Agentes de la Guardia Civil han desarticulado una presunta banda criminal dedicada a la venta ilegal de medicamentos y al blanqueo de capitales, que operaba en distintos establecimientos como farmacias, gimnasios y tiendas de suplementación de la Vega Baja (Alicante) y en Valencia.

En la operación se ha detenido a sus 15 supuestos integrantes, todos varones de entre 22 y 39 años, entre los que se encuentran los tres presuntos cabecillas, y se investiga también a otras cinco personas, otros tres hombres y dos mujeres de entre 25 y 38 años, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Asimismo, se han intervenido un total de 7.365 dosis de un gran número de medicamentos, no solo anabolizantes sino que también comerciaban con aquellos que reducían los efectos secundarios de estos, como la ginecomastia (aumento de las glándulas mamarias en el hombre) o la impotencia sexual, con un total de 141 compuestos distintos.

También han sido interceptados 11.154 euros en efectivo, dos vehículos de alta gama valorados ambos en 90.000 euros y dos uniformes de policía local que usaba uno de los miembros, en la comisión de delitos anteriores de vuelcos de droga, los cuales ya había prescrito.

La investigación se inició en julio de 2018 y finalizó el pasado 2 de marzo, cuando el Puesto Principal de Torrevieja culminó la denominada ‘Operación Disolución’, iniciada tras hallar anabolizantes en un vehículo durante un control rutinario en la localidad de Torrevieja.

En el operativo, los agentes pudieron comprobar cómo el grupo criminal, al parecer, importaba desde distintos países de Europa como Portugal, Moldavia o Bulgaria, China y Sudamérica paquetes con los fármacos, con el fin de introducirlos presuntamente de manera ilegal en el mercado español.

A través de la colaboración entre la Guardia Civil y el Colegio de Farmacéuticos de Alicante, se descubrió como estos medicamentos eran dispensados de forma ilegal directamente en tres farmacias de las localidades de Almoradí y San Miguel de Salinas, donde alguno de sus empleados, concretamente un farmacéutico y dos auxiliares, hacían acopio de medicamentos con recetas de clientes que no adquirían la totalidad de las dosis prescritas, para posteriormente venderlas a miembros de esta organización.

TRES CABECILLAS

Asimismo, la distribución de esta mercancía se realizaba por distintos medios, uno de ellos era mediante un preparador de culturismo, que al parecer era uno de los cabecillas y derivaba a sus clientes al resto de miembros de la organización con el fin de conseguir los fármacos que les indicaba.

Otra forma de distribución consistía en que, mediante una empresa distribuidora de suplementos de alimentación deportivos situado en la provincia de Valencia, se hacían pedidos y se facturaban como tales, mientras al cliente se le hacían llegar los medicamentos de forma fraudulenta.

Además, los envíos se realizaban a clientes de todo el territorio nacional mediante empresas de paquetería. Igualmente, dos establecimientos de venta de productos de suplementación deportiva en las localidades de Torrevieja y Almoradí, respectivamente, distribuían entre sus clientes de igual forma los productos sin ningún tipo de control.

Los cabecillas no solo distribuían los productos, sino que supuestamente en ocasiones llegaban a inyectarlos; incluso provocaron que un varón tuviera que ser intervenido quirúrgicamente por una infección originada a raíz de la inyección. Según la Guardia Civil, los efectos adversos no se debían a la escasa preparación de las personas, sino que llegaban a producir problemas renales y orín de color negro.

Finalmente, tras llevar la investigación y numerosos registros, se logró detener a los tres presuntos cabecillas de la organización, todos ellos residentes en la comarca de la Vega Baja, en Alicante, a los que se les imputan los delitos contra la salud pública, intrusismo laboral y blanqueo de capitales.

Por su parte, también han sido detenidos otros doce integrantes más, acusados de un delito contra la salud pública. Además otras cinco personas han sido investigadas por ser supuestos autores de un delito contra la salud pública.

Tras la instrucción de diligencias por parte del Puesto Principal de Torrevieja, todos los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Torrevieja y han quedado en libertad con cargos.

