El PSPV-PSOE de la provincia de Castellón se personará como acusación popular en la última investigación abierta contra el expresidente de la Diputación Carlos Fabra en la que se investiga si el exmandatario ‘popular’ ocultó patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia en la que resultó condenado por cuatro delitos fiscales.

El pasado mes de noviembre, el juzgado de instrucción número 4 de Castellón requirió al PP que identificase a la persona o personas que autorizaron un pago de tres facturas por valor de 58.920 euros al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y a la mercantil ASDECAS SL, entre abril y junio de 2012, en la causa en la que se investiga si el exmandatario ocultó patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia en la que resultó condenado por cuatro delitos fiscales.

El secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Castellón y diputado autonómico, Ernest Blanch, ha señalado que su formación «recurrirá a todas las opciones políticas y jurídicas convenientes» para que el PP «clarifique sin ambigüedades el origen, el fin y en concepto de qué se han hecho ciertos flujos económicos cuanto menos sospechosos durante los años que ahora está investigando el juzgado». La decisión de personarse como acusación popular ha sido aprobada por unanimidad por la ejecutiva provincial.

En este sentido, Blanch ha presentado una batería de preguntas parlamentarias en Les Corts Valencianes sobre las ayudas que el Club de Campo de Golf La Coma de Borriol recibió de la Generalitat Valenciana para la organización de torneos.

Asimismo, también se ha expuesto que desde la Diputación de Castellón se recopilará «toda la información» sobre el dinero que la institución provincial dio a los gestores del campo de golf entre 2008 y 2011 para clarificar la cantidad y su justificación y también se ha puesto sobre la mesa, si procede, la posibilidad de pedir una comisión de investigación en la administración que pudiera corresponder, ha informado el PSPV en un comunicado.

«Queremos justicia para Castellón, esclarecer y pedir responsabilidades a quienes estaban antes, y todavía están ahora ocupando cargos públicos, por el mal que han hecho al propio nombre de la provincia, convirtiéndola en sinónimo de corrupción», ha asegurado el dirigente socialista.

Blanch ha defendido que la provincia «merece justicia ahora y aquí», al tiempo que ha exigido al PP que «deje de escudarse en el hecho de que los culpables fueron los anteriores jefes del partido». «Aquel PP de antes no es diferente del PP de ahora. Queremos que den la cara y que expliquen lo que saben», ha afirmado.

El secretario provincial ha defendido que el PSPV «no se quedará mirando, sino que pedirá al PP las máximas explicaciones posibles» porque «ya se ha acabado la vieja política del PP, se ha acabado que Castellón sea sinónimo de corrupción y queremos justicia para la provincia».

«El PSPV siempre ha sido muy crítico con esta manera de hacer política, de amiguismo, clientelismo y de favores y, por coherencia, tenemos que seguir el camino que iniciamos hace tiempo de intransigencia ante estas injustificables prácticas y que, al final, quienes acaban pagándolo son los ciudadanos», ha concluido.

La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, presentará este jueves en el Congreso los informes de fiscalización de las elecciones generales de abril de 2019 y de las europeas de un mes después, dos comicios en los que los partidos presentaron como gasto electoral facturas por un importe total superior al millón de euros que, según desveló la institución fiscalizadora, no debían computarse como tales.

Así, en su informe de las generales del 28A, recogido por Europa Press, el tribunal detectó gastos de los partidos por importe de 701.883,94 euros que no tenían naturaleza electoral al no corresponder a ninguno de los conceptos comprendidos en el artículo 130 de la LOREG; 72.036,93 euros se refieren a gastos no permitidos por el artículo 53 de la LOREG; 22.461,50 euros a gastos realizados fuera de plazo y 153.181,19 euros a gastos con justificación insuficiente.

Por tanto, estos gastos no fueron admitidos como susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales. Asimismo, en el caso de Junts per Catalunya, se han identificado gastos electorales por 104.315,64 euros de cuyo pago no se tiene constancia.

EL PRIMER EXAMEN A VOX

Ese informe de las elecciones generales de abril fue el primer examen del Tribunal de Cuentas a la contabilidad anual de Vox, que hasta entonces no estaba representado en el Congreso, y una de sus conclusiones fue que el partido que lidera Santiago Abascal había incurrido en gastos por un total de 158.000 euros que no son subvencionables.

Pero quien presentó una cifra más elevada de facturas cuestionadas fue la coalición Unidas Podemos, con 425.037 euros de gastos que el tribunal consideró «irregulares»: 133.100 euros por tener una justificación insuficiente, otros 290.727 euros de gastos que no eran realmente electorales, y 1.210 euros por ser gastos prohibidos directamente por la ley.

