La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha anunciado este viernes el acercamiento a cárceles más próximas al País Vasco y Navarra de otros cuatro presos de ETA y ha resuelto, además, la progresión al tercer grado de otro interno de la banda terrorista. La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha lamentado que en estas dos comunidades autónomas están ya el 30% de los presos etarras.

Tres de los cuatro presos acercados este viernes tienen delitos de sangre que acumulan seis asesinatos a lo largo de su historial delictivo, mientras que el progresado a tercer grado, Luis María Carrasco Asenguinolaza, cumple condena por otros tres asesinatos.

Según la AVT, dos de ellos serán acercados a prisiones propias del País Vasco, uno de ellos –Mikel Arrieta Llopis– «sin la propuesta de la junta de tratamiento de la prisión pertinente: ya son 31 los traslados que se han llevado a cabo sin la propuesta de las juntas de tratamiento de las cárceles correspondientes».

Prisiones ha informado que uno de los presos etarras que esta semana verán mejorada su situación penitenciaria «sin colaborar con la Justicia», como vienen denunciado las asociaciones de víctimas, es Mikel Arrieta Llopis.

Este preso de ETA pasará de la cárcel de Soria a la de Martutene (San Sebastián). Fue condenado a 102 años de prisión por el atentado terrorista que acabó con la vida de Cristina Mónica Illarramendi Ricci, Agustín Martínez Pérez y Alfonso Maside el 22 de marzo de 1982 en Sestao y por el asesinato de José Aybar Yañez el 30 de junio de 1982 en Barcaldo.

Manuel Miner Villanueva dejará Granada por Dueñas (Palencia). Fue condenado en 2003 a más de 90 años de prisión como responsable del asesinato de Iñaki Totorika Vega. También fue condenado en 2006 a 253 años de prisión por el atentado contra el estadio Santiago Bernabéu, en el que resultaron heridas 22 personas por la explosión de un coche bomba el 1 de mayo de 2002, y a 20 años por atentar con un coche-bomba contra un edificio de Repsol.

Unai Bilbao Solaetxe irá a Daroca (Zaragoza) desde la cárcel de Granada. En 2004 la Audiencia Nacional le condenó a 45 años de prisión como autor del asesinato de Juan Priede Pérez. Por su parte, José Ignacio Bilbao Gaudeba irá de Zuera (Zaragoza) a la prisión de Basauri (Bilbao). En 2002 fue condenado a 101 años de prisión como miembro y colaborador del comando Vizcaya.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha resuelto además la progresión a tercer grado de Luis María Carrasco Asenguinolaza, que mantiene como destino el centro penitenciario de Álava en el que cumple condena en la actualidad.

Fue condenado a 47 años de prisión por el asesinato de Santiago Oleaga el 24 de mayo de 2001 en San Sebastián. También fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Mikel Uribe Aurkia el 14 de julio en Leaburu, Guipúzcoa. Además fue condenado a 36 años de prisión por el asesinato de Juan María Jauregui el 29 de julio del 2000 en Tolosa.

Carrasco Asenguinolaza cumplirá las 3/4 partes de condena en diciembre de 2024. «Está abonando la responsabilidad civil, se ha desvinculado de la banda terrorista, rechaza el uso de la violencia, ha suscrito una petición de perdón a las víctimas y ha manifestado su deseo de reparar el daño que les causó con sus delitos», ha señalado Instituciones Penitenciarias, que recuerda que en noviembre de 2017 fue clasificado en segundo grado, artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, por resolución judicial.

CRÍTICAS DE LA AVT

La AVT, que contabiliza 216 traslados de prisiones correspondientes a 179 etarras desde que llegó Pedro Sánchez a la Moncloa, ha insistido en que «en pocas semanas» se llevará a cabo el movimiento de presos para acumularlos en las cárceles del norte. Son 44 etarras los que han sido trasladados al País Vasco y otros 10 en Navarra.

«Lo próximo será ir acumulando a estos terroristas en las prisiones del País Vasco para que queden bajo la tutela del Gobierno vasco cuando se materialice el traspaso de las competencias de prisiones a esta comunidad. Estaremos más que vigilantes para ver qué repercusiones puedan tener este tipo de decisiones en las víctimas del terrorismo», han avisado.

Los Reyes han presidido este viernes 23 de abril un acto en la sede del Instituto Cervantes en Alcalá de Henares para celebrar el Día Internacional del Libro en el que la poesía y el galardonado con el Premio Cervantes 2020, Francisco Brines, han sido los protagonistas.

En un acto de poco más de una hora de duración, la poesía ha acaparado el foco de atención de un evento que ha suplido a la tradicional entrega del Cervantes –que, por segundo año consecutivo, no ha podido celebrarse el 23 de abril, en esta ocasión por el estado de salud de Brines–.

