El PSOE-M ha registrado este viernes una denuncia ante la Junta Electoral Provincial de Madrid en la que impugna la candidatura del PP a las elecciones madrileñas 4 de mayo en la que incluyen a Toni Cantó como ‘número 5’ de la lista encabezada por Isabel Díaz Ayuso, cuando se empadronó fuera de tiempo para poder participar en las mismas, ha adelantado ‘eldiario’ y han confirmado fuentes socialistas.

En la denuncia, se expone que la condición de empadronamiento en un municipio de la Comunidad de Madrid, que otorga la vecindad madrileña, y, por tanto, la condición de elector y elegible, «no se habría producido, no sólo antes del 1 de enero de 2021, sino una vez convocadas las elecciones después del 11 de marzo de 2020».

«Cantó poseía la condición política de valenciano, ejerciendo los derechos políticos de dicha condición, como representante de los valencianos, derivada de su vecindad administrativa en aquella comunidad, conforme al artículo 3 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (EACV). Hasta el 17 de marzo de 2021 Cantó era vecino y residente de la Comunidad Valenciana, y como tal elector y elegible en la misma, hasta tal punto que era representante público de los electores valencianos en la Cortes autonómicas», explican.

Además, los socialistas lo consideran inelegible ya que en lo dispuesto en el artículo 67 de la Constitución Española se declara expresamente que «nadie podrá ser miembro de las dos Cámarassimultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso».

Para el PSOE, dado que Cantó ostenta el número cinco en la candidatura del PP a la Asamblea de Madrid publicada este 2 de abril para las elecciones del 4 de mayo, habiendo sido diputado autonómico de las Cortes Valencianas y residente en aquella Comunidad, por tanto, elector y elegible en aquella, hasta, al menos el 17 de marzo, fecha de su renuncia en aquella Cámara, indican como «necesario» tratar las condiciones de elegibilidad e inelegibilidad para concurrir como candidatos a esta cámara autonómica de la Comunidad Autónoma de Madrid.

En consecuencia, consideran que Cantó «no podría reunir la condición de elegible para las elecciones del 4 de mayo porque no puede ser elector en dichos comicios, al no ser vecino de la comunidad de Madrid el 1 de enero de 2021, pues su empadronamiento, su residencia habitual, y su trabajo hasta al menos el 17 de marzo, y por tanto, su carácter de elector y elegible, correspondía a la Comunidad Valenciana».

Por todo ello, el PSOE interpone esta denuncia por «infracción de lo dispuesto en los artículos 46.2 y 47.4 de la LOREG», y así como de la propia doctrina de la Junta Electoral Central y del Tribunal Constitucional y solicita que quede impugnada la lista del PP por la inclusión a Toni Cantó.

Piden que se comunique al representante de la candidatura del Partido Popular, la «irregularidad advertida en la lista para que formule alegaciones en el plazo de 48 horas, conforme dispone el artículo 47.2 LOREG».

Tras el trámite de subsanación previsto, piden que se declare que no se proclame a Cantó como candidato de la lista «por irregularidad manifiesta en su incorporación a la lista electoral».

El responsable de Política Institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha insistido en la defensa de «la institucionalización del derecho a decidir», que va a plantear su formación este Aberri Eguna, de manera que pueda darse «de manera pacífica, normalizada, pactada y reglada». Asimismo, ha eludido «entrar a la controversia» con la izquierda abertzale en este ámbito porque «ahondar en la brecha de la división no sería para nada positivo y la gente no lo entendería».

En una entrevista concedida a RNE, ha recordado que, por segundo año consecutivo, se celebrará este domingo el Aberri Eguna en un momento de «doble desafío» para «recobrar la salud cuanto antes» y lograr «la recuperación económica» tras la crisis provocada por la pandemia, de manera que «se pueda retomar la vía del desarrollo y el progreso cuanto antes mejor».

Asimismo, ha defendido que, «cuando las decisiones se toman a pie de tierra, lo más cercanas posibles a la ciudadanía, se llega con mayor eficacia a sacar adelante los problemas existentes». De este modo, ha defendido que «el autogobierno no es algo indeterminado», sino que «son sistemas públicos de salud, de cuidados».

Por tanto, ha remarcado, «en la medida en que hagamos posible que nuestro autogobierno sea más fuerte, más firme, que nuestra capacidad de decisión sea auténtica y que las decisiones que tomemos sean inmediatas, la eficacia de las medidas a adoptar son mejores y más adecuadas para afrontar los problemas».

En este marco, ha aludido al mensaje que trasladará el PNV en este Aberri Eguna para reclamar «institucionalizar el derecho a decidir del pueblo vasco». «Nuestra pretensión es que exista un reconocimiento de la nación vasca y, al mismo tiempo, un proceso de respeto y de reconocimiento a la voluntad popular que la sociedad vasca pueda tener en un determinado momento para considerar cuál es su expectativa de vida de cara al futuro», ha afirmado.

Según ha explicado, «es lo que nosotros denominamos institucionalización del derecho a decidir, que pueda darse esa circunstancia de manera pacífica, normalizada, pactada y reglada».

LA CONFRONTACIÓN

Preguntado sobre las diferencias con EH Bildu para reivindicar ese derecho a decidir de manera conjunta, ha afirmado que «no sabría decir qué es lo que nos separa».

