La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a un hombre y a una mujer a 29 y 15 años de prisión, respectivamente, por matar a la expareja del primero tras estrangularle con el cable de una plancha en febrero de 2019.

Así, la Sala condena al hombre por un delito de asesinato en concurso con un delito de robo con violencia, para los que aprecia la agravante de reincidencia; y a la mujer por el delito de asesinato, aunque aprecia en su caso la circunstancia atenuante de arrebato o estado pasional.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la sentencia, dictada de conformidad con el veredicto emitido por un jurado popular el pasado 4 de marzo, obliga a los condenados a indemnizar conjuntamente con 30.000 euros al padre de la víctima y con 10.000 euros a un hermano por daños morales.

El principal acusado y la persona fallecida mantuvieron una relación sentimental cuando el primero cumplía condena en una cárcel de Santoña (Cantabria) por delitos de asesinato y robo con violencia.

En octubre de 2018, tras salir de prisión, el penado inició en Castellón una relación sentimental con la mujer ahora condenada. No obstante, unos meses después, en enero de 2019, propuso a su expareja que se fuera a vivir con él.

La víctima se trasladó desde Santander a Castellón, donde estuvo conviviendo en un hotel con el procesado. Sin embargo, el 10 de febrero del mismo año, el exrecluso se marchó del establecimiento hotelero llevándose consigo el coche y las pertenencias personales del perjudicado, que interpuso la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional.

«RABIA Y ENFADO»

Mientras tanto, la nueva pareja del acusado se enteró de la relación sentimental paralela que él seguía manteniendo con su exnovio y reaccionó con «rabia y enfado», tal y como detalla la resolución judicial. Esos y otros motivos llevaron a los dos condenados a decidir acabar con la vida de la víctima.

Así, el 24 de febrero recogieron con un coche a la víctima en el Albergue Municipal de Castellón. Durante el trayecto se produjo una discusión entre ellos, los acusados estacionaron el vehículo y, de forma súbita e inopinada -bien uno de ellos de forma individual, bien ambos conjuntamente- estrangularon al perjudicado con el cable de una plancha, sin darle la posibilidad de defensa.

Posteriormente, tiraron el cadáver en una zona de huertos, después de que el principal condenado le robara un anillo de oro y cuatro teléfonos móviles, según se relata en la sentencia, que puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La ministra de Hacienda y Portavoz el Gobierno, María Jesús Montero, ha acusado hoy al PP de estar enredando con su propuesta de ‘plan B’, para modificar la Legislación que se aplique al decaer el estado de alarma, a pesar de que algunos de los socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez no descartan apoyar la propuesta de los ‘populares’. En este sentido, ha dejado claro que los derechos fundamentales tienen que tener un marco muy restrictivo y no ve conveniente incorporarlo a leyes ordinarias de CCAA.

Así se ha pronunciado la Portavoz del Ejecutivo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y después de que varios partidos aliados parlamentarios del Gobierno –ERC, Bildu, Más País, PDeCAT y Compromís– hayan exigido hoy a Pedro Sánchez una alternativa al fin del estado de alarma previsto para el 9 de mayo. De hecho, algunos de ellos no han descartado incluso apoyar la tramitación del ‘plan B’ jurídico promovido por el PP.

En este sentido, ha asegurado que la posición del PSOE en el Congreso a este respecto la tendrá que transmitir el Grupo Parlamentario, dejando claro que ella sólo transmite la postura del Ejecutivo.

Y esta es clara, se ha negado en redondo a modificar la Legislación vigente en materia de Salud Pública y se ha remitido continuamente a las decisiones que se adopten en el Consejo Interterritorial de Salud que, según ella, son de «obligado cumplimiento».

Montero se ha centrado en atacar al PP al asegurar que la contradicción de este partido es «palmaria» porque en otras ocasiones con una incidencia de la pandemia muy superior o igual a la actual, se ha negado a apoyar la prórroga del estado de alarma en el Parlamento. Y ha recordado de paso que para algunas prórrogas se tuvieron que llevar a cabo «negociaciones muy complicadas» en el Parlamento.

Ahora, según la Portavoz, ambos partidos mayoritarios, PSOE y PP, están de acuerdo en no prorrogar la alarma, aunque ha puesto de manifiesto las contradicciones de los presidentes autonómicos del PP alegando que unos lo piden y otros no. «El PP está enredando con este tema y no sabe ni lo que quiere», ha espetado.

La ministra ha defendido la posición del Ejecutivo de no llevar a cabo reformas legislativas alegando que el Gobierno «considera que la restricción de los derechos fundamentales es algo muy serio y no se puede dejar en manos de las CCAA una restricción que está bien articulada en la Constitución».

En este sentido, ha precisado que para adoptar el estado de alarma se tienen que producir situaciones «muy excepcionales» y no ha considerado conveniente «descentralizar» estas decisiones, sobre todo cuando la Constitución delimita esta figura.

«Los derechos fundamentales tienen que tener un marco muy restrictivo y no parece conveniente incorporarlo a las leyes ordinarias de las CCAA, no se trata de algo ordinario, ni normalizado, sino extraordinariamente excepcional, que se tiene que decidir por el Gobierno de España con el refrendo del poder legislativo», ha recalcado.

NO RESPONDE SI TRAS LA ALARMA SE PODRÁN CERRAR CCAA

Tras esta argumentación, Montero ha sostenido que se continuará funcionando a través del Consejo Interterritorial de Salud, precisando que sus decisiones son muy importantes para que las autonomías tengan herramientas suficientes para hacer frente a la pandemia.

Sin embargo, ante la pregunta de si este Consejo podrá adoptar la decisión de llevar a cabo cierres perimetrales de CCAA incluso si no cuentan con el consentimiento de las afectadas, la Portavoz del Ejecutivo no ha respondido y se ha remitido a que la respuesta la de la ministra de Sanidad. «Sería muy osada si me anticipo a cualquier cuestión que no ha sido debatida», ha alegado, remitiéndose también a que conteste el Consejo Interterritorial con «criterio técnico» sobre esta medida u otras de otro tipo.

Aún así, la Portavoz ha insistido en que el «objetivo» es que tras el 9 de mayo no sea necesaria la prórroga del estado de alarma y ha insistido en que el Ejecutivo cree que no será necesario. Aunque ha admitido que todo este tipo de decisiones están moduladas por la incidencia epidemiológica y el criterio «experto y sanitario» que es la que, ha dicho, marca la decisión política.

EL OBJETIVO, NO PRORROGAR, PERO LA DECISIÓN ÚLTIMA ES DE LOS EXPERTOS

«La voluntad del Gobierno es no prorrogar pero todo ello desde la prudencia porque lo que marca las decisiones últimas son los criterios técnicos y de expertos», ha alegado después de que ayer el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, precisara que lo lógico sería evaluar la situación una semana antes de que expire el decreto de alarma en vigor.

En cualquier caso, Montero se ha mostrado confiada en poder seguir el ritmo de vacunación previsto, después de que Pfizer se haya comprometido a entregar una media de 1,7 millones de vacunas semanales a España.

Por ello, cree que lo fundamental es que las CCAA sigan concentradas en cómo acelerar el proceso de vacunación, tras el proceso de entrega de vacunas que van llegando ya que, ha insistido, son las que tienen los instrumentos para llevarlas a cabo.

LOS INMUNIZADOS PUEDEN PORTAR EL VIRUS

Montero también cree que la propuesta de que las personas que ya estén inmunizadas con las dos dosis puedan moverse libremente debe exponerse en el Consejo Interterritorial y son los expertos quienes deben pronunciarse porque, ha alegado, «aunque las personas estén inmunizadas, pueden portar el virus» y transmitirlo.

El 45 por ciento de los viajeros procedentes de los países sometidos a control por las variantes brasileña y sudafricana del Covid-19 no responden a las llamadas de rastreo que realizan las Fuerzas Armadas para vigilar la posible aparición de síntomas del virus.

El Ministerio de Defensa recibió el pasado 23 de febrero el encargo del Ministerio de Sanidad de realizar el rastreo de los viajeros procedentes de Brasil y Sudáfrica, que deben guardar una cuarentena de diez días a su llegada a España. Esa labor se amplió a principios de marzo a una docena de países limítrofes a estos dos con el objetivo de evitar en España la expansión de las variantes del Covid-19.

Desde entonces, las Fuerzas Armadas han realizado el seguimiento de un total de 19.737 viajeros, de los que 9.064, más del 45 por ciento, no han respondido a los intentos de localización. Entre los que sí han sido contactados, solo 36 han manifestado síntomas compatibles con el coronavirus.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reconocido este martes lo «preocupante» de estos datos, que ha conocido en el transcurso de una videoconferencia con los mandos conjuntos de la ‘Misión Baluarte’ en el Mando de Operaciones (MOPS), en la base de Retamares, en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

El comandante Francisco Bernal ha sido el encargado de resumir las principales operaciones que están llevando a cabo las Fuerzas Armadas en esta segunda fase de lucha contra el Covid-19, con apoyo logístico a diversos hospitales para ampliar su número de camas, instalaciones para campañas de vacunación masiva o traslado aéreo de vacunas a las islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Por otro lado, Robles ha destacado el mapa de incidencia del virus en Europa y el dato de España, mejor que el de otros países de su entorno. «Pese a ello, tenemos que extremar las prevenciones», ha pedido insistiendo en la importancia de la vacunación de toda la población.

La ministra ha participado en esta jornada de trabajo del Mando de Operaciones en la que los responsables de los distintos mandos conjuntos exponen de forma mensual un resumen de sus actividades y posibles incidencias que hayan podido encontrar, encabezados por el teniente general Francisco Braco.

En este contexto, el coronel Montesinos, analista militar, ha hecho un repaso de los datos más actualizados de la incidencia del virus en España, así como de las noticias más relevantes, cifras sobre vacunas administradas y nivel de riesgo por territorios.

Tras él, los comandantes de cada mando específico han expuesto la labor en la que están inmersos. Por ejemplo, el general Rafael García Hernández ha explicado que el mando de Ciberespacio ha centrado su labor en la protección de los sistemas de los hospitales militares de Zaragoza y Gómez Ulla de Madrid, con objeto de evitar un ciberataque similar al que sufrió el servicio de empleo, el SEPE.

La sindicatura de Greuges ha advertido del aumento de la «brecha digital y las desigualdades en Educación» que se ha registrado como consecuencia de la pandemia, y en especial al alumnado con necesidades educativas especiales con la suspensión de las clases presencial.

Así, lo ha señalado el síndic de Greuges, Ángel Luna, entrega en Les Corts la memoria de la institución, que revela que las quejas referidas a Educación, derechos lingüísticos y patrimonio cultural valenciano supusieron el 9,0% del total de las presentadas frente al 5,65%. En concreto, la Conselleria de Educación con 267 recalmaciones fue la segunda que más quejas recibió.

En ese sentido, ha explicado que ha recibido numerosas quejas de familias de alumnado con necesidades educativas especiales porque su situación se agravó a causa de que se suspendiera la actividad escolar presencial en marzo de 2019, lo que supuso que «no recibieran los apoyos que necesitan» por «la tardanza» en cubrir las vacantes y bajas del personal de atención educativa como educadores de educación especial, logopedas, fisioterapeutas, docentes de audición y lenguaje, de pedagogía terapéutica.

Asimismo, la necesidad de impartir clases a distancia, tras el cierre de los centros educativos, también puso de manifiesto «la dificultad» para garantizar el derecho a la educación en igualdad de oportunidades a una parte del alumnado que no dispone en su hogar de los recursos tecnológicos necesarios para desarrollar la actividad lectiva de forma virtual, en parte por efecto de la brecha digital. Una circunstancia que es especialmente relevante en el alumnado más desfavorecido.

