Los tres partidos que sustentan el Gobierno de Melilla se reunirán próximamente para recibir explicaciones de su presidente, Eduardo de Castro, del porqué de su expulsión de Ciudadanos (Cs) y de si hay posibilidad de recurso para evitar que se convierta en «diputado no adscrito», así como ver el cómo afectará al Ejecutivo de coalición surgido de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2019 con Coalición por Melilla (CPM) y PSOE.

A pregunta de los periodistas, el diputado de CPM y consejero de Infraestructuras y Urbanismo, Rachid Bussián, ha asegurado que la secretaria general de los socialistas, Gloria Rojas; el presidente cepemista Mustafa Aberchán; y Eduardo de Castro van a mantener un encuentro para abordar la situación originada a raíz de la decisión de Cs de expulsar del partido al presidente de Melilla por no comunicar sus causas con la Justicia.

«Eduardo de Castro tiene que estar sí o sí en esta reunión y dar las oportunas explicaciones como se nos exigió a nosotros con la anterior condena de Mustafa Aberchán», ha señalado el diputado en relación a la causa que pesaba sobre el líder del partido mayoritario del Gobierno, cuando su entrada en el Ejecutivo de Melilla fue vetada por PSOE y Cs en las negociaciones que se mantuvieron en junio de 2019 para conformar el gobierno tripartito por esta procesado en el llamado ‘caso del voto por correo’.

Bussián ha señalado que serán los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma los que deberán decidir si De Castro puede seguir como presidente de Melilla si se materializa la expulsión y se convierte o no así en diputado no adscrito.

En cualquier caso, el también consejero de Urbanismo e Infraestructuras ha rechazado las críticas del PP, que reclama una dimisión inmediata, y niega que De Castro sea un «diputado tránsfuga». «Lecciones del PP ninguna, porque Juan José Imbroda sí fue elegido presidente de la Ciudad con el voto de dos tránsfugas», ha indicado.

LOS SERVICIOS JURÍDICOS TENDRÁN LA ÚLTIMA PALABRA

El parlamentario cepemista, no obstante, ha querido dejar claro que, independientemente de su opinión personal, serán los servicios jurídicos los que tendrán la última palabra sobre la situación de Eduardo de Castro después de que los populares hayan querido dejar claro que el Reglamento de la Asamblea impiden a un «diputado no adscrito» presidir la misma. «Será la Mesa de la Asamblea y sus servicios jurídicos los que tendrán que interpretar el reglamento», ha apostillado.

El presidente de Melilla, que ya avanzó el sábado que no va a dimitir y anunciaba su intención de recurrir la decisión «irresponsable e injusta» tomada contra él, fue expulsado el viernes 2 de abril por el comité de garantías de Cs después de abrirle un expediente en marzo por no comunicar a la dirección nacional las causas judiciales en las que está envuelto.

Eduardo de Castro deberá declarar en calidad de investigado el 12 de mayo ante el Juzgado de Primera e Instrucción número 5 por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación, tras aceptarse una querella presentada por el PP por la presunta concesión «a dedo» de la gestión del nuevo centro de menores de Rostrogordo instalado a raíz de la crisis sanitaria del covid-19. Asimismo, la Fiscalía ha solicitado al juzgado una imputación más contra De Castro, esta por presunta «prevaricación administrativa», por supuestas irregularidades cometidas en la concesión del Servicio de Grúas de Melilla.

El Partido Animalista (PACMA) considera «inútil» que el Gobierno pretenda aprobar el Real Decreto que regula el Sistema Estatal de Registros de Protección Animal (SERPA) si aún no se ha aprobado la Ley de Bienestar Animal en la que trabaja el Gobierno.

Desde PACMA se muestran «sorprendidos» ante el anuncio el pasado 17 de marzo, a través de la cuenta de Twitter de la Dirección General Dirección General de Derechos de los Animales, de la «puesta en marcha» del citado SERPA, un sistema para el que, en el momento del anuncio, había una consulta pública abierta.

Además, señala la «incongruencia» de pretender elaborar un Real Decreto que regule los registros de protección animal sin existir aún la ley de protección animal a nivel estatal que prometió el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

El SERPA comprendería a su vez varios registros, entre los que se encuentra un Registro Nacional de Criadores, con el objetivo de «amparar el ejercicio controlado de las actividades de cría». Sobre este punto, PACMA considera «incomprensible» e «intolerable» que una Dirección General de Derechos de los Animales continúe amparando la cría de animales para su venta, en lugar de prohibirla.

«La compra-venta de animales contribuye a las terribles cifras de abandono en nuestro país, y continuar permitiéndola es condenar a los miles de perros que esperan un hogar en perreras y protectoras a no encontrar nunca una familia», señalan desde la formación.

El PACMA asegura que lleva años reclamando la creación de un registro unificado de identificación de animales considerados de compañía de ámbito nacional, ya que actualmente cada comunidad autónoma tiene un registro propio y una ley de protección animal diferente. Esto es algo que la formación ya propuso e incluyó en 2017 en su ‘Ley Cero’, Ley General de Bienestar y Protección de los Animales.

Por tanto, sin ley de protección animal de ámbito nacional, PACMA se pregunta cómo se puede poner en marcha un registro nacional de animales de compañía, cuando aún no está definido qué animales son considerados animales de compañía y, por tanto, cuáles se deben inscribir en estos registros.

Por todo ello, desde el Partido Animalista instan al Gobierno, a través de la Dirección General de Derechos de los Animales, a escuchar las demandas de las entidades de protección animal y a tener en cuenta las propuestas remitidas, y recuerdan al Ejecutivo que tienen lista para su aprobación la ‘Ley Cero’, que a juicio de esta formación, «incluye todas estas cuestiones y que sí protege verdaderamente a los animales».

El Comité Permanente de Ciudadanos ha iniciado un expediente de expulsión contra su exportavoz en las Cortes Valencianas y excoordinador autonómico del partido, Toni Cantó, por presentarse a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid en la lista del PP.

Así lo ha anunciado el portavoz de la Ejecutiva de Cs y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, que ha indicado que la decisión se ha tomado en la reunión que el Comité Permanente ha mantenido este lunes. Según ha declarado en rueda de prensa, el expediente de expulsión contra Cantó sigue el procedimiento establecido en los Estatutos del partido, «como ocurriría con cualquier otro afiliado».

