La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados ha rechazado este miércoles, con 15 votos a favor y 21 en contra, una Proposición No de Ley (PNL) de Ciudadanos que reclamaba acelerar la vacunación contra la COVID-19 habilitando los festivos o los fines de semana.

Grupos como PSOE, Unidas Podemos, PNV o los nacionalistas catalanes no han apoyado esta propuesta, alegando, entre otras razones, que es competencia autonómica y que el problema de ritmo es que «no hay suficientes vacunas».

El proponente, el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz, ha defendido que, pese a que el ritmo de vacunación en España «está por encima de la media europeo, sigue por debajo en cuanto a otros países que lo están haciendo francamente bien, como Israel». «Esos son los objetivos que tendríamos que perseguir. Pero se nos antoja difícil, porque tendríamos que estar poniendo un millón de dosis a al semana», ha argumentado.

La PNL recogía algunas medidas como «introducir el principio 24/7», es decir, vacunar «también en festivos y fines de semana, las 24 horas del día, hasta que estén vacunadas todas las personas mayores de 59 años y también aquellas con factores de riesgo».

Para evitar la sobrecarga de trabajo en los profesionales sanitarios, Ciudadanos ha reclamado que puedan vacunar los odontólogos, farmacéuticos, veterinarios y personal de las Fuerzas Armadas para «aumentar enormemente los puntos de vacunación».

Igualmente, pedían «habilitar polideportivos y otros espacios amplios como centros de vacunación masivos», así como en los coches, donde «se necesitan menos medios materiales». En el mismo sentido, el diputado popular Juan Antonio Callejas ha reclamado que el Gobierno «lidere un plan único y real». «Vacunar a toda la población lo antes posible debería ser el objetivo primordial del Gobierno», ha añadido al respecto.

Elvira Ramón Utrabo, del PSOE, ha recordado que la competencia última del plan de vacunación es «responsabilidad de las comunidades autónomas», en la misma línea que han expresado las diputadas Josune Gorospe (PNV) o Concepció Cañadell (PDeCAT).

Junto a esto, Ramón Ultrabo ha esgrimido que España «está en términos absolutos y relativos entre los primeros en vacunación». «Y no va a crecer linealmente, sino por la disponibilidad de dosis», ha agregado. «El problema es que tenemos pocas vacunas. Su PNL solo va a favorecer la mal llamada colaboración público-privada», ha sostenido también Rosa María Medel Pérez, de Unidas Podemos.

RECHAZO A EXIMIR DE IVA A TEST, GELES Y VACUNAS

Por otra parte, la Comisión de Sanidad y Consumo ha rechazado, al igual que la semana pasada, una PNL para que «excepcionalmente» y mientras dure la pandemia, el IVA aplicable a los test de autodiagnóstico, geles hidroalcohólicos y vacunas sea del 0 por ciento, dado que «se consideran pruebas diagnósticas, productos y medicamentos, de interés relevante en la prevención del contagio por coronavirus».

«Todo lo que gastemos en prevención nos lo estamos ahorrando en asistencia. Invertir en prevención es invertir en salud. Llevamos desde el 14 de marzo de 2020 insistiendo en que se eliminara el IVA de todos los productos que sirvan para prevenir los contagios», ha defendido la proponente, Carmen Riolobos, del PP.

La diputada popular ha calificado de «barbaridad» que las mascarillas FFP2 y FFP3 sigan teniendo un IVA del 21 por ciento. En este sentido, ha cargado contra el «afán recaudador» del Gobierno de Pedro Sánchez, pese a la insistencia de la oposición en que estén exentas de este impuesto.

Josune Gorospe, del PNV, ha recordado que «este tipo de productos están exentos de IVA cuando llegan a centros sanitarios, que es lo que debe importar». María Márquez Guerrero, de Unidas Podemos, ha reivindicado que «los impuestos son buenos»: «Los necesitamos para sostener y ampliar el Estado de Bienestar».

Josefa Andrés Barea, del PSOE, ha lamentado que es «la cuarta vez que se debate este tema en la Comisión». Al igual que han argumentado los socialistas en anteriores comisiones, la diputada ha justificado que la eliminación del IVA en mascarillas quirúrgicas supondría un ahorro de apenas dos céntimos por unidad, unos 60 al mes, para cada ciudadano. Asimismo, ha insistido en que los test de antígenos «ya están exentos de IVA».

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aprobado dos apercibimientos por infracción leve al titular de la central nuclear de Vandellós (Tarragona) y ha informado favorablemente el plan de gestión de residuos y combustible gastado de la planta de Santa María de Garoña (Burgos).

El pleno, que se ha reunido telemáticamente (no ha vuelto a reunirse físicamente desde la declaración de estado de alarma hace un año) y ha aprobado dos apercibimientos al titular de la central nuclear Vandellós II (Tarragona).

Los dos son por infracciones leves, relacionadas con el incumplimiento de los artículos 5 y 7.2 de la IS-21, sobre requisitos aplicables a las modificaciones en centrales nucleares.

Por otro lado, ha autorizado también la primera instalación de rayos X para esterilizar sangre antes de ser refundida. Se trata de una modificación del Banc de Sang i Teixits del Servei Català de la Salut, ubicado en Barcelona, que pasa así a disponer del primer equipo de este tipo que se instala en España y de menor riesgo que los actuales sistemas aplicados, que utilizan fuentes de cesio 137 de categoría 1.

En cuanto a Garoña, ha informado favorablemente del plan de gestión de los residuos radiactivos y combustible gastado que se implantará una vez que finalice el proyecto de acondicionado de los residuos de operación y se incorpore la nueva generación de residuos derivada de las actividades preparatorias para el desmantelamiento y a las relacionadas con el mantenimiento de la piscina de combustible gastado y la carga de elementos combustibles en contenedores.

Otro de los asuntos analizados por el pleno, y que ha sido informado favorablemente, ha sido la solicitud presentada por el titular de la central nuclear Almaraz (Cáceres) para corregir la condición que el CSN incluyo en la resolución de diciembre de 2020 por la que se aprobó la modificación PME-19/005 de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) relativas al sumidero final de calor.

La propuesta se aplica a las dos unidades o reactores con que cuenta la central y corrige el valor del caudal de referencia de las bombas del sistema de agua de servicios esenciales que se proponía incorporar en uno de los procedimientos de vigilancia asociado a esas ETF.

