El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado el archivo provisional de la investigación abierta por los negocios inmobiliarios de Oleguer Pujol, el hijo menor del expresidente catalán Jordi Pujol, al que fuera su socio Luis Iglesias Rodríguez-Viña por el presunto delito de blanqueo de capitales.

El juez del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha dictado un auto con fecha de este lunes, en el que explica que no ha resultado debidamente justificado la participación del Iglesias –yerno del expresidente de la Comunidad Valenciana y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana– en los hechos que se imputa a Oleguer Pujol.

«No resulta debidamente justificada la perpetración del delito de blanqueo, sin que existan expectativas de obtener nuevos datos inculpatorios», afirma el juez Pedraz.

La investigación de estos hechos se iniciaron precisamente en el Juzgado Central número 1, que aún dirige Santiago Pedraz, por una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción en 2014 y que se inhibió a favor del Juzgado Central número 5, que ha investigado la fortuna de la familia Pujol, al comprobarse que el origen de parte de las cantidades invertidas por Oleguer Pujol provenían «de un lugar común a sus hermanos».

Se da la circunstancia de que por la marcha del titular del Juzgado Central número 5, José de la Mata, a Eurojust, el juez Pedraz fue designado encargado de los asuntos de este juzgado, que ahora compagina con los que tenía en el Juzgado Central número 1, al que aún no ha llegado su sustituto.

PIEZA SEPARADA ABIERTA TRAS EL PROCESAMIENTO

Precisamente el juez De la Mata propuso juzgar a toda la familia Pujol en julio de 2020 –procesamiento que ha confirmado la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional este martes– e incoó la pieza separada ‘Drago’ para seguir indagando en el origen del dinero que invirtió Oleguer Pujol en diversas operaciones inmobiliarias de la empresa Drago Capital y en la propia compañía.

Asimismo, el magistrado quería investigar el «destino de algunas de estas inversiones». Por ello, mantuvo imputado al hijo pequeño de Jordi Pujol y Marta Ferrusola junto a otras siete personas, entre ellas Luis Iglesias.

El juez Pedraz, encargado de continuar con esta instrucción, comparte en su resolución la conclusión alcanzada por la Fiscalía Anticorrupción sobre que las «evidencias afloradas» respecto al yerno de Zaplana, como es la utilización de sociedades extranjeras para el cobro de comisiones, «resultarían insuficientes para alcanzar la convicción de reproche penal de delito de blanqueo a título de dolo».

«NO EXISTIRÍAN INDICIOS CLAROS E INEQUÍVOCOS»

«No existirían indicios claros e inequívocos de que conociera que el capital invertido por Oleguer Pujol procediera de una previa actividad delictiva», asegura la Fiscalía en su informe.

Los fiscales Anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa remitieron el pasado 9 de abril este escrito solicitando el sobreseimiento de la pieza separada ‘Drago’ con respecto a Luis Iglesias. En él relatan la presunta participación de los investigados en el denominado ‘proyecto Brick’, consistente en la compraventa de 1.152 locales de sucursales bancarias del Banco Santander, que se llevó a cabo por Samos Servicios y Gestiones SLU.

Así, afirman que «las actuaciones que hemos analizado podrían quedar incardinada en el delito de blanqueo de capitales, pues la operativa de Oleguer Pujol, aquí analizada, ha contribuido al aprovechamiento y ocultación del producto de hechos constitutivos de delito».

No obstante, consideran que no hay pruebas suficientes para demostrar que Iglesias tuviera conocimiento del origne del capital invertido por el principal investigado.

Además señalan que tampoco se ha acreditado que Luis Iglesias «participara en la canalización de fondos o comisiones que paga Sun Capital Partners a través de la sociedad Marway BV» a favor de José María Villalonga Cardella y José María Villalonga Cabarrocas o los hijos del financiero Javier de la Rosa, Javier y Gabriela, todos ellos también investigados.

El ex ministro de Sanidad Salvador Illa ha defendido este martes que la desescalada de las medidas tras la primera ola de la pandemia de COVID-19 en España se realizó «con criterios de mucha prudencia» y que en todo momento el Gobierno siguió los consejos científicos.

«La desescalada se hizo con criterios de mucha prudencia», ha resaltado durante el ‘webinar’ ‘Do Better connected’, organizado por EsadeGov con motivo del primer aniversaio del decreto del estado de alarma por la pandemia.

Acompañado de Nekane Murga, ex consejera de Salud del Gobierno Vasco, Illa ha relatado las lecciones aprendidas durante su experiencia en la gobernanza de la pandemia. En primer lugar, ha defendido que «nunca hubo una discusión» en el seno del Ejecutivo sobre qué priorizar, si salud o economía.

«Estaba claro que el objetivo era salvar vidas. La salud tiene un impacto en la economía y la economía es el primer determinante de la salud. No hubo en el Gobierno de España ni en las comunidades autónomas ninguna duda al respecto. Había que actuar para salvar vidas y atajar la pandemia, con esos criterios se actuó», ha esgrimido.

Así, ha argumentado que el Gobierno siempre se ha basado en la evidencia científica. «En la fase inicial de la pandemia hubo algunos países de importancia relevante que optaron por enfoques de inmunidad de rebaño. Nosotros siempre adaptamos tener como base de la toma de decisiones la ciencia y los expertos en Salud Pública. En el caso del Gobierno, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y la Dirección General de Salud Pública», ha afirmado.

En este sentido, ha reconocido que «lo más difícil» en la fase inicial de la pandemia era «la toma de decisiones sin un escenario de certidumbre». «Pero lo peor era no tomar decisiones, había que tomarlas. Los expertos nos aconsejaban pero me hago responsable de todas las decisiones que tomé al frente del Ministerio. Sin escucharlos a ellos hubiera sido mucho más difícil», ha admitido.

Sobre la toma de decisiones, Illa ha reivindicado la figura del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, como órgano de cogobernanza de la pandemia.

«Desde este punto de vista, la gestión ha sido razonablemente correcta. El CISNS se ha revelado, sobre todo desde la desescalada de la primera ola, como un auténtico órgano gestor. Ha sido un órgano de cogobernanza con más de 100 reuniones y con un nivel de complicidad entre los distintos gestores sanitarios muy alto», ha afirmado.

Por último, el ex ministro de Sanidad, que abandonó el cargo a principios de 2021 para concurrir a las elecciones catalanas, ha agradecido a la población española su «actitud ejemplar» durante la pandemia. «Si en algo acertamos fue en tratar a la ciudadanía como adulta. Cuando le pides sacrificios tan importantes como estar 100 días confinados en sus viviendas y le pides que cierre su negocio, la gente tiene derecho a conocer por qué se lo pides y en base a qué información», ha detallado.

La residencia San Juan de Dios de Madrid, que ofreció hace unos días a los mayores que asiste voluntarios del Partido Popular para ayudarles a votar el 4 de mayo, ha afirmado este martes que ha sido «un error» y que anulan esta posibilidad.

«Ante las informaciones aparecidas en prensa sobre la posibilidad de que voluntarios del PP acompañasen a las personas mayores que así lo decidieran a votar el día 4 de mayo, queremos informar de que la Residencia San Juan de Dios es una institución neutral», ha indicado en un comunicado fechado hoy por la directora de este geriátrico, Raquel Bellido.