Y un mes después, en las elecciones europeas de mayo, se repitió la misma historia. En ese segundo informe, el Tribunal de Cuentas desveló que los partidos políticos habían hecho pasar por gastos electorales de las europeas de 2019 casi 400.000 de euros que no eran tal y, por lo tanto, decidió no tenerlos en cuenta para el reparto de subvenciones electorales.

De las ocho formaciones analizadas, sólo una, Coalición por Europa Solidaria que integraban entre otras, PNV, CC, Compromiso por Galicia (CxG) y Geroa Bai, no incurrió en gastos irregulares.

REBAJA DE LA SUBVENCIÓN

De hecho, el fiscalizador señala que este intento de ‘colar’ como electorales gastos que no se corresponden con esa categoría es una de las «principales deficiencias» respecto del cumplimiento de las restricciones legales en materia de gastos electorales. En concreto, el tribunal descontó a efectos de cómputo para las subvenciones 398.727 euros en total.

Por contra, la que más dinero declaró, sin serlo, como gastos electorales, fue Ciudadanos, con 104.800,49, cantidad a la que hay que añadir otros 26.817 euros que gastaron en asuntos expresamente prohibidos por la ley. En total 131.617,49 euros en «gastos irregulares».

Unidas Podemos Cambiar Europa también incurrió en esta práctica intentando hace pasar como gastos de los comicios 46.456 euros. Además, el tribunal registra como irregulares otros 9.690,89 euros de gastos consignados fuera de plazo, con lo que en total suman 56.147,15.

A la zaga le va Vox, con un total de 52.660,85 gastos irregulares: 19.725, 42 por tener justificación insuficiente o directamente no tenerla y 32.935,43 euros de naturaleza no electoral.

LAS COSAS DE JUNTS

Por su parte, Lliures per Europa (coalición de Convergència, el PDeCAT y Junts per Catalunya) acumuló 49.553,35 gastos irregulares (556,17 euros de «gastos prohibidos expresamente por la ley» y 48.997,18 euros que no encajaban en la etiqueta de electorales). Asimismo, se han identificado gastos electorales de cuyo pago no se tiene constancia, por 14.753 euros.

Además, la coalición recibió aportaciones privadas no identificadas por 8.859,11 euros, por lo que el Tribunal ha pedido que se recorte su subvención electoral en 886 euros, el equivalente a un 10% del importe de los recursos utilizados en la campaña electoral cuya procedencia no haya quedado suficientemente acreditada.

Los gastos irregulares del PSOE ascendieron a 25.769,55 euros, los del PP a 8.256,53 y los de Ahora Repúblicas a 6.050 euros, en todos los casos correspondientes a gastos de naturaleza no electoral.

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha anunciado que la formación presentará «decenas de enmiendas» a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en las que pedirá un plan integral «de futuro» para la costa valenciana e inversiones «concretas» para las playas de la Comunitat.

Mulet ha señalado que Compromís ha recibido «muchas» peticiones de ayuntamientos en los que la formación tiene representación para pedir inversiones «concretas» para las playas valencianas, que, según ha señalado, se enmarcan en la propia petición genérica de abordar la problemática de la costa, que sufre graves problemas de alteraciones en la dinámica litoral.

Estos «problemas», ha indicado el senador, están causados por los efectos «cada vez más habituales y continuos» de los temporales, el cambio climático, el «progresivo» incremento del nivel de mar, así como un urbanismo «salvaje y permitido durante décadas» y una política «errática» de Costas de «querer ser ejemplarizante en algunos puntos del territorio para compensar la vista gorda en otros lugares», ha indicado Compromís en un comunicado.

Mulet ha denunciado que «buena parte» de las «exiguas» partidas de los últimos presupuestos «no se han ejecutado» y «muchas de las actuaciones se han limitado a abocar miles de toneladas de arena al mar temporal tras temporal o a la regeneración de espacios que vuelven a ser tragados».

Por ello, ha exigido actuaciones «sensatas, sostenibles y de futuro» para las playas. «No entendemos el criterio ni las prioridades del Gobierno, que no tiene una visión global del territorio», ha agregado. En concreto, Compromís solicitará políticas activas de regeneración de costas en todas las comarcas valencianas, «desde la Vega Baja hasta el Baix Maestrat».

