El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), han acordado acometer mejoras urgentes para paliar los graves efectos de la actual crisis covid en las más de 700.000 personas que engloba este colectivo en Andalucía.

En una reunion celebrada este miércoles, Cermi le ha pedido un plan urgente de vacunación para las personas con discapacidad, más financiación y recursos para las entidades que las atienden ante la crisis covid y participar de los proyectos que se impulsarán con la llegada de los fondos europeos para la recuperación, entre otras demanda.

Según reseña Cermi en una nota de prensa, Juanma Moreno se ha comprometido a mantener reuniones trimestrales con ellos y ha avanzado que en el próximo encuentro estarán presentes los consejeros de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, para abordar las necesidades prioritarias de estas personas en estos ámbitos.

La presidenta de Cermi Andalucía, Marta Castillo, y representantes de todas sus entidades han mantenido un nuevo encuentro con el presidente andaluz en un ambiente de «plena cooperación», después del celebrado en diciembre, «dando respuesta así al compromiso adquirido por Juanma Moreno con el sector para mantener contactos de forma trimestral y reforzar así la interlocución tan necesaria para el mundo de la discapacidad».

Castillo ha agradecido al presidente de la Junta dicho compromiso para sostener así un «diálogo fluido y permanente» con el sector, que ha considerado clave para avanzar en las respuestas de la administración autonómica a las numerosas necesidades que tienen estas personas actualmente y que se han visto agravadas durante el último año a causa de la pandemia.

Los representantes de Cermi han reclamado al jefe del Ejecutivo autonómico un plan urgente para la vacunación de todas las personas con discapacidad en Andalucía y también de las personas y cuidadoras y encargadas de su atención, ya que «hasta que no estén inmunizadas, no pueden seguir en muchos casos sus actividades de diversa índole para la mejora de su autonomía personal y de su calidad de vida».

Además, la entidad ha trasladado al presidente andaluz la necesidad de que las personas con discapacidad y sus familias se beneficien también de los fondos europeos extraordinarios que llegarán a Andalucía para la recuperación de la crisis, por lo que se ha solicitado la participación de las entidades y que se recojan sus propuestas.

Cermi pide también al presidente que las demandas de la discapacidad estén en la primera línea de la agenda política andaluza para «evitar que estas personas se queden atrás» en la recuperación de la crisis. En este sentido, Castillo ha solicitado a Juanma Moreno una mejora de la financiación de las entidades con la aportación de más recursos y medios que les permitan salir de la «situación límite» en la que se encuentran, especialmente para mantener los gastos de los centros y servicios que se prestan desde estas entidades.

Ha puesto de relieve la «necesidad» de incrementar el coste-plaza de los centros que gestionan las entidades «para ajustarlo al gasto real» que supone su mantenimiento actual, además de afrontar el aumento en el concierto de plazas para dar respuesta a la demanda actual.

En este encuentro, al que ha asistido también la viceconsejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Carmen Cardosa, tomaron la palabra los representantes de todas las entidades de Cermi Andalucía y tuvieron la oportunidad de poder explicar al presidente las demandas específicas de cada uno de los colectivos a los que prestan atención.

Cermi Andalucía representa a 18 entidades que trabajan en favor de las personas con discapacidad en Andalucía, que suponen 700.000 personas y cerca del 10% de la población de la comunidad, un movimiento que cuenta con más de 32.000 profesionales y 1.500 voluntarios que atienden y apoyan a estas personas.

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha avanzado dentro del plan de salud ‘Vete al médico’ que propone recuperar a lo largo del siguiente año pruebas diagnósticas y tratamientos de pacientes no Covid, «en la cuneta» con el PP.

Desde el Hospital de Alcalá de Henares, donde se ha reunido con Nursing Now y la Asociación Madrileña de Enfermería, la también anestesista ha lamentado que los pacientes no Covid hayan sido «dejados en la cuneta por el Gobierno» regional, «que no les ha atendido tampoco este año por tener una sanidad colapsada».

Más Madrid calcula que la Comunidad «necesita 800 médicos y médicas más, 175 pediatras y 900 enfermeras para, por lo menos, ponerse en la media nacional», además de «dar a los pacientes un (tratamiento) mínimo de 12 minutos».

García ha cargado contra la política de Isabel Díaz Ayuso, «la política del postureo», que ha «utilizado la pandemia para horadar aún más la sanidad pública». Según la encuesta realizada por Nursing Now, facilitada a Más Madrid, el 94 por ciento de las enfermeras teme por su bienestar y más del 60 por su bienestar mental y físico.

«Son los estragos que ha traído la pandemia en una Comunidad donde el número de enfermeras es un 20 por ciento menor que en el resto de España», ha indicado Mónica García, que también se ha referido a la visita que Ayuso ayer hizo al 12 de Octubre, donde ella ejercía como anestesista.

«FUE A VER A UN MANIQUÍ»

«Fue a ver a un maniquí. Estuvo contrastando las deficiencias de la sanidad con un maniquí. Los pacientes no son maniquís, los profesionales no somos maniquís, los mayores que han muerto en las residencias siendo la Comunidad la que tiene un 50 por ciento de exceso de mortalidad no son maniquís», ha reprochado.

La candidata de Más Madrid desconoce «qué le contó el maniquí sobre las problemas de la sanidad pública colapsada por el PP pero luego a la salida un par de señoras le dijeron que estaban desatendidas».

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha descartado este miércoles que su partido pacte con el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, tras las elecciones autonómicas del 4 de mayo, y ha apostado por retomar el acuerdo de gobierno que tenían el PP y Cs.

«El Gobierno de la Comunidad de Madrid, antes de que Ayuso hiciera la irresponsabilidad de convocar elecciones sin motivo, funcionaba muy bien. Y en ese Gobierno estaba Ciudadanos, con un acuerdo negociado con el PP», ha declarado Arrimadas en una entrevista en laSexta.

Por ello, cree que, en los dos años que faltan para los próximos comicios en Madrid, «lo más razonable es que ese acuerdo de gobierno siga ejecutándose hasta el final de la legislatura real, no de la ficticia» que ha generado la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso (PP), con el adelanto electoral.

«Pero eso no va a ser a coste cero y aceptando cualquier cosa del PP», ha añadido, aunque ha asegurado que se tardaría muy poco tiempo en poner en marcha el acuerdo de coalición que alcanzaron ambos partidos en 2019 porque «los equipos ya están hechos».

UN GOBIERNO QUE NO DEPENDA DE «LOS EXTREMOS»

Al mismo tiempo, ha descartado que la formación naranja gobierne con el PSOE porque, aunque no tiene «ningún problema» con Gabilondo, considera que «va en un pack» con el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y «con Iglesias no» va a pactar Cs. En cuanto a Más Madrid, ha dicho que en realidad es «Más Podemos» porque son dos partidos que «piensan igual».

