Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado a la explotación de seis grandes sofisticadas plantaciones ‘indoor’ de marihuana en las provincias de Madrid, Toledo y Guadalajara, ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en una nota de prensa.

Las pesquisas arrancaron a finales del año 2019 tras tener conocimiento por parte del grupo de investigación de la existencia de diversas plantaciones de marihuana en el interior de chalés y domicilios tanto en la Comunidad de Madrid, como en las provincias de Toledo y Guadalajara.

Fruto de una compleja investigación que ha durado más de un año y con el fin de desarticular dicho grupo criminal, los agentes establecieron un primer dispositivo a principios del mes de febrero. Lograron interceptar a la altura del municipio de Móstoles una furgoneta conducida por dos individuos.

Al inspeccionar el vehículo, los policías localizaron ocultos en la carrocería dos compartimentos, albergando cuatro bolsas con 6,6 kilogramos de marihuana en cogollos y casi 22.000 euros en efectivo, por lo que fueron arrestados ambos ocupantes como presuntos responsables de un delito contra la salud pública.

MÁS DE 7.000 PLANTAS

Posteriormente, a principios de marzo, los agentes localizaron a los tres principales investigados circulando en tres vehículos a la altura de la localidad de Illescas (Toledo). Durante el registro efectuado, encontraron en una furgoneta dos cajas de cartón que contenían unos 10 kilogramos de marihuana en cogollos. Los agentes arrestaron a los tres individuos, presumiblemente los dirigentes del entramado criminal.

A continuación, los investigadores efectuaron una entrada y registro en seis plantaciones ‘indoor’ de marihuana en las siguientes localidades de Guadalajara: Soto del Real, San Martín de la Vega, El Molar y El Casar. También en municipios de Toledo, como Las Ventas de Retamosa y Yeles. Por último, se accedió a los domicilios de los tres dirigentes en Madrid y Getafe.

El operativo se saldó con el arresto de otras nueve personas, incautándose un total de 20 kilogramos de marihuana en cogollos, 7.061 plantas que ascendían a 271.774 kilogramos de esta sustancia, 9.000 euros en efectivo y cuatro vehículos.

LUCES LED PARA UN CULTIVO MÁS EFICIENTE

La investigación policial concluyó a mediados de marzo con la detención de los restantes cinco miembros del grupo criminal, repartiéndose perfectamente las tareas.

Uno de ellos se encargaba profesionalmente del cultivo de las plantas, el cual estaba basado en un novedoso sistema de iluminación led importado de EE.UU, que permitía un mayor rendimiento acortando los plazos de cultivo, logrando así un mayor beneficio económico.

Otros dos colaboradores eventuales asumían la recolecta y la preparación de la marihuana, y por último los principales investigados se dedicaban al transporte y venta de dicha sustancia.

Los 19 arrestados pasaron a disposición judicial como presuntos responsables de los delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y defraudación del fluido eléctrico. El juez decretó el ingreso en prisión de cinco de ellos.

La nueva coordinadora autonómica de Podemos Navarra, Begoña Alfaro, se ha reunido este miércoles con la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, a quien ha ofrecido y ha reclamado «lealtad» en el Ejecutivo formado por PSN, Geroa Bai y Podemos, y ha defendido que dicho Ejecutivo «debe ser netamente de izquierdas».

Alfaro, que se ha reunido con la presidenta dentro de la ronda de contactos que está manteniendo tras su elección al frente de Podemos, ha afirmado que apoya «el mandato de la Asamblea de Podemos de ser parte del Gobierno de Navarra», pero ha pedido a Chivite «valentía en las políticas sociales».

La dirigente de Podemos ha afirmado en un comunicado que éste es «un Gobierno tripartito que debe actuar como un solo gobierno, y para eso es imprescindible una coordinación leal y sincera entre todas las partes». El objetivo es, según Begoña Alfaro, que ese Gobierno, «que debe ser netamente de izquierdas, actúe como uno solo, y respetando siempre el acuerdo de legislatura».

Begoña Alfaro ha destacado que apoya el mandato de la Asamblea de Podemos de ser parte del Gobierno foral, pero que la presencia de Podemos en el Ejecutivo «va a traducirse en especial vigilancia en materias sensibles, como son las políticas de vivienda o el mantenimiento y fortalecimiento de servicios públicos, como sanidad o educación, que sean de calidad y que garanticen el acceso universal de la ciudadanía».

La nueva coordinadora autonómica de Podemos ha pedido a María Chivite «valentía en las políticas sociales, que deben ser seña de identidad de este Gobierno y en las que siempre encontrará el respaldo y la defensa férrea de Podemos, una formación que hoy tiene responsabilidades de gobierno en áreas clave, como son Justicia, Políticas Migratorias, Igualdad y Juventud».

La dirigente de Podemos ha destacado que el acuerdo programático que sustenta el actual Gobierno «incluía medidas muy ambiciosas en materia de vivienda», y que «los acuerdos deben cumplirse».

Para Begoña Alfaro, «la vivienda es, desde hace años, uno de los mayores problemas de la ciudadanía navarra, y queda mucho por hacer para materializar y poner en práctica las medidas incluidas en el Acuerdo de Legislatura». En este sentido, ha señalado que uno de sus principales objetivos será «vigilar que esos pactos se lleven a efectivo cumplimiento».

