El delegado del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU, Jesús Martín, ha advertido este miércoles que la «escuela ordinaria» que existe en la actualidad en España «no es inclusiva» ya que aún debe avanzar en materia de accesibilidad, tanto en los centros como en las materias.

Martín ha comparecido ante la Comisión del ramo en el Senado, en donde ha denunciado la falta de cumplimiento del país ante los mandatos que recoge la Convención de la ONU de la Discapacidad, a pesar de que España ratificó este texto en 2008.

Tal y como ha enunciado el representante del CERMI, las violaciones de derechos humanos que sufre diariamente el colectivo han aflorado a la superficie durante la pandemia. Así, ha denunciado la negación de traslados a centros médicos por razón de discapacidad, el veto que sufren en diversas aerolíneas que no les permiten viajar, la prohibición de la entrada de perros guía en algunos espacios o el derechos a la elección de los padres a elegir la educación.

Sobre este último, ha denunciado cómo el Covid-19 ha dejado «en suspenso» al alumnado con discapacidad «por falta de acceso» y también ha señalado el caso de un menor con discapacidad al que no dejaron matricularse en un colegio ordinario en donde sus padres querían que estudiara, ya que también lo hace allí su hermano.

UNA EDUCACIÓN CON TRES PRINCIPIOS

A su juicio, el Gobierno ha «incumplidos sus obligaciones» en cuanto a la existencia de una «educación inclusiva», una medida que también se reclama en la Convención de la ONU.

Durante la comparecencia, la senadora del PSOE Patricia Abascal, ha recordado a Martín que uno de los objetivos de la nueva LOMLOE es que, «en los próximos 10 años, se pueda hacer inclusión en los centros ordinarios».

Sin embargo, Martín ha advertido a la socialista que «la escuela ordinaria no es inclusiva» a día de hoy y ha pedido no centrar le debate en «educación especial-educación ordinaria» porque «hay otras cuestiones que deben resolverse», como la accesibilidad a las instalaciones, pero también en las materias.

Según ha explicado, todavía no hay alternativas para asignaturas como Educación Física y se suele enviar a los menores con discapacidad a aulas de estudio o bibliotecas en donde se les aisla. También denuncia que la escuela no está adaptada a las personas con discapacidad auditiva, por ejemplo.

INCUMPLIMIENTO DE ESPAÑA ANTE LA ONU

A su juicio, tener una escuela inclusiva implica que se base en «tres principios»: presencia, progreso y participación. «Si no se dan estos tres preceptos, la educación no es inclusiva», ha declarado, antes de recordar que la escuela es, junto con la familia, «el primer núcleo de convivencia» de los menores con discapacidad. Además, ha apuntado, si un niño no ve a otro con una gran discapacidad, «va a ser muy difícil que lo quiera y también que lo incluya», ha señalado.

La falta de accesibilidad en el país es, para Martín, el ejemplo más visible del incumplimiento de España ante la ONU, que le exigió cumplir con esta medida en todos los espacios y edificios públicos en 2017.

Esta falta de compromiso, ha indicado, también se ve en el olvido que, a su juicio, vivió el colectivo con discapacidad en las medidas puestas en marcha ante la pandemia, empezando por las de «prevención» o «higiene». Martín también ha denunciado ataques «desproporcionados» de cuerpos y fuerzas de seguridad en el confinamiento o la desprotección vivida en materia de violencia de género durante la crisis sanitaria.

También ha criticado que se «restringe» el derecho a vivienda de las personas con discapacidad, se incumple la ley del cine en cuanto a subtítulos o lengua de signos, que servicios como el 112 sigue sin estar adaptado a personas sordas, o que se siguen usando a personas de este colectivo, por parte de los ayuntamientos, para ofrecer espectáculos de entretenimiento.

Además, ha alertado de la necesidad de llegar a un Pacto de Estado, como se hizo con la violencia de género, pero en materia de soledad forzosa y ha llamado a poner más el foco en la salud mental.

LAS LEYES COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO

Es por eso, que ha pedido a los legisladores que pongan a estas personas «en el centro» de las políticas aunque sea necesario poner «patas arriba» el sistema educativo o el social. «Las leyes son un buen instrumento de pedagogía en derechos humanos, por eso nuestra leyes deben salir lo más alineadas posibles con los mandatos que hemos asumido y también las leyes deben ser la antesala de todo lo demás», ha declarado.

Martín ha indicado que lo que no quieren las personas con discapacidad es «tener que seguir pidiendo permiso» para acceder a los espacios a los que quieren llegar y también que los legisladores y las instituciones sean «rigurosos» con los cumplimientos de las normas.

Por otra parte, Martín ha sido preguntado por la senadora del PP Violante Tomás, por su opinión sobre la ley de eutanasia recientemente aprobada por el Congreso. El dirigente del CERMI ha señalado que «si un Estado está preparado y maduro» para legislar en este sentido, la organización no tiene más que hacer que «respetarlo», aunque ha indicado que «trabajará» para que en el futuro esta ley se «adecue» a los mandatos en relación de los derechos humanos. «Como hicimos con la ley de esterilización o la del derecho al voto», recuerda Martín.

La comparecencia de Martín ha sido celebrada por el resto de grupos parlamentarios presentes. Desde Ciudadanos, su portavoz en esta comisión Marcos Arias, ha llamado a reflexionar ante la falta de cumplimiento de los llamados de la ONU; mientras que la representante de Junts, Tereso Rivero, ha reconocido que los legisladores no deben sentirse «incómodos» ate la diversidad, cuando es «una fortaleza de la sociedad».

La senadora del PNV, María Rosa Peral, por su parte, ha señalado que le cumplimiento de la convención debe ser «irrenunciable» y ha señalado la necesidad de escuchar a los colectivos, agentes sociales y al Tercer Sector en este tema.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, se ha mostrado «convencido» de que el Partido Popular «recapacitará y se sumará» al plan de ayudas para el turismo y la hostelería impulsado por el Gobierno autonómico y que ha sido suscrito por las diputaciones provinciales de Huesca, Zaragoza y Teruel, por la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) CEOE-Aragón, y Confederación de Empresarios de la Hostelería y Turismo de Aragón.

En declaraciones a los medios de comunicación, en Ejea de los Caballeros, con motivo de su reunión con responsables de comunidades de regantes y la visita a varias obras de modernización, Lambán ha enfatizado que este acuerdo «no es para favorecer al Gobierno de Aragón, es para favorecer a la hostelería y al turismo».