Además, recuerdan que los residentes que deseen ejercer su derecho al voto, podrán hacerlo de forma autónoma, «con el apoyo de sus familiares o mediante solicitud de voto por correo hasta el sábado 24 de abril de 2021». «Los familiares ya han sido informados de esta decisión. No se harán más declaraciones», concluyen.

La residencia privada San Juan de Dios, con medio centenar de plazas, rectifica así lo expuesto en una carta envidada a los familiares, fechada el 12 de abril, que han recogido esta mañana algunos medios y redes sociales, y escrita por una trabajadora social.

En la misiva, el centro proponía a sus residentes que precisen silla de ruedas para sus movilidad la posibilidad de ser acompañados «con voluntarios procedentes del PP» hasta oficinas de Correos para solicitar el voto por correo. Además, en el caso de internos con autonomía y empadronados en la residencia, los voluntarios del PP les podían acompañar tanto en la jornada electoral como en la solicitud de voto por correo.

Estas opciones, que se desarrollarían bajo la coordinación de la trabajadora social, no se podrán desarrollar por parte de residentes incapacitados judicialmente, con auto judicial de internamiento involuntario, cuyo estado cognitivo no les permita ejercer su capacidad de autogobierno y decisión o que no estén empadronados y que no deseen solicitar el voto por correo.

«El residente siempre tiene la opción de ir a votar sin el apoyo de la Residencia, bien de forma autónoma o bien acompañado de algún ser querido», concluía la nota informativa ahora anulada.

Fuentes del partido han indicado que desconocían el contenido de la misiva remitida a los familiares «porque no ha sido enviada por el PP» y, en cualquier caso, han precisado que los voluntarios que acuden a colaborar «lo hacen en su condición de voluntarios, no de militantes de ningún partido».

«Son personas que, independientemente de su condición política, prestan su ayuda de manera desinteresada, al igual hacen en comedores sociales, hospitales o centros de vacunación», precisaron las mismas fuentes.

Los presidentes de Guatemala y de República Dominicana, Alejandro Giammattei y Luis Abinader respectivamente, se han mostrado este martes especialmente críticos con el sistema Covax –el fondo de acceso global a las vacunas contra la COVID-19 impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)–, que han tachado de «fracaso».

Lo han manifestado en su intervención en el conversatorio del Encuentro empresarial Iberoamericano que se celebra en Andorra la Vella (Andorra), que han compartido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el primer ministro portugués, António Costa, y el Jefe de Gobierno andorrano, Xavier Espot; que ha moderado la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, y que ha contado con la presencia del Rey Felipe VI.

Giammattei ha mostrado su enfado con el reparto de vacunas del sistema de la OMS y ha tildado de irresponsables a «un pequeño grupo de países que tienen todas las vacunas mientras la gran cantidad de países no tiene ninguna».

Ha asegurado que de los 3 millones de dosis comprometidas con el sistema Covax, Guatemala solo ha recibido 80.000, ha recordado que han recibido más desde la India y ha anunciado que acaban de comprar fuera del mecanismo Covax vacunas rusas Sputnik: «El sistema Covax es un fracaso».

Ha apostado por un mundo «más solidario» para afrontar tanto la crisis sanitaria como el cambio climático y a reducir la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos para poder doblegar la crisis.

Como el presidente guatemalteco, el dominicano ha destacado los esfuerzos realizados por el país y la apuesta por la colaboración publicoprivada, ha recordado que en República Dominicana la pobreza «solo ha afectado al 1,9» y ha asegurado que el objetivo es recuperar los niveles previos a la crisis en un año.

Abinader ha llamado a la reflexión de todos los países para analizar qué se ha hecho mal y cómo se puede trabajar mejor, y ha dicho compartir con Giammattei «el fracaso del sistema Covax».

Ha recordado que desde República Dominicana solicitaron un acuerdo con las patentes de las farmacéuticas para poder producir en el país vacunas y abastecer a otros países, y ha añadido: «Entendemos que los países quieran vacunar a los suyos primeros», pero ha insistido en dar la oportunidad a otros para poder producir vacunas.

Abinader ha puesto el foco en la crisis financiera que augura que vendrá tras la crisis sanitaria producto del aumento de la deuda pública que han generado los países, y ha pedido a los empresarios ser más creativos y a los gobierno evitar «el incremento de impuestos y la contracción del gasto que provoquen problemas sociales».

GRYNSPAN

Por su parte, Grynspan ha asumido que el sistema Covax funciona «lento» y ha llamado a fortalecerlo para evitar las desigualdades a las que hacían referencia los dos mandatarios.

Ha apelado al optimismo y ha defendido que «no hay destino para el fracaso» sino que la salida de la crisis depende de lo que hagan los países, especialmente de lo que hagan juntos.

En este sentido, ha puesto en valor la celebración de la Cumbre Iberoamericana para enviar al mundo con «voz fuerte» un mensaje «para construir juntos y distinto». «Esta cumbre es histórica porque estamos en un momento histórico que exige de las voces de todos nosotros», ha defendido.

Asimismo, Grynspan ha resaltado el compromiso de los empresarios de la región que ha quedado palpable en el encuentro, los cuales «quieren invertir, estar, ser un factor para la recuperación y para vencer a la pandemia». Con ello, queda palpable que «no estamos condenados a una nueva década perdida en América Latina», ha valorado, insistiendo en que «la recuperación tiene que ser distinta, más inclusiva y sostenible».

La Comisión de Sanidad y Consumo del Senado ha aprobado, por unanimidad, instar al Gobierno a analizar, a partir de la legislación existente y de forma coordinada con las comunidades autónomas, las posibles mejoras en la regulación, legal y reglamentaria de la publicidad de centros, establecimientos y servicios sanitarios, y a elaborar una norma que contenga la regulación básica del Estado.

La iniciativa presentada por el PP ha sido aprobada este martes por la Comisión de Sanidad y Consumo de la Cámara Alta con los votos a favor de todos los grupos, después de que los ‘populares’ hayan acordado un nuevo texto con PSOE y Vox, que habían propuesto sendas enmiendas de modificación.

El nuevo texto, apuesta por promover reformas legales y reglamentarias que garanticen la seguridad de pacientes y usuarios frente a la publicidad engañosa, evitando los posibles perjuicios que puedan producirse, así como por proponer a las comunidades autónomas una campaña de vigilancia e inspección sobre estos centros.

En la misma sesión, la Comisión ha aprobado una moción socialista relativa al fortalecimiento y mayor desarrollo del Sistema Arbitral de Consumo, a la que se ha añadido una enmienda del PP y tres del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal. La iniciativa ha salido adelante con 28 votos a favor y la abstención del Grupo Parlamentario Vasco.

El texto presentado inicialmente por el PSOE insta al Gobierno al fortalecimiento y mayor desarrollo del Sistema Arbitral de Consumo, «con particular referencia a la casuística de reclamaciones y nuevas cuestiones litigiosas que se manifiestan especialmente con las singulares circunstancias de las actividades de Consumo que surgen en el novedoso marco comercial que se manifiesta a partir de la pandemia de COVID-19.

También quiere que se procure su «incentivación para generalizar su utilización en determinados servicios esenciales al consumidor, respetando en cualquier caso el principio de tutela judicial efectiva».

Por su parte, la enmienda de adición del PP pretende la digitalización y la telematización del arbitraje, mediante la investigación, desarrollo y ejecución de aplicaciones de la Inteligencia Artificial a la resolución de conflictos de consumo, con el objetivo de simplificar y agilizar los procedimientos.

