El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha defendido que todas las Comunidades Autónomas adopten, aunque sean pocas, las mismas recomendaciones y limitaciones» de cara a la Semana Santa, ya que «el virus no entiende de fronteras».

Así lo ha planteado el consejero extremeño en la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad celebrado este miércoles, en el que ha abogado por que sea «una acción coordinada» entre las CCAA, porque a su juicio, «la sociedad española no entendería que no llegásemos a un acuerdo a la hora de adoptar medidas en relación a salvar vidas, en lugar de salvar la Semana Santa».

En ese sentido, Vergeles ha destacado la necesidad de «incidir en la limitación de movilidad» para la Semana Santa, aunque ha asegurado desconocer si la Comisión de Salud Pública va a establecer este punto como un cierre perimetral de las comunidades autónomas, ante el que Extremadura «apostaría por el acuerdo», ha dicho.

Además, y dado que «el mayor foco de contagio se produce en los eventos sociales», el titular extremeño de Sanidad ha abogado por que se pongan en marcha medidas para evitar esos eventos durante la Semana Santa.

También la Junta de Extremadura ha planteado en el Consejo Interterritorial de Sanidad la necesidad de «adelantarse al virus, no esperarlo», de tal forma que «algunos días antes de la Semana Santa y hasta algunos días después» los puntos para realizar pruebas de detección de coronavirus «estarán abiertos y a disposición de los ciudadanos», que solo deberán presentar su tarjeta sanitaria para realizarse este test.

«Eso es adelantarnos al virus, no esperarlo», ha señalado Vergeles, quien ha señalado que este planteamiento de Extremadura supone «una receta para proteger la salud de la población, sabiendo que hay más semanas santas, pero vida solo hay una».

PUENTE DE SAN JOSÉ

Por otra parte, y respecto a la cercanía del Puente de San José, el 19 de marzo, en algunas comunidades, Vergeles ha admitido que «puede venir gente de fuera, por cierto como otros fines de semana», tras lo que ha avanzado que serán «muy proactivos en el tema de la detección de casos», ha dicho.

Vergeles ha señalado que en Extremadura existen «grandes alcaldes que nos informan del movimiento que se está produciendo en sus localidades», con lo cual, «si hay que vigilar alguna zona concreta, la vigilaremos», ha dicho.

En cualquier caso, «la mayoría de las comunidades autónomas están perimetradas en este momento», mientras que «Madrid tiene un comportamiento de perimetrar y desperimetrar en función de factores económicos», ha señalado Vergeles, quien ha reiterado que en Extremadura están «vigilantes a lo que digan los sistemas de información de vigilancia epidemiológica nos digan», ha concluido.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha señalado que los miembros de un Gobierno de coalición no son «sometidos ni sumisos» y la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado que ella no opina de las competencias dentro del Ejecutivo que pertenecen a Ciudadanos.

Este miércoles, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente deslizó que, en su opinión, las personas vacunadas deberían tener libre circulación por los territorios.

Justo después, preguntada por estas palabras, en un acto en Pozuelo de Alarcón, la presidenta le afeó que en la reunión previa del Ejecutivo no hubiese expuesto esto al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

Por la tarde, en una entrevista en ‘RNE’, Aguado ha trasladado que «algunos tienen que entender que las mayorías absolutas acabaron, que forman parte de un Gobierno de coalición donde los socios no son socios sometidos ni sumisos, sino que hay un partido propio con visión propia, y más en mitad de una pandemia».

«Yo nunca diría que la presidenta no tiene competencias para opinar de una cosa o de la otra. Es presidenta, al igual que soy vicepresidente y tengo mi derecho a opinar», ha apuntado a continuación.

Aguado ha negado sentirse sometido a su socio de gobierno y ha trasladado que considera que debe haber «un respeto mutuo», como «lo ha habido siempre». «Es bueno que haya diferentes puntos de vista. No pasa nada, tenemos una hoja común y unos acuerdos en el seno del Gobierno», ha declarado.

A continuación, en una entrevista en ‘esRadio’, Ayuso ha indicado que respeta que cada uno en sus entrevistas «diga lo que considere» pero ha incidido en que «las ruedas del Consejo de Gobierno están para hablar acerca de lo que se ha expresado en ese Consejo de Gobierno».

«Nosotros hemos mantenido una reunión de cerca de dos horas, donde hemos tratado los asuntos del orden del día en veinte minutos y el resto han sido casi dos horas de debate sobre miles de temas. Y a continuación hay una rueda de prensa en la que sin consultar a la autoridad sanitaria se decide una opinión», ha declarado.

Ayuso ha resaltado que son «un Gobierno de coalición» y que «no son tiempos de mayoría absoluta», que no necesita. A su parecer, lo que hace falta es «entendimiento, respeto y confianza».

En este punto, ha sostenido que ella «acerca de muchas cuestiones de Transporte o de residencias de mayores no opina porque son competencias que están transferidas». Para la presidenta, «lo mismo tiene que ocurrir» sobre todo cuando se está en mitad de una pandemia porque se «confunde» a la población.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que no entiende por qué hay que «cerrar por cerrar» perimetralmente las autonomías y cree que es pronto para tomar decisiones sobre Semana Santa.

En una entrevista en ‘esRadio’, la dirigente regional ha incidido en que ya han experimentado cierres perimetrales de las mismas características desde el mes de octubre o noviembre y estos «no han impedido una tercera ola».

«Estando todas las comunidades autónomas cerradas no se ha impedido que ese virus se haya desbocado. Se ha demostrado que no es Madrid quien está contagiando, que el virus no entiende de fronteras ni de origen», ha manifestado.

Aún así, ha hecho hincapié en que es «muy pronto» para decidir y ha defendido que en Madrid el coronavirus se está conteniendo conociendo su evolución y tomando decisiones con quince días de previsión.

Ayuso ha expuesto que entiende que en la era pre-Covid se planificaban las vacaciones y el tiempo con meses, pero ahora mismo, mientras el virus esté presente, hay que aprender «a estar informados permanentemente para tomar decisiones con pocos días».

«Es muy pronto para saber ahora dentro de un mes cómo están las cosas. Si todo va bien, si la incidencia es la misma que ahora, y si sigue bajando, para qué cerrar por cerrar», ha insistido.

Ayuso cree que los cierres perimetrales «no han servido absolutamente para nada. «Yo lo respeto y no hago como los demás, que hay muchos presidentes autonómicos, que cuestionan a Madrid y a los madrileños. Yo no hago eso pero que alguien me demuestre por qué no (abrir)», ha dicho.

En este punto, ha repetido que quieren acercarse lo más posible a la fecha para tomar la decisión por lo que esperarán «hasta ese último minuto» porque tendrán más información de cómo evoluciona el virus.

«Si el virus marcha de la misma manera no entiendo por qué cerrar por cerrar. Y yo creo que muchos comerciantes, a hosteleros, etcétera, también les vendrá bien que mientras se cumplan las normas empiecen a mover su maltrecha economía«, ha apuntado.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha insistido en que debe acordarse una «posición común» de todas las comunidades autónomas sobre las restricciones y cierres perimetrales durante la Semana Santa. «Creo que la inmensa mayoría de las comunidades autónomas tiene una posición bastante razonable, que es la prudencia», ha valorado.