Precisamente, ha sido el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, quien durante su intervención ha anunciado que el acto de entrega del Premio Cervantes se hará «pronto» en Oliva (Valencia), la localidad natal del galardonado en esta edición, Francisco Brines, contando también con la presencia de los Reyes.

«Brines no nos ha podido acompañar por motivos de salud, aunque pronto tendremos la oportunidad de visitarle en su Oliva natal con los Reyes, a los que acompañaré con orgullo para entregárselo. Gracias majestades por estar siempre con la cultura«, ha señalado Uribes.

El ministro ha añadido que el poeta «valenciano universal» espera este acto «en primavera, que es su otoño de las rosas». «Estamos asolados por esta cruel pandemia, en la que el libro ha sido compañero fiel para gran parte de la población. Creo que Brines estaría de acuerdo en este acercamiento del libro a la sociedad», ha defendido.

El propio poeta ha tenido también su espacio en el acto, con la proyección de un video en el que ha leído uno de sus poemas, ‘Mi resumen’, perteneciente al libro inédito ‘Donde muere la muerte’. El autor, de 89 años de edad, ha leído el fragmento con voz débil, apoyado en un micrófono.

«‘Como si nada hubiera sucedido’ / Es este mi resumen y está en él mi epitafio. / Habla mi nada al vivo / y él se asoma a un espejo / que no refleja a nadie.», reza el poema de Brines.

Previamente, el actor José Sacristán ha leído un cuento de Miguel Delibes (‘El Pueblo en la cara’) y un poema de Antonio Machado (‘Don Francisco Giner de los Ríos’), además de otro poema, ‘Estación claridad’, dedicado a las madres de la plaza de mayo, de María Elena Walsh.

Para cerrar el acto, los monarcas, acompañados del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, han visitado una exposición en el claustro del Colegio del Rey, construido por el arquitecto Juan de Herrera, que se inaugura con una selección de títulos de poesía contemporánea.

FRANCISCO BRINES O DEFREDS

Durante esta visita, en la que también han participado Uribes y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, la Reina Letizia se ha mostrado interesada por el «choque» entre generaciones de poetas «de toda la vida» y los que publican en redes sociales, mencionando nombres como el del poeta Defreds y el propio Brines.

Previamente, el Rey también había preguntado a Montero por la poesía actual y su relación con los jóvenes. «Las redes sociales han reunido lo más íntimo y lo público y los jóvenes ahora están acostumbrados a enamorarse, tener una pelea y ponerlo en redes. Entre esa frontera de intimidad y público vive la poesía», ha explicado el director del Cervantes.

Al final del recorrido, los Reyes han descubierto una placa conmemorativa del acto en el trigésimo aniversario de la creación del Instituto Cervantes.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este viernes que en los «próximos días» se procederá a la vacunación de policías y guardias civiles de Cataluña. Además, ha lamentado lo que ha calificado como «disfunción» de la Generalitat: «Prefería que hubiera ocurrido como en otras comunidades autónomas también con policías integrales».

A preguntas de los periodistas antes de participar en un acto de la plataforma Ponle Freno, Grande-Marlaska ha evitado pronunciarse sobre si piensa que la Generalitat ha cometido un delito con esta cuestión. «Estoy diciendo simplemente que ha habido una disfunción y que eso ha sido lo que ha motivado que hayamos actuado desde el primer momento para garantizar la vacunación», ha dicho.

El ministro se refería al anuncio de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, de proceder a la vacunación de los policías tras semanas denunciando los sindicatos de atrasos en el proceso: en Cataluña se ha vacunado al 15% de policías y guardias civiles, frente al 75% de otras comunidades autónomas; además, se quejan de que los Mossos d’Esquadra y policías locales sí se han vacunado en la «práctica totalidad».

Al ser preguntado si estaba molesto con las autoridades catalanas, Grande-Marlaska ha comentado: «Son cuestiones que yo preferiría que hubieran ocurrido como en otras comunidades autónomas también con policías integrales, donde la vacunación de los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil, como un estamento sensible y especial de protección al encontrarse en primera línea, se hubiera concluido en la forma que era necesaria y precisa».

«ESTÁ YA ORGANIZADO» A LA ESPERA DE VIALES

Sobre la fecha concreta para vacunar a los agentes, Grande-Marlaska ha asegurado que se llevará a cabo en cuanto «lleguen los viales, en los próximos días». «Está ya organizado», ha añadido antes de explicar que en el último mes han hecho las gestiones «necesarias y precisas» con la implicación de Interior, la Delegación del Gobierno en Cataluña y los ministerios de Sanidad y Política Territorial.

«Gestiones muy importantes porque en Cataluña policías y guardias civiles, a diferencia de otras comunidades autónomas, no habían sido vacunados en los porcentajes adecuados y necesarios, que correspondían conforme a la estrategia», ha añadido en alusión al plan marcado por el Consejo Interterritorial de Salud.

