El Juzgado de lo Social Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado la denuncia interpuesta contra la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, la juez Victoria Rosell, y su pareja, el periodista Carlos Sosa, por el despido de su asistenta de hogar, Simona Chambi.

La Sala ha tomado esta decisión tras desestimar la excepción de falta de legitimación pasiva, estimar la excepción de caducidad del despido frente Rosell y desestimar la excepción de caducidad frente a Sosa, por lo que ha absuelto a los dos demandados de todo lo que se les acusaba.

De esta manera, se ha considerado probado que la mujer trabajó para Rosell entre el 24 de febrero de 2012 y el 20 de noviembre 2014 estando de alta en la Seguridad Social, y que solicitó la baja voluntaria del puesto para regresar a Bolivia, su país de origen. Mientras ella estaba en su país, continuó recibiendo de parte de Rosell entre 410 y 420 euros en los meses de diciembre de 2014 y enero, febrero, mayo y junio de 2015.

Chambi regresó a España el 12 de noviembre de 2015 y volvió a ser contratada de manera indefinida a tiempo parcial, aunque en esta ocasión por Carlos Sosa, mientras que el salario se le continuaba transfiriendo desde una cuenta de Rosell.

Ya con el estado de alarma por el coronavirus, el periodista envió un mensaje a la empleada el 13 de marzo del pasado año 2020 diciéndole que lo mejor sería que no fuera a trabajar por la situación, momento desde el que dejó de acudir al trabajo aunque continuó percibiendo la retribución mensual. Unos meses más tarde, el 25 de mayo de 2020, Chambi causó baja por incapacidad temporal durante aproximadamente unos 36 días.

Por su parte, el 26 de junio de 2020, Sosa acordó la extinción del contrato de la asistenta basado en el desistimiento del empleador y abonó a la trabajadora una indemnización de 833,34 euros.

No obstante, Chambi presentó la papeleta de conciliación en materia de cantidad el 8 de julio solicitando el abono de 11.797,17 euros, más del 10% de intereses, celebrándose un acto de conciliación el 23 del mismo mes.

Finalmente, el 20 de agosto, la empleada presentó papeleta de conciliación contra Rosell en la que pedía el reconocimiento de despido nulo o improcedente, presentando Chambi ese mismo día la denuncia por despido que ahora ha sido desestimada.

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado hoy «con rotundidad» que el Gobierno quiere agotar la Legislatura y ha precisado que la salida de Pablo Iglesias del Gobierno «no variará el rumbo» del Ejecutivo. Además, ha calificado de «corrupción» lo que considera «transfuguismo» de tres diputados de Ciudadanos en Murcia para hacer fracasar la moción de censura presentada por el PSOE y el partido naranja.

Tras la reunión del Consejo de Ministros, Montero ha recordado la decisión anunciada ayer por parte del vicepresidente segundo del Gobierno de abandonar el Ejecutivo para concurrir a las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid que tendrán lugar el próximo 4 de mayo.

Pero esta decisión no modificará los planes del Gobierno, ni de llevar a cabo el acuerdo alcanzado con Podemos para gobernar, ni de agotar la Legislatura. «Rotundamente no», ha respondido la Portavoz del Ejecutivo cuando la han preguntado si la salida de Iglesias podría suponer que la Legislatura no se agotara. Ha alegado, en este sentido, que aún tienen «mucha tarea pendiente», entre la que ha citado la lucha contra el virus y retomar el crecimiento que estaba teniendo la economía española antes de la pandemia.

«EL ACUERDO ESTÁ DE RABIOSA ACTUALIDAD»

De hecho, ha insistido en la «necesidad de seguir caminando juntos» –en relación a Podemos– para lograr esos objetivos, «a pesar de las discrepancias lógicas entre los dos socios». Según la Portavoz, la salida del líder morado no tiene por qué implicar ningún cambio en la realación entre las dos fuerzas políticas ya que «está vigente la hoja de ruta de las dos formaciones» y del acuerdo que alcanzaron para formar Gobierno y que, ha puntualizado, fue muy «meditado».

En este sentido, ha recordado que tanto el presidente Pedro Sánchez como el propio Pablo Iglesias han transmitido que el acuerdo «está en vigor, de rabiosa actualidad» y se seguirá ejecutando en todas las áreas a las que afecta entre las que ha citado la vivienda, la protección social, la reforma laboral o el acuerdo de pensiones, entre otros, así como la ejecución del reparto de los fondos eropeos. «No esperamos una relación distinta», ha remachado.

Por lo tanto, ha señalado, los cambios en el Gobierno no harán que éste varíe el «rumbo» que está expresado «muy claro» en el acuerdo que firmaron las dos formaciones del Ejecutivo de coalición, el PSOE y Unidas Podemos. Este rumbo, según la Portavoz del Ejecutivo consiste en «no dejar a nadie atrás» mediante las medidas que se están adoptando para minimizar el impacto económico y social que tiene la pandemia en la población.

Al hilo de esta afirmación, ha recordado que las medidas adoptadas hasta ahora han supuesto movilizar recursos que equivalen al 20 por ciento de Producto Interior Bruto (PIB), la última de ellas, según ha recordado, fue la acordada el pasado viernes para reforzar la solvencia de las empresas y está dotada con 11.000 millones, 7.000 de ellos en ayudas directas.

HACE UNA LLAMADA A TENER EN CUENTA LA REALIDAD DE LOS CIUDADANOS

Al hilo de las novedades informativas de los últimos días, Montero ha afirmado que la actualidad va a un «ritmo vertiginoso» y no da tiempo a «digerir» una información cuando ya hay otra que se solapa.

Pero según ha afirmado, «esa actualidad justifica hacer una llamada a la realidad que viven los españoles» y es, según ha precisado, que la vida de los ciudadanos «lejos de lo que aparece en los titulares de prensa» está atravesada por la «dureza de la pandemia», que está produciendo sufrimiento en los ciudadanos por los fallecimientos y los enfermos que provoca el virus, pero también por las consecuencias que ha traído en materia económica y social.

LAMENTA QUE ALGUNOS PARTIDOS BUSQUEN BENEFICIO EN LA DIVISIÓN

Ha recordado también que este domingo pasado se cumplió el primer año desde que se decretó el estado de alarma y esta introducción la ha servido para apuntar que «lamentablemente» algunos partidos creen que la «polarización y la división» les beneficia.

Montero hacía referencia así a la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid de convocar elecciones anticipadas para el 4 de mayo, aunque sin mencionarla expresamente, a raíz de la moción de censura que presentó el PSOE en Murcia junto con Ciudadanos para desplazar al PP de ese gobierno autonómico.

Pero tras la decisión de tres diputados de Ciudadanos de no respaldar esa moción, ha dejado claro que «este Gobierno considera que es de una gravedad extrema las prácticas de transfuguismo», que ha calificado de «corrupción» y que, según ha dicho «nada favorecen a la calidad democrática».

Y apelando al PP, aunque sin citar a este partido, ha dicho que se espera de las fuerzas políticas que tienen funciones de Gobierno «un compromiso real y no impostado con los valores democráticos».

Montero considera que no atender a los pactos antitransfuguistas que vinculan a los partidos «no es la mejor carta de presentación» y ha instado a los populares a que sean ejemplares.

La Audiencia Provincial de Vizcaya ha condenado a un hombre a una pena de siete años de prisión, por un delito de asesinato en grado de tentativa, al intentar matar en julio de 2019 en el domicilio conyugal de Portugalete a su entonces mujer, de 63 años, a la que propinó varios golpes en la cabeza con una porra de defensa, que tenía en su poder ya que era vigilante de seguridad, y a la que acuchilló. La víctima peleó con su agresor, del que logró zafarse, y pidió auxilio a una vecina, que alertó a la Ertzaintza.

