La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado, tras alcanzar un acuerdo de conformidad, a cinco años de prisión a un hombre por intentar atropellar al alcalde de Agolada, Luis Calvo, e impactar contra su vehículo con posterioridad.

La Fiscalía pedía inicialmente una pena de siete años y tres meses de cárcel pero las partes han llegado a un acuerdo en virtud del cual el acusado ha reconocido los hechos a cambio de una rebaja en la condena a un total de cinco años, y trece meses y un día de multa a razón de una cuota de tres euros diarios.

Concretamente, ha admitido la autoría de sendos delitos contra la seguridad vial, de desobediencia, de atentado y de daños, así como de un delito leve de lesiones. Siendo el delito más grave el de atentado cometido contra el alcalde con el agravante del uso del vehículo y por ello le condenan a cuatro años y un día de prisión. También se le ha impuesto la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante dos años.

Con respecto a la pena de prisión, el tribunal ha concedido la suspensión, aunque esta decisión se confirmará en el trámite de ejecución de sentencia porque está pendiente del informe del médico forense que certifique que el hombre está siendo sometido al tratamiento de rehabilitación de su alcoholemia y de los trastornos que padece. Por lo tanto no tendrá que entrar en la cárcel por estos hechos.

Según ha detallado el abogado de la defensa, Carlos Alberto Collazo, en concepto de responsabilidad civil el procesado deberá pagar 210 euros por los daños que se ocasionaron al agente ya que los daños al vehículo del alcalde los ha pagado la compañía de seguros.

PERDÓN DEL ALCALDE

El alcalde de Agolada, Luis Calvo, ha declarado que «por mi parte está perdonado», aunque ha añadido que «no se puede tener a esta clase de gente intentando atropellar a nadie. «A esta gente habrá que tratarla porque entendemos que no se encuentra con los cinco sentidos», ha apostillado.

Luis Calvo ha explicado, respecto el acusado, que «no había nada personal ni mucho menos» y que este hombre «generaba problemas en todos lados desde que llegaba. La cogió conmigo por ser alcalde». «Repito, le voy a perdonar, espero bien que lo curen, porque el hombre psicológicamente no debe estar bien, pero bueno, que no se vuelva a repetir», ha dicho.

HECHOS PROBADOS

Según el relato del escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos, que en virtud de la conformidad se declaran como probados, tuvieron lugar sobre las 22,50 horas del 3 de septiembre de 2019, cuando este hombre se encontraba junto a su vehículo tras haberlo estacionado en las inmediaciones de un bar a la altura del kilómetro 68 de la PO-840.

En ese momento, el ahora condenado, que circulaba por una zona cercana, advirtió la presencia de Luis Calvo y «frenó bruscamente». Entonces, «con pleno conocimiento de que se trataba del alcalde de dicha localidad y con la finalidad de menoscabar el principio de autoridad», dio marcha atrás para dirigirse hacia el lugar donde se encontraba y aceleró «con el fin claro de atropellarlo», aunque el regidor «pudo escapar a tiempo».

Sobre las 23,45 horas, el acusado se dirigió a la zona y «embistió de nuevo contra el vehículo del alcalde», colisionando «intencionadamente» y «llegando a desplazarlo unos centímetros». Así, el procesado ocasionó desperfectos en el coche por valor de casi 2.460 euros.

En torno a las 1,20 horas de la misma noche, los agentes de la Guardia Civil se desplazaron al lugar para realizar una inspección ocular y el procesado los increpó y agredió a uno de ellos cuando se dirigía al vehículo. Finalmente, fue inmovilizado, pero se negó a someterse a la prueba de alcoholemia, si bien se observó que presentaba síntomas que evidenciaban su embriaguez.

El Gobierno ha vetado la tramitación en el Congreso de la proposición de ley del PP que plantea la creación de una autoridad independiente para dirigir la gestión y el reparto de los fondos europeos para combatir la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, por suponer un aumento presupuestario de 9,7 millones de euros.

Así consta en el escrito remitido a la Cámara Baja por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que equipara el coste que podría tener esta nueva autoridad al que supone la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El Ejecutivo señala que la propuesta del PP adscribe este órgano a efectos puramente organizativos y presupuestarios al Ministerio de Asuntos Económicos, lo que repercutiría en la sección correspondiente (Sección 27), habilitándose un nuevo programa.

Asimismo, apostilla el Gobierno, aunque se prevé que el personal sea con carácter general, funcionario de carrera o de las Administraciones, «dando a entender que el nuevo órgano no tiene por qué generar costes de personal», también se contempla que «podrá reservarse un 20% de plazas a personal laboral procedente de organismos nacionales o internacionales o personal eventual que permita atraer gestores competentes del sector privado».

Finalmente, el Ejecutivo apunta a que, en relación con la financiación de este nuevo órgano, «no se especifica la vía de obtención de ingresos que podrán financiar o, al menos coadyudar a financiar, su actividad».

PP: «NO ES CIERTO QUE SUPONGA UN AUMENTO DE GASTO»

En una rueda de prensa antes de la Junta de Portavoces de este martes, la portavoz de los ‘populares’ en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, ha criticado que este veto del Gobierno, al considerar que con él «difícilmente puede decir que el Plan de Recuperación cuenta con el acuerdo y el consenso de los grupos».

Según recoge la propia Constitución en su artículo 134.6, el Gobierno tiene potestad para poder vetar la tramitación de toda iniciativa legislativa que suponga un aumento de los gastos o una minoración de ingresos previstos en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, Gamarra ve en este argumento una «gran excusa» ya que, ha asegurado, «no es cierto que suponga un aumento de gasto».

Y es que, ha argumentado, cree que el coste que se deriva puede financiarse con cargo a los propios fondos europeos que se contemplan en las cuentas para este año, ya que con el retraso en su llegada ve «difícil que se puedan llegar a agotar los créditos previstos», pero también ha señalado que su participación por parte de funcionarios o «gestores con competencia del sector privado» también estaría recogido en las cuentas.

«Denunciamos nuevamente el veto, la falta de diálogo y la nula voluntad de acuerdo cuando se trata de buscar cómo gestionar de la manera posible 140.000 millones de euros de los que depende el futuro del país», ha concluido Gamarra.

Unidas Podemos ha asegurado que no va a retirar la proposición de ley para habilitar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por mayoría absoluta, en caso de no ser posible por dos tercios de las Cortes Generales, al entender que ahora no existe alternativa mejor para superar el «bloque» de la institución por parte del PP.

Así lo ha manifestado el presidente del grupo parlamentario confederal, Jaume Asens, en rueda de prensa en el Congreso en respuesta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien ha expresado la intención del Ejecutivo de pedir la retirada de esta iniciativa.

La proposición de ley está paralizada desde el pasado mes de octubre para modificar la forma de elección del órgano de gobierno de los jueces, fuertemente contestada por las asociaciones de jueces y puesta bajo la lupa de la UE y el Consejo de Europa.

Al respecto, Asens ha recalcado que siempre están abiertos a estudiar cualquier alternativa que favorezca la renovación del CGPJ, pero entiende que hasta la fecha no hay ninguna. «Quien tenga otra mejor que nos diga cuál es», ha lanzado.

También ha reivindicado que Europa ha avalado la reforma que se aprobó en el Congreso para limitar las funciones del CGPJ con mandato caducado y en diversas ocasiones ha «llamado la atención» al PP por su falta de acuerdo a la hora de relevar a los vocales que ahora están en funciones, situación que se lleva prolongando desde hace dos años.

HAY QUE LLEGAR A UNA SOLUCIÓN

Si no se llega a ese acuerdo tenemos que plantear una alternativa para salir de la situación. Si no es esta propuesta, que se nos plantee esa alternativa pero no conocemos ninguna mejor y, si la hay, estamos abiertos a estudiarla», ha proseguido.

El parlamentario de la formación morada ha insistido en que se tiene que salir de esta situación de «ilegitimidad gravísima» en el CGPJ y que, de persistir esa voluntad de «bloqueo» del PP, se debe explorar una «vía de solución».

Y es que la proposición de ley, que registraron junto al PSOE, «no modifica» la vía de renovación por mayoría cualificada, que se mantiene en primer término, pero sí establece un mecanismo de «desbloqueo». «Hasta que no tengamos esa alternativa no estamos de acuerdo a retirarla», ha zanjado.

ES FUNDAMENTAL QUE EL PP DEJE DE BLOQUEAR EL CGPJ

También ha comparecido el representante de Galicia en Común en el grupo parlamentario, Antón Gómez-Reino, y ha defendido, en relación a la situación del CGPJ, que llevan «mucho tiempo trabajando» para su renovación.

«Vemos que la UE opina lo mismo, quién podía pensar que un poder del Estado puede continuar ilimitadamente su mandato a pesar de que esté caducado. La UE también piensa que es fundamental que el PP deje de bloquear la renovación de un órgano tan importante», ha sentenciado.

El 21% de los estudiantes universitarios con discapacidad afirma tener mayores dificultades para seguir las clases en tiempos de coronavirus, según los resultados del V Estudio ‘Universidad y Discapacidad’, que aborda el grado de inclusión actual de las personas con discapacidad en el sistema universitario español.

El estudio ha sido realizado por la Fundación Universia, con el apoyo de Banco Santander y la colaboración de Fundación ONCE, Crue Universidades Españolas, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y el Real Patronato sobre Discapacidad. El objetivo de este informe –elaborado por quinto año con carácter bienal– es medir el grado de inclusión de las personas con discapacidad en el sistema universitario español relativo al curso 2019-2020 y mostrar la evolución desde el arranque de este proyecto, en 2011.

Así, la llegada de la pandemia provocada por la covid-19 ha impactado en las universidades, provocando cambios que afectan a la comunidad universitaria y, especialmente, a las personas con discapacidad: el 21% de estos alumnos afirma tener mayores dificultades para seguir las clases en tiempos de coronavirus.

Además, casi una cuarta parte de los encuestados se queja de la falta de recursos tecnológicos y dispositivos digitales para poder estudiar desde su hogar (24%). También manifiestan dificultades para realizar exámenes y seguir las clases (17%) y problemas a nivel psicológico (aislamiento, soledad, ansiedad), entre otros.

Por otro lado, 9 de cada 10 estudiantes con certificado de discapacidad declara que puede estudiar perfectamente desde casa al contar con los dispositivos y los recursos informáticos para ello.

Respecto a los contenidos, casi un 80% estudiantes con discapacidad afirma que ha recibido correctamente la información necesaria para la realización de sus actividades académicas aunque un 17% afirma haber tenido muchas o bastantes dificultades para el seguimiento de las clases.

«Saber que un 80% de estudiantes con discapacidad afirma que ha recibido correctamente la información necesaria nos llena de satisfacción pero también nos hace pensar inmediatamente en quienes han tenido muchas o bastantes dificultades para el seguimiento de las clases», ha afirmado el presidente de Crue-Asuntos Estudiantiles y rector de la universidad de Murcia, José Luján.