Fuentes de Ciudadanos han precisado que el Comité Permanente también ha determinado que sea la Comisión de Régimen Disciplinario la que resuelva el expediente sancionador abierto por lo que se considera una infracción agravada.

El secretario de Comunicación de la formación naranja, Daniel Pérez Calvo, ya dijo la semana pasada que no se haría ninguna «distinción» en el caso de Toni Cantó y que se le aplicarían las normas de Cs, que contemplan la expulsión de aquellos militantes que decidan por su cuenta concurrir a unas elecciones en las listas de otro partido político.

Pérez manifestó su extrañeza por el hecho de que Cantó no se diera de baja como afiliado de Ciudadanos tras haber dejado clara su intención de unirse a la candidatura de la ‘popular’ Isabel Díaz Ayuso.

El excoordinador de Cs en la Comunidad Valenciana anunció el pasado 15 de marzo que dejaba sus cargos en la formación naranja y renunciaba a su escaño en las Cortes Valencianas.

Lo comunicó tras abandonar la reunión de la Ejecutiva nacional, donde criticó la estrategia de Inés Arrimadas en relación con las mociones de censura presentadas contra el PP en la Región de Murcia y en el Ayuntamiento de la ciudad, que llevaron a Díaz Ayuso a romper con Cs en Madrid y convocar elecciones anticipadas.

Tras elogiar públicamente a la presidenta madrileña y expresar su voluntad de hacer campaña por el PP, Cantó fue incorporado a la candidatura de los ‘populares’, donde figura en el quinto puesto como independiente.

Varios expertos en demoscopia, como el director general de Metroscopia, Andrés Medina Medina, han avisado este lunes de que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha repartido mal los escaños en su estudio preelectoral de las autonómicas de Madrid del 4 de mayo. Según argumentan, si se toman como referencia los porcentajes de estimación de voto que calcula el CIS, el bloque de la izquierda no empataría a 68 escaños con el de la derecha, sino que le superaría por 4.

No obstante, el presidente del CIS, José Félix Tezanos, ha defendido la corrección de su encuesta, asegurando que se trata de estimaciones «rigurosas» realizadas con «honestidad», que lo que pretenden es reflejar la situación de «equilibrio» y «empate técnico» que existe en la actualidad entre los dos bloques.

En declaraciones a la Cadena Ser, ha asegurado que los datos ofrecidos son el resultado de «un trabajo con modelos de estimación». «Es una mediana de varios modelos de estimación», ha recalcado.

La proyección de escaños que incluye el estudio del CIS ha desatado la polémica en las redes sociales porque, según han denunciado varios expertos en demoscopia, el reparto que se hace no coincide con la estimación de votos que se recoge en la columna contigua. Es decir, que si se aplica el método D’Hondt que establece la ley electoral, el resultado en escaños no sería el empate a 68 pronosticado por la institución pública.

El investigador de Metroscopia Paco Camas García ha señalado en Twitter esta «incongruencia», y se ha mostrado seguro de se debe a un error en la columna de porcentajes o en la de escaños. En concreto, asegura que «el cálculo correcto otorga mayoría a la izquierda» con 70 escaños», frente a los 68 que señala el CIS. Según este cálculo, la derecha se quedaría con 66.

Según Camas García, la proyección de escaños correcta otorgaría al PP, con un 39,2% de los votos, 58 escaños, y no 59; al PSOE, con el 25,3% de los votos, 37 escaños, y no 38; a Más Madrid, con el 4,8%, 21 escaños, en vez de 20; a Unidas Podemos, con el 8,7%, 12 escaños, en lugar de 10; y a Vox, con el 5,4%, 8 asientos en la Asamblea, frente a los 9 que les da el CIS. La suma, por lo tanto, sería favorable para el bloque de la izquierda, con 4 escaños más que la de la derecha.

No obstante, preguntado por el posible error, Tezanos ha negado que se trate de una equivocación y ha restado importancia a la polémica, asegurando que se trata de una estimación que pretende reflejar la realidad de que «todo está abierto en este momento». «Lo otro son debates colaterales», ha apostillado.

Es más, ha confesado que le hace «feliz» que ahora «algunos digan que está «favoreciendo más a la derecha» con estos cálculos, tras las críticas que ha recibido precisamente por lo contrario. «Son cálculos objetivos basados en un trabajo científico muy riguroso que no se puede impugnar», ha enfatizado.

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha exigido este lunes que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, expliquen en sede parlamentaria por qué el Ejecutivo benefició a la aerolínea Plus Ultra «en detrimento de dos líneas españolas, Iberia y Air Europa».

González Terol ha señalado que el rescate de 53 millones de Plus Ultra es «un escándalo que va sumando nuevos detalles día a día» y el Gobierno «sigue sin dar explicaciones», en alusión a la información de ‘El Mundo’ acerca de que el Gobierno propició un monopolio de Plus Ultra en Venezuela al retirar una petición en favor de Iberia y Air Europa.

En una rueda de prensa en la sede del PP, González Terol ha preguntado por qué se concedió una ayuda directa a Plus Ultra que le fue denegada por tres entidades vía crédito ICO y por qué se avaló a esta empresa desde Fomento.

Terol ha recalcado que los ministros Ábalos y Montero deben explicar en el Congreso «por qué se ha beneficiado a Plus Ultra en detrimento» de Air Europa e Iberia, dos líneas españolas a las que se ha dejado «colgadas. «Exigimos explicaciones inmediatas por parte del señor Sánchez y de los ministros presuntamente implicados en esta trama», ha indicado.

PREGUNTA SI TIENE QUE VER CON «EL DELCYGATE»

Además, ha preguntado al Gobierno si se trata de una cuestión «estratégica» para el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos y si este asunto tiene relación con el caso de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, «el delcygate y las 40 maletas de Barajas».

González Terol se ha preguntado también si este asunto tiene relación «con que haya en el Gobierno un partido como Podemos, que ha asesorado políticamente y recibido dinero por parte de la republica bolivariana de Venezuela».