Sería muy sencillo entrar a la controversia con los ámbitos de la izquierda abertzale pero en este planteamiento nacionalista de respeto a la voluntad de la ciudadanía, y más en las circunstancias actuales de crisis en que vivimos, el ahondar en la brecha de la división, de la confrontación, no sería para nada positivo y la gente no lo entendería», ha señalado. A su entender, «lo que pide es que la política no sea un problema, sino que sea una solución».

Miles de aficionados se han acercado este viernes a las inmediaciones del campo de Zubieta para despedir a la Real Sociedad en su partida hacia Sevilla para disputar este sábado contra el Ahtletic de Bilbao la final de la Copa del Rey.

El autobús del equipo txuri-urdin ha salido hacia el aeropuerto de Hondarribia desde Zubieta a las 10.45 horas como estaba previsto. El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, ha sido de los primeros en llegar a Zubieta algo antes de las diez de la mañana.

Allí han sido recibidos por miles de aficionados con banderas, camisetas y bufandas del equipo, pese al llamamiento a evitar a aglomeraciones, animando con cánticos y aplausos al equipo.

Los simpatizantes de la Real Sociedad han hecho un pasillo al autobús del equipo siguiéndolo por las inmediaciones de Zubieta, sin que se respetasen las medidas de distancia social, y se han agolpado en los accesos al campo. La marea txuri-urdin también ha estado presente en torno al aeropuerto de Hondarribia desde primera hora de la mañana.

El club donostiarra ha pedido a través de sus perfiles en redes sociales a los aficionados que, en los próximos días en los que se van a «vivir momentos de gran intensidad», se comporten «en todo momento respetando todas las medidas sanitarias vigentes».

La Policía municipal de San Sebastián ha planificado un dispositivo para evitar que la aglomeración prevista ante un llamamiento por parte de los aficionados fuera «la menor posible», según han informadofuentes municipales.

En el mismo también ha participado la seguridad privada de la Real, que ha vallado la zona para evitar que se invadiera la carretera y lo ha controlado con personal en el lugar.

En ese sentido, pese a que se ha concentrado un número grande de personas, «no ha habido incidentes, se ha respetado la obligatoriedad de llevar mascarilla, y al finalizar se ha disuelto sin problema».

El dispositivo conjunto coordinado por la Dirección General de Emergencias, en el que participan fuerzas y cuerpos de seguridad e inspectores del Govern, ha levantado más de 270 actas y han precintado un local por incumplimiento de las medidas para la contención de la COVID-19 por las fiestas de Semana Santa.

La Conselleria de Presidencia, Función Pública e Igualdad ha explicado en una nota de prensa que, en general, el dispositivo reforzado ha podido comprobar un alto grado de cumplimiento de las medidas por parte de establecimientos, bares, restaurantes y hoteles.

Eso sí, en Palma, se precintó un establecimiento por incumplimientos reiterados de las normas. El establecimiento ignoró la hora de cierre y, en el momento de la inspección, cerca de las 21.00 horas, seguía abierto, con una docena de personas en el interior.

El mayor número de actas levantadas en estos días se deben a personas que compartían mesa superando el número de núcleos convivientes permitidos. Durante las inspecciones, el equipo de vigilancia solicita la identificación de los presentes y comprueba la residencia. En caso de que se supere el límite permitido, se levanta una acta con propuesta de sanción a todas las personas de aquella mesa.

Este ha sido el motivo de la mayoría de las actas levantadas, que también se han presentado por no llevar la mascarilla. Igualmente, se han levantado actas por cerramiento excesivo de terrazas o por no contar con medidores de CO2.

Casi la mitad de estas denuncias se han presentado en Palma y área metropolitana. También se han realizado inspecciones a diferentes pueblos y en las islas de Menorca, Ibiza y Formentera. En todas las islas se han levantado actas.

Estas cifras se suman a las propuestas de denuncia que hayan podido presentar la policías locales, Policía Nacional o Guardia Civil en las inspecciones realizadas a iniciativa propia.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha defendido este viernes que los mayores desplazados al estadio Wanda Metropolitano y al Hospital Enfermera Isabel Zendal son personas de entre 60 y 65 años y «no dependientes», y ha pedido al candidato socialista a la Presidencia de la región, Ángel Gabilondo, que «no manipule y no trate de mezclar y confundir a la población».

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación durante la visita de una carpa informativa del PP, el consejero ha señalado que «la desinformación de la izquierda de la Comunidad de Madrid es sonrojante» puesto que no conocen «los grupos y dónde se vacunan».

«Al señor Gabilondo últimamente le vemos desatado, incluso levantando la voz. Tengo que decirle que las vacunas que estaban programadas de Pfizer a mayores de 80 años en Atención Primaria ya se han hecho, los puntos habilitados (Wanda Metropolitano y Hospital Zendal) se han hecho para mayores de 60 y 65 años y no dependientes», ha aseverado.

A este hilo, Escudero ha destacado que «se está vacunando a quien se tiene que vacunar en las zonas en que se tiene que vacunar», y ha aclarado que el excedente de dosis que se guarda la Comunidad de Madrid para garantizar el proceso de vacunación es cercano al 20% de las que recibe, aunque al principio de la pandemia ascendía al 50%.