A nivel institucional, más de la mitad de las personas encuestadas considera que la universidad española ha sido capaz de adaptarse muy o bastante bien a la nueva situación provocada por la pandemia. «Esta experiencia nos hace ver el futuro en clave de oportunidad, con la visión de no confrontar la enseñanza presencial (en clave social) frente a la enseñanza en remoto (en clave de innovación), sino con la idea de extraer lo mejor de cada una de ellas, para así plantear un tercer escenario inclusivo y accesible», ha indicado la directora de la Fundación Universia, Sonia Viñas.

¿CÓMO SON Y CÓMO SE SIENTEN LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD?

En relación con la percepción sobre el grado de inclusión de los estudiantes con discapacidad dentro de las universidades, el 20,7% de los 1.860 estudiantes consultados afirma haberse sentido discriminado en alguna ocasión a lo largo de sus estudios universitarios.

La responsable de Proyectos Globales y Comunidades de Fundación Universia, Paloma de Andrés, ha señalado que las principales razones están relacionadas «con algún tipo de problema con el profesorado, como faltas de respeto, falta de atención a sus necesidades, mala actitud, etc. (38,2%), o con problemas de accesibilidad, como barreras arquitectónicas, exámenes no adaptados, falta de adaptación curricular, etc. (37,9%)».

En cuanto a las relaciones con los compañeros, uno de cada tres estudiantes con discapacidad afirman sentirse aislados respecto a los demás compañeros. En este sentido, el 16% de los estudiantes con discapacidad considera que sus compañeros se comportan de manera diferente con ellos que con el resto. Además, el 35% estima que tiene más dificultades que sus compañeros sin discapacidad para relacionarse.

No obstante, destaca la colaboración entre los compañeros para el seguimiento de las clases por parte de aquellos estudiantes con discapacidad que lo necesitan, algo con lo que afirma contar una cuarta parte del estudiantado con discapacidad.

La participación en actividades académicas es más elevada: más de un 40% declara que participa siempre que puede aunque hay más de un 15% que tiene la sensación de que se le aísla al intervenir en este tipo de actividades. La participación es inferior cuando se trata de actividades fuera del ámbito académico (ocio y tiempo libre, actividades deportivas, etc.): la mitad del estudiantado con discapacidad no participa nunca o casi nunca en este tipo de actividades y solo el 20% lo hace de forma habitual.

Por otro lado, se mantiene la tendencia de ediciones anteriores del estudio, donde la proporción de estudiantes con discapacidad presentes en la universidad es menor a medida que avanza el nivel formativo. Así, de los 19.910 universitarios de grado, primer y segundo ciclo con discapacidad representados en el estudio, la proporción de estudiantes que permanecen en la universidad va disminuyendo, contando con un 1,5% de estudiantes de Grado, primer y segundo ciclo; 1% de posgrado y Máster y 0,8% de doctorado.

Por tipo de discapacidad se mantiene la tendencia: la discapacidad predominante entre los estudiantes de Grado, primer y segundo ciclo con discapacidad es la discapacidad física (30,4%), seguida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (11,8%), las personas condiscapacidad sensorial (10%) y, por último, las personas con discapacidad psicosocial o relacionada con salud mental (3,9%).

Por rama de conocimiento, las universidades públicas cuentan con más estudiantes con discapacidad en Ciencias Sociales y Jurídicas, mientras que las universidades privadas tienen un porcentaje mayor de estudiantes en las carreras STEM.

Desde una perspectiva de género, el número de mujeres que se ha matriculado en el curso 2019-2020 en las universidades españolas es superior al de hombres (un 55% de mujeres frente a un 45% de varones). Si se tiene en cuenta la variable de la discapacidad, el número de mujeres con discapacidad respecto al total de estudiantes matriculados en las universidades es del 1,2%, frente al 1,6% de hombres.

COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y DISCAPACIDAD

El estudio ha contado con la participación de 1.860 universitarios con discapacidad que están cursando estudios universitarios en la actualidad o que lo han hecho recientemente. Por otra parte, las 61 universidades (públicas y privadas) que han colaborado, representan el 76% de universidades y engloban al 87% de los universitarios con discapacidad del sistema universitario español.

Casi el total de las universidades (95,1%) participantes en el estudio cuenta con un servicio de atención al colectivo y 6 de cada 10 de los estudiantes encuestados se han puesto en contacto en alguna ocasión con el Servicio de Atención a las Personas con Discapacidad de su universidad, sobre todo, para solicitar adaptaciones curriculares, recopilar información sobre sus derechos y solicitar becas o ayudas para el estudio. Además, ha aumentado el número de universidades que tienen en cuenta la variable de la discapacidad en todos los planes de estudio, llegando al 32%.

El 16% de los estudiantes con discapacidad encuestados dice haber encontrado barreras de accesibilidad en la facultad o en la escuela universitaria en la que cursan sus estudios. Respecto al profesorado, un 43% considera que sus profesores sí conocen y están al día de sus necesidades aunque alrededor de un 15% considera que el profesorado no adapta correctamente los materiales en las clases.

La Caja de las Letras del Instituto Cervantes ha recibido este martes el legado de seis escritores y tres editores en homenaje al libro, en un acto con el que la institución abre la Semana Cervantina 2021.

«Es muy importante destacar que el libro es la mejor metáfora de la libertad en la sociedad moderna», ha manifestado el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

Con este homenaje, la institución inaugura las celebraciones del Día Internacional del Libro, que se celebra este viernes 23 de abril, que incluirán un amplio programa de actividades culturales bajo el lema ‘Mi testigo, lector, pongo en tus manos’, verso del poeta Francisco Brines, último Premio Cervantes.

Los invitados que han depositado sus legados han sido los escritores Antonio Muñoz Molina, Manuel Rivas, Bernardo Atxaga, Carme Riera, Luis Alberto de Cuenca y Cristina Fernández Cubas, así como la directora de la División Literaria de Penguin Random House, Pilar Reyes; la directora de Alianza Editorial, Valeria Ciompi; y el director de Pre-Textos, Manuel Borrás.

Durante esta cesión colectiva, con la que se ha elevado a 79 el número de legados que atesora la Caja de las Letras, García Montero, ha destacado la importancia del libro «desde el proceso de la creación hasta el proceso de la edición, ese viaje que va de los autores a los lectores».

En su opinión, la lectura «es el mejor símbolo del contrato social, que definió la libertad como una apuesta en orden para que los individuos libres pudieran convivir». «La lectura es la mejor metáfora. Una conciencia individual que establece diálogo con otra conciencia individual en un espacio común que es el espacio de los libros», ha precisado.

Por ello, García Montero ha defendido que celebrar el Día del Libro es «apostar por una cultura basada en el respeto a las conciencias individuales y que entiende la libertad como un acto de convivencia y no como la ley del más fuerte.

Asimismo, ha señalado que divulgar un idioma «no es enseñar un vocabulario, sino un conjunto de valores que representan una comunidad». «Nuestra literatura es una buena manera de representar una comunidad fundada en los valores democráticos que hacen de la diversidad una riqueza», ha dicho.

El director del Instituto Cervantes ha incidido en que hoy el protagonismo lo tienen las editoriales «que representan el trabajo del mundo del libro en la comunidad hispana», así como los autores que «representan la calidad, el rigor en la creación y el entendimiento en las distintas lenguas» de la cultura española. «El mundo de la polarización es el mundo que debe combatir la cultura», ha advertido.

«En nuestra Caja de las Letras entendemos que la riqueza verdadera de una sociedad es su cultura y el mayor compromiso con el futuro es saber recibir el legado de la gente que merece nuestra admiración», ha apostillado.

EL LIBRO, «BELLO EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODAS LAS LENGUAS»

Para la directora general del Libro, María José Gálvez, el libro «es bello en todas sus formas y en todas las lenguas en las que se expresa». «Los libros son la extensión de lo que uno piensa, siente, sueña, es capaz de imaginar, porque el libro recoge conocimiento, transmite enseñanza y muestra saber», ha comentado.

En este punto, Gálvez ha hecho hincapié en que el libro «con mayúsculas» se merece «un elogio y una honra». «Distintos autores han defendido al libro como la oportunidad de vivir más de lo que la vida ofrece», ha recordado.

El acto de entrega de legados ha estado dividido en dos partes para poder seguir el protocolo sanitario para evitar la transmisión de la Covid-19. «No es posible una reunión numerosa en la Caja de las Letras», ha indicado el director del Instituto Cervantes antes de que los primeros homenajeados depositaran su legado.

En el primer turno, han depositado su legado en la Caja de las Letras Luis Alberto de Cuenca, Manuel Borrás, Cristina Fernández Cubas, Carme Riera y Bernardo Atxaga.

«Es un día importante para nuestras vidas, es algo que para mí se parece a la felicidad y un sueño estar aquí. Lo que nos hace más grandes es esa literatura que nos ayuda a vivir y nos hace ser mejores», ha señalado de Cuenca.

Antes de entregar el legado de la editorial Pre-Textos, Manuel Borrás ha subrayado que «toda comunidad, toda sociedad, que desprecia y no lee a sus escritores es una sociedad enferma» y ha dado las gracias a García Montero por haberle elegido para participar en el acto.

«Mi legado es muy sencillo y también muy sentido, se trata de algo relacionado con la casa en la que nací y viví durante mucho tiempo, casa que es la verdadera autora de casi todo lo que llevo escrito hasta ahora», ha manifestado Cristina Fernández Cubas.

La escritora Carme Riera ha comentado que, entre otras cosas, ha traído a Madrid «unas gotas del mar catalán» y un libro de Montserrat Roig, a la que prometió recordar.

Entre los objetos que ha depositado el escritor Bernardo Atxaga en la Caja de las Letras, destacan ‘Pott’, un fanzine publicado en Bilbao en 1978; el libro de poemas ‘Etiopía’; un disco; o dos ejemplares, uno de ellos en euskera, de ‘Obabakoak’.

LOS EDITORES, «ESCUDEROS DE UN LEGADO»

Durante la segunda parte de entrega de legados, la directora de Alianza Editorial, Valeria Ciompi, ha resaltado que la labor del editor es «construir a través de los libros que publica y difunde un discurso sobre el presente, que enlaza con el pasado y se proyecta en el futuro». «Como editores somos escuderos de un legado, tenemos la responsabilidad de transmitir la palabra de los creadores y ayudar a la supervivencia de la creación», ha asegurado.

En la misma línea, la directora de Alfaguara, Pilar Reyes, ha destacado que los editores «pretenden unir dos soledades, la del escritor y la del lector» y ha destacado que, en la literatura, el deber del editor es «escuchar la música del tiempo para revitalizar las palabras más antiguas y crear la necesidad de las más nuevas».

«Hacemos un legado en nombre de Alfaguara con aquello que nos simboliza y nos representa, nuestro catálogo y nuestros autores», ha explicado la directora de la editorial.