La teniente coronel Silvia Gil ha tomado posesión, este lunes, de la jefatura de la Comandancia provincial de la Guardia Civil de Teruel, en un acto oficial presidido por la vicepresidenta primera del Gobierno de España, Carmen Calvo, al que también ha asistido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ha dejado claro que pondrá todo su «empeño, esfuerzo y voluntad» en conseguir que Teruel «siga siendo un territorio donde sus habitantes se sientan seguros».

Gil, la primera mujer al frente de una Comandancia del Instituto Armado, se ha comprometido a que Teruel sea una provincia donde «se pueda elegir vivir sin temor a padecer carencias en el aprovisionamiento de servicios esenciales para la ciudadanía».

La teniente coronel ha dicho que estos «difíciles momentos» que vive España –por la pandemia– pueden convertirse en una «oportunidad para mejorar» en el sentido de que la lucha por el reto demográfico se refleje en las instituciones.

Ha recalcado a los agentes y oficiales de la Comandancia de Teruel que su despacho estará abierto «siempre» y su teléfono operativo las 24 horas del día. «A vosotras y vosotros», los guardias civiles, ha exigido y prometido «apoyo, profesionalidad y lealtad» y también ha confiado en mantener un «diálogo permanente» con las asociaciones profesionales.

La teniente coronel ha dejado clara su «lealtad» con las instituciones y, en especial, ha resaltado la «estrecha relación» de la Benemérita con la Policía Nacional, la unidad de la Policía adscrita al Gobierno de Aragón y las policías locales, así como con las Fuerzas Armadas.

Ha recordado que ingresó en la Academia General Militar hace 25 años y, tras recibir el despacho de teniente, fue destinada a las Islas Canarias. También ha trabajado en Mérida, Huesca, Jaén, así como en Francia, Israel y Colombia, con empleos en seguridad ciudadana, tráfico y apoyo logístico, entre otros.

SERVICIOS ESENCIALES Y DESPOBLACIÓN

La nueva jefa de la Guardia Civil de Teruel se ha reafirmado en la defensa de los servicios públicos esenciales como herramienta para luchar contra la despoblación.

«Quien más exige soy yo». Gil ha indicado que así lo merece la ciudadanía turolense, apuntando que conseguir que se pueda elegir donde vivir sin carencias de servicios esenciales sea cual sea el territorio es una obligación de los poderes públicos.

«El reto demográfico tiene su reflejo en las instituciones», también la transición digital y el camino hacia un nuevo desarrollo social y sostenible. «La creatividad y la tecnologías van a ser necesarias» para realizar la labor de la Guardia Civil en Teruel, ha proseguido Gil, quien ha agradecido la labor del jefe interino saliente, José Miranda.

LA PRIMERA MUJER JEFA DE COMANDANCIA

Carmen Calvo ha expresado que este lunes la teniente coronel ha dado «un paso importante», dejando claro que ha sido designada por méritos propios y ha puesto de relieve su «disposición a seguir sirviendo a la patria y con ella a la Guardia Civil», tras lo que ha hecho notar que ahora la provincia de Teruel se une a este hecho.

«En una institución más que centenaria, llena de reconocimiento, que ofrece valores que se enraízan en la tradición» está también la adaptación a los tiempos, destacando que «España se juega mucho».

Ha elogiado los valores constitucionales, destacando la igualdad de género, y ha recordado que Gil es la primera mujer que asume una jefatura de Comandancia en España. «Tiene la confianza del presidente y del ministro» del Interior, ha recalcado.

Además, ha manifestado que la teniente coronel Gil «no necesita suerte», sino que tiene curriculum, «su buen hacer», su «esfuerzo y trabajo cotidiano».

En su intervención, la vicepresidenta ha querido transmitir un agradecimiento especial a la Guardia Civil por el trabajo realizado «por todos y cada uno de sus miembros, en cualquier lugar y rincón de nuestro país, para atravesar y continuar atravesando este largo, triste y duro año contra la pandemia; hombres y mujeres que han sabido entender muy bien lo que ese virus y sus crisis nos han traído y que se trataba de proteger, de ayudar y de servir a España atravesando una situación desconocida para todos nosotros».

Calvo ha hecho notar las mejoras realizadas en la Guardia Civil durante los últimos tres años, subrayando que el Instituto Armado «se ha convertido en un ejemplo a seguir» en materia de servicios públicos e igualdad.

«Somos una gran democracia», ha proclamado la vicepresidenta primera, quien ha puesto de relieve la vigencia de los valores constitucionales, y ha mencionado que la Guardia Civil es la institución mejor considerada por la ciudadanía.

Ha alabado el trabajo realizado por la Benemérita durante este año de pandemia para «proteger, ayudar y servir a España» en la lucha contra la COVID-19.

Teruel es una provincia en el que «España pelea por seguir manteniendo sus historias, sus oficios», se libra «la apasionante batalla entre lo viejo y lo nuevo» y la Guardia Civil «es sinónimo de tranquilidad». Ahora el pasado «se convierte en futuro de respeto al planeta y relevo generacional», confiando en que los jóvenes hereden una tierra «que pueda ser sostenida».

En este momento «las crisis son ventanas abiertas a saber si el rumbo es el mejor», y exigen «inteligencia y generosidad», ha agregado Calvo, quien por otra parte ha incidido en que en los últimos tres años «se han incorporado más mujeres que nunca» a las Fuerzas de Seguridad, convirtiéndose en «un ejemplo» para las mujeres jóvenes para acceder al empleo en las mismas condiciones que los hombres, un «ejemplo» que da la Guardia Civil.

«No va a ocurrir nada en ninguna sociedad de este siglo sin las mujeres, sin nuestra presencia, participación, influencia, decisiones y puesta en la agenda de nuestros problemas y retos», de manera que «nada va a escapar» a la igualdad entre «una mitad y otra mitad» de la sociedad, ha manifestado.

La también ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha dicho a Silvia Gil que «la suerte es el trabajo», la hoja de servicios «intachable» con que cuenta y que tiene una provincia que espera su futuro de la mano de la Guardia Civil.

Al acto han asistido otras autoridades, como el secretario deEstado de Seguridad, Rafael Pérez; la directora general de laGuardia Civil, María Gámez; la delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría; el subdelegado del Gobierno en la provincia, José Ramón Morro; la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, el presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando, y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj.