Por otro lado, Alfaro ha apuntado que las personas de Podemos con responsabilidad en el Gobierno «van a formar parte del Consejo Ciudadano de Navarra, tal como establecíamos en nuestro documento de organización». En el Consejo Ciudadano también estarán presentes las personas que integran el grupo parlamentario y todas aquellas con responsabilidad institucional en los municipios.

«Queremos que el Consejo Ciudadano sea un órgano de coordinación de políticas de abajo arriba, desde los municipios y hasta el Gobierno; por eso, su presencia va a ser esencial, tanto para esa coordinación como para la necesaria rendición de cuentas de todos nuestros cargos públicos», ha explicado.

Begoña Alfaro ha concluido señalando que, con respecto a la presidenta Chivite, desea que «la lealtad ofrecida y solicitada se estructure en encuentros periódicos» entre ambas, además de «dentro del propio Gobierno con los cargos institucionales que, desde nuestra formación, trabajan para el Ejecutivo».

La nueva vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, han asumido este miércoles sus nuevas responsabilidades dedicando multitud de elogios a la trayectoria política del líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien a su vez ha definido a Díaz como «la mejor ministra de Trabajo de la historia» de España.

Concretamente, Díaz y Belarra han loado el papel de Iglesias para impulsar el ‘escudo social’ ante la crisis del Covid-19, los Presupuestos Generales del Estado o la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, pese a toparse con el «ruido y la furia» de los que están «anclados» en el «inmovilismo» y la «parálisis».

Así lo han indicado ambas durante el acto protocolario de traspaso de las carteras, asumiendo las competencias que tenía Iglesias antes de renunciar a sus cargos para ser candidato de Unidas Podemos a las elecciones madrileñas del 4 de mayo.

Junto a Iglesias también han asistido a este acto el ministro de Consumo, Alberto Garzón, la titular de la cartera de Igualdad, Irene Montero, su homóloga en Educación, Isabel Celaá, y el ministro de Universidades, Manuel Castells.

Díaz, que ha estado arropada por su equipo en el Ministerio de Trabajo, su familia y por los agentes sociales, entre otros, ha querido dar las gracias al vicepresidente saliente por su trabajo «contra viento y marea» para desplegar el ‘escudo social’ o el Ingreso Mínimo Vital, y ha asegurado que le tendrán «siempre presente».

DÍAZ REAFIRMA SU OBJETIVO DE MODERNIZAR EL MERCADO LABORAL

La nueva vicepresidenta tercera del Gobierno ha agradecido a los líderes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, Unai Sordo, Pepe Álvarez, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente, su compromiso, «generosidad» y esfuerzo en el diálogo social y con la búsqueda de acuerdos.

Asimismo, Díaz ha aprovechado su intervención para señalar que si España moderniza su mercado laboral, conseguirá a su vez modernizar y transformar su economía, un compromiso que el Gobierno «está decidido a hacer», aunque de la mano del diálogo social.

La ministra, que ha citado en su discurso a Saramago y a Rosalía de Castro y que en algunos momentos ha utilizado el gallego para dirigirse al auditorio, ha tendido la mano a los trabajadores, a los jóvenes, a las personas vulnerables y a las mujeres.

«No aceptamos ya más brechas, ni más machismo», ha declarado la nueva vicepresidenta, quien ha puesto en valor el hecho de que cuatro mujeres sean las que vayan a desempeñar ahora las cuatro vicepresidencias del Gobierno de Pedro Sánchez.

Por su parte, Belarra ha subrayado que si a alguien «se lo han puesto difícil» para ser vicepresidente es precisamente a Iglesias, quien es una persona «intelectualmente extraordinaria», con principios éticos «muy arraigados» y que deja el Gobierno para «dar la batalla clave» en Madrid a los «enemigos de la democracia».

La presidenta del PP de Vizcaya, Raquel González, ha presentado su candidatura a la reelección en el Congreso que la formación celebrará el próximo 15 de mayo, para culminar el modelo iniciado hace cuatro años y «plantar cara al nacionalismo soberbio que tiene a los vizcaínos olvidados». Asimismo, ha confiado en que «todos» saben que «lo importante ahora en Bizkaia no es el PP interno, sino lo que podamos hacer de manera externa» y ha advertido, en relación a otras posibles candidaturas, que «no es momento de empezar con un ‘quítate tú para ponerme yo'».

González anunció su intención de presentarse a la Junta Directiva Provincial este pasado martes y ha presentado públicamente la candidatura, con la presencia de cargos y militantes del PP vizcaíno, en un acto este miércoles en la calle Diputación de Bilbao, el mismo lugar donde hizo pública su primera candidatura hace cuatro años, con «ganas de hacer las cosas de otra manera y con otros estilos».

Según ha destacado, este modelo interno «está funcionando y se ha visto que ha sido un éxito», si bien «falta todavía terminar de culminar» ante la incidencia que ha tenido la pandemia en 2020, «un año prácticamente en blanco para prácticamente todo el mundo».

De este modo, ha explicado que se han ido cumpliendo «muchos puntos» de su programa como «recuperar la calle abriendo sedes de manera simbólica para que se supiera que el PP sigue aquí, que lleva en el ADN pisar las calles y estar día a día con cada uno de los vecinos o personas que se acerquen».