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Espín, ha denunciado públicamente que el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, «ha vendido la educación y la cultura a la extrema derecha», que pasará a hacerse con la gestión del futuro de la Región de Murcia. «El precio por mantenerse en el sillón lo pagará la comunidad educativa», ha aseverado.

«Este duro golpe, que supondrá un hachazo sin precedentes a nuestra educación pública y a los derechos y libertades de nuestro alumnado, viene a culminar el bochornoso espectáculo de corrupción de las instituciones que López Miras comenzó con la compra de diputados tránsfugas que ahora forman parte de su gobierno», ha indicado.

Espín ha criticado que el Gobierno regional «está marcado por la corrupción y ahora también por las políticas de extrema derecha, que no sitúan a la Región de Murcia como la primera comunidad autónoma de España en dejar en manos de Vox los bienes más preciados: la educación y la cultura«, según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

Ha añadido que la escuela pública, que siempre ha sido la mayor garante de la igualdad de oportunidades, la equidad y el progreso social, «corre ahora un enorme peligro, ya que, aunque López Miras quiera enmascararlo manteniendo a sus, hasta ahora, directores generales, la máxima responsable de gestionar las políticas educativas y culturales de la Región será una de las mayores defensoras del veto parental, el cheque educativo y las políticas de concertación sin medida».

«No hay mayor traición a la ciudadanía que vender su formación y el futuro de sus niños y jóvenes por intereses personales, y eso es lo ha que ha hecho el presidente de la Región de Murcia. Un acto deleznable y ruin que cercenará nuestro futuro y el del propio Partido Popular, al que la ciudadanía no personará por tan despreciable acto», ha añadido.

Finalmente, ha señalado que la comunidad educativa, «en pie de guerra desde el anuncio de esta tropelía», será, sin duda, «el dique de contención del PP y de sus socios tránsfugas y extremistas».

«Les tendrán enfrente, en la calle, defendiendo con uñas y dientes todo lo que hemos construido juntos desde hace décadas. Pueden contar el PSRM-PSOE, que estará a su lado en esta digna lucha por los derechos y libertades de nuestro alumnado», ha concluido.

Unides Podem ha planteado en Les Cortes Valencianas en una proposición no de ley que se modifique la regulación de las sanciones administrativas de tipo económico y de ámbito autonómico derivadas del incumplimiento de las restricciones y las medidas de seguridad aprobadas para la contención de la Covid-19, de modo que estén ponderadas «en función del nivel de ingresos». Esta iniciativa se produce tras la polémica generada por el futbolista del Real Madrid, Marcelo.

El diputado y portavoz de Economía de este grupo, Ferran Martínez, plantea que, para llevar a cabo esta medida, se establezca «un sistema de cálculo ágil basado en la proporcionalidad, estableciendo tipos básicos y fijando umbrales» y que se apruebe también una «amplia reforma» del conjunto de sanciones administrativas de ámbito autonómico para «adaptarlas al principio de proporcionalidad en función de los ingresos de persona sancionada». Paralelamente, insta al Gobierno de España a actuar en el mismo sentido, según ha informado Unides Podem en un comunicado.

Martínez ha explicado que las sanciones administrativas «no solo sirven para castigar el incumplimiento de la ley sino aún más fundamentalmente para prevenirlo». Sin embargo, ha advertido, «aunque se aplique a todos los infractores de una misma ley una misma sanción económica con una misma cuantía, sus efectos sobre los sancionados no tienen por qué ser necesariamente iguales».

Así, ha indicado que el valor subjetivo que le dé un individuo concreto a una sanción «puede variar en función de su capacidad para afrontar el pago. Una sanción puede ser muy elevada para alguien que sea pobre y sin embargo, ser nimia para alguien que tenga un poder adquisitivo elevado».

En este sentido, se ha referido al caso del futbolista del Real Madrid, Marcelo, que se saltó el cierre perimetral y se trasladó a Valencia el pasado domingo, según trasladó él mismo en las redes sociales.

Martínez ha recordado que «existen distintos tipos de sanciones económicas en diferentes países que no se definen conforme a un valor absoluto idéntico para todos los infractores sino que se aplica como un porcentaje respecto a una variable que mide el poder adquisitivo de cada individuo, habitualmente la renta o el patrimonio».