El jurado popular que juzgará de nuevo a los acusados de acabar con la vida de un joven que medió en una pelea en el centro de la capital malagueña en abril del año 2017 ha quedado constituido este lunes. La vista oral se desarrollará a lo largo de las próximas dos semanas.

Tras prolongarse durante toda la mañana la elección de los miembros que conformarán el Tribunal popular, está previsto que este martes la sesión empiece con las exposiciones previas de las acusaciones y defensas, tras lo que comenzarán las declaraciones de los procesados.

Este juicio se vuelve a celebrar tras anular el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la sentencia que condenó a dos acusados de acabar con la vida del joven y también la resolución que absolvió a otros dos procesados en este caso, ordenando celebrar una nueva vista oral.

Hay un quinto acusado que la primera vez no fue juzgado al estar en busca y captura y que en esta ocasión también se encuentra en paradero desconocido, asegurando la letrada que lo defiende que es «tremendamente inestable» y tiene, según informe psicológico, «un trastorno que le genera ideas persecutorias» ante el «miedo a que lo detengan», lo que provoca su incomparecencia.

La magistrada-presidenta ha señalado que al tener conocimiento de que no iba a acudir al juicio, ha dado orden a la Guardia Civil de que lo detuviera, pero no ha podido ser localizado. En principio, ha dicho la jueza, se esperará a este martes para ver si puede ser arrestado y si no, se decidirá sobre la celebración del juicio respecto a los demás y que se posponga en el caso de este procesado.

La Audiencia de Málaga condenó a tres años y dos meses de prisión a los dos acusados por la muerte del joven, siguiendo el veredicto del jurado, que consideró a ambos jóvenes culpables de un delito de lesiones en concurso con otro de homicidio imprudente. Otros dos procesados fueron absueltos de encubrimiento sin que fueran sometidos sus casos a deliberación del tribunal popular.

Posteriormente, el TSJA anuló las dos sentencias, tanto la condenatoria como la absolutoria, al estimar los recursos presentados por la Fiscalía y la acusación particular en representación de la familia del fallecido, que siempre han considerado que se trató de un asesinato y que alegaron falta de motivación y contradicciones en la sentencia y el veredicto.

Los hechos sucedieron en abril de 2017. La víctima, Pablo Podadera, salió con unos amigos para celebrar sus 22 años y fueron a un local, donde estaban los acusados. Cuando el joven salió con un amigo, vio una fuerte discusión en la que estaban los acusados, por lo que medió, poniendo una mano en el torso de un joven, recibiendo golpes supuestamente por parte de algunos de los procesados, mientras que los otros presuntamente ayudaron a encubrir.

La Fiscalía solicita inicialmente 18 años de prisión para dos de los acusados de un delito de asesinato y dos años de cárcel para otros dos jóvenes por encubrimiento; mientras que la acusación particular eleva a 20 años de prisión la petición de pena para los dos principales procesados y solicitó también dos años de cárcel para los otros dos.

En el primer juicio, los dos acusados del delito de asesinato reconocieron que le golpearon, pero uno dijo que solo dio un puñetazo y el otro que fue una vez con la mano abierta en el cuello y una patada; asegurando ambos que no fue por detrás e insistiendo en que esa noche tomaron mucho alcohol y cocaína y en que no hubo intencionalidad.

Respecto a los otros dos jóvenes acusados por un delito de encubrimiento, las acusaciones consideran que ayudaron a los primeros procesados a esconderse; aunque para ellos se dictó una sentencia absolutoria, sin someter a deliberación del jurado este delito al considerar que no se daban los requisitos del mismo.

En la sesión de este lunes, uno de los abogados defensores ha pedido que el juicio no se celebre con la asistencia de público, debido a la pandemia, pero tras ser consultado el jurado se ha decidido que sea en audiencia pública, explicando la magistrada que en todo momento se seguirá el protocolo existente en la Ciudad de la Justicia en cuanto a los aforos y demás medidas de seguridad.

El portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha quitado importancia a la encuesta preelectoral publicada este lunes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que dice que Cs no obtendrá representación en la Asamblea de Madrid en los comicios del 4 de mayo, y ha animado a quienes votaron a la formación naranja en el pasado a hacerlo nuevamente para garantizar «la moderación y la centralidad».

En rueda de prensa en la sede de Ciudadanos tras la reunión del Comité Permanente del partido, Bal ha puesto en cuestión la fiabilidad de los sondeos sobre intención de voto en general y ha añadido que los que elabora el CIS, presidido por José Félix Tezanos, no le parecen precisamente «los más fiables».

Según el estudio realizado por este organismo público, las elecciones en la Comunidad de Madrid las ganaría el PP con un 39,2% de los votos y 59 escaños, seguido del PSOE (un 25,3% y 38 diputados), mientras que Cs no conseguiría ningún diputado al quedarse en un 4,4%.

Tras señalar que «está todo muy abierto» y que «queda mucho partido que jugar» porque aún hay un alto porcentaje de electores indecisos, el candidato de la formación naranja ha destacado que en la calle ve a gente de centro «ilusionada» que le dice que «ha recuperado la ilusión» y que va a votar a Cs.

Además, ha asegurado que las encuestas le motivan mucho porque ponen de manifiesto que el hecho de que Ciudadanos sea una fuerza decisiva o no tras el 4 de mayo va a depender de «unos pocos votos».

«Depende de los votantes de centro moderado que este Madrid, este territorio de acogida, no se polarice y no se paralice, que sea un Madrid del futuro», y «estoy convencido de que los votantes de centro, de este partido, sabrán la importancia que tiene que vayan a votar a Cs para garantizar esta moderación y esta centralidad», ha subrayado.

NO HAY POR QUÉ ELEGIR «UNO DE LOS DOS BANDOS»

En este sentido, ha indicado que los madrileños «no tienen que apostar por uno de los dos bandos» que hay en el panorama político y que se encuentran «siempre enfrentados», porque pueden elegir «esa tercera España de integración, ese Madrid de todos» representado por «el centro liberal de progreso» de Ciudadanos. «Nosotros no gobernaremos jamás desde las trincheras», ha agregado.

Bal ha prometido conjugar la salud con la economía y la tradición con el progreso y también promover las políticas sociales, que a la presidenta madrileña en funciones, Isabel Díaz Ayuso (PP), «le dan igual», manteniendo al mismo tiempo unos «impuestos bajos», algo a lo que cree que se opondrá el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo.