El tribunal aplica las circunstancias agravantes de parentesco, de cometer el delito por razones de género y la atenuante muy cualificada de embriaguez. Además, le prohíbe acercarse a su mujer a una distancia inferior a 500 metros, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro en que se encuentre o frecuente. El acusado también tiene prohibido comunicarse con la víctima por cualquier medio o procedimiento por plazo de quince años.

Una vez cumplida la pena privativa de libertad, la sentencia impone al acusado la medida de libertad vigilada, consistente en el sometimiento a un tratamiento médico de deshabituación externo por plazo de cinco años, ya que presenta un trastorno por consumo perjudicial de alcohol, con patrón de dependencia.

Además, éste tendrá que indemnizar a su mujer en la cantidad de 1.020 euros por las lesiones sufridas, 3.800 euros por las secuelas y 25.000 euros por los daños morales.

HECHOS PROBADOS

La resolución judicial considera probado que, a fecha de julio de 2019, cuando ocurrió el intento de asesinato, el acusado convivía con su mujer y uno de sus hijos en Portugalete. En los dos últimos años de convivencia, la relación se encontraba deteriorada, se habían planteado la posibilidad de divorciarse un año antes de los hechos, pero no continuaron adelante con los trámites y siguieron conviviendo en el domicilio familiar, haciendo vidas separadas.

Sobre las 15.15 horas del 4 de julio de 2019, la mujer, tras llegar de hacer la compra, se dirigió a la habitación a cambiarse de ropa, momento en el que su marido aprovechó que ésta se encontraba de espaldas para propinarle cinco o seis fuertes golpes en la cabeza con una porra de defensa de 48 centímetros de longitud, que tenía con motivo de su profesión de vigilante de seguridad.

La víctima, que empezó a sangrar por la zona de la cabeza, consiguió volverse y al ver que él tenía aún la porra en la mano, intentó quitársela para evitar que la siguiera golpeando. Se produjo un forcejeo con la porra y ella, para liberarse, le propinó una patada en la zona de los genitales.

En el transcurso de la pelea, el acusado agarró a su esposa con fuerza por los brazos, cogió un cuchillo de 21,5 centímetros de largo y hoja de 9 centímetros, y lo dirigió directamente al cuello de su mujer, propinándole una primera cuchillada que le impactó en la zona de la barbilla. Acto seguido, se lo clavó en el cuello, lo que provocó que la víctima empezara sangrar abundantemente también por esta zona.

La mujer, para salvar su vida, intentó quitarle el cuchillo, lo que consiguió, momento en que éste le mordió la mano y en el brazo, pese a lo cual ella no soltó el cuchillo y a gritos pidió auxilio diciendo «que me mata, que me mata, llama a la policía que me quiere matar», dirigiéndose a su vecina.

SOCORRIDA POR UNA VECINA

La mujer se fue poco a poco escurriendo por la puerta de la cocina que da a un patio interior, donde fue socorrida por una vecina del patio colindante. La vecina, que la oyó pedir auxilio, llamó a la Ertzaintza, por lo que agentes acudieron pocos minutos después.

Como consecuencia de la acción, la víctima, de 63 años de edad, sufrió diversas lesiones que precisaron para su cura, además de una primera asistencia facultativa de tratamiento médico-quirúrgico.

No se vieron comprometidos órganos vitales, aunque la localización de algunas de las heridas (región cervical y cabeza) y la afectación vascular que se produjo en la herida cervical y que requirió de contención mediante un punto de hemostasia, «son indicadores de un riesgo potencial para la vida de la agredida, por subyacer en estas localizaciones órganos vitales y estructuras vitales».

El período de estabilización fue de 18 días y, como consecuencia de los hechos, la víctima muestra una reacción emocional «compleja. compatible con un trastorno por estrés postraumático complejo, propio de las vivencias cronificadas de violencia». Además, precisa tratamiento psiquiátrico.

El periodista y escritor Xavier Bosch ahonda en el amor fraternal entre tres hermanos y en el «escándalo» del negocio de los bebés robados en España hasta 1990 en su última novela ‘La dona de la seva vida’, publicado por Columna Edicions en catalán y por Ediciones Destino en castellano.

En rueda de prensa este martes, ha explicado que la novela propone una doble trama que ha escrito desde el amor y la rabia: una, plasma la relación entre hermanos que tienen miradas divergentes sobre la vida, y otra investiga una de las verdades «más escondidas en Catalunya y España», que ha afectado hasta 300.000 familias en la historia reciente, según él.

La trama arranca cuando uno de los hermanos Estrada, Joel, que está inmerso en una investigación para un documental de niños robados, descubre una historia que pondrá en peligro la estabilidad familiar y la de sus otros dos hermanos, Raimon y Victoria.

Así, Bosch se sumerge en la investigación y el misterio sobre una verdad oculta que, explicando casos reales desde la ficción, condena de forma contundente los casos de bebés secuestrados en los últimos 50 años en España y la «cultura de silencios y complicidades inexplicables.

ROBO DE RECIÉN NACIDOS «EN DEMOCRACIA»

Para el autor, el negocio de los bebés robados ha sido, en sus palabras, una práctica muy común en el España, y ha acusado a Fiscalía y administraciones de «mirar hacia otro lado» por no haber creado aún un banco de datos que permita buscar los hijos que fueron usurpados de sus senos familiares durante el franquismo.

Ha recordado que desde la ONU se especifica que el robo de menores es un ‘crimen contra la humanidad’ y un delito que no puede prescribir, y ha alertado de que en España «sí prescriben» y los responsables quedan, en la gran mayoría de casos, impunes.

Ha lamentado que los casos de bebés robados en un mundo poco explorado y silenciado por contar, dice, con la complicidad de los medios de comunicación y de las estructuras de poder: «Los medios tampoco hemos hecho los deberes con este asunto, y han sido cómplices de este secuestro perpetuo.

Así, ha urgido a la opinión pública a desvincular esta lacra de únicamente «monjas y dictadura, porque también ha pasado en democracia y en estamentos públicos», ha señalado.

Ha explicado que su interés por este tema nació en 2012, cuando el programa ‘Ágora’ -del que era presentador– dedicó un capítulo al «escalofriante» negocio de los bebés robados, que recogía el testimonio de una familia cuyo caso fue archivado por la justicia.

Después del proceso de investigación, Bosch empezó a escribir la novela en diciembre de 2019 y desarrolló casi la totalidad de la obra durante el confinamiento domiciliario decretado a raíz del coronavirus, algo que recuerda como «una liberación para no pensar» en las limitaciones y el impacto de la pandemia.

MIRADA «IMPLACABLE» SOBRE LA INTIMIDAD

Por su parte, la editora de Columna, Gloria Guasch, ha reivindicado la madurez literaria de Bosch y su «experiencia en las relaciones humanas para construir las intimidades, su mirada implacable y realista en el mundo de la pareja, la intimidad y la química del amor», algo que afirma que se refleja en la novela.

Ha destacado que la trama evidencia la importancia de poner al periodismo de investigación al servicio de la sociedad para desvelar «una de las verdades más oscuras de la sociedad española, que aún no ha sido resuelta».

Con ‘La dona de la seva vida’ Bosch vuelve al mundo de la novela literaria después de ‘Algú com tu’, con el que se alzó con el Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull 2015, ‘Nosaltres dos’ y ‘Paraules que tu entendrás’, publicados por Grup 62.

El Papa ha hecho hincapié en la «aportación determinante» que jugarán las mujeres en el mundo post-covid al tiempo que ha manifestado que la humanidad no puede seguir «aceptando la desigualdad y el desgaste del medio ambiente».

«Si somos hábiles al incluirlas en los procesos, podrán dar aportaciones determinantes», ha dicho el Papa en relación al papel decisivo que ocupará la mujer en la reconstrucción social tras la pandemia.