SUIZA Y FINLANDIA

El diputado de Podemos ha añadido que dos ejemplos bien conocidos son las multas de tráfico en Suiza y Finlandia «que se calculan en base al nivel de renta de la persona sancionada».

En esta línea, ha indicado que en el último año las Administraciones Públicas han tenido que desarrollar nuevas disposiciones sancionadoras que acompañen las distintas regulaciones sobre las restricciones y las normas de seguridad establecidas para prevenir los contagios por Covid-19.

«La aplicación de dichas normativas, sin embargo, dejan claro, como ya venía ocurriendo en otro tipo de sanciones, que aquellos que poseen un mayor poder adquisitivo tienen una mayor facilidad para incumplir la ley porque son sobradamente capaces de afrontar las sanciones sin una merma significativa de su riqueza. Sancionar por igual a quienes se encuentran en situaciones patrimoniales muy distintas es sancionar más a quienes menos tienen y sancionar menos a quienes más tienen», ha manifestado.

En este sentido, ha incidido en que «este tipo de casos generan un agravio comparativo entre los ciudadanos en tanto que puede ser más o menos asequible incumplir la ley según si quien lo hace es más rico o más pobre, es decir, la desigualdad económica repercute, de hecho, en una desigualdad ante la ley».

Dos hombres y seis mujeres que sufrieron abusos sexuales en la infancia expondrán su obra fotográfica en Barcelona a partir del 13 de abril con el objetivo de compartir sus experiencias y sensibilizar a la sociedad sobre esta realidad «silenciada y desconocida», según un comunicado este martes.

‘Material sensible’, que se podrá visitar hasta el 28 de mayo en La Casa Elizalde, es una exposición colectiva organizada por la Fundación Photographic Social Vision en colaboración con la Fundación Vicki Bernadet, que trabaja en la prevención, detección y atención a las personas víctimas de abuso sexual infantil.

Las personas participantes en la muestra –todas ellas en proceso terapéutico en la Fundación Vicki Bernadet–, han utilizado la fotografía como herramienta de expresión creativa con el objetivo de «revisar con imágenes su relato personal».

Buscan explicar «cómo les afectó su vivencia, cuáles han sido sus etapas del proceso de recuperación y cómo se sienten hoy en día en relación a esos hechos», ha indicado en el comunicado la organización del taller fotográfico, que este año llega a su tercera edición.

Alrededor de la exposición se organizarán actividades complementarias como visitas guiadas a escuelas y entidades, para sensibilizar e informar sobre esta grave problemática y dar herramientas de prevención.

Uno de cada cinco niños y niñas sufren algún tipo de abuso sexual infantil antes de los 17 años y, de estos, un 60% nunca recibirá ayuda y el 90% no dirá nada hasta la edad adulta, según datos facilitados por la Fundación Vicki Bernadet.

Entre el 80% y el 85% de los abusos sexuales infantiles se producen en el entorno de confianza, como educadores, monitores o familiares; y entre el 65% y el 70% son casos dentro de la familia.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo y el expresidente de Bankia Rodrigo Rato celebrarán el próximo 13 de abril un acto de conciliación por la demanda de injurias y calumnias interpuesta por el exministro contra el expolicía. Se trata de un trámite previo a la posible admisión de la demanda en el que el exvicepresidente del Gobierno busca que el principal investigado en el caso ‘Tándem’ desmienta lo que dijo en una de sus conversaciones grabadas sobre que el exdirigente del PP habría «trincado» sobres con dinero.

El acto de conciliación coincide con otra comparecencia de interés para Villarejo en la Audiencia Nacional, la declaración como investigado del ex inspector de Policía Constancio Riaño, en el marco de la pieza 9 del caso ‘Tándem’, en la que se investiga los contratos del BBVA con el comisario jubilado.

Por ello, la defensa de Villarejo, ejercida por el abogado Antonio José Cabrera, ha remitido un escrito al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, solicitando que retrase o cambie la citación de Riaño debido a la coincidencia de ambas vistas.