Por su parte, el escritor Antonio Muñoz Molina, que ha hecho entrega de unos borradores de un ciclo de conferencias que dio en el Museo del Prado, ha incidido en que el escritor es una persona que «trabaja mucho, todos los días» y en que el libro es un objeto material «que implica el trabajo coordinado de mucha gente».

Por último, Manuel Rivas ha defendido que el trabajo de los escritores es «ser custodias del sentido de las palabras». «Al igual que la crisis del clima, las palabras, como parte de la naturaleza, también están en peligro, están amenazadas», ha advertido.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, que crea los tribunales de instancia y transforma los juzgados de paz, según ha anunciado el ministro del ramo, Juan Carlos Campo, destacando que esta norma «profundiza en la democracia interna del Poder Judicial».

La ley, que se enmarca en el proceso de modernización de la administración de justicia, contempla la creación de tres nuevas figuras: los tribunales de instancia, la oficina judicial y las oficinas de justicia en los municipios.

Los tribunales de instancia sustituirán la estructura unipersonal de los juzgados por un sistema colegiado. Habrá un total de 431, tantos como partidos judiciales, respetando de esta forma la actual distribución territorial de la justicia en España.

Campo ha subrayado que «no es solo un cambio de nombre» sino «una nueva organización que va a profundizar en la democracia interna del Poder Judicial» porque «va a ensanchar las oportunidades de participación» de los jueces en su autogobierno.

Así, ha explicado que cada tribunal de instancia tendrá un presidente que será «elegido entre sus pares» y, «en aquellos sitios donde haya diversidad», habrá secciones especializadas –familia, social o penal, ha mencionado– que también tendrán un presidente designado entre sus compañeros.

Campo ha resaltado asimismo que la ley aumentará la seguridad jurídica al exigir criterios interpretativos comunes entre los miembros del tribunal de instancia a la hora de valorar asuntos sustancialmente iguales.

El ministro de Justicia ha aclarado que esto no afectará a la independencia de los jueces y magistrados a la hora de resolver sobre los casos de los que conocen, pero «tendrán que explicar motivadamente por qué se apartan del criterio adoptado por sus compañeros».

Además, se instaurarán gabinetes técnicos que actuarán bajo la dirección del presidente del tribunal de instancia y que podrán estar integrados por miembros de la carrera judicial y Letrados de la Administración de Justicia (LAJs), según ha informado el Ministerio de Justicia en un comunicado.

MUCHO MÁS QUE LOS JUZGADOS DE PAZ

Otra de las novedades de este borrador son las oficinas de justicia en los municipios, una especie de evolución de los juzgados de paz –con «muy poca trascendencia» en los últimos años, conforme ha recalcado Campo–, para llevar los servicios de la administración de justicia a todo el territorio, incluidas las zonas rurales.

«No nos podemos permitir que haya zonas despobladas», ha declarado Campo, enmarcando esta iniciativa en la «estrategia país». En este sentido, ha avanzado que, si bien su objetivo es que los ciudadanos puedan realizar allí todas sus gestiones judiciales, podrán ampliar su función, por ejemplo, a declaraciones tributarias.

El tercer eje de la ley es la oficina judicial, que se flexibilizará para dejar atrás un modelo rígido y dependiente de la adecuación de espacios, haciendo posible igualmente su implantación en todo el territorio, ha apuntado Justicia.

MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA

Campo ha recordado que la ley de eficiencia organizativa es una de las tres leyes con las que el Ministerio pretende crear el marco normativo necesario para impulsar la modernización de la administración de Justicia a través del programa 2030, apoyado ahora por los fondos de la UE para la recuperación tras la pandemia.

El pasado mes de diciembre ya se aprobó el anteproyecto de la ley de eficiencia procesal, que impulsa la mediación y otros medios alternativos de resolución de las controversias, y el tercer borrador es el de la ley de eficiencia digital, que Campo ha confiado en que pueda quedar aprobado en Consejo de Ministros hacia verano.

El ministro ha aludido a este trío normativo como la «placa base de la modernización de la Justicia», de la que ha dicho que tiene en cuenta factores coyunturales como la crisis sanitaria y estructurales como el cambio climático y la renovación tecnológica.

El Ministerio de Universidades ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el nuevo programa de ayudas para fomentar la recualificación y la movilidad internacional de jóvenes doctores y de personal docente e investigador. En total, se otorgarán un total de 3.900 ayudas por un valor de 387,15 millones de euros para el periodo 2021-2023.

Este programa de ayudas, que fue presentado por el ministro Manuel Castells el 28 de enero, se concederán para la realización de estancias de formación en universidades y centros de investigación extranjeros de prestigio así como en universidades españolas y en otros agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. También se concederán ayudas a las universidades para la atracción de talento internacional.

Las ayudas concedidas, que estarán financiadas con fondos europeos, podrán tener una duración de entre uno y tres años, dependiendo de la modalidad, y las estancias deberán realizarse antes de diciembre de 2024.

Se trata del «programa de recualificación universitaria más ambicioso de la historia reciente del país», según ha declarado el ministro de Universidades, que espera que este nuevo programa de ayudas suponga una «inyección de calidad, formación y cierto entusiasmo» para «las nuevas generaciones universitarias de docentes en España».

AYUDAS MARGARITA SALAS PARA JÓVENES DOCTORES

Hay tres modalidades de ayuda. La primera de ellas es las Ayudas Margarita Salas, destinadas a jóvenes doctores que hayan obtenido el título de doctor como máximo en los dos últimos años desde el cierre del plazo de presentación de solicitudes.

La duración de las estancias para estas ayudas será de dos o tres años. Para poder optar a una de estas becas, los interesados deberán incorporarse a una universidad o centro de investigación distinto a aquel en el que realizó su formación predoctoral y obtuvo el doctorado, y en el caso de que la estancia se realice en centros extranjeros, el último año de la ayuda deberá realizarla en una universidad española.

El importe mensual será de 3.500 euros brutos para los que soliciten realizar la estancia en el extranjero y de 2.800 euros brutos para los que la realicen en España. En total se otorgarán 1.800 ayudas de esta modalidad.

AYUDAS PARA LA RECUALIFICACIÓN DEL PDI

La segunda modalidad son las Ayudas para la recualificación de Personal Docente e Investigador (PDI), que estarán destinadas al profesorado universitario con las categorías de Profesor Titular de Universidad, Profesor Contratado Doctor y Profesor Ayudante Doctor, o las figuras de profesorado laborales equivalentes de carácter autonómico.

En el caso del Profesorado Titular de Universidad y Contratado Doctor, las ayudas se destinarán a aquel profesorado con un máximo de diez años de servicio en dichas figuras.

La duración de estas ayudas será de uno, dos o tres años para el profesorado permanente y de uno o dos años para los Ayudantes Doctores. Será requisito solicitar la incorporación en una universidad o centro de investigación distinto a aquel en el que tiene actualmente la relación laboral. Las ayudas para esta modalidad serán equivalentes a su sueldo actual más una prima adicional de movilidad del 20% de dicho sueldo bruto.

AYUDAS MARÍA ZAMBRANO PARA LA ATRACCIÓN DE TALENTO

Estas ayudas están dirigidas a personal investigador, español o extranjero, con una trayectoria posdoctoral acumulada no inferior a 24 meses en universidades o centros de I+D españoles y/o extranjeros diferentes al de la defensa de la tesis doctoral.

Las ayudas tendrán un periodo de duración de uno a tres años y se llevarán a cabo en universidades españolas. Para obtener una ayuda de esta modalidad, será necesario justificar el impacto de su incorporación en la recualificación del equipo universitario de acogida. El importe mensual de estas ayudas para la atracción de talento será de 4.000 euros brutos.

Un 35,6% de los estudiantes universitarios españoles ha sufrido acoso alguna vez a lo largo de su vida y un 5% ha decidido denunciarlo, según un estudio elaborado por la profesora de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) Victoria Fernández-Cruz.

El estudio, publicado en la ‘Revista Española de Medicina Legal’, señala también que un 79,5% del número total de víctimas encuestadas son mujeres y un 63,9% conocía al acosador, informa la universidad este martes en un comunicado.

El informe se ha llevado a cabo a partir de una muestra de 1.773 universitarios de toda España, un 71,9% mujeres, con una media de edad de 21,3 años.

En la encuesta se preguntaba a los participantes si habían recibido llamadas, mensajes, cartas o correos indeseados, si habían sido espiados, si alguien les había esperado en lugares donde a esa persona no se la esperaba, si habían recibido regalos indeseados o si habían sido víctima de rumores en Internet, espacios públicos o ‘boca-oreja’.

Fernández-Cruz ha explicado que impulsó este estudio con el objetivo de analizar los principales factores que influyen en la necesidad de denuncia del delito de acoso, así como los que llevan a la víctima a no denunciar los hechos ante la policía.

El estudio concluye que el hecho de ser mujer, recibir amenazas directas o con el objetivo de hacer daño a terceras personas cercanas al entorno de la víctima son los principales motivos por los que las víctimas denuncian el acoso.

También señala que más de la mitad de los afectados no denuncian los hechos porque cree que «la situación no es suficientemente importante como para ponerlo en conocimiento de la policía o que se puede resolver por otros medios», ha señalado la autora.

En el caso de las personas que denunciaron los hechos, el estudio apunta que un 45,7% de las víctimas pidió ayuda a un familiar o amigo para interponer la denuncia, mientras que otro 40% decidió acudir sola a la policía.

EL 8,6% DE CASOS ACABA EN TRIBUNALES

Una vez presentada la denuncia, en un 8,6% de los casos el delito acabó en los juzgados o en la fiscalía, pero 6 de cada 10 víctimas aseguran que la situación mejoró tras contactar con la policía.

«Aunque la tasa de denuncia policial del delito de acoso en España es baja, la gravedad de las conductas incrementa la posibilidad de denuncia», ha asegurado Fernández-Cruz.

La profesora de la UIC Barcelona ha recalcado que los resultados del trabajo se limitan al ámbito universitario, por lo q ue «no pueden generalizarse para toda la población», y ha destacado el sesgo de género de la muestra, ya que el 71% de los estudiantes encuestados eran mujeres.

El eurodiputado de Cs Luis Garicano ha pedido «transparencia y claridad» al Gobierno de España en la gestión y reparto de los fondos europeos ‘Next Generation’ pues, a su juicio, «la única forma de conseguir este dinero es tener algún amigo en Moncloa, rendir pleitesía, hacer el besamano en Moncloa; y no hay otra forma ahora mismo de conseguir este dinero».

Así lo ha manifestado este martes en Málaga tras una reunión junto a la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, con responsables de la Cámara de Comercio de Málaga en torno a la llegada de esta ayuda europea, la que considera que «se está usando de manera muy poco transparente». «El Gobierno no está dando ninguna seguridad ni claridad a pymes y empresarios de qué hay que hacer para conseguir este dinero, cómo se va adjudicar; y estamos ya en periodo de descuento», alerta.