Así, ha recordado, se han abierto sedes en Portugalete y Ermua, además de para Nuevas Generaciones, pero otras tuvieron que «pararse» por la pandemia como la apertura de sede en Barakaldo o «bajar la sede principal a la calle». «Esa espinita la quiero terminar de culminar en estos cuatro años», ha anunciado.

La actual presidenta del PP vizcaíno ha incidido, en todo caso, que los próximos cuatro años habrá que afrontarlos «de manera totalmente distinta» ya que la política «ha dado un vuelco, y en muchos casos a peor».

«Todo está muy polarizado y tenemos aquí la situación que tenemos y ahora, más que nunca, necesitamos un PP unido, fuerte y que plante cara en el Gobierno central al socialcomunismo que gobierna, y aquí especialmente al nacionalismo absorbente y soberbio que nos está desamparando y que tiene a los vizcaínos olvidados». Según ha criticado, «están muy centrados en ellos mismos, en que el PNV salga reforzado, pero no los vascos, los vizcaínos».

Por ello, ha considerado que en el Partido Popular es «el momento de abrir la casa, unir fuerzas y seguir ese proyecto que ha iniciado Pablo Casado a nivel nacional y que replicaremos aquí gustosos».

En este marco, ha realizado un llamamiento a los vizcaínos a que «se sumen» al PP, que está «día a día a pie de calle escuchando y tratando de resolver sus necesidades». Especialmente se ha dirigido a aquellos que «se sienten desamparados por este nacionalismo soberbio» como los mayores, «en casa esperando las vacunas con esos protocolos absurdos que nos dejan a la cola de toda España», y los hosteleros, a los que «se les criminaliza cada día». «Esta es su casa», ha manifestado.

El PP de Bizkaia abrirá ahora un plazo de 14 días para la presentación de candidaturas por parte de todos los afiliados que reúnan los requisitos y consigan los avales necesarios.

No obstante, González ha señalado que, como presidenta, «a día de hoy», no ha recibido «la llamada de ningún afiliado que haya reflejado su disconformidad» y se ha mostrado convencida de que «todos los que somos de verdad PP, sentimos las siglas y sabemos a qué estamos y qué sentido tiene hacer política no nos vamos a preocupar ahora de nuestras cosas, sino de las cosas que realmente importan a los vizcaínos».

«No es momento de empezar con un ‘quítate tú para ponerme yo’ cuando realmente la situación que vivimos es tan complicada», ha defendido. En este sentido, ha considerado que «es el momento de que sigamos trabajando todos los que han querido sumarse a este proyecto», incluidos «compañeros para los que en su momento no fuimos sus elegidos» y que «se han ido sumando».

En palabras de la presidenta del PP de Bizkaia, «hemos ido creciendo, hemos demostrado en todas las citas electorales que, a pesar de las malas circunstancias en las que estaba el partido, hemos mantenido el resultado, lo que quiere decir que tenemos una base sólida para seguir despegando y seguir llegando cada vez más lejos y ser cada vez más fuertes».

En todo caso, ha insistido en que «todos» saben que «lo importante ahora en Bizkaia no es el PP interno, sino lo que podamos hacer de manera externa» por los ciudadanos.

Preguntada por la posibilidad de que el exconcejal de Bilbao Luis Eguiluz compita con ella por la presidencia del PP vizcaíno, ha recordado que «todos los afiliados tienen abierta esa posibilidad» de presentar candidatura si cumplen los requisitos, si bien ha señalado que Eguiluz «en ningún momento» le ha llamado o dicho que «tuviera ninguna disconformidad».

«Si de verdad quiere poner en este brete a los afiliados de Bizkaia, me sorprende que no me haya llamado primero para que podamos hablar las supuestas diferencias», ha manifestado la candidata a la reelección, que ha asegurado que «muchas personas que en su día podían estar en esa candidatura que apoyaba a Luis Eguiluz están con nosotros».

Por su parte, ha dicho estar «centradísima en el exterior», «muy orgullosa del equipo» que le acompaña y «muy tranquila de cómo vaya a solucionarse esto». «Sé que incluso Luis Eguiluz sabe cuáles son las necesidades reales de los vizcaínos y no son las nuestras internas», ha concluido.

EL CONGRESO

La convocatoria del VX Congreso Provincial del PP vizcaíno quedó aprobada este martes por la Junta Directiva Provincial. Tendrá lugar el próximo día 15 de mayo, con limitaciones de aforo debido a la pandemia.

Será la Comisión Organizadora -delegada por la Junta Directiva Provincial- la que determinará el lugar de celebración del Congreso, así como la manera de llevarlo a cabo, bien de forma exclusivamente presencial o bien de forma mixta (telemática y presencial).

Para participar en la elección de presidente y de los compromisarios del Congreso, los interesados tendrán que inscribirse antes del 14 de abril a las 18.30 horas.

Por otro lado, según ha explicado González, Gonzalo Zorrilla y Carlos García dirigirán una comunicación económica y social que «recoja la realidad que estamos viviendo.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este miércoles que, una vez que Pablo Iglesias ya no forma parte del Ejecutivo, ahora sólo hablará con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su condición de líder de Podemos, y ha dejado claro que cumplir los acuerdos del Gobierno de coalición es buscar consensos para desarrollar cada uno de ellos, pero no que un partido «imponga» su visión al otro.

