El candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès (ERC), ha defendido este viernes que su elección como presidente no admite «demoras innecesarias», por lo que cree que todavía están a tiempo de llegar a un acuerdo con Junts de cara a la segunda votación de su investidura.

«Estamos a tiempo», ha dicho en el turno de réplica al presidente de Junts en la Cámara, Albert Batet, en el pleno de investidura, que ha pedido a Aragonès renunciar a la segunda votación de su investidura, que se debería celebrar dos días después de la primera votación de este viernes, de manera que caería en domingo, aunque la presidenta del Parlament, Laura Borràs, estudia hacerlo el martes.

Aragonès ha afirmado que la formación de un nuevo Govern es urgente ante la crisis provocada por la pandemia y ha insistido en que «no hay diferencias insalvables» entre ERC y Junts para alcanzar un acuerdo.

«Es más, si hay diferencias, son mucho más pequeñas de las que puedan haber existido en investiduras anteriores. Y nos pusimos de acuerdo. Estoy seguro de que nos podremos poner de acuerdo», ha sostenido, en referencia a investiduras de legislaturas anteriores, en las que los republicanos siempre han investido a los candidatos de Junts.

Así, el candidato a la Presidencia ha descartado renunciar a la segunda votación y ha avisado de que, si este viernes Junts mantiene su abstención, seguirá «trabajando» para buscar un acuerdo que facilite su investidura en segunda vuelta.

COINCIDENCIAS EN EL PROGRAMA

Aragonès ha reivindicado las coincidencias que tienen los programas de ERC y Junts, y, pese a que admite que hay algunas diferencias, considera que se pueden resolver: «No veo divergencias que impidan que hoy podamos salir de este pleno con un Govern fuerte, amplio y plural.

«Aquellos matices que todavía pueden hacernos sentir un poco separados son muy pequeños comparados con la urgencia de dar una respuesta económica y social», a la situación actual provocada por la pandemia.

RECONOCIMIENTO A PUIGDEMONT

Asimismo, ha subrayado que las propuestas económicas y sociales que plantea Junts son compatibles con las que ERC ha acordado con la CUP, pero también en la estrategia independentista, ya que recuerda que el programa de Junts planteaba que, si el independentismo superaba el 50% del voto, apostaban por solicitar intervención de organismos europeos para alcanzar un referéndum, algo que ve «plenamente asumible» dentro de la estrategia de ERC.

En este sentido, Aragonès ha reiterado su defensa de la mesa de diálogo, pese al escepticismo que pueda generar, y también ha reconocido la tarea en el exterior que ha hecho el expresidente de la Generalitat y líder de Junts Carles Puigdemont: «Nos ha permitido avanzar en este sentido».

Un estudio del Institut Català de les Dones (ICD) de la Generalitat de Cataluña constata la «invisibilización» de la violencia machista y familiar contra las mujeres mayores de 60 años, un colectivo que cifra en más de un millón de personas en la comunidad autónoma.

Así lo ha indicado este viernes la autora del trabajo y directora de la Fundació Aroa, Neus Pociello, en una presentación telemática que ha presidido la directora del ICD, Laura Martínez, en el que también se ha presentado un estudio sobre la violencia contra las mujeres con discapacidad.

«El edadismo y el machismo estructural de nuestra sociedad ha invisibilizado las violencias contra las mujeres mayores de 60 años», ha afirmado Pociello, que ha alertado de la normalización de este fenómeno y la falta de atención que recibe por parte de las administraciones.

El estudio recuerda que la violencia machista se da especialmente en el ámbito de la pareja y la familia, que muchas de las víctimas no conocen los servicios de ayuda o no sabe identificar las violencias, y que faltan políticas públicas que aborden esta situación.

El trabajo se ha realizado a partir de los datos de las últimas cifras sobre mujeres mayores en Cataluña, el análisis de 13 documentos de referencia, entrevistas y cuestionarios a profesionales de atención a las mujeres, y con la participación de 30 mujeres mayores de 60 años.

20% DE LAS VÍCTIMAS

El estudio ha indicado que, pese a que las mujeres mayores representan el 20% de las víctimas de feminicidio (2012-2020) y el 17,11% de las víctimas de violencia machista detectadas en los centros de salud en 2019, éste sector de edad no acostumbra a pedir ayuda.

Así, ha recordado Pociello, sólo el 6,49% de las llamadas a las líneas de atención a las víctimas de violencia machista corresponden a este sector de edad, y sólo el 7,13% de las usuarias del Servei d’atenció i informació a les dones (SAID) son mujeres mayores.

En este sentido, la autora ha apuntado que el desconocimiento por parte de las víctimas y la «poca presión social y voluntad política» de afrontar la violencia en este sector de edad afecta a la accesibilidad de las mujeres a la ayuda que ofrece la administración.