«Cuando tú ves que todos los coches van en una dirección y hay uno que va en otra dirección, parece que no se equivocarán los que van en la dirección correcta», ha señalado el ‘president’.

Así se ha manifestado Puig en declaraciones a los medios preguntado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, durante la visita que ha realizado este miércoles las instalaciones de Power Electronics junto a la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha indicado en declaraciones a los medios .

Puig ha explicado que el gobierno valenciano ha mantenido en los últimos días «conversaciones» con sus homólogos en las comunidades colindantes. «Queremos tener una posición común, todos tenemos la necesidad de que seamos lo más prudentes posibles. Todos tenemos la convicción de que estamos cerca de superar la pandemia y no podemos dar ningún paso atrás. Eso es lo que compartimos las comunidades de nuestro alrededor», ha señalado. En esta línea, Puig ha pedido una «posición única» a nivel nacional respecto a una Semana Santa «contenida».

Ha dicho que, de todos modos, esto no quiere decir que «los ciudadanos no puedan disfrutar» y ha lamentado que la población lleva «mucho tiempo en una situación de semiconfinamiento», tras el cierre perimetral de las 16 ciudades con más habitantes de la Comunitat.

«Ahora podrán salir dentro de la Comunitat Valenciana. Debemos pensar en una Pascua dentro de la Comunitat Valenciana, con todas las precauciones, con toda la prudencia», ha recalcado el presidente de la Generalitat.

El jefe del Consell ha hecho hincapié en que, «si bien es cierto que ahora estamos mucho mejor que lo que hemos estado en las últimas semanas», «aún hay problemas» y «el virus está aquí», junto a sus variantes. «No sabemos cómo van a desarrollarse», ha indicado.

Puig ha lamentado que «a veces se plantea la cuestión de las restricciones como si fuera una cuestión que le guste a alguien» y ha remarcado que le gustaría que no hubiera ninguna restricción. «Ya lo he dicho muchas veces, ni un día más de lo necesario habrá restricciones. Pero ahora creo sinceramente que todos somos conscientes de que hay que ser prudentes», ha recalcado.

BirdLife International, varias ONG y organizaciones científicas piden una actuación conjunta para conservar la biodiversidad y una regulación a nivel internacional «exigente» para proteger las aves marinas en el «mar de nadie» o lo que es lo mismo, en alta mar, donde se calcula que viven el 40 por ciento de su vida.

Así lo manifiesta un estudio internacional que publica ‘Science Advances’ que expone la importancia de la alta mar para las aves pelágicas como albatros, petreles y pardelas.

El trabajo ha analizado información de seguimiento remoto de 5.775 aves de 39 especies en 87 enclaves de cría repartidos en todo el mundo. La ONG española SEO/BirdLife ha participado aportando la información sobre pardelas, cenicientas mediterránea y atlántica, y ha manifestado que comparte la inquietud por la necesidad de lograr una mayor protección para los océanos.

En el trabajo internacional han participado investigadores y conservacionistas. El artículo fue impulsado por BirdLife International y el Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE) del Instituto Universitario de Lisboa (Portugal), con el investigador Martin Beal al frente y cuenta con representación de investigadores de 16 países; varios de ellos españoles, pertenecientes al IRBio de la Universitat de Barcelona, el IMEDEA (CSIC-UIB), el CEAB (CSIC), y la EBD (CSIC), además de SEO/BirdLife.

Así, insiste en la «necesidad de cooperación internacional» para proteger en altar mar a albatros y petreles, al que el estudio define como el grupo de aves más amenazado del mundo y que vive el 39% de su ciclo vital en alta mar, un lugar donde ningún país tiene jurisdicción.

Los albatros y los grandes petreles forman parte del orden de aves marinas de los procelariformes, con 124 especies distribuidas por todos los océanos del mundo. Cerca del 50% de estas especies están en peligro de extinción debido a la introducción de especies invasoras en las colonias de cría, la captura accidental en pesquerías, la sobrepesca, la contaminación lumínica, el cambio climático, o la polución.

Además, refleja que estrategias vitales de estas aves marinas (ciclo de desarrollo muy largo, madurez sexual atrasada, baja fecundidad, fidelidad a los lugares de cría, etc.) las hacen extremadamente vulnerables ante estas amenazas tanto en el mar como en tierra firme.

Ante esta falta de protección legal para conservar las poblaciones de estas aves marinas, los científicos aseguran que será decisivo la gobernanza de los territorios de alta mar y aplicar sin excepciones los tratados de protección vigentes.

El miembro del Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales UB Jacob González-Solís ha indicado que, actualmente, una de las aves más perjudicadas por el impacto de la actividad pesquera es la pardela balear.

En el trabajo, los resultados muestran que estas aves marinas se desplazan regularmente a regiones de alta mar donde ninguna nación puede garantizar su conservación de forma adecuada.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha coincidido con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, en la urgencia de lanzar «un mensaje único» y limitar la movilidad durante las próximas vacaciones de Semana Santa y Pascua.

«Hemos estado hablando por teléfono y coincidimos en la preocupación que tenemos sobre lo que nos transmiten nuestros profesionales y técnicos sanitarios, y en la necesidad de reforzar y regular ese criterio y lanzar un mensaje único que sea el de la prudencia», ha dicho López Miras en declaraciones al programa Más Vale Tarde de La Sexta.

Para el jefe del Ejecutivo murciano, es fundamental que «la sociedad no se relaje» y que no se generen «falsas expectativas» que más tarde «lleven a una frustración porque entremos en una cuarta ola por no haber cumplido ahora las normas o habernos relajado en exceso».

En este sentido, ha señalado que está de acuerdo con lo demandado por Puig respecto a la importancia de «seguir manteniendo restricciones en la semana Santa» y durante «al menos» los próximos meses. «Intentaremos que sea lo menos posible, pero que dé tiempo a acelerar, sobre todo en abril y mayo, esa campaña de vacunación masiva cuando tengamos vacunas suficientes», ha dicho al respecto.

CRÍTICAS AL GOBIERNO CENTRAL

López Miras se ha mostrado crítico con el Gobierno de España al considerar que no existe una respuesta desde la Administración central que coordine las actuaciones de todas las comunidades en las próximas fiestas para evitar un incremento de contagios por Covid-19.

«Debe haber alguien digiriendo, con una política de Estado en cuanto a las restricciones; no podemos estar viendo como cada presidente –autonómico– da ahora mismo una respuesta diferente al virus», ha apuntado el jefe del Ejecutivo murciano, tras lo que ha lamentado que hayan tenido lugar «17 navidades, 17 inicios de curso y ahora 17 semanas santa diferentes».

A su juicio, el hecho de que el Gobierno de la Nación no haya establecido unos criterios comunes «va a ser un grave error y no va a ser eficaz para luchar contra el virus».

Así, ha reiterado su apuesta por limitar la movilidad, «mucho más ahora que la Región de Murcia es una de las comunidades con menor tasa de contagios de España».

López Miras ha aseverado que la Región está «a punto» de iniciar el proceso de vacunación masiva y, en este contexto, «tenemos que seguir siendo muy prudentes».

En su opinión, «lo mejor es decirle a la sociedad cuál es la situación, la realidad», y es que «hay una cuarta ola llamando a la puerta, con variantes mucho más contagiosas, y esta Semana Santa tendrá que ser diferente».