Según Grande-Marlaska, el Gobierno lleva «un mes trabajando de una forma seria y decidida y ya está determinada la estrategia para ponernos al día inmediatamente a través de los medios de Policía Nacional y Guardia Civil». Fuentes de Interior explicaron que las dosis se suministrarían con la participación de personal sanitario de ambos cuerpos policiales.

«Cuando ya está resuelto el problema, que no hay que quitarle trascendencia, es cuando algunos otros parece ser que se hacen eco. No ha habido una preocupación previa, pero quienes tenemos la responsabilidad hemos estado ocupados y preocupados, y ya está solucionado», ha enfatizado.

El titular del Interior ha pedido que se reconozca la labor que realizan Policía y Guardia Civil junto a los Mossos para garantizar la seguridad en Cataluña. «Hubiera sido necesario que la vacunación hubiera seguido los mismos parámetros», ha concluido, en alusión a la policía catalana.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha avanzado este viernes que su formación pedirá la comparecencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Carmen Calvo, por utilizar el Boletín Oficial del Estado como un «panfleto electoral» para «criticar» al principal partido de la oposición.

En declaraciones a los medios tras visitar las casetas de la Cuesta de Moyano, Casado ha calificado de «gravísimo» que la ley de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal, en que se despenalizan los piquetes informativos, contenga un preámbulo en que se acusa al PP de haber aplicado un «desmantelamiento de libertades» en España.

«Jamás había pasado que en el preámbulo de una ley se criticara al partido de la oposición. Es una falta de respeto al jefe del Estado que se le pase a la firma al Rey la ratificación de una reforma legislativa que se está utilizando para atacar a la oposición. Es insólito lo de este Gobierno, cruza todas las líneas rojas», ha lamentado.

En esta línea, Casado ha sostenido que la utilización del BOE va «contra las libertades y contra el pluralismo político», por lo que pedirán «responsabilidades» al Ejecutivo. Además, el presidente del PP ha lamentado que Sánchez tenga un medio más para atacar a su partido, después de hacerlo «desde las televisiones públicas y desde el Parlamento».

Casado se ha referido de esta forma a los ataques después de que la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, se quejase este mismo viernes de que se incluya una «crítica política» y un «ataque» a su formación en la exposición de motivos de la «Ley impulsada por Pedro Sánchez».

En este contexto, el presidente de los ‘populares’ ha lamentado que ahora vaya «a ser legal que alguien» pueda sufrir el reventón de una luna o una rueda de su coche sin que esto «tenga ninguna repercusión».

Todo ello después de que el BOE haya publicado la ley orgánica que deroga el artículo 315.3 del Código Penal que introdujo el gobierno Rajoy para castigar con hasta tres años de cárcel a los piquetes informativos que coaccionen a otros trabajadores a seguir una huelga.

La ley no es nueva, sino que la registró el Grupo Socialista al inicio de la legislatura en el Congreso y ha estado catorce meses en tramitación parlamentaria hasta su aprobación definitiva en el Senado el pasado 14 de abril. La despenalización, incluida en el acuerdo de gobierno de PSOE y Unidas Podemos, salió adelante en el Congreso con el apoyo de ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP, Más País, Compromís, BNG, Teruel Existe y Nueva Canarias, sumando 189 votos a favor y superando con holgura la mayoría absoluta necesaria para modificar una ley orgánica.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha llamado este viernes a Vox «incipiente nido de dictadura», a lo que la líder regional de esta formación, Rocío Monasterio, ha respondido que la dictadura es «la que sufren los trabajadores con los impuestos».

En el acalorado debate en la cadena Ser, en el que han participado todos los candidatos salvo Isabel Díaz Ayuso, que ha renunciado a renunciado a asistir, y Pablo Iglesias –que lo ha abandonado al principio por la polémica con Vox–, Monasterio ha comenzado a desglosar sus propuestas en inversiones presupuestarias, priorizando la sanidad, la educación y la emergencia social.

Entre ellas también ha anunciado la reducción del número de diputados y de consejerías. «No podemos tener tanto chiringuito y todos tienen que apretarse el cinturón. Sé que esto no lo comparten muchos de los que están aquí», ha dicho.

Este planteamiento ha sido rebatido por la cabeza de lista de Más Madrid, Mónica García, que señalado que con el ahorro de sueldos de diputados no da para paliar todo lo que necesita la Sanidad pública. Lo mismo ha expuesto el candidato de Cs, Edmundo Bal, que con ha calculado que son 3,6 millones euros los que se ahorraría la Comunidad reduciendo los parlamentarios regionales y con eso «no se hace un hospital».

Por su parte, el aspirante socialista a presidente regional, Ángel Gabilondo, ha tachado el mensaje de Monasterio de «antipolítica» y de hacer impresiones «como si fuera una emperadora japonesa». ¿Cuál es un número de diputados ideal. Entiendo que pueda votarse una reducción. La historia es saber cuál es su sueño ideal de diputado, que sería 6, uno por cada grupo, y en su sueño de corazón es que hubiera uno y eso tiene nombre. Cuando quieren reducir los poderes establecidos en la antipolítica eso tiene otro nombre, porque son incipientes nidos de dictadura. Los discursos de la antipolítica son muy inquietantes», ha manifestado.