Calvo ha insistido en esta idea en las declaraciones que ha hecho a los medios de comunicación tras asistir a la toma de posesión de la nueva delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González.

«A partir de ahora tenemos que distinguir el plano del Gobierno del plano de los partidos», ha señalado al ser preguntada sobre la nueva relación de interlocución entre Sánchez e Iglesias, una vez que éste ha dejado de ser vicepresidente segundo.

«El señor Iglesias es ahora el líder de un partido que está presente en el Gobierno de coalición y que hablará cuando corresponda y sea necesario objetivamente con el secretario general del PSOE, que es el presidente del Gobierno, para seguir avanzando en el cumplimiento de los acuerdos de gobierno», ha detallado Calvo.

LOS ACUERDOS SE CUMPLEN

En este sentido, tras recalcar que Iglesias «ya no está en el Gobierno» ha distinguido el trabajo «institucional» del que desarrollan los partidos que lo integran y que, ha garantizado «seguirán avanzando» en el cumplimiento de esos acuerdos.

Y es que, según la número dos del Gobierno, incumplir esos acuerdos sería renunciar a hablar sobre los mismos, pero mientras las dos partes sigan hablando para «desarrollarlos», se puede decir que todos ellos se están cumpliendo.

«Cumplir los acuerdos de Gobierno significa ponernos delante de cada uno de esos acuerdos para desarrollarlos, no significa que uno de los dos partidos imponga al otro estrictamente sus criterios», ha remarcado al ser preguntada sobre los desacuerdos que persisten en torno a la ley de vivienda.

«Cumplir –ha abundado– es sentarse una vez, otra y otra hasta que el acuerdo se alcance, nadie está incumpliendo nada porque incumplirlo sería negarnos a hablar y seguir avanzando y eso no está ocurriendo en el Gobierno de España».

Por último, Calvo ha recordado que el PSOE tiene 120 escaños y que ha ganado las cinco últimas citas electorales de carácter nacional. «Somos el partido más votado, el grupo más grande y sentimos una enorme responsabilidad para interpretar los problemas de España, para ponderarlos y para colocarlos en la legislación que cada día vamos debatiendo en las Cortes», ha añadido.

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha asegurado este miércoles que observa «inquina» por parte de la Junta de Castilla y León en la recomendación de no celebrar actos de Semana Santa en la vía pública e incluso ha aseverado que algunas de las cofradías que anunció estas convocatorias recibió «presiones» y llamadas «en tono amenazante».

En declaraciones recogidas por Europa Press, Puente ha expresado su «respeto» por la decisión tomada por las cofradías de Jesús Nazareno y de Nuestra Señora de las Angustias que ayer ya decidieron suspender los actos que pretendían desarrollar, con aforo limitado, en la Plaza Mayor y la calle Angustias, respectivamente.

«Si han renunciado, lo respeto, ante la presión lo entiendo», ha apuntado Puente, que ha matizado que a él lo que no le gusta es la «actitud» que ha adoptado la Junta porque cree que «no es proporcional», e incluso observa «inquina» con las decisiones que «ha tenido que vivir esta ciudad» desde el inicio de la pandemia con respecto a la celebración de eventos.

«Siento tristeza, cierto cansancio y cierto hastío con las actitudes sobre todo hacia la ciudad de Valladolid», ha apostillado Óscar Puente.

Sobre los actos que se planteaban para esta semana en la vía pública, Puente ha reflexionado que en la Plaza Mayor existe actualmente un número de sillas en terrazas «que supera por tres o cuatro veces» al aforo que iban a tener los actos devocionales, pues el de Jesús Nazareno contaba con un máximo de 200 personas sentadas en espacio acotado «a las 8 de la mañana». «Ustedes me dirán qué peligro conllevaba el acto«, se ha preguntado Puente.

A juicio del regidor socialista «no hay razones de salud pública», por lo que no entiende «sinceramente esa recomendación de no celebrar actos, al tiempo que ha añadido que se trata de «algo más que recomendaciones» pues afirma que las cofradías le trasladan que ha habido «alguna llamada en tono amenazante».

«No sé qué motivación tiene que tener alguien para tener tanta inquina para tener tantas ganas de prohibir cosas que no suponen ningún riesgo para la población», ha añadido Óscar Puente que ha asegurado que a él llegaron a «amenazarle con la cárcel» por el recorrido en carrozas de los Reyes Magos.

En cuanto al acto que mantiene en vigor su convocatoria, el Sermón de las Siete Palabras del próximo Viernes Santo, el alcalde ha precisado que se celebrará «si la meteorología lo permite» según lo previsto, con aforo limitado y con acordonamiento del entorno de la Plaza Mayor durante toda la mañana.

Si se cumplen las previsiones que pronostican lluvias en la ciudad, el acto se trasladará a la Catedral, según el alcalde.

Siete palabras mantiene si meteorología lo permite, apunta lluvias, plan b es hacerlo en la catedral.

El delegado del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU, Jesús Martín, ha advertido este miércoles que la «escuela ordinaria» que existe en la actualidad en España «no es inclusiva» ya que aún debe avanzar en materia de accesibilidad, tanto en los centros como en las materias.

Martín ha comparecido ante la Comisión del ramo en el Senado, en donde ha denunciado la falta de cumplimiento del país ante los mandatos que recoge la Convención de la ONU de la Discapacidad, a pesar de que España ratificó este texto en 2008.

