Podemos ha recaudado en 24 horas un total de 576.000 euros por medio de las aportaciones particulares en microcréditos para la campaña a las elecciones madrileñas del 4 de mayo que liderará el líder del partido, Pablo Iglesias.

Según han explicado desde la formación morada, se trata de una cifra que supera ampliamente al arranque de las campañas de microcréditos anteriores para las dos últimas elecciones generales. Ayer, el partido animó a realizar estas aportaciones bajo el lema ‘#MicrocréditosParaQueNoVuelvan’.

Concretamente, en los comicios del 10 de noviembre de 2019 el partido logró aportaciones en las primeras 24 horas valoradas en 180.700 euros y en los comicios anteriores del 28 de abril la cantidad fue de 134.000 euros.

Tal y como recoge Podemos en su página web, tienen ya un total de 762.650 euros para la campaña madrileña, aunque desde la formación recalcan que 200.000 euros en forma de microcréditos ya habían llegado varios días antes de iniciar la llamada a las aportaciones particulares.

Los microcréditos consisten en pequeñas aportaciones particulares que posteriormente, una vez se reciben las subvenciones públicas correspondientes a los resultados electorales, son devueltos a la quienes los hayan aportado. Desde su nacimiento, este ha sido el sistema con el que la formación morada afronta los gastos de cada campaña.

«Sin deberle ni un euro a los bancos tendremos las manos libres para hacer política para la gente y sacar a Ayuso del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Queremos una Comunidad digna, feminista, ecologista y anfifascista, por eso te pedimos ayuda con tu microcrédito», apuntó ayer la portavoz de Podemos, Isa Serra, animando a la participación.

Desde la primera campaña de Podemos en 2015, unas 40.000 personas han apoyado al partido, que ha recaudado cerca de 10 millones de euros a través de este sistema de microcréditos con una media de 200 euros. Esta cantidad ha sido devuelta íntegra a los donantes.

«Esta forma de financiación ha permitido a la formación morada no depender de los bancos y endeudarse por cantidades millonarias, como sí hacen el resto de partidos. En 2019, Podemos había generado un ahorro a las arcas públicas de cerca de 18 millones de euros. Una cantidad que resulta de la diferencia del dinero gastado y de la subvención íntegra correspondida por los resultados obtenidos», señaló el partido en un comunicado.

El Tribunal de Cuentas ha propuesto recortar en 72.600 euros la subvención que le corresponde a Vox por la campaña de las elecciones del 10 de noviembre de 2019 al haber computado como gasto electoral la mitad de esa cantidad, pese a que se utilizó para la contratación de espacios de publicidad electoral en emisoras de televisión privada, contraviniendo lo previsto en la Ley Electoral.

Así consta en el informe de fiscalización de la contabilidad electoral de los partidos para aquellos comicios aprobado por el organismo fiscalizador que preside María José de la Fuente y de la Calle.

Según detalla el informe, el tribunal ha detectado que la formación de Santiago Abascal invirtió 36.300 euros para la contratación de anuncios en emisoras de televisión privada, una práctica no autorizada por el artículo 60.1 de la LOREG.

Por eso, en aplicación del artículo 134.2 de la misma norma, el fiscalizador propone reducir la subvención electoral que corresponde al partido «en el doble de los gastos declarados», es decir, un recorte de 72.600 euros que aplicará el Ministerio del Interior cuando abone las ayudas a los partidos con representación parlamentaria.

Además de los 36.300 euros invertidos en los anuncios en televisiones privadas, Vox dedicó 30.203,85 euros al pago de publicidad en prensa, radio u otros medios digitales para anuncios realizados antes del inicio de la campaña electoral, lo que no está permitido por el artículo 53 de la LOREG.

Todos esos gastos, que suman 66.503,85 euros, por tanto se consideran «no subvencionables», aunque el tribunal sí los ha tenido en cuenta a efectos de verificar el cumplimiento del límite máximo de gastos.

MÁS DE 53.000 EUROS PARA OPERACIONES ORDINARIAS

Asimismo, en la documentación enviada por Vox figuran gastos por operaciones ordinarias, por valor de 52.431,61 euros, cuyos conceptos no tienen la consideración de gasto electoral con arreglo a lo establecido en el artículo 130 de la LOREG. Por ello tampoco han serán financiados con subvenciones electorales.