Francisco ha apostado nuevamente por un modelo de «desarrollo sostenible» que se implemente tras la pandemia del Covid-19 en el nuevo libro del vaticanista del diario italiano ‘La Stampa’, Domenico Agasso. «En la vida hay momentos de oscuridad. Muchas veces pensamos que no nos puede pasar a nosotros, sino a otras personas, en otros países», ha considerado el Papa tras constatar que finalmente «hemos acabado todos en el túnel de la pandemia».

En el extracto del libro-entrevista adelantado por el diario italiano, el Papa ha defendido que «dentro de tanto dolor, se pueden encontrar signos de reconstrucción». «La pandemia es una señal de alarma. Este tiempo de prueba puede convertirse en un momento para hacer elecciones certeras por el bien de toda la humanidad», ha explicado.

El Papa ha aseverado que «no se puede seguir admitiendo que se fabrique y trafique con armas, gastando cantidades ingentes de dinero que deberían usarse para curar a personas y salvar vidas». «No se puede seguir dejando de lado que existe un círculo vicioso formado por violencia armada, pobreza y explotación desenfrenada del medio ambiente», ha agregado.

Para el Papa, este es «un círculo que impide la reconciliación, alimenta la violación de los derechos Humanos y obstaculiza el desarrollo sostenible». Contra esta realidad que está «asfixiando el futuro de la humanidad», Francisco ha apuntado, además, que es necesario «una acción política fruto de la concordia internacional. Fraternalmente unidos, los seres humanos son capaces de afrontar los problemas comunes». «Si esto no se hace, antes o después acabaremos por destruir el planeta», ha recalcado.

Para el pontífice el camino de la salvación de la humanidad pasa por la «reflexión de un nuevo modelo de desarrollo que ponga como factor indiscutible la armonía entre los pueblos y la creación. Siendo conscientes de que cada acción individual no queda aislada, para bien o para mal, sino que tiene consecuencias para los demás, porque todo está conectado».

La Audiencia de Cantabria ha confirmado el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, que acordaba seguir las actuaciones contra los exaltos cargos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) Francisco Javier González y a Alejandro Rojo, imputados por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con supuestas irregularidades en contratos de obras en la pasada legislatura al considerar que había «indicios razonables de criminalidad».

En una resolución recientemente notificada y que no puede ser recurrida, la Sección Primera de la Audiencia ha rechazado de este modo los recursos presentados por las dos personas investigadas en la causa, Alejandro Rojo, exdirector gerente de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud (SCS), y exsubidector de Gestión Económica, Francisco Javier González, al entender que sí existen hechos que indiciariamente pueden constituir delito.

Además, también desestima el recurso formulado por el Ministerio Fiscal que pretendía incluir en los hechos susceptibles de enjuiciamiento las obras de ampliación del Hospital Virtual, según ha informado en una nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

Según se desprende del auto de la Audiencia, «sin perjuicio de lo que a la luz de la prueba que se practique en el acto del juicio pudiera resultar, los hechos por los que se acuerda seguir el procedimiento y su carácter, en principio, susceptible de ser encuadrado en el delito de prevaricación, constan suficientemente fundados en términos indiciarios».

En este punto, alude la Sala a los documentos aportados en la causa, como el informe elaborado por el instructor del expediente que se siguió en la Consejería de Sanidad que, según indica el auto, «apunta ya que las tres empresas adjudicatarias de dichas obras tienen unas mismas personas de contacto responsable, apreciándose insuficiencias en el soporte documental justificativo del gasto».

También alude al informe definitivo de la Intervención General del control financiero permanente de contratación administrativa que «expresamente hace constar que además de estar las propuestas formuladas por un órgano no competente» y de contener «contradicciones entre los plazos indicados de ejecución y los de las memorias», «estima que se ha producido un fraccionamiento del objeto del contrato».

A ello, suma el tribunal el hecho de que el SCS tenía concertado un servicio de mantenimiento integral de todos los centros adscritos a la Gerencia de Atención Primaria, «cuyo objeto lo constituía precisamente el mantenimiento de todos los centros de salud».

DESESTIMADO EL RECURSO DE FISCALÍA

Por otro lado, el recurso presentado por la Fiscalía, al que se adhirió el Partido Popular, que está personado como acusación en la causa, también ha sido desestimado por diferentes motivos.

Respecto a él, la Audiencia ha señalado que, «pese a la evidencia de las irregularidades en la tramitación administrativa de la contratación puestas de relieve por el interventor general» y «pese a que no se puedan negar ciertas sospechas e en sentido apuntado por el Ministerio Fiscal, no cabe apreciar la existencia de indicios sólidos de que efectivamente haya habido un fraccionamiento contractual».

En este sentido, ha aludido al informe de Intervención que expresamente señala que «a pesar de que los cuatro contratos tenían como objeto la realización de obras en el edificio, en ningún momento se fraccionó el contrato con la finalidad de disminuir la cuantía o eludir los requisitos de publicidad y los relativos al procedimiento de adjudicación».

«La tramitación de estos expedientes como contratos menoresindividualizados se acordó porque se plantearon y analizaron como obrasdiferenciadas con aprovechamientos separados y sustantividad propia quepermitían una ejecución por separado», señala el informe de Intervención y reproduce el auto de la Audiencia.

Junto a ello, explica el tribunal que en este momento procesal, en el que se dicta el auto de procedimiento abreviado, no sólo basta con determinar los hechos punibles, sino que además hay que identificar a las personas a las que se les imputan tales hechos.

En este sentido, a su juicio, «no se contiene dicha determinación en el escrito de recurso del Ministerio Fiscal ni tampoco en el de adhesión por parte de la representación procesal del Partido Popular, limitándose a pedir la inclusión de los hechos referidos al Hospital Virtual pero sin concretar a qué personas se les imputan».

Por ello, en el auto se señala que, «conforme a lo razonado y faltando la imprescindible determinación subjetiva, lo procedente es el rechazo del recurso».

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que juzga el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja ‘b’, ha acordado que tanto el ex presidente del Gobierno José María Aznar como el ex ministro de Defensa Federico Trillo puedan comparecer como testigos en esta vista oral por videoconferencia.

De esta manera, Aznar evitará, como ya hizo el ex secretario general de su partido Ángel Acebes, tener que desplazarse hasta la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, por lo que se ahorra el riesgo que conlleva, ante la pandemia de coronavirus, comparecer ante una sala con un importante número de partes personadas.

En la providencia del tribunal, con fecha de este lunes, no se resuelve sin embargo sobre la petición del expresidente Mariano Rajoy que también quería acogerse a esa opción. Sí que da el visto bueno a las peticiones de declarar de forma telemática del exdiputado del PP Jaime Ignacio del Burgo y de la empleada de Unifica –la empresa que realizó las obras de la sede del PP de la calle Génova– Noelia Fernández Muñoz.

Estos cuatro testigos, recuerda la Sala, invocaban el artículo 14.1 de la Ley 3/20 de fecha 18 de septiembre, que establece que «hasta el 20 de junio de 2021, inclusive, constituido el juzgado o tribunal en su sede, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que los juzgados, tribunales y fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello.

La Sala apunta que el tribunal cuenta con los medios técnicos necesarios para que presten su declaración testifical de forma telemática y recuerda que sus declaraciones están previstas para el 23, 24 y 25 de marzo.

Tanto Aznar como Rajoy habían solicitado al tribunal poder declarar el próximo 24 de marzo por videoconferencia, porque de esta manera se evitaran el paseillo de entrada en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares. Dado que la Sala no tiene inconveniente en la petición de Aznar, es muy probable, según fuentes jurídicas, que la petición de Rajoy corra la misma suerte.

Hasta la fecha ya han sido varios los testigos que han solicitado –y la Sala les ha dado su visto bueno– declarar de forma telemática. Uno de ellos ha sido Acebes, quien negó este lunes a preguntas de la Fiscalía haber tenido conocimiento de la existencia de una caja ‘b’ en el PP, así como haber percibido retribuciones en dinero negro, tal y como reflejan los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’. «Son rotundamente falsos y no se corresponden con la realidad», ha dicho sobre los apuntes del extesorero ‘popular’.