Por otra parte, el Pleno ha aprobado una actualización documental del Plan de Emergencia Interior (PEI) de la central nuclear Vandellós II (Tarragona) presentada por su titular y en la que se solicita eliminar la figura del titular del Centro Exterior de Emergencia (CEE) y que sea sustituida por la de coordinador de emergencia del explotador.

Además, el pleno ha sido informado de la revisión de dos procedimientos internos del CSN. El primero de ellos es el relativo a la inspección de las actividades de gestión de residuos radiactivos de baja y media actividad y de muy baja actividad en las centrales nucleares en operación.

El segundo de los procedimientos revisados corresponde a la actuación desde la sala de emergencias del CSN ante la detección de medidas anómalas en las estaciones automáticas y de muestreo, de origen desconocido, y su comunicación a organizaciones internacionales

Por último, el pleno ha sido informado del estado de la evaluación del proceso de licenciamiento de la autorización de construcción del Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central nuclear Cofrentes, así como de su correspondiente contenedor de combustible gastado, HI-STAR 150 y ha recibido información actualizada sobre el estado de la evaluación del proceso de licenciamiento de la autorización de construcción de la planta de concentrados de uranio en Retortillo (Salamanca).

Uno de los jóvenes que estuvo interno cuando era menor de edad en el centro de formación para jóvenes aspirantes a sacerdotes ‘San Pío X’ del Vaticano ha expuesto ante el tribunal del propio Vaticano los episodios de presunto abuso sexual que sufrió por parte de otro compañero seminarista más mayor. Se trata del primer juicio civil por abusos sexuales dentro de los muros que delimitan el Estado del Vaticano.

La víctima, que se ha constituido como parte civil y podrá reclamar indemnizaciones y ha prestado declaración durante más de tres horas, ha explicado que estos episodios sucedían hasta «dos y tres veces por semana».

En el jucio están imputados Gabriele Martinelli, de 28 años, que era seminarista cuando se produjeron los presuntos hechos de abusos sexuales y que se ordenó sacerdote en la diócesis de Como (norte de Italia) en 2017, y Enrico Radice de 71 años, que ejercía de rector de ese centro.

A los dos procesados se les imputan delitos distintos. Martinelli ha sido procesado por haber cometido supuestos abusos sexuales contra otros compañeros seminaristas menores que él, mientras que a Radice, se le acusa de no haber denunciado la acusación y hasta de haber obstaculizado las investigaciones de los hechos.

Según la víctima, el primer episodio de abusos tuvo lugar el primer año que entró en el seminario en 2006. L.G., iniciales a las que responde, ha explicado cómo Martinelli se metió en su cama de noche. «Para mí era algo muy extraño. Era pequeño y nunca había tenido experiencia de ningún tipo con el mundo sexual. En mi casa o en el pueblo nunca antes me habían hablado de sexo. He sentido cierta confusión no sabía muy bien lo que estaba pasando», ha admitido.

Estos episodios se extendieron durante años hasta el 2012 en el seminario ‘Pio San Pio X’ localizado en los jardines del Vaticano, cerca de la casa Santa Marta donde reside el Papa. Las sesiones del juicio se retomarán el próximo 26 de marzo para proseguir con la declaración de los testigos.

Gracias a la ley aprobada por Francisco que en 2019 puso fin al secreto pontificio, el representante legal de la víctima ha tenido acceso a todo el sumario judicial del caso. Hasta esa fecha, las víctimas de casos de abusos sexuales que hubieran presentado denuncia ante la justicia eclesiástica no tenían derecho a saber si se había admitido a trámite la denuncia o si había sido abierto un juicio.

El centro de formación donde supuestamente sucedieron los hechos funciona como alojamiento para jóvenes que suelen ayudar en las misas de los sacerdotes del Vaticano y en ocasiones también en las celebradas por el Papa, por lo que son conocidos como los monaguillos del Santo Padre.

La justicia del Vaticano abrió diligencias en 2017 después de la publicación del libro ‘Pecado original’, del periodista italiano Gianluigi Nuzzi, en el que denuncia los abusos cometidos en ese seminario entre 2011-2012. Tanto este periodista italiano como Emiliano Fitipaldi fueron absueltos del delito de filtración de documentación reservada de la Santa Sede en un juicio en el que el Tribunal Vaticano constató su falta de competencia jurídica para procesarlos.

En el libro ‘Pecado original’, Nuzzi reprodujo las denuncias del joven polaco Kamil Tadeusz Jarzembowski sobre lo que ocurrió en este seminario y reveló «abusos en su habitación a otro seminarista» que se produjeron «más de 140 veces» por parte de un pupilo del rector «que era mayor que él y que después se convirtió en sacerdote» en relación al sacerdote Martinelli.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha concedido un permiso de 12 días al extesorero del PP Luis Bárcenas, pero le ha denegado la progresión al tercer grado y la aplicación del artículo 100.2, que le permitiría estar en un régimen de semilibertad.

El juez José Luis Castro ha dictado sendos autos en los que resuelve las peticiones formuladas por la defensa del extesorero, después de que la Audiencia Nacional fijara el límite máximo en prisión 12 años, que corresponde al triple de la pena más alta impuesta, que fue de 4 años por un delito de blanqueo de capitales o contra la Hacienda Pública.

Será el primer permiso penitenciario que disfrute Bárcenas tras ingresar en la prisión de Soto del Real para cumplir la condena de 29 años de prisión y un mes por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005).

En el primero de los autos, el juez de Vigilancia Penitenciaria aprueba el permiso solicitado teniendo en cuenta que ha sido propuesto por unanimidad por la Junta de Tratamiento, que está compuesta por «rigurosos profesionales penitenciarios que estudian y valoran las distintas variables que se dan en el penado y cuya actuación se ve presidida por el principio de legalidad y, en tanto órgano administrativo, por el presunción de veracidad».

CUARTA PARTE DE LA CONDENA CUMPLIDA

Aunque la Fiscalía se opuso a que Bárcenas obtuviera estos primeros días de permiso al considerarlo «prematuro», el juez tiene en cuenta que el penado ya «ha superado en un año y cinco meses el requisito cuantitativo necesario para obtener un permiso de salida, al tener cumplida la primera cuarta parte de la condena». Asimismo, recuerda que la medida tiene como «finalidad primordial constitucionalmente legítima la preparación para la vida en libertad».