De la revisión de los gastos por envíos de propaganda electoral realizada por el fiscalizador se ha detectado que un importe de 753,43 euros corresponde a gastos por operaciones ordinarias, habiéndose procedido a su reclasificación en el apartado adecuado.

Asimismo, el informe concluye que la formación ha incurrido en gastos irregulares por importe de 482,79 euros, que corresponden a gastos con justificación insuficiente, por lo que no han sido admitidos como susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales.

Además, el tribunal destaca que Vox declaró una aportación del partido, por importe de 2.049,14 euros, pero que no puede ser considerada como tal porque en realidad se trata de una devolución a la cuenta electoral por el pago efectuado a un proveedor en una «cuenta errónea».

UN PROVEEDOR NO INFORMÓ

Los gastos pendientes de pago a la fecha de presentación de la contabilidad suman 1.477,14 euros, pero al no existir suficientesdisponibilidades de tesorería (4,41 euros), la mayor parte del mismo se efectuó «con cargo a cuentas corrientes de la actividadordinaria», incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 125.1 de la LOREG.

El Tribunal de Cuentas también ha descubierto que un proveedor de Vox, por prestación de servicios o adquisición de bienes, facturó 32.812,49 euros, pero no informó al fiscalizador en contra de lo que establece el artículo 133.5 de la LOREG.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha exigido este miércoles la dimisión o el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la sentencia de la Audiencia Nacional de dejar sin efecto el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos: «La legalidad no puede ser arrinconada por la discrecionalidad».

Así se ha pronunciado el líder de los ‘populares’ en un mensaje en su perfil oficial de Twitter, minutos después de conocerse que la Audiencia Nacional ha anulado el cese de Pérez de los Cobos ordenando su restitución.

Casado califica esta decisión de la Justicia de «varapalo judicial» al Gobierno de Pedro Sánchez y pide su dimisión y, en el caso de que no se produzca, que el jefe del Ejecutivo tome la decisión de cesarlo.

En esta línea también se ha expresado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que considera que Marlaska «ha perdido la autoridad para dar órdenes a la Guardia Civil» tras esta sentencia y también pide su dimisión.

«La Justicia confirma que Marlaska destituyó ilegalmente al coronel Pérez de los Cobos. Marlaska ha perdido toda autoridad para dar órdenes a la Guardia Civil. Tras esta sentencia debe dimitir», ha proclamado García Egea.

Otra dirigente ‘popular’ que ha salido a pedir la dimisión de Marlaska ha sido la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, que cree que no puede estar «ni un minuto más» al frente del Ministerio del Interior por no cumplir «con la ley y el mandato judicial».

El Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo 8 de la Audiencia Nacional ha anulado y dejado sin efecto el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid (Tres Cantos-Madrid), por lo que ha ordenado al Ministerio de Interior a su reingreso en el puesto.

Tras analizar los hechos y las resoluciones adoptadas en el cese, la Audiencia Nacional estima el recurso presentado por Pérez de los Cobos contra la Resolución del ministro del Interior de 28 de julio de 2020.

El PPdeG ha criticado la actitud del Gobierno central ante los problemas del sector industrial y naval en las comarcas de As Pontes y de Ferrol, además de la situación que padecen tanto Ence como el sector del mar debido a la Ley de Cambio Climático.

En este sentido han considerado que la presencia en el Gobierno de representantes políticos como Nadia Calviño o Yolanda Díaz, nacidas en Galicia, evidencia que son ministras «gallegas no practicantes» y que «no ejercen como gallegas», sino como «militantes de su propio partido».

«Hasta el día de hoy para la ciudad de Ferrol, en la que nacimos tanto ella como yo, el hecho de que Galicia contase con una ministra gallega no le ha sido útil hasta el momento», ha trasladado en rueda de prensa el secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, ante unos astilleros «sin carga de trabajo» a pesar de que una decisión en el Consejo de Ministros «resolvería de forma inmediata este problema».

«Ojalá la situación cambie», ha añadido, para denunciar el contexto «tremendamente dramático» que vive la ciudad departamental con 700 trabajadores que «cuelgan el buzo» estas semanas sin noticias de la construcción de las F-110, fragatas que contaban con presupuesto en las cuentas de 2018 y que no ha sido ejecutado ni ese año, ni en 2019, ni en 2020, ejercicios «en los que la señora Díaz ya era ministra».