Arrimadas ha garantizado que Ciudadanos y su cabeza de lista, Edmundo Bal, van a ser «decisivos» tras el 4 de mayo y que su objetivo será que haya «un gobierno moderado».

Cuando le han preguntado si su formación participaría en un acuerdo que incluyera a Vox, ha respondido: «Nosotros aspiramos a un gobierno en el que esté Cs sin depender de ningún partido extremo y con el acuerdo que teníamos antes de que la señora Ayuso convocara elecciones» con la «excusa barata» de las mociones de censura del PSOE y Cs contra el PP en Murcia.

Al referirse a los «extremos», ha precisado que Cs no quiere depender de partidos con posiciones «antivacunas y negacionistas del cambio climático» o que son «populistas como Iglesias».

NO SE TRATA DE «VENGARSE» DEL PP O DE AYUSO

Sobre por qué Ciudadanos quiere repetir el pacto con el PP después de los choques que hubo entre Díaz Ayuso y su vicepresidente, Ignacio Aguado, y de que los ‘populares’ se hayan dedicado a captar a cargos de Cs en distintos lugares, incluidos algunos tránsfugas, Arrimadas ha dicho que «lo importante no es si Ayuso se merece el gobierno», sino si «los madrileños se merecen un gobierno con un acuerdo bueno y con Cs».

«Estamos tan mal acostumbrados a lo que han hecho el PP y el PSOE tantos años, que es ‘me vengo, te ataco, voy a por ti’… Y siempre, en el medio, sufriendo las consecuencias, están los ciudadanos», ha manifestado, agregando que la política española está «sobrada de tripas» y la formación naranja pretende poner «corazón y cabeza».

Por otro lado, la líder de Ciudadanos ha defendido que su partido se caracteriza por su «buena gestión» allí donde gobierna, pero lo ha hecho «rematadamente mal» a la hora de transmitírselo a los electores.

Cree que muchos madrileños que están satisfechos con las políticas económicas del Ejecutivo madrileño desconocen que quien era el consejero de Economía, Manuel Giménez, es de Cs, y lo mismo ocurre con la labor desarrollada por los demás departamentos que dirigían (Transportes, Cultura, Políticas Sociales, Deportes y Universidades), y ha eso atribuye en parte que las encuestas electorales auguren una subida para el PP y una fuerte bajada para Cs.

Sobre la posibilidad de que Ciudadanos se quede sin representación en la Asamblea de Madrid, ha indicado que esto «se va a decidir por un puñado de votos» y que el riesgo es que Cs no consiga diputados y que Iglesias entre en el Gobierno regional.

MEJOR UN GOBIERNO CON Cs QUE UNO DEL PP EN SOLITARIO

Arrimadas ha reivindicado que los gobiernos donde está Ciudadanos son mejores que aquellos donde está el PP en solitario, ya que controla que este partido no caiga en prácticas de corrupción y se preocupa por mejorar las políticas sociales, el medio ambiente, el transporte público o la ciencia y la innovación, cuestiones que cree que a los ‘populares’ les preocupan menos.

Escuchando hablar a Díaz Ayuso, «parece que en Madrid va todo muy bien y no hay que cambiar absolutamente nada», pero «sigue siendo muy difícil encontrar un trabajo digno para los jóvenes tras acabar la universidad, acceder a una vivienda a un precio razonable» o «encontrar plaza en una residencia (de mayores) pública», ha comentado.

«Yo quiero impuestos bajos, empleo y atracción de empresas», que son «políticas liberales», pero «sin olvidar otras cuestiones», ha explicado, abogando por conjugar todas estas cuestiones, sin renunciar a una parte de ellas.

En este contexto, se ha mostrado en contra de «dividir a la gente en bandos» ideológicos que se preocupan por algunas políticas pero ignoran otras. También ha señalado que le «horripilan» los discursos de distintos partidos que alertan sobre «supuestos socialcomunistas y supuestos fascistas», y ha pedido «pensar en el futuro» de los madrileños en vez de volver a «los años 30». «No podemos ir a una campaña de enemigos», ha recalcado.

El Gobierno de Aragón aportará 100.000 euros a UNICEF para desmovilizar a 30 niños y 20 niñas soldado en Sudán del Sur. Se realizará con cargo al Fondo de Solidaridad con los países más desfavorecidos.

Así lo ha acordado este miércoles el Consejo de Gobierno con los objetivos de favorecer la reunificación familiar y la reintegración tanto económica como social de los niños.

El objetivo del programa es el registro y liberación de 20 niñas y 30 niños afectados por el conflicto armado en este país, especialmente de los liberados de grupos y fuerzas armadas.

Para ello, se establece, entre otras actuaciones, un plan individualizado de atención integral que incluye la situación familiar, apoyo psicosocial, cobertura de necesidades básicas y de desarrollo y generación de ingresos.

DERECHOS HUMANOS BÁSICOS

Con esta intervención se pretende restablecer los derechos humanos básicos de los menores y lograr que éstos cuenten con los recursos necesarios que les permitan comenzar una vida ajena a la violencia de un conflicto que ha violado sistemáticamente sus derechos, ofreciéndoles atención médica y psicológica, así como la posibilidad de volver a la escuela o de contar con una salida profesional.

Este proyecto se llevará a cabo fundamentalmente en los antiguos estados de Oeste y Centro Gran Ecuatoria (WES), Jonglei, Unity y Oeste Bahr el Ghazal (WBGZ).

UNICEF se compromete a llevar a cabo el programa, cuyo plazo de ejecución finaliza el 31 de diciembre de 2021, y a cofinanciarlo hasta su coste total –130.000 euros– con aportaciones propias o de otras entidades comprometidas en acciones de cooperación para el desarrollo.

La Fundación UNICEF-Comité Español es la única organización que mantiene una relación privilegiada con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), siendo la única entidad con representación en Aragón que tiene en estos momentos la capacidad y experiencia suficiente en este ámbito de protección, puesto que es una de las pocas agencias que, desde 2019, puede dar apoyo a la Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración (NDDRC).

Actualmente se calcula que hay 300.000 niños y niñas soldado en los conflictos armados en todo el mundo, que se convierten en combatientes involuntarios.

Desde el estallido del conflicto en Sudán del Sur en diciembre de 2013, se han reportado más de 3.000 casos verificados de graves violaciones contra la infancia.

Según el acuerdo de paz suscrito, la reintegración de estos niños debería haber empezado en 2019. UNICEF y sus aliados estiman que hasta 300 niños podrían ser liberados a principios de 2021 y otros 410 que fueron liberados en 2019 y reintegrados socialmente en sus comunidades, deberían recibir servicios de reinserción económica.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) ha dictado una sentencia por la que anula el acuerdo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia adoptaron el 20 de diciembre de 2018 para la determinación del sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales, debido a la omisión del trámite de participación de las asociaciones de jueces. El TS estima por este motivo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la asociación Foro Judicial Independiente (FJI) contra dicho acuerdo.