En ese sentido, ha recordado que se abrió una queja de oficio por esta brecha tecnológica y la Conselleria de Educación destacó que se habían incorporado 15.000 tabletas electrónicos para que los alumnos pudieran seguir las clases y se comprometió a distribuir 30.000 más.

LA FALTA DE TRANSPARENCIA SE CRONIFICA

Por último, ha lamentado que el problema de falta de transparencia se ha cronificado y se observa en innumerables instituciones dirigidas por equipos de todo el espectro político. El pasado año se presentaron 477 quejas por esta material, el 11,73% del total de las presentadas.

ha insistido en «la falta de avances» en materia de transparencia de las administraciones públicas ya que de «forma persistente se ignoran» las peticiones de información presentadas por la ciudadanía a los diversos organismos, así como las quejas de los representantes políticos en labores de oposición, por falta de acceso a información pública que consideran necesaria para el ejercicio de su función constitucional.

«Hay que recordar, una y otra vez, que la información de que disponen las administraciones no es propiedad exclusiva de quienes las gobiernan en cada momento», ha recalcado.

En ese sentido, ha mostrado su preocupación por «cómo se ignoran las advertencias y recomendaciones que efectúa en sus resoluciones, sean estos ciudadanos o cargos electos. Con estas actitudes, nuestra salud democrática también se debilita».

La candidatura de Unidas Podemos (UP) a las elecciones a la Comunidad del 4 de mayo propone la creación de una Tarjeta de Seguridad Alimentaria que cuente con 75 euros mensuales por persona de la unidad familiar y que pueda ser usada para comprar alimentos en cualquier establecimiento de la región.

Los requisitos económicos y sociales para acceder a esta tarjeta serán los mismos que los requisitos de acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) con las ampliaciones de derechos recogidas en el pack de enmiendas que Unidas Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados al correspondiente proyecto de ley, como mínimo.

En particular, no será necesario contar con una situación administrativa regular de residencia en España para poder recibir esta tarjeta. Bastará con llevar empadronado en Madrid más de 6 meses. Solo se perderá el derecho a esta tarjeta si cambiaran las condiciones económicas y sociales y se dejaran de cumplir por ello los requisitos o si se recibiera el ingreso mínimo vital, detallan en el programa electoral que han hecho público hoy.

«La imagen de las colas del hambre durante la epidemia nos ha dejado a todos con el corazón en un puño y absolutamente escandalizados. Si es una vergüenza ver una imagen como esa en cualquier lugar del planeta, es doblemente inaceptable que esa situación se produzca en un país de la Unión Europea y, encima, en su región más rica», señalan.

Y admiten que el IMV, que venía a paliar esta situación, «sigue sin funcionar como debería debido a un diseño demasiado burocrático que criticamos desde el principio».

«Mientras seguimos peleando en el seno del Gobierno y en el Congreso de los Diputados para eliminar las trabas burocráticas del ingreso mínimo vital para que pueda llegar a todo el mundo que lo necesita, creemos que es urgente que las personas más vulnerables cuenten por lo menos con una ayuda pública que les permita sufragar los costes de alimentación», ha justificado la candidatura encabezada por Pablo Iglesias para justificar estas propuestas en Madrid.

Asimismo, UP quiere establecer la gratuidad absoluta de los comedores escolares en la educación pública, pero también la de los productos de higiene femenina y los anticonceptivos para que «ser mujer no suponga un coste añadido». El coste de esta medida ascendería a 150 millones de euros anuales, estiman.

RENTA SOCIAL PARA LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR EN DESEMPLEO

En otro orden de cosas, Unidas Podemos considera que el trabajo doméstico es un sector precarizado, altamente feminizado, con un elevado porcentaje de mujeres migrantes y especialmente vulnerable en esta crisis sanitaria.

Según datos oficiales, solo el 70% de las trabajadoras del hogar está dado de alta en la Seguridad Social (las organizaciones bajan esa cifra al 50%), pero es que incluso las trabajadoras del hogar que están dadas de alta no tienen derecho al subsidio de desempleo como el resto de trabajadores.

En estos momentos, recuerdan que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Trabajo, trabajan para ratificar y poner en práctica a la mayor brevedad el Convenio 189 de la OIT y así establecer la igualdad de derechos de estas trabajadoras.

«Asimismo, las tasas de parcialidad en este tipo de trabajo son elevadísimas, lo cual lleva a que muchas veces las trabajadoras del hogar estén ganando salarios por debajo del umbral de la pobreza. En estos momentos, estamos trabajando para mejorar el ingreso mínimo vital de forma que llegue a todo el mundo que lo necesite y este tipo de situaciones no se produzcan. Pero, hasta que eso ocurra, es decir, hasta que sea efectiva la equiparación de derechos del Convenio 189 y hasta que se hayan eliminado los problemas burocráticos del ingreso mínimo vital, sigue existiendo una situación de emergencia social en este colectivo», señalan en el programa electoral.

Por ello, proponen establecer una renta social para las trabajadoras del hogar en situación de desempleo o de infraempleo. La cuantía de esta renta social será del 70% de la base reguladora que estuviese percibiendo la trabajadora antes de quedar en situación de desempleo, fijando un mínimo de la prestación de 500 euros.

Aquellas trabajadoras que estén dadas de alta en la Seguridad Social y estén percibiendo un salario inferior a 500 euros recibirán por medio de esta renta social la cantidad requerida para completar sus ingresos hasta 500 euros. En el caso de las trabajadoras en situación administrativa irregular, se admitirá para tener derecho a la ayuda una declaración jurada en la que se informe de que la trabajadora estuvo llevando a cabo está actividad y, en estos momentos, no tiene ingresos o tiene ingresos inferiores a 500 euros, detallan.

Se instará al Gobierno de España para que reforme a la mayor brevedad los artículos correspondientes de la Ley de Extranjería «de modo que esta ayuda así definida sea ajustada a la legalidad».

«Esta renta solamente desaparecerá o las personas que la reciben perderán el derecho cuando sea efectivo el Convenio 189 y, en los casos de rentas más bajas o personas en situación administrativa irregular, reciban el ingreso mínimo vital. Estimamos un coste aproximado para esta medida de 100 millones de euros anuales», apuntan desde Unidas Podemos.

PROGRAMA ELECTORAL ELABORADO CON ASOCIACIONES

Durante la presentación del programa electoral han participado algunos de los candidatos de UP, como Serigne Mbaye, que ha criticado los «controles por perfiles raciales y étnicos» que sufren inmigrantes como él, por lo que ha pedido «respetar los derechos humanos, la libre circulación de la gente y la inclusión de la población migrante, adaptando políticas sociales y poniendo en marcha mesas de dialogo para erradicar también el discurso de odio en los barrios con más extranjeros.

Por su parte, la ‘número dos’ de la lista de Iglesias, Isa Serra, ha explicado que el programa electoral se ha realizado escuchando a asociaciones, colectivos y movimientos varios, pero también desde su experiencia en los últimos años «defendiendo una Comunidad de Madrid digna».

«Es un programa situado en un momento de crisis del Covid y en una región que bate todos los récords en desigualdad y segregación. Ahora necesitamos políticas ambiciosas, valientes y transformadoras frente a la devastación de Ayuso. Necesitamos también firmeza para enfrentarnos a los que les dictan las políticas al PP. El objetivo es hacer de esta región una región digna, igualitaria, justa y que se pueda vivir dignamente», ha concluido la también portavoz de Podemos.

La Junta de Portavoces del Parlament ha acordado este martes el reparto de los ocho senadores de designación autonómica que le corresponde elegir a la Cámara catalana y ha decidido vetar a Vox, de manera que tres serán del PSC, tres de ERC y dos de Junts.

Lo ha anunciado en rueda de prensa el portavoz de Cs en la Cámara, Nacho Martín Blanco, y fuentes parlamentarias han explicado que ERC, Junts, la CUP y los comuns han votado a favor de este reparto, mientras que el PSC-Units, Vox, Cs y el PP lo han rechazado.

ERC, Junts, la CUP y los comuns, que tienen mayoría en este órgano, han planteado esta propuesta de reparto para evitar que el Parlament elija un senador de Vox y lo han enmarcado en el «pacto antifascista» que acordaron junto al PSC al inicio de la legislatura, aunque los socialistas se han desmarcado de esta cuestión.

Fuentes parlamentarias han señalado que la fórmula utilizada para repartir los senadores ha sido el ‘sistema imperiali’, un método empleado en sistemas electorales de otros países, como en las elecciones de Italia entre 1956 y 1991, y en Ecuador desde 2004.

Este método es una variante del sistema D’Hondt que beneficia a los partidos mayoritarios y las fuentes ya citadas han asegurado que han optado por esta fórmula teniendo en cuenta que el PSC, ERC y Junts tenían un número de diputados muy similar –los socialistas y republicanos tienen 33 cada uno y Junts 32– y lejos de los 11 de Vox, por lo que ven justo que se priorice la representación de estas tres formaciones.

En la historia del Parlament, el método de restas mayores se ha utilizado en todas las legislaturas para repartir los senadores, excepto en la IV y la X, que se utilizó la regla d’Hondt.

Aplicando estos dos sistemas en la actual legislatura a Vox le correspondía un senador: según el método de restas mayores le tocaban dos al PSC, dos a ERC, dos a Junts, uno a la CUP y uno a Vox, y según D’Hondt tres serían del PSC, dos de ERC, dos de Junts y uno de Vox.

En cambio, aplicando la fórmula ‘imperiali’ los tres principales partidos salen reforzados y evitan que se designe un senador de Vox, ya que tres le corresponden al PSC, tres a ERC y dos a Junts.

La ley establece que los senadores se deben repartir de forma proporcional según los resultados electorales, pero no concreta qué método debe aplicarse para hacerlo, por lo que fuentes de ERC consideran que el reparto que se ha decidido no incumple la ley, de manera que entienden que no se podría impugnar a los tribunales.

El líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, ya avisó la semana pasada en rueda de prensa de que acudiría a los tribunales si se vetaba a su formación de la designación de senadores, ya que considera que les corresponde uno por ley.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este martes la intención del Gobierno de pedir la retirada en el Congreso de los Diputados de la Proposición de Ley, que se mantenía paralizada desde el pasado mes de octubre, para modificar la forma de elección de los Consejo General del Poder Judicial (CGP). La propuesta fue fuertemente contestada por las asociaciones de jueces y puesta bajo la lupa de la UE y el Consejo de Europa.

De este modo, el Gobierno desiste de forma definitiva de este proyecto, que se mantenía en suspenso después de que el propio presidente Pedro Sánchez anunciara que iba a va a «detener el reloj» de su tramitación para poder negociar con el PP la renovación de este órgano, que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018.

La renovación, sin embargo, aún no se ha producido y mientras tanto se ha aprobado una reforma que impide Consejo realizar nombramientos una vez concluido su mandato.

Por su parte, desde Podemos se ha venido amagando en varias ocasiones con la posibilidad de resucitar la reforma del sistema de nombramientos precisamente por la falta de acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

LEYES QUE MEJORAN LA «DEMOCRACIA INTERNA» DE LA JUSTICIA

Campo ha enmarcado su anuncio en la aprobación este martes por parte del Consejo de Ministros de la Ley de Eficiencia Organizativa de la Justicia, que crea los tribunales de instancia y «profundiza en la democracia interna del Poder Judicial».

Preguntado por la falta de acuerdo para la renovación, el titular de Justicia ha admitido que el foco está ahora en las «políticas de eficiencia» y que así se lo traslado ayer a la *vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Justicia, Vera Jourova, con quien mantuvo un encuentro.