Mulet ha lamentado que «desde hace años ha fallado una visión global de todo el litoral, mientras se permitía en municipios concretos la construcción indiscriminada de espigones, puertos deportivos u otras actuaciones agresivas y se recuperaba terreno en la playa, pero siempre a expensas de municipios vecinos, de forma que porque un pueblo ganara playa otro la perdía».

En este contexto, ha criticado que la concepción del litoral del PSOE y el PP «sigue siendo la de la obra paternalista a costa del municipio gobernado por el partido». «No es el momento de parches, sino de una visión global, innovadora y que entienda que no se puede ir actuando en un pueblo aisladamente sin tener una planificación de todo el litoral y unos criterios claros», ha aseverado.

Además de peticiones «pormenorizadas», Compromís exigirá un fondo para actuaciones urgentes con la finalidad de poder actuar «con agilidad» y para «afrontar de una vez los problemas que sufre el litoral valenciano, con estudios de dinámica litoral, defensa y propuestas de mejora a las jugadas con problemas y anticiparse a los efectos del cambio climático».

A todo ello se suma la reivindicación del impulso de acciones «específicas» para los puntos de la costa más afectados por los recientes temporales o la consideración de proyectos experimentales de bajo impacto ambienta, que «se utilizan con éxito en otros países», como las mallas geotextiles en el fondo del mar que fijan la arena y detienen la fuerza de las olas.

El presidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado que su partido «ha hecho lo que tenía que hacer» votando en el Congreso de los Diputados a favor de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que son «buenos para Cantabria», si bien ha reconocido que le «hubiera gustado» para estas cuentas «apoyos distintos a los de ERC y Bildu».

Así ha respondido este lunes Revilla al ser cuestionado este lunes en el Pleno por el portavoz parlamentario de Cs, Félix Álvarez, por su opinión sobre el apoyo de ERC y Bildu a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), un respaldo que, según el parlamentario ‘naranja’, el Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos ha conseguido a cambio de concesiones y de aceptar las exigencias de estos partidos que, a su juicio, son «inaceptables».

«¿Saben cuál es el problema. Que hay muchos que o miran para otro lado o no se quieren enterar de que la agenda es la que es y de que este Gobierno de Sánchez e Iglesias sustentado por los independentistas y los herederos de ETA van contra la Constitución del 78 y contra España», se ha quejado Álvarez.

CREE QUE ERC Y BILDU ACABARÁN «DESENCANTADOS» CON EL GOBIERNO

En su respuesta, Revilla ha considerado «exagerado» el «panorama dantesco» que dibuja Cs respecto al alcance de estas concesiones. En cambio, el regionalista sí ha reconocido que ha detectado «un pequeño peaje» que, según ha dicho, ha sido la eliminación en la LOMLOE del español como lengua vehicular.

Pese a todo, el presidente regional ha afirmado que «ni Pedro Sánchez ni ningún presidente puede ir más allá de lo que puede ir» porque «afortunadamente» en España no solo hay un poder ejecutivo, sino también un poder judicial e «infinitos controles».

«Ya verá como a final de la legislatura habrá un desencanto por parte de quienes aquellos que esperan concesiones que yo creo que ningún presidente, ni este, le van a hacer», ha dicho Revilla a Álvarez.

El presidente regional se ha mostrado «encantado» de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) hayan salido adelante en el Congreso, sobre todo por las partidas que en él se incluyen y que «atañen» a Cantabria, entre las que ha citado la transferencia de 44 millones por las obras de Valdecilla.

Además, ha recordado que a estos 44 millones habrá que añadir otros 22 de la anualidad de 2016 que el Gobierno regional «ha ganado en una batalla judicial bastante impresentable por parte del Gobierno de España, que ha tenido que claudicar». De esta manera, se ha referido a la resolución del Tribunal Supremo que ha inadmitido el recurso del Gobierno contra la sentencia de la Audiencia Nacional que reconocía el derecho de Cantabria a recibir esa cantidad.

Además del dinero de Valdecilla, Revilla ha explicado que estos PGE permitirán que el año que viene arranquen las obras del AVE hacia Cantabria, en el tramo Palencia-Osorno y también que se destinen partidas a otras actuaciones en la comunidad.

Hosteleros de la Plaza Mayor prevén facturar este Puente de la Constitución un 50 por ciento menos que otros años, debido a las restricciones provocadas por el coronavirus y el cierre perimetral de la región, aunque consideran que la posibilidad de instalar terrazas ha sido un «balón de oxígeno».

De los 20 locales con los que cuenta la Plaza Mayor en condiciones normales, ahora se encuentran cerrados siete y abiertos trece. Se trata de un porcentaje que encaja con lo que está ocurriendo en otras ciudades, donde también están cerrados un 30 por ciento de los establecimientos.