El Ministerio Público alegó también que Bárcenas está siendo juzgado actualmente en la Audiencia Nacional por el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja ‘b’, si bien el juez destaca, por un lado, que ni la legislación penitenciaria ni el Código Penal establece que esta circunstancia pueda ser un obstáculo para conceder permisos penitenciarias.

En cualquier caso, el magistrado señala en su resolución que esta circunstancia debe ser atendida junto a otros valores como su comportamiento. Según indica, Bárcenas cuenta a su favor con un informe de fecha de 25 de noviembre de 2020 que afirma que «ha utilizado su estancia en prisión desde una perspectiva constructiva y formativa, aprovechando las oportunidades que el programa tratamental le puede presentar».

«Su evolución y progresión penitenciaria ha sido permanente y constante, mejorando en lo regimental y en lo personal; manteniendo correctas relaciones con sus compañeros de internamiento y con los profesionales del Centro, lo que nos permite concluir que se trata de un interno primario con buena conducta en prisión, constatada por la ausencia de expedientes disciplinarios», concluye.

EL «ARREPENTIMIENTO» DE BÁRCENAS

Además, recalca como «requisito subjetivo» a valorar que el extesorero del PP remitió de «forma voluntaria» a las autoridades competentes un escrito el pasado mes de enero en el que textualmente afirmaba que se «arrepiente de los delitos por los que ha sido condenado recientemente» por la trama Gürtel, «por no haber cumplido con el artículo 31.1 de nuestra Constitución, en el sentido de contribuir al sostenimiento de los Gastos Públicos de acuerdo con mi capacidad económica».

El escrito, recogido en el auto, continúa diciendo que «dicho arrepentimiento es real» y que en ese sentido se ha expresado en alguna declaración pública. «La defraudación fiscal y la ocultación de fondos a la Hacienda Pública es un acto de clara insolidaridad con respecto a los ciudadanos que cumplen puntualmente con sus obligaciones fiscales», subraya la carta de Bárcenas.

El juez de Vigilancia Penitenciaria también señala que el extesorero ‘popular’ expresó su autorización para que la Audiencia Nacional pudiera reclamar a Suiza la repatriación de unos 20 millones de euros que tiene en cuentas bancarias del país helvético para satisfacer la responsabilidad civil establecida en la sentencia por Gürtel.

A todo ello añade que Bárcenas pasó, antes de comenzar a cumplir condena, un periodo de tres años y cuatro meses en libertad provisional sin que se hubiese producido incidencia alguna o intento de fuga. Un riesgo cuya posibilidad ve «anulada» debido a su situación familiar, pues el extesorero solo cuenta con el «apoyo externo» de su hijo, ya que su mujer, Rosalía Iglesias, se encuentra también en la cárcel cumpliendo 12 por el mismo procedimiento.

NO QUEDA ACREDITADO QUE ESTÉ PREPARADO PARA ESTAR EN SEMILIBERTAD

Por otra parte, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha ratificado la decisión de la Junta de Tratamiento de mantener al extesorero del PP en segundo grado y denegarle el tercer grado, al tiempo que rechaza la aplicación del artículo 1002.

Según explica en otro auto, se valora los mismos factores analizados, pero el juez destaca que no queda «plenamente acreditada» que Bárcenas tenga «una evolución favorable más allá de circunstancias penales y penitenciarias de normal convivencia que permite afirmar que el penado se encuentra, en el momento actual, capacitado para llevar un régimen de vida en semilibertad».

Máxime, dice el magistrado, cuando la Junta de Tratamiento, que es quien en definitiva mejor conoce al interno, propone la clasificación en segundo grado.

Por tanto, considera que ahora «es tiempo» para que se consoliden los factores positivos existentes, «debiendo hacerse una valoración de la conducta global del penado con especial insistencia en su actitud y comportamiento durante el disfrute del permiso ahora iniciado, potenciando la vía tratamental con especial incidencia en las variables o factores de inadaptación existentes».

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha instado al Ayuntamiento de Madrid a «adoptar las medidas necesarias para adecuar, con carácter temporal, la oferta del taxi a la demanda existente», que ha decrecido como consecuencia de la pandemia de Covid-19.

Así lo ha expuesto Fernández Marugán en respuesta a la queja presentada por la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) «como consecuencia de la situación actual de la demanda del servicio en la capital y la falta de actuación del Ayuntamiento en este sentido».

En su escrito, el Defensor del Pueblo considera «plenamente justificadas» las alegaciones presentadas por la FPTM en las que solicita «algún tipo de medida extraordinaria que contribuya a corregir el exceso de oferta en el sector del taxi».

«El servicio del taxi está dimensionado para atender la demanda de usuarios que refleja una situación anterior a la pandemia», asevera.

NUEVA ORDENANZA

Si bien, en la nueva ordenanza del taxi, aprobada de forma inicial, el sector tendrá la posibilidad de reducir la oferta en situaciones donde se acredite una disminución de la demanda de clientes superior al 50 por ciento.

Será el Ayuntamiento el que declare la situación de excepcionalidad para el servicio del taxi. Para ello, el sector deberá acreditar debidamente durante dos meses consecutivos el descenso de usuarios. Solo una vez que el Gobierno municipal haya consultado a las organizaciones representativas su conformidad para aplicarla, procederá a limitar la oferta por un plazo renovable de un mes con régimen excepcional de descanso.

Así, las licencias pares podrán prestar servicio únicamente los días pares y las impares, los días impares. Salvo los Eurotaxi, que mantendrán el servicio a personas con discapacidad todos los días. También se modifica el régimen de descansos para eliminar la obligación de prestar el servicio un mínimo de siete horas diarias.

El texto redactado por el área de Medio Ambiente y Movilidad regresará a la Junta de Gobierno en mayo para su aprobación definitiva. Posteriormente, se dará traslado al Pleno para que dé luz verde a su aplicación.

El presidente de la FPTM, Julio Sanz, ha celebrado esta resolución que espera «sirva al Ayuntamiento de Martínez-Almeida para recapacitar y tener en cuenta de una vez a un sector clave en la ciudad, que ha estado presente en los momentos más difíciles y que, sin ayudas en este momento, difícilmente superará la crisis que atraviesa como consecuencia de la Covid-19».

La Reina Sofía ha defendido este miércoles la necesidad de promover los lazos históricos y culturales entre España y Estados Unidos y los hispanohablantes en general para una mejor comprensión a ambas orillas del Atlántico.