Ha recordado que, según el estudio, el 89% de las personas encuestadas considera que no se hacen campañas de sensibilización sobre la violencia contra las mujeres mayores, y que más del 70% considera que los servicios públicos no están preparados para atenderlas.

RECOMENDACIONES

Ante esta situación, Pociello ha recomendado que se adopte una «perspectiva interseccional» en el ámbito de las violencias machistas, que tenga en cuenta no sólo el género, si no también la edad de las víctimas; y se las atienda en consonancia con su realidad.

Ha reclamado que se forme a los profesionales de los servicios de atención a las mujeres en la realidad de las víctimas mayores de 60 años, que se mejore la detección de casos en esta franja de edad, y que se de visibilidad a esta situación.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha anunciado este viernes el acercamiento de otros seis presos de ETA a cárceles más próximas al País Vasco, entre ellos los históricos etarras Henri Parot Navarro y José María Dorronsoro, que están actualmente en Puerto III-Cádiz e irán a León y Pamplona, respectivamente.

Henri Parot es un preso de ETA de 63 años de edad que cumple condena debido a decenas de atentados con 39 víctimas mortales. Formó parte del comando itinerante ‘Argala’ y fue detenido en abril de 1990 en Sevilla mientras transportaba una furgoneta cargada con 300 kilos de explosivos. De origen francés, fue uno de los principales objetivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

CASA-CUARTEL DE ZARAGOZA Y OTROS ATENTADOS

Se trata del miembro de ETA que propició la conocida como ‘doctrina Parot’, establecida por el Tribunal Supremo en 2006 y que determinó que los beneficios penitenciarios se aplicaran individualmente sobre cada una de las penas por las que hubieran sido condenados, y no sobre el límite máximo de estancia en prisión de 30 años.

El rastro de terror de Parot incluye atentados como el de la casa-cuartel de Zaragoza en 1987, que dejó once víctimas mortales –cinco de ellas niñas– mediante la colocación de un coche bomba cargado de explosivos. El pasado 17 de marzo, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno tomó declaración por esta acción criminal al exjefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias ‘Josu Ternera’, que negó su participación.

Cometió una decena de atentados en Madrid, varios contra militares, o los que acabaron con la vida de Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto en 1986 y el de la fiscal Carmen Tagle en 1989. Los atentados de Parot se extendieron por otras localidades como Granada, donde asesinó a Conrada Muñoz Herrera, que recibió una carta bomba dirigida a su hijo, funcionario de prisiones. El primero por el que fue condenado lo perpetró en Irún en 1978, matando al empresario José Luis Legasa Ubiría.

Henri Parot ingresó en prisión el 7 de abril de 1990 y cumple condena acumulada de 41 años por los delitos de asesinatos, atentados, estragos, lesiones y terrorismo. Cumplió las tres partes de la condena en febrero de 2020 y, según Prisiones, «acepta la legalidad penitenciaria». La Secretaría General ha dispuesto su progresión a segundo grado y traslado a la prisión de León.

Dorronsoro, de 65 años, cumplirá las tres cuartas de la condena en julio de 2023. Ingresó en prisión el 11 de enero de 2001 y cumple condena acumulada de 30 años por los delitos de atentado y lesiones. «Acepta la legalidad penitenciaria y ha remitido escrito en el que rechaza la violencia y se muestra sensible por el daño causado», según Prisiones.

Dorronsoro Malaxecheberría fue condenado a 26 años de cárcel por cooperar en el atentado con coche-bomba contra un convoy de la Policía Nacional el 11 de junio de 1987, así como por ser cómplice de otro atentado contra el Gobierno Militar de San Sebastián cometido por el ‘comando Donosti’ en 1987.

OTROS CUATRO PRESOS DE ETA

Los otros cuatro presos de ETA acercados a prisiones más próximas al País Vasco son José Lorenzo Ayestarán Legorburu, Óscar Celarain Ortiz, Jon González González e Idoia Mendizabal Múgica, todos ellos en la actualidad en cárceles de la Comunitat Valenciana.

José Lorenzo Ayestarán Legorburu dejará Alicante II para ir a Soria. Es autor de varios atentados con víctima mortal y cumplirá las tres cuartas partes de condena en enero de 2037.

Óscar Celarain Ortiz dejará Castellón-II para ingresar en la cárcel de Soria. Fue condenado en 2011 por la Audiencia Nacional a la pena de 50 años de prisión como autor material del atentado que asesinó al concejal de UPN José Javier Múgica Astibia y en 2012 por otros dos asesinato más.

Jon González González irá a Pamplona. Fue condenado a 377 años de cárcel por tratar de matar con un artefacto explosivo adosado a un carrito de la compra a la exteniente de alcalde de Portugalete (Vizcaya) Esther Cabezudo, del PSE.