En este sentido, ha explicado que, «con un poco de suerte» y si el Tribunal Constitucional Alemán aprueba la autorización para que Europa «se endeude» solicitando estos fondos, podrán empezar a llegar en dos o tres meses, «y la mayoría de los empresarios no saben cómo pedirlo», ha criticado. Por ello, Garicano ha pedido que la «transparencia y claridad se imponga» y el Gobierno comunique cómo va a funcionar el mecanismo para la llegada de estas ayudas.

El Tribunal Constitucional Alemán paralizó su voto a favor de los fondos europeos, y si todos los países que componen la UE no votan sobre el mismo, no se puede poner en marcha este paquete de ayudas. Ahora mismo, y aunque otros países como Hungría también pueden paralizar estas ayudas, Garicano ha asegurado que Alemania «es el que más nos asusta», pues de pedir la opinión del Tribunal Europeo en torno a su voto, «todo el paquete se nos puede ir hasta el 2022 y eso sería muy malo para España», ha alertado.

IMPULSO A LA INDUSTRIA MALAGUEÑA

En relación con la llegada de los fondos ‘Next Generation’ a Málaga, el eurodiputado de Cs Luis Garicano ha señalado que la provincia cuenta con una economía muy diversificada, que si bien cuenta con una importante base en el turismo, el sector tecnológico e industrial tiene en Málaga «un empuje enorme», ha destacado, poniendo en valor la llegada de un centro de Ciberseguridad de Google a la capital. «En ese sentido, Málaga es una muestra de lo que se puede hacer cuando realmente se trabaja para el futuro», ha apuntado.

En esta línea se ha manifestado también la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, quien ha reclamado igualmente «transparencia en las reglas de acceso a los fondos», incidiendo en la necesidad de «aprender de los errores del pasado». «Sonroja ver cómo los grandes partidos que han venido gobernando las instituciones fueron incapaces de gastar el 66 por ciento de los fondos europeos destinados a nuestro país en 2014 y 2020», ha reprochado.

Así, ha considerado estos fondos «una ventana de oportunidad» para la que el equipo de gobierno municipal ha presentado 67 proyectos con una inversión de más de 1.900 millones de euros, y entre los que se incluyen carriles bici, proyectos de eficiencia energética, la ampliación de Fycma o la creación del Corredor Ferroviario de la Costa del Sol.

La edil de Cs ha recordado proyectos como el aeropuerto o el AVE de la capital, que han sido ejecutados con estas partidas, y ha destacado la importancia de la «economía azul» en la provincia de Málaga, donde se facturan «más de 50 millones de euros al año»; la importancia del sector audiovisual, con más de 23 millones de euros directos de rodajes en 2019; o la aspiración de crecimiento del PTA hasta superar los 50.000 trabajadores. Todo ello, para Losada, «es un marco idóneo para que dejemos de depender exclusivamente del turismo y que diversifiquemos nuestra economía e industria».

EMPRESARIOS APUESTAN POR EL TURISMO

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, Sergio Cubero, ha reclamado que las empresas «realmente puedan acudir» a los fondos ‘Next Generation’, señalando que o vienen desde las cámaras o entidades como la CEM, o «difícilmente van a poder llegar a nuestro tejido empresarial».

Así, ha señalado que los empresarios y pymes «necesitamos que parte de esos 70.000 millones llegue a nuestro tejido empresarial para que esta situación de espera pase rápido y en 2023 olvidemos esta pesadilla y volvamos a nuestra normalidad en número de turistas porque queremos seguir viviendo del turismo».

Para la Cámara de Comercio de Málaga, el turismo «tiene que ser un pilar importante» de la economía, por lo que, aunque abrazan el crecimiento de otros sectores, insisten en que «no nos podemos olvidar del turismo, porque es una potencia en España y Europa».

«El turismo seguimos esperando la vacuna», ha señalado Cubero, quien ha recalcado la necesidad de que el ritmo de vacunación alcance el 70 por ciento a principios de verano, y no a finales de agosto, porque en esa fecha, «decidme qué hotel puede abrir sin saber si va a poder o no tener personas que vengan».

De la situación en la provincia, ha lamentado que se haya vivido una Semana Santa «muy interiormente en nuestra ciudad», por el cierre perimetral de la provincia, y más en la Costa del Sol, «que ha estado muy penalizada porque no se podían mover». Por ello, «necesitamos esa vacuna, no hay otra solución para poder tirar del turismo a nivel empresarial», ha zanjado Cubero.

El hombre que ha confesado matar la niña Laia de 13 años en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ha declarado que lo hizo estando drogado y creyendo defenderse de un ladrón que había entrado en su casa: «Si hubiera sabido que era una niña hubiera parado», ha contestado al preguntársele si notó la diferencia de corpulencia con el supuesto ladrón.

El acusado, de 46 años, que se enfrenta a una petición de condena a prisión permanente revisable, ha aceptado contestar al interrogatorio de la fiscal y al de su defensa pero no al de la acusación particular, y ha explicado que la tarde del crimen llegó a casa drogado, siguió consumiendo cocaína y se dio cuenta de que la puerta del piso estaba abierta.

«No puedo controlar mi mente y lo que se me ocurre es ir a la cocina y coger dos cuchillos. No sé cómo explicarlo. Estoy traumatizado por todo lo que me está ocurriendo, oigo ruidos en mi habitación y voy hacia allá con un cuchillo en cada mano. Abro la puerta y me encuentro una sombra. Y ustedes me dicen luego que es una niña», ha explicado sobre el momento en que mató a la menor al entrar al dormitorio, que estaba a oscuras.

Una vez en la habitación, ha explicado que la cogió del cuello creyendo defenderse de un ladrón, y que no recuperó la conciencia hasta mucho más tarde –después de quedarse «totalmente paralizado»– y recogió, limpió el piso y se duchó, según él para que su padre lo viera en buen estado cuando llegara.

«Por desgracia es lo único que tengo en mente: que tu padre no se entere de que estás drogado», y ha explicado que metió el cadáver y otros objetos en el armario de la habitación, y que se asustó al volver abrirlo porque es aprensivo con la sangre.

Ha asegurado que intentó confesar esa misma tarde pero «estaba desorientado» y no pudo llegar a la comisaría de la Policía Local, y ha afirmado que cuando los familiares que buscaban a la menor llamaron a su timbre abrió la puerta porque se creía inocente.

NIEGA LA VIOLACIÓN

También está acusado de violar a la menor antes de matarla, lo que ha negado ante el tribunal popular: «Nunca toqué a la niña en los genitales y creo que ha quedado claro que no hubo absolutamente nada».

Se ha referido a los informes de los forenses, que contaron que la niña tenía moratones en los genitales pero no detectaron restos de semen en la ropa de la niña y que, como estaba muy ensangrentada, no se podían detectar otros posibles restos, por lo que no podían aclarar si fue agredida sexualmente.

El jurado le ha preguntado por qué, entonces, la niña no llevaba pantalones cuando encontraron su cadáver: «Creo que durante el forcejeo quizás se desabrochó o rompió algo del pantalón, creo fue la manipulación al ponerla en el armario».

DROGOADICCIÓN

La fiscal ha comenzado el interrogatorio preguntándole por la relación que mantenía con sus padres antes del crimen, dado que la defensa alega que estaba «desestabilizado por completo» por la inminente muerte de su madre, la mala relación con su padre y su hija, y el consumo de alcohol y drogas.

Ha contestado varias preguntas sobre sus relaciones personales con la voz quebradiza, y la fiscal también le ha interrogado por su consumo de cocaína el tiempo antes del crimen: «Viví en la calle. A cada lugar que llegaba siempre encontraba drogas y acababa fatal».

Ha afirmado que había tenido alucinaciones antes del crimen y que siempre intentó ocultar su adicción a las drogas, justificando así por qué no lo explicó a los médicos forenses durante la fase de instrucción.

La Sección Tercera Audiencia Provincial de A Coruña revoca el depósito mobiliario a favor del Estado del Pazo de Meirás, es decir, determina que la demanda de la parcela catastral hecha por la Administración General no incluye «mesas, vajillas, alfombras o cuadros». Contra esta resolución no cabe recurso.

En una resolución judicial, ha estimado el recurso presentado por la familia Franco, que ahora deberá ser «indemnizada» por los daños y perjuicios que les haya podido ocasionar esta situación. De esta forma, la Audiencia Provincial deja sin efecto el auto del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña en el que se ordenaba depositar a favor del Estado todos los muebles y elementos accesorios del pazo de Meirás.

Los magistrados dejan abierta la posibilidad de que el Estado pueda reclamar en otro pleito la titularidad de los muebles que considere Patrimonio Nacional asignados al jefe de Estado.

Además, en el auto, el tribunal recuerda que solo las dos estatuas del Mestre Mateo están catalogadas como Bien de Interés Cultural, al tiempo que señala que la Ley de Patrimonio de Galicia «no establece ninguna pérdida de propiedad civil» por parte de los titulares de esos bienes por el hecho de estar catalogados.

Los jueces destacan que en la demanda no se reivindica «un bien de interés cultural como conjunto formado tanto por bienes muebles e inmuebles» e indican que «ni existe esa declaración administrativa, ni es lo reconocido en sentencia».

NO PROCEDE LA DISCUSIÓN

En este momento procesal, es decir, en el de la ejecución provisional de la sentencia que otorga la titularidad del pazo al Estado, no procede la discusión sobre a quién le pertenece el mobiliario, pues la Administración no lo reclamó en su demanda inicial, explican los magistrados.

No obstante, dejan abierta la posibilidad de que la Administración pueda demandar en otro pleito la titularidad de los muebles que considere propiedad de Patrimonio Nacional asignado al uso del jefe del Estado.

«Ese argumento no puede ser tenido en consideración en este trámite. Se está ejecutando una sentencia, por lo que solamente se puede entrar en lo que dice la parte dispositiva de la resolución judicial. Esos argumentos podrá utilizarlos, en su caso, como fundamento de una demanda reivindicando el mobiliario», apunta el tribunal.

Los magistrados explican que «únicamente se demandó, y así se estimó, un derecho de propiedad sobre una finca catastral», por lo que consideran «evidente» que el concepto de «inmueble por incorporación» nunca podría extenderse «a mesas, sillas, vajillas, alfombras o cuadros».

TIENEN DERECHO A RETIRAR LOS MUEBLES

Es más, los jueces recuerdan que, de acuerdo con el artículo 703.1.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, quien está obligado a entregar la posesión de un inmueble tiene derecho a retirar los muebles no comprendidos en la ejecutoria de la sentencia.

«Si la finalidad del Estado era evitar que pudieran desgajarse elementos arquitectónicos que deben considerarse parte del inmueble, nada obstaba a que hubiese solicitado que estuviese presente la comisión judicial cuando se procediese a la retirada del mobiliario», destaca el tribunal.