A ello, la candidata de Vox ha respondido que dictadura es «la que sufren los trabajadores a la hora de pagar impuestos» porque, ha indicado, que 62 millones de euros van destinados a la promoción e Consejerías, entre otras apuntes como Arco Verde, Comisionados, y con eso «nos da para abrir un nuevo hospital».

«No se pongan irritaditos porque les toco su estado de bienestar. Porque aquí lo que tenemos es que hablar del estado de los madrileños y no de los políticos», ha apostillado.

Al respecto, Mónica García ha acusado a la dirigente de Vox de «querer minimizar» el trabajo que hacen en la Asamblea y en comisiones porque «es una antidemócrata y no le gusta la política». «No le molestaba tanto en la Fundación por el Mecenazgo y Patrocinio donde estaba el líder de su partido, el representante de la España jeta. ¿Qué lecciones van a dar de chiringuitos ustedes?», ha preguntado.

Por su parte, Edmundo Bal, que ha señalado que no ha venido al debate a insultar, se ha quejado de la «demagogia y el populismo». «Hay gastos superfluos en la Administración. Lo que hicimos para intentar acabar con esto es presentar enmiendas en el Congreso. Ustedes no presentó enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado. El trabajo no les gusta. Es todo palabrería pero trabajar nos arremangamos por sentido común», ha reprochado a Vox.

Rocío Monasterio le respondido recriminándole que en la Comunidad de Madrid con su llegada aumentaron de 9 a 13 las consejerías: «Eso sí que es un gasto ineficaz».

El segundo debate entre los candidatos a las elecciones de la Comunidad de Madrid ha estado marcado por la bronca y la marcha del mismo por parte de los tres candidatos de la izquierda, Pablo Iglesias (Unidas Podemos), Ángel Gabilondo (PSOE) y Mónica García (Más Madrid), después de que la candidata de Vox, Rocío Monasterio, no reconociera las amenazas de muerte al candidato de Unidas Podemos.

Tras la marcha de Iglesias en el arranque del debate, Gabilondo ha tomado la palabra porque había «que mandar un mensaje superior, no se puede consentir este no reconocimiento». «Tenemos que estar con los que han sido amenazados expresamente», ha lanzado. Ha afirmado que las valoraciones de Monasterio son «un punto de inflexión» y que se había quedado en el debate por «respeto a la democracia» y para que el odio «no la pueda silenciar». «Ha sido directamente amenazado (Iglesias)», ha defendido.

A él le ha seguido Mónica García, quien ha prometido que hará «todo lo posible» para que Vox no llegue a la Puerta del Sol «de ninguna de las maneras». Ha apelado también a la candidata del PP y presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que no ha acudido al debate y es «quien quiere gobernar con Vox».

Ambos han apelado a los ciudadanos para «que vayan a votar» y derroten así al «odio». Por su parte, el candidato de Cs, Edmundo Bal, les pedía «por favor» que se quedaran para «no hacer el juego a Vox».

Pasaban poco minutos del comienzo del debate organizado por la ‘Cadena Ser’, cuando la periodista Àngels Barceló proponía que los minutos iniciales de los candidatos se destinaran a valorar la carta amenazante con una bala en su interior recibida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

Tal y como estaba previsto en el orden de intervención, el primero en tomar la palabra ha sido Pablo Iglesias, quien ha denunciado que la «intolerancia e impunidad van a más», y ha avisado de que si Monasterio no se retractaba y condenaba estas amenazas, abandonaría el debate.

La candidata de Vox ha manifestado que condenaba «todo tipo de violencia» y ha pedido a Iglesias que denuncie también la violencia en sus mítines como en Vallecas. «Le animo que vaya a denunciar estas amenazas. No nos creemos nada. Y si quiere, pues lárguese, que es lo que queremos muchos españoles. Es muy fácil, que se levante, que lo están deseando un montón de españoles, que se vaya de España. Venga, me alegro que se vaya», ha dicho

Iglesias, mientras se levantaba de la silla, ha indicado a la presentadora del debate que estaban «cometiendo un error con esta gente blanqueándolos». «Nosotros no vamos a debatir con la ultraderecha», ha recalcado.

Barceló ha pedido a Monasterio que no es el tono que querían aplicar a un «debate entre demócratas», a lo que le ha afeado que era partidista y que era una «ministra política», haciendo alusión a que la periodista había cogido la mano de Iglesias para tratar de convencerle de que se quedara en el debate. «Yo soy periodista y demócrata», le ha replicado Barceló.