Fuentes jurídicas, que han confirmado que el acto de conciliación está previsto que se celebre a mediados del próximo mes en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Móstoles, apuntan que no es necesario que perjudicado y demandado se presenten a este acto, pero sí sus defensas, ya que son su representación legal.

Asimismo, las mismas fuentes recuerdan que el acto de conciliación es un trámite de obligado cumplimiento, ya que la ley establece que no se admitirá querella por injuria o calumnia sin antes haber celebrado o intentado el mismo.

Rato interpuso el acto de conciliación el pasado mes de febrero para instar al comisario jubilado –que salió de la cárcel el 4 de marzo, tras pasar más de tres años en prisión preventiva por el caso ‘Tándem’– que niegue la veracidad de lo manifestado sobre él.

Según consta en un oficio de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional con fecha de 4 de mayo de 2020, que obra en el sumario de la pieza separada 7 del caso ‘Tándem’, en la que se investiga la ‘operación Kitchen’, Villarejo afirmó en una de las conversaciones grabadas que el que fuera director gerente del FMI le habría admitido que había «trincado sobres, pero delante mía iba Rajoy con otro sobre».

LA DECLARACIÓN DE RIAÑO PODRÍA VERSE SUSPENDIDA POR SEGUNDA VEZ

Así las cosas, la declaración podría verse aplazada por segunda vez en menos de un mes. Había sido prevista inicialmente para el pasado 24 de marzo, pero el Juzgado Central de Instrucción número 6 aceptó aplazarla para después de Semana Santa, a petición del propio Riaño y del ex jefe de Riesgos del BBVA Antonio Béjar.

Ahora, el abogado de Villarejo, Antonio José Cabrera, pide que la cita se retrase mínimo hasta las 12.00 horas del mismo 13 de abril–la declaración está agendada a las 10.00 horas– para que le dé tiempo a comparecer en ambas sedes judiciales. Así, en caso de que ello no sea posible, el letrado solicita que la declaración de Riaño se practique otro día.

No obstante, la defensa de Riaño también ha solicitado la suspensión de la comparecencia del ex inspector de Policía dentro de dos semanas, ya que, según alega en un escrito, la abogada «tiene señalado con antelación para ese mismo día» un juicio en Málaga.

El ex inspector de la Comisaría General de Información ha sido citado a declarar en calidad de investigado por un presunto delito de revelación de secretos. El magistrado García Castellón le imputó junto a otros dos policías, José María Serrano Ydigoras y Manuel Novoa Martínez.

Riaño ya confirmó en 2019 en la Audiencia Nacional que proporcionaba datos privados de terceros al ‘clan’ del comisario Villarejo por orden del entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), el también investigado en la causa Enrique García Castaño. En concreto declaró por esas búsquedas en bases policiales al margen del cauce oficial y para el encargo del bufete de abogados Herrero y Asociados –pieza número 2 de la macrocausa denominada ‘Iron’–.

De hecho, la Fiscalía Anticorrupción solicita para este ex inspector de Policía Nacional 50 años de prisión por su implicación en la pieza ‘Iron’ del caso ‘Tándem’. Así, será juzgado junto a Villarejo y otros encausados a partir del 13 de octubre en la vista oral que acumula tres piezas separadas (Iron, Land y Pintor).

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el Proyecto de Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, conocida como ley de ‘nueva normalidad’, que fue aprobada el pasado 18 de marzo en el Congreso de los Diputados.

Entre las medidas contempladas en el texto, que entrará mañana en vigor y se mantendrá hasta que acabe la pandemia, se mantiene la obligación para las personas, a partir de los seis años, de usar mascarilla en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, incluso aunque se mantenga la distancia de seguridad de 1,5 metros.

En cualquier caso, la mascarilla no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias», señala el documento.

En relación a los fabricantes y los titulares de autorizaciones de comercialización de aquellos medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, el documento recoge que deberán comunicar a la Dirección de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) el ‘stock’ disponible, la cantidad suministrada en la última semana y la previsión de liberación y recepción de lotes de los mismos, incluyendo las fechas y cantidades estimadas.