El jefe del Ejecutivo autonómico ha expresado su sorpresa porque el PP haya sido el «único» partido que forma parte de la FAMCP «que haya manifestado reticencias y haya decidido no apoyar este acuerdo», cuando «en este momento hay que dejar atrás cualquier tipo de interés partidario y poner por delante el interés general, el interés común».

Lambán ha esgrimido: «Todos nos hemos llenado la boca en hablar de ayudar a los hosteleros y a las empresas del turismo; ahora ha llegado la hora de la verdad y tenemos que demostrar que estamos a la altura de las circunstancias». Por eso, ha pedido al PP «que deje atrás cualquier clase del cálculo sectario y partidario, se sume al acuerdo».

El presidente autonómico ha esgrimido que ha sido muchas las instituciones y entidades que se han sumado al plan, algo que supone «emitir una serie de señales muy positivas sobre la política aragonesa y el entendimiento entre el sector público y privado de la comunidad autónoma».

Ha destacado el «regocijo» porque el presidente de la Confederación de Empresarios de la Hostelería y Turismo de Aragón (CEHTA), Luis Vaquer, «dijera que es el plan más ambicioso de todos cuantos se han adoptado en España por parte de todas y cada una de las comunidades autónomas».

El plan de ayudas para el turismo y la hostelería impulsado por el Gobierno de Aragón para paliar los efectos económicos derivados de la crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 está dotado con 50 millones de euros.

NO HABRÁ RETRASOS

Lambán ha remarcado que el desarrollo del plan «no va a sufrir absolutamente ningún retraso» y si bien el diseño inicial contempla que la comunidad autónoma aporte el 60 por ciento de la cuantía total de las ayudas, las diputaciones provinciales el 20 por ciento y los ayuntamientos el otro 20 por ciento, cada municipio «puede decidir en última instancia si se suma o no al acuerdo», pero éste «seguirá funcionando a velocidad de crucero».

Al respecto, ha detallado que si un ayuntamiento se suma, «los hosteleros y las empresas del sector tendrá el cien por cien de ayudas y si decide no hacerlo, tendrá el 80 por ciento».

Ha aclarado que el plan contempla que para facilitar la tramitación, cuando los consistorios suscriban la parte que tienen que aportar, les será detraída del Fondo de Cooperación Municipal del Gobierno de Aragón. En el caso de las tres capitales de provincia, que no participan de ese fondo, se plantea la firma de un convenio específico.

Con esta finalidad, Lambán ha indicado que se ha previsto mantener reuniones con los tres alcaldes, «no para renegociar los convenios», sino para fijar un mecanismo de colaboración puesto que no se benefician del Fondo de Cooperación Municipal. «Es cuestión de que con esos tres ayuntamientos se firme de un convenio completo, si es que lo quieren firmar», ha sintetizado.

Ha abundado al señalar que los hosteleros y las empresas de turismo «no entenderían bajo ningún concepto que el Gobierno de Aragón esté dando el callo, las diputaciones provinciales estén dispuestas a darlo y también la mayor parte de los ayuntamientos y los de un determinado partido político no lo estén», ha dicho, de nuevo, en referencia al PP.

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha puesto en marcha en el Campo de Gibraltar el primer depósito judicial de Andalucía con capacidad para custodiar todas aquellas narcolanchas que hayan sido incautadas por orden de un juez. Estas nuevas instalaciones funcionan desde el pasado 1 de marzo y dan servicio a los juzgados ubicados en el Campo de Gibraltar.

Según ha explicado la Junta en una nota, el nuevo depósito judicial, el tercero de Andalucía de carácter público dependiente de la Consejería, se encuentra ubicado en la localidad jienense de Mengíbar, donde la adjudicataria del contrato dispone de las instalaciones principales. No obstante, la empresa dispone de una nave en San Roque donde debe realizar las entregas y recogidas para evitar desplazamientos a los usuarios, tal y como recogen las bases de la licitación.

El contrato ha sido adjudicado a la entidad mercantil Trans-Asistencia de la Chica S.L. por un importe de 797.511 euros (IVA incluido) y tiene una duración de tres años, prorrogables otros dos.

El objeto del contrato es prestar los servicios de recogida, transporte, depósito, custodia y entrega o destrucción en su caso de los vehículos y determinado tipos de embarcaciones considerados efectos judiciales y vinculados a expedientes tramitados por los órganos pertenecientes a los partidos judiciales de Algeciras, La Línea de la Concepción y San Roque, durante el tiempo que estipule la autoridad judicial. Es decir, automóviles, ciclomotores, motocicletas, autocaravanas, camiones, autobuses, furgonetas y demás vehículos definidos como tales por el Reglamento General de Vehículos.

Igualmente, el contrato comprende las embarcaciones que tengan la consideración de género prohibido, definidas en el Real Decreto-Ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías. Todo ello después de que la Consejería «decidiera asumir dichas competencias, ya que no las tiene atribuidas, dado el volumen de narcolanchas incautadas en el Campo de Gibraltar como consecuencia de la lucha contra el narcotráfico», ha explicado el director general de Infraestructuras Judiciales y Sistemas, Miguel Ángel Reyes.

«Este depósito soluciona uno de los graves problemas que sufre el Campo de Gibraltar como es la acumulación de este tipo de embarcaciones. La situación era insostenible, y por eso dimos un paso adelante y cerramos un acuerdo con la Agencia Tributaria para la custodia de las narcolanchas», ha señalado.

CASI 7.700 METROS CUADRADOS PARA NARCOLANCHAS

Las instalaciones cuentan con un terreno de 16.435 metros cuadrados en el polígono industrial de Mengíbar (Jaén), distribuido en diferentes sectores, teniendo en cuenta los diferentes tipos de bienes que hay que custodiar: 1.105 metros cuadrados para acoger vehículos de gran envergadura, como camiones o autobuses; otro de 950 metros cuadrados para ubicar ciclomotores y motocicletas; 6.740 metros cuadrados para los automóviles y finalmente un sector de 7.640 metros cuadrados destinado a depositar las embarcaciones.

La zona de automóviles cuenta, además, con una nave de 480 metros cuadrados en la que se custodiarán los vehículos de alta gama o aquellos que puedan perder mucho valor por estar estacionados en el exterior.

NAVE EN SAN ROQUE

En cuanto a la nave localizada en San Roque, dispone de 348 metros cuadrados y facilitará el cumplimiento de la obligación de devolución del bien a su propietario, cuando así lo acuerde la autoridad judicial, sin necesidad de que el interesado se tenga que desplazar hasta Mengíbar para recogerlo.