El resto de candidatos, sentados, pedían a Iglesias que se quedara, y han censurado al unísono las formas de Monasterio, a quien García le ha afeado sus «aberrantes» palabras. A continuación, Monasterio ha pedido a la candidata de Más Madrid que se quitara «esa cara de amargada». Sin tiempo a responderle, Gabilondo le ha pedido «por favor, educación», al igual que Edmundo Bal. Pero no ha sido el único ‘encontronazo’ de los candidatos con Monasterio, quien los ha acusado de ser unos «irritaditos».

LA SOMBRA DE AYUSO Y LA RESPONSABILIDAD EN PANDEMIA

La gestión de la pandemia de la Covid-19 ha llevado a Ayuso al debate aunque, debido a su ausencia, desde el ala progresista se ha apuntado al candidato de Ciudadanos, socio de gobierno durante la última legislatura, como «portavoz» de la presidenta. «Un poco de portavoz sí que tiene», le ha dicho Gabilondo, porque «quiere seguir gobernando» con el PP.

La ‘diana’ de las críticas ha sido la candidata de Vox, que ha acusado a los candidatos progresistas de ser unos «irritaditos». Junto al candidato ‘naranja’, han defendido la combinación de economía-salud frente a un Más Madrid que ha apostado por la priorización sanitaria y el PSOE, que ha censurado las «medidas laxas» adoptadas y ha cargado contra el «efecto llamada» a Madrid como lugar ciudad de «fiesta».

En el intercambio dialéctico, Monasterio ha cargado contra PSOE y Más Madrid por llamarle «xenófoba» cuando advirtió de la necesidad de controles en el accedo por el aeropuerto de Barajas ha cuestionado el toque de queda a las 23,00 horas, reclamando informes científicos que demuestren «por qué nos contagiamos más a las diez que a las once de la noche».

«Si a una hora se contagia más no es el debate; es tener a las personas recogidas el máximo tiempo», ha defendido por su parte el candidato socialista, que ha recalcado que no son necesarios informes jurídicos porque como «persona viva que está de pie» sabe lo que pasa en la calle.

En la misma línea, desde Más Madrid han defendido que «el problema no es la hora» sino «dónde». «Donde hay más riesgo, y es una evidencia científica, es en interiores, con más movilidad y contacto», ha dicho García, que ha recordado que ha llegado a haber áreas y zonas básicas de salud que han llegado a tener una incidencia de 1.800 y no se ha hecho nada.

Desde Más Madrid, Mónica García ha cargado contra Bal, al que se ha dirigido como portavoz de la presidenta regional –«no sé si está haciendo usted de Ayuso»–, y contra Vox, por su defensa de un relajamiento de las restricciones.

«Hay un libro de instrucciones, se llama ciencia. En una pandemia no se trata de elegir entre salud y economía« sino que hay que priorizar el tema sanitario, ha defendido García, que ha subrayado que si Ayuso estuviera presente le recordaría que Madrid cuenta con la «peor» esperanza de vida y ha recalcado que «peor que no entender la pandemia es utilizarla.

Frente a ello, Bal ha defendido la apertura de la hostelería –«soy muy de bares y no veo que exista ese descontrol», ha dicho– y ha subrayado que la Comunidad tiene menor incidencia que Euskadi, «que tiene la hostelería cerrada». En cualquier caso, ha pedido «no usar cifras para enfrentar» y «no elegir entre salud y economía» sino compatibilizar.

LOS «IRRITADITOS»

La protagonista de los rifirrafes, en cualquier caso, ha sido la candidata de Vox, que ha llamado «irritaditos» a los candidatos del bloque progresista. «No se me pongan irritaditos porque les toco su estado de bienestar», les ha dicho para defender el recorte de Consejerías y cargos. «De dónde saca tanta falta de educación, de respeto», le ha interpelado Mónica García. «Eso se ensaya», ha ironizado Gabilondo.

Los presupuestos de la Comunidad de Madrid, que finalmente no fueron aprobados ante la falta de acuerdo en el gobierno de coalición, también ha centrado las críticas por parte de las formaciones progresistas, con Gabilondo calificando de «desgracia» no contar con unas cuentas públicas en la pandemia. «El 5 de mayo los habrá», ha defendido Bal, ante lo que el candidato socialista ha ironizado: «Por la tarde, sí».

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha señalado que «aquellos que han estado votando que no» al estado de alarma durante el último año o «haciendo muy difícil» que el país pudiera tener este instrumento, ahora que éste finaliza el próximo 9 de mayo «lo estén celebrando, al menos».

De esta forma se ha pronunciado Ábalos a preguntas en rueda de prensa en Mérida sobre el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo, respecto del que ha aclarado que el Gobierno «no va a poner fin al estado de alarma», sino que «lo pone el propio decreto que aprobó en su día el estado de alarma, que establecía un vencimiento para el 9 de mayo», y al que el Ejecutivo «no tiene intención de llevar un prórroga».