Tal y como ha enunciado el representante del CERMI, las violaciones de derechos humanos que sufre diariamente el colectivo han aflorado a la superficie durante la pandemia. Así, ha denunciado la negación de traslados a centros médicos por razón de discapacidad, el veto que sufren en diversas aerolíneas que no les permiten viajar, la prohibición de la entrada de perros guía en algunos espacios o el derechos a la elección de los padres a elegir la educación.

Sobre este último, ha denunciado cómo el Covid-19 ha dejado «en suspenso» al alumnado con discapacidad «por falta de acceso» y también ha señalado el caso de un menor con discapacidad al que no dejaron matricularse en un colegio ordinario en donde sus padres querían que estudiara, ya que también lo hace allí su hermano.

UNA EDUCACIÓN CON TRES PRINCIPIOS

A su juicio, el Gobierno ha «incumplidos sus obligaciones» en cuanto a la existencia de una «educación inclusiva», una medida que también se reclama en la Convención de la ONU.

Durante la comparecencia, la senadora del PSOE Patricia Abascal, ha recordado a Martín que uno de los objetivos de la nueva LOMLOE es que, «en los próximos 10 años, se pueda hacer inclusión en los centros ordinarios».

Sin embargo, Martín ha advertido a la socialista que «la escuela ordinaria no es inclusiva» a día de hoy y ha pedido no centrar le debate en «educación especial-educación ordinaria» porque «hay otras cuestiones que deben resolverse», como la accesibilidad a las instalaciones, pero también en las materias.

Según ha explicado, todavía no hay alternativas para asignaturas como Educación Física y se suele enviar a los menores con discapacidad a aulas de estudio o bibliotecas en donde se les aisla. También denuncia que la escuela no está adaptada a las personas con discapacidad auditiva, por ejemplo.

INCUMPLIMIENTO DE ESPAÑA ANTE LA ONU

A su juicio, tener una escuela inclusiva implica que se base en «tres principios»: presencia, progreso y participación. «Si no se dan estos tres preceptos, la educación no es inclusiva», ha declarado, antes de recordar que la escuela es, junto con la familia, «el primer núcleo de convivencia» de los menores con discapacidad. Además, ha apuntado, si un niño no ve a otro con una gran discapacidad, «va a ser muy difícil que lo quiera y también que lo incluya», ha señalado.

La falta de accesibilidad en el país es, para Martín, el ejemplo más visible del incumplimiento de España ante la ONU, que le exigió cumplir con esta medida en todos los espacios y edificios públicos en 2017.

Esta falta de compromiso, ha indicado, también se ve en el olvido que, a su juicio, vivió el colectivo con discapacidad en las medidas puestas en marcha ante la pandemia, empezando por las de «prevención» o «higiene». Martín también ha denunciado ataques «desproporcionados» de cuerpos y fuerzas de seguridad en el confinamiento o la desprotección vivida en materia de violencia de género durante la crisis sanitaria.

También ha criticado que se «restringe» el derecho a vivienda de las personas con discapacidad, se incumple la ley del cine en cuanto a subtítulos o lengua de signos, que servicios como el 112 sigue sin estar adaptado a personas sordas, o que se siguen usando a personas de este colectivo, por parte de los ayuntamientos, para ofrecer espectáculos de entretenimiento.

Además, ha alertado de la necesidad de llegar a un Pacto de Estado, como se hizo con la violencia de género, pero en materia de soledad forzosa y ha llamado a poner más el foco en la salud mental.

LAS LEYES COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO

Es por eso, que ha pedido a los legisladores que pongan a estas personas «en el centro» de las políticas aunque sea necesario poner «patas arriba» el sistema educativo o el social. «Las leyes son un buen instrumento de pedagogía en derechos humanos, por eso nuestra leyes deben salir lo más alineadas posibles con los mandatos que hemos asumido y también las leyes deben ser la antesala de todo lo demás», ha declarado.

Martín ha indicado que lo que no quieren las personas con discapacidad es «tener que seguir pidiendo permiso» para acceder a los espacios a los que quieren llegar y también que los legisladores y las instituciones sean «rigurosos» con los cumplimientos de las normas.

Por otra parte, Martín ha sido preguntado por la senadora del PP Violante Tomás, por su opinión sobre la ley de eutanasia recientemente aprobada por el Congreso. El dirigente del CERMI ha señalado que «si un Estado está preparado y maduro» para legislar en este sentido, la organización no tiene más que hacer que «respetarlo», aunque ha indicado que «trabajará» para que en el futuro esta ley se «adecue» a los mandatos en relación de los derechos humanos. «Como hicimos con la ley de esterilización o la del derecho al voto», recuerda Martín.

La comparecencia de Martín ha sido celebrada por el resto de grupos parlamentarios presentes. Desde Ciudadanos, su portavoz en esta comisión Marcos Arias, ha llamado a reflexionar ante la falta de cumplimiento de los llamados de la ONU; mientras que la representante de Junts, Tereso Rivero, ha reconocido que los legisladores no deben sentirse «incómodos» ate la diversidad, cuando es «una fortaleza de la sociedad».