En este sentido y ante su nombramiento como vicepresidenta tercera tras la marcha de Pablo Iglesias, el PPdeG pone a Díaz «los mismos deberes que el Gobierno de España»: el problema de la electrointensiva «que tiene a Alcoa en vilo», el apoyo al sector naval y una solución para la central la térmica de As Pontes, «cerrada por decisión política» de la ministra de Transición Ecológica.

También ha instado al Gobierno a «dejar en paz» a la industria del mar, afectada por una Ley de Cambio Climático diseñada para «echar a ENCE de Galicia» y que supone un «ataque claro» tanto a los puestos de trabajo de la planta de Lourizán como a todo el empleo indirecto y al sector forestal gallego.

«Es un día de celebración para los señores de Podemos y me alegro por ellos, pero creo que ninguna familia está más tranquila que ayer. Nada ha cambiado», ha añadido, para advertir que el país enfrenta una pandemia «sanitaria y otra económica» mientras el Gobierno se centra en un «juego de tronos permanente».

«POLÍTICA EXTERMINADORA»

Tellado ha comparecido en rueda de prensa este miércoles, acompañado de Marta González y de Xosé Ramón Barreiro, tras reunirse telemáticamente con los diputados nacionales y senadores de los populares gallegos.

Precisamente, González ha explicado que la reunión sirvió para entrar en detalle sobre algunos de los temas que «más preocupan» a los populares, como los efectos de la Ley de Cambio Climático y la «política exterminadora de los intereses industriales de Galicia» ejercida desde el Gobierno central «apoyado en la práctica por el BNG».

En este sentido ha acusado al Gobierno de impulsar esta ley como «tapadera para acabar con ENCE» en la Ría de Pontevedra a través de su artículo 18, que afecta además al sector del mar con cientos de empresas y empleos afectados además de cerca de 5.000 edificaciones públicas y privadas si la norma se mantiene en los términos actuales.

«Seguiremos peleando para que este artículo desaparezca de la ley», ha insistido, además de por el mantenimiento de la industria «y del estilo de vida tradicional» de la costa gallega.

«TRANSFORMISMO POLÍTICO»

Al respecto, Barreiro ha reprochado con el «transformismo político» del PSOE, que llegó a votar «sí» a nivel municipal, «abstención» en el Parlamento y «en contra» en el Senado de una iniciativa a favor de la construcción de un buque para Navantia.

«Es difícil fiarse de un partido que sobre el mismo problema aquí pone una cara y en Madrid se pone una careta totalmente diferente. Es preocupante y grave», ha criticado, advirtiendo que el PPdeG trabajará para que «no se siga menoscabando» a Galicia «como hace el actual Gobierno» del Estado.

Tellado, por su parte, ha considerado «una vergüenza» que el PSOE «le tome el pelo a los ferrolanos y a todos los gallegos cuando la «difícil situación» que afronta Navantia «podría resolverse cualquier martes en Consejo de Ministros».

Así, ha llamado al regidor local de Ferrol, Ángel Mato, que se «mantuvo callado» y «cómplice» de esta actitud, a manifestarse «en contra de su partido» y a sumarse a la defensa de los intereses de la comarca.

El Gobierno ha anunciado que recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional que anula y deja sin efecto el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid y la orden al Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska de su reingreso en el puesto.

«Desde el respeto a las decisiones judiciales, al discrepar con la resolución del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8, se interpondrá recurso contra la misma a través de la Abogacía del Estado», ha informado el Ministerio del Interior tras conocer la sentencia que afirma que el cese «era ilegal».

El magistrado Celestino Salgado explica que el cese vino motivado por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial sobre la investigación judicial abierta al hasta ahora delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco, en el conocido como caso ‘8M’ por la autorización de las marchas feministas al inicio de la pandemia.

La sentencia explica que Pérez de los Cobos tenía el deber de reserva, y así se lo recordó por escrito la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que instruyó esta causa.

CUMPLIMIENTO DEL «EXPRESO MANDATO JUDICIAL»

«El cese estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban tanto a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) como a sus superiores, no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones en curso; lo que, entre otras cosas, podría haber sido constitutivo de un ilícito penal», subraya el magistrado de la Audiencia Nacional.