Sobre este último, ha afirmado que los votantes socialistas «no están especialmente movilizados con él». A continuación, se ha dirigido al «votante de izquierda moderado, que cree en el progreso y en las políticas sociales» y que se ha «desencantado» con el PSOE al ver cómo el Gobierno de Pedro Sánchez pactaba con Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya y EH Bildu, para animarle a votar al partido naranja.

En relación con los pactos postelectorales –si se inclinaría por hacer presidenta a Díaz Ayuso o por apoyar a Gabilondo–, el también portavoz adjunto de Cs en el Congreso de los Diputados ha explicado que si su partido es decisivo, pondrá encima de la mesa sus propuestas y entonces «los demás tendrán que tomar sus posiciones y decidir».

AYUSO RECONOCE LA IMPORTANCIA DE Cs EN EL GOBIERNO

Respecto a la idea de Díaz Ayuso de incluir en su futuro gobierno a Marta Rivera, miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos que fue consejera de Cultura en el anterior ejecutivo de coalición, Bal ha apuntado que no tendría que recuperar a Rivera ni a otros consejeros de Cs «si no hubiera convocado estas elecciones de forma precipitada a irreflexiva» y expulsado a su socio del gobierno.

«Estas declaraciones de Ayuso ponen de manifiesto la necesidad de que Ciudadanos forme parte de los gobiernos con el PP» porque aporta «buena gestión, gente con talento» y medidas de «lucha contra la corrupción», ha defendido.

Por otro lado, sobre la carta que la candidata de Más Madrid, Mónica García, ha enviado al PP, al PSOE, a Unidas Podemos y a Ciudadanos para alcanzar un acuerdo con el que «blindar» a la Comunidad de Madrid «frente al ‘pin parental'» que propone Vox, el portavoz de Cs ha apostado por garantizar tanto «la libertad de los padres a la hora de elegir la educación de sus hijos» como el derecho de los menores a recibir «una educación correcta, en valores y democrática».

Frente a eso, «el PP ha dejado la Consejería de Educación en Murcia en manos de Vox» –de Mabel Campuzano, diputada expulsada de Vox– y el PSOE y Unidas Podemos aprobaron en el Congreso la ‘ley Celaá’, que «trata de acabar con la educación concertada», ha indicado. «Nosotros huimos de la ideología política y del sectarismo cuando estamos hablando de las aulas», ha recalcado.

Asimismo, Bal se ha comprometido a que el 2% del Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid se dedique a la investigación, el desarrollo y la innovación para retener el talento de los jóvenes, generar empleo de calidad y ayudar a las pymes y los autónomos a modernizarse. A su juicio, invertir en ciencia es hacer «política útil» y beneficia a todos los ciudadanos, no solo a una parte.

ESTADO DE ALARMA

En otro orden de cosas, el portavoz de Cs ha evitado adelantar la posición que adoptará su partido en el Congreso en el caso de que el Gobierno central proponga prorrogar el estado de alarma vigente por la pandemia del coronavirus: «Tendremos que decidir en su momento, no podemos hacer conjeturas».

Tras precisar que el estado de alarma y las restricciones que impone sobre la libertad de movimientos «solo son necesarios como herramientas de lucha contra el virus», ha subrayado que el instrumento más eficaz para controlar la pandemia es la vacuna. Por ello, considera que ahora las autoridades deben centrar sus esfuerzos en acelerar el proceso de vacunación de la población.

La acusada de matar a su cuñada con un cuchillo y de prender luego a la casa en la que convivían en Torrelavega ha admitido este lunes, en parte, los hechos, ya que si bien ha reconocido que le asestó puñaladas -cuatro de la veintena que presentaba el cuerpo-, ha alegado que lo hizo porque «un científico» se lo dijo y la «programó» para que lo hiciera.

«El científico tenía mi mente en una computadora. Está cerca de mí para programarme y que haga lo que él diga», ha manifestado la procesada ante el tribunal del jurado que enjuiciará lo sucedido en verano de 2019, durante el interrogatorio con el que ha comenzado la vista en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

A preguntas de todas las partes, la implicada -nacida en 1974 en República Dominicana- ha reconocido que acabó con la vida de la hermana de su pareja el 26 de julio, aunque ha indicado que la noche antes le «comunicaron» que tenía que matar a alguien, en concreto a su cuñada.

«Un científico me lo decía», ha precisado en la que ha sido su primera declaración durante el proceso y por el que ingresó en prisión al día siguiente de lo ocurrido, aunque en la actualidad permanece internada en la unidad de Psiquiatría del Hospital Valdecilla de Santander.

Cuestionada por la fiscal acerca de por qué no había mencionado antes a ese científico, la procesada ha señalado que quiso contárselo al psiquiatra de la cárcel El Dueso de Santoña, a la que fue trasladada tras los hechos, aunque posteriormente fue derivada al centro penitenciario de Villabona, en Asturias, al parecer por problemas con sus compañeras en la prisión cántabra, según un escrito que ha aportado al inicio del plenario la acusación particular.

Pero «no me lo estoy inventando, es así», ha comentado sobre ese hombre y la supuesta programación. De acuerdo con su relato, el «científico» la advirtió de que si no mataba a alguien, él acabaría con su vida. «Si no lo haces, te mató a ti», ha comentado, para añadir al respecto que le dijo que podía dar «una tecla de una computadora» y programarla para que se comportara como si fuese «un robot», y entonces se asustó.

En la sesión, y a cuestiones de su abogada, la acusada se ha mostrado conforme con la pena solicitada por el ministerio público, de catorce años y nueve meses de prisión -por un delito de asesinato, y aplicando la eximente incompleta de responsabilidad, al tener en el momento de los hechos alterada su capacidad de decisión y actuación pero no de forma «grave»-.

SI NO LO HACES, DOY UNA TECLA Y TE MATO A TI

Durante el interrogatorio ha corroborado que cuando ocurrió todo llevaba viviendo trece años viviendo con su pareja y desde hacía «dos o tres» con la víctima y que en 2018 el hombre sufrió un ictus. Y ha añadido que aunque ella «siempre» le acompañaba a las revisiones médicas, el día de los hechos fue su hija porque así lo quiso ésta.