El PSOE ha aceptado tres enmiendas de la Izquierda Confederal para reforzar, en coordinación con el resto de administraciones, el sistema arbitral de consumo, dotándolo de medios materiales y humanos.

«Se está implantando el expediente administrativo electrónico en todos los ámbitos, así como la generalización de los trámites a través de la firma digital sin que, al mismo tiempo se haya generalizado su uso entre la población mientras se ha ido desentendiendo de la atención presencial. Eso da lugar a que muchas personas no puedan utilizar el sistema arbitral de consumo ante las dificultades que se van a encontrar», sostiene el grupo de la Izquierda Confederal.

En este sentido, en otra de las enmiendas aceptadas por el PSOE se insta al Gobierno a, en colaboración con el resto de administraciones, impulsar campañas de información sobre el sistema de arbitraje de consumo entre los consumidoras. También se quiere dotar de recursos a las juntas arbitrales de consumo.

Más Madrid ha interpuesto una denuncia contra Vox en la Fiscalía Provincial de Madrid por posible delito de odio en la cartelería electoral de la estación de tren de Sol, dirigida contra los menores no acompañados.

Los carteles incluyen mensajes como ‘Un MENA, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión/mes’, junto al logo de Vox y su lema de campaña ‘Protege Madrid’. En el mismo cartel se ve la imagen de dos personas, una mujer de avanzada edad y, en otro, un hombre encapuchado y enmascarado con tez oscura.

Más Madrid argumenta en la denuncia interpuesta por su presidente, Pablo Gómez Perpinyà, que el discurso de odio «consiste en fomentar, promover o incitar, directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, por motivos racistas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación personal, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional».

«Desgraciadamente aún tenemos que presenciar este tipo de conductas presuntamente delictivas que, motivadas por el odio y la intolerancia, limitan la dignidad y ponen en riesgo la libertad y el desarrollo de las personas en igualdad de condiciones y oportunidades», han añadido en la denuncia.

ESPECIAL DIFUSIÓN EN CAMPAÑA

Como denunciantes entienden que sería de aplicación el agravante previsto por el artículo 510.3 del Código Penal, que establece que las penas previstas se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de Internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que se hiciera accesible a un elevado número de personas.

A lo que añaden el agravante de que «detrás del señalamiento a una categoría ‘administrativa’ se esconde una criminalización a un conjunto especialmente vulnerable pues se trata de menores de edad cuyo origen es extranjero y que en España no disponen de sus tutores legales, por lo que se hace más imperativo que exista una protección reforzada para evitar lo que el tipo penal busca proteger».

Perpinyà apostilla que los hechos denunciados se realizan en el marco de un proceso electoral en el que Vox dispone de «una especial atención mediática fruto de la mera convocatoria electoral, lo cual es reforzado por una disponibilidad de medios públicos para difundir dichos mensajes de odio de manera directa mediante los espacios electorales aprobados por la Junta Electoral Provincial y de manera indirecta mediante por la más que probable subvención electoral, que vendrá a restituir los gastos realizados para difundir los discursos de odio denunciados».

«Es por ello que los denunciados son conocedores de la amplificación de su mensaje y de su capacidad para amplificar el objeto de discriminación y señalamiento del conjunto de menores que se agrupan bajo el apelativo administrativo de ‘menas’ al emitirlos en periodo de campaña electoral», han argumentado.

ENTREVISTAS

En su denuncia, Más Madrid incluye entrevistas en prensa y televisión de la candidata de Vox a las elecciones del 4 de mayo, Rocío Monasterio, donde se pronuncia sobre los menores no acompañados. Dan traslado igualmente a la Oficina Nacional de lucha contra los Delitos de Odio y piden «efectuar un seguimiento de aquellos casos de delitos de odio conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que adquieran relevancia, ante la alarma social que representen, la complejidad o la gravedad de los hechos delictivos».

Más Madrid aporta en la denuncia la posibilidad de que la candidata de Vox y su cartel de campaña electoral emplee cifras «que pueden haber sido extraídas de los Acuerdos de Gobierno de la Comunidad de Madrid», concretamente de la reunión del pasado 3 de marzo, cuando se contrató un servicio de acogimiento residencial temporal de menores extranjeros no acompañados de 13 a 17 años, con 16 plazas, con la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial por un importe de 448.448 euros.

«Si dividimos el importe por las 16 plazas y la duración del contrato (6 meses) los 4.671,33 euros resultantes se aproximan a la cifra mencionada en las entrevistas», han indicado, después de apuntar que el programa ‘VerificaRTVE’ del 16 de abril «ya hizo un trabajo de investigación al respecto hablando con la entidad beneficiaria de dichas partidas».

Allí se recoge que las concesiones de las comunidades autónomas «no son un sueldo que los menores reciben tal cual, que esté a su disposición».

El coordinador técnico de Servicio para el Desarrollo (SERCADE), Xavier Parra, también especificó que las comunidades «no dan directamente dinero de bolsillo a ningún menor sino concesiones para la gestión de un conjunto de servicios, entre los que están mantener un espacio o gestionar a su personal, que puede ser extranjero o español». Y para añadir que en la Comunidad de Madrid «el coste de la plaza de acogida «no depende de la nacionalidad sino de las necesidades del menor».

El PSOE quiere que el Congreso apruebe este miércoles una iniciativa para urgir a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otros órganos constitucionales y para censurar el «bloqueo» que, según denuncia, está llevando a cabo el PP.

El debate sobre la falta de acuerdo para estas renovaciones volverá así a la Cámara un día después de que el Gobierno haya anunciado la retirada de ley para modificar las mayorías para la elección del CGPJ que registró para presionar a los ‘populares’, pero que mantenía congelada desde el pasado mes octubre.

Aquella propuesta, firmada por el PSOE y Unidas Podemos, fue fuertemente contestada por las asociaciones de jueces y puesta bajo la lupa de la UE y el Consejo de Europa.

A falta de una reforma legal, lo que el PSOE va a someter a debate este miércoles en la Comisión de Calidad Democrática es una proposición no de ley para que el Congreso manifieste «la urgente necesidad de renovar los órganos constitucionales» y rechace «cualquier intento de vulnerar los plazos recogidos en la Constitución española a través del bloqueo a dicha renovación».

El PSOE y Unidas Podemos ya cerraron un acuerdo con el PP y con el PNV para la renovación del Consejo de RTVE e incluso hubo negociaciones para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero también hay otras instituciones cuyo mandato ha caducado, como el Tribunal Constitucional (TC), el Defensor del Pueblo o la Agencia Española de Protección de Datos.

Y a la lista se ha sumado el Tribunal de Cuentas, que acaba de comunicar al Congreso y al Senado que su mandato acaba en julio y que debe iniciarse su renovación. Dadas las mayorías exigidas, todos estos órganos requieren un entendimiento entre el Gobierno de coalición y el PP como primer partido de la oposición.

INDEPENDENCIA DE LOS JUECES

En la misma sesión, los ‘populares’ defenderán otra iniciativa, que persigue que la Cámara pida a todos los miembros del Gobierno que «respeten la independencia de jueces y magistrados», tal y como ordena el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

También persigue que la Cámara emplace al presidente y los ministros a evitar «lanzar acusaciones de falta de imparcialidad» sobre los jueces y que «se abstengan de atacar al Poder Judicial y a la Justicia» a la que la Constitución consagra como «valorsuperior del ordenamiento jurídico y del Estado Social y Democrático de Derecho».