Todas las instalaciones están dotadas de las medidas de seguridad necesarias para evitar daños en los bienes custodiados, y desde el pasado 1 de marzo está recibiendo los vehículos que se han incautado a partir de esa fecha por orden judicial, según ha señalado la Junta.

La Consejería ha recordado que este es el tercer depósito de carácter público que tiene la Consejería de Justicia, después de que en 2010 se pusiera en marcha el de Sevilla, en Bellavista (que da servicio a los órganos judiciales de Sevilla, Huelva, Málaga y Cádiz); y en 2019, se inaugurara otro depósito judicial en Jaén que atiende las necesidades de los órganos judiciales de Almería, Granada y Jaén.

«Nuestro compromiso al llegar al Gobierno andaluz era poner en marcha este depósito tan reclamado por los órganos judiciales y así se comprometió el propio vicepresidente de la Junta, Juan Marín, en su visita al Campo de Gibraltar», ha añadido Reyes.

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha defendido este miércoles la libertad de expresión de los políticos para poder referirse a los medios de comunicación y a las informaciones que sientan que no son correctas, algo que no debe «entenderse como un ataque».

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Laya se ha referido al informe de sobre la situación de los Derechos Humanos a nivel mundial que Estados Unidos elabora anualmente y en el que alerta sobre los «múltiples» ataques verbales del Gobierno de España a «determinados medios de comunicación y periodistas específicos».

En este sentido, la titular de Exteriores ha defendido que «todos», incluidos los políticos, deben de tener «un poquito» de libertad de expresión, porque si no se estaría ejerciendo «a la carta». «Hacer un comentario donde se cuestiona o se pone en valor lo que uno siente no es correcto no debe entenderse como un ataque porque entonces no tenemos libertad de expresión», ha insistido.

Laya, que ha asegurado que ejercer la libertad de expresión «dentro de los límites democráticos» es sano, ha instado a leerse por completo el informe y a no quedarse «solo en los titulares de los periódicos».

Así, la ministra ha explicado que en la «página uno», el informe explica que en España «no se han detectado abusos de los Derechos Humanos». «Eso es lo que dice, diferente de lo que se dice en lo relativo a Francia e Italia, donde hay cuestiones significativas como pueden ser ataques contra judíos o periodistas», ha continuado.

LAYA RECUERDA QUE ESPAÑA ESTÁ POR DELANTE DE EEUU EN LIBERTAD DE PRENSA

En esta línea, la jefa de la diplomacia española ha repetido que la «conclusión sólida» de este documento es que en España «se respetan los DDHH». Asimismo, Laya ha querido destacar el mensaje lanzado por el secretario de Estado, Anthony Blinken, durante la presentación del informe.

«Me quedo con su mensaje, que es el de decir que EEUU tiene que hacer su mea culpa y tienen su tarea por trabajar por los DDHH, y ha puesto en contexto el racismo que ha vivido la sociedad de los EEUU o los ataques a la prensa que ha sufrido desde la Jefatura del Estado», ha destacado Laya, que ha señalado que, en el ranking de Reporteros Sin Fronteras sobre la libertad de prensa España ocupa el puesto 29 y EEUU el 45.

El informe al que se ha referido la ministra, publicado por el Departamento de Estado estadounidense, detalla algunos de estos ataques, como el del 1 de marzo de 2020, cuando el presidente, Pedro Sánchez, acusó a los medios «conservadores» de «agitar a la sociedad» cada vez que «los conservadores pierden una elección», y el exvicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias afirmó que la prensa crítica con el Gobierno había «ofendido la dignidad del periodismo».

También en el mes de marzo, detalla el escrito, Iglesias «amenazó con enviar a prisión a un periodista por publicar información comprometedora sobre su partido, especialmente sobre su financiación», unas declaraciones que fueron inmediatamente condenadas por la Asociación de Prensa de Madrid.

ELA ha mostrado su adhesión a la celebración del Aberri Eguna impulsada por el colectivo Euskal Herria Batera, pese a sus «profundas discrepancias con los principales agentes políticos» vascos, y ha reivindicado «una concepción del nacionalismo ligada a la igualdad, a la solidaridad y a la justicia social».

El sindicato ha hecho público un documento con motivo de la próxima celebración del Aberri Eguna con el título ‘Una nación solidaria y de justicia social’. «Porque somos una nación, reivindicamos un año más el derecho a ser dueños de nuestro presente y el derecho a dibujar el futuro que queremos como pueblo», subraya en el texto.

De este modo, señala que, pese a saber que «somos interdependientes», no renuncia «a ser soberanos, a ser nosotras y nosotros mismos y a disponer de instrumentos de Estado que garanticen ese presente y ese futuro».

ELA destaca que la pandemia ha puesto de manifiesto «esa interdependencia», pero también «ha hecho evidentes diversos retos que, como nación y como clase, plantea la falta de soberanía».

En este sentido, reitera su advertencia sobre «las amenazas que se ciernen sobre el país como consecuencia de la aprobación de los llamados fondos europeos, que están siendo asumidos de forma acrítica por todo el arco político vasco».

Para ELA, «la suspensión temporal de algunos de los mandatos de austeridad de los últimos años no significa, ni mucho menos, un cambio de paradigma en la Unión Europea». «Esa misma Unión Europea ha hablado muy claramente de las condiciones asociadas a estos fondos y de que se seguirá por la senda de la austeridad cuando se considere necesario», advierte.

Por ello, y «en consonancia con el rechazo al Pacto Constitucional», insta a los partidos vascos a revisar su posición sobre estos fondos, que «condicionarán nuestro futuro y el de las futuras generaciones». «Es necesario empezar a construir las alternativas a la política de dependencia que exige la Unión», reivindica.

El sindicato que dirige Mitxel Lakuntza recuerda que el Gobierno central debe presentar a finales de abril «un memorando en el que explique las reformas a realizar para acceder a esos fondos» y, en años sucesivos, «también deberá cumplir una serie de requisitos».

Por su parte, reclama a los partidos vascos que se haga «frente al programa de austeridad», que no se «legitime el recorte» de las pensiones y que se exija la derogación de la reforma laboral. «Si el Gobierno español responde negativamente, eso debería tener consecuencias», asegura.

ELA advierte de que, en la reforma laboral, «no sólo están en juego las condiciones laborales» de todos los trabajadores del Estado, sino también «la capacidad del sindicalismo vasco para representar a quienes le han otorgado la mayoría de la representación».

Por ello, no ve «coherente» reivindicar el derecho a decidir y «mirar para otro lado cuando con la estatalización de la negociación colectiva se viola la voluntad democrática de los trabajadores expresada en las elecciones sindicales».