«Cualquier cosa que se quiera buscar es ganas de poner palos en las ruedas, ya dijo el presidente Sánchez que la proposición queda congelada y eso le hice ver», ha afirmado Campo, para añadir que la última reforma, la dirigida a evitar los nombramientos de un CGPJ en funciones, a Jourova le parece conforme a derecho y respecto a ella no tenía nada que indicar.

Por ello, y en alusión al PP, ha hablado de la necesidad de que «quien está bloqueando la renovación de un paso atrás», y se ponga a renovar a los órganos constitucionales, porque urge un acuerdo». Ha insistido en reactivar las negociaciones con el principal partido de la oposición tras la jornada electoral del 4 de mayo, el día 5, el 3 o esta tarde».

En este punto ha recordado que en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados están sus ofertas respecto al CGPJ, que pasan por volver al espíritu del pacto de estado por la justicia.

Campo propuso crear comisiones en el Congreso y en el Senado que analicen los currículums de los 36 vocales judiciales que van en las listas que proponen las asociaciones judiciales o van con aval de sus compañeros -actualmente solo comparecen los aspirantes del turno de juristas– y que se obligue a mayores cuotas de consenso este órgano, como elevar la mayoría a 13 apoyos para designar presidentes de audiencias provinciales.

Preguntado por los vetos que el PP hizo a determinados candidatos, como el juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada y de la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, el titular de Justicia ha respondido que tiene la sensación de que «siempre aparece una nueva excusa».

«Pero llega un momento en el que el PP se queda sin excusas para no negociar, que es su obligación constitucional, no se puede ser constitucionalista a tiempo parcial», ha subrayado Campo.

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales Ione Belarra, ha afirmado en coincidencia con su compañero del Gobierno que «el PP se encuentra en rebeldía con el cumplimiento de la Constitución». A su juicio, esta situación es gravísima «y tiene que terminar de manera inmediata».

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se ha mostrado este martes dispuesta a consensuar una alternativa al estado de alarma derivado del coronavirus, que concluye el próximo 9 de mayo, pero ha insistido en que es el Gobierno el que debe tomar la iniciativa y presentar uno.

De esta forma ha respondido Arrimadas, en rueda de prensa en el Congreso, cuando se le ha preguntado si, al igual que los socios parlamentarios del Ejecutivo, Cs no descarta respaldar la tramitación de la proposición de ley del PP que incluye un ‘plan b’ al estado de alarma.

La líder del partido naranja ha defendido que quien tiene que poner un plan encima de la mesa es el Gobierno, sin despejar la duda de qué hará Ciudadanos cuando la iniciativa del PP se debata y vote en el Congreso. De entrada, no hay previsión de que la proposición se discuta del día 9.

«Estamos esperando a que el Gobierno diga qué va a hacer a partir del 9 de mayo», ha insistido Arrimadas, quien ha pedido «no caer en el juego» de Sánchez, al que ha acusado de acabar derivando a la oposición lo que es su responsabilidad.

SÁNCHEZ NO PUEDE SER SÓLO «MISTER VACUNAS»

La líder de Cs cree que aún se está «a tiempo» de llegar a un acuerdo antes del 9 de mayo y acabar con el, a su juicio, «espectáculo bochornoso» que supone que los españoles aún no sepan qué pasará con el fin del estado de alarma.

«¿Dónde está escondido el Gobierno?», se ha preguntado Arrimadas, quien ha pedido a Sánchez que no sólo puede actuar como «Mister vacunas», sino que debe explicar a los españoles si hacen falta o no más restricciones a partir del 9 de mayo.

En este punto, ha puesto en valor la alternativa que su partido registró hace meses y que, entre otras medidas, incluía un refuerzo de la Alta Inspección sanitaria y un incremento de la coordinación, a través de la Audiencia Nacional, de las resoluciones judiciales frente a las restricciones decididas por las distintas comunidades autónomas.

«Nuestra propuesta es buena y sensata, y estamos dispuestos a hablar con el Gobierno y el resto de partidos y consensuar un plan que dé garantías y seguridad jurídica», ha manifestado Arrimadas, incidiendo en que su partido no ha cambiado de criterio «40 veces» como algunos partidos o como el propio Gobierno, que decía inicialmente que sin el estado de alarma no se podía hacer frente a la pandemia.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha rebajado de 15 a 12 años de prisión la pena impuesta a un exmilitar por asesinar a otro hombre en el municipio de Ordes, con quien había mantenido una disputa previamente.

En concreto, el alto tribunal no aprecia alevosía y no considera probado el ataque por sorpresa, y recuerda que contra este fallo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Los hechos se registraron en la madrugada del 17 de julio del año 2016, sobre las 04,00 horas. En un primer fallo dado a conocer en octubre del pasado año, la Audiencia Provincial consideró probado que el acusado apuñaló a la víctima en el cuello cuando caminaba por la calle Compostela, en dirección a su domicilio.

En esa sentencia, se indicaba que el ataque se había producido «sorpresivamente» y en una zona que estaba «mal iluminada y escasamente transitada». Por ello, se argumentaba que la víctima careció de posibilidad de defensa, dado que el cuerpo no presentaba heridas que indicasen lo contrario.

Además, se consideraba acreditado que el condenado y el fallecido, «dedicados habitualmente a la venta al por menor de drogas», tenían enemistad y que el día de los hechos tuvieron una pelea en el ‘campo da feira’ del citado municipio, tras la cual la víctima se marchó para su casa y llamó por teléfono para pedir la presencia de una patrulla policial.

Posteriormente «fue degollado por el acusado, que tenía entrenamiento militar». Además, pocos días después de los hechos, el condenado y su familia se trasladaron a Madrid y, después, él viajó Colombia.

FALTA DE PRUEBAS

La sala de lo Civil y Penal del TSXG acogió el 16 de marzo la vista de apelación contra la sentencia, en la que las acusaciones solicitaron que la pena se elevase a 20 años y la defensa la libre absolución.

Ahora el tribunal ha emitido un nuevo fallo en el que, de nuevo, considera acreditada la autoría del investigado y que la sentencia está motivada y razonada en este aspecto. Sin embargo, rechaza que esté probado el ataque por sorpresa y que la víctima carecía de posibilidad de defensa.

Es decir, el TSXG cuestiona la existencia de la agravante de alevosía, que es «indispensable para la condena por asesinato» que le impuso la Audiencia Provincial de A Coruña.

«La Sala comparte en este extremo el criterio del recurrente, pues ninguna prueba existe sobre la apreciación de esta circunstancia», indica el TSXG, que ha decidido rebajar la condena al acusado a 12 años de cárcel como autor de un delito de homicidio.

RIVALIDAD Y DISPUTA

El alto tribunal gallego considera probada «la rivalidad y diferencias que mantenían el acusado y el fallecido por competir en la zona en la actividad de trapicheo de droga», así como que «minutos antes» de los hechos tuvieron una pelea tras la que la víctima se marchó para su casa y llamó por teléfono para pedir la presencia de una patrulla policial.

A continuación, según el relato de la sentencia, fue degollado por el acusado, que contaba con «formación específica en el tipo de arma utilizada, como se acredita por la certera y letal puñalada». En el cadáver solo apareció el perfil genético del sospechoso, cuyo vehículo fue detectado a la hora y en el lugar del suceso.

El tribunal descarta también el «ánimo de robo», ya que el fallecido no fue despojado de sus pertenencias y solo de su teléfono móvil, que fue posicionado «en una vía de escape compatible con la ruta de vuelta del acusado a su casa».

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) han firmado un acuerdo para el fomento de la corregulación sobre la publicidad en televisión.

Según han anunciado este martes, el nuevo acuerdo responde a la «positiva» valoración de ambas partes del modelo de corregulación desarrollado hasta la fecha y la CNMC reconoce la «utilidad de la autorregulación de la publicidad televisiva gestionada por Autocontrol, que ayuda a procurar la correcta aplicación y cumplimiento de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, y otras normas publicitarias».

Asimismo, han detallado que se señala que la CNMC apoyará el sistema de autorregulación de la publicidad televisiva «sin dejar de ejercer sus funciones, en particular las de inspección, control y sanción sobre los servicios de comunicación audiovisual».

También han destacado que, según este acuerdo, se fomentará entre los operadores de televisión y los anunciantes el uso voluntario de la herramienta de verificación previa (Copy Advice), gestionado por Autocontrol, para los anuncios televisivos.

El acuerdo prevé que cuando un prestador del servicio de comunicación audiovisual televisiva reciba requerimiento o comunicación administrativa de la CNMC en relación con un anuncio cuya versión final cuente con informe previo positivo de Autocontrol, éste podrá poner en conocimiento de la CNMC el contenido de tal informe.

Añade asimismo que la CNMC podrá tomar en consideración que los anuncios emitidos cuenten con un informe de Copy Advice positivo de Autocontrol siempre que se haya sujetado a ese informe previo, que, en su caso, podrá ser incorporado al correspondiente expediente administrativo.

Autocontrol asume, por su parte, el compromiso de mantener regularmente informada a la CNMC sobre las decisiones que adopte el Jurado de la Publicidad, así como sobre su actividad de control previo voluntario de la publicidad, debiendo facilitar a la CNMC, si así lo solicita, los informes de consulta previa positivos que hubiera emitido sobre comunicaciones comerciales audiovisuales televisivas.

Autocontrol asumirá los criterios orientadores para la adecuada clasificación horaria de los contenidos televisivos, establecidos en el Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia, para su aplicación en materia publicitaria, precisando que, cuando se reciba una reclamación referida a la protección de la infancia en el marco del ‘Acuerdo para el fomento de la autorregulación de los contenidos televisivos e infancia’, Autocontrol la tramitará y resolverá según las normas y procedimientos establecidos en el Reglamento del Jurado de la Publicidad.

Una vez concluido el procedimiento concreto, Autocontrol informará a las partes afectadas, a la CNMC y a los operadores de televisión adheridos, enviando en su caso la correspondiente documentación y, conforme a su Reglamento, lo publicará en la revista, web u otros medios de Autocontrol.

Por otra parte, en el ámbito de una investigación de oficio, por iniciativa propia o a consecuencia de una denuncia recibida, la CNMC podrá requerir a Autocontrol su parecer e intervención sobre comunicaciones comerciales concretas que no hubieran sido objeto de consulta previa; en esos casos, Autocontrol tramitará ese requerimiento ante su Jurado, que resolverá de acuerdo a su Reglamento.

En el caso de que dichas comunicaciones ya hubieran sido objeto de consulta previa positiva, Autocontrol informará a la CNMC sobre su contenido.

El acuerdo estipula, la creación de una Comisión formada por tres representantes de la CNMC (uno de los cuales actuará como presidente) y tres representantes de Autocontrol (uno de los cuales actuará como secretario). La Comisión se encargará de la puesta en marcha y seguimiento del desarrollo y aplicación del acuerdo, de velar por su cumplimiento y de resolver conflictos o discrepancias, manteniendo reuniones periódicas con esta finalidad.

Un jurado popular enjuiciará a partir del día 7 de junio en la Audiencia Provincial de Sevilla al varón acusado de asesinar en febrero de 2020 a su expareja sentimental, de 34 años de edad, en la localidad de San Juan de Aznalfarache, hechos por los que la Fiscalía reclama para el investigado la imposición de una pena de 20 años de cárcel.

De este modo, está previsto que el juicio comience el día 7 de junio con la constitución del jurado popular y la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas en este procedimiento, mientras que al día siguiente prestarán declaración el acusado y varios testigos; el día 9 comparecerán más testigos, y el día 10 tendrá lugar la prueba pericial, según el escrito.