Así, el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo 8 de la Audiencia Nacional estima el recurso presentado por Pérez de los Cobos contra la Resolución del ministro del Interior de 28 de julio de 2020 por la que se desestimaba el recurso de alzada formulado contra la Resolución del Secretario de Estado de Seguridad de 24 de mayo que dispuso su cese.

El cese de Pérez de los Cobos se hizo público el 25 de mayo de 2020 e implicó la dimisión un día después del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, teniente general Laurentino Ceña.

Al día siguiente de la dimisión del DAO fue relevado el otro teniente general al frente de las cuestiones operativas del Cuerpo, Fernando Santafé, Mando de Operaciones, y uno de los dos responsables –el otro fue el jefe de Zona en Madrid, José Antonio Berrocal– que precedió a la directora de la Guardia Civil, María Gámez, en la llamada inesperada a Pérez de los Cobos en la tarde-noche del domingo 24 de mayo, cuando fue cesado a propuesta suya por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. En su primera comparecencia en rueda de prensa en Moncloa tras el cese del coronel, Grande-Marlaska encuadró el relevo de Pérez de los Cobos en una reestructuración de los cargos de confianza que se había suspendido por la pandemia de covid-19. Además, desligó el cese del informe de la Guardia Civil entregado a la juez del ‘8-M’.

CARTA DE CESE Y FILTRACIÓN

El 2 de junio, fuentes de Interior ampliaron su versión sobre el cese del coronel para asegurar que lo que se hizo fue «precipitar» su relevo como jefe de la Comandancia de Madrid tras la pérdida de confianza que supuso que este alto cargo de la Guardia Civil dejara de informar a sus superiores en la cadena de mando sobre trámites relacionados con la entrega de informes sobre la investigación judicial del 8-M y la imputación del delegado del Gobierno de Madrid.

Respondían de esta forma a una carta del cese de Pérez de los Cobos, donde se recogía que el motivo alegado a propuesta de la directora general del Instituto Armado –y avalado por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez– era que se había negado a informar del «desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento».

El 3 de junio, en una nueva comparecencia en el Congreso, Grande-Marlaska relacionó el cese –como había hecho un día antes en el Senado– con la filtración del informe de la Policía Judicial remitido a la juez Rodríguez-Medel, y por el que se abrió una información reservada.

En la tribuna de la Cámara Baja el ministro alegó que fue su ‘número dos’ quien firmó el cese y que él no quiso dar los primeros días detalles por respetar la «carrera profesional» del coronel y ante un posible recurso.

Unidas Podemos celebrará este jueves a partir de las 11.30 horas su acto de presentación de candidatura a las elecciones de la Comunidad de Madrid, donde se desvelará finalmente el orden de su lista, ya que a los resultados de las primarias tienen que encajar los fichajes realizado por la cabeza de lista, Pablo Iglesias, y los aspirantes a diputado por Izquierda Unida.

Además de Iglesias, intervendrá en el acto Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. Y contará con la participación de los candidatas de Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid, Isa Serra, Jesús Santos, Alejandra Jacinto, Beatriz Gimeno, Serigne Mbayé, Agustín Moreno y Cecilio González, los tres últimos fichajes de Iglesias, ha indicado el partido en un comunicado.

En las primarias, tras el líder de Podemos, quedó en siguientes lugar la hasta ahora portavoz en la Asamblea Isa Serra; el coordinador regional de Podemos, Jesús Santos; la exdiputada regional Carolina Alonso; la directora del instituto de las Mujeres, Beatriz Gimeno; y el exjefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Julio Rodríguez.

Le siguen los exdiputados regionales Tito Morano y Paloma García Villa. En noveno lugar quedó la polítologa y asesora de Iglesias en la Vicepresidencia segunda del Gobierno de España Lilith Vestrynge, hija del conocido político Jorge Vestrynge.

En los siguientes puestos figuran el también exdiputado autonómico Javier Cañadas, y los más desconocidos Piedad Sánchez García, Allende Marina Palomo, Inés Morales Perrín, Iñaki Olazábal, Litzi Bianca Rojas, Alberto Gómez Ramírez, Iris Marín, Víctor Valdés, Gema García Queipo, Rubén Aguilar Ibáñez, Ana Martín García y en el puesto 22 Mariano Sabas Munuesa de Caveda, periodista especializado en el mundo del heavy metal y del rock en general.