Apunta que la demanda hecha por la Administración General del Estado, a la que se sumó la Xunta y el Ayuntamiento de Sada, podría haber optado también por promover anticipadamente un incidente de ejecución «a fin de determinar qué elementos deben considerarse inseparables, como pudiera ser la discusión sobre un ‘cruceiro’, un hórreo o elementos pétreos del jardín, o un retablo u otros objetos, pero no establecer que no puede retirarse ningún mueble».

NO SE ANUNCIA OTRO PLEITO

Los jueces afirman que, pese al depósito de los muebles solicitado por el Estado dentro del trámite de ejecución provisional de la sentencia, «en ningún momento la Administración anuncia una futura demanda postulando la propiedad de ese mobiliario».

En este sentido, el auto aclara que para adoptar una medida cautelar tiene que estar vivo un litigio judicial (o manifestar que se presentará la demanda en plazo perentorio). Los magistrados recalcan que en el fallo de primera instancia «no se dice que los muebles sean propiedad del Estado, ni nunca se tocó esa cuestión en todo el litigio».

RECLAMACIÓN DE LOS FRANCO

Los descendientes de los Franco pidieron el pasado mes de diciembre, en un recurso de apelación, la decisión de que el Estado fuese depositario de los bienes del pazo y también reclamaron daños y perjuicios por este hecho, lo cual ha sido ahora aceptado.

La Justicia falló que la titularidad del inmueble también conocido como las Torres de Meirás, era del Estado, pero obligó a indemnizar a los Franco por hacerse cargo de su mantenimiento desde el año 1975.

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado hoy que Pedro Sánchez anunciará hoy, durante la reunión de la 27 Cumbre Iberoamericana, que España pondrá vacunas a disposición de los países de América Latina «tan pronto como sea posible». Aunque ha matizado que las «incidencias» en las entregas de vacunas que está habiendo con algunos laboratorios «será tenidos en cuenta a la hora de aplicar este compromiso».

Así lo ha afirmado hoy la Portavoz del Ejecutivo, después de la reunión del Consejo de Ministros, tras la cual, Pedro Sánchez se ha desplazado a Andorra donde hoy da comienzo la Cumbre Iberoamericana presidida por el Rey Felipe VI.

«Como muestra de ese compromiso y la solidaridad de España con la comunidad iberoamericana puedo informarles que el presidente del Gobierno Sánchez anunciará que España pondrá vacunas a disposición de América Latina tan pronto como sea posible para hacer frente a esta emergencia sanitaria», ha precisado Montero.

La ministra ha precisado que el objetivo prioritario de esta Cumbre es dar respuesta a la doble crisis sanitaria y socio económica que ha provocado la pandemia de coronavirus y estimular la recuperación de los países iberoamericanos.

En este sentido, ha enmarcado la decisión del Gobierno de donar vacunas a América Latina, tras asegurar que el Ejecutivo de Sánchez es «muy sensible» y conocedor de que América Latina ha sido uno de las zonas del mundo más castigadas por el virus.

Montero ha argumentado que el Ejecutivo considera que el acceso a las vacunas tiene que ser «equitativo y universal» y ha recordado que España apostó ya a principios de 2021 por un plan de vacunas solidarias.

No obstante, ha admitido que las incidencias derivadas del plan de vacunación, por las entregas de las diferentes empresas que tienen autorizada la vacuna, «serán tenidas en cuenta a la hora de aplicar este compromiso».

Aunque ha insistido en que la voluntad del Gobierno de España es coordinar esta acción con la Unión Europea para poder compartir estas vacunas y que «puedan llegar lo antes posible a los países que prioritariamente las necesitan».

SÁNCHEZ, EN LA CUMBRE DEL CLIMA

Por otro lado, la Portavoz del Ejecutivo ha anunciado que Pedro Sánchez ha sido invitado por el presidente de los EEUU, Joe Biden, a la Cumbre del Clima que se celebrará de manera telemática los días 22 y 23 de abril y en la que concurrirán 40 jefes de Estado y de Gobierno.

Según Montero, EEUU vuelve a poner este asunto en su agenda, después de que Trump la retirara o se «pusiera de perfil» ante un problema en el que EEUU tiene un «importante papel que jugar». Ha destacado, además, que España es uno de los países más comprometidos contra el cambio climático y ha apuntado que, de hecho, el 39 por ciento de los fondos del Plan de Reconstrucción y Resiliencia se destinarán al área de transición ecológica.

Partidos aliados del Gobierno de coalición han mostrado su rechazo a la Superliga europea planteada por varios equipos de fútbol porque, en su opinión, se trata de una competición de los «ricos» que ahonda en la vertiente mercantil de este deporte, que puede ser «letal» para los clubes más modestos y que, en palabras del líder de Más País, Íñigo Errejón, puede acabar de «matar el fútbol».

Así se han expresado algunas de las formaciones que sirven de poyo al Ejecutivo en el Congreso durante las ruedas de prensa que han ofrecido en la Cámara Baja antes de la reunión de la Junta de Portavoces de este martes.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha admitido que le falta información al respecto y que, para él, esto es «una pelea entre millonarios» que al final se pondrán de acuerdo. Eso sí, considera «curioso» ver cómo el presidente de la Liga, Javier Tebas, y el del Real Madrid, Florentino Pérez, se llaman «avaros y codiciosos».

«Dicen que puede ser un chantaje a la UEFA para que les paguen más en una nueva Champions, una especie de farol», ha comentado, antes de señalar que, desde su punto de vista, «hace mucho tiempo ya que la afición dejó de tener la importancia» que debe en el fútbol y que el «nuevo business» de la Superliga «puede impedir que equipos pequeños puedan llegar a jugar contra el Bayern de Munich».

VENTA AL MEJOR POSTOR

En una idea similar ha incidido la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, para quien la Superliga demuestra que el fútbol «se vende al mejor postor». A su juicio, esta competición tendría un «efecto letal en toda la estructura de clubes» porque no es más que «un gran negocio para los grandes en detrimento de los pequeños». El fútbol ya no tiene nada que ver con los valores del deporte, sólo hay negocio y se quieren imponer unas nuevas reglas que marginan a la mayoría en beneficio de la minoría poderosa», ha resumido.

También ha cargado contra la Superliga el líder de Más Páis, Íñigo Errejón, quien ha pedido al Gobierno que no se limite a decir que no le gusta, sino que «tome cartas en el asunto». En concreto, le ha pedido que inste a la Unión Europea a investigar si la propuesta puede atentar contra las normas comunitarias.

A su juicio, se trata de «la secesión de los ricos», de una «secesión oligopólica de los más grandes que vulnera la posibilidad de competencia entre equipos». «Esto va a matar el fútbol, la vinculación popular y de los aficionados con el fútbol», ha lamentado.

«CON SUS MILLONES SE LA COMAN»

«No nos gusta el bipartidismo ni tampoco el triequipismo. No queremos que la cosa se reduzca a tres en el fútbol y a dos en política», ha resumido el diputado de Compromís, Joan Baldoví, a quien ha anunciado que no verá ni un sólo partido de esa «liga de ricos». «Allá con sus millones, que se coman esta Superliga», ha agregado.

De su lado, la diputada de la CUP, Mireia Vehí, ha mostrado su «sorpresa» por el «revuelo» que ha causado la propuesta de la Supeliga cuando, a su juicio, funcionaría igual que la UEFA con la Champions. Eso sí, considera que este debate puede servir para cuestionar el modelo de negocio que impera en el fútbol.

Por su parte, el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, ha pedido conocer más detalles sobre la propuesta y ha avisado de que «puede generar muchas más desigualdades en el espectáculo». «Hemos oído que es para sacar más rentabilidad los clubes y no sabemos si incluirá también topes salariales o garantías sobre el uso de los recursos económicos», ha añadido.

Los socios parlamentarios del Gobierno han exigido este martes al presidente, Pedro Sánchez, una alternativa al fin del estado de alarma programado para el próximo 9 de mayo, y de hecho algunos no descartan incluso apoyar la tramitación del ‘plan b’ jurídico promovido por el PP.

En la misma línea de lo que ya le trasladaron al jefe del Ejecutivo la semana pasada durante su comparecencia en el Pleno, ERC, Bildu, Mas País, PDeCAT y Compromís han denunciado que a escasos veinte días del fin del estado de alarma el Gobierno siga sin poner encima de la mesa ninguna medida que de certeza jurídica a las decisiones que las comunidades adopten a partir del próximo día 9.

Coinciden en que es el Gobierno el que debe liderar esta situación pero no rechazan la posibilidad de respaldar la tramitación de la proposición de ley que el PP registró la semana pasada y que articula un ‘plan B’ jurídico a través de la legislación ordinaria para evitar tener que recurrir en el futuro a la medida excepcional del estado de alarma.

La Mesa de Congreso ha calificado este martes el texto de los ‘populares’ pero, de entrada y salvo acuerdo de los grupos de última hora, todo apunta a que esta iniciativa no se podrá discutirse antes del día 9, puesto que las dos próximas semanas no hay previsto plenos.

Uno de los partidos más críticos con la actitud del Gobierno ha sido Esquerra Republicana (ERC). Su portavoz, Gabriel Rufián, no ha descartado apoyar la tramitación de la iniciativa del PP porque están dispuestos «a enmendar cualquier irresponsabilidad», como la que, a su juicio, supone que Sánchez comunicase a las comunidades autónomas el fin del estado de alarma «vía titulares».

«POR ENCIMA DE TODO ESTÁ LA SALUD»

«Por encima de todo está la salud», ha dicho Rufián, quien ha recordado que el Ejecutivo se comprometió a crear un nuevo marco legal para no tener que recurrir a un estado de alarma «bastante nocivo» para con según qué libertades, «y nada de eso se ha cumplido». «Así que, sí, estamos dispuestos a enmendar cualquier irresponsabilidad como la que estamos viviendo», ha insistido.

El independentista catalán ha denunciado el «silencio» del Gobierno ante qué pasará cuando acabe el estado de alarma y ha mostrado sus sospecha de que no quiere anunciar medidas antes de las elecciones a la Comunidad de Madrid en tanto que «se enfrentan a un latifundio creado por (Isabel Díaz) Ayuso» y al miedo a que les reste voto impedir a los ciudadanos «tomar cañas».

También el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha criticado la «inacción» del Gobierno que, en su opinión, «vive al día», y le ha pedido que lidere una alternativa al estado de alarma y que el paragüas jurídico que se arme se discuta y apruebe en el Congreso.

«No estoy de acuerdo con que las medidas restrictivas se puedan trocear y decidir en función de la apetencia de cada gobierno (autonómico)», ha defendido Errejón, antes de añadir que su partido estudiará la propuesta del PP pese a que, de entrada, cree que tiene aspectos «constitucionalmente delicados» y que los de Pablo Casado la han registrado a sabiendas que de no dará tiempo a discutirla antes del día 9. «El objetivo no era llegar a tiempo sino crear fuegos artificiales en campaña electoral», ha apostillado.