La senadora del PNV, María Rosa Peral, por su parte, ha señalado que le cumplimiento de la convención debe ser «irrenunciable» y ha señalado la necesidad de escuchar a los colectivos, agentes sociales y al Tercer Sector en este tema.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, se ha mostrado «convencido» de que el Partido Popular «recapacitará y se sumará» al plan de ayudas para el turismo y la hostelería impulsado por el Gobierno autonómico y que ha sido suscrito por las diputaciones provinciales de Huesca, Zaragoza y Teruel, por la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) CEOE-Aragón, y Confederación de Empresarios de la Hostelería y Turismo de Aragón.

En declaraciones a los medios de comunicación, en Ejea de los Caballeros, con motivo de su reunión con responsables de comunidades de regantes y la visita a varias obras de modernización, Lambán ha enfatizado que este acuerdo «no es para favorecer al Gobierno de Aragón, es para favorecer a la hostelería y al turismo».

El jefe del Ejecutivo autonómico ha expresado su sorpresa porque el PP haya sido el «único» partido que forma parte de la FAMCP «que haya manifestado reticencias y haya decidido no apoyar este acuerdo», cuando «en este momento hay que dejar atrás cualquier tipo de interés partidario y poner por delante el interés general, el interés común».

Lambán ha esgrimido: «Todos nos hemos llenado la boca en hablar de ayudar a los hosteleros y a las empresas del turismo; ahora ha llegado la hora de la verdad y tenemos que demostrar que estamos a la altura de las circunstancias». Por eso, ha pedido al PP «que deje atrás cualquier clase del cálculo sectario y partidario, se sume al acuerdo».

El presidente autonómico ha esgrimido que ha sido muchas las instituciones y entidades que se han sumado al plan, algo que supone «emitir una serie de señales muy positivas sobre la política aragonesa y el entendimiento entre el sector público y privado de la comunidad autónoma».

Ha destacado el «regocijo» porque el presidente de la Confederación de Empresarios de la Hostelería y Turismo de Aragón (CEHTA), Luis Vaquer, «dijera que es el plan más ambicioso de todos cuantos se han adoptado en España por parte de todas y cada una de las comunidades autónomas».

El plan de ayudas para el turismo y la hostelería impulsado por el Gobierno de Aragón para paliar los efectos económicos derivados de la crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 está dotado con 50 millones de euros.

NO HABRÁ RETRASOS

Lambán ha remarcado que el desarrollo del plan «no va a sufrir absolutamente ningún retraso» y si bien el diseño inicial contempla que la comunidad autónoma aporte el 60 por ciento de la cuantía total de las ayudas, las diputaciones provinciales el 20 por ciento y los ayuntamientos el otro 20 por ciento, cada municipio «puede decidir en última instancia si se suma o no al acuerdo», pero éste «seguirá funcionando a velocidad de crucero».

Al respecto, ha detallado que si un ayuntamiento se suma, «los hosteleros y las empresas del sector tendrá el cien por cien de ayudas y si decide no hacerlo, tendrá el 80 por ciento».

Ha aclarado que el plan contempla que para facilitar la tramitación, cuando los consistorios suscriban la parte que tienen que aportar, les será detraída del Fondo de Cooperación Municipal del Gobierno de Aragón. En el caso de las tres capitales de provincia, que no participan de ese fondo, se plantea la firma de un convenio específico.

Con esta finalidad, Lambán ha indicado que se ha previsto mantener reuniones con los tres alcaldes, «no para renegociar los convenios», sino para fijar un mecanismo de colaboración puesto que no se benefician del Fondo de Cooperación Municipal. «Es cuestión de que con esos tres ayuntamientos se firme de un convenio completo, si es que lo quieren firmar», ha sintetizado.

Ha abundado al señalar que los hosteleros y las empresas de turismo «no entenderían bajo ningún concepto que el Gobierno de Aragón esté dando el callo, las diputaciones provinciales estén dispuestas a darlo y también la mayor parte de los ayuntamientos y los de un determinado partido político no lo estén», ha dicho, de nuevo, en referencia al PP.

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha puesto en marcha en el Campo de Gibraltar el primer depósito judicial de Andalucía con capacidad para custodiar todas aquellas narcolanchas que hayan sido incautadas por orden de un juez. Estas nuevas instalaciones funcionan desde el pasado 1 de marzo y dan servicio a los juzgados ubicados en el Campo de Gibraltar.

Según ha explicado la Junta en una nota, el nuevo depósito judicial, el tercero de Andalucía de carácter público dependiente de la Consejería, se encuentra ubicado en la localidad jienense de Mengíbar, donde la adjudicataria del contrato dispone de las instalaciones principales. No obstante, la empresa dispone de una nave en San Roque donde debe realizar las entregas y recogidas para evitar desplazamientos a los usuarios, tal y como recogen las bases de la licitación.

El contrato ha sido adjudicado a la entidad mercantil Trans-Asistencia de la Chica S.L. por un importe de 797.511 euros (IVA incluido) y tiene una duración de tres años, prorrogables otros dos.

El objeto del contrato es prestar los servicios de recogida, transporte, depósito, custodia y entrega o destrucción en su caso de los vehículos y determinado tipos de embarcaciones considerados efectos judiciales y vinculados a expedientes tramitados por los órganos pertenecientes a los partidos judiciales de Algeciras, La Línea de la Concepción y San Roque, durante el tiempo que estipule la autoridad judicial. Es decir, automóviles, ciclomotores, motocicletas, autocaravanas, camiones, autobuses, furgonetas y demás vehículos definidos como tales por el Reglamento General de Vehículos.