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público solicita para el encausado, que se encuentra privado de libertad por esta causa desde el día 19 de junio de 2020, un total de 20 años de prisión; diez años de libertad vigilada una vez cumplida la pena de prisión, y el pago de una indemnización total de 171.200 euros a la familia de la víctima por un presunto delito de asesinato con la circunstancia agravante de parentesco.

La Fiscalía, en este escrito, relata que el acusado mantuvo una relación sentimental con la víctima que terminó en el año 2010, no obstante «continuaban viéndose, ya que ambos eran toxicómanos de larga duración y en muchas ocasiones consumían juntos», de forma que, «en este ambiente de consumo de sustancias estupefacientes, y aprovechándose de los sentimientos» que la fallecida tenía hacia él, el investigado la «utilizaba para que acudiera a comprar a los puntos de venta de drogas de la localidad en que ambos residían, le quitaba el dinero o las dosis que la misma conseguía, llegando a agredirla en varias ocasiones», lo que «determinó que, en los meses anteriores a su muerte, tuviera miedo de encontrárselo, de forma que se escondía de él, dada la conducta violencia que ejercía» sobre ella.

En este sentido, el Ministerio Público considera que los hechos habrían tenido lugar entre las 4,30 y las 5,30 horas del día 1 de febrero de 2020, cuando el acusado se encontraba por las inmediaciones de una plaza de San Juan que constituía el «trayecto habitual» de la víctima hacia su domicilio. En dicha franja horaria, el acusado vio a su expareja sentada en la plaza «consumiendo sustancias estupefacientes», encontrándose la misma «con un chaquetón echado sobre la cabeza a modo de capota para no perder ni una brizna del humo de la droga que estaba consumiendo».

«A sabiendas» de que, estando en esta situación, las posibilidades de defensa de la fallecida «eran escasas», y «guiado por ánimo de acabar con su vida», el investigado se acercó a su expareja y, «de forma sorpresiva», le asestó «más de 23 golpes» con un objeto contundente, con peso y al menos con un borde, el cual no ha sido hallado.

Según la Fiscalía, el acusado la golpeó primero de frente y en la cara, lo que hizo que la víctima perdiera la conciencia «desde los primeros golpes». Una vez caída, el acusado «la remató por detrás, golpeando sin control y con inusitada fuerza el cráneo posterior de su víctima, causándole heridas incompatibles con la vida». Así, y según el Ministerio Público, «tan brutales heridas» le produjeron un traumatismo craneoencefálico severo con lesión de centros vitales que le causaron la muerte.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha apremiado al Gobierno central para que dé a conocer los criterios de reparto de los fondos europeos de recuperación con el fin de competir en «igualdad de condiciones».

Este martes en Santiago, el titular del Ejecutivo autonómico ha participado en un foro Next Generation acerca de las propuestas gallegas sobre movilidad, en donde ha expuesto que se está a la espera de que sean aprobadas las líneas generales por el Gobierno central para el reparto de fondos. «Estamos absolutamente interesados en cuáles son esas líneas, cuáles son los criterios de concurrencia, y poder así competir en igualdad de condiciones que el resto de comunidades autónomas», ha afirmado.

De tal forma, Galicia presenta 32 proyectos –21 públicos y 11 privados– relacionados con la movilidad, los cuales supondrán una inversión de unos 1.800 millones de euros en proyectos de automoción, hidrógeno verde e intermodales pendientes, entre otros.

Así, subraya que estos son de los proyectos «más sólidos», «profesionalmente mejor presentados» y «más hilvanados» entre los presentados por Galicia a los fondos Next Generation. Todo ello, en busca de «una nueva movilidad» que sea «más limpia», «más eficiente» y «más segura».

Sobre este extremo, remarca que el Gobierno ha comunicado que se reservan 13.200 millones de fondos europeos para el transporte sostenible, por los cuales competirán las autonomías.

PROYECTOS PÚBLICOS

Entre los proyectos de iniciativa pública, liderados por la Consellería de Infraestruturas, hay una inversión de 400 millones y la previsión de crear casi 2.400 empleos.

Así, las actuaciones que contempla este grupo de proyectos están: el desarrollo de aplicaciones informáticas para la gestión del transporte público; digitalización de carreteras; nuevas intermodales de A Coruña, Ferrol y Lugo; la construcción de aparcamientos disuasorios con puntos de recarga eléctrica; nuevas sendas peatonales y ciclistas; así como la conexión de polígonos industriales y centros logísticos con la Red Transeuropea de Transporte.

PROYECTOS PRIVADOS

En lo tocante a los 11 proyectos privados, Feijóo se ha referido a cadenas logísticas sostenibles, en donde hay: una red de centros operativos de las flotas logísticas para vehículos propulsados a partir de pilas de hidrógeno y otros biocombustibles, así como una red de hidrogeneras o ‘hubs’ para la distribución del hidrógeno verde.

La iniciativa de la automoción gallega se centra en el programa Autoancora, liderado por el Grupo Stellantis (antes PSA), que supone unos 1.200 millones de inversión global, entre las que se incluyen partidas de movilidad.

Las propuestas vinculadas con puertos pasan por: el Green Port, formado por un paquete de actuaciones de la Autoridad Portuaria de A Coruña que busca desarrollar la cadena de valor del hidrógeno verde, sistemas de almacenamiento de energía y autoabastecimiento del puerto; y el Green Bay, liderado por la Asociación del Clúster del Naval Gallego (Aclunaga), con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Vigo, que busca electrificar el transporte marítimo en la ría viguesa.

Por otra parte, se encuentra el proyecto Smart Logistic Areas Galicia –promovido por la Confederación de Empresarios de Galicia y la de Pontevedra, la Autoridad Portuaria de Vigo, el Clúster de Función Loxística de Galicia, las asociaciones sectoriales de empresas de ingeniería, de transporte y de constructores de Pontevedra, así como la Plisan–, que aspira a la creación de áreas de aparcamiento no invasivo en zonas logísticas de las ciudades.

Además, hay proyectos de Naturgy, Iberdrola, así como de la Federación Gallega de Estaciones de Servicios (Fegaes) para una red de cargadores rápidos y ultrarrápidos de vehículos eléctricos.

La candidatura de Unidas Podemos (UP) a la Comunidad de Madrid promete que las matrículas en la universidad y la Formación Profesional (FP) públicas serán gratuitas en dos años si ganan las elecciones, que aumentarán el número de plazas de FP pública en un 50% en 4 años y que aumentarán significativamente la cantidad de plazas en la red pública de Escuelas Infantiles de 0 a 3 años.

Actualmente, hay aproximadamente 200.000 universitarios en centros públicos madrileños. Los ingresos por tasas y precios públicos totales de las universidades públicas madrileñas son 466 millones. En este importe se incluyen matrículas de grados y postgrados y primeras y ulteriores matrículas.

«El primer año de gobierno, reduciremos las tasas de primera matrícula en grados y postgrados en la universidad pública de la Comunidad de Madrid a la mitad. Esta medida tiene un coste estimado de 200 millones de euros al año. Durante el segundo año de gobierno, alcanzaremos la gratuidad total de las primeras matrículas», ha indicado hoy durante la presentación del programa electoral el candidato Agustín Moreno.

Por otro lado, hay 34.000 alumnos de FP Superior en centros públicos de Madrid. «Es la única comunidad que cobra matrícula de 400 euros a estos alumnos. Haremos gratuita la matrícula en estos centros públicos. La medida tiene un coste de 12 millones», indican el programa.

Desde 2019 las escuelas infantiles públicas de la Comunidad son gratuitas. La partida para compensar las tasas que se pagaban es de 34 millones de euros. UP propone duplicar la inversión en esta partida para crear 6.000 plazas públicas gratuitas anuales adicionales.

Por otro lado, la formación morada propone aumentar la inversión educativa en 1.000 millones de euros anuales: 400 millones para incremento del profesorado, 260 millones para la gratuidad de la enseñanza superior y 340 millones en infraestructuras educativas y creación de nuevas plazas públicas. Así, se reducirá la ratio de alumnado por grupo en todas las etapas hasta alcanzar los valores recomendados internacionalmente.

Unidas Podemos quiere paralizar el cierre de unidades y el cierre de centros públicos anunciado por el actual gobierno madrileño, abrir más aulas con refuerzos Covid y reajustar el proceso de escolarización iniciado en abril; así como aumentar el personal de la educación pública en 10.000 efectivos, al objeto de reducir los ratios, y mejorar las condiciones salariales y laborales de los profesionales educativos.

En particular, establecer un procedimiento para, en un plazo máximo de un año, hacer fijos a todos los profesionales que llevan años en la interinidad encadenando contratos temporales. Esta medida tendría un coste de 400 millones de euros anuales. En el caso del profesorado, se reducirán progresivamente las interinidades con amplias ofertas públicas de empleo y con un nuevo sistema de acceso y estableciendo un porcentaje máximo de interinidad.

El partido de Iglesias también pretende aprobar una Ley de Calidad del Sistema Educativo que, entre otras disposiciones, establezca ratios alumnos/profesores máximos, condiciones laborales mínimas y otros parámetros de calidad que serán de aplicación a la totalidad de los centros educativos, sea cual sea su titularidad y su modelo de gestión; y aplicar de forma inmediata la Ley de Educación estatal «para poner fin a los conciertos educativos con centros que segregan por sexo».

Por último, Moreno ha señalado que si gobiernan introducirán en el sistema la educación afectivo-sexual, contra las violencias machistas y la educación en diversidad sexual.

«Para ello, no solamente se incluirán nuevos contenidos obligatorios en las diferentes asignaturas sino que también se llevarán a cabo programas de formación para el profesorado en esta materia. Se blindará por ley la imposibilidad de objeción parental respecto de estos contenidos con el mismo nivel de protección que cualquier asignatura troncal, como matemáticas o lengua española», aseguran.

«Vamos a revertir esos recortes. Queremos bajar las ratios alumno-profesor porque no se educa lo mismo de 20 en 20 que de 35 a 35. Y queremos asegurar los derechos humanos en centros educativos. Vamos en serio. Nosotros hacemos propuestas de gasto que lo acompañamos de memoria económica. No son palabras vanas, no queremos defraudar a la gente«, ha concluido Moreno.

REVERTIR LAS PRIVATIZACIONES EN SANIDAD

El programa electoral de UP también introduce el aumento de la financiación de la Sanidad Pública en 1.000 millones de euros anuales, aumentar el personal de la sanidad pública en 10.000 efectivos y mejorar las condiciones salariales y laborales de los profesionales sanitarios para que no tengan que emigrar a otras comunidades autónomas o a otros países. En particular, llevar a cabo un procedimiento extraordinario de consolidación para hacer fijos a todos los profesionales que llevan años contratados en la temporalidad.

Este aumento de recursos humanos y materiales se destinará, en particular, a garantizar que la financiación de la Atención Primaria alcance el 25% del total en 4 años, así como a un reforzamiento histórico del sistema público de salud mental, «multiplicando por 3 el número de profesionales de psiquiatría, psicología, enfermería y trabajo social en este área en 4 años para empezar a converger a los ratios por habitante europeos».

«Asimismo, haremos eficaz, real y gratuita la cobertura pública de salud bucodental, fisioterapia, oftalmología y salud mental, incluyendo la cobertura de gafas y audífonos», añaden.

Igualmente, si Pablo Iglesias entre en el Gobierno iniciarán un proceso de reversión de las externalizaciones que sitúe a la comunidad en la media estatal en 4 años. «La internalización de los servicios privatizados puede llegar a reportar 950 millones de euros adicionales de financiación para la sanidad pública al año», apuntan.