POSTULADOS NEOLIBERALES

ELA lamenta que «los principales instrumentos de Estado que tenemos en Euskal Herria no se utilizan de forma adecuada ni suficientemente», como el Concierto Económico vasco y del Convenio Económico navarro. En su opinión, «la aceptación acrítica de los postulados neoliberales coincide con la infravaloración de las posibilidades que ofrece nuestra autonomía fiscal».

«Sorprende que se dé prioridad a los fondos condicionados y a la emisión de deuda, al tiempo que se dice que los instrumentos fiscales no son suficientes. Peor aún es que este razonamiento sea aceptado acríticamente por los partidos de izquierda vascos», añade.

En todo caso, considera que «estas profundas discrepancias con los principales agentes políticos de nuestro país no es óbice para sumarnos al gesto compartido que exige una fiesta como el Aberri Eguna».

En este sentido, se suma a la iniciativa puesta en marcha por Euskal Herria Batera, que ha llamado a «celebrar juntos» el Aberri Eguna este próximo 4 de abril entonando canciones que se emitirán, con una señal audiovisual, a través de radios y televisiones locales y la red.

ELA precisa, no obstante, que, «en consonancia con este gesto», no renuncia a «una concepción del nacionalismo tan legítima como la que tienen otros agentes» y que, a su juicio, debe estar «ligada a la igualdad, a la solidaridad y a la justicia social».

Por eso, queremos tener presente en este día a todas las mujeres y todos los hombres que están luchando: en defensa del empleo, de los derechos socioeconómicos, de los diferentes ámbitos de los cuidados, de lo público, de la cultura, de la igualdad de género, de la lengua y de las libertades. Esos son precisamente los que están encarnando en el día a día los valores que queremos y tenemos para construir la nación plenamente soberana que queremos», concluye.

El Tribunal Supremo (TS) ha rebajado de 37 años a 22 años y seis meses de prisión la condena impuesta a un hombre que abusó sexualmente de forma continuada de dos sobrinas ya que considera que las menores, que tenían 14 y 15 años en el momento de los hechos, «no se encontraban en una situación que las hiciera especialmente vulnerables» más allá de la «debilidad inherente» a sus «edades concretas».

El Alto Tribunal estima de forma parcial el recurso de casación interpuesto por la defensa y revoca la aplicación del tipo agravado en los tres delitos de abuso sexual, otros dos delitos de abuso sexual y el delito de agresión sexual por los que fue condenado en primera instancia.

No obstante, y pese a que, según expone, las circunstancias que aplicó la Audiencia Provincial de Almería no son suficientes para integrar el subtipo agravado en los delitos, sí que las tiene en cuenta para graduar las extensión de las nuevas penas ya que el hecho de «que cometiera los abusos y la agresión sexual sobre víctimas de 14 a 16 años son factores que implican una mayor gravedad de la conducta».

La sentencia, argumenta que la Audiencia Provincial «no detalló ninguna otra circunstancia» en su relato fáctico que «pudiera potenciar la debilidad inherente a las edades concretas» que tenían ambas víctimas y que las hiciera «especialmente vulnerables».

El hombre, identificado como M.D.B. y de 39 años, cometió los abusos y la agresión sexual sin que sus sobrinas contasen lo que les estaba pasando «por miedo a romper la familia» y a «no ser creídas».

Inició los abusos con la mayor de las hermanas en 2010, sometiéndola a tocamientos cuando estaban pasando el día en la playa. A partir de ahí, continuó con los mismos comportamientos en el domicilio familiar hasta 2013.

Entonces, el tribunal considera acreditado que comenzó a atentar contra la indemnidad sexual de la hermana menor, de 14 años, a la que también sometió a tocamientos tanto en espacios públicos hasta que en 2014 la violó cuando ambos estaban en su casa.

La sentencia remarca que el procesado se aprovechó de que «ejercía como tío» de las menores aunque «no lo era por ser primo hermano del padre» y que generaba «confianza» en ellas ya que les decía «que no volvería a pasar más».

Subraya, asimismo, que la mayor mantuvo en silencio lo que pasaba y no reveló los abusos «por miedo a no ser creída o perjudicar a sus familias».

«Tenía temor de romper la familia y a que su padre pudiese perder su trabajo como represalia ya que era empleado del acusado», añade la resolución, que refleja, asimismo, que se decidió a contar lo sucedido «cuando se enteró de lo que le había hecho a su hermana pequeña».

El condenado, al margen de las penas de prisión, deberá cumplir 20 años de libertad vigilada y no podrá comunicarse ni acercarse a las víctimas a menos de 500 metros por el mismo periodo.

Deberá indemnizar a las menores con 12.000 y 30.000 euros y, además, deberá abonar a la administración 2.662,55 euros por los gastos del tratamiento terapéutico que recibieron.

El Parlament balear ha formalizado el recurso de inconstitucionalidad contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 por no incluir el factor de insularidad, algo que «hace irreconocible el Régimen Especial de Baleares» aprobado por el propio Estado a través de un Real Decreto en 2019.

La Cámara acordó presentar el recurso en un pleno celebrado el pasado 2 de marzo, con los votos a favor de la oposición, además de MÉS per Menorca y MÉS per Mallorca -partidos que apoyan al Govern-, y en contra de GxF, Unidas Podemos, Vox y socialistas. Los servicios jurídicos del Parlament han redactado el recurso, que se presentó este martes.

En el escrito, el Parlament apela a una «discriminación estructural» por parte del Estado hacia Baleares, recordando que se encuentra a la cola de la inversión estatal no solamente en algunos ejercicios, sino de forma general. «La desigualdad que sufren las Baleares de forma sistemática por los PGE es evidente y palmaria, realidad que ha sido constatada por multitud de estudios», alega.

El recurso argumenta que al no existir mecanismos de ajuste que garanticen este impacto, se cae en «un incumplimiento flagrante de los principios básicos del ordenamiento constitucional».

En detalle, el recurso se centra en una «omisión legislativa»: el hecho de que los PGE no incluyeran una dotación del ‘factor de insularidad’, mecanismo previsto en el Real Decreto que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez para el REB para compensar la insularidad.

«NO ES CONSTITUCIONALMENTE ADMISIBLE»

«Lo que no es constitucionalmente admisible es que el principal instrumento financiero del REB simplemente no exista en los presupuestos, porque esta inexistencia hace irreconocible el Régimen Especial, y la ignorancia del REB determina el incumplimiento del mandato del artículo 138.1», razona.

Así, «si no existe ninguna política dirigida a compensar específicamente las circunstancias del hecho insular», los intereses jurídicamente protegidos «no resultan reales, concretos y efectivamente protegidos».