No obstante, ha afirmado que la decisión final «es la que indiquen los expertos en Epidemiología y Salud Pública», aunque «de momento y a día de hoy lo que ellos indican» es que en Semana Santa «deberemos seguir manteniendo las restricciones que impidan la interacción social y una movilidad entre distintos territorios con diferente grado de contagio».

El Partido Popular continúa con su proceso de renovación territorial y afrontará este fin de semana los congresos provinciales de Málaga, Granada, Ibiza y Menorca. Estos cuatro cónclaves se celebrarán con un único candidato que aspira a reelección, si bien este proceso interno está destapando tensiones en algunas provincias.

La pandemia del coronavirus ha ralentizado esta renovación y el PP quiere celebrar antes del verano una treintena de congresos provinciales para reforzar y consolidar el liderazgo de Pablo Casado, según han informado fuentes ‘populares’. A partir de septiembre tocará el turno de los congresos regionales y, finalmente, el congreso nacional, que se prevé para el último semestre de 2022.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ya aseguró el pasado 16 de febrero ante el Comité Ejecutivo que culminarán antes del verano los congresos provinciales y recalcó que quieren contar «con los mejores». «En los próximos meses tenemos que hacer partido, partido y partido. Contar con los mejores y abrirnos a la sociedad civil. Ésa es nuestra misión», proclamó.

EL SÁBADO, CONGRESOS EN GRANADA Y EN MENORCA

Este sábado celebrará su XV Congreso provincial el PP de Granada, en el que Francisco Rodríguez se presenta como único candidato para revalidar el cargo. El cónclave, que se celebrará en la modalidad semipresencial, será clausurado por el presidente del PP andaluz y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

La llegada de Rodríguez se produjo en septiembre del año pasado tras el breve periodo al frente del partido de Pablo García, que había sustituido a su vez a Sebastián Pérez, que dimitió en enero de 2020 alegando falta de apoyo de la dirección nacional y regional.

Este 6 de marzo se celebra también el XII congreso del PP de Menorca, que elegirá de nuevo como presidenta a Misericordia Sugranés, ya que es la única candidata a este cónclave insular. Diputada en el Parlamento de Baleares, ocupa este puesto desde mayo de 2017.

EL DOMINGO CONGRESO EN MÁLAGA E IBIZA

En el caso de Málaga, cuyo cónclave tendrá lugar este domingo 7 de marzo, opta a la reelección el actual presidente del PP de Málaga y consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo.

Bendodo es el único candidato y aspira a su cuarto mandato en este XIII Congreso del Partido Popular de Málaga, que elegirá la dirección del partido en la provincia para los próximos cuatro años y debatirá varias ponencias.

También este domingo celebrará su cuarto congreso insular el PP de Ibiza, en el que opta a la reelección el diputado nacional José Vicente Marí Bosó, que fue consejero de Hacienda y Presupuestos del Gobierno balear entre 2013-2015.

CÓNCLAVES EN ÁVILA Y CÓRDOBA TAMBIÉN EN MARZO

Hasta el momento, se han celebrado solo los congresos de Valencia, Alicante, Huesca, Teruel, Zaragoza, Gran Canaria, Albacete, Ciudad Real y Mallorca. En los próximos cuatro meses se llevarán a cabo alrededor de 30 congresos provinciales.

Aparte de los fijados este fin de semana, también están convocados en marzo los de Córdoba, Valladolid y Ávila. Aunque la mayoría de los cónclaves llegan con un único candidato, este proceso interno está destapando tensiones en algunas provincias y quejas de que la dirección del partido quiera relegar a algunos cargos e imponer a sus candidatos sin consenso, según fuentes ‘populares’.

El Gobierno y las Comunidades Autónomas no han alcanzado este miércoles un acuerdo sobre las medidas restrictivas durante la Semana Santa y han emplazado a la Comisión de Salud Pública a realizar mañana una propuesta de acciones coordinadas que se presentará en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, según han informado fuentes de la reunión.

Varios gobiernos autonómicos han reclamado al Ministerio que dirige Carolina Darias consensuar restricciones para las fechas de Semana Santa, pero finalmente mañana la Comisión de Salud Pública verá y discutirá la propuesta que se presentará en el próximo Consejo Interterritorial.

Gran parte de los Ejecutivos autonómicos que han participado en la reunión han apostado por el cierre de sus territorios durante estas fechas de Semana Santa, si bien insisten en alcanzar un acuerdo en el seno del Consejo Interterritorial para establecer medidas comunes.

En este contexto, Darias ha proclamado que el objetivo del Gobierno es el de «salvar vidas y no salvar semanas», al que, según ha dicho, es compartido por todo el conjunto del Consejo Interterritorial. Así, espera que finalmente la próxima semana se pueda alcanzar un acuerdo consensuado en torno a la propuesta de la Comisión de Salud Pública.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Eso sí, aunque ha repetido en varias ocasiones que finalmente se decidirá la semana que viene y todavía no se saben estas actuaciones, Darias ha querido avisar a las Comunidades Autónomas que el documento que finalmente salga de esta reunión «será de obligado cumplimiento».

Esta misma mañana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido preguntada por el cierre perimetral de la región ante la Semana Santa y ha asegurado que ella no es partidaria a priori de cerrar Madrid.

Durante la reunión del Consejo, la representación del Gobierno de Madrid ha pedido generosidad al Ministerio de Sanidad y al resto de Comunidades Autónomas, si bien han apelado a la voluntad del consenso para acordar las medidas.

CONSENSUAR MEDIDAS

Los gobiernos autonómicos han mostrado al Ministerio de Sanidad su opinión respecto a los cierres perimetrales y a la hora de consensuar medidas para el conjunto del territorio. En este punto, Cataluña se ha mostrado partidaria de mantener el cierre perimetral de la Comunidad.

Por su parte, Galicia también ha expresado su voluntad de mantener el confinamiento perimetral de la autonomía durante Semana Santa, aunque esperan a la evolución de los datos. Algo parecido ha pronunciado Andalucía, que ha pedido cautela y mantener medidas con perimetración de la Comunidad.

En el caso de Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, Extremadura, Baleares y Melilla, entre otros, apuestan por el acuerdo para Semana Santa.

El entorno del expresidente Mariano Rajoy ha hecho llegar a ‘Génova’que consideraría un acto de traición y una ofensa que el PP llegara a aceptar la inclusión del magistrado José Ricardo de Prada en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según informaron fuentes populares conocedoras de la negociación entre el Ejecutivo y los populares para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

Este mensaje se ha trasladado a la sede de los populares desde el entorno del expresidente popular a lo largo de esta semana, después de que se rompieran las negociaciones hace unos días a raíz de la insistencia del Gobierno de Pedro Sánchez de incluir a este magistrado en su propuesta para el CGPJ.

José Ricardo de Prada fue el magistrado ponente de la sentencia de Gürtell en la que el PP fue condenado como partícipe a título lucrativo. En esa sentencia incluyó valoraciones que, posteriormente, la Audiencia Nacional tuvo en cuenta para apartarle del tribunal que debe juzgar la financiación del PP en el llamado caso de los «papeles de Bárcenas». La Sala de lo Penal de la Audiencia entendió que sus afirmaciones en esa sentencia destruían «la necesaria apariencia de imparcialidad que debe reunir todo miembro de un tribunal de Justicia».