En ese sentido, Ábalos ha considerado que «aquellos que han estado votando que no, o haciendo muy difícil que en los momentos más duros de la pandemia pudiéramos tener un ámbito jurídico que protegiera la salud», ahora que finaliza ese estado de alarma «lo estén celebrando, al menos».

Ante esta situación, a partir del 9 de mayo será la Conferencia Interterritorial de Sanidad, con la ministra de ramo y los responsables de las Comunidades Autónomas, «los que deban llegar a acuerdos para todos los territorios», por lo que ha confiado en que «ese nivel de corresponsabilidad y de solidaridad entre los territorios se produzca, y no haya quién esté esperando siempre qué se aprueba, para decir justamente lo contrario», ha dicho.

Por eso, ha confiado que en que «hayamos aprendido todos la lección, porque algunos han pagado en este tiempo tributos muy elevados, con la propia vida», ha señalado Ábalos, por lo que ha señalado que España «merece entrar en otra senda de mayor confianza y de mayor movilidad también, y enfrentarse a nuevos retos en paralelo a la vacunación».

«NO HA SIDO FÁCIL HASTA AHORA»

En su intervención, José Luis Ábalos ha admitido que la situación que «no ha sido fácil hasta ahora», por lo que ha trasladado su agradecimiento «a todos aquellos que hicieron posible este marco jurídico de protección, que lo entendieran y ampararan, y que se pusieran de lado del Gobierno».

También ha querido agradecérselo «a aquellos territorios que lo entendieron perfectamente y así hicieron», tras lo que Ábalos ha lamentado «la incoherencia de aquellos otros territorios que pidieron medidas», que luego, los diputados de sus propias formaciones políticas «no ejercieron en la misma dirección».

Ábalos ha señalado también su agradecimiento a la sociedad española, que «lleva mucho tiempo con privaciones», por lo que ha resaltado su «capacidad de sacrificio», ya que al principio de la pandemia, tras ver lo que estaba ocurriendo en China, todos pensaron que «nuestra sociedad no podría asumir ese nivel de restricciones», ha dicho.

Sin embargo, el ministro ha valorado que «la sociedad española ha dado un ejemplo tremendo», en la que tanto mayores como niños «han sido capaces», por lo que a su juicio, ahora «toca poner en valor todo este esfuerzo del conjunto nacional, y de aquellos que tanto se han sacrificado por esto», entre los que ha citado a los sanitarios, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, o el sector de transporte y alimentación, ha destacado.

«Todo esto ha constituido también un aprendizaje para los próximos meses», ha resaltado Ábalos, tras lo que ha querido destacar el «esfuerzo» que España está haciendo «entre todos para sacar adelante la vacunación».

Ahora, España «tiene por delante un reto ilusionante, que es poner a este país, no ya en el plano de la recuperación, sino en el plano del impulso para afrontar los restos que tenemos pendientes como país», ha reafirmado el ministro de Transportes, quien ha apuntado entre esos retos, el de la sostenibilidad, la digitalización, el de la cohesión o la igualdad entre hombres y mujeres.

José Luis Ábalos se ha pronunciado de esta forma, a preguntas de los periodistas este viernes en Mérida, en rueda de prensa que ha ofrecido junto al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el presidente de Renfe, Isaías Táboas Suárez, para presentar el Centro de Competencias Digitales que se instalará en la ciudad.

Los españoles leen, aunque haya sido como mínimo un libro en el último año, y lo hacen tanto en papel como en formato digital (55%), sobre todo para desconectar, relajarse y como forma de entretenimiento, preferiblemente en un dispositivo ‘eReader’.

Así se desprende del estudio que Amazon Kindle ha presentado este viernes coincidiendo con la celebración del Día del Libro, que recoge las respuestas de más de mil españoles adultos, a una encuesta realizada por la compañía de investigación de mercados IPSOS, en relación con el presente y el futuro de la lectura y la escritura en España.

El estudio señala que el 90 por ciento de los encuestados afirma haber leído como mínimo un libro durante el último año. Según han indicado desde Amazon Kindle, este porcentaje podría estar relacionado con el hecho de que el 45 por ciento de los encuestados afirme haber leído más libros de lo habitual en 2020.

La generación Z (nacidos a mediados de los años 90 y principios de los 2000) y los ‘millennials’ (nacidos a mediados de los años 80) son los grupos de edad que han incrementado aún más sus hábitos de lectura en este periodo. De media, los encuestados leyeron 13 libros el año pasado, aunque existen algunas diferencias entre los que leyeron tanto en papel como en formato digital (17 libros de media) y los que leyeron únicamente en papel (8 libros de media).

Los españoles destacan la desconexión, el relax y el entretenimiento como principales motivos para leer (razones que se mantienen tanto si eligen el formato digital el libro en papel). Sí señalan que prefieren el formato electrónico para los desplazamientos hacia el trabajo o los momentos de espera.