El PP presentó esta proposición no de ley hace un año, después de que el CGPJ se quejara de las críticas vertidas por varios miembros del Gobierno, entre ellos el entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ante la condena que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid impuso a la portavoz de Podemos, Isa Serra, (19 meses de cárcel y a una multa de más de 2.000 euros) por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones y daños durante una concentración para parar un desahucio.

La Biblioteca Nacional cuenta actualmente con 14.809 documentos pendientes de localizar, lo que supone el 0,04% del total de la colección, según recoge la institución en un informe sobre medidas para la protección de las colecciones.

Tal y como explica la Biblioteca en un documento, esta información se ha consignado desde que se automatizó la institución y, en gran medida, a partir de la información obtenida en los recuentos que se realizan desde el año 2008.

Este informe se ha publicado tras el robo del tratado astronómico ‘Sidereus nuncius Magna’ de Galileo en el año 2014, conocido el pasado mes de marzo.

El Ministerio de Cultura y Deporte mantiene abierto un procedimiento informativo para conocer los hechos en torno a este documento y además ha creado un grupo de trabajo para mejorar los protocolos de seguridad y de comunicación en la Biblioteca Nacional.

En el informe de seguridad, la BNE explica que muchos casos se sabe, a partir de la información disponible en el catálogo de fichas, que la información sobre la no localización de los documentos se detectó antes –en los años 80 y 90–.

Además, del total no localizado, 13.204 son monografías modernas (publicadas con posterioridad a 1830), es decir, publicaciones que, en principio revisten menor valor patrimonial y de las que es más fácil que se cuente con más ejemplares.

«El refuerzo de las medidas de seguridad y la mejora en los controles de la colección parece que han dado los resultados esperados como muestran el bajo porcentaje de documentos que no se localizan en los recuentos anuales», ha resaltado la Biblioteca en las conclusiones del documento.

Con el fin de centrar los trabajos en las obras que puedan tener más valor, se ha pedido al departamento de Valoración e Incremento del Patrimonio de la BNE que estudie el listado y realice una selección de aquellas obras que pudieran tener un mayor valor económico o patrimonial.

Como resultado, en el informe al que ha tenido acceso Europa Press se han señalado un total de 54 obras cuyo valor económico se puede situar en torno a los 5.000 euros o más. Estas obras no se localizan desde los años ochenta y noventa, se ha seguido su rastro y una mayoría desaparecieron en un importante robo que se produjo en 1987.

No obstante, se ha remitido el listado a la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional «por si en algún momento alguna de ellas saliera en el mercado del libro internacional.

COPIAS DIGITALES ANTE POSIBLES PÉRDIDAS

El informe recoge las mejoras en protección que han venido haciéndose en la última década en la Biblioteca, a través por ejemplo de la digitalización de los fondos. «Por una parte, favorece que se limite el movimiento de los fondos y, por otra, en el peor caso de pérdida o daño de un ejemplar, se conserva una copia digital del documento», ha indicado.

En este sentido cabe destacar que entre 2008 y 2021 la BNE ha digitalizado y puesto a disposición del público en su Biblioteca Digital más de 220.000 títulos que suponen más de 30 millones de páginas. Desde el año 2014 –fecha del robo del Galileo– se elaboró por primera vez un documento que recogía la estimación de los documentos pendientes de catalogar.

Desde entonces se han procesado cerca de 2 millones de documentos de forma retrospectiva. A esto hay que sumar el ingreso anual de documentos (que ronda el medio millón) por lo que podemos estimar que entre 2014 y 2020 se han procesado unos 5,5 millones de documentos.

MÁS PUESTOS DE CONTROL Y CÁMARAS DE SEGURIDAD

«Como resultado, la estimación de colecciones pendientes de proceso se ha reducido enormemente (se calculan en torno a 663.698, pero es una cifra muy dudosa precisamente porque son colecciones no procesadas) y el conocimiento de los fondos que se conservan es mucho mayor que hace unos años», ha indicado la institución.

Actualmente la BNE cuenta, además de con su propia plantilla, con un gran contrato que se puede prolongar en 2024 para el proceso técnico de documentos que incluye la catalogación de alrededor de 550.000 títulos (que pueden representar más de un millón de ejemplares).

Asimismo, la institución ha mejorado por ejemplo los puestos de control (tres en la actualidad, frente al único de 2004); los controles de entrada y salida al usuario; las cámaras de seguridad (277 en la actualidad frente a las 130 de 2004) o los controles de acceso al depósito.

El PP ha fracaso este martes en su intento de lograr los apoyos suficientes en el debate en el Congreso del nuevo régimen estatutario de los funcionarios de prisiones, de acuerdo a la propuesta de ley auspiciada por la plataforma Tu Abandono Me Puede Matar, al entender el Gobiernos y sus socios que lo que busca es «torpedear» la negociación en marcha con los sindicatos representativos.

PSOE y Unidas Podemos han advertido en el debate de toma de consideración de la proposición de ley que se trataba de «oportunismo parlamentario para torpedear» la negociación en marcha abierta entre el Ministerio del Interior, a través de Instituciones Penitenciarias, y los sindicatos de prisiones representativos.

En la defensa del texto, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha sostenido que su intención era lograr un «amplio consenso para mejorar el servicio penitenciario» a través de subidas retributivas o el reconocimiento de los funcionarios como agentes de autoridad, esto último en respuesta a las agresiones constantes de estos trabajadores.

Gamarra se ha referido a la mesa de negociación que aborda en la actualidad una nueva ley de cuerpos para los funcionarios de prisiones. En este sentido, ha denunciado que «no avanza por falta de compromiso y el deseo oculto de hacerla fracasar». Los sindicatos representativos, de hecho, amenazaron hace unos días a Interior con movilizaciones.

APOYOS DE CS Y VOX

Todos los grupos han reconocido que urge la actualización del marco normativo por depender de leyes preconstitucionales, aunque el PP sólo ha contado con el apoyo de Ciudadanos, Vox, UPN y Coalición Canaria para, al margen de la nueva ley de cuerpos, crear un estatuto que recoja la «singularidad» de los funcionarios de prisiones.

El diputado del PSOE José Vélez ha censurado a los ‘populares’ por su gestión en el Gobierno, cuando se perdieron 3.000 efectivos, así como por optar en la oposición por «seguir la estela» de Vox en el Senado, donde ya fracasó un intento de tramitar la proposición de ley de la plataforma Tu Abandono Me Puede Matar.

Los grupos nacionalistas vascos y catalanes han mostrado su rechazo a la propuesta de estatuto para los funcionarios de prisiones al entender que invade competencias transferidas a estas comunidades autónomas, cuestionando el hecho de que impulse competencias para un «cuerpo nacional» de trabajadores.

Enrique Santiago, de Unidas Podemos, ha abundado en esta cuestión para considerar anticonstitucional armar a los funcionarios de prisiones, un aspecto que ha sido rebatido por parte de Vox. Javier Ortega Smith, de hecho, ha calificado de urgente que se les considere como agentes de autoridad para reforzar la «presunción de veracidad cuando levanten actas».

COMPRENSIÓN DE ERC A LOS FUNCIONARIOS

La diputada de ERC Pilar Vallugera ha rechazado apoyar la iniciativa pero ha reconocido que es legítima la petición de la plataforma Tu Abandono Me Puede Matar. En este sentido, ha desvelado que se ha reunido con representantes de este movimiento, a los que entiende cuando demandan no ser «estigmatizados como ultraderecha». El PP, en su turno, también ha subrayado en varias ocasiones que no tienen «adscripción sindical ni política».