Además, reprocha que el Estado «no puede difuminar y dejar sin ningún contenido el precepto» en los presupuestos cuando precisamente el mecanismo de compensación «ha sido definido y concretado por el propio Estado».

NORMATIVA «INAPLICABLE, SIN SENTIDO Y VACÍA DE CONTENIDO»

De este modo, el recurso, que se fundamenta también en una vulneración del ‘Estatut d’Autonomia’, incide en que «la cadena normativa queda incompleta» si en los PGE no se incorporan las partidas previstas en la legislación, que entiende que obliga al Estado. Esto «conduce irremediablemente a que toda esta normativa de desarrollo devenga inaplicable, sin sentido y vacía de contenido».

Igualmente, el recurso argumenta una supuesta vulneración del principio de solidaridad del artículo 2 de la CE y de los principios de lealtad institucional y de cooperación. Censura que se promulgase una ley «con carácter de extraordinaria y urgente necesidad», reconociendo un «retraso de forma clara» y después «no se cumplen las previsiones que en ella se contienen».

PERJUICIOS DEL HECHO INSULAR

Finalmente, el recurso hace un repaso a algunas consideraciones económicas vinculadas al hecho insular. Señala que, según las memorias del Consejo Económico y Social, mientras el año 2000 la renta de Baleares se situaba un 23% por encima de la de Europa, 20 años después está un 5% por debajo.

También incide en que Baleares es «aportadora neta al sistema de financiación» mientras el hecho insular es «irrelevante en el fondo de compensación interterritorial». De hecho, remarca que a grandes rasgos Baleares es la segunda Comunidad que más aporta y la décime en recursos recibidos.

Además, basándose en un estudio de un profesor de la UIB, el recurso alerta de que este impacto se traduce en una mayor carestía de vida, mayores costes de producción de las empresas, adquisición de bienes de capital, acceso a los mercados de exportación y desplazamientos, así como una «barrera» en las compras de bienes de consumo procedentes de la Península.

POLÉMICA EN EL PARLAMENT

El camino para la presentación de este recurso por parte del Parlament generó debate en la política isleña, especialmente al impulsar la iniciativa uno de los socios del Govern de Francina Armengol, formado por PSOE, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca.

Además, la propuesta había sido debatida en otro pleno, semanas antes, pero no había logrado salir adelante por la ausencia de dos diputados. Además, la votación tuvo que repetirse tras haber cosechado un empate.

Tras el primer debate, a MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y El PI, se sumaron PP y Cs para reclamar que se volviera a tratar la cuestión, tras constatar que disponían de mayoría suficiente. Entonces la propuesta salió adelante con 30 votos a favor y 29 en contra. Unidas Podemos y PSIB votaron en contra, así como Vox.

Este mismo martes la presidenta del Govern, Francina Armengol, tuvo que referirse a este asunto en una pregunta que le planteó el diputado del PI Josep Melià. Armengol defendió que la estrategia de recurrir por la vía judicial es «equivocada».

MÉS, por su parte, expresó «satisfacción» por la formalización del recurso, y consideró que el dictamen del Consultiu, aprobado por unanimidad, «deja en meras excusas los argumentos que defendieron otros partidos como PSIB y Podemos».

El exvicepresidente del Gobierno y futuro candidato a las elecciones a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha remarcado que seguirá como secretario general del Podemos «el tiempo que toque» y continuará manteniendo interlocución con su homólogo en el PSOE y jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, aunque el diálogo a nivel del Ejecutivo recaerá en la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz.

Además, ha detallado que Unidas Podemos entra en una fase de «liderazgos colectivos» con una «coralidad» que le va a «sentar muy bien» a su espacio político, frente a la etapa más personalista que ha encarnado él hasta la fecha.

Concretamente, Iglesias ha destacado que ha tejido en su paso en el Gobierno una «confianza especial» con Sánchez y una relación de aprecio que puede servir para resolver determinadas situaciones políticas, si bien ha especificado que hay «liderazgos claros» de Unidas Podemos dentro del Gobierno que «no van a permitir» que se mueva «ni una coma» del acuerdo de coalición. Específicamente ha subrayado que el liderazgo «estatal» y dentro del Ejecutivo lo ostentará la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

«Se ha construido un liderazgo colectivo. Soy el secretario general de Podemos pero tenemos una vicepresidenta, varios ministros, y le va a sentar muy bien al espacio una coralidad que nos va a hacer mucho mas fuerte y más competitivos a nivel electoral», ha explicado en declaraciones a la Cadena Ser.

Preguntado sobre si antes había una fase más personalista, el exvicepresidente ha respondido afirmativamente para añadir que ese factor, en el pasado, ha sido «condición de posibilidad» para «muchos avances» en la formación política, aunque ya ha llegado el momento de emprender estos cambios que generan «enorme ilusión» por medio del equipo encabezado por Díaz junto a las ministras Irene Montero e Ione Belarra.

LOS CARGOS EN UP SON «PIEZAS» AL SERVICIO DEL PROGRAMA

«Yo creo que Yolanda Díaz va a ser la próxima presidenta del Gobierno y va a llevar a Unidas Podemos más lejos de lo que lo he hecho yo», ha enfatizado Iglesias para reiterar que ahora su papel es «más útil» como cabeza de lista a los comicios madrileños.

Y es que ha subrayado que «la clave» en Unidas Podemos son «las ideas» y «el programa» mientras que los dirigentes son «piezas». Por tanto, ahora debe dar paso a otros dirigentes para centrarse en el objetivo de desbancar al PP en la Comunidad de Madrid.

LEY DE VIVIENDA: «EL PSOE NO SE PUEDE PERMITIR SACARLA CON EL PP»

También ha afirmado que hay unidad dentro del Gobierno de coalición y está seguro de que completará la legislatura. Eso sí, y en referencia a la Ley de Vivienda, ha dejado claro que el EJecutivo se debe «al programa firmado» ante millones de españoles y ese documento es «ley». Lo contrario sería «tomar el pelo» a la ciudadanía.

Además, ha admitido que es consciente de que el PSOE «está en desacuerdo con lo firmado, pero lo firmaron», en alusión a la regulación para poner tope al precio del alquiler, desdeñando así el modelo de incentivos a propietarios de su socio de coalición.

En consecuencia, esa normativa «tiene que salir» porque existe una demanda social «muy clara». De hecho, ha apostillado que hay una correlación de fuerzas en el Congreso «muy estricta» y «determinante» para que la normativa se apruebe con la regulación del alquiler.