Así lo ha señalado el presidente del Gremio de Restauradores de la Plaza Mayor, en Madrid, Antonio Aparicio, en declaraciones a Europa Press. Ha destacado el comportamiento «perfecto de los ciudadanos» así como la «solidaridad» con el sector, al mostrar «paciencia en la atención». «Estamos atendiéndoles como podemos con las restricciones que tenemos de aforo y limitaciones», ha declarado.

A pesar de que puede parecer que se encuentran llenos, Aparicio ha hecho hincapié en que debido a las restricciones están facturando la mitad que en ejercicios anteriores. Según ha expuesto, hay gente pero está «bastante tranquilo».

El representante de los hosteleros de la zona ha incidido en que diciembre es «un mes bueno» y que tener terrazas ha supuesto «un balón de oxígeno» dado que les permiten atender a los clientes con una «cierta dimensión» al estar limitado el consumo en barra.

«Estamos muy esperanzados. Llevamos unos días de diciembre a muy buen ritmo, con menos cantidad pero muy ordenado», ha apuntado, al tiempo que ha subrayado que lo que quieren es «poder atender controladamente» y con «seguridad» aunque se trabaje «en menos volumen».

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha dicho este lunes que el Gobierno examina posibles «ajustes» en la norma que obliga a contar con una PCR negativa para viajar a España, por ejemplo en cuanto al idioma en que deben aparecer los resultados de la prueba o la edad mínima a partir de la cual el viajero debe cumplir con esta exigencia.

«Es cierto que al ponerla en marcha hemos tenido conocimiento de especificidades (…) que estamos examinando», ha indicado González Laya en una rueda de prensa en Bruselas, al ser preguntada por las quejas de ciudadanos españoles en el exterior que alertan de las dificultades para cumplir la nueva norma para quienes quieren regresar en el periodo de Navidad.

«Estamos examinando las variables que han llamado nuestra atención para ver si se puede hacer algún tipo de ajuste», ha añadido, sin aclarar si la revisión para adaptar la medida concluirá antes de las navidades cuando se espera que haya más desplazamientos.

González Laya también ha expresado la confianza en que a medida que los test de antígenos vayan «mejorando su fiabilidad» puedan incorporarse como mecanismos alternativos para detectar la prevalencia del coronavirus, aunque tampoco se ha referido a plazos concretos.

La ministra ha defendido la medida como el resultado de las recomendaciones validadas por los jefes de Estado y de Gobierno europeos en una reciente cumbre telemática y ha asegurado que muchos países aplican restricciones similares que no han relajado de cara a las vacaciones de invierno.

La pasada semana, el Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades (ECDC) y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) publicaron directrices en las que pedían que no se considera a los viajeros como un grupo de alto riesgo y, por tanto, se dejara de exigir de manera automática que se realizaran PCR o se sometieran a periodos de cuarentena.

González Laya ha considerado que es una cuestión «tremendamente sensible» pero ha insistido en que España sigue la línea marcada por el consenso de los Estados miembro y que así seguirá haciendo.

«Quiero recordar que las PCR no son un mecanismo que el Gobierno se haya inventado para fastidiar, es el mecanismo que España y un número elevadísimo de países han tenido que tomar para asegurar una movilidad con seguridad», ha razonado la ministra.

IU ha pedido al Gobierno y a la Unión Europea (UE) que reconozcan «los resultados democráticos» de las elecciones parlamentarias en Venezuela, que ha seguido a través de una delegación de la formación desplazada al país latinoamericano como observadores.

Mediante su Comisión Internacional, IU ha considerado que la UE «debe entrar en una vía de apuesta por el diálogo, la negociación y la paz como mejor forma para resolver los conflictos políticos», al tiempo que ha instado al rechazo de «la política de sanciones y de bloqueo económico que practica EEUU, por ser injusta e ilegal según el Derecho internacional, al decidirse sin el aval de la ONU».

En un comunicado, el partido liderado por Alberto Garzón explica que su presencia como observadores de los comicios ha estado compuesta por el eurodiputado Manuel Pineda, la diputada autonómica y vicepresidenta del Parlamento de La Rioja, Henar Moreno, además de Fran Pérez, responsable federal de Política Internacional de IU. Todos ellos invitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Así, la formación asegura que las elecciones parlamentarias han transcurrido con «absoluta normalidad y con las garantías democráticas», de acuerdo a la Constitución y a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela.