Respecto a las imágenes de colas a la espera de acceder a la vacunación en el Wanda Metropolitano, el consejero ha remarcado que «estamos en pandemia y lo importante es la vacuna» y que «los madrileños se inmunicen».

Así, Escudero ha lanzado un «mensaje de tranquilidad» a los ciudadanos de la región en el que ha aclarado que se sigue vacunando en Atención Primaria, en el Zendal y el Wanda, y este proceso se está «haciendo como tiene que hacerse», además de que se está inmunizando a los grandes dependientes en sus domicilios.

RESPUESTA AL EXCONSEJERO DE SANIDAD, SANCHEZ MARTOS

Preguntado por las criticas del exconsejero de Sanidad de la región Jesús Sánchez Martos sobre el hecho de no vacunar a los mayores de 80 años durante la Semana Santa, Escudero le ha espetado que «para hacer declaraciones debería estar más informado» ya que este sector poblacional se inmuniza en los centros de Atención Primaria, que «nunca ha vacunado en festivos ni fines de semana».

«Se ha vacunado a todos los que se tenían que vacunar en Atención Primaria y se sigue vacunando a mutualistas con Moderna en el Zendal, igual que a los mayores de 79, 78 y 77 años», ha añadido el consejero, quien ha concluido apuntando que «el porcentaje está por delante de muchas comunidades autónomas con un 46% de dosis completas entre mayores de 80 años».

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha anunciado este viernes que su formación registrará una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para exigir la dimisión o el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de que la Audiencia Nacional haya considerado que el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid es «ilegal».

Arrimadas ha sostenido que se trata de «una vergüenza absoluta» y que la sentencia demuestra que Marlaska «actuó de una manera absolutamente discrecional».

«Hizo una purga ideológica a un gran servidor público como es Pérez de los Cobos. Esta sentencia es demoledora, no deja un ápice a la interpretación, es libro y, por tanto, pedimos que el señor Marlaska dimita», ha enfatizado Arrimadas en declaraciones a los medios tras su visita el Parque del Capricho de Madrid, con motivo de su reapertura tras los desperfectos ocasionados por el temporal Filomena.

Ha insistido en la necesidad de que el titular de Interior dimita porque, según ha expresado, «en esta vida hay que tener dignidad y palabra y lo que ha hecho es incompatible con ser ministro del Gobierno de España». Por ello, ha señalado que si no dimite, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe cesarle porque «es intolerable». «No podemos seguir teniendo a un ministro que purga a servidores públicos cuando se niegan a incumplir la ley», ha añadido.

En este sentido, ha mencionado a su candidato en la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, como un «ejemplo» de estos servidores públicos que «cuando les presionan para hacer cosas intolerables, se pliegan a sus principios».

Por último, ha destacado la necesidad de que las distintas formaciones apoyen su proposición en la Cámara Baja porque «los españoles tienen que saber que los servidores públicos actúan con independencia», ha zanjado.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial tiene previsto juzgar el próximo martes, 6 de abril, a R.B., acusado de abusar sexualmente dos veces de una mujer a la que se llevó por la fuerza de un pub de Albacete.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal relata que los hechos ocurrieron sobre la 1.00 horas de la madrugada del 24 de junio de 2018, en un pub de la capital, cuando el acusado, R.B. se acercó a S.B. con propuestas sexuales que ella rechazó de manera reiterada.

S.B. salió del bar acompañada de otro hombre, momento en que el acusado salió tras ellos, abalanzándose sobre el acompañante, hasta que S.A.G., que pasaba en ese momento con el coche, reconoció a la mujer y se bajó para intervenir y poner fin a la reyerta.

Finalizada la pelea, tanto S.A.G. como el acompañante de S.B. se marcharon, situación que aprovechó el acusado para agarrar a la mujer por el brazo y llevársela entre amenazas, diciéndole que si gritaba la golpearía con una piedra que previamente había cogido.

Durante el trayecto, se cruzaron con M.R.M.O., a quien S.B. pidió entre dientes que llamara a la policía.

Finalmente, ambos llegaron hasta una parcela a las afueras de la ciudad donde el procesado tiró a S.B. al suelo y la penetró vaginalmente hasta eyacular, sin protección y contra su voluntad. Tras la agresión, R.B. volvió a coger del brazo a la víctima obligándola a volver al núcleo urbano.

Durante el camino, el acusado paró en un poste de luz donde la tiró al suelo y volvió a abusar de ella. Después R.B. se marchó y S.B. le contó lo sucedido a su pareja sentimental, quien llamó a la Policía para denunciarlo.

El Ministerio Fiscal considera que estos hechos son constitutivos de dos delitos de agresión sexual con acceso carnal por los que le piden 18 años de prisión, 9 por cada delito, y 10 años de libertad vigilada, así como la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros durante 10 años, a quien deberá indemnizar en la cantidad de 6.000 euros.

Podemos ha denunciado públicamente el intento de incendiar su sede en Cartagena por parte de «los cachorros de Vox» y ha lamentado que «mientras los matones de la ultraderecha siembran la violencia», el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, «premia a sus amigos con sueldos y consejerías», asegura la formación morada en un comunicado.