Por último, UP se compromete a iniciar los trámites necesarios para regularizar la situación de los profesionales del conjunto del sector público madrileño que llevan años en la encadenando contratos temporales de forma irregular.

«Estudiaremos la realización de procedimientos extraordinarios de consolidación mediante concurso u otros mecanismos legales que permitan garantizar empleo estable y de calidad. Sólo en el sector de la sanidad madrileña, en torno a 21.000 profesionales están en esta situación», indican.

«Si fallecieron tantas personas en la primera ola fue por el colapso sanitario, que tiene que ver con los recortes en la Sanidad Pública y porque no intervino la sanidad privada de sus amigos, los fondos buitres. Han construido un hospital Zendal como salvoconducto para derivar fondos para sus grandes constructoras. Lo que demuestra el sinsentido de las políticas del PP es que haya plantas vacías mientras que han construido un hospital sin médicos. Y por si esto fuera poco, lo que siga haciendo es degradar la Atención Primaria, recortándola y dificultando combatir el Covid, haciendo que aumenten las listas de espera», ha manifestado la ‘número dos’ de la lista de Unidas Podemos.

La sindicatura de Greuges ha concluido que el estado de alarma y sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales «han intensificado» la situación de pobreza y exclusión que padecían un número importante de personas, al tiempo que ha aumentado «el colapso» en la atención de los servicios sociales.

Así, lo ha señalado que el síndic de Greuges, Ángel Luna, tras entregar en Les Corts la memoria de la institución en 2020, que recoge que servicios sociales, dependencia, discapacidad, igualdad y menores concentraron el 34,93 de las quejas — un total de 1.420– frente a las 1.420 de 2019, que supusieron el 31,43%. En concreto, se iniciaron 758 quejas por servicios sociales, 608 por atención a la dependencia, 40 por menores y 14 por derechos de género e igualdad.

Luna ha explicado que la conselleria de Igualdad es el organismo que encabeza el mayor número de quejas presentadas con 1.302 porque «quien tiene recursos recurre a un abogado» y la Sindicatura es «el recurso de los sin recursos y que tienen problemas con la renta valenciana de inclusión, la dependencia o la discapacidad y lamentablemente los retrasos aquí son enormes». Además, estas quejas llegan directamente porque son los propios trabajadores sociales los que orientan estas personas a acudir a la institución para reclamar su derecho.

Luna ha destacado que ante la pandemia «sí que ha habido una respuesta ciudadana importante, pero las Administraciones públicas han sido incapaces de coordinar esos esfuerzos que se hacían de fuera, que era lo mínimo que se podía haber hecho».

Con todo, ha reconocido que para atender estas situaciones de emergencia muchas administraciones públicas han desplegado diversas ayudas dirigidas a cubrir las necesidades básicas como alimentación, productos de higiene, servicios como la luz, el agua, gas o el pago de alquiler.

El problema es que la gestión de estas prestaciones debe realizarse a través de los servicios sociales municipales de atención primaria que, aunque se han considerado como servicios esenciales, han tenido «grandes dificultades para funcionar de forma ágil y efectiva» ya que antes de la pandemia ya estaban «al borde del colapso».

Así, las demoras para recibir esta primera atención han sido «bastante generalizadas». Por ello, el Síndic de Greuges planteó quejas de oficio sobre este problema en el Ayuntamiento de València y en el de Alicante, donde los retrasos para obtener una primera cita alcanzaban los diez meses. Pese a que ambos consistorios establecieron procedimientos de choque para poder filtrar las urgencias, en situaciones como las vividas durante la pandemia tales medidas fueron «claramente insuficientes».

Además, durante muchos meses, «la saturación» de las líneas telefónicas o la falta de respuesta de la Administración «sólo dejaba como alternativa la comunicación digital, lo que no está al alcance de una parte importante de la sociedad y, especialmente, de las personas más vulnerables, ya sea por falta de conocimientos o de medios. Luna ha mostrado su «gran preocupación» ya que estas personas «requerían ayudas de inmediato y no podían retrasar meses su contacto ante la falta de ingresos o ahorros».

Asimismo, se han agudizado los retrasos en la tramitación y resolución de los expedientes de dependencia, de renta valenciana de inclusión y en la obtención de certificados de grado de discapacidad. La acumulación de trabajo, así como la imposibilidad de realizar la valoración domiciliaria a causa del confinamiento «han empeorado las demoras ya existentes en la gestión de estos expedientes».

Durante el periodo de confinamiento, la Conselleria pidió a los ayuntamientos listados priorizados de las solicitudes que se encontraran en una situación de especial vulnerabilidad. Sin embargo, se han tramitado quejas por demoras de hasta 14 meses en la resolución de expedientes que habían sido incluidos en estos listados, «prueba manifiesta de su escasa utilidad».

Por otra parte, el Síndic ha recibido muchas quejas por las dificultades en la gestión de la renta valenciana de inclusión. Entre ellos destaca, la imposibilidad de introducir nuevas situaciones (modificaciones) previstas en la ley, porque no lo permitía la aplicación informática. En sus resoluciones, se recomendaba a la Conselleria que adapte la aplicación informática a todos los supuestos previstos en la ley, tras más de tres años en vigor.

GRAVES DEFICIENCIAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES

Por otro lado, constata que los efectos de la Covid-19 se han dejado notar de «forma muy especial y dramática» en las personas mayores y, especialmente, entre las que viven en residencias. Al respecto, recuerda que se viene denunciando, desde hace años, que estos centros de mayores «no están adecuadas a la normativa vigente que data de 2005 y no ha sido revisada pese a que el Decreto 59/2019 preveía su actualización».

El caso más grave que ha investigado el Síndic se recoge en una queja de oficio sobre la atención que reciben los residentes en la Residencia de Personas Mayores Dependientes (RPMD) Altabix de Elche (residencia de titularidad pública de gestión integral).

Las «graves deficiencias» encontradas en la dotación material, de personal y en el funcionamiento del centro, que fueron informadas por el propio servicio de inspección de la Conselleria, llevaron al Síndic a recomendar, tanto a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública como a la de Igualdad que se adoptaran medidas urgentes para solucionarlas. Además, el dictamen del Síndic se trasladó al Ministerio Fiscal. Del mismo modo, otras situaciones graves en residencias se han judicializado, por lo que ya no procedió la intervención del defensor.

El Síndic también ha tramitado quejas presentadas por familiares de personas mayores atendidas en residencias, relativas a la regulación del régimen de visitas, por el gran impacto que el aislamiento y el distanciamiento ha tenido en las personas mayores.

La Comisión de Sanidad y Consumo del Senado ha aprobado este martes una moción para instar al Gobierno a adoptar medidas de control para regular la publicidad de centros y establecimientos sanitarios, con el fin de perseguir la publicidad «engañosa».

El proponente de la moción, Juan María Vázquez Rojas, del PP, ha señalado que esta propuesta tiene «una manifestación clara de estar con el consumidor y sus derechos a no ser engañados frente a una publicidad sutilmente persuasiva que, en demasiadas ocasiones, asegura resultados que en el mundo de la salud no son posibles, acompañados por unos atractivos planes de financiación ocultos».

A modo de ejemplo, ha citado los recientes escándalos sanitarios en el ámbito dental, primero por el cierre de la cadena de clínicas dentales ‘low cost’ iDental y recientemente de clínicas dentales de Dentix , cuya «rápida expansión se produce gracias a unas agresivas campañas de publicidad».

A su juicio, estas situaciones «han puesto de manifiesto la necesidad de garantizar que todas las comunicaciones comerciales relacionadas con los servicios, prestaciones y/o actividades sanitarias sean exactas y verídicas en cuanto a su contenido y adecuadas en cuanto a la forma para garantizar la seguridad del paciente, independientemente del canal empleado (internet, radio, televisión, etc.)». «Utilizan campañas agresivas y poco éticas. Se hace más necesario que nunca que el reglamento ponga especial atención en esta cuestión», ha reivindicado.

En la misma línea, la senadora socialista Ana Belén Edo ha resaltado que las «informaciones falsas sobre tratamientos o los anuncios que fomentan las adicciones son las caras más negativas de esta publicidad engañosa». «Es prioritario garantizar la seguridad de los pacientes frente a esta publicidad a través de una norma que regule anuncios veraces, con rigor científico y con criterios deontológicos», ha defendido.

Por otra parte, los partidos también han dado su visto bueno a una moción del PSOE para ampliar el régimen de garantías de las empresas relacionadas con la salud, en clara alusión también a los problemas con las clínicas dentales ‘low cost’, por ejemplo.

El Estado puede mejorar y reforzar las garantías de los consumidores en algunos ámbitos, por ejemplo en materia de créditos al consumo. Es nuestro deber acompasar la realidad a la legislación en un sentido proteccionista de los derechos de los consumidores-pacientes», ha argumentado el senador socialista Santiago Pérez García.

Por parte del PP, Patricia Rodríguez Calleja ha apoyado el espíritu de la moción del PSOE pero ha lamentado que «se queda muy lejos de dar una posible solución al problema». «Tiene buenas intenciones pero se queda incompleta», ha reflexionado.

Por ello, ha planteado que se obligue a las grandes franquicias o cadenas marquistas dentales a poseer un seguro por cesación de prestación y por cierre de negocio o cese de actividad. Junto a esto, ha pedido que la prestación de Servicios Profesionales Sanitarios se realice por sociedades profesionales, sin que dicha titularidad pueda ser sustituida por ningún otro tipo de forma societaria.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado, tras alcanzar un acuerdo de conformidad, a cinco años de prisión a un hombre por intentar atropellar al alcalde de Agolada, Luis Calvo, e impactar contra su vehículo con posterioridad.

La Fiscalía pedía inicialmente una pena de siete años y tres meses de cárcel pero las partes han llegado a un acuerdo en virtud del cual el acusado ha reconocido los hechos a cambio de una rebaja en la condena a un total de cinco años, y trece meses y un día de multa a razón de una cuota de tres euros diarios.

Concretamente, ha admitido la autoría de sendos delitos contra la seguridad vial, de desobediencia, de atentado y de daños, así como de un delito leve de lesiones. Siendo el delito más grave el de atentado cometido contra el alcalde con el agravante del uso del vehículo y por ello le condenan a cuatro años y un día de prisión. También se le ha impuesto la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante dos años.

Con respecto a la pena de prisión, el tribunal ha concedido la suspensión, aunque esta decisión se confirmará en el trámite de ejecución de sentencia porque está pendiente del informe del médico forense que certifique que el hombre está siendo sometido al tratamiento de rehabilitación de su alcoholemia y de los trastornos que padece. Por lo tanto no tendrá que entrar en la cárcel por estos hechos.

Según ha detallado el abogado de la defensa, Carlos Alberto Collazo, en concepto de responsabilidad civil el procesado deberá pagar 210 euros por los daños que se ocasionaron al agente ya que los daños al vehículo del alcalde los ha pagado la compañía de seguros.

PERDÓN DEL ALCALDE

El alcalde de Agolada, Luis Calvo, ha declarado que «por mi parte está perdonado», aunque ha añadido que «no se puede tener a esta clase de gente intentando atropellar a nadie. «A esta gente habrá que tratarla porque entendemos que no se encuentra con los cinco sentidos», ha apostillado.

Luis Calvo ha explicado, respecto el acusado, que «no había nada personal ni mucho menos» y que este hombre «generaba problemas en todos lados desde que llegaba. La cogió conmigo por ser alcalde». «Repito, le voy a perdonar, espero bien que lo curen, porque el hombre psicológicamente no debe estar bien, pero bueno, que no se vuelva a repetir», ha dicho.