En la misma línea, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, considera que el Gobierno tendría que tener «alguna posición» tras el fin del estado de alarma para que las comunidades autónomas tengan la certeza a partir del 9 de mayo de que no habrá sentencias «contradictorias» a medidas similares.

Ahora bien, ante la inexistencia de alternativas, ha avanzado que su partido «no estaría en contra» de facilitar el trámite parlamentaria de la propuesta del PP porque lo esencial es «buscar soluciones» que den seguridad jurídica, vengan de quien vengan.

En el PDeCAT, el diputado Ferran Bel también ha apuntado que «lo razonable» sería que el Gobierno «reaccionase» y diese una alternativa al fin del estado de alarma para advertir de que si ésta no llega, estudiarán el texto de los ‘populares’.

ES «CURIOSO» QUE SEA EL PP QUIEN LIDERE EL PLAN B

También lo analizarán en Bildu pese a que su portavoz, Mertxe Aizpurua, ha señalado que el PP no le ha hecho llegar su propuesta pero, en todo caso, cree que sería «curioso» que el PP liderara un ‘plan b’ al estado de alarma cuando en estos meses no sólo no ha apoyado ninguna de las iniciativas para hacer frente a la pandemia sino que las ha «boicoteado».

Con todo, Aizpurua sostiene que «no es de recibo» mantener esta situación de inseguridad jurídica hasta el 9 de mayo y que hasta la fecha el Gobierno «no diga nada» cuando lo que tiene que hacer poner. A su juicio, el Ejecutivo debe acordar con las comunidades autónomas y con los partidos que le han apoyado durante el estado de alarma el paraguas jurídico para que las decisiones que se adopten a partir del día 9 no dependan de las decisiones de los jueces.

La magistrada juez titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Arona, Sofía Román Llamosí, ha dictado auto de apertura de juicio oral por dos delitos de asesinato y uno de asesinato en grado de tentativa contra el ciudadano alemán Thomas Handrick, acusado de matar a su mujer y a uno de sus hijos, de 10 años, y ocultar sus cuerpos en una cueva, y de intentar matar a su segundo hijo, de 7 años.

La autoridad judicial impone al acusado una fianza de 910.000 euros para asegurar las responsabilidades civiles en las que pudieran incurrir, y le embarga tres viviendas en la ciudad de Halle (Sajonia-Anhalt, Alemania). El acusado continúa actualmente en prisión preventiva incondicional.

La emisión del auto de apertura de juicio oral, contra el cual no cabe más recurso que el referido a su situación personal (es decir, si sigue en prisión preventiva o no), supone que indefectiblemente el acusado se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife para responder del triple crimen. La resolución judicial responde así a la petición del Ministerio Fiscal, que como trascendió en el pasado mes de diciembre solicita prisión permanente revisable para el acusado.

En 2019, Thomas Handrick, entonces con 44 años, mantenía una relación matrimonial con S., fruto de la cual tenían dos hijos menores de edad. El acusado se encontraba en trámites de divorcio de su esposa y residía durante largas temporadas en Adeje, lugar al que se trasladaban ocasionalmente para visitarle su mujer y sus dos hijos, según acuerdos judicialmente aprobados. Así, en ejecución de estos acuerdos, el día 22 de abril de 2019 llegaron a la isla procedentes de Alemania la mujer y los hijos del acusado.

Asegura la juez que, con anterioridad a este viaje, el acusado ya había decidido «acabar con la vida de su pareja, que entendía no podía divorciarse del mismo y hacer una vida independiente, y la de sus hijos».

En horas de la mañana del 23 de abril de 2019, en ejecución del plan minuciosamente preconcebido, sigue la magistrada, «el acusado invitó a su esposa y sus dos hijos a realizar una caminata por las inmediaciones del Camino de Ifonche a La Quinta, con la falsa promesa de entregarles unos regalos que había escondido en una cueva que se ubica a unos diez kilómetros del domicilio familiar, cueva de grandes dimensiones, en un lugar solitario y apartado, que a propósito había escogido para asegurar la ejecución de sus actos y evitar la defensa por terceros de su familia».

Una vez allí, continúa el auto, «aprovechando dichas circunstancias, movido por el ánimo de acabar con la vida de su esposa e hijos, en el exterior de la citada cueva agredió de forma inopinada y sorpresiva a su esposa, propinándole bastantes y fuertes golpes, utilizando las manos y probablemente una piedra cogida del lugar, sin que a pesar de que la mujer trató desesperadamente de defenderse, pudiera evitar que el acusado la aturdiera, cayendo al suelo, donde le aplastó el cráneo con una piedra, produciendo su muerte».

«Su hijo mayor, de tan sólo 10 años, trató inútilmente de proteger y defender a su madre», expone la instructora. Detalla que el acusado, «movido por el mismo ánimo de terminar con la vida de dicho menor, comenzó a golpearle brutal y reiteradamente en la cabeza utilizando piedras que se hallaban en la cueva, una vez que el mismo se encontraba también tendido en el suelo, a pesar de sus inútiles intentos de defenderse, ocasionando su fallecimiento como consecuencia de los múltiples traumatismos en el cráneo y la cara, habiendo también dicho menor sufrido de gran manera por los reiterados golpes recibidos».

Añade la resolución judicial que el acusado «no logró culminar su propósito, como había previamente ideado, de acabar con la vida de su hijo menor, de apenas 7 años, quien ante los terribles hechos que presenciaba y siendo consciente pese a su corta edad del extremo riesgo a que se exponía, huyó del lugar, vagando por el monte solo durante horas, llegando a recorrer más de cuatro kilómetros de angosto camino, encontrándose su vida en peligro».

Según la instructora, que la vida del niño estaba en peligro era algo «plenamente conocido por el encausado»; de hecho, subraya, lo había «dejado a su suerte ante la creencia de que fallecería antes de lograr auxilio».

Tras consumar los crímenes, Handrick, concluye el relato, se marchó a su domicilio, «donde después de desprenderse de las ropas manchadas de sangre, lavarse cambiarse, se acostó, hasta que sobre las 19.00 horas acudieron al lugar agentes de Policía Local».

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha prometido este martes que si gobierna la región tras las elecciones del 4 de mayo la sacará «de la desobediencia constitucional» en terreno fiscal y bajará el impuesto del IRPF a autónomos y a los trabajadores que menos ganan.

En un acto en la sede de su partido, junto a varios de los miembros de su lista, para dar a conocer algunos puntos de su programa electoral, Iglesias ha vuelto a centrarse en una fiscalidad justa señalando que es la única para mejorar la sanidad y educación públicas porque «no va a llover dinero del cielo».

Así, ha leído el artículo de la Carta Magna sobre fiscalidad progresiva. «A la derecha y ultraderecha les gustaría que la Constitución Española fuera un ladrillo para tirársela a la estatua de Largo Caballero, pero tenemos la suerte de que se puede leer y que se tiene que aplicar contra la desigualdad en Madrid», ha dicho.

Y es que, según ha explicado el líder de Podemos, para ganar a la derecha es necesario un proyecto que consista en «hacer lo contrario» que han hecho en los últimos años el PP. «Nuestro programa aporta una claridad en sus propuestas. Un evidencia con la que está de acuerdo todo el mundo es que si tuviéramos que sintetizar la política del PP en los últimos 25 años es un desmantelamiento de lo público que dice a la gente: consiga usted dinero suficiente para tener una sanidad, educación y transporte privado. Lo que hacen es trabajar para que haya un trasvase de recursos de lo público a la privado», ha indicado.

Por ello, Iglesias ha apostado por «reconstruir lo público». «Todo el mundo estará de acuerdo es que la Sanidad en Madrid tiene que mejorar. Es escandaloso que tenga una de las sanidades más golpeadas. En educación todo el mundo estará de acuerdo que es imprescindible reducir la ratio profesor-alumno. Y todo el mundo estará de acuerdo que todo el mundo pueda pagar un alquiler para poderse emancipar o que las familias no pueden pagar más de la mitad de sus ingresos en el alquiler», ha detallado.

DIFERENCIAS ENTRE BARRIOS

El exvicrepresidente del Gobierno de España ha apuntado que la polarización de la sociedad madrileña «no es que la ultraderecha convierta las instituciones en un circo», sin que los barrios del sur de Madrid tengan hasta 10 años menos de esperanza de vida que los barrios del norte; o «que en Getafe, Parla, Vallecas o Villaverde tengan menos posibilidad de conseguir un título universitario que si se nace en Salamanca o Pozuelo». «Y para limitar la polarización es la fiscalidad», ha apostillado.

Iglesias ha señalado que sus propuestas tributarias son «enormemente moderadas y sensatas» y que los ricos «va tener que pagar lo que les corresponde, como en cualquier país normal». «Es simplemente hacer que los que tienen el privilegio de tener mucho más hagan el esfuerzo que la Constitución española establece. Y a los que se esfuerzan más hay que bajarle los impuestos. No puede ser que las que más sufran sean los que más esfuerzos fiscales hacen», ha dicho.

El aspirante a la formación morada ha declarado que aunque tengan defectos han demostrado que sus programas electorales «no son artefactos electorales». «En relación con el Gobierno de España tuvimos que negociar muy duro un acuerdo programático, pudimos llegar hasta lo que pudimos con nuestros 35 diputados. Y era claro y nosotros de ahí no nos vamos a mover. Nosotros somos una opción política garantía de que si estamos el programa de gobierno se cumple y somos inflexibles, nos digan lo que nos digan. Si no vamos a reforzar lo público, ¿qué sentido tiene plantear que vamos a ganar a la derecha?», se ha preguntado.

LAS PROPUESTAS FISCALES DE PODEMOS, AL DETALLE

En su programa electoral, al que ha tenido acceso Europa Press, la candidatura de Unidas Podemos se comprometer a aprobar si gobierno al Comunidad de Madrid una reforma fiscal progresiva para bajar los impuestos a las rentas más bajas para que la región «deje de ser un paraíso fiscal para millonarios». Esta reforma les permitirá recaudar 3.180 millones de euros adicionales, «que podrán ser destinados a los servicios públicos y a los derechos sociales.

«Actualmente, la Comunidad de Madrid es la única de toda España en la que absolutamente nadie paga el impuesto de patrimonio. Esto convierte a la región en un paraíso fiscal interior para millonarios y además supone una merma muy importante de ingresos públicos para el sostenimiento del estado del bienestar», han criticado.

Por ello, la formación morada promete eliminar por completo la actual bonificación del 100% en el Impuesto de Patrimonio solamente para fortunas superiores a un millón de euros, elevando la exención por vivienda habitual de los actuales 300.000 euros actuales a 500.000 y aplicando la escala de tipos establecido los Presupuestos Generales del Estado del año 2021. Con esta medida, estiman recaudar aproximadamente 1.000 millones de euros adicionales.

Asimismo, la Comunidad de Madrid tiene bonificado al 99% todos los tramos del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, «un hecho que de nuevo beneficia en mucha mayor medida a las personas que más tienen». Por ello, eliminarán por completo la bonificación para herencias y donaciones superiores a un millón de euros y situarán la bonificación marginal en el tramo entre 500.000 y un millón de euros un 50%.