Entre el centenar de testigos propuestos también están los exministros María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos y Rodrigo Rato, y el expresidente del Senado Pío García Escudero. Cualquiera de ellos, o su totalidad, podrían solicitar que su declaración fuera también por vía telemática para evitar así el riesgo de contagiarse de coronavirus al asistir a la vista.

LA PRIMERA CITA DE AZNAR EN LA AUDIENCIA NACIONAL

A pesar de que la comparecencia de Aznar quedará deslucida al ser por vía telemática, ésta será la primera cita del expresidente con la Audiencia Nacional. Cabe recordar que su declaración fue solicitada por la acusación popular ejercida por Asociación Abogados Demócratas por Europa (Adade), que este mismo lunes protestó porque Acebes había podido seguir las declaraciones previas a la suya a través de Internet.

No obstante, Aznar deberá explicar qué sabe sobre la presunta contabilidad paralela de los ‘populares’. Fue en la comisión del Congreso que investigó la presunta financiación ilegal del PP, cuando aseguró que «no existe ninguna caja b» en su partido y negó el cobro o la orden de pagos de sobresueldos «ilegales» a dirigentes de la organización que presidió entre 1990 y 2004.

En cuanto a Rajoy, su testifical ha sido interesada por la misma acusación popular y por la de Izquierda Unida (IU). Fue precisamente Adade quien consiguió que este ex jefe del Ejecutivo compareciera ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó los primeros años de actividades de la trama Gürtel, que condenó al PP como partícipe a título lucrativo.

En aquella ocasión, en la que aún era presidente del Gobierno, afirmó que «jamás» supo nada de la presunta caja ‘B’ del PP porque su responsabilidad en el partido eran «políticas», no contables. Sin embargo, la Audiencia Nacional cuestionó la credibilidad a su testimonio y en su sentencia dio por acreditada la contabilidad paralela de la formación política, lo que provocó la moción de censura contra el Gobierno de Rajoy.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha destacado que era «obvio» que el futuro liderazgo en el espacio político debía recaer en la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y ha pronosticado que será después de las elecciones madrileñas cuando se empiece a hablar del debate sobre los procesos orgánicos para plasmar esa posición.

Además, ha subrayado que la «sintonía» de Díaz y el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, y ha destacado que ambos seguirán manteniendo una «unidad de acción» con independencia del lugar que ocupen.

Por tanto, ha rechazado aplicar marcos que se aplican a otros partidos, en alusión a una posible bicefalia en Unidas Podemos, dado que la «unidad de acción» está garantizada.

En rueda de prensa en el Congreso, que ha versado sobre la salida de Iglesias del Gobierno de coalición para ser candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Echenique ha admitido que se hablaba desde hace tiempo de la necesidad de nuevos liderazgos en Podemos.

Al respecto, el portavoz parlamentario ha detallado que era «obvio», no solo dentro de Unidas Podemos sino entre los votantes de la izquierda, que debía ser la ministra de Trabajo la que asumiera esa labor.

«Era evidente de que cuando Iglesias dejara de ser vicepresidente había que situar un liderazgo de Unidas Podemos en el Gobierno y creo que era evidente que Díaz se estaba demostrando no solo como la mejor ministra de Trabajo de la historia, sino que también despierta numerosos apoyos entre votantes de izquierdas y progresistas», ha remachado.

NO HAY RIESGO DE ADELANTO ELECTORAL

Echenique ha rechazado que la decisión de situar ya a Yolanda Díaz como futura candidata de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno entrañe sospechas de adelanto electoral y ha reivindicado que la coalición con el PSOE goza de «buena salud».

«Ya le gustaría a la derecha y extrema derecha, que lo vienen vaticinando. Eso no va a pasar y tendrán que esperar hasta 2023 a que haya convocatoria electoral», ha añadido.

Preguntado sobre si se producirá un relevo de Iglesias como secretario general de Podemos o cuándo asumirá Díaz la candidatura a la Presidencia del Gobierno, el diputado de la formación morada ha insistido en que están centrado en las elecciones y que, una vez pasen los comicios, será el momento de abordar desde decisiones «colegiadas».

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha defendido este martes que las entidades locales son «actores imprescindibles» de la cooperación internacional y por ello ha pedido que tengan «voz y voto» en la nueva arquitectura que resulte de la reforma que se dispone a acometer el Gobierno.

Caballero ha comparecido ante la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados, en la que precisamente se ha creado una subcomisión para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo con vistas a hacer propuestas de cara a la nueva ley y la reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que va a acometer el Ejecutivo.

Respecto a esta cuestión, el presidente de la FEMP ha considerado que hace falta dar «un salto cualitativo» en cuanto a la participación en el sistema de cooperación y cómo se rige el mismo, reivindicando que dada la importancia de la labor que realizan las entidades locales estas «tengan voz y voto».

«La reforma debe romper con la idea de que la cooperación internacional debe recaer en el Estado y las comunidades autónomas», ha sostenido, subrayando que «esto está obsoleto y está superado por la realidad.

Así, ha resaltado que las corporaciones locales realizan un contribución significativa «en términos cuantitativos» en lo que se refiere a la cooperación internacional. En 2017, desde la FEMP, se destinaron más de 55 millones de euros, que pasaron a 80 millones en 2018 y a más de 103 en 2019.

LA FEMP DESTINÓ 104 MILLONES EN 2020

«Calculamos que en 2020 fue en torno a 104 millones», ha precisado, insistiendo en que se trata de «cifras significativas» si se tienen en cuenta los presupuestos municipales y la «deficiente financiación de las corporaciones locales».

En este sentido, ha puesto como ejemplo el Ayuntamiento de Vigo, que preside, destacando que destina unos 250.000 euros a cooperación internacional y al desarrollo y eso no le ha impedido ser además el primer ayuntamiento europeo sin deuda.

Ante las dudas expresadas por la diputada de Vox Carla Toscano, que ha puesto en tela de juicio los beneficios para los ayuntamientos de su papel en la cooperación internacional y el impacto que destinar estos recursos puede tener a la hora de ofrecer servicios básicos a los ciudadanos, Caballero ha recalcado que «es compatible» y se trata simplemente de «una cuestión de sensibilidad política, de eficacia y de compatibilizar objetivos».

Asimismo, ha defendido que son los propios ciudadanos, que están «muy sensibilizados», los que reclaman este papel de las entidades locales en materia de cooperación dentro de «lo razonable, lo posible y lo coordinado».

COORDINACIÓN MEJORABLE

Precisamente, este es uno de los puntos en los que ha incidido el presidente de la FEMP de cara a la reforma, el de la coordinación entre los distintos actores de la cooperación internacional ya que considera que la situación actual es «manifiestamente mejorable». «Tiene que ser un sistema integrador y coordinado, en el que podamos consensuar estrategias», ha agregado.

En la actualidad, la FEMP está representada en la Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo pero es un órgano consultivo, ha indicado, subrayando que las entidades locales consideran que tienen que tener «más participación» por lo que ha apostado por su inclusión en el Consejo de Cooperación al Desarrollo, aunque también es un ente consultivo.

«Queremos estar en los roles de producción, de dirección, de realización y de montaje de toda la actividad» para lo cual, ha subrayado, hace falta un «cambio normativo en que formemos parte». Así, ha apuntado a que podría hacer falta, además del citado consejo, una comisión sectorial sobre esta materia «con voz y voto de las corporaciones locales» junto al Estado y las comunidades autónomas como ya está haciendo en otros ámbitos.

La portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes, tras lo ocurrido en Murcia, que el PP ha «respetado» el Pacto Antitransfuguismo y ha recalcado que «son otros los que tienen que dar explicaciones» por «romper» el acuerdo de gobierno firmado en 2019 en esa región.