La sentencia analiza el régimen jurídico de las asociaciones judiciales, que refleja que tendrán como fines lícitos la defensa de los intereses profesionales de sus miembros y la realización de actividades encaminadas al servicio de la justicia en general y de los valores constitucionales. Les otorga asimismo la facultad de elaborar informes o propuestas más allá o fuera de los casos legal o reglamentariamente previstos.

El Supremo añade que debe presuponerse, por ser ilógico lo contrario, que las asociaciones judiciales tendrán un conocimiento actualizado de la situación real de los órganos jurisdiccionales y de sus dificultades, de existir, para el logro de lo que exige la satisfacción de aquel derecho fundamental.

«Y si lo tienen, y si el acuerdo impugnado tiene como única finalidad determinar la carga de trabajo que pueda soportar un órgano jurisdiccional, debemos afirmar que la adopción de un acuerdo como ese, de tantísima trascendencia, exige abrir para aquéllas un cauce de participación eficaz. Los intereses generales en juego conducen a rechazar una afirmación distinta», dice el Supremo.

Según la Sala, «no cabe sostener que la falta de participación efectiva de las asociaciones judiciales no afectara, no menoscabara, y de modo significativo, el necesario y profundo debate que ha de exigirse para la adopción de un acuerdo como el impugnado, ni negar, en buena lógica, que éste hubiera podido variar, y no en aspectos nimios o carentes de relevancia, si se hubiera facilitado la participación que se echa en falta».

Por otro lado, la sentencia añade, aunque no haya formado parte del debate procesal, que no se entiende que para la adopción de ese entre el CGPJ y el ministerio se pudiera prescindir también de la participación de los órganos de gobierno interno de los tribunales y juzgados, «dado que su conocimiento actualizado de la situación de unos y otros no parece nada dudosa».

«Ni prescindir tampoco, por la misma razón, de la participación de las asociaciones de las que forman parte quienes dirigen día a día la Oficina judicial, afectada, como no puede ser de otro modo, por la determinación de la carga de trabajo que haya de atender», apunta.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha reconocido este miércoles que su formación cometió errores a la hora de comunicar a la ciudadanía los motivos que les llevaron a presentar dos mociones de censura en Murcia junto al PSOE, pero ha descartado presentar su dimisión por el amplio apoyo interno con el que fue elegida para dirigir el partido hace un año.

En declaraciones a laSexta, Arrimadas ha señalado que lo hicieron «rematadamente mal» para que se hablase solo de las mociones contra el PP en la Región de Murcia y en el Ayuntamiento de la ciudad y no tanto de los casos de corrupción que, según Cs, motivaron estas iniciativas, al ser preguntada por si hace autocrítica sobre el desempeño de su partido en los últimos meses, tras los malos resultados electorales en Cataluña y el fracaso de una de las mociones en Murcia.

«Le puedo dar ejemplos de contratos a tres personas que son familiares y se les daban contratos fraccionados de menos de 5.000 euros para darles más de un millón de euros en apenas dos años», ha señalado respecto a las presuntas prácticas corruptas del PP en el Ayuntamiento.

«Hay tres gigas de información que están en manos de la UDEF, por no hablar del ‘vacunagate’ donde 500 personas han robado vacunas», ha añadido en alusión a los cargos de la Consejería de Sanidad que se vacunaron contra el coronavirus antes de tiempo.

La líder de Ciudadanos ha explicado que mientras su partido estaba «tratando de evitar la moción de censura para que se pudieran solventar esas cuestiones y sacar a la luz la corrupción y se apartara a las personas que habían hecho las cosas mal», no estaban «preparando la comunicación de la moción de censura» y «hay mucha gente que no ha entendido nada.

En la misma línea, Arrimadas ha reconocido que no tuvieron en cuenta que el PP ofreciera consejerías «a diestro y siniestro», no solo a tres diputados naranjas en la Asamblea de Murcia, sino también a los suplentes «por si a alguno se le ocurría dimitir».

DEFIENDE SUS PACTOS CON EL PP EN OTRAS COMUNIDADES

Finalmente, Arrimadas ha insistido en que las mociones en Murcia fueron motivadas por la corrupción mientras que han respetado sus pactos con el PP en los gobiernos autonómicos de Madrid, Andalucía y Castilla y León y siguen gobernando con ellos en 11 capitales de provincia, por lo que ha descartado una operación global de acercamiento al PSOE.

«Esta operación es la excusa de Ayuso y los ayusistas para justificar un adelanto electoral que no estaba justificado, que le va a costar mucho dinero a los madrileños para que dentro de dos años volvamos a tener elecciones en Madrid», ha afirmado sobre la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de romper con Cs y adelantar los comicios.

NO SE PLANTEA DIMITIR

Por otro lado, la líder de Ciudadanos ha descartado presentar su dimisión por el amplio apoyo recibido en las primarias y en el último congreso del partido, celebrado en 2020, y ha apuntado que «los que quieren acabar con Cs» van a pedir la dimisión de cabezas del partido como Edmundo Bal, Begoña Villacís o ella misma.

«Hace menos de un año que la militancia me dio su apoyo y con un porcentaje muchísimo mayor que el que tienen Pedro Sánchez y Pablo Casado, después de cosechar resultados muy malos», ha señalado.»Casado sacó 66 escaños, Sánchez el peor resultado de la historia del PSOE, el PP tres escaños en Cataluña», ha recordado.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha asegurado que no concibe que se incumpla el acuerdo de Gobierno que pactaron con Pedro Sánchez, algo que califica de «línea roja», porque considera que el PSOE «no se lo puede permitir». Ha admitido también que hay debates de calado en el Ejecutivo sobre vivienda, desahucios o reforma laboral, pero niega llevarse mal con Carmen Calvo o con Margarita Robles.

Belarra ha realizado estas declaraciones en RTVE, al ser preguntada si se rompería el Gobierno en caso de que no se cumpliera el acuerdo que firmaron Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.

La ministra ha dicho que el acuerdo es «irrenunciable» y que no concibe que vaya a haber un incumplimiento. En su opinión, «el PSOE no se puede permitir un incumplimiento del acuerdo de Gobierno». Ha alegado, en este sentido, que los socialistas no pueden incumplir lo pactado «después del histórico» que hay en este país de las muchas veces que se han incumplido los programas de los partidos que se han presentdo a las elecciones.

Eso la gente no lo acepta más, tenemos que cumplir, en eso estamos trabajando y va a ser así», ha apostillado.

La dirigente morada ha asegurado que para su partido la «línea roja» es ese acuerdo de Gobierno, y ha dejado claro que «va a haber Ley» de vivienda porque es un «punto clave» regular los precios del alquiler en las zonas de mercado tensionado y «poner tope» a las subidas de los arrendamientos.