De este modo, la acusada iba aprovechar para ir a pagar 15 euros a un locutorio para llamar a su país pero, ha reiterado, la noche anterior «un científico» le dijo que tenía que matar a su cuñada, pese a que «no tenía nada contra» ella en tanto que «amaba con locura» a su pareja.

Pero «si no lo haces, doy una tecla y te mato a ti», ha dicho que le comunicó el científico, que también le indicó cómo tenía que acabar con la vida de la víctima -«con tus manos» y «con más fuerza», ha parafraseado-. «Yo no tenía motivos para hacerle daño a ella», ha expresado la procesada.

De la agresión en sí, la acusada recuerda que cogió un cuchillo de la cocina y que le asestó puñaladas en el cuello, en los costados -izquierdo y derecho- y en las extremidades -piernas- también, pero «en ningún momento» le dio las 22 -que sostienen las acusaciones pública y particular, ejercida por los familiares y que piden 22 años de cárcel-.

«No sé si se las hicieron después», ha reflexionado sobre el resto de cuchilladas, a la par que ha negado que golpeara a la víctima. Sí ha indicado que cuando sucedió todo estaba «muy asustada y nerviosa», además de «muy triste y desesperada», por lo que no llamó a nadie ni tampoco abrió la puerta de la vivienda.

CINCO HORAS CON EL CADÁVER

Así, según las acusaciones, estuvo cerca de cinco horas con el cadáver en la vivienda, pero ha negado a preguntas de ambas partes que intentara deshacerse del mismo, descuartizándolo o «pegándole candela», como ha expresado.

En este sentido, y a propósito del incendio en la vivienda, ha manifestado que cuando se dio cuenta de «la verdad» -de que su cuñada estaba muerta-, decidió prender fuego al cuarto de su hijo y después a ella misma a la habitación de la víctima.

Sobre el hecho de que no ella no presentara quemaduras pero sí la fallecida, ha reflexionado que tal vez «en algún momento» se le cayó «una cerilla encendida y prendió el colchón». Y respecto a este último dormitorio, ha negado que la cuñada colocara un pestillo en la puerta por «miedo» a ella, sino a su hijo, pues «decía que la quería violar», según ha aseverado.

De su actuación tras las llamas, ha señalado que guardó en una mochila el libro de familia de su hijo y joyas y dinero suyo que, según ha apuntado, no le han devuelto. Al respecto, en otro momento de su declaración, ha comentado que antes de lo ocurrido pidió a una sobrina suya a la que había dejado dinero que le comprara un billete de avión a República Dominicana, porque «me quería ir a mi país».

En otro orden de cosas, y a cuestiones de la letrada de los familiares de la víctima, ha admitido que con anterioridad a los hechos había solicitado ayudas a Servicios Sociales, que en un principio le denegaron, tras lo que manifestó que vivía con amigos y no con su pareja, con el que no estaba casado.

También ha reconocido que residiendo juntos obtuvo la nacionalidad española y que en su día él la dio de alta como empleada del hogar, a lo que ha replicado que ella «hacía todo» lo del piso, en tanto que la fallecida «no hacía nada».

ME SIENTO MUY MAL

Finalmente, a preguntas de su abogada ha indicado que antes del crimen estuvo ingresada en un centro psiquiátrico aunque hacía tiempo que no tomaba la medicación pautada. Ahora, está ingresada en la unidad de Psiquiatría de Valdecilla, porque tiene «un tumor canceroso en la cabeza. Me siento muy mal», palabras con las que ha concluido su relato, justo antes de mostrarse conforme con la pena de prisión interesada por la fiscal.

En su escrito de calificación inicial, la defensa se acoge al principio de presunción de inocencia y solicita la libre absolución para su patrocinada, aunque ha destacado en cualquier caso que en la fecha de los hechos tenía un «trastorno» que afectaba «gravemente» a sus facultades volitivas y cognitivas.

El juicio continuará el martes y miércoles con la declaración de testigos, el jueves con la prueba pericial, conclusiones e informes, y el viernes con la deliberación y veredicto del jurado.

El vicepresidente primero de la Xunta y responsable de Turismo, Alfonso Rueda, ha constatado un «despertar» del Camino de Santiago durante la Semana Santa y ha cifrado «entre 250 y 300» las compostelas expedidas, al tiempo que ha augurado que las cifras mejorarán y serán «muy diferentes» en verano, cuando lleguen los meses centrales del año.

En un acto en Arzúa (A Coruña), ha explicado que el Ejecutivo autonómico hará un balance del impacto turístico y de peregrinos de esta Semana Santa en estos días. Ha recordado que la red de albergues públicos seguía cerrada y que, por tanto, para «tener una estimación objetiva», se están recabando datos de establecimientos privados de la hostelería.

«El número no es muy elevado», ha reconocido, pero ha añadido que «no podía venir gente de otras comunidades» y, por tanto, los peregrinos que llegaron a Galicia eran «exclusivamente gallegos en su práctica totalidad.

Rueda, que ha reivindicado el Camino «seguro» y ha ratificado que este mes «entra en vigor» el denominado ‘seguro coronavirus’, ha subrayado que la Xunta no tenía el objetivo fijado «en la movilidad en Semana Santa», sino que sigue «con la vista puesta en el verano y en los meses centrales» del año.

Y es que, tras el «despertar» del Camino constatado en Semana Santa, Rueda ha augurado que «si las cosas siguen mejorando, las cifras serán muy diferentes» en verano.

«Algunos peregrinos había, pero esto tiene que ir in crescendo conforme vayan mejorando las condiciones», ha zanjado.

NÚCLEO DE RIBADISO

Rueda se ha desplazado a Arzúa este lunes a firmar con el alcalde de la localidad, José Luis García, el convenio de colaboración entre Xunta y ayuntamiento para llevar a cabo actuaciones de acondicionamiento en el núcleo de Ribadiso por el que discurre el Camino Francés y que además cuenta con un albergue de peregrinos en el que se celebró el acto.

La Xunta invertirá más de 272.200 euros en la pavimentación de 508 metros cuadrados de calzada y en la zona de colectores. Además, se dotará de los servicios de recogida de aguas pluviales, saneamiento, abastecimiento de agua potable y alumbrado público, así como la instalación de mobiliario urbano como bancos de piedra y conchas de bronce.