Doña Sofía ha participado por vía telemática en la junta directiva anual del Queen Sofía Spanish Institute, el centro de Nueva York que lleva su nombre y que se dedica a difundir la importancia del mundo hispanohablante y la cultura hispana desde Estados Unidos.

Durante su intervención, Doña Sofía ha mostrado su compromiso con la misión del instituto, reivindicando que «los lazos culturales e históricos que unen a España, Estados Unidos y el mundo hispanohablante en general, deben promoverse y cuidarse» con vistas a «fomentar y potenciar los vínculos y la comprensión mutua a ambos lados del Atlántico».

Por su parte, el presidente del instituto, Carlos Cordón-Cardó, ha resaltado la importancia del apoyo de Doña Sofía y ha subrayado que «la labor y la misión del Queen Sofía Spanish Institute tienen más relevancia que nunca».

Además, ha defendido que «la riqueza cultural del mundo hispanohablante, cultivada durante más de 500 años, debe ser recordada y promovida» y ha sostenido que el centro quiere ser «una pieza fundamental para fomentar el entendimiento de la rica herencia cultural hispana» en un país como Estados Unidos, donde la población hispana es cada vez más relevante y está creciendo.

La reunión, en la que han participado unas 40 personas entre la junta directiva y el comité cultural, ha servido para presentar los resultados de los programas y actividades realizados en 2020, así como los planes de cara a 2021.

El pasado año, el Queen Sofía Spanish Institute centro su actividad en poner en valor las contribuciones de héroes hispanos en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, con especial énfasis en Bernardo de Gálvez sobre quien organizó clases y charlas a estudiantes estadounidenses.

Asimismo, la institución entregó su Premio de Traducción 2020 a Philip W. Silver por traducir al inglés de la obra de Claudio Rodríguez, ‘Alianza y Condena’.

Este 2021 el instituto centrará su actividad en la difusión de lazos históricos y en fomentar el conocimiento del mundo hispano en todos los niveles educativos. Para ello, según ha explicado en un comunicado, planea acciones para acercar a los colegios la historia del mundo hispanohablante en Estados Unidos y también impulsará acciones relacionadas con el arte y la gastronomía, entre otras áreas.

El Queen Sofía Spanish Institute, anteriormente conocido como ‘Spanish Institute’, cambió su nombre en 2003 cuando la Reina Sofía aceptó la decisión unánime del Consejo de Administración de rebautizar la organización en su honor.

El Grupo Mixto del Congreso deberá reajustarse con la incorporación del diputado huido de Ciudadanos Pablo Cambronero, pero los partidos que lo conforman quieren poner límites a su nuevo compañero en el reparto de funciones y subvenciones. En principio, no prevén cederle turnos de intervención, ni preguntas orales ni portavocías relevantes.

Cambronero, que ejercía como portavoz de Interior de Cs, anunció este miércoles su baja de Cs ante la «deriva sanchista» que, a su juicio, ha adoptado la dirección del partido que lidera Inés Arrimadas y su decisión de pasar a formar parte del Grupo Mixto del Congreso, una solicitud que ya ha remitido a la Mesa del Congreso para su ratificación.

Con su entrada, el Mixto pasará a estar formado por diez diputados de siete formaciones diferentes: la CUP (dos diputados), UPN (otros dos), Coalición Canaria (una), Nueva Canarias (uno), Foro Asturias (uno), Partido Regionalista de Cantabria (PRC) (uno), Teruel Existe (uno) y ahora Pablo Cambronero.

NO INTERVENDRÁ EN EL PLENO

Habitualmente, en este heterogéneo grupo parlamentario, sus miembros suelen repartirse al inicio cada legislatura las portavocías de las diferentes comisiones, los tiempos de intervención en el Pleno, las dependencias parlamentarias y las subvenciones que corresponde a cada partido en función de los resultados electorales obtenidos.

Sin embargo, según confirmaron algunos de sus integrantes atendiendo los precedentes pasados, el caso de Cambronero es distinto porque no es un partido minoritario que acaba en el Mixto, sino que es un diputado que ha abandonado a su grupo parlamentario. Respondería más a la figura del ‘diputado no adscrito’, aún no está regulada en el Congreso.

Por tanto, los demás partidos del Mixto no prevén que Carbonero entre en el reparto en igualdad de condiciones que los demás. Su plan es que no tendrá intervenciones en el Pleno, sólo podrá realizar preguntas por escrito y ser miembro de alguna comisión sin iniciativa política, como el Estatuto del Diputado o la de Peticiones.

Asimismo, el exparlamentario de la formación naranja no recibirá el dinero que mensualmente el Congreso da a los grupos parlamentarios en función del número de diputados que lo conforman para cubrir los gastos de funcionamiento ordinario.

LOS PRECEDENTES

Ésta, dicen, es la práctica habitual que se ha llevado adelante en los últimos años con los diputados expulsados de un grupo parlamentario o con aquéllos que han abandonado un partido con grupo parlamentario para adscribirse al Mixto, como es el caso de Cambronero.

Y es la que, a priori, se seguirá ahora con la entrada del exdiputado de Cs en tanto que el Congreso no modifique el Reglamento y se cree la figura del diputado no adscrito, según apuntaron las citadas fuentes.

Recuerdan que así se hizo en el pasado con Pedro Gómez de la Serna, que fue a parar al Mixto después de que el PP le expulsara tras conocerse que habría cobrado comisiones de empresas españolas por conseguirles contratos en el extranjero mientras ejercía de diputado, o con José Antonio Viera, exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía y al que el PSOE apartó tras su imputación en el caso de los ERE de Andalucía.

La Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) recibió este martes un escrito del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agencia Urbana que ordenaba la entrada del buque de ganado vivo ‘Elbiek’, que partió de Tarragona en el mes de diciembre y se encuentra en aguas de Menorca, informaron fuentes del organismo en un comunicado.

La presidenta de la APC, Yolanda Muñoz, ha recordado que «hace unas semanas, ante la amenaza de que este buque llegara a Cartagena, hicimos un frente común con ganaderos, ayuntamiento de Cartagena y Gobierno regional para evitar esa posible llegada. Esta movilización paralizó la decisión, con el respaldo de la Delegación de Gobierno, que aseguró tanto a la Autoridad Portuaria como a los ganaderos que no iba a venir».