Además, incluye que las administraciones competentes velarán por garantizar la suficiente disponibilidad de profesionales sanitarios con capacidad de reorganización de los mismos de acuerdo con las prioridades en cada momento. Asimismo, alude a la garantía de un número suficiente de profesionales involucrados en la prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico temprano, la atención a los casos y la vigilancia epidemiológica.

Durante su debate en la Cámara Baja, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, resaltó que esta norma va a «permitir avanzar el control de la pandemia y también en funciones de vigilancia, inspección y control de casos». «Esta norma será medular en la gestión de la pandemia hasta su finalización. Recoge buena parte del compromiso adquirido durante la gestión de esta dolorosa crisis. Está llamada a ser una fuente de conocimiento para aquellos que tengan que tomar decisiones similares en el futuro», defendió.

Guillermo Díaz, de Ciudadanos, aplaudió la incorporación de una enmienda de su grupo para la suspensión durante toda la pandemia del visado de inspección médica para la prescripción de la triple terapia en el tratamiento de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). «Evitará tratamientos burocráticos para acceder al mejor de los tratamientos», celebró.

El diputado de la formación ‘naranja’, en sintonía con la ministra de Sanidad, reivindicó la necesidad de esta ley: «No podemos volver a enfrentarnos a una pandemia con reales decretos, salvo para matizar una norma que ya exista». En cualquier caso, ha reclamado al Ejecutivo que «plantee establecer una legislación que permita en un futuro responder mejor a una situación como esta».

Laura Márquez, de Unidas Podemos, también se mostró satisfecha con la incorporación en el texto legislativo de la prórroga de los contratos de investigación durante la pandemia, pero insistió en que «es necesario abordar el problema de la temporalidad en la investigación científica». «Incluso las personas que están investigando una vacuna en nuestro país tienen contratos temporales. Hay que garantizar la estabilidad de nuestros científicos, pero de verdad, sin trampa ni cartón», añadió.

En contraste, la diputada ‘popular’ Ana Pastor, ex ministra de Sanidad, lamentó que el documento final no incorpore ninguna de las 45 enmiendas presentadas por el principal grupo de la oposición. «Nunca antes el parlamento había sido tan ninguneado como en esta legislatura. Los decretos se han convertido en la norma, como ha ocurrido con ésta. No han aceptado ninguna de las 45 enmiendas de mi grupo. ¿No se dan cuenta de que este decreto llega igual que salió, que apenas ha incorporado cinco enmiendas?», ejemplifico.

Así, Pastor criticó que el Gobierno, con esta ley, «ha sido incapaz de incorporar lo que necesita con urgencia el sistema sanitario». ¿Por qué no han apoyado nuestras enmiendas? ¿Por qué un no a una Agencia de Salud Pública y Calidad Asistencial? ¿Por qué no a un plan de recursos humanos para mejorar las condiciones de los profesionales? Debe ser que es muy de derechas», se preguntó retóricamente.

La diputada socialista Carmen Andrés Añón le contestó que las enmiendas del PP están «muy lejos» de la «naturaleza» de la norma, ya que «pretendían una regulación exhaustiva de todas las situaciones posibles e imposibles de prever, y de esta manera maniataría al Consejo Interterritorial en su toma de decisiones». «Además, planteaban un claro conflicto de competencias con las comunidades autónomas. Estaban muy lejos de la Constitución y del espíritu de la ley», remachó.

Radio Televisión Madrid (RTVM) ha cerrado el ejercicio 2020 en «equilibrio» presupuestario a pesar de la crisis sanitaria derivada del Covid-19 y de su impacto negativo sobre las cuentas, con una reducción de ingresos publicitarios y gastos extraordinarios ante la pandemia, y «sin aportaciones públicas extraordinarias», en un año en el que ha logrado además un superávit de 4,6 millones de euros.

Así, la reducción de ingresos comerciales por el desplome generalizado de la publicidad y los gastos extraordinarios para afrontar la nueva situación con la pandemia, unido a los menores ingresos por el mantenimiento de la misma aportación pública por debajo de las previsiones iniciales, han tenido un impacto negativo en las cuentas de RTVM de 5,45 millones de euros, absorbidos con una reducción de gastos de explotación para garantizar el cumplimiento de las principales magnitudes económicas del presupuesto.