A la cárcel de Pamplona irá también Idoia Mendizabal Múgica. Fue condenada a 18 años de prisión por intentar asesinar a la delegada de Antena 3 en el País Vasco, María Luis Guerrero, a la que enviaron un paquete explosivo el 17 de enero de 2002 que pudo ser desactivado.

También fue condenada a 20 años de cárcel por colocar el 22 de junio un coche-bomba en la calle Vargas de Santander, frente al edificio de los Nuevos Ministerios, que provocó heridas a un total de seis personas. Además, fue condenada a penas que suman 25 años de cárcel por atacar con cócteles molotov la casa de un agente de la Ertzaintza en la localidad guipuzcoana de Idiazabal el 31 de enero de 1998.

Organizaciones feministas, españolas e internacionales, han iniciado acciones para denunciar ante la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, «las maniobras de quienes tratan de usar» a la propia ONU para inducir a los Estados a «eliminar el sexo como categoría jurídica a considerar en las políticas» sobre la desigualdad entre mujeres y hombres.

Según ha informado la Alianza contra el Borrado de Mujeres, participante de estas acciones, se ha enviado una misiva a Bachelet, denunciando, en concreto, las maniobras del experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género de la ONU, Víctor Madrigal-Borloz, que consideran uno de los promotores de esta «doctrina».

A juicio de las organizaciones, la teoría de Madrigal-Borloz registra una «manifiesta voluntad» de «orientar» hacia «una nueva concepción del derecho sobre la base de categorías tan imprecisas y acientíficas como la ‘identidad de género'».

La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres denuncia que se «ignoran» derechos de las mujeres y las niñas «para priorizar los ‘nuevos’ y ‘especiales’ derechos que reclaman algunos colectivos LGTBQ en materia de eliminación de la categoría jurídica ‘sexo'».

COMPROMETE LA CREDIBILIDAD DE LA ONU

Las organizaciones de mujeres señalan a Bachelet que la gravedad de estos hechos requeriría «la inmediata retirada del llamado a contribuciones por parte de la Alta Comisionada» y «la urgente evaluación sobre la ética, competencias e intereses a los que responde el trabajo de Madrigal-Borloz».

A su juicio, el trabajo de este expero «compromete la credibilidad de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos» y «la dignidad de todas las mujeres y de la infancia».

Fuentes de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, han anunciado que buscarán canales para explicar a Bachelet, a otros dirigentes de organismos internacionales y a los Estados miembros, las consecuencias que tiene, particularmente para las mujeres, el reconocimiento de la subjetividad que construye la jerarquía sexual, como categoría jurídica aceptable, aunque no pueda ser verificable.

Igualmente han denunciado que se utilicen las legítimas aspiraciones de igualdad de derechos de las personas LGTBI como parapeto para introducir reformas legales que, a su juicio, «nada tienen que ver con esas aspiraciones, pero que cuestionan incluso el conocimiento científico de la realidad».

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha dicho no constarle que exista malestar entre Génova y el PP que lidera Isabel Díaz Ayuso en Madrid por el fichaje del exdiputado de Ciudadanos Toni Cantó como independiente, una decisión que considera «acertada» y «fantástica».

En declaraciones a los periodistas, Gamarra ha defendido que, como dirigente y afiliada del PP, le parece «una buena noticia» que personas como Cantó se incorporen a un proyecto de centro derecha como el PP. «Significa que hay muchos españoles que están entendiendo la necesidad de unir el centro derecha para que sea la alternativa real y posible a (Pedro) Sánchez», ha añadido.

Gamarra sostiene que todo lo que sea sumar es positivo ya no sólo para el PP sino, sobre todo, para consolidar «el proyecto de centro derecha que España necesita». «España necesita una alternativa a Sánchez en La Moncloa y, para que sea real, el proyecto del PP tiene que ampliarse», ha abundado la dirigente ‘popular’, incidiendo en que «cuanto más gente se sume» al partido, más cerca estará de conseguir el objetivo.

«UN GRANDÍSIMO ACIERTO» PONER A RUIZ ESCUDERO DE DOS

También ha aplaudido Gamarra la decisión de Díaz Ayuso de que el actual consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, vaya de ‘número dos’ en la lista del PP a las elecciones regionales del próximo 4 de mayo. A su juicio, es «un grandísimo acierto» por el papel que ha jugado el consejero en la lucha contra la pandemia del Covid.

«La Comunidad de Madrid es un referente a nivel mundial por muchas de las medidas que ha adoptado, desde lo que supuso Ifema como lo que ha supuesto Zendal, y esa gestión se visualiza en quien es su consejero de Sanidad y ahora ‘número dos'», ha argumentado la portavoz, quien cree que Ruiz Escudero es una persona que en el PP de Madrid tiene «un largo recorrido y una amplio reconocimiento».