«A día de hoy», según ha dicho Muñoz, «no existe razón jurídica ni justificación alguna para que el Puerto de Cartagena tenga que recibir un buque que salió de Tarragona». El Puerto de Cartagena ya sufrió el cierre de las exportaciones e importantes pérdidas económicas, donde se dejaron de embarcar diez buques con 40.000 cabezas de ganado que salieron por otro puerto.

Además, el Puerto de Cartagena no dispone de unas infraestructuras distintas a las de otros puertos para este tipo de operación. «El Ministerio de Agricultura fue el encargado de montar el operativo de desembarque que ya fue desmontado y que se puede hacer en cualquier puerto del sistema portuario español», ha remarcado la presidenta de la APC.

Con el primer buque de ganado, el Puerto pidió que se buscaran alternativas para atender el buque que no supusiese un perjuicio para la actividad portuaria. «La respuesta fue que el buque debía volver a su puerto de origen, lo aceptamos, pero ahora se debe aplicar la misma norma y el buque ‘Elbiek’, que partió de Tarragona, debe volver a su puerto de origen», ha señalado.

El Puerto de Cartagena es único del sureste español que realiza el tráfico de ganado vivo, cumpliendo todas las normativas y garantías de bienestar animal, con unas infraestructuras dignas y de calidad para atender este tráfico.

Así, la APC ha segurado que «va a defender de forma firme y contundente dicha resolución en defensa del interés general».

«Apelamos al sentido común, a la sensatez y a la colaboración entre administraciones para que no suponga un mayor perjuicio al Puerto, a Cartagena y a la Región de Murcia», ha concluido Muñoz.

El Congreso ha aprobado una proposición no de ley (PNL) del PSOE para instar al Gobierno a velar por el cumplimiento del Código sobre el uso de los influencers en la publicidad, para que no anuncien productos y no fomenten el juego de manera encubierta, y a impulsar acciones educativas para fomentar el espíritu crítico respecto de los contenidos digitales.

La PNL ha sido aprobada este miércoles 17 de marzo por la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia del Congreso de los Diputados con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y Foro Asturias, ningún voto en contra, y la abstención de PP y Vox.

«Las pantallas son un instrumento que facilita la formación de los menores y también es un elemento de sociabilidad con sus iguales, pero también con youtubers, que se han convertido en referentes para nuestros menores –no es casualidad que muchos afirmen querer ser youtubers–, y en muchos casos se utiliza la publicidad de manera encubierta, creando a los niños deseos vinculados al consumo de ciertos productos o incentivando su participación en el juego o las apuestas», ha advertido la diputada del PSOE, Sonia Guerra.

En concreto, ha precisado que estos influencers, muchas veces hacen ‘stories’ sin etiquetarlas como publicidad y ha añadido que además en muchas ocasiones se reproducen «roles y estereotipos sexistas» porque, por ejemplo, «la mayoría» de chicas influencers presentan productos de moda y «camuflan» los anuncios como «recomendaciones personales».

La diputada socialista ha apelado a la «responsabilidad social» de estos influencers y ha puesto el ejemplo del youtuber Ibai Llanos «que se niega a hacer publicidad de casas de apuestas por principios».

Por ello, el PSOE quiere que se cumpla el Código sobre el uso de los influencers en la publicidad, que entró en vigor el pasado 1 de enero dentro del marco del ‘Protocolo de fomento de la autorregulación en medios digitales’, impulsado por los Ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital y Consumo, cuyo objetivo es que las menciones realizadas por influencers que tengan fines publicitarios puedan ser fácilmente identificadas como tal.

En el turno de portavoces, la diputada del PP Pilar Marcos ha criticado que esta proposición no de ley «insta al Gobierno a hacer lo que ya está hecho en lugar de instarle a hacer lo que no hace».

Mientras, desde Unidas Podemos, la diputada Marisa Saavedra ha subrayado la importancia de ofrecer una «especial protección» a los menores ante la «entrada con fuerza de los influencers en la publicidad», y ha advertido de que «apenas un 10% de los influencers cumplen» el Código.

La diputada de Ciudadanos también ha apoyado la PNL porque «en los últimos años» se observa el uso del marketing con influencers y «muchas empresas aprovechan el vacío legal existente para promocionar los malos hábitos entre la ciudadanía siendo los jóvenes los más perjudicados».

Asimismo, ha votado a favor el diputado de Foro Asturias Isidro Manuel Martínez Oblanca, quien ha subrayado, sobre todo, la necesidad de impulsar las campañas educativas para los jóvenes ante el «espacio peligroso en el que se desarrolla este mundo virtual y los señuelos para captar la atención de los menores».

Por otro lado, el diputado de Vox Pablo Juan Calvo ha defendido que «el primer referente de los niños y adolescentes es y debe seguir siendo la familia» y ha añadido que Internet es una «herramienta eficaz» pero «no puede ser sustitutivo de la referencia familiar en educación, patrones morales o éticos». Si bien, se ha abstenido al no haber sido aceptada la enmienda presentada por su grupo.

El portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha afirmado este miércoles que en la formación naranja se han enterado por Twitter de que el diputado Pablo Cambronero ha decidido abandonar el partido y mantener su escaño en la Cámara Baja, una acción con la cual cree que «traiciona» los principios e ideales de Cs y a quienes votaron a este partido en las elecciones generales.

«Nos hemos enterado por el tuit», ha dicho Bal en declaraciones a la Cadena SER. En un mensaje publicado en esa red social, Cambronero ha explicado que no puede seguir representando a un partido que, a su juicio, se dedica a hacer lo contrario de lo que prometió antes de los comicios de noviembre de 2019, cuando su entonces presidente, Albert Rivera, afirmó que «jamás pactaría con el (Pedro) Sánchez socio de Podemos, ERC y Bildu».

El diputado por Sevilla, que ha solicitado a la Cámara Baja integrarse en el Grupo Mixto, ha denunciado un «giro ideológico hacia la izquierda» por parte de la dirección de Ciudadanos, encabezada por Inés Arrimadas, y ha dicho no poder compartir la «deriva sanchista» del partido.

Bal ha comentado que su hasta ahora compañero se ha comportado con normalidad este miércoles en el Pleno del Congreso, donde ha defendido una interpelación contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y que no le extraña que haya tratado de «disimular» antes de «dar el paso sorpresivo» para evitar que alguien reaccionase o intentase disuadirle.