«Los comicios han garantizado el derecho al ejercicio del voto libre, secreto y universal de la ciudadanía, además de la participación democrática y plural de todas las formaciones, tanto gubernamentales como de la oposición, de derecha e izquierda, que decidieron presentarse, como han podido constatar los más de 300 observadores y acompañantes internacionales presentes», apunta IU.

Además, ha reconocido la «validez de estos comicios y de sus resultados», que otorgan un 67% de los votos al denominado Gran Polo Patriótico frente al 18% de la Alianza Democrática.

FIN A LA «ESTRATEGIA GOLPISTA» DE LA DERECHA VENEZOLANA

Así, ha felicitado a todos los partidos que han concurrido con independencia de su resultado, pues «toda consulta democrática supone un triunfo para el pueblo». En este caso, están convencidos de que ayudará a la «estabilidad política y a la recuperación económica del pueblo venezolano».

También ha celebrado que «gran parte» de los partidos de la derecha y del conjunto de la oposición se hayan presentado a las elecciones, alejándose así «de la estrategia golpista, violenta y antidemocrática que aún promueve EE.UU, y que ha llevado a determinados dirigentes a no presentarse con la clara intención de deslegitimar los comicios».

«Esperamos que la nueva Asamblea Nacional trabaje y contribuya a la paz, a la normalización democrática y a la estabilidad política necesaria para la convivencia en el país, y se centre en el necesario trabajo legislativo que contribuya a la recuperación económica, mucho más por los efectos que a nivel internacional está teniendo la pandemia por el Covid-19», ha enfatizado.

Pero también rechaza que «la no aceptación previa de los resultados» que ha promovido la UE y hace un llamamiento, tanto al Gobierno como al ámbito comunitario, para que reconozcan «la validez democrática» del escrutinio.

Por tanto, IU se suma a las personalidades que también se han pronunciado en este sentido, como el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, o los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Rafael Correa o Evo Morales, presentes también en el proceso de observación electoral en Caracas.

LA POSICIÓN DE LA UE NO ES SERIA

Para IU, la Unión Europea debe entrar en una vía de «apuesta por el diálogo, la negociación y la paz como mejor forma para resolver los conflictos políticos en Venezuela». Para ello no debe mantener una posición «subalterna de los EE.UU en su política exterior, sino independiente y soberana».

«La posición de la UE de no enviar finalmente una Misión de Observación y descalificar las elecciones incluso meses antes de que se celebraran no es seria, ni respetuosa con la apuesta democrática en Venezuela, y la aleja de la posibilidad de ayudar a este país de una manera positiva», ha apostillado IU.

El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, ha lamentado el respaldo ofrecido por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a las elecciones parlamentarias del domingo en Venezuela y le ha acusado de ser «cómplice» de los abusos que ha cometido el régimen de Nicolás Maduro.

En opinión de Guaidó, Zapatero se ha convertido en «abogado de la dictadura» y ha defendido que «no es posible relativizar con la violación de Derechos Humanos» como según él han hecho tanto el expresidente español como el ecuatoriano Rafael Correa, quienes han ejercido de observadores internacionales de los comicios a invitación del Gobierno.

Con ello, se convierten en «cómplices de violación de los Derechos Humanos», ha recalcado. «No entiendo cómo hipotecan lo que les quedaba de prestigio», ha remachado el líder opositor, denunciando que en el país hay desparecidos y que la oposición ha sido objeto de persecución y abusos por parte del régimen de Maduro, al que se ha acusado de haber cometido posibles crímenes de lesa humanidad.

En este sentido, ha planteado a los presentes en la rueda de prensa celebrada en Caracas y retransmitida en directo por las redes sociales si se fotografiarían con un «asesino de niños» porque, ha añadido, «eso es lo que es Maduro».

Guaidó ha insistido en que el domingo no hubo elecciones en Venezuela y ha resaltado la baja participación, demostración según él de que la mayoría de la población está con la oposición y su boicot. Según los datos oficiales, solo votaron el 31 por ciento de los electores registrados.

«MADURO ESTÁS DERROTADO»

«Maduro estás derrotado una vez más, Maduro estás solo una vez más, tu fraude te dejó solo y las calles se van a llenar de esperanza», ha asegurado el líder opositor, llamando a los ciudadanos a respaldar masivamente la consulta opositora y a movilizarse en las calles.

En este sentido, el líder de Voluntad Popular ha asegurado que la oposición está unida y movilizada y que cuenta con el apoyo de la comunidad internacional, que ha rechazado los comicios. «Nos mantenemos en resistencia, en lucha, ofreciendo soluciones», ha insistido, mientras que «la dictadura una vez más queda expuesta, se debilita».