Preguntada, por último, por las últimas encuestas que dan a Díaz Ayuso 59 escaños y 14 a Vox, Gamarra ha evitado comentar esos posibles resultados o aventurar si los de Santiago Abascal pedirán entrar o no en un futuro Gobierno.

Se ha limitado a subrayar que el próximo 4M los madrileños tendrán «la última palabra» sobre «la operación moción de censura impulsada por Pedro Sánchez desde Moncloa». «A los madrileños corresponde decir cómo quiere que se gobierna el futuro de esta comunidad y si quieren más libertad o si quieren que la izquierda llegue al Gobierno» regional, ha zanjado.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha anunciado este viernes negociaciones con el Ministerio de Defensa para la cesión del cuartel de Son Busquets y, así, incrementar en 831 viviendas el parque de inmuebles destinados al alquiler social en Palma.

Así lo ha confirmado este viernes en rueda de prensa en el Consolat tras la firma de dos protocolos con los consells insulares de Mallorca y Menorca para fomentar la promoción de viviendas destinadas al alquiler social en estas islas.

En la firma, en la que también han estado presentes la líder del Ejecutivo balear, Francina Armengol, así como la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, y la del Consell de Menorca, Susana Mora, el ministro ha detallado que el acuerdo contempla 245 viviendas de alquiler asequible en Mallorca y 100 en Menorca.

De este modo, el ministro ha destacado que, con estas firmas, se han puesto «los cimientos para proporcionar una vivienda digna y asequible a muchas personas». «Con estos acuerdos, la vivienda dejará de ser un obstáculo para poder continuar con sus vidas y aspiraciones», ha subrayado.

Los inmuebles contemplados en los protocolos firmados, que se enmarcan en el Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible, se ubicarán en suelos de titularidad pública calificados para uso residencial, tendrán una renta limitada y serán alquiladas a familias o unidades de convivencia con recursos limitados.

A ellos hay que sumar otras 24 viviendas en Mallorca y 18 en Menorca para ser destinadas al alquiler asequible en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, así como las 131 formalizadas este jueves con el Ayuntamiento de Ibiza, otras 61 correspondientes al Plan Estatal y las 367 de Ca n’Escandell.

Con todo, el ministro ha destacado que, en total, son más de 900 viviendas en alquiler asequible en Baleares para contribuir a paliar «las graves dificultades a las que se enfrentan muchas personas para acceder a una vivienda digna en condiciones asequibles».

En su discurso, el responsable del departamento ha defendido que estos acuerdos son «la mejor imagen de la indispensable colaboración institucional» entre todas las administraciones para ampliar el parque de viviendas de alquiler social destinadas a personas, familias o unidades de convivencia con ingresos limitados.

Asimismo, el ministro ha destacado la puesta en marcha del Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible para promover un parque de 100.000 viviendas de alquiler social «significativo y permanente en el tiempo». En el marco de este plan, el Ministerio actuará en la creación de 44.000 viviendas; y también trabajará en la colaboración con los agentes privados para la creación de un fondo social 56.000 inmuebles.

Sobre estos protocolos, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha especificado que el Ministerio aportará tres millones de euros a Mallorca y 500.000 euros a Menorca para la promoción de vivienda de titularidad pública.

La dirigente del Ejecutivo balear ha valorado el trabajo del Ministerio para ayudar a Baleares en política de vivienda ante «la situación tan dolorosa como la crisis de la pandemia, que influye directamente en el acceso a la vivienda». «Con esta acción se comprueba que el Gobierno está al lado de las comunidades para solucionar algo tan primordial como la falta de inmuebles», ha resaltado.

Asimismo, ha ensalzado la labor de Gobierno estatal, Govern, consells insulares y ayuntamientos para «atajar esta crisis de un modo diferente». La presidenta del Govern ha indicado que, hasta el momento, se han movilizado más de 7.500 millones de euros a través de todas las ayudas. «En momentos de dificultades hemos sido capaces de trabajar en conjunto», ha dicho.

Por su parte, la presidenta del Consell de Mallorca ha afirmado que, con estos protocolos, se confirma que estas políticas «se impulsan con gobiernos progresistas». «Cuando gobierna la derecha en Baleares, siempre se promociona un hotel en vez de las viviendas públicas», ha añadido.

En la misma línea, Mora, dirigente del Consell de Menorca, ha apuntado que si «no se actúa con un tema tan preocupante como el de la vivienda, esta lacra social seguirá latente con el paso de la pandemia».

AGENDA URBANA ESPAÑOLA EN MENORCA

En relación con el Protocolo General de Actuación suscrito con el Consell Insular de Menorca, el ministro ha destacado la importancia del plan de acción en el que está trabajando esta entidad, denominado Agenda Urbana de Menorca, tanto por ser la primera que se elabora en un ámbito territorial insular, como por su apuesta por la sostenibilidad en los ocho municipios de la Isla.