HECHOS PROBADOS

Según el relato del escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos, que en virtud de la conformidad se declaran como probados, tuvieron lugar sobre las 22,50 horas del 3 de septiembre de 2019, cuando este hombre se encontraba junto a su vehículo tras haberlo estacionado en las inmediaciones de un bar a la altura del kilómetro 68 de la PO-840.

En ese momento, el ahora condenado, que circulaba por una zona cercana, advirtió la presencia de Luis Calvo y «frenó bruscamente». Entonces, «con pleno conocimiento de que se trataba del alcalde de dicha localidad y con la finalidad de menoscabar el principio de autoridad», dio marcha atrás para dirigirse hacia el lugar donde se encontraba y aceleró «con el fin claro de atropellarlo», aunque el regidor «pudo escapar a tiempo».

Sobre las 23,45 horas, el acusado se dirigió a la zona y «embistió de nuevo contra el vehículo del alcalde», colisionando «intencionadamente» y «llegando a desplazarlo unos centímetros». Así, el procesado ocasionó desperfectos en el coche por valor de casi 2.460 euros.

En torno a las 1,20 horas de la misma noche, los agentes de la Guardia Civil se desplazaron al lugar para realizar una inspección ocular y el procesado los increpó y agredió a uno de ellos cuando se dirigía al vehículo. Finalmente, fue inmovilizado, pero se negó a someterse a la prueba de alcoholemia, si bien se observó que presentaba síntomas que evidenciaban su embriaguez.

El Gobierno ha vetado la tramitación en el Congreso de la proposición de ley del PP que plantea la creación de una autoridad independiente para dirigir la gestión y el reparto de los fondos europeos para combatir la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, por suponer un aumento presupuestario de 9,7 millones de euros.

Así consta en el escrito remitido a la Cámara Baja por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que equipara el coste que podría tener esta nueva autoridad al que supone la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El Ejecutivo señala que la propuesta del PP adscribe este órgano a efectos puramente organizativos y presupuestarios al Ministerio de Asuntos Económicos, lo que repercutiría en la sección correspondiente (Sección 27), habilitándose un nuevo programa.

Asimismo, apostilla el Gobierno, aunque se prevé que el personal sea con carácter general, funcionario de carrera o de las Administraciones, «dando a entender que el nuevo órgano no tiene por qué generar costes de personal», también se contempla que «podrá reservarse un 20% de plazas a personal laboral procedente de organismos nacionales o internacionales o personal eventual que permita atraer gestores competentes del sector privado».

Finalmente, el Ejecutivo apunta a que, en relación con la financiación de este nuevo órgano, «no se especifica la vía de obtención de ingresos que podrán financiar o, al menos coadyudar a financiar, su actividad».

PP: «NO ES CIERTO QUE SUPONGA UN AUMENTO DE GASTO»

En una rueda de prensa antes de la Junta de Portavoces de este martes, la portavoz de los ‘populares’ en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, ha criticado que este veto del Gobierno, al considerar que con él «difícilmente puede decir que el Plan de Recuperación cuenta con el acuerdo y el consenso de los grupos».

Según recoge la propia Constitución en su artículo 134.6, el Gobierno tiene potestad para poder vetar la tramitación de toda iniciativa legislativa que suponga un aumento de los gastos o una minoración de ingresos previstos en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, Gamarra ve en este argumento una «gran excusa» ya que, ha asegurado, «no es cierto que suponga un aumento de gasto».

Y es que, ha argumentado, cree que el coste que se deriva puede financiarse con cargo a los propios fondos europeos que se contemplan en las cuentas para este año, ya que con el retraso en su llegada ve «difícil que se puedan llegar a agotar los créditos previstos», pero también ha señalado que su participación por parte de funcionarios o «gestores con competencia del sector privado» también estaría recogido en las cuentas.

«Denunciamos nuevamente el veto, la falta de diálogo y la nula voluntad de acuerdo cuando se trata de buscar cómo gestionar de la manera posible 140.000 millones de euros de los que depende el futuro del país», ha concluido Gamarra.

Unidas Podemos ha asegurado que no va a retirar la proposición de ley para habilitar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por mayoría absoluta, en caso de no ser posible por dos tercios de las Cortes Generales, al entender que ahora no existe alternativa mejor para superar el «bloque» de la institución por parte del PP.

Así lo ha manifestado el presidente del grupo parlamentario confederal, Jaume Asens, en rueda de prensa en el Congreso en respuesta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien ha expresado la intención del Ejecutivo de pedir la retirada de esta iniciativa.

La proposición de ley está paralizada desde el pasado mes de octubre para modificar la forma de elección del órgano de gobierno de los jueces, fuertemente contestada por las asociaciones de jueces y puesta bajo la lupa de la UE y el Consejo de Europa.

Al respecto, Asens ha recalcado que siempre están abiertos a estudiar cualquier alternativa que favorezca la renovación del CGPJ, pero entiende que hasta la fecha no hay ninguna. «Quien tenga otra mejor que nos diga cuál es», ha lanzado.

También ha reivindicado que Europa ha avalado la reforma que se aprobó en el Congreso para limitar las funciones del CGPJ con mandato caducado y en diversas ocasiones ha «llamado la atención» al PP por su falta de acuerdo a la hora de relevar a los vocales que ahora están en funciones, situación que se lleva prolongando desde hace dos años.

HAY QUE LLEGAR A UNA SOLUCIÓN

Si no se llega a ese acuerdo tenemos que plantear una alternativa para salir de la situación. Si no es esta propuesta, que se nos plantee esa alternativa pero no conocemos ninguna mejor y, si la hay, estamos abiertos a estudiarla», ha proseguido.

El parlamentario de la formación morada ha insistido en que se tiene que salir de esta situación de «ilegitimidad gravísima» en el CGPJ y que, de persistir esa voluntad de «bloqueo» del PP, se debe explorar una «vía de solución».

Y es que la proposición de ley, que registraron junto al PSOE, «no modifica» la vía de renovación por mayoría cualificada, que se mantiene en primer término, pero sí establece un mecanismo de «desbloqueo». «Hasta que no tengamos esa alternativa no estamos de acuerdo a retirarla», ha zanjado.

ES FUNDAMENTAL QUE EL PP DEJE DE BLOQUEAR EL CGPJ

También ha comparecido el representante de Galicia en Común en el grupo parlamentario, Antón Gómez-Reino, y ha defendido, en relación a la situación del CGPJ, que llevan «mucho tiempo trabajando» para su renovación.

«Vemos que la UE opina lo mismo, quién podía pensar que un poder del Estado puede continuar ilimitadamente su mandato a pesar de que esté caducado. La UE también piensa que es fundamental que el PP deje de bloquear la renovación de un órgano tan importante», ha sentenciado.

El 21% de los estudiantes universitarios con discapacidad afirma tener mayores dificultades para seguir las clases en tiempos de coronavirus, según los resultados del V Estudio ‘Universidad y Discapacidad’, que aborda el grado de inclusión actual de las personas con discapacidad en el sistema universitario español.

El estudio ha sido realizado por la Fundación Universia, con el apoyo de Banco Santander y la colaboración de Fundación ONCE, Crue Universidades Españolas, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y el Real Patronato sobre Discapacidad. El objetivo de este informe –elaborado por quinto año con carácter bienal– es medir el grado de inclusión de las personas con discapacidad en el sistema universitario español relativo al curso 2019-2020 y mostrar la evolución desde el arranque de este proyecto, en 2011.

Así, la llegada de la pandemia provocada por la covid-19 ha impactado en las universidades, provocando cambios que afectan a la comunidad universitaria y, especialmente, a las personas con discapacidad: el 21% de estos alumnos afirma tener mayores dificultades para seguir las clases en tiempos de coronavirus.

Además, casi una cuarta parte de los encuestados se queja de la falta de recursos tecnológicos y dispositivos digitales para poder estudiar desde su hogar (24%). También manifiestan dificultades para realizar exámenes y seguir las clases (17%) y problemas a nivel psicológico (aislamiento, soledad, ansiedad), entre otros.

Por otro lado, 9 de cada 10 estudiantes con certificado de discapacidad declara que puede estudiar perfectamente desde casa al contar con los dispositivos y los recursos informáticos para ello.

Respecto a los contenidos, casi un 80% estudiantes con discapacidad afirma que ha recibido correctamente la información necesaria para la realización de sus actividades académicas aunque un 17% afirma haber tenido muchas o bastantes dificultades para el seguimiento de las clases.

«Saber que un 80% de estudiantes con discapacidad afirma que ha recibido correctamente la información necesaria nos llena de satisfacción pero también nos hace pensar inmediatamente en quienes han tenido muchas o bastantes dificultades para el seguimiento de las clases», ha afirmado el presidente de Crue-Asuntos Estudiantiles y rector de la universidad de Murcia, José Luján.

A nivel institucional, más de la mitad de las personas encuestadas considera que la universidad española ha sido capaz de adaptarse muy o bastante bien a la nueva situación provocada por la pandemia. «Esta experiencia nos hace ver el futuro en clave de oportunidad, con la visión de no confrontar la enseñanza presencial (en clave social) frente a la enseñanza en remoto (en clave de innovación), sino con la idea de extraer lo mejor de cada una de ellas, para así plantear un tercer escenario inclusivo y accesible», ha indicado la directora de la Fundación Universia, Sonia Viñas.

¿CÓMO SON Y CÓMO SE SIENTEN LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD?

En relación con la percepción sobre el grado de inclusión de los estudiantes con discapacidad dentro de las universidades, el 20,7% de los 1.860 estudiantes consultados afirma haberse sentido discriminado en alguna ocasión a lo largo de sus estudios universitarios.

La responsable de Proyectos Globales y Comunidades de Fundación Universia, Paloma de Andrés, ha señalado que las principales razones están relacionadas «con algún tipo de problema con el profesorado, como faltas de respeto, falta de atención a sus necesidades, mala actitud, etc. (38,2%), o con problemas de accesibilidad, como barreras arquitectónicas, exámenes no adaptados, falta de adaptación curricular, etc. (37,9%)».

En cuanto a las relaciones con los compañeros, uno de cada tres estudiantes con discapacidad afirman sentirse aislados respecto a los demás compañeros. En este sentido, el 16% de los estudiantes con discapacidad considera que sus compañeros se comportan de manera diferente con ellos que con el resto. Además, el 35% estima que tiene más dificultades que sus compañeros sin discapacidad para relacionarse.

No obstante, destaca la colaboración entre los compañeros para el seguimiento de las clases por parte de aquellos estudiantes con discapacidad que lo necesitan, algo con lo que afirma contar una cuarta parte del estudiantado con discapacidad.

La participación en actividades académicas es más elevada: más de un 40% declara que participa siempre que puede aunque hay más de un 15% que tiene la sensación de que se le aísla al intervenir en este tipo de actividades. La participación es inferior cuando se trata de actividades fuera del ámbito académico (ocio y tiempo libre, actividades deportivas, etc.): la mitad del estudiantado con discapacidad no participa nunca o casi nunca en este tipo de actividades y solo el 20% lo hace de forma habitual.

Por otro lado, se mantiene la tendencia de ediciones anteriores del estudio, donde la proporción de estudiantes con discapacidad presentes en la universidad es menor a medida que avanza el nivel formativo. Así, de los 19.910 universitarios de grado, primer y segundo ciclo con discapacidad representados en el estudio, la proporción de estudiantes que permanecen en la universidad va disminuyendo, contando con un 1,5% de estudiantes de Grado, primer y segundo ciclo; 1% de posgrado y Máster y 0,8% de doctorado.