El acuerdo –remarca la Xunta– contribuirá a «ofrecer la mejor imagen del Camino de Santiago y de su entorno» y en este caso, con la puesta en valor del núcleo de Ribadiso con el fin de incrementar la atención a los peregrinos.

No en vano, se trata de uno de los puntos que atraviesa el Camino Francés, declarado Primer Itinerario Cultural Europeo, Bien de Interés Cultural y Patrimonio de la Humanidad y es la ruta más transitada por peregrinos de todas las nacionalidades, por lo que precisa de una especial protección y atención para presentar su mejor cara en este Xacobeo.

GALICIA, «PREPARADA» PARA RECIBIR A LOS VIAJEROS

Alfonso Rueda ha señalado que Galicia estará «preparada» para recibir a los viajeros cuando se recupere la movilidad. En esta línea, ha apostado por seguir reforzando el mensaje de Galicia como destino seguro y con un «Camino seguro» para recuperar la confianza de los turistas y peregrinos en cuanto a situación sanitaria lo permita.

Por eso, la Xunta trabaja en la puesta en marcha de medidas como el ‘seguro coronavirus’ –que, ha remarcado, entrará en vigor este mismo mes– para presentar la comunidad como un destino confiable y de calidad, así como las actuaciones necesarias en el Camino de Santiago, tanto en la ampliación y mejora de la red pública de albergues como en la conservación y señalización de las rutas jacobeas o de su entorno.

AYUDAS PARA MEJORAR LAS RUTAS

En cuanto a la mejorar la imagen del Camino, la Xunta además de convenios como este también convocó este año la orden de ayudas destinadas a ayuntamientos y particulares para la mejora paisajística y al embellecimiento de las rutas xacobeas, que este año incrementó su presupuesto en 300.000 euros con una dotación de 1,5 millones de euros.

En la convocatoria del año pasado más de 117 proyectos se beneficiaron de este apoyo del Gobierno gallego para favorecer la restauración de elementos etnográficos, viviendas y espacios agrarios, junto con trabajos de naturalización y embellecimiento del trazado con el objetivo de poner en valor a paisaje y la cultura vinculados al Camino.

La eliminación de eufemismos o la liberación de ciertos términos de sus connotaciones negativas son algunos de los puntos clave de una investigación publicada recientemente, titulada ‘Léxico e ideología sobre la gordofobia en la comunicación digital’.

En este contexto, el estudio alude al establecimiento de un discurso hegemónico que transmiten los medios de comunicación, o que promueven industrias como la cosmética o la moda, donde se normativiza la delgadez y se genera una estigmatización con aquellas personas, especialmente mujeres, que no cumplen con el canon establecido.

Ante la ausencia de bibliografía específica en español y enmarcada en este ámbito digital, Susana Guerrero Salazar, catedrática de Lengua Española de la Universidad de Málaga (UMA), ha realizado una novedosa investigación centrada en un corpus de 100 textos: 50 obtenidos de las páginas web más destacadas del activismo feminista hispanohablante y 50 artículos sobre la gordura, procedentes de webs y revistas de moda, y en artículos en prensa digital extraídos de diversas secciones (salud, ciencia, corazón, mujer, dieta y nutrición), ubicados entre 2012 –coincidiendo con la consolidación del activismo antigordofobia en el ámbito hispanohablante, según data el estudio– y 2019.

Guerrero Salazar ha explicado que el objetivo de esta investigación «no es solamente conocer el léxico utilizado en torno al fenómeno de la gordofobia, sino también el contexto social en que se inscribe y sus mecanismos de reproducción, pues partimos de la hipótesis de que existe una consciencia sobre el léxico concreto que se emplea sobre la gordura y, dependiendo de los actores del discurso, dicho léxico puede ser encubridor (eufemístico) o, por el contrario, claramente directo (incluso disfemístico)».

El estudio señala los inicios del Movimiento por la Aceptación de la Gordura o Fat Acceptance Movement en Estados Unidos, a finales de los años 60, cuando tienen lugar las primeras manifestaciones del movimiento antigordofobia, dirigido a la denuncia del sistema de opresión establecido por el canon estético y orientado a dar visibilidad a la diversidad de cuerpos.

SELECCIÓN DEL LÉXICO Y LA INTERVENCIÓN DEL LENGUAJE

Así, como se apunta en el artículo, publicado en el Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación, «en los discursos en torno a la gordura, sobre todo en los más reivindicativos, se incide en la idea de que existe una consciencia sobre la necesidad de intervenir en el lenguaje».

No obstante, la investigación también acoge la presencia de un discurso oficial sobre la gordura, que se considera ampliamente transmitido por la industria cosmética y de la moda a partir de la segunda mitad del siglo XX, y que ha sido cuestionado por el ciberactivismo feminista, sobre todo a partir del 15M, cuando comienza en España el movimiento antigordofobia a través de las redes sociales.

«Los discursos convencionales que atañen a belleza y moda, por norma general, no hacen una crítica explícita a los cánones de belleza; en ellos no aparece el término gordo/a, sino que se opta por expresiones eufemísticas y metafóricas (curvy, voluptuosa, talla grande, kilos de más)», ha apuntado la profesora de la Universidad de Málaga.

En los 100 textos analizados se registran 85 formas distintas de aludir a la gordura, distribuidas en aquellas referidas solo a mujeres (43), solo a hombres (17) o ambos sexos (25). De este modo, los datos cuantitativos del estudio revelan que el 50 por ciento de los términos constatados se refieren exclusivamente a mujeres, con una gran variedad (disfemismos, eufemismos, neologismos), mientras que el 20 por ciento se refiere a hombres.

Por otro lado, el 30 por ciento corresponde a neologismos o eufemismos que se refieren a ambos sexos, mostrando una gran diferencia entre su referencia a hombres o a mujeres: curvy referido a hombre (1)/curvy referido a mujeres (10), gordo (4)/gorda (27), gordibueno (4)/gordibuena (16), por ejemplo.