Por este motivo, ERC se ha comprometido a «seguir trabajando juntos», reconociendo que los funcionarios de prisiones son «personas que pasan mucho miedo e indefensión». Vallugera también ha defendido el modelo de gestión catalán enfocado a la reinserción: «La prisión no tiene voluntad punitiva, de castigo, sino de ejecución de una política que debe ser de segunda oportunidad».

La representante de ERC ha expresado su solidaridad con su compañero Joan Josep Nuet, inhabilitado por desobediencia grave por permitir la tramitación del referéndum del 1-O. La réplica la ha obtenido de Ortega Smith, que subió a la tribuna a continuación: «Está inhabilitado por golpista y delincuente».

El juez del caso ‘Neurona’, en el que se investiga la presunta financiación ilegal de Podemos, ha acordado reabrir la investigación sobre los presuntos sobresueldos que habrían cobrado la gerente y el tesorero del partido, Rocío Esther Val y Daniel de Frutos, respectivamente, al cuestionar que la primera tuviera competencias para aprobar complementos salariales.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha estimado un recurso de Vox contra el auto del 11 de marzo en el que acordó el sobreseimiento provisional de la causa en relación con el presunto delito de administración desleal imputado a Val por implementar complementos salariales y por abonar los gastos por desplazamiento tanto a ella misma como a De Frutos.

De esta forma, Escalonilla ha dejado sin efecto el archivo temporal, reactivando esta parte del caso ‘Neurona’, y ha ordenado nuevas diligencias en las que cita al ex gerente Pablo Manuel Fernández Alarcón para que declare como testigo el próximo 21 de mayo.

También ha pedido a Podemos que entregue los estatutos del partido elevados a escritura pública en 2018; el informe de ejecución de los presupuestos de 2019, detallando las partidas que reflejen los complementos salariales; y los datos personales de los trabajadores que recibieron dichos pluses.

El instructor ha acogido el argumento planteado por Vox de que Val no tendría la capacidad de establecer complementos salariales. El propio Escalonilla ha explicado en su auto que, si bien había deducido que la gerente sí tenía esa facultad, «de la documental presentada cabe llegar a conclusiones distintas».

«En tal sentido los certificados de los acuerdos del Consejo de Coordinación de Podemos de fecha 17 y 24 de abril de 2017 (…) acreditan que la escala salarial fue aprobada por el Consejo de Coordinación a propuesta de la gerente, lo que indiciariamente acredita que ésta última no tenía facultades para aprobar la escala salarial y, por ende, cabe entender que para implementar complementos salariales que alteren dicha escala», ha dicho el juez.

ESTATUTOS ANTIGUOS

Al mismo tiempo, ha recriminado a Podemos que no habría aportado los estatutos vigentes en 2019. La formación ‘morada’ entregó los estatutos elevados a documento público en 2017, pero «parece ser que posteriormente fueron aprobados otros estatutos en el año 2018, que se encontrarían vigentes cuando dicha gerente procedió a la implementación de los complementos salariales y que no han sido aportados por dicho partido político».

Asimismo, ha dado la razón a Vox «en cuanto a que resulta insuficiente a los efectos de acreditar que el Consejo Ciudadano Estatal aprobó la implementación de dichos complementos salariales la mera presentación de un certificado por quien ostentaba la condición de Secretaria del Consejo de Coordinación», la ahora ministra Ione Belarra.

A este respecto, el instructor ha indicado que, «de cara a la adecuada acreditación de tal extremo», Podemos debe aportar el propio informe sobre ejecución de presupuesto de 2019, con «especial indicación» de la partida correspondiente a la implementación de los complementos salariales adjudicados tanto a la gerente como al tesorero y a otros miembros del partido.

PLUSES Y GASTOS

El supuesto cobro de sobresueldos por parte de algunas personas de Podemos es uno de los hechos mencionados por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente en la denuncia que presentó en diciembre de 2019, de la que partió el caso ‘Neurona’.

Calvente puso la lupa en los dos complementos que cobraban Val y De frutos –uno por Coordinación, de 210,32 euros, y otro por Coordinación Ejecutiva, de 400 euros– y en el de responsabilidad personal, por otros 210,32 euros, que recibía la abogada Marta Flor, así como en los reembolsos que habrían recibido en una media de 300 euros mensuales la gerente y el tesorero en concepto de gastos por desplazamiento.

Escalonilla acotó en su momento que la cuestión a dilucidar es si Val tenía facultades para aumentar su sueldo, el de De Frutos y los de otros compañeros mediante estos complementos salariales, ya que de no ser así podría haber incurrido en un delito por administrar deslealmente el dinero de Podemos.

EL CASO ‘NEURONA’

El núcleo de esta causa es el contrato que Podemos firmó con Neurona Comunidad por 363.000 euros por labores de consultoría política para las elecciones generales del 28 de abril 2019. El juez sospecha que fue un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas ‘moradas’, por lo que intenta determinar si realmente la empresa hizo ese trabajo para el partido.

A lo largo de la instrucción, Escalonilla ha archivado varios asuntos que constaban en la denuncia de Calvente, tales como los contratos electorales con ABD o las obras de la nueva sede del partido. También cerró la investigación sobre las donaciones de la Caja de Solidaridad de la formación política a organizaciones afines pero la Audiencia Provincial le ha ordenado reabrirla.

Además, a raíz de un escrito presentado por la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona, el juez ha acordado abrir procedimientos independientes sobre los nuevos hechos denunciados por ésta, entre ellos el supuesto uso de una empleada del partido y ahora asesora del Ministerio de Igualdad como niñera de los hijos de la ministra, Irene Montero.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que, para poder obtener una autorización de residencia temporal en España por circunstancias excepcionales de arraigo laboral, los extranjeros pueden acreditar la relación laboral y su duración por cualquier medio de prueba válido.

Entre estos medios de prueba se incluye el certificado de vida laboral que acredite una relación laboral derivada de una anterior autorización de residencia que hubiera perdido vigencia.

La Sala fija de este modo que no es imprescindible esa acreditación de la relación laboral exclusivamente a través de los medios establecidos en el párrafo segundo del artículo 124.1 del Real Decreto 557/11 del Reglamento de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, que menciona «una resolución judicial que la reconozca o la resolución administrativa confirmatoria del acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que la acredite».

El Supremo desestima el recurso de la Abogacía del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que concedió a una mujer de nacionalidad marroquí la autorización de residencia que solicitó por arraigo laboral acreditado por la certificación de vida laboral, y a quien se la había denegado la Subdelegación del Gobierno en Almería y un Juzgado de lo Contencioso de dicha ciudad.

La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente la magistrada Ángeles Huet, recuerda que el artículo 124.1 del Reglamento de Extranjería señala que podrá conceder una autorización de residencia por razones de arraigo laboral, social o familiar cuando se cumplan determinados requisitos.

REQUISITOS DEL ARRAIGO

Por arraigo laboral, dicha norma establece que se podrán obtener una autorización los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de dos años, siempre que carezcan de antecedentes penales en España y en su país de origen o en el país o países en que haya residido durante los últimos cinco años, y que demuestren la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a seis meses.