En cuanto al formato elegido, el 55 por ciento lee tanto en versión papel como en versión digital; solo el 6 por ciento lee únicamente en electrónico, y el 30 por ciento lo hace en papel de forma exclusiva. Estas cifras corroboran la tendencia de que los lectores cambian de un formato a otro indistintamente, como ha destacado la compañía.

Con respecto a la tipología del lector, cerca del 90 por ciento de las personas que leen en formato electrónico también lo hacen en papel, pero solo el 65 por ciento de las personas que leen libros impresos lo hacen en digital. En relación con los dispositivos que utilizan, el ‘eReader’ es el más común (59%), seguido por las tabletas (41%), los teléfonos (25%) y los ordenadores (24%).

Uno de los motivos principales por los que los españoles eligen la lectura digital es la posibilidad de disponer de una extensa biblioteca en un único dispositivo (48%), la comodidad en los viajes (43%), el poco peso (42%), el ahorro de espacio en casa (41%) y la posibilidad de adaptar el tamaño de la letra fuente según las preferencias y necesidades personales (31%). Además, uno de cada cuatro considera que los libros digitales son más sostenibles. Por otro lado, el 51 por ciento sigue valorando el tacto del papel por encima de otras cualidades.

En este contexto de alta coexistencia, en el que el 72 por ciento de los españoles está de acuerdo con que los libros físicos y digitales pueden convivir, y la mitad de los encuestados (51%) cree que los libros digitales facilitan el descubrimiento de nuevos autores. Para el 46 por ciento la suscripción a un servicio de lectura digital fomenta la lectura, y el 18 por ciento confirma haberse abonado ya a alguno de estos servicios.

A la hora de elegir libros, la mayoría de los lectores afirman que los factores determinantes para ellos son el argumento (65%) y el género (64 %), aunque también destacan el autor y las recomendaciones (51% en ambos casos). El 64 por ciento de los encuestados tiene en cuenta las recomendaciones de familiares y amigos.

Cuando se les pregunta si encuentran alguna diferencia entre las obras autopublicadas y las que pertenecen a editoriales tradicionales, el estudio destaca que el 78 por ciento no nota diferencia, y el 12 por ciento dice que, de hecho, es más probable que lean si se trata de una obra autopublicada.

FIRMAS DIGITALES DE MÁS DE 100 AUTORES EN KINDLE

Junto al estudio, Amazon ofrece ejemplares firmados digitalmente por más de cien autores nacionales e internacionales (disponibles en www.amazon.es/diadellibro2021) para celebrar este viernes el Día de Libro.

Entre los autores que participan se encuentran Javier Castillo, Elísabet Benavent, Dolores Redondo, Julia Navarro, Arturo Pérez-Reverte, Jordi Sierra i Fabra, Ángela Cremonte, Manel Loureiro, Eva García Sáenz de Urturi o Lolanda Batallé.

En la iniciativa también participan autores autoeditados con Kindle Direct Publishing (KDP), como Marcos Chicot, Fernando Gamboa, Isabel Acuña o Luis Carlos Castañeda González, ganador del Premio Literario Amazon Storyteller 2020.

Todos los lectores que adquieran uno de los títulos escogidos por estos autores recibirán en su dispositivo o aplicación móvil de Kindle una edición especial que incluirá una dedicatoria personalizada escrita a mano y una rosa diseñada en exclusiva por las ilustradoras Las Rayadas. Los usuarios que ya dispongan de alguna de estas obras en sus dispositivos podrán actualizarlas de forma gratuita para obtener la versión firmada.

Además, todos los clientes que compren cualquier libro en Amazon.es, ya sea en papel o en formato digital, recibirán un código promocional canjeable por 7 euros de descuento para la compra de flores o plantas en Colvin, válido hasta el 6 de mayo.

La Fiscalía de Sevilla ha presentado un escrito de acusación ante la Audiencia Provincial contra seis presuntos integrantes de una organización criminal que operaba en Sevilla y Bilbao (Vizcaya), por un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral a mujeres nicaragüenses a las que supuestamente captaban para trabajos de empleada de hogar.

La Sección de Extranjería de la Fiscalía solicita 12 años de prisión para dos de los miembros de la red, que se encuentran en prisión provisional, y ocho años y seis meses para los otros cuatro.

El escrito de acusación señala que los hechos investigados constituyen un delito continuado de tráfico ilícito de migrantes en su modalidad de ayuda a la entrada y permanencia, un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral agravado por pertenencia a organización criminal y un delito contra los derechos de los trabajadores, estando dicha organización integrada por tres personas de origen nicaragüense, otra peruana y dos españolas.

También solicita en concepto de responsabilidad civil que los acusados indemnicen a cada de las siete víctimas por el daño moral causado entre 8.000 y 15.000 euros, además de la prohibición de contactar o acercarse a las mismas por un periodo de diez años.

Los hechos relatados en la acusación de la Fiscalía acontecieron entre octubre de 2018 y noviembre de 2019, fecha en la que los acusados fueron detenidos en una operación realizada por el Grupo III de la UCRIF de Sevilla.