Además, según el programa electoral, aumentarán el límite para aplicar la reducción del 95% sobre el valor neto de la herencia de la vivienda habitual de la persona fallecida, de los actuales 123.000€ a 250.000€ por heredero. Con esta medida, estimamos recaudar aproximadamente 1.500 millones de euros adicionales.

Por último, la Comunidad de Madrid es también una de las regiones con los tipos del tramo autonómico del IRPF más bajos de España. Por ello, Unidas Podemos promete no subir los tipos para rentas de menos de 60.000€ al año pero aumentarán un 4% el tipo marginal autonómico en el tramo de 60.000€ a 150.000€ y un 6% en el tramo de renta a partir de 150.000 euros.

Es decir, no se subirá el IRPF a rentas inferiores a 5.000 euros brutos al mes y solamente se subirá de forma progresiva para rentas superiores a esta cantidad. Con esta medida, estiman recaudar aproximadamente 850 millones de euros adicionales.

En cambio, reduciremos un 0,5% el tipo impositivo del IRPF para el tramo mínimo por debajo de 12.450 euros de base liquidable al año. «Está medida supondrá una merma de ingresos aproximadamente 170 millones de euros anuales que se verá, sin embargo, ampliamente compensada por la eliminación de privilegios fiscales sobre los patrimonios y las rentas más altas que recogemos en los siguientes», indican.

Sobre este cuestión fiscal se ha referido durante la presentación el candidato a la Asamblea Jacinto Morano, que los Gobiernos del PP, «además de robarles con los casos de corrupción Lezo, Púnica o Avalmadrid, desde que 2003 Esperanza Aguirre se compró dos diputados, nos han robado 60.000 millones de euros con la no recaudación de impuestos, dinero que se podían haber pagado casi 20 veces para las arcas públicas lo que ha sido la pandemia».

«Nosotros queremos una comunidad que tenga capacidad de proteger a su gente. Nosotros queremos que la gente que ha padecido esta crisis, los trabajadores, los autónomos, paguen menos», ha resumido Morano.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha exigido a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a que pida «perdón» por haber «insultado» a los madrileños que acuden a las ‘colas del hambre’, al deslizar que eran «mantenidos» y «subvencionados».

Además, ha reclamado que Hacienda abra una investigación contra la expresidenta regional Esperanza Aguirre, de quien ha dicho que ella sí es una «mantenida», por una información del ‘eldiario.es’ sobre una querella interpuesta contra ella por la venta de un cuadro de Francisco Goya supuestamente sin declararlo Bien de Interés Cultural y sin tener que pagar, según la denuncia, una serie de impuestos.

En rueda de prensa en el Congreso, Errejón ha recriminado a Ayuso sus declaraciones sobre las personas que acuden a las colas del hambre en Madrid, sobre todo cuando es la región que «lidera» los índices de desigualdad y riesgo de «exclusión social».

«Es extraordinariamente grave que alguien que ocupa esa responsabilidad institucional se dedique a insultar a personas tan necesitadas de acudir a las colas del hambre», ha ahondado el diputado para calificar estas palabras de «máxima gravedad institucional».

Además, ha asegurado que esta actitud no solo define «moralmente» a la presidenta autonómica, pues «solo una mala persona insulta» a quien tiene esa necesidad, sino que también lanza «un mensaje de odio» al pobre y al vulnerable.

AGUIRRE HIZO EN EL PLANO PERSONAL LO QUE SE ACOSTUMBRÓ EN EL POLÍTICO

Pero además y cuestionado sobre las informaciones de la venta del cuadro de Goya por parte de Aguirre y su marido, Errejón ha lanzado que la exdirigente madrileña sí se enmarca en «la definición perfecta de lo que es una mantenida».

Y es que para el líder de Más País, la «marquesa Aguirre» se ha dedicado a hablar toda su carrera «contra lo público» y espera que Hacienda pueda investigarla y, si se confirma que se «escatimaron» recursos al erario público, «pague lo que debe».

«Esto es difícil decirlo en el caso de una señora que tiene considerables problemas con la Justicia y que la Justicia ya ha acreditado, paro ya había prescrito, que Aguirre acudió a varias elecciones dopada con dinero B. Parece que se acostumbró en el plano político que lo hizo también en el plano personal», ha enfatizado.

REITERA AL GOBIERNO CENTRAL QUE DECLARE FESTIVO EL 4M

Por otro lado, ha vuelto a insistir al Ejecutivo estatal que se «atreva» a declarar el 4 de mayo como día festivo para garantizar la participación de la ciudadanía madrileña en estos comicios.

Para Errejón, existe una parte de la población que va a tener dificultades a la hora de ir a votar, al coincidir la jornada electoral con un día laboral y tener que cuidar a sus hijos, pues ese día no es lectivo en la región dado que los colegios madrileños son sedes electorales.

Una situación que repercutirá, a su juicio, en los ectores más humildes y que requiere una respuesta por parte del Gobierno central que «tiene tiempo» e «instrumentos jurídicos» para garantizar la «plena participación» el 4 de mayo, declarándolo como festivo.

MÁS MADRID SERÁ CLAVE PARA SUMAR HACIA UN GOBIERNO ALTERNATIVO

Sobre la campaña madrileña, ha asegurado que la tendencia de Más Madrid es de subida y que todos los sondeos les ubican como tercera fuerza política, lo que revela que su trabajo en la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid ha funcionado al «liderar la alternativa» al PP.

También ha dicho que su «estilo verde», al hablar de las cosas que «realmente» importan a los ciudadanos, se impone ante los «insultos» de las candidaturas de la derecha.

Finalmente, ha deseado que al resto de candidaturas progresistas les vaya bien en estas elecciones y entre todos sean capaces de sumar para tener un gobierno alternativo. De hecho, ha situado a Más Madrid como ,a formación que puede ser determinante para arrebatar la mayoría a las derechas.

El total de personas inscritas en el Padrón Continuo en España a 1 de enero de 2021 es de 47.344.649 habitantes, según el Avance de la Estadística del Padrón Continuo. Esta cifra supone una disminución de 106.146 personas (un -0,2%) respecto a los datos a 1 de enero de 2020, su mayor descenso desde 2015 y coincide con la irrupción de la pandemia, según los datos provisionales dados a conocer este 20 de abril por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De este total, 41.936.827 tienen nacionalidad española (el 88,6%) y 5.407.822 extranjera (el 11,4%). Esta última cifra es una décima menos que en el año anterior y representa el primer retroceso después de tres años al alza.

Las cifras que se publican este martes son un avance provisional. Las definitivas, una vez finalice el procedimiento para su obtención, y tras el informe favorable del Consejo de Empadronamiento, se elevarán al Gobierno antes de fin de año, para su aprobación mediante Real Decreto, que será publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Así, durante el año 2020 el número neto de españoles se ha reducido en 79.815 personas (un -0,2%) y el de extranjeros ha disminuido en 26.331 (un -0,5%). Entre estos últimos, los pertenecientes a la Unión Europea (UE-27) bajan en 37.870 (un -2,3%), mientras que los no comunitarios crecen en 11.539 personas (un 0,3%).

Este es el primer año en que la población total de España, inscrita en el Padrón Continuo, disminuye después de cuatro años consecutivos aumentando. La cifra de españoles baja de los 42 millones que se habían alcanzado por primera vez el año pasado. En cuanto a los extranjeros, aunque el número decrece, se mantiene por encima de los 5,4 millones.

Por sexos, el 49,0% del total de inscritos en el Padrón son hombres y el 51,0% mujeres. Entre los españoles hay más mujeres (51,1%), mientras que entre los extranjeros hay más hombres (50,1%). Por lugar de nacimiento, el 84,6% de la población ha nacido en España y el 15,4% en el extranjero. Por nacionalidad, el 94,3% de los españoles ha nacido en España, frente al 9,7% de los extranjeros.

Por edades, el 15,1% de la población tiene menos de 16 años, el 35,5% entre 16 y 44 años, el 29,7% tiene entre 45 y 64, y el 19,7% 65 o más años. Por nacionalidad, las diferencias más acusadas en el porcentaje de edad entre españoles y extranjeros se dan en el grupo de 16 a 44 años. Así, el 33,1% de los españoles se encuentra en este grupo de edad, frente al 53,9% de los extranjeros.

LA EDAD MEDIA CRECE 4 AÑOS ESTE SIGLO

La edad media de la población inscrita en el Padrón es de 43,8 años. En lo que va de siglo XXI, la edad media ha aumentado 4 años. La de los españoles es de 44,7 años y la de los extranjeros de 36,6 años (la de los ciudadanos de países pertenecientes a la Unión Europea es de 38,9 años). Además, el 19,7% de la población empadronada en España a 1 de enero de 2021 tenía 65 o más años. En 2010 este porcentaje era del 16,8%.

Las edades medias más altas entre las nacionalidades predominantes se dan en los ciudadanos británicos (53,6 años), alemanes (49,4) y franceses (42,8) y las más bajas a los ciudadanos hondureños (30,3 años), pakistaníes (31,2) y marroquíes (31,7).

Las comunidades autónomas más pobladas a 1 de enero de 2021 son Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid, y las que tienen menos población son La Rioja, Cantabria y Comunidad Foral de Navarra.

En el último año, la población empadronada ha disminuido en la mayoría de comunidades autónomas y solo ha aumentado en cinco. Comunidad de Madrid (34.297 personas menos), Cataluña (23.551 menos) y Castilla y León (13.637 menos) experimentan los mayores descensos de población en términos absolutos entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de enero de 2021, mientras que los mayores aumentos se producen en Región de Murcia (6.687 personas más), Castilla-La Mancha (2.571 más) y Cantabria (1.403 más).

En términos relativos, los mayores descensos se registran, junto con las ciudades autónomas de Melilla (-1,0%) y Ceuta (-0,8%), en Principado de Asturias (-0,7%), Castilla y León (-0,6%), Comunidad de Madrid y Extremadura (ambas con un -0,5%). Por el contrario, Región de Murcia (0,4%) y Cantabria (0,2%) presentan los mayores aumentos.

Respecto a la población extranjera, las comunidades con mayor proporción de extranjeros son Illes Balears (18,7%), Cataluña(16,1%) y Comunitat Valenciana (14,7%) y los de menor proporción de extranjeros, Extremadura (3,3%), Galicia (4,2%) y Principado de Asturias (4,5%).

Durante el año 2020 el número de extranjeros aumenta en ocho comunidades autónomas y disminuye en el resto: las comunidades que registran los mayores incrementos son Andalucía (5.107), Castilla y León (1.766) y País Vasco (1.448). En términos relativos, los mayores incrementos de población extranjera se dan en Castilla y León (1,3), Galicia (0,9%) y País Vasco (0,8%).