Ábalos ha resaltado el papel que el Consell Insular ha tenido desde un primer momento en el proceso de elaboración de la propia Agenda Urbana Española, al formar parte activa del grupo técnico de trabajo constituido entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Asimismo, ha reconocido el «intenso proceso de participación» que el Consell está poniendo en marcha y que deja constancia «del espíritu de colaboración entre todos los actores interesados para conseguir que el plan de acción esté consensuado y vivo, permitiendo su permanente actualización».

Dentro de los contenidos del Plan de Acción, Ábalos ha hecho hincapié en las actuaciones propuestas sobre la vivienda social, la lucha contra la pobreza y la eficiencia energéticas, la gestión adecuada y eficiente de los recursos naturales, la adaptación y mitigación al cambio climático y la sostenibilidad social, económica y medio ambiental en su más amplia acepción.

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha defendido sobre la condena a su exmarido a cinco años de prisión por abusar sexualmente de una menor tutelada, que «no se ha juzgado a la Conselleria, sino un caso de abusos sexuales».

Así se ha pronunciado Oltra durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell sobre esa condena. Al ser preguntada si considera que esta circunstancia influyó sobre la actuación de la Conselleria, ha aseverado: «Rotundamente no».

De hecho, ha incidido en que la dirección política de la Conselleria tuvo conocimiento de estos hechos «cuando ya habían pasado varios meses y varias actuaciones», y ha incidido que no se juzga al departamento, sino al condenado.

Preguntada si la actuación de la Conselleria fue correcta, Oltra ha señalado que «en unos casos sí, en otros no», y ha considerado que «la no comunicación a Fiscalía no fue una actuación que se pueda decir aceptable».

Al respecto, ha defendido que nada más conocer la dirección política, «se ordenó por escrito la absoluta colaboración con la fiscalía» y que un mes después se publicó un nuevo protocolo que «recordaba a todos los centros y direcciones territoriales la obligación de comunicar a la Fiscalía de menores cualquier sospecha de abuso».

Respecto a si hubo «desprotección» por parte de la Conselleria, Oltra ha argumentado que los profesionales actuaron «siguiendo los protocolos vigentes en aquél momento» referidos a la atención en caso de sospecha de abusos. Así, ha defendido que el hecho de que haya informes es «consecuencia» de que la niña recibió atención.

Así, ha indicado que se le atendió por parte del propio centro, la dirección territorial y la fundación Espill para la atención especializada. Oltra ha explicado que esta entidad trabaja con casos de abusos sexuales y cuenta con «profesionales de gran prestigio», por lo que, «como es la práctica habitual, se le derivó (a la menor) igual que otros muchos casos durante el año 2017 para su tratamiento y sostenimiento emocional y psicológico».

No obstante, ha agregado: «Cualquier error o disfunción que se haya detectado por parte del tribunal se analizará al detalle y para mejorar, con el objetivo de mejorar siempre la actuación de la administración», ha manifestado. Prueba de ello, considera, son tanto la ordenación de colaborar con la fiscalía, como el nuevo protocolo aprobado en septiembre de 2017.

«TODA LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA»

Al respecto, Oltra ha recordado que ha pedido comparecer en Corts para dar «todas las explicaciones que hagan falta» sobre este asunto, y ha asumido «toda la responsabilidad política».

Preguntada si ve «normal» que un sospechoso de abusos envíe una carta a la directora para preguntarle si modifica o cambia algo de su versión, Oltra ha explicado que en el centro se hace una investigación «contradictoria», en el sentido de «escuchar a las dos partes». En opinión de la vicepresidenta, «no parece que en lo que podríamos llamar el pliego de descargo, la dirección del centro tuviera que intervenir».

«En todo caso, ahí lo que yo entiendo es que la persona instructora en este caso, tiene que mantener primero, siendo que se trata de un centro de infancia, la máxima protección de la persona menor de edad y la neutralidad respecto a quien está sometido a esa instrucción», ha apuntado.

Preguntada sobre la autocrítica realizada desde la anterior sentencia (el primer juicio, celebrado en noviembre de 2019, se declaró nulo), Oltra ha indicado que estos hechos son de hace cuatro años. «La reacción de la Conselleria se produjo nada más conocerse, por parte de la dirección política los hechos, y en solo un mes se había elaborado el protocolo y en solo cinco días se había conminado a la dirección territorial a la colaboración con la fiscalía».

Así, considera que «sea la sentencia del 21, del 22 o del 25», «a veces se pierde la perspectiva de que los hechos ocurrieron en un momento determinado» entre febrero y verano de 2017. Desde entonces, ha indicado que en 2018 se puso en marcha el «nuevo modelo residencial» y que «se han incrementado plantillas profesionales, se han mejorado los equipos técnicos». «Esa es mi responsabilidad política fundamental, construir un sistema de protección de la infancia que proteja», ha manifestado.