El consejo de administración RTVM ha aprobado por unanimidad, en su sesión ordinaria de este lunes, las cuentas anuales y el informe de gestión de 2020 presentado por el director general, José Pablo López.

«Un ejercicio marcado por la irrupción de la crisis sanitaria de la Covid-19, y que se ha cerrado en equilibrio presupuestario a pesar de la menor aportación pública con respecto a la previsión del Contrato Programa, de no haber contado con ninguna aportación pública extraordinaria», señala en una nota la cadena.

Radio Televisión Madrid ha cerrado 2020 con un resultado de explotación positivo de 791.000 euros y un resultado neto también positivo de 684.000 euros. La compañía no incurre en déficit de explotación y cumple, por tanto, con lo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en la Ley de Comunicación Audiovisual de 2010.

El cash-flow generado en el ejercicio ha ascendido a 3,22 millones de euros y, en términos de Contabilidad Nacional, aplicando los criterios de la Intervención General del Estado (IGAE), el superávit de RTVM en el ejercicio es de 4,61 millones de euros.

REDUCCIÓN DE INGRESOS

La aportación pública de la Comunidad de Madrid en 2020 ha sido de 74,8 millones de euros, la misma que en el ejercicio anterior y por debajo de la previsión presupuestaria establecida en el Contrato Programa para el periodo 2018-2020. No obstante, esta reducción ha tenido un impacto negativo de 2,55 millones de euros sobre la previsión de ingresos.

A esta reducción de ingresos se han sumado dos efectos negativos. Por un lado, la reducción de ingresos comerciales como consecuencia del desplome del mercado publicitario por el efecto de la pandemia y, por otro lado, el incremento de gastos extraordinarios que ha supuesto para RTVM la implantación de medidas y planes de acción derivados de la Covid-19.

Los ingresos de publicidad del ejercicio han sido de 5,77 millones de euros. La reducción de la inversión publicitaria ha tenido un efecto negativo en ingresos de 1,4 millones de euros. Adicionalmente, RTVM ha tenido costes extraordinarios por valor de 1,2 millones de euros como consecuencia de la Covid-19.

Estos tres efectos, que en su totalidad han tenido un impacto negativo en las cuentas de RTVM de 5,45 millones de euros, han sido absorbidos con una reducción de gastos de explotación para garantizar el cumplimiento de las principales magnitudes económicas del presupuesto. «Esto evidencia la flexibilidad del modelo de producción de RTVM, único en el sector de las televisiones públicas», señalan desde la cadena.

Radio Televisión Madrid tampoco ha contado con ninguna aportación pública extraordinaria durante el ejercicio, tal y como ha sucedido en otras corporaciones audiovisuales públicas durante 2020.

MEJOR DATO DE AUDIENCIA EN NUEVE AÑOS

Telemadrid y LaOtra han encadenado tres años de crecimiento y cerraron 2020 con un 6,3% de share, el mejor dato de los últimos nueve años.

En concreto, Telemadrid creció a un ritmo del 6% y cerró el año con un 5,4% de share; mientras que LaOtra volvió a revalidar su récord de 0,9% de cuota de pantalla. Motor principal de este crecimiento fueron los ‘Telenoticias’, que han crecido a un ritmo del 22,4% en 2020 y lograron máximos de audiencia en la última década.

Además, Telemadrid.es ha sido la primera cadena autonómica de FORTA en Internet en 8 de los 12 meses del año. La web de Telemadrid sumó más de 35 millones de usuarios únicos y casi 110 millones de páginas vistas, según Google Analytics. Un crecimiento con respecto al año anterior del 63,9% en usuarios y un 53,9% en páginas vistas.

La portavoz de Podemos, Isa Serra, ve bien y cree que «es bueno» que el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, «mire a la derecha» en la campaña electoral porque «puede permitir a la izquierda sumar», pero asegura que si dan los números conformarán un gobierno de coalición de izquierdas.