Igualmente, el contrato comprende las embarcaciones que tengan la consideración de género prohibido, definidas en el Real Decreto-Ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías. Todo ello después de que la Consejería «decidiera asumir dichas competencias, ya que no las tiene atribuidas, dado el volumen de narcolanchas incautadas en el Campo de Gibraltar como consecuencia de la lucha contra el narcotráfico», ha explicado el director general de Infraestructuras Judiciales y Sistemas, Miguel Ángel Reyes.

«Este depósito soluciona uno de los graves problemas que sufre el Campo de Gibraltar como es la acumulación de este tipo de embarcaciones. La situación era insostenible, y por eso dimos un paso adelante y cerramos un acuerdo con la Agencia Tributaria para la custodia de las narcolanchas», ha señalado.

CASI 7.700 METROS CUADRADOS PARA NARCOLANCHAS

Las instalaciones cuentan con un terreno de 16.435 metros cuadrados en el polígono industrial de Mengíbar (Jaén), distribuido en diferentes sectores, teniendo en cuenta los diferentes tipos de bienes que hay que custodiar: 1.105 metros cuadrados para acoger vehículos de gran envergadura, como camiones o autobuses; otro de 950 metros cuadrados para ubicar ciclomotores y motocicletas; 6.740 metros cuadrados para los automóviles y finalmente un sector de 7.640 metros cuadrados destinado a depositar las embarcaciones.

La zona de automóviles cuenta, además, con una nave de 480 metros cuadrados en la que se custodiarán los vehículos de alta gama o aquellos que puedan perder mucho valor por estar estacionados en el exterior.

NAVE EN SAN ROQUE

En cuanto a la nave localizada en San Roque, dispone de 348 metros cuadrados y facilitará el cumplimiento de la obligación de devolución del bien a su propietario, cuando así lo acuerde la autoridad judicial, sin necesidad de que el interesado se tenga que desplazar hasta Mengíbar para recogerlo.

Todas las instalaciones están dotadas de las medidas de seguridad necesarias para evitar daños en los bienes custodiados, y desde el pasado 1 de marzo está recibiendo los vehículos que se han incautado a partir de esa fecha por orden judicial, según ha señalado la Junta.

La Consejería ha recordado que este es el tercer depósito de carácter público que tiene la Consejería de Justicia, después de que en 2010 se pusiera en marcha el de Sevilla, en Bellavista (que da servicio a los órganos judiciales de Sevilla, Huelva, Málaga y Cádiz); y en 2019, se inaugurara otro depósito judicial en Jaén que atiende las necesidades de los órganos judiciales de Almería, Granada y Jaén.

«Nuestro compromiso al llegar al Gobierno andaluz era poner en marcha este depósito tan reclamado por los órganos judiciales y así se comprometió el propio vicepresidente de la Junta, Juan Marín, en su visita al Campo de Gibraltar», ha añadido Reyes.

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha defendido este miércoles la libertad de expresión de los políticos para poder referirse a los medios de comunicación y a las informaciones que sientan que no son correctas, algo que no debe «entenderse como un ataque».

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Laya se ha referido al informe de sobre la situación de los Derechos Humanos a nivel mundial que Estados Unidos elabora anualmente y en el que alerta sobre los «múltiples» ataques verbales del Gobierno de España a «determinados medios de comunicación y periodistas específicos».

En este sentido, la titular de Exteriores ha defendido que «todos», incluidos los políticos, deben de tener «un poquito» de libertad de expresión, porque si no se estaría ejerciendo «a la carta». «Hacer un comentario donde se cuestiona o se pone en valor lo que uno siente no es correcto no debe entenderse como un ataque porque entonces no tenemos libertad de expresión», ha insistido.

Laya, que ha asegurado que ejercer la libertad de expresión «dentro de los límites democráticos» es sano, ha instado a leerse por completo el informe y a no quedarse «solo en los titulares de los periódicos».

Así, la ministra ha explicado que en la «página uno», el informe explica que en España «no se han detectado abusos de los Derechos Humanos». «Eso es lo que dice, diferente de lo que se dice en lo relativo a Francia e Italia, donde hay cuestiones significativas como pueden ser ataques contra judíos o periodistas», ha continuado.

LAYA RECUERDA QUE ESPAÑA ESTÁ POR DELANTE DE EEUU EN LIBERTAD DE PRENSA

En esta línea, la jefa de la diplomacia española ha repetido que la «conclusión sólida» de este documento es que en España «se respetan los DDHH». Asimismo, Laya ha querido destacar el mensaje lanzado por el secretario de Estado, Anthony Blinken, durante la presentación del informe.

«Me quedo con su mensaje, que es el de decir que EEUU tiene que hacer su mea culpa y tienen su tarea por trabajar por los DDHH, y ha puesto en contexto el racismo que ha vivido la sociedad de los EEUU o los ataques a la prensa que ha sufrido desde la Jefatura del Estado», ha destacado Laya, que ha señalado que, en el ranking de Reporteros Sin Fronteras sobre la libertad de prensa España ocupa el puesto 29 y EEUU el 45.