Entre estas frases que citó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en aquella resolución de octubre de 2019 está la que fue utilizada por el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para avalar su moción de censura contra Mariano Rajoy y que supuso descabalgarle del Gobierno. Y es la que afirma que «se creó en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional», junto con la que aseguraba que «entre el Grupo Correa y el PP se tejió una estructura de colaboración estable».

El magistrado también afirmó que hubo cantidades que fueron a parar «como donaciones finalistas a la llamada caja B del partido consistente en una estructura financiera y contable paralela a la oficial, existente al menos desde el año 1989». La Sala Penal de la Audiencia dejó claro que estas afirmaciones sobraban porque no eran objeto del juicio de la Gürtel y recalcaron que en el ámbito penal debían extermarse las garantías de imparcialidad.

También en octubre de 2020, el Tribunal Supremo criticó estas valoraciones incluidas en la sentencia de la Gürtell. Y aunque confirmó la condena a título lucrativo y la responsabilidad civil de Ana Mato, estimó que las alusiones a una presunta «caja B» del PP fueron «excesivas y expresivas de una técnica irregular en la redacción de la sentencia».

DE PRADA ES UNA LÍNEA ROJA PARA EL PP

Las fuentes populares consultadas aseguran que el PP tenía claro ya, antes de recibir este mensaje del entorno de Rajoy, que no iban a aceptar bajo ningún concepto la inclusión de José Ricardo de Prada en el Consejo del Poder Judicial. Lo consideran una líena roja.

De hecho, la decisión del Gobierno de incluir a este magistrado es lo que frustró el acuerdo la semana pasada para renovar este órgano institucional. Otras fuentes populares aseguran que la primera propuesta del Ejecutivo sí incluía a De Prada y a Victoria Rosell, pero durante la negociación estos nombres se habían caído y se abrió la posibilidad de pacto. Sin embargo, hubo un margen de un par de días para tomar la decisión final y en el transcurso de ese tiempo, el Gobierno habría vuelto a incluir a De Prada, lo que provocó que no llegaran a buen puerto las conversaciones, según las mismas fuentes.

Además, y pese a que desde el Gobierno se apunta a que se han reanudado las conversaciones entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el secretario de Interior y Justicia del PP, Enrique López, fuentes del PP lo niegan y recuerdan que las negociaciones las llevaban en este último tramo el secretario general Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general de lo ‘populares’, Teodoro García Egea.

En los últimos días, las dos partes se han cruzado públicamente mensajes invitándose a dar el primer paso para reanudar las negociaciones. Los socialistas emplazan al PP a dejar a un lado «los vetos», mientras que los ‘populares’ emplazan al Gobierno a «arreglar sus líos internos» con Podemos antes de llamar al PP.

La defensa de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 un escrito de alegaciones en el que pone el foco en la falta de credibilidad del que fuera primero gerente y luego tesorero del PP Luis Bárcenas. Apunta que la declaración ante el juez de Púnica en la que éste indicó que dio en mano un sobre con 60.000 euros a Aguirre, es falsa y responde a una estrategia procesal y de venganza personal contra ella.

En el escrito de 18 páginas, su abogado, Carlos Aguilar, reitera que se querellarán contra él por falso testimonio, y matiza además que incluso si el hecho relatado fuera verdadero –algo que niega–, «no cabría reproche penal y en todo caso estaría prescrito».

La que fuera presidenta del PP de Madrid recalca, como ya hiciera en declaraciones la semana pasada, que Bárcenas con esta «falsedad» ha pretendido «enfangar el procedimiento» incriminándola. Y apunta que la motivación puede ser bien obtener un rendimiento procesal o penitenciario, bien el puro deseo de «venganza personal» respecto a ella porque «públicamente exigió la debida explicación de cuál era el origen se los fondos que ocultaba en Suiza».

Además, la defensa de Aguirre interesa que García-Castellón les haga entrega de la declaración prestada por Bárcenas en calidad de testigo, y que remita oficio a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que entregue al juzgado la declaración del empresario Luis Gálvez (quien según Bárcenas entregó el sobre para Aguirre) que consta en la pieza que en la actualidad está siendo objeto de enjuiciamiento ante dicha sección y que viene de las diligencias previas 275/2008 instruidas por el Juzgado Central de Instrucción número 5.

Esto lo solicita porque el empresario ya declaró en febrero de 2014 ante el juez que no conocía a Bárcenas, que no conocía al entonces tesorero Álvaro Lapuerta –ya fallecido–, que no había entregado dinero alguno al Partido Popular y que no había estado jamás en la sede del PP de la calle Génova, en Madrid.

MANIFIESTA AUSENCIA DE INDICIOS RACIONALES

En el escrito, la defensa de Aguirre incluye varios documentos –algunos artículos de prensa relativos al cambio de defensa de Bárcenas– y una transcripción realizada por ellos mismos sobre lo que declaró ante García-Castellón en relación a su patrocinada.

Y alegan que ante la manifiesta ausencia de indicios racionales de criminalidad que sustenten la imputación de Aguirre se ha vivido una prolongación de la instrucción, gracias al empeño «al que han dedicado sus mejores esfuerzos tanto la Fiscalía como la Acusación Popular» en la que está personada el PSOE.

Apuntan que esa «elongación» de la imputación se debe a que le garantiza al PSOE «extraordinarios rendimientos políticos» y añade que por eso se afanaron en la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el objetivo de ampliar los plazos de la instrucción de Púnica.

LA ESTRATEGIA DE FISCALÍA

Asimismo, el abogado de Aguirre apunta que asisten con indignación a como un grupo de personas, entre las que incluye a la que fuera trabajadora de la Gürtel Isabel Jordán, al exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, al exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero y a Luis Bárcenas, que están «condenadas a altísimas penas de prisión como autores de toda suerte de delitos (…) intentan poner en valor la oferta de sus testimonios ad hoc a la Fiscalía Anticorrupción».

Lamenta que la Fiscalía interese la declaración de los mismos «y efectivamente prestan su declaración en la que faltan a la verdad sin ningún rubor» con la intención de obtener «un tratamiento penitenciario tan llamativamente bondadoso que solo es parangonable al que se dispensa a los condenados por delito de sedición» en la causa del referéndum ilegal independentista de Cataluña.

Al hilo, indica que esa estrategia común a todos ellos es la de ofrecer a falta de prueba «sus servicios a la Fiscalía para poderincriminar a Doña Esperanza Aguirre». «No nos engañemos, este y no otro es el servicio que ofrecen para aspirar a una retribución penológica, ha sido puesto de relieve, antes y desde luego con más información que esta parte, por prácticamente toda prensa nacional», añade para luego recoger varios artículos.

LA VÍA BÁRCENAS

Aguirre, en el escrito de su defensa, indica que la estrategia de Bárcenas es por un lado lograr beneficios tanto para él como para su mujer Rosalía Iglesias, también en prisión por la primera época de la trama Gürtel, y por otro lado «perpetrar su anunciada venganza». «No teniendo el menor empacho en faltar a la verdad de manera consciente, grave y especialmente grosera, motivo este por el cual, dada la mayúscula mala fe de la que ha hecho gala, participamos al Juzgado que por mi representada se va a interponer querella por delito de falso testimonio», indica.