La sede de Podemos en Cartagena «ha sufrido un nuevo ataque por parte de la ultraderecha», según la formación morada, que recuerda que «no es la primera vez que se da esta circunstancia en el local morado de la ciudad portuaria». En mayo «ya rompieron varios cristales con piedras y en septiembre el local fue objeto de pintadas amenazantes con simbología neonazi», según Podemos.

Esta vez, tal y como ha denunciado el coordinador autonómico de Podemos, Javier Sánchez Serna, «han ido más allá, intentando incluso incendiar la sede con cócteles molotov, algo que podría haber causado una auténtica desgracia humana y no solo daños materiales».

Podemos Cartagena ya ha cursado este mismo viernes por la mañana una denuncia ante la Policía Nacional, a quien ha aportado todas las imágenes que las cámaras de seguridad han captado del momento del ataque.

Además, Unidas Podemos ha anunciado que presentará en la Asamblea Regional y en todos los ayuntamientos donde tiene presencia declaraciones institucionales y mociones de condena «a la violencia que la ultraderecha lleva a cabo en la Región de Murcia».

Sánchez Serna ha asegurado que desde su formación no tienen «ninguna duda de quién está detrás» y apunta a «los cachorros de Vox». Para el coordinador de Podemos en la Región de Murcia, «es obvio que es la ultraderecha quien azuza con su odio estos ataques y la que prende la mecha de la violencia».

Además, lamenta que el ataque a la sede de Podemos se da «el mismo fin de semana que los diputados ultra entran en el gobierno regional». Desde Podemos señalan que mientras «los matones de la ultraderecha siembran la violencia, López Miras premia a sus amigos con sueldos y consejerías», lo que supone «una vergüenza y el mayor ataque en décadas a nuestra democracia».

Por su parte, la portavoz de Podemos en Cartagena, Leli García, ha recordado que se trata del tercer ataque en menos de un año que sufre el local del partido en Cartagena. Critica, además, que desde la Asamblea Regional «aún no se ha condenado esta violencia, a pesar de que desde Podemos han presentado en cada ocasión una propuesta de declaración institucional contra la misma».

En septiembre, Podemos recuerda que el diputado de Vox Salvador Pascual vetó una declaración en este sentido, mientras que en mayo «PP, Ciudadanos y Vox rechazaron condenar otro ataque». A su juicio, «si en la Región de Murcia los violentos están envalentonados es porque sienten la complicidad de las altas esferas y se creen impunes».

Los responsables de Podemos advierten que no van a quedarse «con los brazos cruzados ni dejarse intimidar», sino que estos ataques «solo reafirman la necesidad de seguir trabajando». Sánchez Serna ha apostado por «construir la solidaridad y la fraternidad desde los pueblos y desde los barrios», y ha recordado que desde esa sede se ha estado ayudando «a cientos de personas con los trámites del Ingreso Mínimo Vital, de manera desinteresada y por parte de voluntarios y voluntarias del círculo de Cartagena».

En su opinión, eso es precisamente «lo que le duele a la ultraderecha y lo que quieren impedir; nosotras creemos y trabajamos por otro modelo de sociedad basado en el respeto y la igualdad y no en el odio y la exclusión que ellos intentan sembrar», ha concluido Sánchez Serna.

Cada 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, una jornada impulsada desde 2007 por Naciones Unidas para poner de relieve la necesidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) y promover su inclusión en todos los ámbitos ante las dificultades de este colectivo, que se visilizará tiñendo de azul más de 300 edificios en España y llevando a cabo diversas acciones de concienciación.

‘Puedo aprender. Puedo trabajar’ es el lema de la edición de este año que difunde el movimiento asociativo del autismo en España, en coordinación con Autismo Europa, ante la situación laboral de estas personas (cerca de 7 millones en Europa y más de 450.000 en España) de las que un 90% no tiene un empleo. Según esta ONG, se trata de uno de los colectivos de la discapacidad menor acceso al mercado laboral por lo que es uno de los objetivos pendientes para muchas empresas.

La inclusión laboral del colectivo es posible, como refleja la historia de ‘Algo de Jaime’, una iniciativa familiar inspirada en el talento para dibujar que Jaime Martínez Alonso demostró desde muy pequeño, y que desveló un estilo inocente, creativo y alegre. Jaiem es una persona con TEA y un retraso severo.

Animados por este descubrimiento, sus padres (la diseñadora Sole Alonso, y el arquitecto Javier Martínez) plasmaron estos dibujos en unas camisetas y sudaderas, que inicialmente se vendieron entre amigos, con divertidos dinosaurios, rinocerontes, cebras, gorilas, etc, y posteriormente se puso en marcha la web ‘www.algodejaime.com’ con tienda online y las redes sociales.

A partir de ahí, la marca consiguió despertar el interés de público y empezó a crecer, alcanzando acuerdos con Zara, El Corte Inglés, Gastón y Daniela, Tantanfan, Apli, Absolut Beach o Kilombo Rugs, entre otros, que con los dibujos de Jaime crearon mochilas, agendas, alfombras, papeles pintados o estuches, comercializados a nivel nacional e internacional. La marca, como subrayan sus promotores, acaba de cumplir tres años.