«Desde la dictadura», ha esgrimido Guaidó, «nos han amenazado, encarcelado, torturado y asesinado y aquí estamos y aquí vamos a estar hasta llevar a una Venezuela libre, democrática y sin dictadura».

Efectivos policiales actuaron el pasado viernes en el desalojo de una fiesta ilegal en una tienda de disfraces del municipio de Pontevedra y en la que participaban más de una veintena de personas, que inclumplieron las restricciones impuestas por la pandemia sanitaria.

La Policía Local de Pontevedra acudió al inmueble sobre las 19,30 horas, tras las quejas de los vecinos por música a alto volumen y voces en el interior del establecimiento, una tienda de disfraces que actualmente no ejerce actividad y que está ubicada en la plaza del Teucro, en el casco histórico.

La persona que abrió la puerta a los agentes, que se identificó cómo familiar de los propietarios, aseguraba tener permiso para utilizarlo cómo local de ensayo y que, en ese momento, eran trs las personas que se encontraban en el interior ensayando (puesto que tenían un grupo de música).

Sin embargo los agentes escuchaban más voces de las que correspondían a tres personas y apreciaban una cantidad de humo de tabaco excesiva para ese número, por lo que solicitaron el refuerzo de una segunda patrulla para inspeccionar el interior.

Una vez dentro se indentificó a un total de 26 personas que estaban escondidas en diversos lugares del local, como debajo de una manta con la que se ocultaba la batería del grupo, detrás de puertas, de un sofá, debajo de una mesa, entre los propios disfraces o en un patio interior, entre otras.

Según ha informado este lunes la portavoz del Gobierno municipal, Anabel Gulías, las personas identificadas cometieron diversas infracciones, tanto por participar en una reunión social sin ser convivientes y por otras relativas al incumplimiento de la normativa COVID.

POSIBLES SANCIONES

Por estar en una reunión social sin ser convivientes, la sanción se sitúa entre los 600 y los 3.000 euros. Asimismo, había personas que se saltaron el perímetro impuesto, al provenir de Pontevedra, Marín, Poio, Vilagarcía y Cangas y se enfrentan a una multa que se sitúa entre los 600 y los 3.000 euros.

Para el propietario del local la sanción puede abarcar desde los 3.000 hasta los 20.000 euros por realizar una fiesta no autorizada por la normativa Covid vigente en Pontevedra.

También se enfrenta a una infracción de disciplina urbanística, por realizar una actividad para la que el local carece de licencia, que podría derivar en una falta grave, con una sanción que va desde 301 hasta 30.000 euros, o en una falta muy grave, con una sanción que va desde 30.001 hasta 600.000 euros.

La portavoz del Gobierno local ha apuntado que durante este puente festivo «se tomó la decisión de incrementar la vigilancia» en los espacios urbanos para «garantizar la seguridad» y para que estos días festivos «transcurran con la tranquilidad deseable».

Los herederos de José Monge ‘Camarón de la Isla’, a raíz de la información hecha pública este sábado por el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) en relación a los pagos por el depósito de las reliquias del artista, ha manifestado este lunes que «el Ayuntamiento intenta aparentar que dispone de los derechos de marca de Camarón cuando no es así».

En un comunicado remitido a Europa Press, la familia, a través de su portavoz, Paco Moreno, subraya que no ha negado en ningún momento el cobro por el depósito de las reliquias, pero el Ayuntamiento «está obligado por convenio» a cerrar contratos anexos por cada uno de los proyectos vinculados al Espacio Camarón, regulando el uso de los derechos de imagen y marca, y que eso es precisamente lo que los herederos reclaman.

Así pues, expone que el convenio de 2014 entre los herederos y el anterior gobierno municipal para la puesta en marcha del Espacio Camarón «no lleva implícito ni el uso del nombre, ni de la marca ‘Camarón de la Isla’, ni de los contenidos, sino que de forma expresa exige el consentimiento para su cesión».

Con esta situación se llega al jueves 3 de diciembre, cuando, según los herederos, el Ayuntamiento, ante la intención de la familia de hacer público su descontento con la situación de los derechos de imagen, marca y contenidos, ofreció a la viuda de Camarón, Dolores Montoya ‘La Chispa’, «una compensación por importe de 150.000 euros en pago único y cerrado por el uso del nombre, marca e imagen de Camarón», para que de esta forma pudiera el Consistorio explotarla durante cincuenta años.

«Así, el Ayuntamiento, pese al comunicado remitido este sábado a los medios de comunicación, da la razón a la postura de la familia: los derechos de imagen, marca y contenidos están pendientes de solucionar», subraya la familia.