Se ha mostrado convencida de que el acuerdo es «irrenunciable» para que los ciudadanos crean en ellos y considera que las fuerzas progresistas tienen que dar ejemplo y demostrar que cumplen lo que firman. Para ella está «clraísimo» que cumplir con el acuerdo de Gobierno es lo mínimo que pueden exigir en un Gobierno de coalición. «Es lo que vamos a defender hasta el final», ha remachado.

Ione Belarra, que se ha destacado en ocasiones por las duras acusaciones que ha lanzado contra la ministra de Defensa, ha asegurado de ella que es una «mujer con una tarea muy difícil» porque tiene que enfrentar algunos de los problemas que tienen las Fuerzas Armadas. Sobre Carmen Calvo, con quien también ha tenido discrepancias la formación morada, ha afirmado que se trata de una «mujer firme».

En este sentido, ha negado tener mala relación tanto con Calvo como con Robles: «lo niego rotundamente, me sentí muy bien recibida ayer por todos los miembros del Ejecutivo, el trato personal, excelente».

No obstante, considera que «lo normal» es que haya debates en un gobierno que está formado por dos fuerzas diferentes. «Nadie espera de nosotros que nos convirtamos en la misma cosa porque sería ciertamente extraño», ha asegurado antes de admitir que «hay debates de calado» sobre desahucios, vivienda, reforma laboral…, es decir, «cuestiones que afectan a la ciudadanías y sería increíble que no hubiera debate».

MONARQUÍA: LA CIUDADANÍA SE PREGUNTA PARA QUÉ SIRVE

También ha admitido diferencias en el Gobierno de coalición en relación con la Monarquía porque lo conforman dos fuerzas políticas que tienen posiciones diferentes.

En este sentido, ha recordado que su formación siempre ha defendido que tiene que haber un debate en torno a la utilidad de la Monarquía y también se ha mostrado partidaria de investigar la fortuna del Rey emérito.

En su opinión, es un debate que está en la calle porque, dice, «la ciudadanía cada vez más se pregunta para qué sirve la Monarquía».

ESTADO DE ALARMA, SE TOMARÁN LAS DECISIONES NECESARIAS

En cuanto a la decisión anunciada ayer por el presidente del Gobierno de que el Estado de alarma finalice el próximo 9 de mayo, ha pedido responsabilidad a las comunidades autónomas porque las decisiones se adoptan, según ha dicho, de acuerdo a la situación sanitaria en cada momento. Admitiendo, eso sí, las «dificultades lógicas» que se han tenido para gestionar una crisis de la gravedad de la que se está viviendo.

No obstante, ha defendido las decisiones como correctas porque se ha puesto en el centro la vida a las personas y ha precisado que se verá la situación que hay el 9 de mayo. «Si hay que tomar decisiones sanitarias, la gente puede estar tranquila que se tomarán», ha apostillado.

La Generalitat sostiene que la defensa de los intereses de los regantes alicantinos en el marco de las diferencias surgidas en torno a la gestión del trasvase Tajo-Segura «constituye un principio absolutamente irrenunciable por el que vamos a pelear hasta las últimas consecuencias».

Así lo han afirmado este miércoles el secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural, Roger Llanes, y la delegada del Consell en Alicante, Antonia Moreno, tras la celebrar una reunión de trabajo, según han informado fuentes de la Generalitat.

Ambos han realizado un llamamiento al Gobierno de España, y más concretamente al Ministerio de Transición Ecológica, para que «abra una vía de diálogo, tanto con la Generalitat como con los propios regantes, a fin de articular desde el consenso, el acuerdo y la negociación permanentes cualquier modificación en las actuales reglas establecidas para la gestión del trasvase».

«El agua es un bien esencial para el futuro de esta zona y cualquier decisión que pueda adoptarse al respecto tiene que tener en cuanta la realidad y las necesidades de los regantes alicantinos, cuyos intereses son para nosotros una cuestión prioritaria a la que no vamos a renunciar en modo alguno», ha señalado Roger Llanes en alusión a los planes para cambiar los criterios de distribución del agua en el marco del trasvase Tajo-Segura.

El secretario autonómico también ha recalcado que la defensa del trasvase es un «compromiso explícito» del ‘president’ Ximo Puig. En este sentido, Moreno ha recordado que la Generalitat ya ha anunciado que presentará alegaciones a cualquier modificación que afecte a las actuales reglas de explotación.

El Consell demuestra con hechos su defensa de los regantes de Alicante, tal como lo demuestra el hecho de que se haya personado en los tribunales casi en cuarenta ocasiones, es decir, siempre que sus derechos se han puesto en entredicho por un motivo u otro», ha manifestado.

Durante el encuentro también se ha informado acerca de las obras de reparación en caminos rurales que se vieron afectados por la DANA en un total de 28 municipios de la provincia de Alicante: 23 en la Vega Baja y cinco en la comarca de El Comptat. El presupuesto total dedicado a esta finalidad asciende a 4,2 millones de euros, de los que 2,8 se destinarán a los trabajos de acondicionamiento de vías rurales en la Vega Baja y los 1,4 restantes a los de la zona de El Comptat.

El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, José Fiscal, ha criticado este miércoles las «mentiras» del Gobierno de PP-A y Cs y que solo busque «oponerse a lo que se dicte» desde el Ejecutivo central, «sea una cosa, la contraria o una tercera», con «el objetivo claro de desviar la atención de la gestión nefasta del coronavirus en Andalucía» que realiza el Ejecutivo andaluz.

De esta manera, y en una rueda de prensa en el Parlamento, Fiscal ha aseverado que por parte del Ejecutivo andaluz no tienen «ningún criterio» en esta pandemia «más allá que oponerse a lo que venga del Gobierno de España», y lo hacen para «desviar la atención de su gestión nefasta», porque «todas las olas» de la pandemia «que han sido gestionadas por la Junta han sido más graves que la primera, que se gestionaba en Madrid», según ha opinado.

El portavoz ha subrayado que desde el Grupo Socialista siguen «muy preocupados por la evolución de la cuarta ola» de la pandemia en Andalucía, y ha señalado que los ciudadanos de la región «están en tensión mientras el Gobierno de Moreno pierde el tiempo».

Fiscal ha denunciado que por parte del Ejecutivo andaluz «confunden con indicadores, marean con las restricciones, mienten con un descaro inconcebible sobre las vacunas y no dan explicaciones ni toman medidas extraordinarias ante una situación extraordinaria».

Además, ha acusado a la Junta de tener «completamente abandonados los frentes sanitarios, económicos, laboral y social» de la pandemia, y «los silencios y mentiras» de Juanma Moreno «demuestran que su gestión como primera autoridad de Andalucía es un auténtico y absoluto fiasco».

Ha alertado de que la comunidad andaluza «llega a la cuarta ola con una tasa de positividad en Covid del 38% por encima de la media nacional», además de que sigue «a la cola del país» en realización de pruebas PCR y con los centros de salud «cerrados» a la atención presencial de los médicos «pese a la promesa» del presidente de la Junta de que «el 2 de marzo iban a estar abiertos».