Así se ha pronunciado Gamarra en una rueda de prensa en la Cámara Baja, tras la reunión de la Junta de Portavoces, después de que PSOE y Ciudadanos haya acusado al PP de vulnerar ese pacto y de «comprar» a tres diputados del partido naranja para que fracase la moción de censura presentada en Murcia contra el ‘popular’ Fernando López Miras.

Al ser preguntada expresamente si el PP se siente fuera del Pacto Antitransfuguismo a la vista de lo ocurrido en Murcia, Gamarra ha respondido que «en absoluto». «El Pacto está ahí y habría que preguntarles a aquellos que hace una semana promovieron una moción de censura porque ése es el origen de todo lo que estamos viviendo», ha manifestado.

Así, ha recalcado que Ciudadanos promovió una «automoción» de censura, «rompiendo los acuerdos» firmados con el PP en Murcia. «Y algunos de los firmantes no han estado de acuerdo y ése es el detonante de todo lo que estamos viviendo en la última semana», ha abundado, para recalcar que el PP está «dentro» del Pacto Antitranfuguismo.

Al ser preguntada después por la posibilidad de que otros partidos actúen igual que el PP en Murcia en otros puntos de España, Gamarra ha insistido en que el Partido Popular «ha respetado y respeta el Pacto Antitransfuguismo» y ha subrayado que son «otros» los que deberían ofrecer explicaciones al «romper los acuerdos que tenían» en Murcia, en alusión a dirigentes como Ana Martínez Vidal.

«Este partido no tiene nada que explicar porque todo esto no lo origina el Partido Popular sino que son otros quienes tienen que dar explicaciones de por qué rompían los acuerdos a los que habían llegado», ha proclamado Gamarra.

«LA CONFIANZA CON CS SE HA ROTO»

En cuanto a si el PP está dispuesto a entenderse con Cs en Madrid después de lo ocurrido o teme que ese partido inicie una política de alianzas con el PSOE, Gamarra ha señalado que los madrileños tienen la capacidad de expresarse en las urnas y, por lo tanto, «serán ellos lo que decidan» con su voto.

Dicho esto, Gamarra ha asegurado, en línea con las declaraciones del secretario general del PP, Teodoro García Egea, que la «confianza» con el partido que lidera Inés Arrimadas «se ha roto» tras lo ocurrido esta última semana.

Los Reyes de España, Felipe y Letizia, han visitado este martes la Real Fábrica de Tapices, con motivo de su 300 aniversario, donde han visto trabajar a maestros y artesanos con las mismas técnicas centenarias que la han convertido en un referente internacional en el campo de la fabricación y restauración de tejidos.

Según ha informado la Casa de S.M. el Rey en un comunicado, la visita de los Reyes comenzó en la Sala Francisco Bayeu con la presentación de los cuatro paneles Historia de la Real Fábrica de Tapices, Tapices, Alfombras y Restauración.

A continuación, se dirigieron a la galería para observar la Acuarela de Florit de la antigua Real Fábrica de Tapices y el Tapiz ‘Hechos de los Apóstoles’ del Rey Felipe III.

Además, recorrieron el Primer y el Segundo Obrador, donde observaron las labores de fabricación y de restauración de tapices y de alfombras, como el encargo del Palacio Real de Dresde, que fue bombardeado en la Segunda Guerra Mundial y está siendo reconstruido con la colaboración de la Real Fábrica de Tapices, que ha ganado el concurso internacional convocado por el Land de Sajonia para la fabricación de tapices.

En la Sala Teniers, los Reyes descubrieron una placa conmemorativa de su visita y recibieron un Tapiz la Cepa (pequeño tapiz realizado por los alumnos de la escuela taller en 2014). Seguidamente, en el jardín de la Fábrica, visitaron una colección de plantas tintóreas.

Los Reyes finalizaron su recorrido en la nave de restauración textil, donde se encuentra la piscina de inmersión de lavado de tapices y la sala de tintes, y donde contemplaron las restauraciones, entre otras, de uniformes históricos de niños alabarderos de la Guardia Real y de un escudo de España de Presidencia del Gobierno.

Durante la visita a la Real Fábrica de Tapices, los Reyes estuvieron acompañados por el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; y por el consejero de Educación y Juventud y consejero de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid y presidente del Patronato de la Real Fábrica de Tapices, Enrique Ossorio, quien ha destacado la importancia de la Real Fábrica como institución centenaria de la Comunidad de Madrid desde su fundación en la capital en 1721, según ha informado el Gobierno refional.

LA REAL FÁBRICA DE TAPICES

Fundada por Felipe V, la manufactura pronto se convertiría en un referente europeo para la fabricación de tejidos de lujo, gracias a la colaboración entre tejedores y pintores de la talla de Mengs, Bayeu o Goya.

Desde su establecimiento para atender, entonces, las necesidades de fabricación y restauración de tapices de la Corona, la Real Fábrica de Tapices fue ampliando su actividad a la elaboración de alfombras, y ya, en el siglo XIX, a reposteros nobiliarios, institucionales, y en el sigo XX a la restauración, conservación y limpieza de alfombras.

En 1996 y ante la difícil situación que atravesaba la misma, en manos particulares, se decidió por parte de las Administraciones Públicas hacerse cargo de ella, estableciéndose como Fundación, cuyo Patronato lo forman: Patrimonio Nacional, Patrimonio del Estado, Ministerio de Cultura, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y una serie de patronos a título individual.

Sus instalaciones situadas en Atocha en Madrid fueran declaradas Bien de Interés Cultural en 2006.

Actualmente la Real Fábrica de Tapices se dedica a sus actividades tradicionales, como la fabricación de tapices (con pedidos del Gobierno de Sajonia, Banco de España o particulares, fabricación y restauración de alfombras, fabricación de reposteros para universidades, fundaciones, colegios profesionales).

Cuenta desde hace dos años con una unidad de restauración textil, integrada con por titulados universitarios con master y/o doctorado en restauración textil, que aborda trabajos de cualquier naturaleza, desde mantones de Manila, uniformes, banderas, guiones procesionales, ornamentos litúrgicos, reposteros, tapices, entre otros.

Su profesionalidad ha sido reconocida, por ejemplo, por la Fundación Rey Balduino de Bélgica en 2019 como mejor empresa de conservación de Patrimonio, y clientes como Gobierno del Reino Unido para la restauración de sus tapices en la embajada de Francia en Paris, embajadas de Brasil y Alemania en Madrid le han encargado la intervención en sus tapices.

Decenas de clientes como catedrales, Fundaciones, diversas administraciones públicas continúan acrecentando la confianza en los trabajos artesanales, sostenibles, y con un enfoque de calidad, sostenibilidad y reciclaje que se ha plasmado, hace unas semanas, en l obtención de la Norma de Calidad ISO 9001.

El futuro de la Real Fábrica de Tapices pasa por continuar con el proceso de internacionalización, captando clientes de nuevos mercados, especialmente en Oriente Medio, Colombia y México.

El acusado de abusar sexualmente de una menor ha defendido en el juicio, que se ha retomado en la Audiencia Provincial de Ourense, que «no sabía su edad», que «creía que tenía 16 años», y que «fue consentido» porque era su «novia».

Los hechos se remontan a mayo del 2018 cuando, según el escrito fiscal, «con conocimiento de que tenía solamente 14 años», el encausado, de 20, comenzó una relación consentida con la menor y, en ese mismo mes, mantuvo relaciones sexuales completas con ella al menos en dos ocasiones. La relación terminó un mes más tarde cuando se enteraron los padres de la menor.

El Ministerio Público lo acusa de un delito de abuso sexual y ha elevado a definitivas sus conclusiones solicitando 9 años de prisión, además de la prohibición de comunicarse, acercarse a la víctima, a su domicilio y a su lugar de trabajo durante 5 años, durante los cuales pide el régimen de libertad vigilada.

La letrada del encausado ha solicitado la libre absolución para él amparándose en el artículo 183 quáter del Código Penal, este establece como excusa absolutoria que el autor sea «una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez».