A su juicio, esta cantidad ofrecida es el valor que la alcaldesa, Patricia Cavada (PSOE), «le ha dado caprichosamente, sin que pericialmente encuentre respaldo de alguna forma, a pesar de requerirlo así la propia familia, y a su asesoría jurídica, de la que está al frente Lucía Sánchez, hija de Paco de Lucía, quien ha de decido lo que ha de cobrar la familia».

Los herederos apuntan que además del canon por la cesión de los objetos personales de Camarón, el Ayuntamiento asegura haber pagado 200.000 euros para la adquisición de derechos (propiedad intelectual e imagen) del artista, pero «esa cantidad no ha sido abonada».

De hecho, ante la negativa del Consistorio a mostrar los documentos de su adquisición, los herederos los han solicitado judicialmente.

Los herederos sospechan que estos derechos puedan proceder de los contenidos audiovisuales que se van a exponer en el Museo, y que podría provenir del documental y serie ‘Camarón, flamenco y revolución’ y ‘Camarón, de la isla al mito’, producciones que sí contaron con la autorización de la familia, pero cuya posible transmisión al Ayuntamiento no consta de ella.

En cuanto al retraso del museo, es algo con lo que la familia no tiene nada que ver, y esgrimen que más bien está relacionado con el cambio de intención con respecto al emplazamiento del mismo por parte del Ayuntamiento. «En efecto, la anterior Corporación quería erigirlo en la antigua Casa Lazaga, palacete del siglo XVIII, que requería de un reforma y adaptación a museo que hubiera sido menos costosa y se hubiera terminado antes que el proyecto actual de museo», apunta.

LAS RELIQUIAS NO HAN SIDO DEPOSITADAS EN EL MUSEO «HASTA ESTE AÑO»

Por otro lado, la familia apunta que el convenio firmado en 2014 entre los herederos y el anterior gobierno municipal obligaba al Ayuntamiento al inventariado, tasación y aseguramiento de las reliquias, de incalculable valor para ellos, y «no ha sido hasta 2020 cuando se han licitado y adjudicado los contratos para su tasación y aseguramiento».

Además, apunta que los objetos de Camarón han estado durante seis años en una nave propiedad del Ayuntamiento, «sin seguridad y sin aseguramiento, expuestos a cualquier expolio». Entre estas pertenencias se encuentran artículos personales, fotografías, recuerdos, guitarras, el mercedes que conducía o el grammy recibido.

Estos objetos son «originales de inmenso valor», por los que se han interesado grandes músicos del panorama internacional para sus colecciones privadas por grandes sumas de dinero, que la familia ha rechazado por el compromiso que asegura tener con la ciudad de San Fernando y los isleños. Los herederos rechazan por tanto que les mueva el «interés pecuniario».

Tal y como denuncia la familia, «no ha sido hasta este año» que las reliquias han sido depositadas en el museo, «pero sin medidas de protección alguna, tanto en su desplazamiento como depósito», como recoge en mencionado convenio, sin que tenga constancia la familia de si a día de hoy siguen sin estar protegidas.

«LA ALCALDESA NO TRANSMITE LA VERDAD»

«La alcaldesa no transmite la verdad a los isleños, quien no ha dudado en arremeter contra la familia, hablando de que se está disponiendo de dinero público, poniéndola en contra de sus vecinos públicamente, teniendo en cuenta que dispone de un presupuesto anual solo para turismo de casi tres millones de euros», critica la familia.

Además, afean que «no está siendo transparente en su gestión, ya que he participado en la mesa de contratación donde se adjudicó el contrato para la construcción del museo, así lo he hecho ver en varios informes enviados al consistorio».

«Es injusto que la familia a día de hoy siga sin recibir, ya no solo el reconocimiento que les corresponden por el legado de tan insigne artista, sino que se le niegue a vivir con dignidad de lo que Camarón le dejó a sus niños mientras que otros se lucran económica y políticamente de ello», concluye la familia.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, no acompañará al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la cumbre bilateral con Marruecos que se va a celebrar el próximo 17 de diciembre en Rabat.

Fuentes gubernamentales han explicado a Europa Press que la delegación del Ejecutivo que acudirá a Marruecos aún se está cerrando y solo acudirán los ministros que abordarán memorandos de colaboración o materias específicas en las relaciones bilaterales.

En el caso de Iglesias, que ya ha participado en otras cumbres con Italia o Portugal, no está programada su presencia al no contemplarse en el marco de sus competencias memorandos con Marruecos, apuntan desde la Moncloa.