El informe al que se ha referido la ministra, publicado por el Departamento de Estado estadounidense, detalla algunos de estos ataques, como el del 1 de marzo de 2020, cuando el presidente, Pedro Sánchez, acusó a los medios «conservadores» de «agitar a la sociedad» cada vez que «los conservadores pierden una elección», y el exvicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias afirmó que la prensa crítica con el Gobierno había «ofendido la dignidad del periodismo».

También en el mes de marzo, detalla el escrito, Iglesias «amenazó con enviar a prisión a un periodista por publicar información comprometedora sobre su partido, especialmente sobre su financiación», unas declaraciones que fueron inmediatamente condenadas por la Asociación de Prensa de Madrid.

ELA ha mostrado su adhesión a la celebración del Aberri Eguna impulsada por el colectivo Euskal Herria Batera, pese a sus «profundas discrepancias con los principales agentes políticos» vascos, y ha reivindicado «una concepción del nacionalismo ligada a la igualdad, a la solidaridad y a la justicia social».

El sindicato ha hecho público un documento con motivo de la próxima celebración del Aberri Eguna con el título ‘Una nación solidaria y de justicia social’. «Porque somos una nación, reivindicamos un año más el derecho a ser dueños de nuestro presente y el derecho a dibujar el futuro que queremos como pueblo», subraya en el texto.

De este modo, señala que, pese a saber que «somos interdependientes», no renuncia «a ser soberanos, a ser nosotras y nosotros mismos y a disponer de instrumentos de Estado que garanticen ese presente y ese futuro».

ELA destaca que la pandemia ha puesto de manifiesto «esa interdependencia», pero también «ha hecho evidentes diversos retos que, como nación y como clase, plantea la falta de soberanía».

En este sentido, reitera su advertencia sobre «las amenazas que se ciernen sobre el país como consecuencia de la aprobación de los llamados fondos europeos, que están siendo asumidos de forma acrítica por todo el arco político vasco».

Para ELA, «la suspensión temporal de algunos de los mandatos de austeridad de los últimos años no significa, ni mucho menos, un cambio de paradigma en la Unión Europea». «Esa misma Unión Europea ha hablado muy claramente de las condiciones asociadas a estos fondos y de que se seguirá por la senda de la austeridad cuando se considere necesario», advierte.

Por ello, y «en consonancia con el rechazo al Pacto Constitucional», insta a los partidos vascos a revisar su posición sobre estos fondos, que «condicionarán nuestro futuro y el de las futuras generaciones». «Es necesario empezar a construir las alternativas a la política de dependencia que exige la Unión», reivindica.

El sindicato que dirige Mitxel Lakuntza recuerda que el Gobierno central debe presentar a finales de abril «un memorando en el que explique las reformas a realizar para acceder a esos fondos» y, en años sucesivos, «también deberá cumplir una serie de requisitos».

Por su parte, reclama a los partidos vascos que se haga «frente al programa de austeridad», que no se «legitime el recorte» de las pensiones y que se exija la derogación de la reforma laboral. «Si el Gobierno español responde negativamente, eso debería tener consecuencias», asegura.

ELA advierte de que, en la reforma laboral, «no sólo están en juego las condiciones laborales» de todos los trabajadores del Estado, sino también «la capacidad del sindicalismo vasco para representar a quienes le han otorgado la mayoría de la representación».

Por ello, no ve «coherente» reivindicar el derecho a decidir y «mirar para otro lado cuando con la estatalización de la negociación colectiva se viola la voluntad democrática de los trabajadores expresada en las elecciones sindicales».

POSTULADOS NEOLIBERALES

ELA lamenta que «los principales instrumentos de Estado que tenemos en Euskal Herria no se utilizan de forma adecuada ni suficientemente», como el Concierto Económico vasco y del Convenio Económico navarro. En su opinión, «la aceptación acrítica de los postulados neoliberales coincide con la infravaloración de las posibilidades que ofrece nuestra autonomía fiscal».

«Sorprende que se dé prioridad a los fondos condicionados y a la emisión de deuda, al tiempo que se dice que los instrumentos fiscales no son suficientes. Peor aún es que este razonamiento sea aceptado acríticamente por los partidos de izquierda vascos», añade.

En todo caso, considera que «estas profundas discrepancias con los principales agentes políticos de nuestro país no es óbice para sumarnos al gesto compartido que exige una fiesta como el Aberri Eguna».

En este sentido, se suma a la iniciativa puesta en marcha por Euskal Herria Batera, que ha llamado a «celebrar juntos» el Aberri Eguna este próximo 4 de abril entonando canciones que se emitirán, con una señal audiovisual, a través de radios y televisiones locales y la red.

ELA precisa, no obstante, que, «en consonancia con este gesto», no renuncia a «una concepción del nacionalismo tan legítima como la que tienen otros agentes» y que, a su juicio, debe estar «ligada a la igualdad, a la solidaridad y a la justicia social».

Por eso, queremos tener presente en este día a todas las mujeres y todos los hombres que están luchando: en defensa del empleo, de los derechos socioeconómicos, de los diferentes ámbitos de los cuidados, de lo público, de la cultura, de la igualdad de género, de la lengua y de las libertades. Esos son precisamente los que están encarnando en el día a día los valores que queremos y tenemos para construir la nación plenamente soberana que queremos», concluye.