También es positiva la historia de Paula, que trabaja desde hace dos años como matemática en Mapfre y hace solo cuatro que fue diagnosticada. «Yo llevaba una vida como cualquier otra, interiormente sabía que lo era, pero nunca me lo había planteado», relata. Cuando acudió al psicólogo por un ataque de ansiedad durante el periodo universitario, le recomendaron que se realizara las pruebas diagnósticas, confirmando que era una persona con TEA.

«He conseguido becas y trabajado en otras empresas, y en todas me han tratado muy bien, sobre todo en lo que respecta a mi discapacidad visual, pero quizás en algunas entrevistas de trabajo ha jugado en mi contra el hecho de tener esta otra discapacidad», afirma.

No obstante, estos casos de éxito en inclusión laboral suelen ser una excepción, como denuncia el director general de Autismo España, Jesús García Lorente, que reclama que, «en el ámbito laboral, las personas con autismo sean reconocidas legalmente como un colectivo de alta vulnerabilidad, para poder reducir las cifras del 90% de desempleo».

Este es uno de los objetivos de Andrea Romero, educadora del Centro sociolaboral Aucavi. En esta asociación madrileña preparan a jóvenes con autismo para conseguir un puesto de trabajo: «Lo que hacemos es convertir sus intereses en posibilidades de empleo», y en esta línea de trabajo se desarrollan prácticas laborales como limpieza de cristales, reciclaje de vidrio y telecafé.

Precisamente, la directora técnica de Autismo España, Ruth Vidriales, explica que «los intereses limitados, su capacidad para perseverar y repetir patrones, hacen que muchas personas en el espectro del autismo se conviertan en unos auténticos especialistas en áreas muy específicas, lo que es un valor para el ámbito del empleo».

«Si las empresas pudieran capitalizar la capacidad y el grado de especialización que muchas veces tienen sobre ámbitos muy concretos de conocimiento, probablemente se sorprenderían y también se beneficiarían de un talento que está desaprovechado», afirma.

En cualquier caso, hay compañías que llevan a cabo acciones de sensibilización e integración como Royal Canin, que colabora con la Fundación Bocalán en su programa de preparación de perros para convertirse en perros de asistencia para niños con autismo (PSNA).

En cuanto a las operadoras, Orange por ejemplo cuenta con varias soluciones tecnológicas para mejorar la calidad de vida de las personas con TEA, programas como Lancelot, Azahar, Dictapicto o Teayudoajugar, y herramientas como In-TIC o SPQR; mientras Fundación Telefónica, a través de su programa de Voluntarios Telefónica, colabora con asociaciones que desarrollan su actividad con personas con TEA y otras discapacidades intelectuales.

CULTURA ACCESIBLE E INCLUSIVA

La inclusión del colectivo en espacios culturales también es posible gracias a acuerdos como el alcanzado recientemente por la Asociación Empower Parents (Familias con hijos e hijas con Síndrome del Espectro Autista TEA) y varias instituciones culturales como el Museo Nacional de CIencias Naturales, Fundación Telefónica y Real Jardín Botánico.

Empower Parents arrancó en 2013 de la mano experimentada del Queens Museum de Nueva York, de la Fundación ICO y hablarenarte, gracias a un premio concedido por la American Alliance of Museums dentro de su programa Museums Connect, dependiente del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.

Un año más tarde, en 2014, la Fundación ICO junto a hablarenarte deciden continuar el proyecto en solitario en España y apoyar así la inclusión real en los museos. En 2020 se crea la Asociación Empower Parents, con el objetivo de continuar con las líneas de trabajo ya iniciadas con el Museo ICO e incorporar nuevas instituciones culturales y museísticas.

La Asociación Empower Parents está formada por familias con hijos e hijas con TEA y profesionales de la mediación cultural. «Desde que se inició el programa hace 8 años, el rumbo ha estado claro y definido: hacer de los museos espacios más abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con TEA y a sus familias», afirma el director de la Fundación ICO, Lucinio Muñoz. En definitiva, añade, «contribuir a que el acceso a la cultura sea posible, de facto, para todas las personas».

«Las personas con diversidad funcional han visto cómo, durante décadas, sus derechos básicos y libertades han sido ignorados, excluyéndoles de diferentes contextos sociales. Esta exclusión también llega al contexto de la cultura: las personas con TEA tienen habitualmente grandes dificultades para acceder y disfrutar de ella, a pesar de ser un derecho universal. Desde Empower Parents diseñamos un programa de actividades inclusivas y facilitamos herramientas y recursos educativos para que las familias puedan disfrutar de cualquier museo o espacio de cultura», indica Laura Donis, responsable del programa desde la Asociación Empower Parents y autora del libro ‘Empower Parents. Imaginando espacios comunes’.

Respecto al disfrute compartido de los espacios públicos, Miguel, que participa en el programa junto a su hermano Nacho, con condición de TEA, relata su experiencia: «Yo antes no hacía nada con mi hermano, pero ahora hemos aprendido a hacer actividades y planes juntos».