En cuanto a los dos tipos de fuentes en las que se basa el estudio (discurso hegemónico y discurso activista), se destaca que el léxico eufemístico y metafórico para aludir a la gordura se registra solo en el discurso hegemónico, con mayor variedad léxica, mientras que aquellos textos correspondientes al activismo feminista se caracterizan por evitar el uso inclusivo del género gramatical masculino, reivindicar el uso del término gorda liberado de connotaciones negativas y proscribir los eufemismos, metáforas o neologismos empleados en el discurso hegemónico (como curvy o gordibuena).

Además, el estudio revela que coexisten discursos híbridos en el entorno digital, pues de manera paralela al activismo feminista se han ido creando blogs de moda que, desvinculándose del feminismo radical, asumen algunas de las reivindicaciones y «reproducen parte de los debates terminológicos, cuestionan también algunos neologismos o defienden el uso de la palabra gorda», ha sentenciado la investigadora.

Patrimonio Nacional ha sumado más de 176.000 visitas a sus monumentos y espacios verdes entre los días 27 de marzo y 4 de abril, según ha informado la institución.

En total, el número de visitas a los Reales Sitios y Reales Patronatos durante la campaña ha sido de 59.327, consiguiendo el mayor número de visitantes el pasado 1 de abril, Jueves Santo, en el que los monumentos de Patrimonio Nacional recibieron a 9.083 personas.

El Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial ha sido el espacio más visitado de Patrimonio Nacional alcanzando la cifra de 14.187 visitantes. Tras él, el Palacio Real de Madrid y el Palacio Real de Aranjuez han sido los monumentos que más visitas han cosechado con 12.915 y 10.775 visitantes, respectivamente.

Además, el Palacio Real de Madrid ha registrado los mejores datos de visitas en un día desde que concluyó el primer confinamiento, en el mes de junio de 2020, acogiendo a 1.854 personas el pasado 1 de abril.

Asimismo, esta Semana Santa, los nueve jardines de Patrimonio Nacional en los que está implantado el sistema de registro de visitas han acogido a 117.325 personas, que han buscado poder disfrutar de un ocio al aire libre.

Los jardines del Real Sitio de Aranjuez, con 46.308 personas, han sido los más visitados durante estas vacaciones de Semana Santa, seguido por los jardines del Real Sitio de El Escorial, con 36.060 visitas; los jardines de La Granja en Segovia, con 17.234 visitantes; el Campo del Moro en Palacio Real de Madrid, con 11.402 personas, y el jardín del Palacio Real de El Pardo, con 6.321 personas.

A los datos anteriores, se suman los numerosos senderistas que esta Semana Santa han disfrutado de otros espacios verdes que gestiona Patrimonio Nacional, como son las sendas de Peñarrubia, Valpalomero y Manzanares, en el Real Sitio de El Pardo, o los bosques de Riofrío y La Herrería, ubicados en Segovia y El Escorial, respectivamente.

La presidenta de Patrimonio Nacional, Llanos Castellanos, ha asegurado que estas cifras «son el reflejo del esfuerzo hecho entre todos para poner al alcance de los ciudadanos una oferta atractiva y segura en un momento de cierres perimetrales, donde la movilidad ha sido reducida».

«Las cifras que nos deja la última campaña de Patrimonio Nacional son un reflejo del interés del público por visitar nuestros monumentos y espacios verdes, y supone un aliciente para seguir trabajando en esa dirección», ha añadido.

Finalmente ha sido resuelto por conformidad entre las partes el juicio previsto para este lunes por la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, contra la mujer y su hijo acusados de un delito de malversación en la gestión de un despacho de administración de lotería de Écija, donde entre otros aspectos habrían «distraído» el importe de la recaudación que correspondía entregar a la sociedad pública Loterías y Apuestas del Estado.

En su escrito de acusación, la Fiscalía detalla que en octubre de 2011, la principal acusada, Antonia Z.E., suscribió un contrato con la sociedad pública Loterías y Apuestas del Estado, para «la gestión y explotación» de un despacho de administración de lotería ubicado en Écija, asumiendo la «obligación de ingresar» a la citada sociedad estatal «el importe de la venta de los juegos y prestaciones» realizados en el despacho de lotería, «además de comprometerse a no realizar gravamen de ningún tipo» sobre el mismo.

Igualmente, señala la Fiscalía que para la gestión del despacho de lotería, la acusada «contó en todo momento con la ayuda y colaboración de su hijo, el también acusado» Alonso V.Z., que trabajaba también en dicho negocio.

En ese contexto, según el Ministerio Público, durante 2012 y principios de 2013, «los acusados, con evidente ánimo de enriquecimiento injusto o en todo caso distrayendo el importe de la recaudación del despacho de lotería, no realizaron los ingresos devengados» a la sociedad Loterías y Apuestas del Estado, «destinándolos a su uso particular, para aspectos tales como el pago de deudas contraídas con terceros».

HIPOTECARON EL DESPACHO

Es más, según la Fiscalía, los acusados «suscribieron una hipoteca inmobiliaria sobre la administración de lotería» que gestionaban, lo que «incumplía las cláusulas de gestión» del despacho de loterías.

Tal extremo, según la Fiscalía, habría derivado en un «descubierto por importe de 926.104,4 euros» según los cálculos de la sociedad Loterías y Apuestas del Estado, una cuantía abonada por la aseguradora AXA y reclamada por la misma.

Por ello, la Fiscalía aprecia un presunto delito de malversación y reclamaba inicialmente para Antonia Z.E. cuatro años y un día de prisión y ocho años y un día de inhabilitación especial para empleo o cargo público como autora de los hechos, y para su hijo un año y diez meses de cárcel y cuatro años de inhabilitación especial como cooperador necesario del citado delito.

ACUERDO DE CONFORMIDAD ENTRE LAS PARTES

Merced al acuerdo finalmente alcanzado entre las partes, según han informado fuentes judiciales, los acusados han aceptado una condena mediante la cual se impone a Antonia Z.E. dos años de prisión y cinco de inhabilitación y a su hijo un año de cárcel y dos años y medio de inhabilitación, quedando suspendidas ambas penas de prisión siempre que los condenados no incurran en nuevos delitos en el transcurso de los próximos cinco años.

En paralelo, ambos habrían sido condenados a resarcir a la compañía aseguradora AXA los 926.104,41 euros afrontados por la misma a consecuencia de los hechos, pesando un calendario de pagos acordado para abonar dicha cuantía.