Para corroborarlo, la abogada ha presentado el informe realizado por dos psicólogas del Imelga de Lugo, quienes han declarado en la sala avalando que «el grado de madurez y desarrollo emocional del autor es inferior a su edad».

Las dos condiciones para que se pueda aplicar el artículo solicitado son que se demuestre el grado de madurez inferior, para aproximarse en edad a la víctima, y que haya libre consentimiento.

Por su parte, el acusado ha afirmado haber mantenido relaciones con la menor, pero alegando que «no sabía que tenía menos de 16 años» y aseverando que en todo momento fueron consentidas porque era su novia.

PETICIÓN DE LIBRE ABSOLUCIÓN

Asimismo, ha afirmado que no tenía un lugar constante de residencia sino que, a pesar de estar cobrando la Risga, llegó a vivir en la calle durante un periodo de tiempo, en concreto en una casa abandonada donde tuvieron lugar las relaciones.

Para el encausado, quien actualmente se encuentra en prisión por un delito menor, su letrada pide la libre absolución y, en caso de condena, el atenuante por drogadicción de largo consumo corroborado por el forense. El juicio ha quedado visto para sentencia.

El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha recomendado al Gobierno que refuerce el fomento de la biomasa forestal para el aprovechamiento energético dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), para que este se realice bajo estrictos criterios de sostenbilidad, evitar deficiencias en el régimen de control de los aprovechamientos de biomasa forestal residual a nivel autonómico, y aumentar la transparencia y el acceso a la información sobre el abastecimiento sostenible de la biomasa y su uso energético en el sector eléctrico.

La entidad ha presentado su informe ‘Biomasa forestal: Régimen jurídico de su aprovechamiento energético en España’, en el que analiza el contexto de la biomasa en el sector eléctrico español y el marco normativo europeo que rige su desarrollo, así como la legislación forestal que regula los aprovechamientos maderables y leñosos de biomasa forestal a nivel estatal y en 11 comunidades autónomas, con presencia de plantas de generación eléctrica, y proporciona una serie de recomendaciones.

El informe analiza la eficacia del marco jurídico español para garantizar el aprovechamiento sostenible de la biomasa forestal y revela carencias en el régimen de control de algunas comunidades autónomas. En concreto, identifica 58 plantas de generación eléctrica con biomasa sólida (41 operativas y 17 en fase de proyecto).

Para los abogados ambientales la descarbonización del sistema energético mediante con energías renovables es «fundamental» para alcanzar la neutralidad climática en 2050.

El informe incide en que el aprovechamiento energético de la biomasa forestal solo debe permitirse bajo estrictos criterios de gestión forestal sostenible que garanticen el correcto manejo y protección de los bosques; un ecosistema terrestre de crucial importancia en la lucha contra dos de las principales amenazas del siglo XXI: el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Para alcanzar este objetivo en España, el IIDMA considera que las comunidades autónomas tienen un papel fundamental en la regulación y control de los montes en su territorio, los aprovechamientos forestales maderables y leñosos entre los que se incluye la biomasa forestal. A su juicio, estas deben asegurar su producción sostenible bien sea a través de cortas de arbolado como del aprovechamiento de biomasa residual (restos de cortas, podas, desbroces y otros trabajos silvícolas sobre terreno forestal).

En la actualidad, la biomasa todavía ocupa un papel residual en el mix energético y representaba a finales de 2019 menos del 1,1 por ciento del total de la potencia nacional instalada. El PNIEC 2021-2030 establece que la biomasa acompañar el proceso de transición energética.

El informe compara la legislación forestal de las 11 comunidades autónomas y evidencia las diferencias significativas en el nivel de control administrativo de los aprovechamiemntos de biomasa forestal entre regiones.

Según los resultados, Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Navarra y el País Vasco (provincias de Álava y Gipuzkoa) cuentan con un marco normativo en materia forestal más riguroso y que ofrece mayores garantías de gestión sostenible de la biomasa, incluida la de origen residual.

Por el contrario, el informe evidencia un sistema de control más deficiente, aunque en diferente medida, en Asturias, Cantabria, Cataluña y País Vasco (Vizcaya), en las que solo se realiza un control de las cortas de arbolado, pero se omite el control de la biomasa residual.

La abogada ambiental de IIDMA, Alba Iranzo, ha manifestado que el «aumento de demanda de biomasa forestal para uso energético que prevé el PNIEC a 2030 debe ir asociado a una producción verdaderamente sostenible, por lo que es de vital importancia que la Comisión Europea adopte, cuanto antes, una postura clara acerca del reforzamiento de los actuales criterios de sostenibilidad de la biomasa en el sector de la electricidad y desarrolle con urgencia orientaciones operativas que arrojen claridad sobre su implementación por parte de los Estados miembros».

Aumenta el optimismo de la población respecto a la actual situación de la pandemia, un 44,7 por ciento considera que lo peor ya ha pasado, lo que supone 28 puntos más con respecto al pasado mes (16,7%), según muestra el barómetro de opinión realizado en marzo por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El dato contrasta con los que afirma que lo peor está por llegar, que también bajan por segundo mes consecutivo; así, supone una bajada de hasta 12 puntos menos desde febrero (del 24,5% al 13,5%). Y con los que afirman que la situación generada por el coronavirus en España se encuentra en el peor momento, que baja más de 20 puntos. Siendo la opinión refrendada este mes por el 26,9 por ciento, frente al 47,3 por ciento que lo opinó en febrero.

La encuesta, que ha sido realizada entre el 1 y el 11 de marzo a 3.820 ciudadanos, muestra que hasta un 26 por ciento ha tenido que contactar con los servicios sanitarios por pensar que tenía síntomas relacionados con el coronavirus o por otras causas relacionadas con el coronavirus; de estos el 61 por ciento contacto con su médico de Atención Primaria, el 14% con un teléfono 900 que la comunidad puso para estos caso, y hasta un 8 por ciento con el servicio de urgencias del Hospital.

Al 79 por ciento de los que acudieron a pedir asistencia se les realizó la prueba del coronavirus y, de estos, solo a un 33 por ciento se les diagnosticó la Covid-19. Es decir, del total de los encuestados por el CIS un 6,8 por ciento fue diagnosticado con el coronavirus, de ellos hasta el 15,5 por ciento ingresó en el hospital; un 70% tuvo síntomas leves y la paso en casa y el 17,1 tuvo síntomas importantes, pero no ingresó en el hospital.

AUMENTA LA POBLACIÓN QUE CONOCE A ALGUIEN CON CORONAVIRUS

Por otro lado, se mantiene la población que afirma que ha tenido a algún familiar no conviviente con coronavirus, al igual que el mes pasado esta afirmación es confirmada por el 45,5 por ciento. Mientras sube más de 4 puntos los que señalan que algún amigo ha padecido el covid-19 y otros 4 puntos (hasta el 82,3%) los que conocen a alguien que ha tenido el coronavirus.

En cuanto a la población que conoce a alguien que haya fallecido, el 9,3 tienen algún familiar no conviviente fallecido – sube casi un punto con respecto al mes anterior que se situó en el 8,8%-; el 11,1 por ciento ha perdido a algún amigo – sube 2,3 puntos con respecto a febrero- y hasta el 33 por ciento a algún conocido, lo que supone una subida de casi tres puntos.

BAJAN LOS VEN SU VIDA AFECTADA POR LA COVID

Preguntados por cómo les está afectado a su vida personal, se observa una bajada de dos puntos con respecto al pasado mes. Así, el 64 por ciento afirma que todo lo que sucede le está afectando mucho o bastante; mientras se mantiene el 14 por ciento al que no le está afectado nada o casi nada, y se sitúa en un 20 por ciento los que dicen que les está afectando algo. Al hablar de la vida social, siguen siendo más los que dicen que les está afectado mucho o bastante en sus relaciones aunque baja dos puntos este mes (del 77% al 75,2%), mientras baja un puntos los que señalan que no lo están notando casi nada y se sitúa en el 13% los que lo notan algo.