En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, se han puesto en marcha otras acciones como la del grupo Autismo Plena Inclusión Madrid –integrado por una docena de entidades de atención específica a personas con Trastorno del Espectro del Autismo– que ha lanzado una acción bajo el hashtag #TeSeñaloATi, que transforma el concepto de señalar en una invitación a tener una actitud positiva ante el colectivo y no en un gesto de discriminación.

La comisión de régimen disciplinario de Ciudadanos (Cs) ha resuelto la expulsión del presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Eduardo de Castro, por incumplir las directrices del partido y por haber ocultado su condición de imputado en un procedimiento penal «de extraordinaria gravedad» que afecta a su condición de representante institucional al ejercicio de su cargo.

En un comunicado, Cs explica que De Castro incumplió las directrices del partido y por ese motivo el pasado 12 de marzo le abrió un expediente disciplinario que quedó resuelto el pasado martes, 30 de marzo.

Así se acordó de acuerdo con el apartado k del artículo 116.1 de los estatutos vigentes del partido liberal: «Actuar en el ejercicio del cargo público de forma contraria a los principios y normas aprobadas por el partido, con deslealtad al partido, así como hacia sus órganos de gobierno, cuando perjudiquen gravemente su consideración ante la opinión pública».

La formación naranja destaca que «los principios e ideario del partido son un marco inquebrantable».

El fiscal jefe de Melilla ha denunciado por un presunto delito de «prevaricación administrativa» al presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla y a los exconsejeros de Hacienda Julio Liarte y de Presidencia Paula Villalobos, ambos de Ciudadanos, por supuestas irregularidades cometidas en la concesión del servicio de grúa de Melilla, y pide que declaren ante el juzgado en calidad de investigados.

Según el auto judicial al que tuvo acceso Europa Press, la representante del ministerio público ha acordado la remisión de la documentación que obra en su poder al Servicio Común de Registro y Reparto, Sección Primera de esta ciudad, «a fin de que, por el Juzgado de Instrucción que por turno corresponda, se incoen las oportunas diligencias previas y se depuren responsabilidades» en las que pudieran haber incurrido Eduardo de Castro, Julio Liarte y Paula Villalobos, los tres miembros del primer gobierno que surgió tras las elecciones de mayo de 2019, los tres propuestos en el cupo de Cs en su coalición con PSOE y CPM.

La fiscal jefe, Laura Santa Pau, ha tomado esta decisión de tomar en consideración una denuncia ciudadana en la que se exponían las presuntas irregularidades cometidas por las tres autoridades cuando acabó el contrato mayor adjudicado a un empresario, dejando a la ciudad sin servicio de grúa por un tiempo hasta la concesión del mismo a un familiar del vicepresidente de Melilla y un posible daño a las arcas públicas de más de cinco millones de euros.

El ciudadano denunciante había remitido un amplio escrito a la Fiscalía de Melilla en el que pedía que actuara «ante las graves negligencias e ilegalidades que se están cometiendo por parte de los máximos responsables de la ciudad autónoma de Melilla», algo que ha llevado ahora a la fiscal jefe a sumarse a la denuncia y solicitar al juzgado la toma de declaración como imputados del actual presidente de la Ciudad y dos exconsejeros de Cs.

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha condenado el ataque con material explosivo a la sede de Podemos en Cartagena, pero ha pedido a la formación morada que «tomen nota» del PP en este sentido porque «en ocasiones, ha justificado esa violencia» cuando sedes ‘populares’ han sufrido ataques similares.

«Nosotros no somos sospechosos. Nosotros condenamos todos los ataques, vengan de donde vengas», ha sostenido en declaraciones a los medios tras visitar una mesa informativa del Partido Popular de Madrid para las elecciones del 4-M junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso.

Tras ser preguntado sobre este ataque, el dirigente ‘popular’ ha lamentado que, sin embargo, «ha habido ataques a sedes del PP que Podemos no ha condenado» y que «incluso, en ocasiones, ha justificado esa violencia». Por ello, ha matizado que, a diferencia de la formación de Pablo Iglesias, el PP «no tiene ningún problema» en condenar la violencia y que este es el mensaje que quiere transmitir.

Así, el regidor madrileño ha recalcado que le diría a Podemos que «tome nota» y, en concreto, «del historial del PP en este sentido». «Nosotros condenamos siempre, con independencia de la ideología de quien haga el ataque y, por lo tanto, que ellos también actúen en consecuencia», ha enfatizado.

Con todo, Almeida ha aprovechado para recordar que en democracia no son tolerables este tipo de ataques a sedes de partidos políticos como el que se ha producido en Cartagena y como los que «desgraciadamente» han tenido que sufrir el PP y otros partidos, ha zanjado.

La Policía de Santander ha denunciado a quince jóvenes no convivientes que celebraban de madrugada una fiesta en un piso de la ciudad, en la calle Tristana.

Y también, al dueño de otro inmueble, requerido igualmente por una celebración identificado en dos ocasiones, la primera por ruidos a los vecinos por la celebración y la segunda porque continuaban las molestias ya que no siguió las indicaciones de los agentes y continuó la fiesta, en la Bajada del Caleruco.

En la primera intervención, a la una y media de la madrugada, los efectivos municipales fueron requeridos por vecinos y, en colaboración con policías nacionales, identificaron y denunciaron a los responsables de la vivienda en la que se encontraban reunidos 15 jóvenes no convivientes.