Este orden se alterará para incluir los fichajes y también a los miembros de IU que, según las negociaciones entre ambos partidos, les tocan los puestos 3, 10, 15, 24 y 33, y de ahí en adelante, uno de cada cinco. Los tres primeros puestos de las reñidas y conflictivas primarias en Izquierda Unida, han sido, por este orden, para las exparlamentarias autonómicas Vanessa Lillo y Sol Sánchez y el tercero para Fernando Jiménez Briz.

La Plataforma Trans ha pedido a todas las fuerzas políticas su «apoyo unánime» a la Ley Trans en el Día de la Visibilidad Trans, este 31 de marzo, frente a las «posturas de ultra derecha» y sus «discursos de odio».

«Pedimos a todas las fuerzas políticas, comprometidas con la igualdad y el avance en derechos de toda la ciudadanía, sin excepciones, que apoyen el trámite de la Ley Trans promovida por los colectivos trans y que fue registrada por distintas fuerzas políticas, el pasado 17 de marzo, en el Congreso de los Diputados», ha subrayado la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé.

Esta ley, según precisa, cumple con los estándares y recomendaciones europeas, cuenta con el apoyo de la organización internacional ILGA LGTBI y va en la línea marcada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que despatologizó la transexualidad en 2018.

Cambrollé ha lamentado la reacción ante la tramitación de la Ley Trans por parte de «sectores ubicados en el espectro progresista, así como en el socio mayoritario del Gobierno que mantiene bloqueado el avance de dicha ley».

A su juicio, se ha generado un «falso debate» sobre la Ley Trans, «plagado de bulos e infundios sobre los efectos de dicha legislación sobre el resto de la sociedad», situando a las personas trans como «un peligro social», convirtiéndolas en «chivo expiatorio» y «elevando la hostilidad» hacia el colectivo, «en cotas nunca vistas en la historia de la democracia».

La Plataforma recuerda que el Día Internacional de la Visibilidad Trans fue propuesto por la activista trans norteamericana Rachel Crandall y fijado por consenso internacional el 31 de marzo, para crear conciencia y sensibilizar a la población mundial sobre las discriminaciones a las que se enfrentan las personas trans y acabar con ellas.

«Las personas trans no tenemos closet. Por ser visibles, nos asesinan cada 48 horas en muchos países de Latinoamérica, por ser visibles somos excluidas y vivimos un auténtico apartheid laboral, por ser visibles nuestros menores trans son acosados en las escuelas e institutos, por ser visibles somos de la población LGTB las que más agresiones de odio reciben, por ser visibles en numerosas ocasiones nos niegan el alquiler de una vivienda y por ser visibles se nos niegan y cuestionan nuestras identidades», declara Cambrollé.

Esta situación, según indica, precisa de «un marco legislativo que blinde el derecho a la identidad sexual y expresión de género, garantice la igualdad de oportunidades para el acceso a servicios básicos, proteja a las personas trans de la desigualdad social y siente las bases para educar y concienciar a todos los agentes sociales en el respeto a la diversidad sexo genérica».

El juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha emitido este miércoles un auto por el que concede la libertad condicional al el exconsejero de Educación socialista del Gobierno de Asturias, José Luis Iglesias Riopedre, condenado a cinco años de prisión por el caso ‘Marea’, una trama de corrupción en la contratación pública.

La decisión se produce horas después de que Fiscalía informase a favor de la puesta en libertad condicional de Riopedre «por razones humanitarias, en base a un reciente informe forense. Fiscalía también desistió de su recurso en contra de la clasificación en tercer grado penitenciario del exconsejero.

En el auto se recoge ese informe, del que se desprende que se ha producido un agravamiento en el estado de salud tanto físico como psíquico del interno, con un pronóstico de evolución desfavorable.

En el escrito, se le recuerda que tiene que cumplir una serie de condiciones tras concederle la libertad condicional, como observar buena conducta y mantener el pronóstico de inserción social favorable, residir en un domicilio determinado, recibir los tratamientos médicos que le sean pautados y aportar informes médicos acreditativos de su evolución.