En cuanto a cuáles son los aspectos que más les afecta en la vida personal, por orden la población mantiene el distanciamiento con los seres queridos como principal aspecto (33,1%); las restricciones y libertad de movimientos (32,1%); el aislamiento y el confinamiento (15,9%); los cambios en la vida cotidiana (15,6%); el trabajo o economía personal (15,4%); el l estado anímico negativo (ansiedad, tristeza…) (13,7%); el miedo al contagio suyo o de otras personas (8,8%) y por el cambio de las condiciones laborales (7%).

Finalmente, se observa una relajación en la medidas de control. Al margen de las medidas oficiales para el control de la COVID tomadas por las autoridades desde que estamos bajo lapandemia, hasta un 4,4 por ciento afirma que hace vida normal y no sigue medidas propias.

Hasta 17 puntos baja la población que señala que la principal medida contra el coronavirus que sigue es la de tener cuidado con lo que toca o dónde va, pero que en lo demás hace vida normal (del 42,3% de febrero al 25,1% de marzo); bajan también hasta 16,7 puntos en un mes los que afirma que permanece prácticamente en aislamiento, saliendo de casa sólo para adquirir alimentos y para ir a consultas médica (40,8% a 24,1%). Asimismo, baja al 1 por ciento de la población manifiesta realizar todas las recomendaciones sanitarias recomendadas.

La portavoz del Govern en funciones, Meritxell Budó, ha pedido este martes corresponsabilidad a los ciudadanos para cumplir con las restricciones por la pandemia de Covid-19 de cara a Semana Santa: «Seamos conscientes y corresponsables con nuestra actitud».

«Aunque nos podemos ir de vacaciones, lo tenemos que hacer conscientes de que todavía hay medidas que están vigentes. Nos quedemos en la primera residencia o nos vayamos de vacaciones, las restricciones son las mismas», ha advertido Budó en rueda de prensa tras el Consell Executiu.

Ha recordado que estará permitida la movilidad dentro de toda Catalunya con la burbuja de convivencia por Semana Santa –a no ser que empeoren los datos epidemiológicos–, y ha insistido en la necesidad de que los ciudadanos «se comporten con corresponsabilida».

Budó ha señalado que en los próximos 15 días se verá si se puede avanzar en la repaertura, y ha asegurado que, si hubiera indicadores que permitieran hacerlo, podrían abordarlo con los sectores afectados «para que todo el mundo se pueda planificar correctamente, y no sea un anuncio de un día para otro».

Preguntada por si el Govern va tarde en la definición de las restricciones en este periodo vacacional, ha replicado que la medida «más importante para poder planificar la Semana Santa era la movilidad» y el levantamiento del confinamiento perimetral comarcal.

«Si hay alguna medida adicional que se pueda tomar por Semana Santa, será en función de los indicadores» y de lo que establezcan las autoridades sanitarias, ha remarcado Budó, que ha señalado que las restricciones vigentes desde este lunes podrían o no prorrogarse.

Sobre si el Govern plantea abrir la restauración en horario de cenas y retrasar el toque de queda, ha insistido en que las decisiones se tomarán en función de los datos sanitarios: «Tenemos 15 días para evaluar si cuando sea el momento podemos seguir avanzando en estas medidas».

VACUNAS DE ASTRAZENECA

Budó ha insistido en hacer un llamamiento a la tranquilidad a quien ha recibido la vacuna de AstraZeneca tras la suspensión de su administración de dos semanas tras detectarse casos de trombosis: «Se han producido 11 casos de seis millones de dosis administradas. La incidencia es muy, muy baja».

La consellera en funciones ha recordado que se seguirán administrando las vacunas de Pfizer y Moderna, y ha confiado en que pronto se pueda recuperar el calendario de vacunación para lograr la inmunidad de grupo y «recuperar la normalidad».

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha exigido este martes que el vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, dimita ya y abandone el Ejecutivo una vez que ha anunciado que va a ser candidato en las próximas elecciones madrileñas. Además, ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a aprovechar esa salida para reducir el número de vicepresidencias y ministerios.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra ha justificado además la dimisión de Iglesias asegurando que «se ha demostrado durante este último año que no ha hecho nada» en el Gobierno y que es un «vago redomado, pero elevado a la categoría de vicepresidente».

Por eso, ha defendido que deje cuanto antes el Gobierno porque su labor «nada aporta» al mismo. «Exigimos la dimisión inmediata de Pablo Iglesias en el Gobierno de España», ha abundado, para asegurar que su actividad ejecutiva este año ha sido «cero» pero sí que ha visto «muchas series» televisivas.

«Las series las ha visto todas pero a la hora de la realidad, los mayores, las residencias de nuestro país y aquellos que necesitan el Ingreso Mínimo Vital siguen esperando que la actividad del Gobierno les dé una solución», ha enfatizado.

NO USAR EL DINERO PÚBLICO Y SU POSICIÓN PARA HACER CAMPAÑA

Además, ha señalado que «no es de recibo es que se esté utilizando el dinero público y su posición de vicepresidente del Gobierno para hacer campaña electoral» en Madrid. «Esperamos que mañana sea su última sesión de control en el Congreso, venga a dar cuenta y a despedirse», ha apostillado.

Gamarra ha emplazado a Sánchez a aprovechar la «fantástica oportunidad» que ofrece la salida de Iglesias para hacer una remodelación y «racionalizar el gasto del coste del Gobierno de España», reduciendo vicepresidencias y ministerios.

La dirigente del PP ha destacado que su partido lleva pidiendo esa reducción del Gobierno desde el principio de la legislatura y ha recalcado que «ahora más que nunca» debe hacerlo ante la crisis económica que afronta España.

«Es el momento de reducir ese Gobierno y no que los españoles sigamos pagando el coste tan elevado que tiene una coalición, donde se buscan contentar los egos pero no pensar en lo que importa y lo que necesitan España y los españoles», ha afirmado.

En concreto, Gamarra ha defendido que Sánchez pase de cuatro vicepresidencias a una, «volviendo al modelo de un presidente y un vicepresidente», y que «unifique ministerios cuyas competencias fueron artificialmente repartidas». A su juicio, eso ayudaría a reducir también el gasto «innecesario» en asesores, directores y secretarios de Estado que «pagan» los españoles.

La portavoz del PP ha resaltado que en estos 14 meses ha quedado «demostrada la inutilidad de muchos ministerios». «Instamos a Sánchez a que reduzca el Gobierno en aras al ahorro, a la eficacia y a la eficiencia», ha agregado.

ESPERA QUE EL 4M SAQUEN A IGLESIAS «DE LA POLÍTICA»

Ante la declaraciones de Isabel Díaz Ayuso asegurando que hay que darle las gracias por sacar a Iglesias del Gobierno, Gamarra ha señalado que «efectivamente los españoles tenían que darle las gracias» y ha agregado que ella lo que espera es que el 4 de mayo «el resto de españoles den las gracias a los madrileños por sacar a Pablo Iglesias de la política».

La dirigente del PP ha subrayado que el líder de Podemos «generó mucha expectativa» al entrar el Gobierno pero «no consiguió nada, más allá de generar muchísima crispación y abandonar sus funciones», algo que, según ha dicho, han reconocido directores de residencias de mayores. Además, ha asegurado que Iglesias se ha dedicado a «destruir desde dentro del Gobierno el marco constitucional».

Al ser preguntada si cree que el movimiento de Iglesias puede hacer peligrar la mayoría del centroderecha en Madrid, Gamarra ha afirmado que «está quedando claro en las últimas horas que hay un todos contra Ayuso y, en este caso, liderado por Pablo Iglesias como candidato». En esta tesitura se ha mostrado convencida de que los madrileños lo van a «tener muy claro» el próximo 4 de mayo.