Para echar por tierra su credibilidad como testigo, la defensa recuerda lo que declaró Bárcenas ante otros juzgados y que le han granjeado la fama de que está lejos de ser «un testigo como cualquier otro». De hecho apunta que en la sentencia de la Sala de lo Penal por el caso Gürtel queda reflejado que a pesar de haber declarado hasta en once ocasiones, no ha conseguido tener credibilidad.

Indica así, la defensa, que es una persona que falta a la verdad «de una manera sistemática, siempre intentando conformar sus múltiples versiones de un mismo suceso, a las cambiantes necesidades procesales de las numerosas causas en las que se encuentra implicado», y subraya que el patrón que sigue es el «del más absoluto desprecio de la verdad».

A pesar de que Aguirre ya lo dejó claro en sus declaraciones a los medios, la defensa pone ahora además negro sobre blanco que es «falso» que en 2007 o 2008 recibiera un sobre con dinero en efectivo, y que es falso que el entonces gerente del PP mantuviera una reunión con Lapuerta, Francisco Granados –entonces secretario general del PP madrileño– y Beltrán Gutiérrez –gerente del PP de Madrid– en la primera planta del edificio de Génova.

Asimismo, apunta que es falso que se haya participado en ningún caso por parte de Bárcenas o Lapuerta de que «se hubiera recibido donación alguna en efectivo metálico o de cualquier otra forma, contabilizada o no, para financiar ninguna elección del Partido Popular de Madrid, ni en el año 2007, ni en el año 2008, ni en ningún otro momento».

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, ha dejado la puerta abierta a que su partido y el PP concurran juntos a las próximas elecciones en la Comunidad Valenciana. Aunque cree que ahora no toca abrir este debate porque cada partido debe centrarse en «recomponerse», ha sugerido que la situación puede cambiar con el tiempo.

En una entrevista en la cadena COPE, a Cantó le han preguntado por la posibilidad de que el PP y Cs concurran en una única candidatura electoral, a lo que ha respondido que «ahora mismo no es el momento para hablar de eso porque para las elecciones en la Comunidad Valenciana faltan más de dos años todavía».

«Creo que ahora lo que tenemos que hacer es trabajar ambos en nuestros partidos para recomponer cada uno su partido, reforzarse y hacer el trabajo que tenemos que hacer en las instituciones, y dentro de dos años ya veremos qué pasa», ha declarado.

Tras señalar que la política es muy «volátil» y que están ocurriendo muchas cosas en pocos meses, ha dicho: «Quién sabe en qué situación estaremos dentro de dos años o si las elecciones serán dentro de dos años y no antes».

Sobre la situación en Ciudadanos, que al batacazo en las elecciones generales de noviembre de 2019 sumó un nuevo hundimiento en los comicios catalanes del pasado febrero, Cantó ha recordado su postura crítica en la reunión que la Ejecutiva nacional del partido mantuvo tras el 14-F.

«Yo no lo oculté, en su día dije lo que tenía que decir, que a nadie nos ha gustado el varapalo que sufrimos» en Cataluña, «pero de eso ya van pasado semanas y creo que lo que toca ahora es seguir trabajando entre todos de forma leal para que un proyecto que creemos que es absolutamente necesario para este país crezca y se recupere», ha manifestado.

ELOGIA LA LABOR DE VILLACÍS Y MARÍN

El también coordinador del Comité Autonómico de Cs en la Comunidad Valenciana espera que a nivel nacional la formación naranja logre lo que, a su juicio, ha conseguido en el ámbito valenciano, que es «liderar la oposición».

Se ha mostrado «muy orgulloso y satisfecho» porque, a su modo de ver, la gente percibe que Ciudadanos ostenta ese liderazgo en las Cortes valencianas aunque tenga menos diputados que el PP.

Pero Cantó también ha destacado la labor de sus compañeros de partido en otras partes de España, como la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que ha apostado por mantener abiertos los negocios de hostelería durante la pandemia del coronavirus «con garantías y con seguridad sanitaria».

Asimismo, ha reivindicado el trabajo del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, con el sector turístico y su demostración de que «bajando los impuestos se puede recaudar más dinero».

Según el diputado valenciano, estos y otros dirigentes de Cs están poniendo de manifiesto que desde los gobiernos pueden gestionar «bien». «Creo que eso hay que creérselo, sacar pecho y contárselo a la gente», ha agregado.

AHORA «ESTOY CENTRADO EN TRABAJAR POR LOS VALENCIANOS»

Por último, Cantó ha rechazado los rumores y titulares sobre su posible ascenso en Ciudadanos a nivel nacional: «Yo estoy centrado en lo que más ilusión me hace, que es trabajar por los valencianos. Además, estoy recibiendo su agradecimiento y cariño por el trabajo que hacemos en las Cortes y ahora mismo no tengo otro horizonte que no sea ese».

En este sentido, ha explicado que su objetivo es alejar «al populismo y al nacionalismo» y que haya un gobierno autonómico «más centrado», que se ocupe de crear riqueza y empleo y superar la situación «dramática» actual.

Cantó ha expresado su deseo de que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig (PSOE), se apartara de Compromís y de Podemos y entablara un diálogo con el PP y Cs, pues considera que los tres partidos podrían ponerse de acuerdo en cuestiones «básicas» como potenciar la economía, bajar los impuestos y proteger la sanidad y la educación.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo acudirá este jueves de forma presencial a la Audiencia Nacional, donde le ha citado el juez instructor Manuel García Castellón para interrogarle como investigado en dos piezas separadas del caso ‘Tándem’. La citación tendrá lugar justo un día después de que el magistrado acordara dejarle en libertad provisional.

Será la primera vez que Villarejo acuda a la Audiencia Nacional por su propio pie, desde que se inició la investigación de la macrocausa que se desarrolla entorno a las presuntas irregularidades en su actividad profesional, y por la que fue detenido el 3 de noviembre de 2017. Fue entonces cuando ingresó en prisión provisional, en la que ha permanecido tres años y cuatro meses.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 tenía previsto tomar declaración a Villarejo en el marco de la pieza número 29, en la que se investiga el presunto encargo de espiar al empresario Joaquín Molpeceres en relación a un concurso de acreedor, después de haber escuchado a otros investigados.

Precisamente este martes declararon ante el juez el abogado Antonio Chávarri y su socio de despacho Juan Vila-Coro, quienes realizaron el encargo, y este miércoles lo ha hecho el que fuera socio de Villarejo en su empresa Grupo Cenyt, Rafael Redondo. Este último, además, también ha comparecido en calidad de investigado en la pieza separada número 26, relacionada con un presunto espionaje a la extinta empresa Segur Ibérica, por la que también será preguntado el comisario jubilado.

SALIDA DE PRISIÓN CON MEDIDAS CAUTELARES

La salida de prisión de Villarejo ha sido este miércoles por la tarde, horas después de que el juez instructor Manuel García Castellón acordara su libertad a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Para evitar su fuga, el magistrado le ha impuesto medidas cautelares que consisten en comparecencias diarias ante el juzgado correspondiente a su domicilio (Boadilla del Monte, en Madrid), la retirada del pasaporte con requerimiento expreso de prohibición de obtener uno nuevo, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comunicar al Juzgado Central de Instrucción número 6 cualquier cambio de domicilio o residencia.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la libertad del comisario jubilado al entender que la medida de prisión provisional ya no resulta «materialmente idónea para garantizar la sujeción del investigado al procedimiento», ya que se puede convertir en una «pena anticipada» y comprometer el derecho a la presunción de inocencia.