Por tipo de discapacidad se mantiene la tendencia: la discapacidad predominante entre los estudiantes de Grado, primer y segundo ciclo con discapacidad es la discapacidad física (30,4%), seguida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (11,8%), las personas condiscapacidad sensorial (10%) y, por último, las personas con discapacidad psicosocial o relacionada con salud mental (3,9%).

Por rama de conocimiento, las universidades públicas cuentan con más estudiantes con discapacidad en Ciencias Sociales y Jurídicas, mientras que las universidades privadas tienen un porcentaje mayor de estudiantes en las carreras STEM.

Desde una perspectiva de género, el número de mujeres que se ha matriculado en el curso 2019-2020 en las universidades españolas es superior al de hombres (un 55% de mujeres frente a un 45% de varones). Si se tiene en cuenta la variable de la discapacidad, el número de mujeres con discapacidad respecto al total de estudiantes matriculados en las universidades es del 1,2%, frente al 1,6% de hombres.

COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y DISCAPACIDAD

El estudio ha contado con la participación de 1.860 universitarios con discapacidad que están cursando estudios universitarios en la actualidad o que lo han hecho recientemente. Por otra parte, las 61 universidades (públicas y privadas) que han colaborado, representan el 76% de universidades y engloban al 87% de los universitarios con discapacidad del sistema universitario español.

Casi el total de las universidades (95,1%) participantes en el estudio cuenta con un servicio de atención al colectivo y 6 de cada 10 de los estudiantes encuestados se han puesto en contacto en alguna ocasión con el Servicio de Atención a las Personas con Discapacidad de su universidad, sobre todo, para solicitar adaptaciones curriculares, recopilar información sobre sus derechos y solicitar becas o ayudas para el estudio. Además, ha aumentado el número de universidades que tienen en cuenta la variable de la discapacidad en todos los planes de estudio, llegando al 32%.

El 16% de los estudiantes con discapacidad encuestados dice haber encontrado barreras de accesibilidad en la facultad o en la escuela universitaria en la que cursan sus estudios. Respecto al profesorado, un 43% considera que sus profesores sí conocen y están al día de sus necesidades aunque alrededor de un 15% considera que el profesorado no adapta correctamente los materiales en las clases.

La Caja de las Letras del Instituto Cervantes ha recibido este martes el legado de seis escritores y tres editores en homenaje al libro, en un acto con el que la institución abre la Semana Cervantina 2021.

«Es muy importante destacar que el libro es la mejor metáfora de la libertad en la sociedad moderna», ha manifestado el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

Con este homenaje, la institución inaugura las celebraciones del Día Internacional del Libro, que se celebra este viernes 23 de abril, que incluirán un amplio programa de actividades culturales bajo el lema ‘Mi testigo, lector, pongo en tus manos’, verso del poeta Francisco Brines, último Premio Cervantes.

Los invitados que han depositado sus legados han sido los escritores Antonio Muñoz Molina, Manuel Rivas, Bernardo Atxaga, Carme Riera, Luis Alberto de Cuenca y Cristina Fernández Cubas, así como la directora de la División Literaria de Penguin Random House, Pilar Reyes; la directora de Alianza Editorial, Valeria Ciompi; y el director de Pre-Textos, Manuel Borrás.

Durante esta cesión colectiva, con la que se ha elevado a 79 el número de legados que atesora la Caja de las Letras, García Montero, ha destacado la importancia del libro «desde el proceso de la creación hasta el proceso de la edición, ese viaje que va de los autores a los lectores».

En su opinión, la lectura «es el mejor símbolo del contrato social, que definió la libertad como una apuesta en orden para que los individuos libres pudieran convivir». «La lectura es la mejor metáfora. Una conciencia individual que establece diálogo con otra conciencia individual en un espacio común que es el espacio de los libros», ha precisado.

Por ello, García Montero ha defendido que celebrar el Día del Libro es «apostar por una cultura basada en el respeto a las conciencias individuales y que entiende la libertad como un acto de convivencia y no como la ley del más fuerte.

Asimismo, ha señalado que divulgar un idioma «no es enseñar un vocabulario, sino un conjunto de valores que representan una comunidad». «Nuestra literatura es una buena manera de representar una comunidad fundada en los valores democráticos que hacen de la diversidad una riqueza», ha dicho.

El director del Instituto Cervantes ha incidido en que hoy el protagonismo lo tienen las editoriales «que representan el trabajo del mundo del libro en la comunidad hispana», así como los autores que «representan la calidad, el rigor en la creación y el entendimiento en las distintas lenguas» de la cultura española. «El mundo de la polarización es el mundo que debe combatir la cultura», ha advertido.

«En nuestra Caja de las Letras entendemos que la riqueza verdadera de una sociedad es su cultura y el mayor compromiso con el futuro es saber recibir el legado de la gente que merece nuestra admiración», ha apostillado.

EL LIBRO, «BELLO EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODAS LAS LENGUAS»

Para la directora general del Libro, María José Gálvez, el libro «es bello en todas sus formas y en todas las lenguas en las que se expresa». «Los libros son la extensión de lo que uno piensa, siente, sueña, es capaz de imaginar, porque el libro recoge conocimiento, transmite enseñanza y muestra saber», ha comentado.

En este punto, Gálvez ha hecho hincapié en que el libro «con mayúsculas» se merece «un elogio y una honra». «Distintos autores han defendido al libro como la oportunidad de vivir más de lo que la vida ofrece», ha recordado.

El acto de entrega de legados ha estado dividido en dos partes para poder seguir el protocolo sanitario para evitar la transmisión de la Covid-19. «No es posible una reunión numerosa en la Caja de las Letras», ha indicado el director del Instituto Cervantes antes de que los primeros homenajeados depositaran su legado.

En el primer turno, han depositado su legado en la Caja de las Letras Luis Alberto de Cuenca, Manuel Borrás, Cristina Fernández Cubas, Carme Riera y Bernardo Atxaga.

«Es un día importante para nuestras vidas, es algo que para mí se parece a la felicidad y un sueño estar aquí. Lo que nos hace más grandes es esa literatura que nos ayuda a vivir y nos hace ser mejores», ha señalado de Cuenca.

Antes de entregar el legado de la editorial Pre-Textos, Manuel Borrás ha subrayado que «toda comunidad, toda sociedad, que desprecia y no lee a sus escritores es una sociedad enferma» y ha dado las gracias a García Montero por haberle elegido para participar en el acto.

«Mi legado es muy sencillo y también muy sentido, se trata de algo relacionado con la casa en la que nací y viví durante mucho tiempo, casa que es la verdadera autora de casi todo lo que llevo escrito hasta ahora», ha manifestado Cristina Fernández Cubas.

La escritora Carme Riera ha comentado que, entre otras cosas, ha traído a Madrid «unas gotas del mar catalán» y un libro de Montserrat Roig, a la que prometió recordar.

Entre los objetos que ha depositado el escritor Bernardo Atxaga en la Caja de las Letras, destacan ‘Pott’, un fanzine publicado en Bilbao en 1978; el libro de poemas ‘Etiopía’; un disco; o dos ejemplares, uno de ellos en euskera, de ‘Obabakoak’.

LOS EDITORES, «ESCUDEROS DE UN LEGADO»

Durante la segunda parte de entrega de legados, la directora de Alianza Editorial, Valeria Ciompi, ha resaltado que la labor del editor es «construir a través de los libros que publica y difunde un discurso sobre el presente, que enlaza con el pasado y se proyecta en el futuro». «Como editores somos escuderos de un legado, tenemos la responsabilidad de transmitir la palabra de los creadores y ayudar a la supervivencia de la creación», ha asegurado.

En la misma línea, la directora de Alfaguara, Pilar Reyes, ha destacado que los editores «pretenden unir dos soledades, la del escritor y la del lector» y ha destacado que, en la literatura, el deber del editor es «escuchar la música del tiempo para revitalizar las palabras más antiguas y crear la necesidad de las más nuevas».

«Hacemos un legado en nombre de Alfaguara con aquello que nos simboliza y nos representa, nuestro catálogo y nuestros autores», ha explicado la directora de la editorial.

Por su parte, el escritor Antonio Muñoz Molina, que ha hecho entrega de unos borradores de un ciclo de conferencias que dio en el Museo del Prado, ha incidido en que el escritor es una persona que «trabaja mucho, todos los días» y en que el libro es un objeto material «que implica el trabajo coordinado de mucha gente».

Por último, Manuel Rivas ha defendido que el trabajo de los escritores es «ser custodias del sentido de las palabras». «Al igual que la crisis del clima, las palabras, como parte de la naturaleza, también están en peligro, están amenazadas», ha advertido.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, que crea los tribunales de instancia y transforma los juzgados de paz, según ha anunciado el ministro del ramo, Juan Carlos Campo, destacando que esta norma «profundiza en la democracia interna del Poder Judicial».

La ley, que se enmarca en el proceso de modernización de la administración de justicia, contempla la creación de tres nuevas figuras: los tribunales de instancia, la oficina judicial y las oficinas de justicia en los municipios.

Los tribunales de instancia sustituirán la estructura unipersonal de los juzgados por un sistema colegiado. Habrá un total de 431, tantos como partidos judiciales, respetando de esta forma la actual distribución territorial de la justicia en España.

Campo ha subrayado que «no es solo un cambio de nombre» sino «una nueva organización que va a profundizar en la democracia interna del Poder Judicial» porque «va a ensanchar las oportunidades de participación» de los jueces en su autogobierno.

Así, ha explicado que cada tribunal de instancia tendrá un presidente que será «elegido entre sus pares» y, «en aquellos sitios donde haya diversidad», habrá secciones especializadas –familia, social o penal, ha mencionado– que también tendrán un presidente designado entre sus compañeros.

Campo ha resaltado asimismo que la ley aumentará la seguridad jurídica al exigir criterios interpretativos comunes entre los miembros del tribunal de instancia a la hora de valorar asuntos sustancialmente iguales.

El ministro de Justicia ha aclarado que esto no afectará a la independencia de los jueces y magistrados a la hora de resolver sobre los casos de los que conocen, pero «tendrán que explicar motivadamente por qué se apartan del criterio adoptado por sus compañeros».

Además, se instaurarán gabinetes técnicos que actuarán bajo la dirección del presidente del tribunal de instancia y que podrán estar integrados por miembros de la carrera judicial y Letrados de la Administración de Justicia (LAJs), según ha informado el Ministerio de Justicia en un comunicado.

MUCHO MÁS QUE LOS JUZGADOS DE PAZ

Otra de las novedades de este borrador son las oficinas de justicia en los municipios, una especie de evolución de los juzgados de paz –con «muy poca trascendencia» en los últimos años, conforme ha recalcado Campo–, para llevar los servicios de la administración de justicia a todo el territorio, incluidas las zonas rurales.

«No nos podemos permitir que haya zonas despobladas», ha declarado Campo, enmarcando esta iniciativa en la «estrategia país». En este sentido, ha avanzado que, si bien su objetivo es que los ciudadanos puedan realizar allí todas sus gestiones judiciales, podrán ampliar su función, por ejemplo, a declaraciones tributarias.

El tercer eje de la ley es la oficina judicial, que se flexibilizará para dejar atrás un modelo rígido y dependiente de la adecuación de espacios, haciendo posible igualmente su implantación en todo el territorio, ha apuntado Justicia.

MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA

Campo ha recordado que la ley de eficiencia organizativa es una de las tres leyes con las que el Ministerio pretende crear el marco normativo necesario para impulsar la modernización de la administración de Justicia a través del programa 2030, apoyado ahora por los fondos de la UE para la recuperación tras la pandemia.