RELACIÓN PERSONAL

Preguntada respecto al vídeo en que anunciaba su comparecencia y criticaba que se culpabilizara a las mujeres, Oltra ha argumentado que planteaba «una cosa muy cotidiana». «Digo que se responsabiliza a las mujeres y a las familias de hechos que no son responsabilidad suya».

A su juicio, este caso ha despertado interés «no por la razón de fondo», ya que esta semana se ha conocido otra sentencia del Tribunal Supremo ante un caso de prostitución de dos niñas en el centro de Monteolivete de València. «Esa sentencia no ha despertado ningún interés informativo. Estas niñas también son víctimas, y no han despertado el interés de la oposición», ha aseverado.

Así, espera que la diferencia entre ambos casos no sean las víctimas: «La diferencia es mi relación personal con el condenado. Cuando yo hago el vídeo, lo que estoy explicando son situaciones muy cotidianas, donde a personas, familias y especialmente a mujeres, se las responsabiliza de algo que no es su responsabilidad o se las señala. Si tienes un hijo que es drogodependiente, no es responsabilidad tuya, pero es posible que en la finca te digan que te tienes que ir», ha puesto como ejemplo.

De hecho, preguntada sobre por qué se omitieron los apellidos del condenado en el informe, ha indicado: «Puede ser que sea por la misma razón por la que en muchas crónicas se han omitido sus apellidos, pero el mío no».

Respecto al caso de Monteolivete, ha indicado que la Conselleria no está personada en ninguno de los dos casos, por lo que están intentando conseguir la sentencia. «Cuando tengamos acceso a la sentencia también la estudiaremos».

Además, ha indicado que la Generalitat no podía personarse en este caso porque todavía no estaba aprobada la ley de infancia, una normativa «garantista que pone el derecho del menor por encima de cualquier otra circunstancia».

Un total de 1.374 jueces de los 5.000 que hay en la carrera judicial han hecho ya el curso de perspectiva de género obligatorio puesto en marcha por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así lo ha indicado la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Ángeles Carmona, este viernes durante su comparecencia en la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, en el Congreso de los Diputados.

Tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia Doméstica y de Género, todos los jueces y magistrados que quieran acceder a cualquier especialidad deberán acreditar la formación en perspectiva de género.

Carmona ha dicho que uno de los ejes principales del Pacto de Estado es la formación y, en este sentido, también ha informado de que están «a punto» de incluir la especialidad propia en violencia de género, una especie de «minioposición» para que haya jueces especializados en esta materia, aunque aún necesita desarrollo reglamentario.

Ante la crítica de la diputada de Vox Carla Toscano, que ha tachado de «formación ideológica» y de «adoctrinamiento» el curso en perspectiva de género, Carmona ha negado que se imponga «ninguna ideología de ningún tipo». «Son cursos de formación y no intentamos inculcar una determinada ideología sino la realidad de la violencia de género para que los jueces tengan todas las herramientas», ha explicado.

DIPUTADA DE PODEMOS: «YO SUFRÍ VIOLENCIA MACHISTA»

Durante la Comisión, la diputada de Unidas Podemos Isabel Franco ha revelado que ha sufrido «violencia machista dentro y fuera del ámbito de la pareja» y ha subrayado la importancia de «normalizarlo, empezar a decirlo y vencer el miedo, el silencio y la vergüenza».

«Yo también he sufrido violencia machista dentro y fuera del ámbito de la pareja, es importante que empecemos a decirlo, que empecemos a vencer ese miedo, el silencio y la vergüenza. Mi familia no lo sabe pero lo sufrí igual que otras muchas mujeres, y hay que normalizarlo, empezar a decirlo porque es el primer paso para salir de ello», ha indicado la diputada.

Ante esta revelación, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ ha felicitado a Franco por ser «tan valiente» al contar que ha sido víctima de violencia machista. «Es un acto de valentía enorme, demuestra que cualquiera de nosotras es vulnerable a esta violencia, no hay ningún perfil, se puede sufrir con cualquier edad, nacionalidad o formación», ha precisado.

La diputada de Unidas Podemos también ha recibido apoyo de diputadas de otros grupos, en concreto, de la diputada del PSOE, quien ha subrayado que «una de cada dos mujeres han sufrido violencia de género de algún modo». «Alguna de ellas está hoy aquí y tiene mi apoyo y el de mi grupo», ha aseverado.

VOX NIEGA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Por su parte, la diputada de Vox Carla Toscano ha mostrado su rechazo a las manifestaciones de apoyo por parte de autoridades públicas a Rocío Carrasco tras contar en televisión que fue víctima de maltrato, lo que a su juicio, va en contra de «la presunción de inocencia»; y ha pedido datos de denuncias falsas.