«No concibo la posibilidad de que el PSOE intente sacar adelante una Ley de Vivienda que favorezca a los grandes propietarios y con incentivos fiscales votando con el PP. No van a hacerlo, no se lo pueden permitir», ha advertido a su socio de coalición.

También ha admitido que, por su condición de fuerza minoritaria en la coalición, ha habido asuntos que «no le gustaban y ha tenido que tragar», como la fusión de Bankia, pero lo que está pactado «claro que lo van a exigir».

De su paso por la vicepresidencia, ha apuntado que ha sido «duro» por varias razones, dado que en lo personal ha sufrido el «acoso y la amenaza» de la «ultraderecha» a él y a su familia, aparte de una dinámica de «agresividad» a través de ciertos medios de comunicación. Sin embargo, se ha mostrado «orgulloso» de poder sacar medidas como el Ingreso Mínimo Vital, conformar el primer gobierno de coalición a nivel estatal y contribuir a conformar una mayoría parlamentaria progresista.

La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) reclama al Ministerio de Sanidad que cumpla con la medida de incluir a los biólogos como profesionales sanitarios, tras el reciente anuncio por parte de dicha administración de que no se va a regular por ley la profesión de biología sanitaria en España.

Esta medida, que había sido anunciada como de próxima realización por parte de la anterior ministra María Luisa Carcedo en 2019, iba a ser ejecutada dentro del Programa Específico de Políticas de Salud y Ordenación Profesional que se había asociado al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021. Tal y como recalcan desde ASEICA, las razones por las que se ha vuelto atrás en esta medida no han sido detalladas por parte de los representantes del ministerio.

«Los biólogos y otros profesionales han llegado para quedarse en los hospitales e institutos sanitarios de investigación. Ello exige una normativa específica que regule su formación, capacitación necesaria y niveles profesionales que permita su carrera profesional y su trabajo en el ámbito sanitario», comenta el presidente de ASEICA, Luis Paz-Ares.

Desde esta asociación se considera que una regulación adecuada de esta profesión en el sector sanitario es esencial por múltiples razones. En primer lugar, por la necesidad de definir claramente los requisitos de formación y especialización que son necesarios para acceder a los diferentes perfiles profesionales que se necesitan cubrir en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

En segundo lugar, para establecer categorías profesionales claras que reflejen los diferentes tipos de formación (titulado superior, doctor) y responsabilidad que estos profesionales realizan. «Ello evitará, por ejemplo, situaciones en donde un doctor solamente pueda ser contratado como un titulado superior por culpa de la falta de una normativa que regule la existencia de distintos niveles de capacitación, formación y responsabilidad», explican desde ASEICA.

Finalmente, defienden la importancia de esta ley porque la existencia de un marco regulatorio claro favorecerá las carreras profesionales de estos expertos en las distintas comunidades autónomas y países del entorno.

Asimismo, este marco legal es también necesario para dar cobertura legal al trabajo que en estos momentos realizan una gran cantidad de biólogos en tareas diagnósticas y analíticas en el sector sanitario.

En este sentido, conviene recalcar que la realización de múltiples tareas directamente asociadas al diagnóstico molecular, la medicina personalizada, la detección de biomarcadores y otros análisis moleculares y bioinformáticos diversos están, en estos momentos, en manos de biólogos con diferentes niveles de especialización. «Hay que recordar también que muchos de estos profesionales combinan sus tareas profesionales con la participación en proyectos de investigación, tanto en hospitales como en institutos de investigación sanitaria», destacan desde la asociación.

REGULACIÓN ESPECIALMENTE NECESARIA EN ONCOLOGÍA Y MEDICINA PERSONALIZADA

Desde el punto de vista de ASEICA, se cree que esta regulación es especialmente necesaria actualmente en el ámbito específico de la oncología y, más concretamente, de la medicina personalizada. Ello se debe a que la implantación de este tipo de medicina necesita de forma ineludible el trabajo cooperativo y sinérgico de oncólogos, bioinformáticos, biólogos moleculares y otros especialistas del ámbito biomédico.

«Es sorprendente que esta regulación siga sin contemplarse cuando, por ejemplo, la Estrategia del Cáncer del SNS recientemente aprobada por parte del Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas pone especial énfasis en muchas de las tareas diagnósticas y de investigación que realizan estos profesionales», indica el presidente previo de ASEICA, Xosé Bustelo.

ASEICA recuerda que la regulación de este tipo de perfiles profesionales está considerada como de «interés general» en el ámbito de la Unión Europea. «Pese a ello y a las promesas del Ministerio, esta situación queda ahora nuevamente relegada», lamentan desde la asociación.

«Esta vuelta atrás es completamente inexplicable y contraria a lo que se está llevando a cabo en la mayoría de países de nuestro entorno», indica Bustelo. «La ministra Darias debería explicar claramente por qué se abandona esta iniciativa y si este hecho está asociado a presiones corporativistas de otros colectivos del sector sanitario o, simplemente, por falta de interés por parte del Ministerio de Sanidad», añade.

Así, indican que este problema se arrastra desde el «olvido» de este colectivo, sin justificación obvia, en la Ley 44/2003 de 21 de noviembre que ordenaba las profesiones del ámbito sanitario. «Parece, lamentablemente, que el Ministerio sigue anclado en una visión obsoleta de las profesiones sanitarias», concluyen desde ASEICA.

El hombre sin hogar que recibió un disparo de un agente de la Guardia Urbana de Barcelona, Marjan C., el pasado 21 de noviembre de 2020, ha salido del hospital tras más de cuatro meses ingresado, han informado fuentes cercanas al caso.

De 43 años y origen húngaro, la víctima estuvo «en peligro de muerte» por una herida de bala en el abdomen, según ha indicado el director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets, pero el fin de semana del 27 al 28 de marzo fue dado de alta del Hospital de Sant Pau.

Fuentes de la entidad, que atendió al hombre antes del incidente y ha estado en contacto con él desde entonces, han indicado que el hombre ha vuelto a la calle tras declinar alojarse en un recurso asistencial y está valorando presentar cargos contra el agente.

Por su parte, la Fundació Arrels está a la espera de la decisión de la víctima, a quien se ha asignado una abogada de oficio, para personarse en el caso como acusación popular, aunque no descarta denunciar al agente igualmente si Marjan C. decidiera no hacerlo.

Paralelamente, la Guardia Urbana abrió diligencias contra el hombre por un presunto delito de atentado contra la autoridad, razón por la cual Marjan C. permaneció detenido y bajo vigilancia durante los primeros días que estuvo ingresado en el Hospital de Sant Pau.