«A los efectos de acreditar la relación laboral y su duración, el interesado deberá presentar una resolución judicial que la reconozca o la resolución administrativa confirmatoria del acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que la acredite», añade la Ley.

El alto tribunal subraya que ello no supone que queden excluidos «cualesquiera otros medios de prueba» para acreditar el arraigo laboral, concepto que, tal y como se define en el propio Reglamento, se vería injustificadamente restringido.

«Ninguna justificación, ni apoyo en la definición de arraigo laboral contenida en el reglamento, tiene atribuir dicho arraigo a quien, permaneciendo en España al menos durante dos años, ha estado trabajando durante seis meses en forma ilegal o clandestina, y negárselo, en cambio, a quien, concurriendo las mismas circunstancias temporales, haya trabajado de forma legal al amparo de una autorización de residencia anterior que hubiera perdido vigencia», explica la Sala.

Respecto a la consideración de la Abogacía del Estado de que esta interpretación convierte en superflua la existencia misma de la renovación de las autorizaciones de residencia cuyos requisitos, establecidos en el art. 71 del Reglamento ya no sería necesario cumplir nunca, el tribunal contesta que «esta situación, no sólo supondría una clara actuación en fraude de ley, sino que se trata, realmente, de un supuesto en el que lo que falta es el arraigo laboral mismo que, por su propio concepto, alude siempre a una relación laboral que debe ser cercana en el tiempo al momento de pretenderse la autorización que en él se base».

El Supremo indica que exigencias derivadas, tanto del derecho a la prueba como del concepto mismo de arraigo laboral contenido en el reglamento, «demandan que dicho arraigo laboral pueda ser acreditado por cualquier medio de prueba válido en derecho, incluido, por tanto, los certificados de vida laboral que acrediten una relación laboral que pueda haber derivado de una anterior autorización de residencia que hubiera perdido vigencia».

También explica que «la finalidad del párrafo segundo del art. 124.1 del Reglamento no es, ni puede ser, rectamente interpretado, la de restringir los medios de prueba del arraigo laboral, sino, por el contrario, la de facilitar la prueba del mismo cuando tenga sobre la base relaciones laborales clandestinas, precisamente, por la dificultad de prueba que de tal circunstancia deriva».

El precepto pretende, pues, «salir al paso de los problemas que pueden plantearse para acreditar situaciones en las que el arraigo provenga de relaciones laborales ilegales, ocultas o clandestinas, pero no tiene por objeto restringir el concepto mismo de arraigo laboral a un tipo específico de relación laboral, la ilegal o clandestina, ni mucho menos imponer la obligación de denunciar la ilegalidad de la situación laboral a quien la padece. Nada de ello cabe colegir de la definición que del arraigo laboral se contiene en el apartado primero del precepto», recuerda el alto tribunal.

La mujer marroquí a la que se refiere el caso concreto presentó con fecha 15 de febrero de 2016 solicitud de autorización de residencia por arraigo laboral al amparo del art. 124.1 del Reglamento, aportando, para acreditar la relación laboral de más de seis meses, un certificado de vida laboral del que se desprendía que había trabajado durante 8 meses y 11 días, de los cuales, 70 días correspondían al año 2008, y el resto, al año 2015.

En su caso, el grueso de la relación laboral que sustentaba el arraigo laboral alegado se habría desempeñado al amparo de la autorización provisional de residencia y trabajo que había obtenido el 24 de septiembre de 2014.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado a «dilucidar» si «están reclamados o no» los bienes muebles y accesorios del Pazo de Meirás, después de que la Audiencia Provincial ordenase su devolución a los herederos del dictador Francisco Franco.

Y es que el auto judicial conocido este mismo martes, contra el que no cabe recurso, revoca el depósito mobiliario a favor del Estado que acordó en diciembre el Juzgado de Instrucción por entender que la demanda de la parcela catastral hecha por la Administración General no incluye «mesas, vajillas, alfombras o cuadros».

A este respecto, en su comparecencia ante los medios tras una reunión de más de hora y media con el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, el presidente de la Xunta ha destacado que la resolución de la Audiencia «no pone en cuestión la propiedad, para nada, del inmueble», que sigue siendo público.

Eso sí, «sobre si están reclamados o no los bienes muebles», Feijóo ha dicho a renglón seguido que «es una cuestión que bien vale la pena dilucidar».

Además, ha recordado recordado que la Consellería de Cultura está ahora «valorando los bienes» muebles del interior del Pazo, entre los que se encuentran las esculturas de los profetas Abraham e Isaac, que fueron declarados bienes de interés cultural (BIC) y que son objeto de una reclamación judicial por parte del Ayuntamiento de Santiago.

No en vano, Feijóo ha defendido que Galicia «desde hace mucho tiempo intentó recuperar la propiedad del Pazo de Meirás en beneficio de los gallegos, dado que aquí se concretó el supuesto pago parcial de esa propiedad».

«Por tanto, si el dinero salió de aquí, lo lógico es que la propiedad quede en el patrimonio público de Galicia, que es lo mismo que el patrimonio del Estado», ha incidido.

CONSELLEIRO DE CULTURA

Por su parte, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, se ha pronunciado sobre el auto de la Audiencia tras un acto en A Coruña, donde ha dicho que todavía es «prematuro poder hacer una valoración», ya que los servicios jurídicos de la Xunta «lo están estudiando».

En cualquier caso, ha apelado a «respetar el Estado de derecho» y las resoluciones judiciales, al tiempo que ha confirmado que las esculturas de Abraham e Isaac «no pierden su condición de BIC», algo que es «fundamental para garantizar su conservación».

Así, ha recordado que hay conformado un grupo de trabajo, de manera conjunta con el Ayuntamiento de Santiago, para poder «reproducir el proceso jurídico que llevó a que las Torres de Meirás se integrasen en el patrimonio público». «Esperemos llegar a buen puerto», ha zanjado.

La Comisión Europea concedió un total de 384.646 estancias de movilidad en el ámbito universitario entre 2014 y 2020 en España con el programa Erasmus+. En 2014, se concedió financiación para 44.718 movilidades de estudiantes, cuando en 2020 se ha alcanzado la cifra de 67.393, la más alta.

Así lo ha puesto de manifiesto el director del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), Alfonso Gentil Álvarez-Ossorio, durante las ‘Jornadas Anuales de Difusión e Información Erasmus+ 2020-2021’ del SEPIE, donde ha dado a conocer los resultados del programa conseguidos en España durante el anterior periodo 2014-2020.

Las Jornadas han sido inauguradas por la directora de Juventud, Educación y Erasmus+ de la Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura de la Comisión Europea, Sophia Eriksson; y de la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, y el ministro de Universidades, Manuel Castells, quienes han puesto en valor el programa tanto para España como para la UE.

DATOS DE 2020, AÑO DE LA PANDEMIA

Según explican fuentes del SEPIE, los datos de movilidad dados a conocer este martes por el director se refieren a movilizaciones adjudicadas por la Comisión Europea, no a estudiantes beneficiarios de dichas movilidades.

De este modo, las cifras correspondientes a 2020 publicadas no se han visto alteradas por la pandemia, ya que en todo momento se habla de movilidades adjudicadas y el periodo para que se lleven a cabo esas movilidades es de dos años, con lo que todavía no hay datos oficiales sobre número de estudiantes beneficiarios en el curso 2019-2020.