Además, Toscano ha negado que las mujeres sufran violencia por el hecho de serlo, provocando el «estremecimiento» de la diputada del PP, María Jesús Moro, que la ha acusado de «negacionismo».

«Es imposible demostrar machismo porque a ninguna mujer se la agrede por el hecho de ser mujer, a las mujeres, hombres y niños se nos agrede por otras razones pero no por el hecho de ser mujer», ha declarado Toscano.

Para la diputada de Vox, «la mujer no es mejor ni especial» y, por ello, a su juicio, no merece «una protección más amplia que los menores, hombres u homosexuales».

EL PIROPO NO ES DELITO

Además, considera que se está «frivolizando» con la palabra ‘violencia’ y ha puntualizado que el «piropo» puede ser «chavacano» pero «no es delito». Vamos a separar violencia de idioteces», ha reclamado.

A continuación, la diputada del PP María Jesús Moro ha dicho que le «estremecen» estas declaraciones. «No podemos negar los hechos y los datos. Nosotros no estamos en ese negacionismo», ha asegurado la diputada ‘popular’.

También la diputada del PSOE en su turno de intervención ha subrayado la importancia de «desenmascarar las falacias» que niegan la violencia de género y ha insistido en que «una de cada dos mujeres» la han sufrido.

Por su parte, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género se ha referido al asunto de los piropos y aunque ha afirmado que «no es delito», ha precisado que sí es «un acto de machismo» porque «invade el espacio, la intimidad de las mujeres» y además ha puesto en evidencia que estos comentarios nunca se dirigen a ensalzar la inteligencia o bondad de la mujer sino a su físico, «cosificándolas».

DENUNCIAS FALSAS, «MUY EXCEPCIONAL»

En cuanto a las denuncias falsas, Carmona ha precisado que es algo «muy excepcional» y ha defendido la «cualificación elevadísima» de los jueces españoles.

«Pensar que la mayoría de denuncias son falsas es atribuir un delito a los jueces y fiscales de España. ¿Qué pasa, que estamos viendo denunciar falsamente y no estamos haciendo nada? Es algo impensable», ha remarcado. En concreto, el CGPJ calcula que unos 2.000 jueces, en alguna de las fases del procedimiento tienen que decidir sobre estos temas de violencia de género.

Por otro lado, la diputada de Ciudadanos Mª Carmen Martínez ha hecho hincapié en la situación de «mayor vulnerabilidad» que han sufrido las víctimas de violencia de género durante la pandemia pues «no se acude al trabajo de la misma manera y el contacto con personas que pueden auxiliarlas es menor».

TÍMIDO AUMENTO DE LA IMPLICACIÓN DE VECINOS Y FAMILIARES

Carmona ha reconocido que durante el confinamiento han visto situaciones «realmente graves» de mujeres que han tenido que convivir con su maltratador sin poder salir y se han incrementado las llamadas al 016. En todo caso, ha puesto de relieve que ha aumentado aunque «muy tímidamente» la «implicación» de vecinos, allegados y familiares que han llamado a este teléfono, aunque sus denuncias apenas representan el 2%.

Otro problema que ha puesto sobre la mesa la diputada de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) María Carvalho es el de las mujeres víctimas de violencia machista en situación de irregularidad administrativa que no denuncian por miedo a ser expulsadas. «Los mecanismos de denuncia aún son insuficientes para las mujeres en situación de invisibilidad», ha apuntado.

Ante esta situación, Carmona ha indicado que, lejos de la idea de que se las va a echar del país, existen medidas para dar a estas mujeres residencia legal en España o para concederles un recurso habitacional. Por ello, ha manifestado la importancia de informar y llegar hasta los lugares más «recónditos», también en el ámbito rural, teniendo como aliados a los ayuntamientos y a los cuarteles de la Guardia Civil.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha arremetido este viernes contra la titular de la cartera de Educación y FP, Isabel Celaá, tras su respuesta al diputado ‘popular’ Juan José Martí, padre de una hija con síndrome de Down, en el Pleno del Congreso del miércoles.

«Vamos a mantener la reprobación que el Grupo Parlamentario Popular presentó porque estamos convencidos y que la actitud y la conducta de la ministra la inhabilita para poder estar al frente de ese Ministerio», ha dicho Gamarra en declaraciones a los medios, tras mantener una reunión con la portavoz adjunta del GPP, Sandra Moneo, y familias con hijos con discapacidad en el Congreso.

El ‘popular’ puso en duda que la nueva ley educativa, la LOMLOE, garantice la libre elección de los padres en la educación de sus hijos, en particular cuando éstos tienen alguna discapacidad. Y contó el caso de su hija, que, con 25 años y Síndrome de Down, está trabajando tras haber estudiado en la universidad y haber acudido a un centro de educación especial, unos colegios que, en su opinión, Celaá quiere que «desaparezcan».