BRITÁNICOS Y COLOMBIANOS, LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE MÁS CRECEN

Los extranjeros inscritos en el Padrón Continuo pertenecientes a la UE-27 suman 1.580.066. Dentro de éstos, los más numerosos son los rumanos (639.261), los italianos (256.115) y los búlgaros (117.267). Entre los extranjeros no comunitarios, destacan los ciudadanos marroquíes (869.661), los colombianos (290.053) y los británicos (280.022).

Entre las principales nacionalidades, los mayores aumentos durante 2020 se dan entre los ciudadanos de Reino Unido (17.137 más), Colombia (17.003 más) y Venezuela (8.505 más) y los mayores descensos, entre los de Rumanía (-28.117), Bolivia (-7.944) y Ecuador (-7.771).

En términos relativos, y entre las nacionalidades con mayor número de extranjeros, los mayores incrementos de población se registran entre los ciudadanos de Reino Unido (6,5%), Colombia (6,2%) y Honduras (5,7%). Por su parte, Bolivia (-8,6%), Ecuador (-5,9%) y Rumanía (-4,2%) presentan los mayores descensos.

Por grupos de países, los más numerosos son los ciudadanos de la UE-27, que representan el 29,2% del total de extranjeros, seguidos de los de África (22,1%).

CYL, CASTILLA-LA MANCHA Y ARAGÓN, CCAA CON MÁS MUNICIPIOS PEQUEÑOS

De los 8.131 municipios que hay en España, 5.002 tienen una población menor de 1.000 habitantes. Las comunidades con mayor número de municipios con menos de 1.000 habitantes son Castilla y León (2.009 municipios), Castilla-La Mancha (641) y Aragón (630), frente a Canarias (un municipio), Región de Murcia (dos) e Illes Balears (seis).

En cuanto a municipios de mayor tamaño, en España hay 63 municipios con más de 100.000 habitantes. De ellos, 12 pertenecen a Andalucía, 11 a Cataluña y 10 a Comunidad de Madrid. El 39,9% de la población empadronada en España reside en municipios mayores de 100.000 habitantes. Por comunidades, los porcentajes más altos se dan en Comunidad de Madrid (71,5%) y Aragón (50,9%) y los más bajos en Castilla-La Mancha (8,4%) y Extremadura (14,2%).

Por otro lado, el 20,2% de la población vive en municipios menores de 10.000 habitantes. Por comunidades, los porcentajes más elevados se dan en Extremadura (50,2%), Castilla-La Mancha (44,0%) y Castilla y León (43,6%) y los más bajos en Región de Murcia (3,8%) y Comunidad de Madrid (5,8%).

En los municipios menores de 1.000 habitantes, el 6,6% de la población es de nacionalidad extranjera. En los municipios con más de 100.000 habitantes este porcentaje es del 12,3%. El porcentaje más elevado de extranjeros (13,1%) se da en los municipios con población entre 50.001 y 100.000 habitantes.

En España existen 239 municipios con un porcentaje de extranjeros superior al 25,0% respecto a su total poblacional. En 18 de ellos este porcentaje supera el 50%. En más de la mitad de los municipios (4.172), el porcentaje de extranjeros respecto al total de su población no supera el 5,0%.

Los Mossos d’Esquadra de la División de Investigación Criminal (DIC) y la Policía Nacional desmantelaron el pasado 14 de abril «una de las organizaciones criminales de origen chino más importantes dedicada al tráfico internacional de marihuana, conocida como Bang de Fuijan», dirigida desde Cataluña y con presencia en Asturias, en un operativo que se saldó con 65 detenidos.

De los 65 detenidos, 29 ingresaron en prisión el pasado fin de semana, según han explicado en rueda de prensa este martes el jefe del Área Central de Crimen Organizado de la DIC de los Mossos d’Esquadra, el inspector Toni Salleras, y el jefe de la sección de Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT), el inspector de la Policía Nacional Juan Pablo Iglesias.

La policía sospecha que el grupo ha realizado más de 700 envíos de paquetería con marihuana a diferentes puntos de Europa, como Francia, Portugal, Holanda, Alemania, Rumanía y el Reino Unido.

INVESTIGACIÓN

La investigación, que comenzó a finales del 2019, se inició cuando localizaron una serie de envíos vía paquetería que salían del Estado español y que iban dirigidos a distintos sitios de Europa, según ha explicado Iglesias.

«Teníamos la sospecha de que estos envíos podían contener marihuana, y unimos esfuerzos entre los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional, y tutelados por el Juzgado 5 de Badalona (Barcelona), miramos de dónde salía esta marihuana», ha añadido.

Iglesias ha expresado que la investigación permitió observar que esta organización estaba constituida por dos familias chinas, que la producción principal se hacía en Cataluña y que «se apoderaban de naves industriales del territorio catalán para crear cooperativas delincuenciales».

Según han explicado los agentes, para poner en marcha la plantación de cada nave se necesitaban 100.000 euros como inversión inicial, y los trabajadores y los jardineros que cuidaban las plantaciones «en lugar de recibir dinero a cambio, se les daba la oportunidad de participar en un tanto por ciento muy pequeño de los beneficios de la producción».

23 ENTRADAS Y REGISTROS

Salleras ha explicado que el pasado 14 de abril «se dio por finalizada la investigación con 23 entradas y registros en Barcelona, Tarragona, Oviedo, Gijón, Bilbao, Portugal, Asturias y los Países Bajos», donde se localizaron 13 naves industriales, se desmantelaron 40.000 plantas de marihuana en diferentes estados de crecimiento, unos 600 kilos de marihuana procesada y encontraron 190.000 euros en efectivo.

El inspector Salleras ha asegurado que «quedan algunas detenciones pendientes de hacer», y que el beneficio total de las naves industriales fue de hasta 7 millones de euros.

Han agradecido la «excelente relación entre la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra en la investigación de esta organización, la implicación del juzgado 5 de Badalona por la investigación y por el volumen de detenidos, y a la Europol por la colaboración con el análisis de paquetes».

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha considerado que «urge» la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), si bien no ve «una solución a corto plazo», lo que traerá «bastantes problemas».

En una entrevista a TVE, el diputado jeltzale ha advertido de que «acarrea problemas que se limiten las funciones» del CGPJ y, «si la renovación no se produce y se prolonga en el tiempo esta situación, nos vamos a encontrar con graves disfunciones en muchos juzgados que tendrían que renovarse».

De este modo, ha opinado que «urge la renovación», si bien enmarca este asunto «dentro de la ecuación política de tensión entre los dos grandes partidos» y no ve «la solución a corto plazo», por lo que «esto va a traer bastantes problemas».

Respecto a la posibilidad de que pueda haber un acuerdo tras los comicios autonómicos de Madrid, ha recordado que «también se decía» con motivo de las elecciones de Cataluña y «siempre hay una excusa para acabar rompiendo o no llegando a un acuerdo». Según ha indicado, «el problema seguramente es que ambos quieren posicionarse ideológicamente con el número mayor posible de representantes en el CGPJ y eso es lo malo».

En este sentido, ha indicado que «la mejor fórmula» es que elijan los representantes de este órgano el Parlamento, pero «el problema es que muchos partidos lo piensan en términos de cupo». A su entender, «lo que deberían discutir son nombres que no causaran problemas ni a unos ni a otros, de manera que el núcleo principal de esta institución pudiera estar conformada por estas personas que pueden ser más transversales». «Pero no se hace así. Lo que se hace es ‘cuántos tú y cuántos yo’. Es un error», ha criticado.

LA LEGISLATURA

Por otro lado, ha considerado que la continuidad de la legislatura en el Estado «depende mucho de si llegan los fondos europeos ya, para el segundo semestre, de que se vaya empezando que la economía empieza a funcionar» y también está «el factor» de que Pablo Iglesias ha salido del Gobierno y «se puede sentir más libre a la hora de marcar posición.

Según ha indicado, «dependiendo de demoscopia» y de cómo las mayorías parlamentarias en las Cortes «enfrenten» unos nuevos presupuestos, no descarta que haya «unas elecciones adelantadas».

Asimismo, ha advertido de que se «equivoca» quien piense que los resultados en las elecciones madrileñas serán «automáticamente lo que va a pasar» en el resto del Estado. En este sentido, ha subrayado que «sociológicamente Madrid no es lo mismo que España» y, por tanto, «quien pretenda extrapolar los resultados de Madrid a unas votaciones a Cortes generales se precipita un poco».

A su entender, «se quieren hacer demasiados paralelismos, correr demasiado». «Llevamos unos años en que todo son intentos de que el gobierno dure poco para ponerme yo –me da igual el color, uno y otro–, y eso no es bueno para la política ni suele funcionar», ha lamentado.

Preguntado por la posibilidad de que Vox entre en el Gobierno de Madrid, ha indicado en que «no será porque haya sacado mayoría absoluta», sino porque «alguien le ha introducido en el Gobierno de Madrid». «Ellos sabrán lo que están haciendo y su responsabilidad», ha señalado.

En su opinión, «igual hay líneas que no hay que traspasar y es más seguro llegar al poder sin tanta prisa y de otra manera, lanzando otro mensaje en Europa«.

También ha aludido a la situación en Cataluña y ha augurado que «probablemente a última hora habrá un gobierno» en la Comunidad, pero será un ejecutivo «con dificultades» teniendo en cuenta «las tensiones» que se han visto. Además, ha considerado que, «si puede haber un pequeño detalle, una palabra que suene mal a la otra parte, pueda hacer descarrilar la formación de gobierno».

Por su parte, no descarta «nada», incluso la repetición de elecciones, aunque «lo lógico es que se arreglaran y hubiera un gobierno, pero sabiendo que va a ser muy cuestionado y con una mayoría que costara mantener» en algunas votaciones.

EL PP «ES EL QUE LLAMA»

En otro orden de cosas, preguntado por el acercamiento entre su partido y el PP, ha señalado que es el PP «el que llama» y, por su parte, el PNV «siempre» desea mantener «líneas de diálogo abiertas con todo el mundo, más allá de que luego puedas llegar a acuerdos».

Según ha indicado, «hasta ahora, el PP con Pablo Casado se había mostrado reticente, ha habido un movimiento en este sentido, que saludamos, que haya una normalidad de relaciones» pero, «más allá de esas incipientes conversaciones, no ha habido nada más».

EL HIMNO

Finalmente, cuestionado por la actitud de los jugadores durante la interpretación del himno en la final de Copa, ha afirmado que él trata «con respeto» los himnos «sean el mío, el vasco, o cualquier otro». Tras indicar que no sabe «cómo fue y si se quiere exagerar lo que pasó», ha apostado por «tratar con respecto todos los himnos, los sientas o no».

De este modo, ha señalado que, por su parte, se siente «vasco, punto», y no le «inspira» el himno español, «lo cual no quiere decir que no sea respetuoso ni correcto».

En todo caso, ha señalado que en Euskadi «hay una reivindicación bastante trasversal y mayoritaria» de «ver a Euskadi compitiendo internacionalmente».