Estaban causando molestias de música y voces en tono elevado, por la celebración de una fiesta, perturbando la convivencia ciudadana. Y varios de los participantes también fueron denunciados por desobediencia a los efectivos y negativa a identificarse.

La segunda actuación comenzó a las dos y media de la mañana en la Bajada del Caleruco donde los agentes, también requeridos por varios vecinos, identificaron y denunciaron al responsable de una vivienda por molestias de música y voces altas por una fiesta.

La dotación fue requerida nuevamente a las 4.30 horas por reiteración de las molestias, siendo el implicado denunciado pordesobediencia a los agentes, al no cesar la fiesta.

OTRAS CINCO DENUNCIAS DE MADRUGADA

Además, los policías han puesto otras cuatro denuncias en sendas viviendas durante la noche y la madrugada, entre las 23.15 y las 5.40 horas, en las calles Vargas, Camilo Alonso Vega, Antonio Mendoza y Bruente, también por molestias de música y voces.

Finalmente, interpusieron otra quinta denuncia, a las 3.10 horas, en la calle General Moscardó contra el responsable de un local por molestias de música y voces en tono elevado.

Vox ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional frente a la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo por la que desestima el recurso de súplica interpuesto por esta formación frente al auto de 26 de noviembre de 2021, en el que se acuerda la inadmisión a trámite de la querella contra el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, por el conocido como ‘caso Delcy’, que recogería un delito de prevaricación del artículo 404 y siguientes del Código Penal.

La formación de Santiago Abascal ha criticado en un comunicado que el Tribunal Supremo «no necesitó solicitar las grabaciones del aeropuerto para considerar acreditados los hechos» y «descarta cualquier duda» acerca del hecho que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, «accediera a territorio español y vulnerara la decisión PESC 2017/2014».

Han puesto de relieve que el fallo del Supremo considera un «hecho notorio y, por tanto, reconocido» que Delcy Rodríguez «aterrizó y permaneció en el aeropuerto de Barajas, la madrugada del 20 de enero de 2020, permaneciendo durante varias horas en la sala VIP de la terminal ejecutiva» así como que «el ministro querellado Ábalos, se entrevistó con la vicepresidenta durante su estancia en territorio español».

También indica que «la estancia en el aeropuerto implicó una vulneración de la expresa de la prohibición del Consejo de permitir su entrada en el territorio de la Unión está fuera de cualquier duda». Sin embargo, considera que no constituye delito y que la competencia para su fiscalización corresponde al propio Consejo de Europa.

En el escrito de amparo, Vox ha asegurado que las medidas restrictivas «no tienen solo naturaleza política», sino que «existe la obligatoriedad del cumplimiento de las medidas restrictivas acordadas por la Comisión Europea en relación a las decisiones PESC» y que, aunque estas tienen naturaleza política, «lo cierto es que también obligacional a los países de la Unión Europea».

La vicesecretaria jurídica nacional de Vox, Marta Castro, ha matizado que «el único requisito que la Sala Segunda del Tribunal Supremo no aprecia es el de la ilegalidad» y que «precisamente esta cuestión» es la que, según Castro, «no puede ser valorada, sin vulnerar la tutela judicial efectiva, sin una mínima investigación de los hechos, como es conocer el conocimiento del querellado, y responsables del Ministerio, de los resortes jurídicos que debieron aplicarse a los hechos».

Así, Castro ha considerado que se vulnera la tutela judicial efectiva desde dos perspectivas. Por un lado, sobre la inadmisión de práctica de prueba alguna y que «la querella incluya pruebas de las que no puede disponer», para lo que se encuentra el procedimiento instado por Vox, lo que justifica la querella. Por otra parte, la formación de Abascal considera que el archivo de las actuaciones, seguidas ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, vulnera de los derechos reconocidos en el artículo 24 de la Constitución Española en relación con el artículo 9.3 del mismo cuerpo legal.

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha planteado revisar el actual sistema de patentes de las vacunas contra la Covid-19 para «dar una salida a la situación de escasez» actual de esta medicación, una circunstancia que «está impidiendo una inmunización más rápida y masiva de la población», ha informado la administración autonómica.

Puig ha anunciado que, tras mantener contactos con responsables de regiones europeas, propondrá una actuación conjunta para «la búsqueda de soluciones que permitan revisar los mecanismos de protección intelectual y de patentes».

El responsable autonómico plasma esta propuesta en un escrito dirigido al presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas, y también apela a las principales instituciones comunitarias (el Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea, además del Comité Económico y Social Europeo) para actuar en esta dirección, ha explicado la Generalitat.

«Hay que abrir ya este debate» y buscar «bien la suspensión temporal de patentes para tratar o prevenir la Covid o bien habilitar una tercera vía entre la independencia total de los laboratorios y la inseguridad jurídica», ha expuesto el jefe del Consell. Como ejemplo, ha apuntado la habilitación de «fórmulas de compensación».

Ximo Puig ha manifestado que «ante situaciones extraordinarias y de emergencia, se necesitan soluciones extraordinarias y de urgencia». «Ni el mercado ni la burocracia pueden ser un obstáculo a la ciencia y a la salud ante una pandemia global», ha aseverado en este sentido.

