a una familia que no lo merece», ha dicho Formoso que ha calificado de «reprochable» no solo la actitud del dictador sino también la de sus herederos.

«RESQUICIO» JURÍDICO PARA LA XUNTA

Mientras, a preguntas de los periodistas, después de que la Xunta presentase también recurso, en línea con lo decidido finalmente por el Estado, el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, aseguró que la Administración autonómica estuvo «desde el primer momento, alineada con la Abogacía del Estado», del que ha dicho que era la parte «legitimada» para promover el citado recurso.

Sobre el mismo, ha indicó que se presentó por parte de la Xunta porque había «un pequeño resquicio». «Esperamos que la unidad de las administraciones posibilite que no haya que transferir ningún recurso a la familia Franco», ha sentenciado el conselleiro quien, no obstante, ha insistido en que se trata de una «cuestión jurídica». Por ello, ha apelado a esperar a ver lo que dicen «los órganos judiciales».

APERTURA DEL PAZO

Preguntado también sobre la apertura del pazo y si ya hay fecha, ha vuelto a demandar que se abra «lo antes posible» para que esté disponible para actividades culturales y sociales y sea «un espacio vivo». «Donde se vea que los valores de una democracia son superiores a cualquier dictadura», ha expuesto sumando a ello el que la ciudadanía sepa que en ese inmueble vivió la escritora Emilia Pardo Bazán y que se convierta, además, en un «faro de la igualdad».