En una entrevista en ‘Antena 3’, preguntada por el rechazo de Gabilondo a pactar con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, Serra ha recordado que la campaña de las últimas elecciones general el PSOE también prometió no gobernar con Unidas Podemos y finalmente acabó haciéndolo para poder lograr la investidura. «No me cabe duda de que será así también en Madrid y a Gabilondo no le cabrá la posibilidad de unirse con las izquierdas y formar ese Gobierno», ha apostillado.

La ‘número dos’ de Iglesias a los comicios madrileños ha afirmado que la ciudadanía les pide que se unan y que fijen como objetivo prioritario «echar a Ayuso y evitar que entre la extrema derecha» en la Comunidad de Madrid. «Si van a votar las mayorías trabajadores, si van las mujeres frente a políticas machistas que aprueba el Gobierno del PP una y otra vez, si va la gente del sur tantas veces perjudicada por la mayoría del PP, finalmente conseguiremos echar a Ayuso y hacer ese Gobierno de izquierdas», ha manifestado.

La que fuera portavoz parlamentaria de Unidas Podemos en el Parlamento regional ha indicado que la relación con Más Madrid es «absolutamente buena, de entendimiento». «Aunque han decidido no ir en candidatura conjunta podemos entendernos después de las elecciones», ha apuntado.

«La llegada de Pablo Iglesias ha hecho que esos números cambien. Iglesias ha abierto la posibilidad de echar a Ayuso. Se dice que Madrid es de derechas pero no es verdad. Si vota la gente trabajadora, del Sur, a esa mayoría silenciosa podemos votar a Ayuso. En las pasadas generales sumó mayoría la izquierda», ha recordado.

Serra cree que el hecho de que la presidenta regional haya elegido un día laborable para las elecciones es «un intento de que las personas trabajadoras no pueden ir a votar, porque hay una sobrecarga de trabajo en casa que lo dificulta». «Es una intención evidente de Ayuso; pero a pesar de estas dificultades y del Covid es importantísimo que la gente vaya a votar», ha apuntado.

LOS FICHAJES DE IGLESIAS

También ha opinado sobre los fichajes de Iglesias para la candidatura de Podemos. Sobre la abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Alejandra Jacinto, y el escrache del que le acusa la vicealcaldesa madrileña, Begoña Villacís, cuando estaba embarazada hace dos años, la portavoz de Podemos ha respondido que no fue una agresión, sino una movilización de personas afectadas por las políticas de Cs y PP en vivienda.

«No fue un escrache, sino una protesta contra las personas que se negaron a aprobar una ley de vivienda que podría permitir bajar los precios de los alquileres y acabar con los desahucios. Fue un acto público de campaña que no era en su casa, un acto para manifestar su rechazo a votar otra vez contra esta ley que garantizaba el derecho a la vivienda. Villacís está haciendo campaña, no fue una agresión», ha insistido.

Respecto al fichaje del portavoz el Sindicato de Manteros, Serigne Mbayé, Serra ha comentado que es una persona que ha luchado durante muchos años por el derecho de las personas migrantes. «En este momento es más importante que nunca que tomen la palabra, que entren en las instituciones y que defiendan que todas las vidas valen lo mismo. Y fundamentalmente porque tenemos a una presidenta que compra permanentemente el discurso racista de la extrema derecha, que quiera meter dentro del Gobierno. Una extrema derecha racista y clasista», ha tildado.

Por último, Isa Serra ha defendido la salida de Iglesias del Gobierno de España para presentarse a los comicios fundamentales porque Madrid e «es fundamental echar a una persona absolutamente irresponsables que están jugando con la vida de todos los madrileños, que ha usado las crisis para utilizar contratos con grandes constructoras para degradar y empeorar los servicios públicos, como es evidente que ha ocurrido con la Atención Primaria».

«También nos estamos jugando que no entre la extrema derecha (al Gobierno regional) y eso es suficientemente importante para que Iglesias asuma este reto. Hay que hacer política en mayúsculas. Pablo Iglesias abierto una oportunidad de hacer un gobierno de izquierdas que acabe con las décadas de saqueo y corrupción del PP en la Comunidad», ha zanjado.