En cualquier caso, según una encuesta realizada por la Comisión Europea en abril del año pasado a 11.800 estudiantes Erasmus+ de toda Europa, un 42% de los participantes afirmaron continuar su formación de manera virtual en su lugar de destino Erasmus+.

Otra encuesta realizada desde el SEPIE a las universidades españolas a comienzos del curso 2020-2021, estima una reducción aproximada de cerca del 40% de las movilidades previstas para el primer semestre de este curso con respecto a años anteriores.

ESPAÑA, PRIMER DESTINO

Siguiendo con los datos del periodo 2014-2020, durante su intervención, Gentil ha recalcado que la mayoría de movilidades de educación superior del programa Erasmus+ adjudicadas fueron para estancias entre países europeos (la denominada KA103), iniciativa que alcanzó la cifra de 354.333 movilidades.

Con respecto a las iniciativas de movilidad individual a países europeos y asociados (KA107), Gentil ha destacado su crecimiento a nivel presupuestario durante estos últimos años, pasando de 8,5 millones en 2015 (año en que nació) a 23,6 millones en 2020. Asimismo, destaca que España es el segundo país en presupuesto gestionado tras Alemania.

En este sentido, el director del SEPIE recuerda que el presupuesto para actividades de la educación superior ha ido aumentando progresivamente desde 2014, año en que la financiación era de 57 millones, llegando a los 141 millones en 2020. En total, la financiación alcanzó los 744,7 millones para la educación superior en este periodo, entre la financiación de la UE y de los países miembros. En concreto, España ha aportado 148 millones.

En resumen, España se ha convertido en el primer destino europeo en el ámbito de la educación superior y es el segundo país en envío de estudiantes en educación superior, según ha recordado Gentil.

ERASMUS+ EN EDUCACIÓN ESCOLAR, DE ADULTOS Y FP

Pero Erasmus+ no es un programa únicamente para estudiantes universitarios, sino que también tiene convocatorias y acciones para la educación escolar, la Formación Profesional y la educación de adultos.

Con respecto a la educación escolar, Gentil ha puesto de manifiesto cómo los proyectos de movilidad del profesorado se han triplicado en los últimos años, pasando de 209 en 2014 a 603 en 2020, sumando un total de 2.757. Durante es periodo, se han adjudicado 22.319 movilidades, 5.337 el año pasado, frente a las 1.557 de 2014. Además, destaca que cada año, se han ido sumando 500 centros educativos al programa, pasando de 1.775 centros en 2017 a 3.355 en 2020.

En cuanto a educación de personas adultas, Gentil ha recordado que aunque se trata de un sector con un «impacto menor», también ha experimentado un «crecimiento muy importante». Si en 2014 había 25 proyectos, esta cifra ha aumentado hasta los 135 en 2020, sumando un total de 508 proyectos en el periodo 2014-2020. Aunque la movilidad de personas adultas era escasa al principio, con 274, ha ido creciendo hasta llegar a las 1.211 en 2020, sumando un total de 4.103.

En Formación Profesional, las movilidades en proyectos adjudicados han pasado de 4.972 en 2014 a 11.526 en 2020, haciendo un total de 59.734 en los últimos siete años. Los proyectos de movilidad financiados durante este periodo han sido 2.693, con una duración media de 18 meses, en la que han participado 6.869 organizaciones y 471 consorcios.

EL NUEVO PROGRAMA ERASMUS+ 2021-2027 Y SUS PRIORIDADES

La Comisión Europea presentó el pasado 25 de marzo el nuevo programa Erasmus+ para el periodo 2021-2027, con un presupuesto de algo más de 28.000 millones de euros. El nuevo Erasmus+ será más inclusivo, más digital y más ecológico, apoyando la transformación digital, la inclusión y la diversidad, además del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Gracias a este renovado Programa, se financiarán proyectos de movilidad y cooperación transfronteriza relacionados con el aprendizaje para 10 millones de personas de todas las edades y todos los orígenes.

En cuanto a sus prioridades: Erasmus+ será más inclusivo, ofreciendo mayores oportunidades a todo tipo de personas, incluidas las personas con orígenes culturales, sociales y económicos diversos. Así, se facilitarán los trámites de solicitud para que las organizaciones más pequeñas puedan presentar solicitudes gracias a las asociaciones a pequeña escala y al uso de subvenciones simplificadas.

Asimismo, Erasmus+ será más digital, ya que apoyará el desarrollo de capacidades digitales, en consonancia con el Plan de Acción de Educación Digital. Ofrecerá formación e intercambios digitales de alta calidad a través de plataformas como eTwinning, School Education Gateway y fomentará los periodos de prácticas en el sector digital.

Y Erasmus+ será más sostenible: en consonancia con el Pacto Verde Europeo, el programa promoverá que los participantes utilicen modos de transporte más sostenibles como el tren y el autobús. También invertirá en proyectos que promuevan la sensibilización sobre cuestiones medioambientales y facilitará los intercambios relacionados con la mitigación de la crisis climática.

Además de estas prioridades, el nuevo Programa se caracterizará por ser aún más internacional, permitiendo así la cooperación con terceros países, una cooperación reservada hasta ahora a la Educación Superior y que se amplía a los sectores de la Educación Escolar y la FP.

Las instituciones que deseen participar han de cumplimentar sus correspondientes solicitudes hasta el día 11 de mayo para proyectos de movilidad, Acción Clave 1 (KA1), y hasta el 20 de mayo para proyectos de cooperación, Acción Clave 2 (KA2).

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, espera que el diálogo entre los gobiernos central y autonómico en el marco del recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley de Salud de Galicia termine por dar una «solución extrajudicial» a las discrepancias para que la norma «recobre el vigor» de cara al 9 de mayo, cuando finalice el estado de alarma.

Así lo ha expresado en su comparecencia ante los medios junto al delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, con quien ha mantenido una reunión en la mañana de este martes y en la que el recurso contra la reforma de la legislación sanitaria autonómica ha sido uno de los asuntos abordados.

Sin embargo, minutos después de finalizar la comparecencia entre ambos dirigentes, ha trascendido que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso, lo que conlleva la suspensión de los artículos impugnados por el Gobierno, entre ellos el que contempla la vacunación obligatoria.

De este modo, en su comparecencia –antes de conocer la admisión a trámite–, Feijóo ha dicho esperar que «en los siguientes días», en el marco de la comisión bilateral entre ambas administraciones, el Ejecutivo de Pedro Sánchez «concrete el contenido y alcance de esa acusación para responderla» y, «si es posible», que «retire el recurso».

El objetivo del presidente gallego es «que la ley recobre el vigor» que tenía desde su aprobación y que «antes del 9 de mayo quede resuelto este problema». «Tenemos unas fechas. Si es posible, nos gustaría avanzar en una solución extrajudicial«, ha recalcado.

Y es que, tal y como ha recalcado, la Xunta «necesita» que esta normativa «recupere el vigor» para luchar contra la pandemia una vez decaiga el estado de alarma.

LA XUNTA SE ENTERÓ «POR LOS MEDIOS»

En cualquier caso, Feijóo ha reprochado, en su comparecencia conjunta con Miñones, que la Xunta se enterase «por los medios de comunicación» de la intención del Gobierno central de recurrir la reforma de la Ley de Salud y también que solicitaba la «suspensión de la entrada en vigor» de los artículos impugnados. «Hombre, cuando a uno lo denuncian no sería malo que se enterase antes del resto», ha apostillado.