Tras apostar por «combatir la segregación escolar» poniendo «muchos más recursos en los centros ordinarios para tratar la educación especial», la ministra respondió al diputado del PP: «¿De dónde viene usted? ¿De qué lejos viene usted? Usted no tiene ningún contacto con el mundo educativo, ni con los padres, ni con los hijos, ni con los profesores. No sé de qué habla».

Celaá aseguró este jueves haber pedido disculpas al diputado del PP Juan José Matarí por si sus palabras han podido ofenderle. «Jamás fue mi intención faltarle al respeto, ni a él ni a su familia», dijo la ministra.

En este contexto, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha explicado que la reunión de este viernes con familias con hijos con discapacidad se ha producido «sobre todo ante el revuelo» que generó la respuesta de Celaá al diputado.

«Esa respuesta lo que demostró fue la falta de empatía, la falta de sensibilidad y, hasta cierto punto, la falta de educación por parte de la ministra de Educación hacia un diputado y un padre. Unas declaraciones que han generado muchísimo rechazo y movilización por parte de familias españolas que tienen niños con algún tipo de discapacidad», ha declarado Gamarra, que cree que «invalida e inhabilita» a la ministra «para poder estar al frente de ese Ministerio».

Gamarra ha dicho que «esa soberbia que demostró el pasado miércoles no es la que necesita el sistema educativo español para marcar lo que tiene que ser un verdadero modelo de educación inclusiva, que es la que se adapta a las circunstancias de todos y cada uno de esos niños» y ha defendido que tienen derecho a una educación especializada tanto en la educación ordinaria, como la educación especial, algo que, a su juicio, no contempla la ‘Ley Celaá’.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado sacar a subasta pública la flota de doce vehículos de lujo propiedad Jordi Pujol Ferrusola, primogénito de la familia, que ha sido procesado junto con sus seis hermanos y sus padres por delitos de organización criminal, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y falsedad documental relacionados con el gran patrimonio que llegó a reunir el clan.

Entre los vehículos requisados destacan los de las casas Ferrari, Lamborghini, Porche, Jaguar y Mercedes Benz que han sido tasados en más de dos millones de euros.

En su auto, el juez señala que los vehículos serán sometidos a subasta electrónica por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal (BOE), y añade que el producto obtenido con la venta «se conservará íntegramente hasta la finalización del procedimiento judicial», que se encuentra actualmente en fase intermedia.

La decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional contiene una advertencia, pues los turismos no podrán ser enajenados por un precio inferior al cien por cien de su valor a efectos de subasta. Contra esta decisión, que se notificó al fiscal el pasado miércoles, cabe recurso de reforma y también de apelación ante la Sala del lo Penal de la Audiencia Nacional.

La resolución detalla el modelo y precio tasado de los turismos de los que Pujol Ferrusola no puede disponer desde 2015 por orden judicial y que son los siguientes: Ferrari Testarrosa (tasado en 120.000 euros); Lotus Elan (tasado en 14.400 euros); Lamborghini Miura (tasado en 816.000 euros); Ferrari (tasado en 300.000 euros); Mercedes Benz (tasado en 56.500 euros); Lamborghini (tasado en 250.000 euros); Ferrari (tasado en 77.500 euros); Jaguar E-Type 3.8 Roadster (tasado en 148.000 euros) y Mercedes-Benz SLR McLaren 0128-DSN (62.725 euros).

La lista se completa con otros tres vehículos aún pendientes de tasar y que también se someterán a subasta en los mismos términos que los anteriores, y que son un Porsche 356 B un Seat 600 Abarth y otro Porsche 911 S TARGA.

FAMILIA PROCESADA

El pasado 16 de julio el juez José de la Mata predecesor de Pedraz en el juzgado, propuso enviar a juicio al expresidente catalán Jordi Pujol, su mujer Marta Ferrusola y sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal para, aprovechándose de su «posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas», acumular un «patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».

En el auto que puso fin a la pieza principal de este caso, el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 procedía contra toda la familia Pujol Ferrusola, el magistrado procede también contra otras 18 personas que habrían participado o colaborado en las actividades ilegales, entre ellos la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, o los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol.

Según el auto, la investigación, que se ha alargado más de siete años, ha acreditado que parte de esas «actividades corruptas» que habría cometido la familia coincidieron en el tiempo con la Presidencia de la Generalitat de Cataluña que ostentó Jordi Pujol entre 1980 y 2003.

La procedencia del patrimonio, señala el juez, proviene de distintas fuentes que en algún caso son desconocidas, si bien destaca que existen «indicios sólidos» que acreditan que no procede, como alegan desde el principio los miembros de la familia, de una herencia familiar del abuelo Florensi Pujol.