En el escrito presentado ante el juez de la Audiencia Nacional, los fiscales aseguran que aún persiste el riesgo de fuga y la posibilidad de reiteración delictiva que justificó que entrara en la cárcel, si bien entienden que la medida ya no es la adecuada porque no parece que la instrucción del caso vaya a llegar a su fin en fechas próximas, ni que se vaya a celebrar un juicio contra él antes de noviembre, cuando cumple los cuatro años máximos establecido por ley para estar en la cárcel sin una sentencia condenatoria.

Esta petición de excarcelar al expolicía llega justo un día después de que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazara su recurso contra la decisión que adoptó el pasado 10 de febrero de ponerle en libertad sólo con respecto a las tres primeras piezas de la macrocausa que se juzgarán en un único juicio el próximo mes de diciembre –‘Pintor’, ‘Iron’ y ‘Land’– y para las que Fiscalía pide 100 años de cárcel.

DECLARACIONES PREVIAS DE OTROS INVESTIGADOS

En cuanto a la declaración que prestará mañana ante el juez García Castellón, en un principio estaba previsto que fuera por videoconferencia desde el centro penitenciario, al igual que lo ha hecho en las últimas ocasiones, pero dada a su excarcelación tendrá que acudir presencialmente.

Parte de ella se centrará en el supuesto espionaje encargado por los abogados Chavarri y Vila-Coro. Según fuentes jurídicas, Chávarri confirmó al magistrado que se decidió a contratar a la empresa de Villarejo al detectar un cambio raro en el administrador de un concurso, el ya fallecido Luis Pérez Gil.

No obstante, explicó que tuvo la sensación de que el comisario no hacía nada, y que tras tres reuniones no sacó nada en claro y no recibió información alguna, por lo que, al ver además que su problema se solucionaba, decidió prescindir de sus servicios.

Además, reconoció pagos a las empresas del comisario, en concreto ha afirmado que abonó 300.000 euros, si bien no le pagó la prima de éxito –apunte habitual en los presupuestos que realizaba Villarejo– que estaba fijada en 125.000 euros.

‘PROYECTO GRASS’

En el auto de imputación de ambos abogados de 23 de noviembre de 2020 se detallaba que en esta pieza se investigan los proyectos ‘Grass’ y ‘Hacha’ del entramado empresarial y profesional creado por Villarejo en torno al Grupo Cenyt.

Los servicios de Villarejo, según auto, fueron contratados en octubre de 2012, y se desarrollaron y abonaron a los largo tanto de ese año como de 2013 por lo que en esas fechas el comisario aun estaba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía destinado en comisión de servicio en la Dirección Adjunta Operativa (DAO). Por ello se le investiga por los presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.

El objetivo del encargo era salvaguardar los intereses de ‘K’ –así denominaba el comisario a su cliente– y todo arranca con la separación del abogado Antonio Chávarri de su esposa Sonia Molpeceres, hija del empresario Joaquín Molpeceres.

Con la ruptura matrimonial se inicia un «conflicto» entre Chávarri y Molpeceres, que compartían negocios inmobiliarios. El abogado, en un momento dado, entra en situación de insolvencia por años de malas inversiones en negocios inmobiliarios poco fructíferos y acaba presentando un concurso de acreedores, siendo uno de los principales acreedores su exsuegro.

En esa ecuación es en la que entra Villarejo. Chávarri teme que el concurso derive en su inhabilitación o que su patrimonio y el de sus hijas pueda verse afectado por una supuesta alianza de Molpeceres y el administrador del concurso, el ya fallecido Luis Pérez Gil.

EL PROYECTO ‘HACHA’

De los registros en el domicilio del socio de Villarejo, Rafael Redondo, y de la documentación intervenida en la oficina de Cenyt en Torre Picasso, se tiene constancia de un segundo proyecto, denominado ‘Hacha’, que data de 2014, y cuyo cliente también es ese despacho de abogados.

En este caso, el encargo se hace debido a los diversos problemas internos surgidos con los otros dos socios minoritarios de la citada mercantil, Santiago Muñoz Martín y Juan Vila-Coro. A pesar de que Antonio Chávarri es el presidente y propietario del despacho con el 70 por ciento de las participaciones los otros dos «le habrían despojado tanto de sus derechos políticos, como de la gestión de la citada sociedad».

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afronta en su Pleno extraordinario de este jueves la designación de ocho vacantes en la cúpula judicial, tres de ellas en el Tribunal Supremo, y lo hace tras un nuevo fiasco en el proceso de renovación de este órgano y más dividido que en las últimas ocasiones de cara a llegar al consenso necesario para lograr un acuerdo.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces señalan que seguramente se proceda a la votación de los candidatos, si bien no es tan seguro que la mayoría de ellos alcancen los apoyos suficientes para salir elegidos.

Entre las razones, el hartazgo existente tras el último intento de renovación entre los grupos parlamentarios y las recurrentes decisiones del presidente, Carlos Lemes, para llevar y retirar las designacionies en función de los avatares políticos.

Los nombramientos fueron incluidos por Lesmes a petición de ocho de los vocales después de que éste decidiera incialmente no incluir la designación de las vacantes, dadas las noticias que auguraban un inminente acuerdo parlamentario para renovar a los vocales que finalmente no se ha producido.

ULTIMOS NOMBRAMIENTOS POR LA REFORMA

Para algunos vocales, esta es de la última oportunidad de realizar nombramientos antes de que el próximo 11 de marzo se apruebe en las Cortes la polémica reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ, impulsada por PSOE y Unidas Podemos, que limita esta capacidad a los Consejos que se encuentren en funciones, como es el actual. Fuentes parlamentarias han señalado que un mes después la reforma podría quedar aprobada en el Senado.

Los ochos vocales que realizaron la propuesta de realizar ahora estos últimos nombramientos pertenecen tanto al bloque progresista como al conservador. Se trata de José María Macías, Vicente Guilarte, José Antonio Ballestero, María Ángeles Carmona, Gerardo Martínez-Tristán, Roser Bach, Enrique Lucas y María Victoria Cinto. Conforman el grupo de los que vienen apoyando las designaciones en los últimos meses, todas ellas aprobadas con un amplio consenso.

Todos los nombramientos de cargos judiciales que se han aprobado durante el tiempo que el CGPJ lleva en funciones se han realizado con el voto a favor de la mayoría de los vocales, algo que podría no darse en la reunión de mañana según las fuentes consultadas.

Los cargos en cuestión son los siguientes: dos nuevos magistrados de Sala de lo Civil del Tribunal Supremo –vacantes por la jubilación de sus dos titulares– y otro en la Sala de lo Social del alto tribunal. También pretenden nombrar a los presidente de los tribunales superiores de Justicia de Canarias y País Vascos y de las audiencias provinciales de Almería y Salamanca, además de un magistrado en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

El diputado y secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, declarará como investigado este jueves en el Tribunal Supremo (TS) por, presuntamente, haber dado una patada a un policía durante una manifestación que tuvo lugar el 25 de enero de 2014 en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

El juez instructor Antonio del Moral le ha citado a las 10.30 horas de mañana en el marco de la causa abierta contra el dirigente ‘morado’ en el mes de septiembre por un presunto delito de atentado contra la autoridad y una falta o delito leve de lesiones.