Además, ha lamentado que «no se pudo hablar» antes de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez acudiese al Constitucional. «Es un error desde el punto de vista sanitario y también desde el punto de vista sanitario», ha remarcado.

Dicho esto, Feijóo ha recordado que el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, «viene nada más y nada menos que de Cataluña, donde decía, cuando era responsable del Partido Socialista, que había que negociarlo todo».

Por eso, ha afeado que, mientras mantenía esta actitud con Cataluña, a una Comunidad «constitucionalista» como la gallega «ni siquiera le llame» para avisar de la interposición del recurso. «Esta relación, que creo que debe presidir la lealtad, no se produjo por parte del Gobierno central», ha añadido el presidente de la Xunta.

MIÑONES, PARTIDARIO DEL «DIÁLOGO»

Por su parte, el delegado del Gobierno Galicia, preguntado al respecto, se ha mostrado partidario del «diálogo» en la comisión bilateral y ha dicho que «hay un antes y un después» desde la primera reunión técnica del pasado viernes entre ambas administraciones.

«Como creo mucho en el diálogo, yo creo que a partir de ahí veremos los efectos para que esto se encauce», ha proseguido Miñones.

FIN DEL ESTADO DE ALARMA

Asimismo, el presidente de la Xunta ha vuelto a reclamar la convocatoria de una Conferencia de Presidentes en la que el Gobierno y los responsables autonómicos, como «autoridades delegadas» durante estos últimos meses, aborden el fin del estado de alarma, ya que el 9 de mayo «no finaliza la pandemia».

Según Feijóo, este encuentro serviría para poder «concretar las estrategias» contra la pandemia, las «competencias» de las administraciones, así como las restricciones «que se deben mantener» y las que «decaen» –entre estas, el toque de queda y el cierre perimetral– ante el «período de vacío jurídico» que se abre el 9 de mayo.

«La cogobernanza no puede ser solamente una estrategia para gestionar, cuando hay dificultades, las comunidades y cuando hay buenas noticias, el Gobierno central. Eso no es cogobernanza, es lo contrario», ha manifestado el presidente gallego.

El Consejo de Ministros ha autorizado el pago de una contribución voluntaria de España a la Agrupación EUMETNET con el objetivo de garantizar los servicios meteorológicos

La aportación, propuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se realizará a través de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La aportación a la Agrupación de Interés Económico de EUMETNET permitirá compartir desarrollos tecnológicos y proyectos que no podrían ser acometidos individualmente por ningún servicio meteorológico.

La Agrupación de Interés Económico (EUMETNET) se constituyó en Bruselas en 2009 como una conferencia de servicios meteorológicos nacionales europeos para llevar a cabo programas de colaboración en diversos campos de la actividad básica operativa, mejorando las prácticas y reduciendo los costes de las inversiones que cada país realiza en infraestructuras y en servicios que benefician a toda la comunidad.

En la actualidad, esta agrupación cuenta con 31 miembros y 5 más cooperantes, todos ellos servicios meteorológicos nacionales de sus respectivos países.

España participa a través de la AEMET en esta agrupación desde 1997. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico considera que la participación en la EUMETNET es imprescindible para garantizar la operatividad de AEMET y para equilibrar y reducir la demanda de recursos humanos y financieros, al compartir desarrollos tecnológicos y actividades esenciales para su funcionamiento, que no podrían ser acometidas individualmente por ningún servicio meteorológico.

Integrarse en EUMETNET supone tener un control técnico, político yestratégico del futuro de la meteorología en Europa, intercambiar conocimientos, experiencias, nuevas tecnologías y metodologías con otros países del entorno europeo y, en definitiva, obtener una mayor eficiencia tanto en calidad como en relación coste/beneficio de los servicios que AEMET ofrece, según destaca el Gobierno.

Navarra y el Estado firmarán el próximo 24 de mayo la transferencia de la competencia de sanidad penitenciaria. Así lo han decidido este martes la presidenta de la Comunidad foral, María Chivite, y el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, en el transcurso de una reunión en la que también han acordado que la transferencia de tráfico sea una realidad durante el segundo semestre.

En el encuentro, celebrado en la sede del Ministerio en Madrid, también ha participado por parte del Gobierno de Navarra el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, mientras que por parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública han estado presentes Víctor Francos, secretario de estado de Política Territorial y Función Pública, y Miryam Álvarez, secretaria general de Coordinación Territorial; y también se ha dado cita Santos Cerdán, diputado navarro y secretario ejecutivo de Coordinación Territorial del PSOE.

Así, el próximo 24 de mayo se reunirá la comisión mixta entre Navarra y el Estado para rubricar el traspaso de la competencia de sanidad penitenciaria. Además, han fijado para el segundo semestre la transferencia en materia de tráfico y seguridad vial tras la recepción por parte del Gobierno de Navarra de la documentación técnica por parte del Estado.

En este sentido, la presidenta Chivite ha señalado al ministro Iceta que el Ejecutivo foral está trabajando en la propuesta técnica y ha ratificado la decisión del Gobierno de Navarra de activar la denominada «pasarela» prevista en la Ley Foral de Policías de Navarra, que permitirá el acceso de miembros de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil a la Policía Foral de Navarra.

«Quiero destacar el buen entendimiento con el Gobierno de España, esa buena relación que mantenemos con todos los Ministerios en las reuniones que estamos teniendo y, sobre todo, mi agradecimiento al ministro Iceta que entiende perfectamente esa España plural y de las autonomías y que comparte y respeta nuestro régimen foral. Y en esa línea de entendimiento hemos acordado fijar el traspaso de la competencia de sanidad penitenciaria y materializar el de tráfico y seguridad vial en el segundo semestre de este año», ha señalado la presidenta, quien ha destacado que «jamás un Gobierno había presentado una propuesta técnica que ahora mismo se está analizando».

SOLUCIONAR LA SITUACIÓN DE TEMPORALIDAD DEL PERSONAL PÚBLICO

Además, Chivite e Iceta han mostrado su compromiso común por resolver el problema de la temporalidad de los empleados públicos. A tal fin, ambos gobiernos están trabajando en una solución que, «desde el respeto escrupuloso a la legalidad y normativa en los términos de acceso al empleo público así como las especificidades de cada Administración», ofrezca una solución que facilite la estabilización de las plantillas.

Por último, la presidenta ha dado a conocer al ministro Iceta la apuesta del Gobierno de Navarra por avanzar de manera definitiva en la digitalización de la Administración, en la línea que se viene trabajando con el Ministerio y resto de comunidades, de cara lograr un servicio público moderno y eficiente, así como condiciones dignas para el personal público, ha informado el Gobierno en una nota.

En esta sentido, el vicepresidente Javier Remírez ha señalado que «es una satisfacción la alineación entre el Gobierno de Navarra y el de España para solucionar el problema de la temporalidad de la plantilla de la Administración». «La voluntad de ambos Gobiernos es buscar soluciones que conjuguen el respeto de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la administración pública con la adopción de medidas flexibles e imaginativas que permitan a cada comunidad soluciones específicas para afrontar esta situación generada en tiempos pasados», ha dicho.

El encuentro entre Chivite y el ministro Iceta, el primero desde que éste tomase posesión del cargo el pasado mes de enero, se enmarca en el compromiso del Gobierno de Navarra y del Gobierno de España de «seguir profundizando en los espacios de diálogo, acuerdo, cogobernanza y lealtad institucional ya establecidos en la presente legislatura».