La decisión del juzgado llega después de que el propio Riopedre le remitiese un escrito en el que pide perdón. «Me dirijo a ustedes con el único fin de pedir perdón por mis errores cometidos en el pasado, cuando ejercía como Consejero de Educación del Gobierno de Asturias», señala.

«Me reitero que dicho perdón se lo pido a todas las perasonas que pude perjudicar de uno un modo u otro, por todo el daño cometido. Mostrar mi arrepentimiento, y no solo a las personas que he podido perjudicar, sino a la sociedad en general», añadía.

«No puedo volver atrás para cambiar las cosas, pero a día de hoy y desde hace ya bastante tiempo, estoy concienciado y seguro que hubiera hecho las cosas de otra manera. Les ruego que me puedan perdonar y creanme de todo corazón mi verdadero arrempetimiento . No me quiero victimizar al dirigirme a ustedes con estas palabras pero desearía que me concedan que el tiempo que me queda de vida, lo pueda pasar junto a mi esposa e hijos», escribió también el exdirigente asturiano.

La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa ha pedido este miércoles a la Comisión Europea que pida explicaciones al Gobierno español por la entrada de agentes de Policía en domicilios para disolver fiestas ilegales por las restricciones impuestas en el marco de la lucha contra el coronavirus.

En una pregunta parlamentaria dirigida al Ejecutivo comunitario, Pagazaurtundúa asegura que se están produciendo injerencias policiales en la vida privada y en domicilios en España con el amparo del Ministerio del Interior.

En su escrito, la eurodiputada sostiene que el Ministerio que dirige Fernando Grande Marlaska ha dado instrucciones para que agentes entren «por la fuerza» en domicilios particulares o turísticos para impedir la celebración de reuniones que no respetan las normas de prevención del coronavirus.

VULNERA JURISPRUDENCIA DEL TC

En este contexto, la eurodiputada pregunta al Ejecutivo de Ursula von der Leyen si contempla «pedir explicaciones» al Gobierno por la actuación del Ministerio de Interior, «tanto por su intento de intentar derogar o matizar la Ley de Enjuiciamiento Criminal como por vulnerar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto a la inviolabilidad del domicilio, vulnerando el Convenio Europeo de DDHH».

En un comunicado, Pagazaurtundúa, que también es vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior, alerta de que las medidas excepcionales que los Estados miembro han tomado en el marco de la lucha contra la pandemia para limitar derechos civiles «en ocasiones no tienen justificación suficiente» y, por ende, recaen «en espacios de arbitrariedad o abusos de poder».

«Es algo que no podemos permitir», ha añadido, después de apuntar que el Convenio europeo de Derechos Humanos y el Manual para formadores de las fuerzas de seguridad del estado de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) consideran «injerencia» en la vida privada acceder a un domicilio sin orden judicial.

Ciudadanos también ha exigido explicaciones al gobierno en el Congreso a través de una pregunta formulada por su portavoz adjunto, Edmundo Bal, para aclarar la cobertura legal de esas entradas en domicilios sin oren judicial.

Este mismo miércoles, Grande Marlaska ha justificado la entrada policial en aquellos pisos turísticos que no se usan como morada sino como locales para organizar fiestas ilegales y ha negado que los Cuerpos de Seguridad estén «violentando» derechos fundamentales.

La presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco Covite, Consuelo Ordóñez, valora que el acercamiento a la prisión de Estremera, en Madrid, del preso de ETA Francisco Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, condenado por los asesinatos de su hermano Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco y Fernando Buesa, se dé con «transparencia» hacia las víctimas.

En declaraciones, Ordóñez ha indicado que desde Covite «nunca» se pronuncian sobre los traslados de presos de ETA, porque son «coherentes». «Nunca había sido debate político este tema de los traslados. Rajoy hizo 40 traslados y nadie dijo nada, Zapatero acercaba por la Vía Nanclares al País Vasco y el PP entonces decía que le parecía muy bien acercarlos», ha señalado.

Sin embargo, ha criticado que cuando llegó el actual presidente del PP, Pablo Casado, «que no tiene muchos escrúpulos, ninguno», empezó a «utilizar, como le encanta al PP, el tema de la causa de las víctimas para embarrarlo todo».