Esta cumbre bilateral con Marruecos (que oficialmente se llama reunión de alto nivel o RAN) se celebra en medio de fuertes restricciones de movimiento en este país. De hecho, la ministra portavoz ha apuntado que uno de los factores que incidirán en que haya o no una audiencia con el rey Mohamed VI son precisamente estas restricciones.

Recientemente, el Gobierno aseguró que, a día de hoy, no le consta ningún malestar en el seno del Ejecutivo marroquí por la posición del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, favorable a un referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental.

Según explicaron recientemente fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, no ha habido ninguna dificultad que pudiera afectar a la relación bilateral entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Gobierno de Marruecos.

En cualquier caso, desde el Ministerio reivindicó la Reunión de Alto Nivel (RAN), que demuestra la buena relación entre ambos países después del tratado de amistad firmado hace treinta años.

POLÉMICA POR EL SÁHARA

El vicepresidente segundo del Gobierno dijo esta semana que el Ministerio de Exteriores está trabajando «de manera discreta» para que vuelva a haber un enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, algo que, a su juicio, es «condición de posibilidad» para que haya diálogo y se avance en la resolución del conflicto.

También defendió su derecho a recordar la «legalidad vigente» y, en concreto, la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de 1995 en la que se instaba a que se celebrara un referéndum «para la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental», sin que ello suponga, ha asegurado, dar su opinión.

El pasado 18 de noviembre Unidas Podemos manifestó que el Gobierno debe solicitar a Naciones Unidas que organice un referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental, con «calendario», un censo justo» y «garantías» para el cumplimiento del resultado de la consulta, dado que no basta «con pedir el cese de las hostilidades» en la zona.

La embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, ha detallado que su país está haciendo en el paso fronterizo de Guerguerat es «asegurar el paso» como «país responsable» y acusa al Frente Polisario de «provocaciones» reiteradas. Benyaich concede que es necesario que la ONU nombre un nuevo enviado especial para el Sáhara.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha estimado este lunes que en tres días volverá a ser apta para el consumo humano el agua de los 15 municipios sevillanos en los que esta presenta una concentración de benceno superior a los límites normativos permitidos.

Así lo ha indicado Aguirre este lunes a preguntas de los periodistas tras una rueda de prensa en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde ha explicado que posiblemente esta concentración superior a los límites normativos esté causada por «unos filtros contaminados en la cabecera» y ha asegurado que «una vez que conozcamos la causa es cuestión de evitarla» por lo que estima que «en tres días posiblemente» se tengan cifras de «normalidad absoluta».

Ha indicado que los técnicos están examinando los filtros de carbono activado y ha precisado que dichos filtros están «en la cabecera» por lo que los municipios más cercanos «son los primeros en los que empezó a subir la cifra y ya luego se vio que era algo general». «Por eso pensamos que son los filtros de carbono activado», ha apuntado.

En esta situación se encuentran Marchena y La Luisiana desde el jueves, Écija desde el sábado y Arahal, Cañada del Rosal, Morón de la Frontera, El Rubio, Fuentes de Andalucía, Herrera, La Campana, Puebla de Cazalla, Lantejuela, Marinaleda, Osuna y Paradas desde el domingo.

El consejero ha explicado que se debe garantizar que el agua que se consume tiene unas condiciones organoeléctricas óptimas para el humano y ha indicado que son empresas externas las que proporcionan a la Consejería las cifras. «Cuando alguna está alterada actuamos al momento recabando información y yendo nuestros técnicos a hacer mediciones de agua», ha informado.

En un primer momento, se apreció un aumento de benceno a 1,5, una cifra «que no es grande ni peligrosa para la salud pero que está por encima de los parámetros», según ha explicado Aguirre, que ha recordado que el jueves se dio orden desde su departamento para que no se empleara el agua para consumo humano en Marchena y La Luisiana «hasta que no llegara por debajo de 1».

Posteriormente, «se vieron cifras un poquito aumentadas y se hizo demarcación en estos 15 municipios», pero ha insistido en que espera que en «dos o tres días se normalicen y se levante la cautela». «Así lo estamos hablando con las empresas externas», ha indicado.

Preguntado sobre si supone un peligro para la población, el consejero de Salud ha afirmado que «son cifras de calidad» y que en el caso de que la cifra fuese diez veces superior entonces «podría ser nociva para la salud». «Nosotros tenemos que garantizar la garantía, aunque suba una milésima ya lo damos como no apto para consumo humano», ha concluido.