El parlamentario socialista ha criticado también que, pese a que hace «semanas» de que la presencia del virus en Andalucía está experimentando un «progresivo ascenso», Juanma Moreno no reúne «hasta esta tarde al comité de presuntos expertos para evaluar la situación y tomar medidas», porque «pasó la Semana Santa sin trabajar».

PIDE EXPLICACIONES DE MORENO

El representante del PSOE-A ha defendido que el presidente de la Junta tiene la «obligación» de «explicar qué está pasando en Andalucía» y la evolución de la pandemia en esta «cuarta ola», y ha criticado que Moreno «hasta ahora lo único que hace es lamentar que la cuarta ola está aquí, y nada más».

«Es el presidente de todos los andaluces, no un analista de la actualidad», por lo que tiene que adoptar medidas, según ha incidido José Fiscal en referencia a Juanma Moreno, a quien los socialistas exigen que «aclare» si la Junta ha preparado a la comunidad autónoma para esta cuarta ola, así como si va a aprobar «alguna medida» de ayuda a empresarios y trabajadores «a soportar lo que se puede venir encima» con esta nueva fase de la pandemia.

Los socialistas andaluces también exigen a Moreno que «detalle el protocolo de vacunación en Andalucía, que informe de fallos que se han producido» en dicho proceso, y que «complemente los 1.109 millones» que el Gobierno ha asignado a la comunidad autónoma de la línea de ayudas directas a los sectores «más perjudicados» por la pandemia.

«No puede ser que las únicas subvenciones que se dan en Andalucía provengan del Gobierno central», ha aseverado José Fiscal antes de agregar que desde la Junta tienen que «aclarar muy bien» por qué «prefiere pagar deuda a los bancos en vez de mejorar la sanidad para corregir los déficits» que presenta.

Así las cosas, ha criticado que Moreno «lleva desde octubre de 2020 sin dar la cara en el Parlamento de manera específica para hablar de la evolución de la crisis del coronavirus», y «sigue escondido, más allá de alguna comparecencia ante medios de comunicación. «Si esto no es cobardía política, que venga Dios y lo vea», ha comentado el portavoz socialista.

Ha enfatizado que Moreno «no puede esperar más» para comparecer en el Parlamento y explicar qué está haciendo el Gobierno andaluz «para abordar la cuarta ola, lo que se ha diseñado» al respecto, «cómo va la vacunación, qué previsiones hay, qué ayudas va a aportar a los sectores que tan mal lo están pasando».

«Vivimos una situación excepcional, crítica, y el presidente debiera estar a la altura de esta situación, asumir su responsabilidad y dar explicaciones, seguridad y certidumbre», según ha aseverado el dirigente socialista.

UN GOBIERNO «MENTIROSO»

Fiscal también ha acusado al Gobierno andaluz y a su presidente de ser un «mentiroso», y ha advertido de que «las mentiras que profiere» el portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo (PP-A), «las diseña y comparte con Moreno».

En esa línea, ha comentado que el presidente de la Junta «tiene que tomar medidas de inmediato, frenar la máquina de mentiras y montajes» del portavoz de su Ejecutivo, y «no puede consentir que se siga sembrando el caos, la incertidumbre en algo tan serio como el sistema de vacunación».

Al respecto, José Fiscal ha subrayado que Juanma Moreno «sabe que el sistema acordado entre Gobierno y comunidades autónomas distribuye las vacunas por población diana», y que «hasta el propio consejero» de Salud, Jesús Aguirre, «ha tenido que corregir a la máquina de proferir mentiras que es Bendodo».

«Andalucía es el territorio que más dosis recibe» de vacunas, según ha abundado el portavoz socialista antes de agregar que «no puede ser que el gobierno» de la Junta «siga exigiendo que lleguen más dosis a Andalucía porque ayer mismo tenía casi medio millón de vacunas sin poner, redondeando», según ha advertido.

Ha insistido en que la Junta debe «reforzar de verdad la sanidad y volcarse con la vacunación, que es la esperanza de los andaluces, y no lanzar bulo tras bulo, mentira tras mentira», y ha lamentado que por parte de Bendodo «se ha llegado a sobrepasar límites de la humanidad, decencia, al despreciar que el 70% de los españoles pueda estar protegido en verano» con la vacuna.

«¿Todo vale para este gobierno con tal de atacar al Gobierno progresista de España?», se ha preguntado el portavoz socialista, quien, finalmente, también ha llamado la atención acerca de que por parte de la Junta se critique el fin del estado de alarma que prevé el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras el 9 de mayo, cuando «estaban en contra de que se decretara cuando se decretó».

La fiscal de Sala Delegada de Violencia contra la Mujer, Pilar Martín, ha criticado la actuación del fiscal del caso de la presunta violación múltiple de Sabadell, y cree que la actitud que se le ha visto durante el juicio «no debería ocurrir nunca».

En su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Congreso, Martín ha sido preguntada por este tema por la portavoz de Junts, Pilar Calvo, quien ha reclamado más formación para los profesionales que tienen contacto con las víctimas en este proceso.

Para Martín, la actitud del fiscal en el juicio pudo corresponder a que la petición de pena para los presuntos violadores son muy altas, entre 37 y 40 años, y, explica, probablemente «intentaba afianzar» la declaración de la víctima. Aunque, reconoce, lo hizo «sin sensibilidad, ni empatía».

A su juicio, si era necesario realizar estas preguntas, el fiscal debería haberle explicado el por qué de ellas, para que la joven las pudiera recibir de otra manera y no como un cuestionamiento a su historia. Se trata, ha indicado, de un problema de «falta de formación en artes psicológicas» y, aunque reconoce que han recibido asesoramiento de expertos y víctimas, también indica que queda mucho por hacer.

PIDE MÁS ACOMPAÑAMIENTO A LAS VÍCTIMAS

Durante su intervención, precisamente, se ha hecho eco de la necesidad de un mejor acompañamiento a las víctimas de violencias machistas, así como de una mayor concienciación social sobre este tema. La fiscal ha mostrado, en este sentido, su preocupación por la baja denuncia de familiares o entorno de las víctimas.

A falta de confirmar el informe de la Fiscalía de 2020, Martín se ha referido a las cifras que sobre esta lacra se recogieron en 2019, de las que se desprende que se interpusieron 168.057 denuncias por violencia de género, es decir, una cada seis días, de las cuales solo un 1,9% fueron formuladas por familiares.

Del mismo modo, señala que de estas más de 168.000 denuncias, solo 58.000 llegaron a juicio. Para la fiscal esto es consecuencia de que la mayoría de mujeres se sienten «solas» o sufren «presiones externas», lo que les lleva a acogerse a la dispensa a no declarar –en casos en las que solo existe como prueba su testimonio– o a retirar la denuncia.