El pasado mes de diciembre ya se aprobó el anteproyecto de la ley de eficiencia procesal, que impulsa la mediación y otros medios alternativos de resolución de las controversias, y el tercer borrador es el de la ley de eficiencia digital, que Campo ha confiado en que pueda quedar aprobado en Consejo de Ministros hacia verano.

El ministro ha aludido a este trío normativo como la «placa base de la modernización de la Justicia», de la que ha dicho que tiene en cuenta factores coyunturales como la crisis sanitaria y estructurales como el cambio climático y la renovación tecnológica.

El Ministerio de Universidades ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el nuevo programa de ayudas para fomentar la recualificación y la movilidad internacional de jóvenes doctores y de personal docente e investigador. En total, se otorgarán un total de 3.900 ayudas por un valor de 387,15 millones de euros para el periodo 2021-2023.

Este programa de ayudas, que fue presentado por el ministro Manuel Castells el 28 de enero, se concederán para la realización de estancias de formación en universidades y centros de investigación extranjeros de prestigio así como en universidades españolas y en otros agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. También se concederán ayudas a las universidades para la atracción de talento internacional.

Las ayudas concedidas, que estarán financiadas con fondos europeos, podrán tener una duración de entre uno y tres años, dependiendo de la modalidad, y las estancias deberán realizarse antes de diciembre de 2024.

Se trata del «programa de recualificación universitaria más ambicioso de la historia reciente del país», según ha declarado el ministro de Universidades, que espera que este nuevo programa de ayudas suponga una «inyección de calidad, formación y cierto entusiasmo» para «las nuevas generaciones universitarias de docentes en España».

AYUDAS MARGARITA SALAS PARA JÓVENES DOCTORES

Hay tres modalidades de ayuda. La primera de ellas es las Ayudas Margarita Salas, destinadas a jóvenes doctores que hayan obtenido el título de doctor como máximo en los dos últimos años desde el cierre del plazo de presentación de solicitudes.

La duración de las estancias para estas ayudas será de dos o tres años. Para poder optar a una de estas becas, los interesados deberán incorporarse a una universidad o centro de investigación distinto a aquel en el que realizó su formación predoctoral y obtuvo el doctorado, y en el caso de que la estancia se realice en centros extranjeros, el último año de la ayuda deberá realizarla en una universidad española.

El importe mensual será de 3.500 euros brutos para los que soliciten realizar la estancia en el extranjero y de 2.800 euros brutos para los que la realicen en España. En total se otorgarán 1.800 ayudas de esta modalidad.

AYUDAS PARA LA RECUALIFICACIÓN DEL PDI

La segunda modalidad son las Ayudas para la recualificación de Personal Docente e Investigador (PDI), que estarán destinadas al profesorado universitario con las categorías de Profesor Titular de Universidad, Profesor Contratado Doctor y Profesor Ayudante Doctor, o las figuras de profesorado laborales equivalentes de carácter autonómico.

En el caso del Profesorado Titular de Universidad y Contratado Doctor, las ayudas se destinarán a aquel profesorado con un máximo de diez años de servicio en dichas figuras.

La duración de estas ayudas será de uno, dos o tres años para el profesorado permanente y de uno o dos años para los Ayudantes Doctores. Será requisito solicitar la incorporación en una universidad o centro de investigación distinto a aquel en el que tiene actualmente la relación laboral. Las ayudas para esta modalidad serán equivalentes a su sueldo actual más una prima adicional de movilidad del 20% de dicho sueldo bruto.

AYUDAS MARÍA ZAMBRANO PARA LA ATRACCIÓN DE TALENTO

Estas ayudas están dirigidas a personal investigador, español o extranjero, con una trayectoria posdoctoral acumulada no inferior a 24 meses en universidades o centros de I+D españoles y/o extranjeros diferentes al de la defensa de la tesis doctoral.

Las ayudas tendrán un periodo de duración de uno a tres años y se llevarán a cabo en universidades españolas. Para obtener una ayuda de esta modalidad, será necesario justificar el impacto de su incorporación en la recualificación del equipo universitario de acogida. El importe mensual de estas ayudas para la atracción de talento será de 4.000 euros brutos.

Un 35,6% de los estudiantes universitarios españoles ha sufrido acoso alguna vez a lo largo de su vida y un 5% ha decidido denunciarlo, según un estudio elaborado por la profesora de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) Victoria Fernández-Cruz.

El estudio, publicado en la ‘Revista Española de Medicina Legal’, señala también que un 79,5% del número total de víctimas encuestadas son mujeres y un 63,9% conocía al acosador, informa la universidad este martes en un comunicado.

El informe se ha llevado a cabo a partir de una muestra de 1.773 universitarios de toda España, un 71,9% mujeres, con una media de edad de 21,3 años.

En la encuesta se preguntaba a los participantes si habían recibido llamadas, mensajes, cartas o correos indeseados, si habían sido espiados, si alguien les había esperado en lugares donde a esa persona no se la esperaba, si habían recibido regalos indeseados o si habían sido víctima de rumores en Internet, espacios públicos o ‘boca-oreja’.

Fernández-Cruz ha explicado que impulsó este estudio con el objetivo de analizar los principales factores que influyen en la necesidad de denuncia del delito de acoso, así como los que llevan a la víctima a no denunciar los hechos ante la policía.

El estudio concluye que el hecho de ser mujer, recibir amenazas directas o con el objetivo de hacer daño a terceras personas cercanas al entorno de la víctima son los principales motivos por los que las víctimas denuncian el acoso.

También señala que más de la mitad de los afectados no denuncian los hechos porque cree que «la situación no es suficientemente importante como para ponerlo en conocimiento de la policía o que se puede resolver por otros medios», ha señalado la autora.

En el caso de las personas que denunciaron los hechos, el estudio apunta que un 45,7% de las víctimas pidió ayuda a un familiar o amigo para interponer la denuncia, mientras que otro 40% decidió acudir sola a la policía.

EL 8,6% DE CASOS ACABA EN TRIBUNALES

Una vez presentada la denuncia, en un 8,6% de los casos el delito acabó en los juzgados o en la fiscalía, pero 6 de cada 10 víctimas aseguran que la situación mejoró tras contactar con la policía.

«Aunque la tasa de denuncia policial del delito de acoso en España es baja, la gravedad de las conductas incrementa la posibilidad de denuncia», ha asegurado Fernández-Cruz.

La profesora de la UIC Barcelona ha recalcado que los resultados del trabajo se limitan al ámbito universitario, por lo q ue «no pueden generalizarse para toda la población», y ha destacado el sesgo de género de la muestra, ya que el 71% de los estudiantes encuestados eran mujeres.

El eurodiputado de Cs Luis Garicano ha pedido «transparencia y claridad» al Gobierno de España en la gestión y reparto de los fondos europeos ‘Next Generation’ pues, a su juicio, «la única forma de conseguir este dinero es tener algún amigo en Moncloa, rendir pleitesía, hacer el besamano en Moncloa; y no hay otra forma ahora mismo de conseguir este dinero».

Así lo ha manifestado este martes en Málaga tras una reunión junto a la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, con responsables de la Cámara de Comercio de Málaga en torno a la llegada de esta ayuda europea, la que considera que «se está usando de manera muy poco transparente». «El Gobierno no está dando ninguna seguridad ni claridad a pymes y empresarios de qué hay que hacer para conseguir este dinero, cómo se va adjudicar; y estamos ya en periodo de descuento», alerta.

En este sentido, ha explicado que, «con un poco de suerte» y si el Tribunal Constitucional Alemán aprueba la autorización para que Europa «se endeude» solicitando estos fondos, podrán empezar a llegar en dos o tres meses, «y la mayoría de los empresarios no saben cómo pedirlo», ha criticado. Por ello, Garicano ha pedido que la «transparencia y claridad se imponga» y el Gobierno comunique cómo va a funcionar el mecanismo para la llegada de estas ayudas.

El Tribunal Constitucional Alemán paralizó su voto a favor de los fondos europeos, y si todos los países que componen la UE no votan sobre el mismo, no se puede poner en marcha este paquete de ayudas. Ahora mismo, y aunque otros países como Hungría también pueden paralizar estas ayudas, Garicano ha asegurado que Alemania «es el que más nos asusta», pues de pedir la opinión del Tribunal Europeo en torno a su voto, «todo el paquete se nos puede ir hasta el 2022 y eso sería muy malo para España», ha alertado.

IMPULSO A LA INDUSTRIA MALAGUEÑA

En relación con la llegada de los fondos ‘Next Generation’ a Málaga, el eurodiputado de Cs Luis Garicano ha señalado que la provincia cuenta con una economía muy diversificada, que si bien cuenta con una importante base en el turismo, el sector tecnológico e industrial tiene en Málaga «un empuje enorme», ha destacado, poniendo en valor la llegada de un centro de Ciberseguridad de Google a la capital. «En ese sentido, Málaga es una muestra de lo que se puede hacer cuando realmente se trabaja para el futuro», ha apuntado.

En esta línea se ha manifestado también la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, quien ha reclamado igualmente «transparencia en las reglas de acceso a los fondos», incidiendo en la necesidad de «aprender de los errores del pasado». «Sonroja ver cómo los grandes partidos que han venido gobernando las instituciones fueron incapaces de gastar el 66 por ciento de los fondos europeos destinados a nuestro país en 2014 y 2020», ha reprochado.

Así, ha considerado estos fondos «una ventana de oportunidad» para la que el equipo de gobierno municipal ha presentado 67 proyectos con una inversión de más de 1.900 millones de euros, y entre los que se incluyen carriles bici, proyectos de eficiencia energética, la ampliación de Fycma o la creación del Corredor Ferroviario de la Costa del Sol.

La edil de Cs ha recordado proyectos como el aeropuerto o el AVE de la capital, que han sido ejecutados con estas partidas, y ha destacado la importancia de la «economía azul» en la provincia de Málaga, donde se facturan «más de 50 millones de euros al año»; la importancia del sector audiovisual, con más de 23 millones de euros directos de rodajes en 2019; o la aspiración de crecimiento del PTA hasta superar los 50.000 trabajadores. Todo ello, para Losada, «es un marco idóneo para que dejemos de depender exclusivamente del turismo y que diversifiquemos nuestra economía e industria».

EMPRESARIOS APUESTAN POR EL TURISMO

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, Sergio Cubero, ha reclamado que las empresas «realmente puedan acudir» a los fondos ‘Next Generation’, señalando que o vienen desde las cámaras o entidades como la CEM, o «difícilmente van a poder llegar a nuestro tejido empresarial».

Así, ha señalado que los empresarios y pymes «necesitamos que parte de esos 70.000 millones llegue a nuestro tejido empresarial para que esta situación de espera pase rápido y en 2023 olvidemos esta pesadilla y volvamos a nuestra normalidad en número de turistas porque queremos seguir viviendo del turismo».

Para la Cámara de Comercio de Málaga, el turismo «tiene que ser un pilar importante» de la economía, por lo que, aunque abrazan el crecimiento de otros sectores, insisten en que «no nos podemos olvidar del turismo, porque es una potencia en España y Europa».

«El turismo seguimos esperando la vacuna», ha señalado Cubero, quien ha recalcado la necesidad de que el ritmo de vacunación alcance el 70 por ciento a principios de verano, y no a finales de agosto, porque en esa fecha, «decidme qué hotel puede abrir sin saber si va a poder o no tener personas que vengan».

De la situación en la provincia, ha lamentado que se haya vivido una Semana Santa «muy interiormente en nuestra ciudad», por el cierre perimetral de la provincia, y más en la Costa del Sol, «que ha estado muy penalizada porque no se podían mover». Por ello, «necesitamos esa vacuna, no hay otra solución para poder tirar del turismo a nivel empresarial», ha zanjado Cubero.