SI NO ACEPTA LA DISCIPLINA DE PARTIDO, DEBE DEJAR EL ESCAÑO

El portavoz ha destacado que cuando uno se presenta a las elecciones dentro de una candidatura de Cs, asume el compromiso de «aceptar la disciplina de partido» y de «abandonar su acta de diputado» en el caso de que deje de estar de acuerdo.

Por tanto, cree que lo que ha cometido Cambronero es «una traición a los valores e ideales de Ciudadanos», que son «los del centro político español» que está dispuesto a «pactar a derecha y a izquierda» para «encontrar soluciones a los problemas reales de los españoles».

Pero, sobre todo, lo ve como «una traición a los electores» que, según ha indicado, «votaron al partido Ciudadanos, no votaron a Pablo Cambronero».

NO CREE QUE RIVERA ESTÉ DETRÁS DE LAS DESERCIONES

A la pregunta de si prevé que sigan produciendo fugas de personas que abandonen la formación naranja en los próximos días, Bal ha respondido que espera que no. Ha manifestado que en Cs hay «mucha gente valiente y honesta» y que confía en «la buena fe» de la gente con la que trabaja.

Aun así, ha recordado que hay una oferta del PP para captar a cargos de Ciudadanos que es «pública y notoria», aunque luego las condiciones concretas en cada caso «se pactarán en cuartos oscuros y en reservados de restaurantes». De hecho, piensa que este «goteo de salidas, deserciones y traiciones al ideario» de Cs se debe a esa operación de los ‘populares’.

Sobre la posibilidad de que detrás de todo esto esté Albert Rivera, ha contestado: «Yo no lo creo». Según ha recordado, el expresidente de Ciudadanos dimitió tras el batacazo electoral de 2019 –cuando pasaron de 57 diputados en el Congreso a diez– y dijo que se dedicaría a su profesión de abogado, que no sería «un jarrón chino» y que no tutelaría a los nuevos dirigentes del partido.

«He hablado mil y una veces con Inés Arrimadas y me ha confirmado que esto es cierto. Creo que Albert Rivera es una persona honesta y consecuente que cumple su palabra. Conmigo la ha cumplido siempre y, por lo tanto, no doy crédito a esta noticia», ha declarado.

ALGUNOS NO SON DE Cs AUNQUE ESTÉN EN EL PARTIDO

El dirigente ‘naranja’ considera que hay personas que están en el partido «transitoriamente», cobrando un sueldo de diputado que «es magnífico en comparación con el que gana un ciudadano medio», pero «no son de Ciudadanos».

A su modo de ver, quienes realmente son de Cs son aquellos que comparten con Arrimadas que «se puede pactar con unos y con los otros», para «traer al PP y al PSOE al centro sensato», y que hay que actuar como «antídoto contra los extremismos y los populismos», impidiendo que «la extrema derecha o la extrema izquierda puedan condicionar la política» del país.

Previamente, en una entrevista en laSexta, Bal ha señalado que otra característica que define a Ciudadanos es que, a diferencia de otras formaciones políticas, no tiene «ningún caso de corrupción». «El que no censure de una forma grave, como el pecado capital de la democracia, ese estigma que es la corrupción, entonces sí que no esta en el partido correcto», ha resaltado.

CANTÓ DICE QUE ARRIMADAS QUIERE DAR «UN VOLANTAZO HACIA EL PSOE»

También se ha referido a las declaraciones que ha hecho en esRadio el exportavoz de Cs en las Cortes Valencianas Toni Cantó, que el lunes abandonó la reunión de la Ejecutiva para anunciar que dejaba sus cargos en el partido y renunciaba a su escaño.

Cantó ha acusado a Arrimadas de pretender «tomar como rehén a la Región de Murcia» presentando una moción de censura junto al PSOE contra el PP, con el cual Ciudadanos gobernaba en coalición, como parte de una estrategia para «visibilizar un volantazo hacia el PSOE», tras las conversaciones de Carlos Cuadrado y José María Espejo, vicesecretarios de la formación naranja, con la Moncloa.

«Deduzco que para él la única posibilidad de pactar con alguien para un gobierno es a la derecha», ha comentado Bal sobre Cantó, añadiendo que él siempre ha tenido claro lo que era «el centro político» y defendiendo que Cs debe poder pactar con los socialistas cuestiones que crea que son buenas para los españoles, como hizo al apoyar las prórrogas del estado de alarma durante la pandemia del coronavirus.

Y en el caso de Murcia, ha subrayado que tanto en la Región como en el Ayuntamiento de la capital –donde el PSOE y Cs también han impulsado una moción de censura contra el PP– han detectado «casos muy graves de corrupción» ante los cuales «no se puede mirar para otro lado».

Por su parte, Cantó ha reprochado a la dirección nacional de su antiguo partido que haya «dividido» a los cargos de Ciudadanos «en puros e impuros». «Ahora, todos los que no estemos ahí, en el sanedrín, somos impuros, hacían esa distinción entre ser y estar» en Cs, ha lamentado, agregando que él no va a apoyar a quienes «han destrozado el partido» y «se han aferrado al carguito» ni va a aceptar «lecciones» sobre lo que es correcto y lo que no.

La carrasca de Lecina (Huesca) ha logrado este miércoles el reconocimiento de ‘Árbol Europeo del Año 2021’ con más de 104.000 apoyos. Lo ha hecho a través del concurso ‘Tree of the Year’, organizado por la Environmental Partnership Association (EPA), una agrupación de fundaciones que apoyan proyectos enfocados a la protección del medio ambiente.

De esta forma, es la primera vez que España tiene un Árbol Europeo y lo hace un con récord, ya que ha sido el más votado en la historia del concurso, en una convocatoria en la que ha competido con otros 13 países.

La carrasca, con 104.264 apoyos, ha conseguido un gran margen de distancia respecto al segundo árbol más votado, el candidato de Italia, con 78.210 votos. El tercer premio ha sido para Rusia.

El nombre del árbol elegido se ha desvelado a primera hora de la tarde desde Bruselas en una ceremonia virtual, que ha contado con un amplio seguimiento por parte de los vecinos de Lecina. Asimismo, la campaña de la carrasca ha contado con la colaboración del humorista Alfonso Palomares, quien realizó un vídeo promocional que se ha hecho viral.

Desde la plaza del pueblo, se ha retransmitido en directo por el canal de Youtube de ‘Huesca La Magia’ la ceremonia y la forma en la que los vecinos recibían la noticia.