En cuanto a si cree que la salida de Iglesias del Gobierno aplacará las tensiones en la coalición o cree que con este paso están más cerca las generales, Gamarra ha dicho que no cree que «vaya a aplacarse absolutamente nada» y ha destacado el hecho de que el vicepresidente «renueve el Gobierno al presidente», al proponerle qué ministros debe nombrar.

A su entender, se podría aplacar en todo caso si llevara a cabo una reestructuración del Gobierno «reduciendo las vicepresidencias y el número de ministerios» porque eso permitiría que, «en vez de estar constantemente en guerras políticas y de egos, se esté pensando en España y en los españoles».

«HUYE ANTES DE QUE EL DESASTRE SEA MUCHO MÁS VISIBLE»

Preguntada cuál cree que ha sido el motivo por el que Iglesias abandona el Gobierno, Gamarra ha indicado que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos «no funciona» y es «un auténtico desastre», y lo que hace es «huir de él antes de que el desastre sea mucho más visible». «Más allá de cómo él muchas veces ha manifestad, le aburre soberanamente el interés de los españoles», ha aseverado.

En cuanto a si cree, después de que el PP haya acuñado el lema ‘Comunismo o libertad’, si el socialismo y el comunismo son ahora peores que los de Gregorio Peces Barba o Solé Tura, Gamarra ha dicho que «no tiene nada que ver» y ha añadido que «ojalá tuvieran hoy aquellos socialistas y comunistas». «El problema es que quien hoy dirige esos partidos han tomado una senda que se aleja de lo que es la concordia y el espíritu de la Transición», ha concluido.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha rehusado este martes comentar la decisión de Más Madrid de rechazar la oferta de Unidas Podemos para concurrir juntos en las elecciones autonómicas madrileñas del 4 de mayo y se ha limitado a mostrar su deseo de que, tras la contienda electoral, esos dos partidos y el PSOE sean capaces de «entenderse» y no pierdan de vista que «el adversario es la derecha cainita».

Así lo ha indicado la portavoz del Grupo Socialista en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso y en la que ha destacado la decisión del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de dejar el Gobierno para «ponerse al servicio de su partido» como candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

«Él se ha puesto a disposición de su partido y creo que es una buena noticia que las fuerzas políticas de izquierda superen el 5% de los votos», ha apostillado, en referencia al umbral necesario para que las distintas candidaturas puedan tener representación en la Asamblea Madrileña.

Tras destacar la «honestidad, preparación y solvencia» del candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, la dirigente socialista ha evitado opinar sobre la negativa de Más Madrid a concurrir a esos comicios en coalición con Unidas Podemos, como propuso Iglesias. «Eso son líneas estratégicas de ellos», ha dicho, dejando claro, eso sí, que el PSOE no irá en alianza con nadie. «Un partido con 142 años de historia se presenta con sus siglas», ha aseverado.

Nosotros estamos en salir a ganar con todos los resortes a nuestro alcance, explicando la necesidad de tener al frente de la Comunidad de Madrid a una persona responsable que no se deje llevar por la ultraderecha. De eso se trata, tenemos una oportunidad y lo podemos conseguir, cosa que no teníamos hace una semana», ha indicado.

¿A QUIÉN MOVILIZA MÁS IGLESIAS?

Preguntada sobre si la candidatura de Iglesias movilizará más a la izquierda o a la derecha, Lastra ha apuntado que ni quien se dedica la análisis político «se pone de acuerdo en eso» y ha hecho hincapié en que lo importante es que el día 4 de mayo «no se quede nadie en casa». «Así recuperaremos Madrid con un gobierno ejemplar y honesto que gestione por el bien de los madrileños», ha añadido.

Lastra tampoco ha querido opinar sobre el mensaje con el que la candidata de Más País, Mónica García, ha rechazado a la oferta de coalición de Iglesias y en el que, entre otras cosas, subraya que «Madrid no es una serie de Netflix» y llama a rebajar el nivel de «testosterona».

Eso sí, ha aprovechado su comparecencia para mostrar su deseo de que tras los comicios, PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid sumen, sean capaces de ponerse de acuerdo y tengan claro que «el adversario está en los depredadores de lo público» que han entrado en política «para enriquecerse ellos y sus amigos».

Respecto a las consecuencias que puede tener la salida de Iglesias del Gobierno y si el PSOE puede «respirar más tranquilo» tras esa decisión, Lastra ha recalado que el acuerdo de coalición es con Unidas Podemos, con independencia de las personas que se sienten en el Consejo de Ministros.

«El Gobierno de coalición funciona bien y así va a seguir siendo en el Gobierno, el Consejo y la Asamblea de Madrid», ha comentado, incidiendo en que van a cumplir lo pactado y subrayando que «quien realmente tiene problemas y está en una especie de operación depredadora y cainita es la derecha».

EL DISCURSO «GUERRACIVILISTA» DE AYUSO

Lastra también ha rechazado la posibilidad de un adelanto de las elecciones generales: «Ya hemos tenido suficientes elecciones en los últimos años, le queda mucho tiempo todavía al Gobierno de coalición», ha afirmado, a la vez que ha avisado de que el resultado de las elecciones madrileñas no se podrá extrapolar al de unas hipotéticas generales.

Lo único que, desde su punto de vista, sí se puede extrapolar a la política nacional es el discurso «incendiario y guerracivilista» que, ha resaltado, está haciendo la todavía presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para lograr «aglutinar a toda la derecha».

La portavoz del Govern en funciones, Meritxell Budó, ha exigido este martes «responsabilidad» al Gobierno central para abordar en el Congreso la proposición de ley de amnistía registrada por ERC, Junts, la CUP y el PDeCAT.

«El PSOE tiene ahora una oportunidad magnífica, que no es la de pasar página, de afrontar desde el diálogo y la negociación en la Cámara del Congreso la resolución del conflicto político», ha sostenido en rueda de prensa telemática posterior al Consell Executiu.

Según Budó, les preocupa que el PSOE tome decisiones «en función de intereses electorales, en vez de tener en cuenta el interés general» y que no sea capaz de afrontar los motivos que generan el conflicto político catalán.

En su opinión, aunque los socialistas hablan de diálogo practican «absolutamente lo contrario» como se evidenció cuando votaron en el Parlamento Europeo a favor de retirar la inmunidad del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí.

«¿Con la ley de amnistía, qué hará el PSOE? Probablemente volverán a votar con Vox, PP y Cs. Anuncian una cosa pero practican la contraria», ha criticado Budó, tras lamentar que el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transporte, José Luis Ábalos, ya haya cerrado la puerta a la posibilidad de abordar la ley de amnistía de los independentistas.

MESA DE NEGOCIACIÓN

La también consellera de Presidencia en funciones ha defendido que los conflictos políticos deben resolverse por esta vía, y esto significa «que debe haber una mesa de negociación entre los dos gobiernos para resolver políticamente lo que es un conflicto político».

«Los dos gobiernos deben empezar a sentarse y negociar. Negociar significa también ceder para llegar a un punto de acuerdo», ha añadido Budó, tras reiterar que la propuesta de la Generalitat pasa por poner sobre la mesa la ley de amnistía y el derecho a la autodeterminación.

Pese a reconocer que no serían unas negociaciones rápidas, ha preguntado al Gobierno central qué propuesta hacen para resolver el conflicto catalán que vaya «más allá de la represión, el exilio y la prisión».

SOBRE IGLESIAS

Tras la salida del Gobierno del vicepresidente, Pablo Iglesias, Budó ha admitido que el líder de Podemos ha manifestado «una sensibilidad diferente» a la hora de querer afrontar la resolución del conflicto catalán, aunque cree que la presencia de su partido en el seno del Gobierno no se ha materializado en demasiados resultados concretos.

Sobre la convocatoria de elecciones en Madrid, la portavoz del Govern ha expresado su preocupación porque, a su juicio, «todos los partidos españoles están tomando decisiones sólo teniendo en cuenta cálculos partidistas, en vez de tener en cuenta el interés general».