El hombre, que tenía dos requisitorias de detención emitidas por dos juzgados de Algeciras (Cádiz), está en libertad con cargos desde el 24 de noviembre, tres días después del suceso, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

EL INCIDENTE

Los hechos ocurrieron en el Paseo de Sant Joan el 21 de noviembre sobre las 19 horas, cuando el ‘sin techo’ se acercó con un cuchillo de grandes dimensiones y «en actitud muy agresiva» a los diversos agentes de la Guardia Urbana que lo rodeaban, según la versión policial.

Los agentes municipales acudieron al lugar a petición de los vecinos, que se quejaban de la actitud del hombre; y éste, según puede apreciarse en vídeos del suceso, se acercó a los policías hasta que uno de ellos disparó dos veces su arma, hiriéndole con uno de los tiros.

El director de Arrels ha negado que Marjan C. fuera agresivo con los policías y ha afirmado que el urbano «se excedió a causa de sus prejuicios contra las personas que viven en la calle y abordó de manera policial una situación que debía abordarse de manera social».

«Estos hechos no deberían haber ocurrido, era totalmente innecesario», ha dicho Busquets, que ha explicado que Marjan C. siempre se mostró pacífico con los voluntarios de la ONG y que, aunque no quiso acudir al centro de la entidad, mantuvo una relación cordial con ellos.

EL AGENTE

Según fuentes municipales, el agente que realizó el disparo no ha sido apartado del cuerpo, aunque dejó de trabajar un tiempo en la vía pública porque se le retiró el arma, considerada una prueba en el caso.

La Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra abrieron una información reservada al agente: «Es un incidente excepcional y es obligatorio hacer una revisión de protocolos», aseguró el teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle.

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, informó el 24 de noviembre que el atestado de los Mossos sobre la actuación de la Guardia Urbana no incluía «ninguna valoración» sobre si la actuación era correcta o no.

«Hace una recopilación de todos los elementos probatorios significativos necesarios para que el juzgado y la Fiscalía determinen», explicó en una rueda de prensa telemática al preguntársele por el atestado.

El codirector del Centre per la Defensa dels Drets Humans – Irídia, Andrés García Berrio, ha sostenido que el agente «debería estar retirado de funciones; no con suspensión de trabajo y sueldo pero sí con un destino diferente».

El centro incluyó el caso en su ‘Informe 2020 sobre violencia institucional’ destacando como vulneración «que se haya utilizado arma de fuego en espacio público con afectación a una persona sin hogar» y definiendo la acción policial como desproporcionada.

El secretario general de Podemos y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha denunciado este miércoles la «actitud gamberra» de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, al tiempo que ha insistido en su teoría de que la dirigente ‘popular’ pueda terminar «en la cárcel» por su gestión de la pandemia.

«Cuando se investiga al PP acaban en la cárcel. Hay una investigación pendiente que ha cerrado la señora Ayuso en sede parlamentaria sobre las residencias, que implicó que el propio consejero de Políticas Sociales de Ciudadanos definiera la política de su gobierno no solo como inmoral, sino como ilegal», ha recordado Iglesias en una entrevista en la Cadena SER.

En esta línea, el candidato de la formación morada ha señalado que hay «casos de corrupción pendientes de un partido que se ha financiado ilegalmente», y cuya «base del poder» en Madrid «se fundamenta en dos fraudes»: la «compra de dos tránsfugas» en la figura de Tamayo y Sáez y la «financiación ilegal» del partido en la comunidad.

«Que ha hecho que hayan hecho trampas en todas las elecciones a las que han ido dopados. Cuando eso se investigue no tengo dudas de que todavía más dirigentes del PP van a terminar en la cárcel, y eso será normalidad y salud democrática», ha augurado Iglesias.

Así, y tras ser preguntado sobre si esto puede salpicar a la propia Ayuso, Iglesias ha insistido en que «la corrupción forma parte del ADN y la columna vertebral de un mecanismo podrido que es el PP». «No lo digo yo, lo dicen los jueces cada vez que pueden decir algo», ha añadido.

SEÑALA LA GESTIÓN DE LAS RESIDENCIAS POR PARTE DE AYUSO

En este contexto, Iglesias ha aludido a la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia de coronavirus señalando a los «documentos, correos electrónicos y órdenes de la Comunidad de Madrid». «No hay opiniones, hay hechos, datos y son irrefutables», ha sostenido.

Preguntado por el turismo de borrachera y las imágenes en el centro de Madrid, Iglesias ha cargado contra la desobediencia del gobierno de Ayuso y ha recordado que, en su etapa en el Ejecutivo, la única comunidad autónoma con la que nunca lograron entenderse fue precisamente la madrileña.

Un territorio, ha continuado, que asumió según Iglesias el «desprecio a la Constitución y a la legalidad como una suerte de actitud gamberra, un elemento de identidad trumpista de ultraderecha». «Eso hace que haya imágenes que generan inseguridad y que sanidad esté dando pautas y la comunidad diga que hay barra libre para hacer lo que sea», ha lamentado.

Por ello, y frente a la gestión de la pandemia por parte de Ayuso, Iglesias ha apostado por lograr que el próximo 4 de mayo salga de las urnas un Gobierno que «simplemente» sea «decente», que cumpla con la Carta Magna y que acate las resoluciones de la autoridad sanitaria.

ANTE LA «DEMAGOGIA» DE LA PRESIDENTA, «HECHOS» DEL GOBIERNO CENTRAL

Asimismo, el candidato de Podemos se ha referido a la «demagogia» de la presidenta regional cuando plantea un equilibrio entre economía y salud. «Lo fundamental es quien ha ayudado a la hostelería. Me parece irónico que diga que está con la hostelería: usted ha dado cero euros y nosotros siete mil millones», ha espetado.

De esta forma, Iglesias ha asegurado que eso «son hechos y el resto palabras», y ha incidido en que no puede ser que se genere una «discusión de todólogos» en la que los políticos se conviertan en «especialistas en cómo combatir una pandemia». «Si hay autoridades que dan pautas, todos tendremos que cumplirlas», ha repetido.

Por otro lado, preguntado sobre si cerrará el Hospital Isabel Zendal si llega a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Iglesias ha dejado claro que el «modelo Zendal no es compatible con un gobierno que tenga coherencia».

«Se ha apostado por la segregación, por la privatización y por un modelo hospitalario que tiene más que ver con la propaganda que con la democracia. Para tener un modelo distinto es fundamental que la mayoría hable el día cuatro», ha apuntado.