«Se debe dotar o intentar implementar la oficina de atención a las víctimas», ha reclamado Martín, que cree que si la mujer se siente acompañada no habría tantas víctimas que se acojan a la dispensa a no declarar.

ELIMINAR LA DISPENSA A DECLARAR

En este sentido, advierte de que, esta situación, acaba con denuncias sobreseídas o con resolución absolutoria «que no son neutras» y suponen un «paso atrás» a la mujer tras el «paso tan importante y doloroso» que dio al ir a los juzgados.

Es por ello, que ha llamado a eliminar la dispensa, una medida que, ha recordado, se incluyó en el Código Penal para evitar que familiares cercanos tuvieran que declarar en contra de sus seres queridos. Pero, a su juicio, no debería aplicarse a la persona que denuncia y que, en la mayoría de los casos, es la única testigo de lo ocurrido.

Del mismo modo, ha advertido de que esta ‘soledad’ de las víctimas también tiene consecuencia en los menores, ya que hay muchas mujeres que deciden poner fin a esta situación divorciándose, evitando así el proceso de denuncia por maltrato. Esta decisión permite que los padres maltratadores puedan ver a sus hijos, indica Martín.

Las portavoces de PSOE y Unidas Podemos en esta comisión, Mariana de Gracia Canales e Isabel Franco, respectivamente, han mostrado su preocupadas por la violencia vicaria, la que se ejerce sobre los menores para hacer daño a la madre, mientras que su homóloga del PP, Teresa Jiménez Becerril, ha preguntado a Martín sobre el testimonio de Rocío Carrasco en televisión.

FORMACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Sobre este último, Martín ha señalado la «importancia» de los medios de comunicación, aunque cree que existen «muchos peligros» cuando alguien se «lanza» a la televisión porque «puede resultar más revictimizada que apoyada. Es por eso, que llama a fomentar la formación de género también entre los profesionales de los medios para que «traten a las víctimas como lo que son: víctimas de un problema muy grave que piden ayuda».

En cuanto a la violencia vicaria, ha indicado que los juzgados están haciendo un trabajo «riguroso» en este sentido con «penas altísimas» y ha indicado que el sistema Viogén también ha mejorado los indicadores de riesgo de los hijos de víctimas. «Hay que seguir poniendo el foco en la atención y la prevención», ha declarado.

Por su parte, Vox, ha puesto en duda la situación de las mujeres que ha relatado la fiscal. Su portavoz en este debate, María Magdalena Nevado, ha leído en la sesión el caso de un hombre denunciado en numerosas ocasiones por su mujer impidiendo que este pueda ver a sus hijos, a pesar de que todas las denuncias fueron archivadas. A juicio de los de Abascal, este hombre es «víctima de la ley de violencia de género» española y critican que no se «persigan» las denuncias falsas.

La fiscal de Sala Delegada de Violencia contra la mujer ha indicado que esta situación es «un caso» y que «las cifras hablan por si solas» cuando se trata de violencia de género. Para Martín, este hombre es víctima de una mujer, no de la ley, como, ha indicado, una persona estafada por un seguro es víctima del estafador, no de la ley de contrato de seguros.

UN «ATASCO» TRAS LA PANDEMIA

En cuanto a las denuncias falsas ha recordado que la Fiscalía hace seguimiento de estas, de hecho ha indicado que en 2019 fueron un 0,00079 de las presentadas, y ha recordado que esto no se hace con otros delitos. También ha apuntado que el Ministerio Fiscal es el más interesado en conocer estos números para hacer seguimiento de la actividad judicial y de cómo se aplica esta norma.

Por otra parte, durante su intervención, Martin ha hecho balance de la situación judicial de la violencia de género durante y después de la pandemia. Según ha relatado, el estado de alarma «paralizó» la actividad judicial a excepción de las denuncias por violencia de género y la aprobación de órdenes de protección hacia las víctimas, lo que ha generado un «atasco» en relación a la apertura de diligencias o la celebración de juicios orales.

Martín ha reconocido «costará bastante superar» esta situación porque «actualmente hay límites sanitarios» que no permiten «convocar muchos juicios» por no convocar a los juzgados a muchas personas. «no se ha arbitrado aún ningún medio para absorber este gran bloque de procedimientos pendientes».

Para la fiscal, la puesta en marcha de las videoconferencias fueron «importantes» pero no suficientes, y ha alertado de que esta situación está derivando en un fomento de las conformidades previas para evitar que se llegue a juicio.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), está «de acuerdo» con el levantamiento del estado de alarma el 9 de mayo, aunque espera que para entonces se aporte a las comunidades autónomas «garantías jurídicas» para, llegado el caso y aunque es «optimista» con la evolución de la pandemia gracias a la vacunación, poder tener «instrumentos» que permitan adoptar ciertas restricciones.

«A partir del 9 de mayo tenemos que empezar a abrir España. Hay que hacerlo», ha afirmado este miércoles Revilla al ser cuestionado por el anuncio realizado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de su intención de poner fin en esa fecha al estado de alarma.

Aunque está de acuerdo en no prorrogar el estado de alarma, considera, sin embargo, que «no hubiera estado de más» una «llamadita» de Sánchez a los presidentes autonómicos para comentar con anterioridad esta decisión, que «no sabe», aunque «cree» que sí, se ha comentado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a los consejeros del ramo.

Precisamente, en relación a este órgano, Revilla se ha mostrado a favor de que, como plantea el Gobierno, las decisiones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sean de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas en el caso de que afecten a derechos fundamentales.

«Siempre he defendido que, en un tema tan serio como este, las decisiones deben ser para todos iguales. Y este es un tema muy serio. No podemos ir cada uno por su lado», ha dicho Revilla.

De hecho, el presidente regional cree que debería de aprobarse una norma para que las decisiones que, en este órgano, se aprueben por parte del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas sean «de obligado cumplimiento» ya que si cada territorio toma unas medidas, eso no sirve «para nada».

Cree que en la lucha contra la pandemia todos deberían ser capaces de «acatar unas normas iguales para todos», ya que lo contrario es un «disparate». «Si no, creamos una confusión y damos una imagen de un país bastante bananero», ha afirmado Revilla, que espera que todos los territorios puedan acatar una «mínima disciplina» en este asunto.

Además, ha sido cuestionado por si se va a prorrogar hasta el 9 de mayo, el cierre perimetral de la comunidad autónoma, vigente hasta el 16 de abril, Revilla ha indicado que ello se decidirá en función de los informes de Sanidad.

El presidente cántabro ha realizado estas declaraciones a la prensa tras mantener una reunión en la sede del Ejecutivo con el eurodiputado Luis Garicano, de Cs, y el coordinador del partido en Cantabria, Félix Álvarez, para hablar de los proyectos de la comunidad que optan a los fondos europeos.