LA DECLARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

Las siete víctimas de esta organización de trata de seres humanos son testigos protegidos y la acusación pública solicita que de no ser posible su presencia o localización para que declaren en el juicio oral, se proceda al visionado de la grabación de sus declaraciones practicada como prueba preconstituida ante el Juzgado de Instrucción.

La organización criminal captaba a las mujeres en su país de origen, Nicaragua, y también a otras que ya estaban en España con la intención de explotarlas laboralmente, bajo la falsa promesa de un trabajo digno y bien remunerado en el servicio doméstico, asumiendo los gastos de su viaje a España y simulando su entrada en calidad de turistas por el aeropuerto de Bilbao para trasladarlas después a Sevilla.

Una vez en España, se les comunicaba que habían contraído una deuda muy superior al importe real por el desplazamiento, que oscilaba entre los 3.500 euros y los 7.000 euros y que debían abonar trabajando en los empleos que les buscaban en el servicio doméstico y en el cuidado de personas mayores.

LES RECLAMABAN ENTREGAS EN GARANTÍA

Como garantía de la deuda, las mujeres debían entregar escrituras de propiedades que ellas o sus familiares más cercanos posesión en su país, según la Fiscalía.

Los acusados las alojaban en condiciones de hacinamiento en dos pisos del barrio de las Tres Mil Viviendas del Polígono Sur, el barrio con menor renta neta media anual por persona de toda España, y se las obligaba a pagar alquileres desorbitados aunque solo pernoctaran en ellos un día a la semana, según recoge el escrito de acusación.

También tenían que abonar los pagos por ayudarlas a insertar anuncios de empleo en páginas web gratuitas o por trasladarlas a los domicilios donde les habían conseguido trabajo.

Eran los acusados, según agrega el Ministerio Público, quienes negociaban el salario y las condiciones del trabajo con los empleadores y se quedaban con un porcentaje de su sueldo y, en algunos caos, con la totalidad.

Los acusados imponían estas condiciones a las víctimas abusando de su precaria situación económica y las amenazaban, en caso de no aceptarlas, con denunciar ante las autoridades su situación irregular en nuestro país para que fueran expulsadas a Nicaragua, señala el escrito fiscal.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha cargado este viernes contra Vox por criminalizar diariamente al Gobierno al tiempo que ha asegurado que «la ultraderecha no cabe» en la sociedad española por mantener un «discurso del odio» que «tiene consecuencias».

En una entrevista en La Sexta, Maroto ha aprovechado para «denunciar» y mostrar su apoyo hacia el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, después de que los tres hayan recibido cartas amenazantes con balas en su interior.

En esta línea, la ministra ha señalado que ningún político «debe olvidar que representa a millones de ciudadanos» y que su labor es «transformar» el país. «Cuando uno lo olvida, no debería estar en una lista ni en ningún puesto de responsabilidad», ha sostenido.

Maroto, que ha confesado que el Gobierno está «preocupado» por la crispación política, ha insistido en que «se va a investigar y se va a buscar a las personas que están detrás» del envío de las misivas.

Asimismo, la ministra ha criticado que la candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, haya puesto «en duda» las cartas. «No se puede permitir que se ponga en duda. No cabe la ultraderecha en nuestra sociedad, que avanza y no quiere retroceder», ha afirmado.

Maroto se ha expresado así después de que el propio Iglesias haya abandonado esta mañana el Debate de la Cadena SER en su arranque después de que la candidata de Vox, Rocío Monasterio, se haya reafirmado en que no cree sus amenazas de muerte y tras pedirle «que se largue».

RESPETA QUE EL JUEZ NO RETIRE EL CARTEL DE VOX

Preguntada sobre el clima político en la Comunidad de Madrid, la titular de Industria ha lamentado que la palabra se utilice «para confrontar» y no «para buscar complicidades» y «salvar vidas y empleos».

«(La política) Está crispada porque hay un gobierno que está confrontando no solo con el gobierno de España sino con los autonómicos cada miércoles en el Consejo Interterritorial. Cada declaración que hace Ayuso, donde hay un problema, busca culpables. También el discurso de Vox, que desde Madrid llega al conjunto del territorio», ha aseverado.

Con todo, Maroto cree que la situación política en la Comunidad de Madrid parece más exaltada porque «los medios» ponen «mucho el zoom». «Yo, que viajo mucho fuera, lo que vemos es que hay cansancio, lo que quieren es que resolvamos los problemas, y en eso está ocupado el Gobierno», ha explicado.

Por último, preguntada por el cartel electoral de Vox sobre los menores extranjeros no acompañados, Maroto ha señalado que respeta la «decisión» del juez, que ha decidido no retirarlo. «Pero seguimos condenando utilizar la xenofobia a los menas, contra un colectivo como los pensionistas que en esta crisis es de los más afectados», ha zanjado.