Entre quienes han estado en el acto organizado en Lecina, se encontraban la eurodiputada Isabel García, y la alcaldesa de Bárcabo, Carmen Lalueza, además de otros responsables institucionales, de entidades Sobrarbe y Somontano y municipios vecinos.

En este contexto, Carmen Lalueza ha subrayado que este reconocimiento ya les ha cambiado la vida, puesto que ha hecho que empiecen a trabajar en Lecina como un destinos turístico y corredor entre dos de los pueblos más bonitos de España –Aínsa-Sobrarbe y Alquézar– y las comarcas de Sobrarbe y Somontano donde se ubica el Parque Natural de la sierra y los cañones de Guara, uno de los espacios protegidos más extensos de Aragón.

En este sentido se ha expresado también la eurodiputada Isabel García, quien impulsó la candidatura y ha agregado que «se ha superado cualquier expectativa».

Esta encina milenaria se ha convertido en emblema de todos los pequeños pueblos que se esfuerzan por salir adelante un día sí y otro también, demuestra que la España rural tiene mucho que decir en el ámbito europeo durante los próximos años, ligada a una nueva forma de hacer turismo que puede revitalizar estas zonas.

ENHORABUENA

En este contexto, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha felicitado «a los vecinos de Lecina, al Ayuntamiento de Bárcabo, a todo el Sobrarbe y a los aragoneses». Les ha dado la enhorabuena por «este éxito colectivo».

«La carrasca milenaria de Lecina fue nombrada Árbol Singular de Aragón, después Árbol de Año de España y ha sido elegida, por votación popular, Árbol Europeo. Hoy nos podemos sentir orgullosos por este triunfo».

Así, ha augurado que este reconocimiento supondrá «un antes y un después para Lecina» –localidad perteneciente al municipio de Bárcabo y que solo tiene 13 habitantes–. En concreto, se ha mostrado «seguro» de que va a traer «nuevas oportunidades» para el pueblo y la zona del Sobrarbe, vinculadas al desarrollo sostenible y al turismo natural.

«El triunfo de la carrasca de Lecina es el triunfo de nuestra riqueza natural, de nuestros espacios protegidos, de nuestra apuesta por el futuro sostenible y por el futuro. La carrasca de Lecina representa lo que es Aragón», ha apostillado.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la pena de 13 años de prisión para el lucense Felix Vidal Anido, conocido como ‘el violador del estilete’ por la agresión sexual ocurrida en una pensión de la calle Martínez Vigil de Oviedo; además al hombre le condenaba a una multa por hurto y a una mujer a 1 año de prisión extorsión. De esta forma el Alto Tribunal desestima el recurso planteado a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Los hechos sucedieron en diciembre de 2017. Los dos condenados convivían con la víctima en un piso situado en Oviedo, en régimen de alquiler de habitaciones. Por esta circunstancia iniciaron una relación de amistad con ella y eran conocedores de que tiene una discapacidad psíquica del 65%.

La víctima, nacida en 1992, padece trastorno de la afectividad por trastorno depresivo recurrente de etiología psicógena, alteración de la conducta por trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad de etiología idiopática y trastorno mental por trastorno somatoforme de etiología idiopática.

Por la relación entablada con ella, los procesados conocían que el abuelo de la chica vivía en una residencia geriátrica de Laviana y que ella tenía en su poder la cartilla bancaria del anciano, que su firma estaba autorizada y podía disponer libremente del dinero de la misma.

Esta circunstancia fue aprovechada por la acusada para exigir a la mujer que sacara dinero de la cuenta y, cuando ella se negó, la amenazó de muerte y la intentó agredir violentamente. Esto motivó que la víctima, por temor y acompañada de la acusada, se dirigiera a la entidad bancaria, donde en cinco ocasiones sacó dinero de la cuenta de su abuelo por importe total de 1.700 euros.

Mientras, el ‘violador del estilete’, aprovechando la relación entablada con la mujer, la acompañó en alguna ocasión a la consulta del psiquiatra. También la acompañó a visitar a su abuelo a la residencia geriátrica y también hasta el piso propiedad de este en Oviedo, que estaba deshabitado en aquellos momentos y del que ella tenía las llaves.

Sobre las 12.30 horas del día 22 de diciembre de 2017, cuando la víctima se encontraba acostada durmiendo en su habitación del piso en el que todos ellos residían, el acusado entró en ella y comenzó a tocarle los pechos por debajo de la camiseta del pijama, lo que la despertó.

Al ver que se había despertado, el procesado, tras decirle «vamos a tener relaciones sexuales, quieras tú o no», comenzó a bajarle los pantalones del pijama y la ropa interior. Pese a que ella le decía que no y que saliera de la habitación, el procesado, tras sujetarla fuertemente y decirle que si no estaba quieta la iba a matar, la agredió sexualmente, tras lo cual abandonó la habitación diciéndole: «Si dices algo, te mato».

LA MUJER NO DENUNCIÓ POR TEMOR

La mujer no denunció en aquel momento los hechos ante el temor de que el procesado ejecutara las amenazas de muerte que le hizo. Esa misma tarde, el acusado la obligó, con amenazas, a que lo acompañara hasta la localidad de Moreda, donde le dijo que iba a residir acompañada de los dos procesados y otras personas en un piso, domicilio en el que le asignaron una habitación.

Sobre las 20.20 horas del día 23 de diciembre de 2017, la condenada, junto con otra persona, entró en la habitación de ella y, sin motivo, la agredieron dándole puñetazos y le dijeron que la iban a matar.

En un determinado momento, la mujer consiguió zafarse de ellos, abandonar el piso corriendo y, desde un comercio cercano, avisar a la Guardia Civil, que la trasladó al Hospital Álvarez Buylla de Mieres. Fueron estos hechos los que llevaron a la perjudicada a revelar toda la situación de abuso e intimidación en que se encontraba y denunciarla ante la Policía.

Mientras, el ‘violador del estilete’ aprovechó la ausencia y del cajón de la mesilla de noche de la habitación que le había asignado a la víctima en el piso de Moreda, le cogió el DNI, la cartilla bancaria de su abuelo, la tarjeta sanitaria, el teléfono móvil y las llaves de la casa de su abuelo y, utilizando las mismas, entró en el piso, donde se apropió de dos relojes y diversas joyas. A continuación se desplazó hasta el hospital para devolverle las llaves de la vivienda, quedándose con el resto de los efectos.