Del Moral le esperaba en principio para el pasado 28 de enero, pero aplazó la declaración a petición de la defensa de Rodríguez después de que ésta le comunicara que el diputado canario padecía COVID-19. Ahora, su procuradora ha informado al juez de que ya ha recibido el alta médica.

La causa se abrió en el Supremo a instancias del Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna, que llegó en su día a dictar auto de apertura de juicio oral contra Rodríguez, lo que quedó sin efecto tras la elección del mismo como diputado, con lo que pasó a ser aforado ante el TS. El Juzgado de La Laguna remitió entonces una exposición razonada al alto tribunal con los indicios de la actuación del parlamentario.

Del Moral ofreció a Rodríguez la posibilidad de declarar de forma voluntaria, sin necesidad de cursar el suplicatorio, pero éste declinó la comparecencia, fijada para el pasado 19 de octubre, remitiéndose a la declaración que había realizado ante el juez de La Laguna. Ante la existencia de indicios de delito, el instructor consideró imprescindible pedir el suplicatorio para tomarle declaración.

Rodríguez decidió no acudir al alto tribunal antes del suplicatorio, desde el «respeto a los procesos judiciales establecidos». «En ningún caso he cometido los hechos por los que se me investiga. Acudí a la manifestación, como miles de canarios a ejercer mis derechos democráticos de forma pacífica», recalcó entonces.

LA FISCALÍA PIDE UN AÑO DE CÁRCEL

Sobre los hechos atribuidos al diputado, el Ministerio Fiscal había presentado escrito de acusación calificando su conducta de delito de atentado contra agente de la autoridad y falta de lesiones, hechos por los que solicita la imposición de una pena de un año de prisión por el delito y un mes de multa por la falta.

El asunto a investigar, según la Fiscalía, se remonta a 2014, cuando Rodríguez participaba en una protesta contra la LOMCE organizada coincidiendo con la visita a La Laguna del entonces ministro de Educación del Gobierno del PP, José Ignacio Wert, que iba a participar en la inauguración de la catedral.

Conforme a los atestados, la manifestación derivó en insultos a los agentes desplegados para proteger a las autoridades y en lanzamiento de vallas y todo tipo de objetos, por lo que algunos policías resultaron agredidos.

Rodríguez se encontraría en un grupo de personas que habrían participado en agresiones, como ‘pancartazos’ y puñetazos. Su participación exacta en estos delitos deberá ser aclarada ahora por el Supremo.

Respecto a este mismo diputado, el TS abrió una causa en 2017 por un delito de desorden público en relación con unos hechos ocurridos en la Laguna el 25 de diciembre de 2006 y, posteriormente, declaró extinguida su responsabilidad penal al considerar que había prescrito el delito por el que se le había investigado.

Aitor Aritzeta, doctor en Psicología de la Universidad del País Vasco y profesor e investigador de la misma, ha asegurado que los sistemas de actualización de las habilidades para la conducción en España son «muy anacrónicos» y ha señalado que «no están adaptados a los diferentes tipos de edad».

Así lo ha indicado este miércoles el experto, que ha comparecido ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados con ocasión del programa de trabajo sobre la Estrategia Española de Seguridad Vial 2021-2030.

«Las habilidades que muestra cada colectivo deberían exigir que estos test médicos se adaptarán a sus capacidades y habilidades», ha declarado, para después añadir que, a su juicio, son estos exámenes médicos los que deberían «establecer los puntos de corte a través o a partir de los cuales una persona se incapacitaría a la hora de conducir».

En este sentido, el doctor Aritzeta ha rechazado como «una estrategia adecuada» la idea de «establecer una edad biológica previamente» que determine una edad máxima para poder conducir.

Preguntado por la conveniencia de reducir la edad mínima de conducir a los 16 años, el doctor en Psicología ha rechazado esta posibilidad en base a los resultados de investigaciones realizadas que indican que jóvenes conductores de motocicletas tenían comportamientos «fundamentalmente de alto riesgo».

En relación con la estrategia a seguir para reducir la accidentalidad, Aitor Aritzeta ha señalado que la manera «más efectiva» de modificar actitudes y comportamientos de riesgo en la conducción es «modificar los valores culturales establecidos en la sociedad».

Emiliano Moreno, experto en seguridad vial, ha indicado que para definir una «verdadera» política de Estado de Seguridad Vial es necesario elaborar una ley integral sobre esta materia, y ha añadido que, para poder definir la estrategia, «hace falta conocimiento, crear conocimiento, gestionar el conocimiento».

De esta forma, Emiliano Moreno considera importante analizar los problemas «desde el punto vista fáctico, desde el punto vista reflexivo y desde el punto vista generativo» y así conocer la dimensión de los mismos.

Finalmente, el profesor Andrés Luis Romera Zarza ha defendido la necesidad de ir hacia vehículos cada vez más ecológicos y más seguros, pero que a la vez sean accesibles para la ciudadanía. «Lo que no es normal, es que la vida media de los camiones, de los autobuses, de las furgonetas y de las motos esté por encima de los 15 años y que los turismos estén ya por encima de los doce años y aproximándose a los trece de vida media», ha avisado.

La directora general de The Family Watch, María José Olesti, ha pedido elaborar una «estrategia demográfica que esté por encima de la ‘coyuntura política'» y que tenga «estabilidad y durabilidad» para que se puedan ver los sus resultados a largo plazo.

Así lo ha indicado durante una jornada de expertos organizada por The Family Watch, bajo el título ‘La demografía en España y la sostenibilidad del sistema’.

Para Olesti, hace falta examinar «por qué no nacen suficientes niños y qué es lo que impide que los jóvenes tengan hijos: cuáles son los obstáculos en su camino y cómo se les puede ayudar a superarlos».

Aspectos clave para ello, según ha dicho, son la «flexibilidad» en los horarios y en el espacio laboral, la «corresponsabilidad» y «reconocer el valor de la maternidad».

Por su parte, el profesor ordinario de Economía en IESE Business School, Javier Díaz-Giménez, ha precisado que «la situación demográfica en España no se solucionará sin una apuesta clara por la educación, que ayudará a la mejora de la calidad en el empleo, y como consecuencia de ello, a la sostenibilidad de las pensiones».

El director general de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica de la Xunta de Galicia, Jacobo Rey, ha puesto el ejemplo de la recientemente aprobada Ley de Impulso Demográfico, que trata de ayudar a paliar la situación de natalidad en una de las comunidades más despobladas de Europa, y la segunda más envejecida de España.

«Las familias tienen que sentir el apoyo de la administración, para que, desde todos los puntos de vista –conciliación, empleo, familia, juventud, envejecimiento–, se ayude desde el consenso político a mejorar unas cifras demográficas, que, sin esta Ley, no dejarán de caer», ha señalado.

Mientras, el presidente de la Fundación Madrina, Conrado Giménez, ha explicado que hay que «empoderar a las ‘CEO’ de las familias, que son las mujeres y paliar la pobreza materno-infantil que cada vez se está dando más en el país».

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, que permanecía en prisión preventiva desde noviembre de 2017 como principal encausado en el caso ‘Tándem’, ha salido por su propio pie del centro penitenciario de Estremera a las 18.36 horas. «Voy a defenderme», ha señalado a los medios congregados.