El candidato a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), ha aviado hoy al expresidente catalán Carles Puigdemont de que el presidente de la Generalitat es «insustituible» y aunque reconoce al Consell per la República que preside el exmandatario fugado en Bélgica, ha advertido de que rechaza «tutelas».

En su discurso, Aragonès ha concretado que hay que reconocer todos los espacios del independentismo dentro de Cataluña y fuera del territorio –en referencia al CxRep–, pero ha destacado que hay que poner en valor el liderazgo de las instituciones de Cataluña, como el Parlament, el Govern y su presidente, que tienen «una responsabilidad indelegable e insustituible».

El candidato ha reconocido no obstante la necesidad de multiplicar la fuerza del independentismo con activos como el del Consell per la República (CxRep), y ha apostado por seguir sumando nuevos elementos a su pluralidad para coordinar estrategias, pero ha advertido: «Sin sustituciones ni tutelas».

«Quiero ser claro y honesto también en este sentido. Aprovechemos todos los activos: las entidades movilizadas, la pluralidad política del independentismo, la participación y la reivindicación política de los presos y la del exilio, y también, claro, la organizada alrededor del CxRep», ha admitido en su intervención en la segunda vuelta del pleno de investidura en el Parlament.

En las negociaciones que no han prosperado entre ERC y Junts el principal escollo ha sido el papel del órgano que lidera Puigdemont, que Junts quería que ganara peso decisorio –un peso extraído de la Generalitat– mientras ERC se oponía a esta propuesta.

También ha llamado a afrontar la negociación con el Estado con la fuerza que proporciona que el independentismo haya superado por primera vez el 50% de los votos en unas elecciones al Parlament.

«Sería un error que el independentismo no aprovechara esta fuerza para reivindicarse ante un Estado que nunca hasta ahora había accedido a negociar con la Generalitat un referéndum de autodeterminación. Sería un error no aprovecharlo para conseguir la amnistía», ha resaltado.

Según Aragonès, el independentismo tiene ahora una posición «idónea» para intentar superar el bloqueo actual y recuperar la iniciativa, y por ello ha pedido aislar los reproches y buscar un diagnóstico y una estrategia conjunta, partiendo de lo que se hizo bien en otoño de 2017 y lo que deben mejorar.

El objetivo de la negociación, ha concretado, debe ser conseguir que el conjunto de presos y «exiliados» sean libres, y que los catalanes puedan votar en paz si quieren ser independientes y que se aplique el resultado del referéndum

«NEGOCIACIÓN DIFICILÍSIMA»

«Este es el objetivo de una negociación difícil, dificílisima. No tenemos que dejar de preparar alternativas. Y por ello, no dejemos de trabajar conjuntamente para articular respuestas porque, en caso de que no lo consigamos, en vez de dar un paso atrás demos dos adelante», ha advertido.

También ha reconocido que ya hay un camino hecho por parte de muchas personas, movimientos sociales y políticos, ayuntamientos y de las mayorías parlamentarias independentistas del Govern que encabezó Carles Puigdemont con el entonces vicepresidente, Oriol Junqueras, y también del de Quim Torra, y que «hay que seguir contando con todo el mundo porque aquí no sobra nadie, sino que hay que ser muchos más».

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

En su opinión, las fortalezas del independentismo que hicieron posible el 1-O pasaron por asociar la idea de independencia a la de democracia, por la unidad estratégica y por la alianza de las instituciones, sociedad civil y ciudadanía, pero considera que no lograron movilizar a los votantes del ‘no’, tampoco supieron contrarrestar la «ofensiva» del Estado y no hubo un reconocimiento internacional.

Para poder avanzar hacia la amnistía y la autodeterminación, Aragonès ha propuesto un Acuerdo Nacional que agrupe todas las formaciones políticas, instituciones y entidades a favor de la libertad de los presos y de un referéndum, y también ha defendido la necesidad de trabajar para hacer crecer el independentismo en su pluralidad y diversidad.

Además, ha apelado a tener la mano al soberanismo porque «representan una parte muy importante del país que entiende y defiende desde una posición no independentista que Cataluña tiene derecho a la autodeterminación».