Por último, preguntado sobre el rechazo del candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, a pactar con Podemos, Iglesias ha dicho que no tiene «una mala palabra» ni una «crítica» para el socialista. «Respeto a Ángel, tiene que hacer su papel. No voy a criticar, eso es lo que la derecha quiere: cuando se pelea la izquierda, genera hastío», ha apostillado.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha condenado a 4 años de prisión a un hombre que intentó violar a su expareja en Tudela. La Sala de lo Civil y Penal del TSJN ha rebajado en 7 meses la pena impuesta el pasado enero por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, al apreciar la atenuante de dilaciones indebidas, por los dieciocho meses que el tribunal de instancia se demoró en dictar sentencia.

En la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, los magistrados del TSJN dan por reproducidos los hechos probados en la primera resolución. El encausado, actualmente de 25 años, y la víctima, de 24, ambos originarios de Ecuador, a finales de 2013 comenzaron una relación afectiva de pareja que se deterioró entre mayo y octubre de 2016.

El intento de agresión sexual se produjo el 3 de enero de 2017 en la vivienda en la que la denunciante residía en la capital Ribera. Según recoge la sentencia, la violación no llegó a consumarse debido a la resistencia física ofrecida por la víctima, que llegó a arañar y morder al procesado.

A consecuencia de los hechos, la mujer padeció «una depresión, con repercusiones a nivel psicosomático, baja autoestima, dificultades en las relaciones interpersonales y temor» al inculpado.

El 12 de enero de 2018, la denunciante presentó un escrito en el juzgado renunciando a toda indemnización que pudiera corresponderle, así como a la orden de alejamiento y comunicación que estaba vigente.

La sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia el pasado enero fue recurrida por la defensa, que reclamó al TSJN la absolución. Por su parte, tanto la fiscalía como la acusación particular abogaron por la confirmación del fallo.

El Tribunal Superior analiza detalladamente la resolución de la Audiencia recurrida, cuya condena se basó en el testimonio de la denunciante; las lesiones que padeció en el intento de agresión sexual con violencia; las declaraciones tanto de los policías locales que acudieron al lugar como de un amigo de la víctima que estaba en la casa; y la valoración del informe de las psicólogas sobre el estado psicosomático y emocional de la mujer, así como del dictamen elaborado por los forenses de las lesiones que el agresor presentaba.

La Sala considera «consistente» el relato incriminatorio de la denunciante, que siguió un orden secuencial «lógico y coherente» con la evolución de los acontecimientos y «la creciente excitación anímica y emocional del acusado». La víctima, según el Tribunal, ofreció detalles «precisos e impropios de una fabulación» y no incurrió en contradicciones o incoherencias.

Todos estos extremos, prosiguen los magistrados, se vieron acreditados por otras pruebas, como los testimonios de los policías municipales, que encontraron a la mujer «llorando, ansiosa, en estado de agitación y con fuerte nerviosismo que casi le impedía hablar».

De igual forma, los jueces ven corroborado el testimonio de la denunciante por los partes médicos de primera asistencia, los informes periciales médico forenses y el dictamen psicológico.

La Sala, por tanto, «no observa en la sentencia recurrida errores de valoración o apreciaciones inexactas que conduzcan a inferencias equivocadas, ni constata la falta de valoración de pruebas que pudieran haber conducido a un distinto fallo».

Aunque la defensa no lo había solicitado en su recurso, el Tribunal estima de oficio una atenuante simple de dilaciones indebidas por los 18 meses transcurridos entre la finalización del juicio -27 de junio de 2019- y la promulgación de la sentencia -14 de enero de 2021-, que califica de «extraordinaria e indebida demora».

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha subrayado que el balance de la campaña de vacunación contra la Covid-19 en España, una vez transcurrido el primer trimestre desde su inicio, es «muy preocupante» dado el «escaso porcentaje de población inmunizada» y los «reiterados incumplimientos» que se han producido por parte de las empresas farmacéuticas y las administraciones y organismos públicos competentes.

La organización destaca que los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, que concluyen que solo 2,6 millones de personas han completado la administración de las dos dosis de la vacuna, constatan «un claro incumplimiento de las previsiones realizadas inicialmente por parte de las distintas autoridades sanitarias, tanto a nivel europeo como nacional».

«Mientras que en Israel ya se han administrado 115 dosis de la vacuna por 100 habitantes, en Reino Unido, 50 dosis por 100 habitantes y 43 en Estados Unidos, en España han sido solo 16 dosis por 100 habitantes», reiteran. «Asimismo, en nuestro país se ha vacunado solo a una media de 82.000 personas al día desde que se comenzó la inmunización de la población el pasado 27 de diciembre», apuntan desde la organización sindical.

«Ahora nos aseguran que el segundo trimestre será en el que el ritmo de vacunación se acelerará lo suficiente para cumplir el objetivo de tener inmunizada al 70 por ciento de la población adulta en el verano, pero lo vivido hasta la fecha nos obliga a desconfiar de promesas que dependen de múltiples factores a nivel económico, político y sanitario», señala Satse.

Además de contar realmente con un suministro suficiente de vacunas, Satse recuerda que la próxima fase de inmunización masiva de la población requiere que todos los servicios de salud dispongan de los profesionales sanitarios necesarios, así como de una planificación y coordinación adecuada de los recursos humanos y materiales disponibles, para que el ritmo de administración de las vacunas sea el óptimo.

PLANTILLAS INSUFICIENTES

En este sentido, la organización reitera que las plantillas de enfermeras y enfermeros, que son los profesionales encargados de la planificación, recepción, administración y seguimiento de las dosis de la vacuna, siguen siendo insuficientes en el ámbito de Atención Primaria (AP) de todos los servicios de salud

Por ello, Satse exige que se contrate a todas las enfermeras y enfermeros necesarios para garantizar que se acomete con éxito y celeridad la campaña de vacunación, recordando que, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del último mes de febrero, «cerca de 3.000 profesionales siguen engrosando las listas del paro en España».

Asimismo, la organización sindical reclama que en este segundo trimestre del año todos los servicios de salud de las comunidades autónomas vacunen de Covid-19, además de por las mañanas, durante las tardes, festivos y fines de semana, para poder inmunizar al mayor número de población en el menor tiempo posible.

De igual manera, Satse propone que todas las áreas de consultas de los hospitales cuenten con espacios específicos y habilitados en los que se pueda también administrar la vacuna del coronavirus de cara a agilizar aún más la campaña. «Si contamos con las vacunas suficientes, no habrá otros responsables que las administraciones de nuestro país en caso de que no se cumplan las expectativas generadas en el conjunto de la población para ir dejando atrás esta terrible pandemia en los próximos meses», concluye.