La acusada de matar a puñaladas a su cuñada y prender después fuego al domicilio en el que convivían en Torrelavega admitió los hechos a los policías que se personaron en lugar, a los que manifestó que habían tenido «una pelea» y que había «acuchillado» y «matado» a la hermana de su pareja.

Además, la procesada -que en opinión de los agentes estaba «tranquila» y solo presentaba «pequeños cortes» en las manos-, habría «intentado decapitar» el cadáver, según uno de los efectivos que se encargó de la inspección ocular del piso y que ha destacado al respecto que el cuerpo tenía «ventitantas» puñaladas, algunas por el pecho «y a la altura del corazón», y también «un gran corte» en el cuello que apunta a esa posibilidad.

En la tercera sesión del juicio con jurado que se está celebrando en la Audiencia de Cantabria por este crimen, sucedido el 26 de julio de 2019, también han declarado los bomberos que abrieron la puerta del domicilio y del dormitorio donde encontraron a la fallecida junto a la sospechosa, ambas encima de la cama. La primera estaba tumbada y la segunda sentada, con una caja de cerillas: «Las prendía y se las estaba tirando encima», observó este testigo.

El fuego había quemado «parcialmente» el cadáver y el colchón, que además estaba «calado hasta abajo» de sangre, que también había en el suelo de la habitación así como restos, por «rozadura» al pasar, en un mueble de la cocina, donde se halló la navaja empleada. Estaba en un lugar «visible» y tenía un tamaño «considerable», de más de 20 centímetros de hoja y unos 50 desplegada, ya que era «como las típicas navajitas pequeñitas, pero en versión grande», ha comparado uno de los efectivos que intervino tras los hechos.

Este miércoles se ha celebrado la segunda parte de la prueba testifical, con la declaración de agentes de la Policía Nacional y los Bomberos Municipales que acudieron sobre la una y media de la tarde al inmueble alertados por familiares de la víctima, que estaban «preocupados» porque llevaban desde primera hora de la mañana sin poder contactar con la víctima y sin que la acusada les dejara acceder al interior. Y tampoco pudieron tirar la puerta abajo.

En esa llamada, les advirtieron de la «mala relación» entre ambas y de la posibilidad de que hubiera habido algún «problema». Como los policías tampoco lo lograron, avisaron a los bomberos, que no consiguieron acceder por la ventana y abrieron la puerta con un aparato hidráulico.

Efectivos de ambos Cuerpos accedieron a la vez y justo antes de entrar habían empezado a «oler a humo» y comenzó a salir por debajo de la puerta. Cuando pasaron el umbral había ya «bastante» y poca visibilidad, también porque estaban bajadas las persianas, así como las puertas de las habitaciones. Estaba «muy oscuro», ha afirmado uno.

Había dos focos, «completamente distintos», en sendas habitaciones, incluida en la que se encontraban las dos mujeres juntas, encima de la cama, que estaba «empezando a arder», en concreto las sábanas. También había un «pequeño fuego» sobre la acusada, que se estaba echando «un montón» de cerillas encima.

Fue hallada apoyada, como «semiabrazada», sobre la víctima, que por su parte yacía tumbada en el colchón hacia arriba pero «medio ladeada», en pijama y con los pies colgando hacia el suelo, ha descrito el policía que sacó a la sospechosa al descansillo para evitar riesgo de intoxicación por humo.

HABÍAN TENIDO UN PELEA Y HABÍA MATADO SU CUÑADA

Y aunque en ese primer momento «no dijo nada, ni una palabra», después, en el rellano, manifestó a dos compañeros suyos que preguntaron qué había pasado, que habían tenido «una pelea» y había «acuchillado» y «matado» a su cuñada.

Estos efectivos que permanecieron con la sospechosa coincidieron en que estaba «tranquila» y no presentaba «signos de violencia», más allá de «pequeños cortes» en las manos. «Vimos como estaba el tema y se la detiene», ha apuntado uno sobre el arresto.

Y los que inspeccionaron la vivienda una vez sofocados los focos y levantado el cadáver, no vieron «especialmente revuelto» el piso ni un «desorden fuera de lo normal», salvo «varios trastos» después de la puerta principal, que habían sido apartados al entrar. Entienden estos testigos que la intencionalidad era imposibilitar o dificultar el acceso.

Por su parte, la del dormitorio donde tuvo lugar el crimen también «costó» abrir, ya que estaba cerrada con el pestillo que la víctima había colocado tiempo atrás debido, según testificaron sus familiares, a que tenía miedo a la acusada, que en el arranque de la vista reconoció parcialmente los hechos -dijo que había cometido cuatro de la veintena de las puñaladas, pero alegó que «un científico me programó para que lo hiciera»-.

Además, la implicada, internada en la actualidad en la unidad de Psiquiatría del Hospital Valdecilla, se mostró conforme con la pena de catorce años y nueve meses de cárcel que pide la fiscal por asesinato, mientras que la acusación particular ejercida por la familia interesa 22 años.

PROVOCÓ EL FUEGO CUANDO LLEGARON LOS BOMBEROS

En el plenario, que se desarrolla en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, estos testigos -que han declarado un día después que familiares y vecinos- han considerado que la procesada provocó el fuego cuando se percató de la presencia de policías y bomberos y de que estaban tratando de acceder a la vivienda.

En este sentido, han apuntado que el incendio «provocado» en el otro dormitorio y que se había «calcinado en parte» se originó sobre ropa que había encima de la cama, pero no había pasado «mucho tiempo» entre el inicio y la llegada de los efectivos.

En una tercera habitación, la del hermano de la fallecida y pareja de la acusada, encontraron sobre la cama un bolso tipo mochila con joyas y el pasaporte de la acusada que, posteriormente, cuando fue traslada al Hospital Sierrallana, estaba «más agitada y llorando».

El juicio continuará el jueves con la prueba pericial, conclusiones e informes, y concluirá el viernes con la deliberación y veredicto del jurado.

Las organizaciones del Tercer Sector recaudaron un total de 387 millones de euros en 2020 a través de la casilla de Fines Sociales de la Declaración de la Renta (la denominada X Solidaria) correspondiente a 2019, año en que el IRPF aún no estaba afectado por la pandemia de COVID-19.

La recaudación alcanza así un «récord histórico», con un aumento de 26 millones de euros respecto a la campaña anterior, lo que supone una subida del 7,4% en términos porcentuales.

Así lo ha avanzado este miércoles la presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social, Asunción Montero, durante la presentación de la campaña informativa de la X Solidaria, con la que animan a los ciudadanos a marcar la casilla 106 de Actividades de Interés Social en su Declaración de la Renta.

A través de esta casilla, los contribuyentes destinan el 0,7% del IRPF a las ONG. Según ha explicado Montero, los datos del año pasado fueron «muy buenos», destacando que 360.000 personas marcaron por primera vez la X Solidaria en la Renta, sumándose así a los más de 11,5 millones de personas que habitualmente lo hacen.