Estamos sufriendo en Europa y en buena parte del mundo una escasez de vacunas y consideramos que los territorios que conformamos la Unión Europea debemos actuar –con todos los mecanismos a nuestro alcance– ante un doble peligro: el nacionalismo de las vacunas y el mercantilismo de las vacunas», señala el presidente en la carta al Comité Europeo de las Regiones.

En esta misiva sostiene que «el acceso a las vacunas no puede estar determinado ni por el poder adquisitivo de cada territorio ni tampoco por los intereses privados de los laboratorios» y destaca que «no sería ético ni tampoco eficiente».

«Como hemos aprendido durante este difícil año en el que Europa ha sabido estar a la altura del desafío con un ambicioso plan de recuperación, una pandemia global requiere una respuesta global. Y eso implica una vacunación universal. En ese sentido, las patentes no pueden ser un obstáculo a la única salida de esta pandemia: la vacunación universal y rápida», expone en la carta.

Así, Puig insiste en este escrito en la necesidad de «la búsqueda de soluciones que permitan revisar los mecanismos de protección intelectual y de patentes».

«SIN APRIORISMOS Y SIN PREJUICIOS»

El responsable autonómico comenta también que se ha visto «cómo algunas farmacéuticas han alcanzado acuerdos con otras compañías orientados a aumentar la producción» y considera que «si un país como Estados Unidos, con su tradición de libre mercado, ha propiciado esta colaboración, la Unión Europea puede y debe hacerlo». «Sin apriorismos y sin prejuicios», precisa.

«Hay un triángulo conformado por la ética, la salud y la economía que no puede dejarse en manos de la ley de la oferta y la demanda», resalta el presidente valenciano, tras lo que invita «a que todos los territorios representados en el Comité Europeo de las Regiones» demuestren y expliciten «ante las instituciones que conforman la Unión Europea –especialmente ante el Consejo, el Parlamento, la Comisión y el Comité Económico y Social-, la necesidad de encontrar una solución inmediata que proteja mejor la salud de la ciudadanía europea y permita una reactivación más rápida y sólida de nuestras economías.

El grupo parlamentario Cs quiere saber si el Gobierno comprobó la composición accionarial de la aerolínea Plus Ultra en el marco de un análisis para la concesión de ayudas públicas a la compañía, que ascienden a 53 millones de euros, aprobados el pasado 9 de marzo por el Consejo de Ministros.

En una pregunta parlamentaria escrita, presentada por los diputados Edmundo Bal y María Muñoz, interrogan al Ejecutivo si se facilitó por parte de Plus Ultra y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, información relativa a la composición accionarial de la compañía, como parte del análisis para otorgar las ayudas públicas.

Asimismo, interroga si el Gobierno ha revisado la composición accionarial de la compañía y, en caso afirmativo, quiere que el Ejecutivo está en disposición de confirmar que ninguno de los accionistas o de los consejeros de las compañías tenedoras de las acciones de la empresa Plus Ultra, se encuentra o ha encontrado en la lista de sanciones y restricciones internacionales impuestas por la Unión Europea.

Cs expone que, de acuerdo con «diversas informaciones publicadas», entre los accionistas de la compañía Plus Ultra se encuentran Rodolfo Reyes Rojas, Roberto Roselli y Raif El Arigie Harbie que controlaban el 47,23% de Plus Ultra a través de una sociedad denominada Snip Aviation.

Dicha compañía se dedica a la «tenencia de participación en el capital de otras entidades», según las cuentas de la empresa relativas al ejercicio 2018. Sin embargo, la composición accionarial parece que podría haber sufrido modificaciones en el último año, dando entrada a nuevos inversores.

De ese modo, esas modificación entre el accionariado podrían dar lugar a que la compañía haya aumentado el porcentaje en manos no comunitarias más allá del 50 por ciento del total del capital de la compañía, mayoritariamente de nacionalidad venezolana. Cs advierte de que algunos de los accionistas cuyos nombres se han conocidos podrían tener lazos estrechos con el régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El Gobierno aprobó el 9 de marzo en el Consejo de Ministros un rescate de 53 millones de euros a la citada aerolínea a través de dos prestamos financieros en una operación necesaria debido al «carácter estratégico» de la compañía aérea.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno ha autorizado al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por SEPI, una nueva operación con cargo a este fondo, que supone el respaldo público temporal a la compañía aérea.

La operación de ayuda temporal a Plus Ultra asciende a 53 millones de euros, con un préstamo participativo por valor de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones.

El carácter estratégico radica en la importancia que tiene el transporte aéreo para el conjunto de España y también su contribución al turismo y por tanto a la economía del país», aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda.

La ministra explicó que Plus Ultra es una aerolínea que opera vuelos de larga distancia básicamente a países de Latinoamérica y emplea a 345 personas de forma directa y otras 2.500 de forma indirecta. La compañía tiene actualmente su domicilio social en Madrid, siendo su principal base es el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La aerolínea fue fundada por Julio Martínez Sola y Fernando González, exdirectivos de Air Madrid. En julio de 2015 comenzó operando vuelos regulares de largo radio desde Madrid y Tenerife a diferentes capitales latinoamericanas.