En este contexto, ha aplaudido que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el que se reunió en julio de 2018, está llevando a cabo la política penitenciaria que le pidió que llevara a cabo.

Al respecto, ha explicado que a Covite «nunca» le ha importado «dónde cumplen pena los etarras, nunca», pero sí «que los que lleguen a Euskadi lo hagan arrepentidos, renegando de ETA». «Eso es lo que le pedí a Marlaska en julio de 2018», ha recordado.

Asimismo, ha destacado que «nunca ha habido un ministro como Grande-Marlaska que haya dado información y transparencia sobre política penitenciaria». «Jamás un ministro nos había dado información al respecto», ha incidido.

Ordóñez ha señalado que las víctimas del terrorismo no tienen «derecho a elegir la cárcel de los asesinos de nuestros familiares, lo mismo que los presos de ETA tampoco tienen derecho a elegir la cárcel», porque «la política penitenciaria es política penitenciaria, es competencia exclusiva de los gobiernos decidir dónde cumplen pena los presos».

En este sentido, ha aplaudido que la «única novedad» con Grande-Marlaska es que les «cuenta todo lo que hace en política penitenciaria» y ya les comunicó que irían acercando a los presos de ETA «de Madrid para arriba».

Así, ha indicado que de los presos de ETA acercados a Euskadi, que ha cifrado en 26, uno fue por que «se suicidó, otro por edad y cuatro por enfermedad y los restantes porque han dado el paso de desvincularse de ETA».

Ordóñez ha explicado que lo que le importaba era que lleguen a Euskadi «arrepentidos», porque «el PP ya prometió al PNV la transferencia de prisiones para que apoyara los Presupuestos Generales del Estado de 2018» y, por tanto, «más tarde o temprano la transferencia les iba a caer» y dado que no se fía de los nacionalistas, su empeño ha sido que tengan «las cárceles vacías». «Van a tener la transferencia este mes, pero solo a 26 presos de ETA en el País Vasco y 20 de ellos porque han cumplido el requisito que yo pedí a Grande-Marlaska en 2018», ha añadido.

SIN ESCRÚPULOS

«Me parece una estrategia muy inteligente», ha opinado, al tiempo que ha incidido en su crítica al PP por «hacer oposición» con esta cuestión, porque «parece que no tienen temas, no tienen escrúpulos y usan a la política penitenciaria y a las víctimas» para ello.

Además, se ha considerado una «privilegiada» comparado con más de la mitad de víctimas que «no tienen a nadie condenado por el asesinato de sus familiares». «Me parece una estrategia muy inteligente, incluso al PP así le parecía, pero ahora quieren hacer oposición y como parece que no tienen temas, no tienen escrúpulos y usan a las víctimas y la política penitenciaria», ha concluido.

La Guardia Civil, dentro de la denominada Operación Confort, detuvo este pasado martes en la localidad alicantina de San Juan al presunto cabecilla de una organización criminal supuestamente dedicada a estafar mediante falsas páginas web, creadas por ellos mismos, para la obtención fraudulenta de créditos rápidos. Otras cuatro mujeres supuestamente implicadas en la red ya habían sido detenidas en febrero.

Desde Alicante, la organización operaba por toda España y, de hecho, han sido localizadas víctimas en las provincias de Alicante, Albacete, Barcelona, Castellón, Cuenca, Madrid, Murcia, Tarragona y Valencia, si bien la Guardia Civil continúa con las investigaciones a fin de encontrar más perjudicados, ya que se prevé que haya muchos más, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

En octubre de 2020, en el Puesto de la Guardia Civil de Santa Pola, una persona denunció ya que había descubierto que la cantidad que adeudaba a una empresa de créditos rápidos, a la que había recurrido para solicitar un préstamo, era muy superior a la solicitada.

Desde la entidad de crédito le afirmaban que ese montante adicional era por motivo del montaje de un aire acondicionado, que la perjudicada afirma que nunca existió. El Área de Investigación de la Guardia Civil de Santa Pola inició las pesquisas y localizó a otras cinco personas víctimas de estafas similares con el mismo modus operandi.

Esta forma de actuar consistía en la creación de páginas web destinadas a la obtención de créditos rápidos, que, , mediante distintas técnicas, conseguían una gran visibilidad en los buscadores de internet, sobre todo en los más usados. Para captar a sus víctimas ofrecían unas condiciones de crédito muy ventajosas.