Al ser detenidos los procesados, en poder de la acusada recuperó la tarjeta bancaria y la tarjeta sanitaria. En poder del acusado, la Policía recuperó el teléfono móvil y todos los efectos que el acusado había sustraído del piso de su abuelo.

La Comisión Antirracismo del Consejo de Europa (ECRI) ha llamado este miércoles a los estados miembros a investigar a fondo los delitos LGTBIfóbicos y a condenar de manera pública los discursos de odio en este sentido que se puedan realizar desde los espacios públicos.

Son dos de la treintena de recomendaciones contra la «intolerancia y la discriminación» que la ECRI ha hecho públicas en un informe realizado con motivo de la celebración, el pasado 1 de marzo, del Día Internacional de la No Discriminación.

Tal y como ha explicado la institución, las recomendaciones se centran en el marco legal y en las formas de abordar las posibles discriminaciones de las personas LGTBI en el derecho penal, civil y administrativo, en la legislación sobre cohabitación y matrimonio, así como en la legislación sobre asilo.

En estos apectos, ha indicado la ECRI, deben establecerse «sistemas completos y fiables de recopilación de datos sobre delitos motivados por prejuicios y seguimiento por parte de las autoridades policiales y judiciales».

CONDENA PÚBLICA

En este sentido, destaca que la «sensibilización, educación y formación» de los profesionales son «vitales para prevenir los delitos de odio y la discriminación contra las personas LGTBI».

Del mismo modo, señala la «responsabilidad» que recae en las autoridades gubernamentales en esta lucha. A su juicio, los cargos públicos de un país «deberían condenar públicamente el discurso de odio LGTBIfóbico y promover contra-narrativas» que se puedan escuchar por parte de miembros de «parlamentos, partidos políticos, entidades religiosas».

El documento, llama también a los estados a investifar «a fondo» los casos de incitación al odio contra este colectivo y, cuando corresponda, enjuiciarse de manera efectiva.

Otras recomendaciones de la ECRI incluyen la creación de unidades especializadas para tratar los incidentes racistas y LGBTIfóbicos, alentar a las víctimas a denunciar tales sucesos y crear un servicio independiente que se ocupe de las denuncias contra los agentes del orden.

El grupo de Sí Podemos en el Cabildo de Tenerife ha dicho este miércoles que es «intolerable» que haya 41 supuestos menores migrantes durmiendo en la calle en Puerto de la Cruz al negarse a ser trasladados desde el hotel en el que se alojaban al campamento de Las Canteras, en La Laguna.

La coalición morada ha lamentado la «inoperatividad» de la Fiscalía para reubicarlos y reclama «resolver urgentemente este grave problema para que se realoje a los menores en recursos alojativos dignos, para que no tengan que volver a pasar por esta inhumana realidad».

La portavoz, María José Belda, califica lo ocurrido como «muy grave e inadmisible» puesto que se trata de menores migrantes sobre los que el Gobierno central «tiene que garantizar doblemente su protección, y si no está siendo capaz de hacerlo, debe transferir estas competencias al Gobierno de Canarias o al Cabildo Insular de Tenerife».

Belda afirma en una nota que «no se puede permitir bajo ningún contexto que estos menores hayan tenido que pasar la noche en la calle, puesto que están en su derecho a negarse a ser trasladados a los campos de concentración de Las Raíces y Las Canteras, donde se están incumpliendo los derechos humanos, es inconcebible que, por negarse a enfrentar esa realidad, hayan sido abandonados en la calle a su suerte».

En su opinión, «nos encontramos con un ejemplo más de racismo institucional».

La consejera insular de Sí Podemos Canarias critica también la perversidad que existe tras el hecho de que el Gobierno de Canarias «haya anunciado recientemente que se concederán 80 millones de euros más en ayudas directas a las patronales turísticas del archipiélago, mientras se está dejando a las personas migrantes en la calle o en campos de concentración, cuando muchos de estos hoteles que reciben ayudas siguen estando vacíos».

Entre las soluciones que plantea Sí Podemos Canarias respecto a la situación de los menores migrantes, Belda destaca que hay que «garantizar la protección necesaria de las personas que acrediten con documentación ser menores de edad o que esta condición sea evidente, a través de un reconocimiento médico y, en todo caso, hasta que se pueda acreditar dicha circunstancia».

Asimismo, María José Belda defiende que se «utilicen los recursos alojativos dignos que sean necesarios para acoger a estos menores, cumpliendo así su protección, establecida por ley, y respetando sus derechos, hay que contar con un Plan de Acogida Digna para Canarias, adaptado a la realidad y necesidades de cada isla y sus correspondientes municipios».

«NO SE PUEDE PERMITIR QUE HAYA MENORES ABANDONADOS»

El consejero insular David Carballo afirma que «como sociedad avanzada», no se puede permitir que haya «menores abandonados en la calle» e incide en la necesidad de «cambiar el sistema de acogida actual hacia uno digno, ya que el respeto a los derechos de los y las menores debe prevalecer sobre cualquier otra consideración».

Además, el consejero pide que se les conceda a las personas migrantes que se encuentran en Tenerife «la asesoría legal que precisan, asegurarles una adecuada alimentación y permitir que sigan con sus planes de vida, independientemente de si están en la Península o en otra parte de Europa«.

«Desde las instituciones debemos revisar cómo se está abordando este problema hasta ahora, puesto que este asunto se está convirtiendo en un caldo de cultivo para el racismo, ya que se está afrontando esta situación como un problema al encerrar a estas personas en cárceles improvisadas, por lo que la ciudadanía puede percibir este trato de las instituciones como un supuesto problema y se genera un sentimiento de rechazo», señala.

Por su parte, la consejera Ruth Acosta resalta que estos casos siguen afectando negativamente a la imagen de Canarias, «puesto que se están convirtiendo a las islas en cárceles para personas migrantes en las que no se respetan los derechos humanos, algo que choca frontalmente con la imagen amable que siempre se ha vendido del archipiélago para fomentar el atractivo turístico de las islas».

Acosta asevera que las instituciones canarias tienen la obligación de seguir trabajando y hacer todo lo que esté en sus manos «para revertir la insostenible situación en la que se encuentran todas estas personas», por lo que apela a la responsabilidad que tienen todas las administraciones públicas y las instituciones europeas «para resolver esta problemática que sigue aumentando».