Con una sudadera con la bandera de España, su ya icónica gorra y un parche negro tapando su ojo –padece secuelas de un episodio derivado de la hipertensión–, el comisario ha salido arropado por su abogado Antonio José García Cabrera y, tras unas breves declaraciones a los medios, ha abandonado el lugar en un vehículo conducido por su mujer Gemma Alcalá, también investigada en Tándem.

Su excarcelación se produce después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón acordara su libertad provisional con medidas cautelares este mismo miércoles, después de que así lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción.

Esas medidas orientadas a evitar su fuga consisten en comparecencias diarias ante el juzgado correspondiente a su domicilio (Boadilla del Monte, en Madrid), la retirada del pasaporte con requerimiento expreso de prohibición de obtener uno nuevo, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comunicar al Juzgado Central de Instrucción 6 cualquier cambio de domicilio o residencia.

El comisario ha señalado a los medios que «por mucho maltrato y por muchas torturas» que ha recibido estando en prisión sigue vivo, y ha añadido que eso «es una putada para los que intentaron» acabar con él. Con todo, ha apuntado que ahora, si bien le han dejado «un poco inutilizado el ojo» le han «acelerado las neuronas» y lo único que quiero es defenderse.

«Confío en que a partir de ahora pueda defenderme y es la única razón por la que me han tenido preso, para que no hablara», ha añadido para acto seguido cargar contra el director de la prisión, que ha actuado «como cancerbero» y que ha recibido «órdenes políticas» contra él.

LA CATARSIS DE ESPAÑA

Además, ha lamentado haber pasado tanto tiempo en prisión por culpa de «esa historieta de que iba a huir», algo que ha señalado que es mentira, y ha explicado que dado que se ha decidido «hacer un corte epistemiológico, una catarsis de España», él está «encantado de que eso ocurra».

Y ya de primeras ha adelantado que este jueves irá por su propio pie a la Audiencia nacional a declarar por dos de las más de 30 piezas por las que está siendo investigados en Tándem. Aunque también ha adelantado que en estos días se dedicará a descansar un poco porque está a punto de cumplir 70 años y dejó a su hija con nueve y ahora tiene trece.

Con verbo rápido, Villarejo ha recordado que durante este tiempo nunca se ha negado a declarar, ni ante el juez ni ante «los amigos de Podemos», y ha apuntado sus sospechas sobre el hecho de que le incautasen 40 teras de información y que «de pronto la inmensa mayoría o no la pueden desencriptar o no le dan copia al abogado».

LA MEDICINA DE SANZ ROLDÁN

Además, ha reprochado que se le denomine excomisario –sigue siéndolo a pesar de estar jubilado– y ha incidido en que le hubiera gustado que los medios recordaran «lo de la presunción de inocencia». También ha repetido lo que ya le trasladó a los diputados de Vox cuando le visitaron hace unos días: «Las cloacas no generan mierda, la limpian».

Antes de abandonar el aparcamiento de Estremera, ha apuntado que a los pocos días de entrar en prisión le mandó una carta al magistrado instructor «diciendo que todo mi archivo se pusiera en manos del CNI», y esto a pesar de que le debe, dice, a su ex director Félix Sanz Roldán «este tipo de medicación para pensar sobre el bien y el mal».

Incluso ha tenido tiempo para una reflexión sobre el emérito, del que ha dicho que es «injusto lo que le ocurre» después de tanto como le deben los españoles, y ha apuntado que «hay intereses». «Yo voy a confiar en la justicia, me pueden robar todo pero no que siga confiando en la justicia, porque entonces mi vida no tendría sentido», ha concluido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará este jueves en el acto simbólico organizado en el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de la Guardia Civil en Valdemoro (Madrid) en el que se escenificará la destrucción de más de 1.300 armas pertenecientes a organizaciones terroristas, entre ellas las usadas por una decena de comandos de ETA desarticulados entre 1978 y 2002.

Con el acto, al que se ha invitado a autoridades del Poder Judicial y representantes de gobiernos autonómicos y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se pondrá en marcha el proceso de destrucción definitiva –previa autorización judicial– de 1.377 armas completas y 19 piezas fundamentales que permanecían bajo custodia de la Intervención de Armas de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil, cuerpo competente en esta materia.

Según ha explicado el Ministerio del Interior, son armas de fuego intervenidas a comandos terroristas de ETA y del PCE(r)-GRAPO en operaciones policiales desarrolladas en España, sujetas a sumarios instruidos por los distintos juzgados centrales de la Audiencia Nacional entre 1977 y 2005. En septiembre de 2016, la Sala de Gobierno de este órgano judicial dictó una resolución en la que autorizó la destrucción de todo este armamento.

Quedan fuera de esta encomienda de destrucción las armas aún sujetas a procedimientos judiciales todavía en instrucción en la Audiencia Nacional y las entregadas por las autoridades francesas en febrero de 2018, que formaban parte de una cincuentena de procedimientos judiciales instruidos en ese país entre 1999 y 2009.

INFRAESTRUCTURAS ETARRAS

En cuanto a la tipología de las armas, se van a destruir 697 pistolas, 172 revólveres y 274 subfusiles; el resto son fusiles de asalto, rifles de precisión y escopetas de ánima lisa.

El 90% de las armas destruidas corresponde a la banda terrorista ETA, incautadas a diferentes comandos en distintas operaciones de Policía Nacional y Guardia Civil contra infraestructuras en Navarra, Barcelona, Donostia-San Sebastián, Vizcaya y Madrid.

Según el Ministerio, el listado de comandos de ETA al que pertenecen las armas son el Motrico, desarticulado en 1978; Donibane (1981); Pepe Barrios (1984); Olloki (1986); Txalupa (1987); Txarito (1988); Lambroa (1994); Sugoy (1996); Galizia (1996); Andalucía (1998); Bakartxo (2002).

Respecto del armamento intervenido al PCE(r)-GRAPO destruido en la ceremonia de este jueves, destacan las pistolas Star 9 mm o los revólveres Astra incautados a esta organización terrorista en distintas operaciones policiales desarrolladas en Madrid, Barcelona y Santiago Compostela.

Terminado el acto celebrado este jueves, todo este armamento será trasladado por la Guardia Civil a una fundición, donde se procederá a su definitiva destrucción. La Intervención de Armas de la Comandancia de Madrid levantará acta de todo el proceso, del que dará cuenta una vez concluido a la Audiencia Nacional.

CRÍTICAS DESDE ALGUNOS SECTORES

El acto organizado por iniciativa del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo ha despertado algunas críticas como la de la portavoz en la Comisión de Interior del Partido Popular, Ana Vázquez Blanco, que considera que Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «quieren un baño de multitudes para blanquear su indignidad», en referencia a cuestiones como el acercamiento de etarras o el apoyo parlamentario de EH Bildu.

La asociación Dignidad y Justicia, que preside Daniel Portero, ha anunciado que no acudirá a un acto porque considera que el Gobierno busca «tapar el abandono, humillación y traición a los que tiene sometidas a las víctimas del terrorismo», citando los más de 150 acercamientos de presos de ETA a cárceles más próximas al País Vasco y Navarra aprobados por el Ejecutivo de Sánchez.