Para solicitar el crédito, el solicitante debía rellenar algunos campos de datos y, casi de forma inmediata, recibía una llamada de los estafadores confirmando la operación y solicitando los últimos datos personales y financieros.

EMPRESA PANTALLA

Una vez que se hacían con todos los datos necesarios y usando la empresa de aire acondicionado que el presunto cabecilla regentaba a modo de «empresa pantalla», los estafadores recurrían a entidades financieras legítimas para solicitar un crédito de una cuantía muy por encima de lo solicitado por la víctima. Una vez que conseguían el dinero, le hacían al perjudicado el ingreso a su cuenta bancaria de la cantidad solicitada inicialmente.

Desde ese momento las víctimas, empezaban a abonar las cuotas con normalidad a la entidad de crédito legítima, de la que no recibía ninguna notificación ni correo debido a que los estafadores ya se habían encargado de desviar cualquier tipo de contacto directo.

ENTRE 15.000 Y 20.000 EUROS

A día de hoy, se han localizado doce víctimas procedentes de todo el territorio nacional, a las que los autores han estafado un total de entre 15.000 a 20.000 euros. No obstante, debido a la forma de actuar de esta organización, puede existir un gran número de personas que, aun habiendo sufrido esta estafa, no tengan conocimiento de ello.

En el mes de febrero la Guardia Civil de Santa Pola ya detuvo a dos mujeres y tiene como investigadas a otras dos, de nacionalidad española y de entre 39 y 46 años, residentes en la localidad de El Campello, en relación con estos hechos. Las detenidas pasaron a disposición del Juzgado nº 4 de Elche, y han quedado en libertad con cargos.

Finalmente, este martes, tras una ardua tarea por parte del Área de Investigación de la Guardia Civil, se detuvo al presunto cabecilla de la organización en la localidad de San Juan de Alicante, un hombre de nacionalidad española y de 40 años.

Para eludir la acción policial, esta persona cambiaba continuamente, tanto de medios de localización, como de domicilio. El arrestado ha sido puesto a disposición judicial y ha quedado también en libertad con cargos. A todos ellos se les imputan los delitos de usurpación del estado civil, delito continuado de estafa y pertenencia a grupo criminal.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este miércoles, día 31 de marzo, el nombramiento del exalcalde de Ames (A Coruña) José Miñones como nuevo delegado del Gobierno en Galicia, así como el cese de Javier Losada, que ocupaba el cargo desde junio de 2018.

En concreto, la designación de Miñones fue aprobada el martes por el Consejo de Ministros y anunciada por la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras la reunión del Ejecutivo.

Fuentes consultadas señalaron que Miñones prevé tener este mismo miércoles una primara toma de contacto con la Delegación del Gobierno, en un encuentro informal. Además, señalan que se contempla que tome posesión la próxima semana.

Aunque Miñones forma parte de la dirección del PSdeG que encabeza Gonzalo Caballero, tras las pasadas elecciones autonómicas se mostró crítico con los resultados obtenidos por la candidatura liderada por el secretario xeral. Por ello, algunas voces del partido consideraron que su designación por parte de la dirección nacional se enmarca en un contexto en el que los socialistas gallegos deben de elegir a finales de año su nueva dirección.

Precisamente, este mismo miércoles, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, lo calificó de «promesa de futuro» en el PSdeG. Con todo, en la jornada del martes, Miñones aprovechó su primer acto público tras su designación para comparecer junto a Gonzalo Caballero, evento en el que se garantizaron lealtad y coordinación entre el partido y la Delegación del Gobierno.

INÉS REY LE DESEA «TODA LA SUERTE»

Este miércoles, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha querido «desear toda la suerte» al nuevo delegado y por otro lado ha agradecido, «con mucho cariño», la gestión de Javier Losada. No quiso hacer valoraciones sobre si este cambio afecta al futuro del PSDG.

Miñones será, además, el único ponente gallego en el Congreso Federal que el Partido Socialista realizará en Valencia el próximo 17 de octubre. Una decisión aplaudida por Valentín Gómez Fermoso y la dirección provincial del PSOE coruñés, que son uno de los sectores más críticos con Gonzalo Caballero.