«Es un récord histórico», ha remarcado Montero, que ha explicado que desde que la Plataforma de ONG de Acción Social coordina desde el año 2002 la campaña X Solidaria, la evolución en la recaudación ha sido «muy visible», pasando de los 111 millones recaudados en 2002, a los 387 millones del año pasado, y aumentando de 7 millones de personas que marcaron dicha casilla en su Declaración de la Renta en 2002 a las más de 11,5 millones de 2020.

Y desde la Plataforma también esperan que la recaudación aumente este 2021, año en que sí se reflejará el impacto de la COVID-19 en la Renta de los ciudadanos, que corresponderá a 2020. «Somos optimistas», ha declarado Montero, si bien reconoce que todavía hay «incertidumbre» por la entrada de nuevos actores en la realización de la Declaración de la Renta este 2021.

A pesar del récord de recaudación de 2020, Montero ha instado a seguir destinando el 0,7% del IRPF a las organizaciones sociales, ya que si todos los ciudadanos lo hicieran, las entidades tendrían una recaudación extra de 248 millones de euros, sumando un total de 635 millones. «Se podría ayudar a muchísimas más personas», ha señalado.

«UN GRAN IMPACTO» PARA LAS ONG

En el acto ha intervenido el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, que ha asegurado que si la implicación de las Administraciones es «imprescindible», el de la sociedad civil y el Tercer Sector es «clave». «Se ha demostrado desde el inicio de la pandemia, conocen muy bien el terreno social de nuestro país», ha recalcado, agradeciendo así su labor.

Por ello, Álvarez aboga por «un Tercer Sector fuerte y capaz de responder a desafíos futuros próximos, con espíritu crítico y constructivo, que siga empujando avances que hoy se evidencian más necesarios que nunca».

El secretario de Estado ha animado a todos los ciudadanos a marcar la casilla de la X Solidaria en la Renta, ya que se trata de un «instrumento de solidaridad que no tiene coste para quien lo marca» pero que, en cambio, sí tiene un «gran impacto» para las ONG y las personas.

MÁXIMA TRANSPARENCIA

En la presentación de la campaña de este año de la X Solidaria también ha participado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, que ha animado a los ciudadanos a marcar la casilla 106 de Actividades de Interés Social en su Declaración de la Renta.

Para hacer que la gente destine el 0,7% de su IRPF a fines sociales, Poyato destaca la importancia de «difundir, visibilizar, sensibilizar y concienciar» en qué consiste esta campaña y a qué se destinan los fondos recaudados. «Es un camino de máxima transparencia, ver dónde se invierte ese dinero, cómo ayudamos a la gente… hay que mostrarlo para generar confianza», ha asegurado Poyato, que también considera importante que los ciudadanos sepan que marcar esta casilla no supone ningún coste.

«Lo que debe hacer esta X Solidaria es crear una sociedad más fuerte, cohesionada e inclusiva», indica Poyato. «Ayudar a otras personas está en manos nuestras, ahora esta pandemia viene a ponernos al Tercer Sector en un compromiso serio, muchas de nuestras ONG están duplicando o triplicando sus servicios», ha comentado, para destacar que la X Solidaria es «fundamental» para las 28.000 organizaciones que hay en España del Tercer Sector.

Uno de los cuatro acusados de ‘la manada de Sabadell’ ha declarado este miércoles que mantuvo «una relación sexual consentida» con la víctima, mientras que los otros tres han sostenido que no estuvieron en la nave industrial donde ocurrió la agresión.

De los cuatro procesados, la Fiscalía considera presunto autor material de la agresión sexual solo a uno –junto a otros dos sospechosos no enjuiciados porque a uno se le identificó y el otro se fugó durante la investigación– y a los otros tres cooperadores necesarios por presuntamente estar en la sala contigua y no impedir la violación.

El acusado como autor material ha mantenido que estaba en la nave industrial abandonada, donde había una fiesta con otras 10 personas, y que la chica llegó sobre las 6 de la madrugada con otro joven «como si estuvieran abrazados».

«Voluntariamente, te lo juro por dios y por mi madre», ha contestado a su abogada cuando le ha preguntado si la chica entró en la habitación por su propia voluntad.

En cambio, la denunciante declaró el martes que un hombre la abordó por la calle al salir de un bar, la violó y después la llevó a una nave abandonada donde tres hombres la agredieron por turnos.

El acusado ha sostenido que mantuvieron relaciones y ha negado de plano que la violara ni que la abordara para obligarla a ir al edificio abandonado: «Lo juro por dios, si yo estuve en ese bar que me lleven a la cárcel de por vida».

El fiscal, que ha mantenido su petición de condenas tras escuchar a los acusados, reclama una pena de 40 años y medio para el acusado considerado autor material, y de 37 y medio para el resto.

OTROS NIEGAN QUE PRESENCIARAN LA VIOLACIÓN

Los otros tres acusados, que como el primero solo han respondido al interrogatorio de sus defensas, han negado que presenciaran la violación desde una sala contigua en la misma nave industrial, tratando de eludir una condena como cooperadores necesarios.

Uno de ellos ha reconocido que estuvo en el mismo bar que la joven, pero ha relatado que se fue antes, ha dicho que no la vio y ha asegurado que llegó a la nave –donde fue detenido– sobre las 8 de la mañana, cuando la chica ya se había ido.

Otro de los acusados ha asegurado que pasó la noche en casa de un amigo con su novia –el martes, la mujer testificó en el mismo sentido– y que solo pasó unos minutos en la nave antes de que llegara la denunciante; mientras que el último en declarar ha afirmado que pasó la noche en una fiesta, que no vio a ninguno de los otros acusados y que no llegó a la nave industrial hasta el día siguiente.

GRABACIONES DEL BAR

En la segunda sesión del juicio en la sección 6 de la Audiencia de Barcelona también han comparecido varios peritos, la ginecóloga que atendió a la víctima en urgencias y agentes de los Mossos d’Esquadra que investigaron el caso.

Han detallado que las grabaciones de las cámaras de seguridad del bar donde estuvo la joven muestran, como ella declaró, que dos hombres la increparon reiteradamente cada vez que pasaba cerca de su mesa.

Con las imágenes, ella reconoció a uno de los acusados, y en las imágenes también se ve a otro esperar sentado ante el bar y seguirla cuando se marcha.

DEFENSAS

A lo largo del juicio, las defensas de los acusados han intentado sembrar dudas sobre las ruedas de reconocimiento y la identificación de los sospechosos, aludiendo a aspectos como la visibilidad o la luz que había al verlos.

Uno de los abogados defensores también ha cuestionado la actuación de los Mossos d’Esquadra al detener a su defendido, preguntando si en la comitiva había algún abogado, si le leyeron sus derechos antes de interrogarlo y por qué motivos decidieron el arresto.